S-125-99 [5367]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5367 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Civil-, el 17 de noviembre de 1994, en el proceso ordinario promovido por JUAN JOSE y HUMBERTO MOJICA MONTOYA en contra el DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante demanda, que obra a folios 2 a 4 del cuaderno No. 1, los se\u00f1ores Juan Jos\u00e9 y Humberto Mojica Montoya, convocaron a un proceso ordinario al Departamento del Atl\u00e1ntico, para que se le declare civilmente responsable y, en consecuencia, se le condenare a pagar a los demandantes la indemnizaci\u00f3n correspondiente de los perjuicios materiales (da\u00f1o emergente y lucro cesante) y morales, que les fueron causados en accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 23 de noviembre de 1984. Se pidi\u00f3 que en la condena se incluyera la \u00abinactividad del capital invertido en el doble troque\u00bb, con sus intereses y correcci\u00f3n monetaria, todo en virtud de haberse producido una colisi\u00f3n entre una \u00abvolqueta de propiedad del Departamento\u00bb, con un cami\u00f3n, en que viajaban los demandantes. <\/p>\n
2.- Como hechos sustentatorios de las pretensiones anteriores, en resumen, expusieron los demandantes los siguientes: <\/p>\n
A) El 23 de noviembre de 1984, en comprensi\u00f3n territorial del Municipio de Fundaci\u00f3n (Magdalena), se produjo una colisi\u00f3n entre una volqueta de propiedad del Departamento del Atl\u00e1ntico, conducida por el se\u00f1or Juvenal Torres Escorcia de la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas de aqu\u00e9l, identificada con el No. 06 de orden interno, sin placas, con un cami\u00f3n \u00abdoble troque\u00bb, marca Mercedes Benz, de propiedad de Juan Jos\u00e9 Mojica Montoya, quien iba acompa\u00f1ado por Humberto Mojica Montoya. <\/p>\n
B) El accidente ocurri\u00f3 a causa del estado de embriaguez del conductor del veh\u00edculo oficial, la alta velocidad a la que se desplazaba y las condiciones mec\u00e1nicas deficientes del automotor. <\/p>\n
C) Los demandantes, se dedicaban al transporte de carga, y, adem\u00e1s, al comercio directo de verduras y sal, actividades que desarrollaban en forma alternativa en Bogot\u00e1, Maicao y Bucaramanga. <\/p>\n
D) Para investigar la responsabilidad penal correspondiente, curs\u00f3 un proceso ante el Juzgado Penal Municipal de Fundaci\u00f3n, en el cual los demandantes solicitaron que, mediante incidente, se regularan los perjuicios ocasionados a los aqu\u00ed demandantes, incidente que, en decir exclusivo del demandante, fue considerado improcedente por ese despacho judicial y por su superior jer\u00e1rquico, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con sede en ese municipio. <\/p>\n
3.- Admitida que fue la demanda, por auto de 18 de septiembre de 1986 (fl. 226, C-1), el Departamento del Atl\u00e1ntico le dio contestaci\u00f3n, mediante escrito visible a folios 230 a 233 del mismo cuaderno. En \u00e9l expres\u00f3 que no le constan los hechos en que la parte demandante apoyaba sus pretensiones, y se opuso a la prosperidad de las mismas. Adem\u00e1s, propuso, en escrito separado las excepciones previas que denomin\u00f3 \u00abinexistencia del demandante\u00bb e \u00abinepta demanda\u00bb, las cuales no prosperaron. <\/p>\n
4.- Agotada la tramitaci\u00f3n previa para el efecto, el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla le puso fin a la primera instancia, mediante sentencia dictada el 22 de julio de 1991, en la cual accedi\u00f3 a las s\u00faplicas de los demandantes y, como consecuencia de la declaraci\u00f3n de haber incurrido el Departamento del Atl\u00e1ntico en la responsabilidad civil a que se refiere la demanda, le impuso, en calidad de condena, la obligaci\u00f3n de pagar a los demandantes, la suma de $15’063.794.30, por concepto de da\u00f1o emergente, y $146’898.000, por concepto de lucro cesante. <\/p>\n
5.- A solicitud de la parte demandante, la sentencia fue adicionada, en providencia del 4 de octubre de 1991 (fls. 319 a 321, C-1), \u00aben el sentido de ordenar el pago del perjuicio de da\u00f1o emergente con su respectiva correcci\u00f3n monetaria\u00bb. <\/p>\n
6.- Apelada la sentencia de primer grado el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, decidi\u00f3 ese recurso mediante sentencia proferida el 17 de noviembre de 1994 (fls. 74 a 83, C-4), en la que se revoc\u00f3 el fallo del a-quo, como tambi\u00e9n la providencia complementaria del mismo. <\/p>\n
7.- Interpuesto por la parte demandante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, se concedi\u00f3 por el Tribunal en auto de 16 de diciembre de 1994 (fls. 91 a 93, C-4), recurso que ahora resuelve la Corte. <\/p>\n
II.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1.- Inicialmente, el Tribunal sintetiz\u00f3 la demanda, su contestaci\u00f3n y la actuaci\u00f3n surtida en primera instancia, luego de lo cual, por estimar que se encontraban reunidos los presupuestos procesales y que no exist\u00eda causal de nulidad, procedi\u00f3 a dictar sentencia de m\u00e9rito (fls. 74 a 78, C-4). <\/p>\n
2.- Tras citar los art\u00edculos 2341 y 2356 del C\u00f3digo Civil, y recordar los elementos estructurales de la responsabilidad civil, el sentenciador de segundo grado expres\u00f3 que, en el caso sub-examine, \u00abse puede observar que para demostrar los hechos se allegaron copias aut\u00e9nticas de todas las actuaciones probatorias realizadas por ante el Juzgado Unico Penal Municipal de Fundaci\u00f3n (Departamento del Magdalena) a las cuales se les dio el valor de prueba trasladada\u00bb, calidad que tales copias no reun\u00edan. Lo anterior con base en que el art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil exige para entender una prueba trasladada que en el proceso primitivo se hubieren practicado dichas pruebas a petici\u00f3n de la parte contraria o con audiencia de ella, lo que no se encuentra demostrado, como quiera que en el proceso que curs\u00f3 en el Juzgado Unico Penal Municipal de Fundaci\u00f3n, el Departamento del Atl\u00e1ntico no fue parte y, por ello, no intervino en la controversia de las pruebas que obraron en ese proceso (fl. 80, C-4). <\/p>\n
3.- De otro lado, afirm\u00f3 el Tribunal que \u00ablos testimonios practicados dentro del proceso penal no fueron ratificados debidamente seg\u00fan lo ordenado por el Art. 229 del C. de P. C.\u00bb (fl. 80, C-4), por lo que no pueden ser tenidos como prueba, como tampoco puede serlo la diligencia de inspecci\u00f3n judicial visible a folio 154 del cdno. No. 1. <\/p>\n
4.- En relaci\u00f3n con la prueba de la ocurrencia del accidente de tr\u00e1nsito, a que aluden las pretensiones de la demanda, expres\u00f3 el Tribunal que la parte actora acompa\u00f1\u00f3 \u00abcopia aut\u00e9ntica del croquis del accidente, informe de la patrulla vial y resoluci\u00f3n del tr\u00e1nsito departamental\u00bb, en la que se declar\u00f3 como responsable de ese accidente \u00abal conductor de la volqueta sin placas cuyo nombre se desconoce\u00bb (fl. 81, C-4). <\/p>\n
5.- Siendo as\u00ed las cosas, el sentenciador encontr\u00f3 que no se hallaba probado en autos que el conductor \u00abdel veh\u00edculo sin placas, con el No. 06\u00bb de la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas del Departamento del Atl\u00e1ntico, fuera \u00abempleado o dependiente de \u00e9ste\u00bb, como tampoco se acredit\u00f3 en el proceso que dicho veh\u00edculo fuera de propiedad de la parte demandada (fl. 82, C-4). <\/p>\n
6.- Por las mismas razones anteriores, el Tribunal no dio por demostrado ni el da\u00f1o, que dicen los demandantes, sufri\u00f3 el veh\u00edculo de propiedad de Juan Jos\u00e9 Mojica Montoya, ni mucho menos la relaci\u00f3n de causalidad que se exige para que pueda declararse la responsabilidad civil a que se refiere la demanda (fl. 82, C-4). <\/p>\n
III.- LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Aun cuando lo denomin\u00f3 \u00abprimer cargo\u00bb, la parte recurrente formul\u00f3 uno solo a la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Civil-, el 17 de noviembre de 1994 en este proceso y, en \u00e9l se censur\u00f3 el fallo de segundo grado por ser violatorio \u00abde los art\u00edculos 2347 y 2356 del C.C.\u00bb, como consecuencia de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria (fl. 10. cdno. Corte). <\/p>\n
En la argumentaci\u00f3n expuesta para sustentar la acusaci\u00f3n, manifiest\u00f3 el casacionista que el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho al no dar por demostrada -por no existir certificaci\u00f3n para el efecto-, la existencia del proceso penal a que dio origen el accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 23 de noviembre de 1984 en el Municipio de Fundaci\u00f3n, que curs\u00f3 en el Juzgado Unico Penal Municipal de esa localidad. Aseveran los recurrentes, que el Tribunal \u00abse percat\u00f3 de la existencia del proceso penal, puesto que alude a las fotocopias aut\u00e9nticas que obran en el proceso\u00bb (folio 11 Cuaderno Corte), no obstante lo cual, con olvido del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que ordena apreciar las pruebas conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, \u00abconsider\u00f3 que al no existir certificaciones sobre la existencia del proceso\u00bb, \u00e9ste no se encontr\u00f3 legalmente demostrado. Tal yerro, a juicio de la censura, fue determinante para negar las pretensiones de los demandantes, pues con fundamento en \u00e9ste el sentenciador \u00abconcluy\u00f3 que en el proceso no hab\u00eda prueba de la existencia de los hechos da\u00f1osos, de la culpa, de los da\u00f1os y del nexo causal y por consiguiente consider\u00f3 que no se daban los requisitos para la condena por responsabilidad civil extracontractual\u00bb, lo que \u00abllev\u00f3 al H. Tribunal a violar los art\u00edculos 2347 y 2356 del C.C. por falta de aplicaci\u00f3n (fl. 11, cdno. Corte). <\/p>\n
De otro lado, expres\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en yerro de derecho al negarle valor \u00abcomo prueba trasladada a las copias aut\u00e9nticas\u00bb del proceso penal ya aludido, bajo el argumento de que el Departamento del Atl\u00e1ntico no fue parte en dicho proceso, ni tampoco las pruebas en \u00e9l practicadas lo fueron con audiencia de aquel. Tal argumentaci\u00f3n, a juicio de la censura, result\u00f3 equivocada, pues el Tribunal no tuvo en cuenta la existencia de un poder conferido por el Departamento del Atl\u00e1ntico \u00abal abogado Miguel Fl\u00f3rez Castillo para que asumiera su representaci\u00f3n en el proceso penal\u00bb, quien se posesion\u00f3 el 22 de enero de 1985, para ejercer la labor encomendada. Este error, llev\u00f3 al Tribunal a no tener por demostrados los hechos en que se apoyaban las pretensiones de la demanda, as\u00ed como tampoco \u00abel nexo causal entre la culpa y el da\u00f1o, lo cual llev\u00f3 al H. Tribunal a dictar sentencia absolutoria a favor de la parte demandada\u00bb, con violaci\u00f3n del art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y de las normas sustanciales cuyo quebranto se denuncia en la formulaci\u00f3n del cargo (fls. 11 y 12, cdno. Corte). <\/p>\n
Igualmente, en concepto de los recurrentes, el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho al no darle eficacia probatoria a los \u00abtestimonios practicados dentro del proceso penal\u00bb, para lo cual invoc\u00f3 el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sin tener en cuenta que la ratificaci\u00f3n de tales testimonios \u00abno era necesaria\u00bb, pues el Departamento del Atl\u00e1ntico, a contrario de lo sostenido por el juzgador, \u00abs\u00ed actu\u00f3 como parte\u00bb en el aludido proceso penal. De tal suerte, que ese error de valoraci\u00f3n llev\u00f3 al Tribunal \u00aba no dar por probados los hechos da\u00f1osos, la culpa, el da\u00f1o ocasionado y el nexo causal entre la culpa y el da\u00f1o\u00bb, por lo que fue determinante para la adopci\u00f3n de la decisi\u00f3n judicial que se combate (fls. 12 y 13, cdno. Corte). <\/p>\n
En la misma especie de error, y por las mismas razones, incurri\u00f3 el ad quem -en concepto de los demandantes-, por no haber considerado como prueba v\u00e1lida y eficaz \u00abla diligencia de inspecci\u00f3n judicial y aval\u00fao, visible al folio 154\u00bb, pues el Departamento del Atl\u00e1ntico, antes de la pr\u00e1ctica de \u00e9stos \u00abya estaba debidamente apersonado en el proceso penal a trav\u00e9s de apoderado, cumpli\u00e9ndose as\u00ed el principio de la contradicci\u00f3n de la prueba\u00bb (fl. 13, cdno. Corte), lo que implic\u00f3, entonces, que la sentencia impugnada viol\u00f3 los art\u00edculos 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, 2347 y 2356 del C\u00f3digo Civil, estos \u00faltimos por falta de aplicaci\u00f3n (fl. 14, cdno. Corte). <\/p>\n
El error de la prueba testimonial a que ya se hizo alusi\u00f3n, llev\u00f3 igualmente al Tribunal a la conclusi\u00f3n de que \u00abno se demostr\u00f3 que el conductor del veh\u00edculo sin placas, con el No. 06, fuera empleado o dependiente del Departamento del Atl\u00e1ntico\u00bb, por lo que, tambi\u00e9n a este respecto, se violaron los art\u00edculos 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, 2347 y 2356 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n (fl. 14, cdno. Corte). <\/p>\n
Del mismo modo, a juicio de los recurrentes, el Tribunal, por los errores de derecho ya denunciados, no tuvo por probada la propiedad del veh\u00edculo causante del accidente, ni los graves da\u00f1os ocasionados al tracto-cami\u00f3n en que viajaban los demandantes, por lo que trasgredi\u00f3 las normas que se denuncian como infringidas (fl. 15, cdno. Corte). <\/p>\n
Finalmente, la parte recurrente efectu\u00f3 en la demanda de casaci\u00f3n un an\u00e1lisis de las pruebas que obran en el proceso penal (fls. 16 y 17, cdno. Corte), luego de lo cual se expres\u00f3 que \u00abs\u00ed se hallan acreditadas debidamente en autos la ocurrencia de los hechos da\u00f1osos, la culpabilidad, los da\u00f1os causados y el nexo causal entre la culpa y el da\u00f1o\u00bb, por lo que ha de casarse la sentencia recurrida y, en su lugar, confirmar \u00edntegramente la del juez a-quo (fls. 17 y 18, cdno. Corte). <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Procede la Corte a estudiar el \u00fanico cargo formulado como violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial como consecuencia de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria: <\/p>\n
1.- Teniendo en cuenta que el cargo formulado contra la sentencia del Tribunal es la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como corolario de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, importa destacar el concepto reiterado por la Corte sobre este tipo de error: \u00aben esta clase de yerro puede hoy incurrir el fallador cuando aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohibe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb (CXLVII, p.61).\u201d (Sentencia del 20 de mayo de 1997, expediente No. 4754). <\/p>\n
2.- No obstante la divisi\u00f3n material de la rama judicial en cuanto a la existencia de diferentes esferas de competencia, las pruebas que obren en proceso tramitado ante una de ellas, pueden ser trasladadas a otro proceso, a\u00fan de \u00e1rea dis\u00edmil, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la publicidad y la contradicci\u00f3n, como quiera que \u00e9stos son indispensables y necesarios para evitar una vulneraci\u00f3n del derecho de defensa, consagrado por el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y dem\u00e1s normas legales aplicables. <\/p>\n
El ordenamiento procesal civil consagra la instituci\u00f3n del traslado de la prueba practicada en un proceso, para que obre como elemento de convicci\u00f3n en otro expediente. La finalidad de este instituto es la aplicaci\u00f3n del principio de econom\u00eda de acci\u00f3n en los procesos judiciales, en virtud del cual si la prueba se practic\u00f3 dentro de un proceso con participaci\u00f3n de las mismas partes, no tiene raz\u00f3n de ser su repetici\u00f3n o reiteraci\u00f3n dentro del marco de un nuevo juicio. <\/p>\n
Sin embargo, teniendo en cuenta que debe preservarse siempre el derecho de defensa y su variante reconocida de la contradicci\u00f3n probatoria, es por lo que se exige para que puedan apreciarse las pruebas en el nuevo proceso que \u201cse hubieren practicado a petici\u00f3n de la parte contra quien se aducen\u201d, o por lo menos \u201ccon audiencia de ella\u201d (Art. 185 C.P.C.), tanto m\u00e1s, cuanto que si la prueba tiene como finalidad \u201c\u2026 determinar o producir la convicci\u00f3n o persuasi\u00f3n del Juez; convencerlo o persuadirlo\u201d, conforme lo ense\u00f1a el profesor Santiago Sentis Melendo (La Prueba, E.J.E.A., Buenos Aires, 1979, P.39), es menester respetar el aquilatado principio ya aludido del derecho de defensa, con el prop\u00f3sito de generar una \u201cconvicci\u00f3n o persuasi\u00f3n\u201d fidedignas en cabeza del juzgador, al fin y al cabo responsable de desatar el conflicto suscitado entre las partes, con arreglo a las pruebas incorporadas al proceso. De all\u00ed la significaci\u00f3n de que puedan ser objeto de oportuna contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En caso contrario, esto es cuando no hubo participaci\u00f3n de la parte contra la cual se pretend\u00edan aducir, si se desea utilizar dicho medio probatorio, ser\u00e1 necesario practicar la prueba en el nuevo proceso, o bien en trat\u00e1ndose de testimonios obtener su ratificaci\u00f3n, precisamente para darle la oportunidad de contradicci\u00f3n a la parte que no intervino en su producci\u00f3n, en guarda de la se\u00f1alada regla informadora de la prueba judicial. <\/p>\n
Este principio de la necesidad de contradicci\u00f3n en la prueba trasladada ha sido recordado reiteradamente por esta Corporaci\u00f3n. Es as\u00ed, por v\u00eda de ejemplo, como en sentencia del 18 de julio de 1985, puntualiz\u00f3 que, \u201c entre los principios que han de observarse en la producci\u00f3n y aportaci\u00f3n de la prueba al proceso se halla el de la contradicci\u00f3n, seg\u00fan el cual la parte contra quien se opone una prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, es decir, la prueba debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de todas las partes\u201d. De igual manera en fallo del 12 de febrero de 1995, la Sala manifest\u00f3 que, \u201c\u2026conforme a criterio un\u00e1nime doctrinal y jurisprudencial, para la validez y eficacia probatoria en uno nuevo, de medios de prueba que obraron en un proceso inicial, se requiere el cumplimiento a cabalidad de la publicidad y contradicci\u00f3n de dicha prueba, pues sin la audiencia de aquel contra quien se pretende hacer valer, se consumar\u00eda un atropello a su derecho de defensa, del cual es elemento esencial la contradicci\u00f3n de la prueba, como puede verse entre otras en sentencia 228 de 29 de octubre de 1991, (ordinario Alberto Betancur Mesa y otros contra Jos\u00e9 Liborio Mej\u00eda Gil y otros)\u201d. (Expediente No. 4460) <\/p>\n
2.- Aplicadas las nociones precedentemente expuestas al caso sub-lite, encuentra la Corte que el cargo formulado contra la sentencia dictada en este proceso el 17 de noviembre de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Civil-, no est\u00e1 llamado a prosperar, por las siguientes razones: <\/p>\n
A) Seg\u00fan se desprende de la lectura de la sentencia recurrida, el Tribunal fund\u00f3 su decisi\u00f3n en la consideraci\u00f3n esencial de que no se encontraban demostrados los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual para cuya declaraci\u00f3n judicial se solicit\u00f3 su pronunciamiento. En efecto, expres\u00f3 que las pruebas obrantes, valga la pena anotarlo, aportadas selectivamente por la parte demandante -prefiriendo los memoriales y documentos por ella presentados, dejando de lado casi todas las providencias dictadas por las autoridades competentes en el campo penal- dentro del proceso que curs\u00f3 ante el Juzgado Unico Penal Municipal de Fundaci\u00f3n, con motivo del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 23 de noviembre de 1984 entre los veh\u00edculos a que se refiere la demanda, no pod\u00edan ser apreciadas en este proceso civil. <\/p>\n
Como razones que le sirvieron de base para llegar a dicha decisi\u00f3n, adujo el Tribunal que \u00abel actor no prob\u00f3 mediante las certificaciones respectivas\u00bb la existencia de aquel proceso penal, ni tampoco se demostr\u00f3 \u00abque la contraparte, Departamento del Atl\u00e1ntico, fue parte en el proceso legalmente vinculada, ni si las pruebas fueron practicadas con audiencia de \u00e9sta\u00bb (fl. 80, C-4). <\/p>\n
B) El cargo erigido contra la sentencia impugnada, si bien contiene varias censuras relacionadas entre s\u00ed, considera fundamentalmente que el Tribunal quebrant\u00f3 las normas de derecho sustancial all\u00ed mencionadas, por haberse negado a darle m\u00e9rito a las pruebas trasladadas del proceso penal aludido, a este proceso civil, con lo que se produjo entonces la sentencia desestimatoria de las pretensiones de la parte actora (fls. 10 a 18. cdno. Corte). <\/p>\n
C) Examinado el expediente, se encuentra que, en efecto, la parte actora acompa\u00f1\u00f3 con su demanda algunas copias de actuaciones surtidas en el proceso penal a que dio origen el accidente de tr\u00e1nsito a que ella se refiere, ocurrido el 23 de noviembre de 1984, seleccionadas a su arbitrio, las cuales obran a folios 7 a 225 del cuaderno n\u00famero 1. <\/p>\n
De tales copias, aparece que la demanda de constituci\u00f3n de parte civil en el proceso penal que curs\u00f3 en el Juzgado Unico Penal Municipal de Fundaci\u00f3n, fue formulada por Juan Jos\u00e9 Mojica Montoya, quien se\u00f1al\u00f3 como demandado al \u00abDepartamento del Atl\u00e1ntico – Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas o Empresas P\u00fablicas del Departamento del Atl\u00e1ntico\u00bb (fl. 132, C-1). Esta demanda fue admitida por auto de 19 de diciembre de 1984 (fl. 136, en copia) y de ella no aparece que se hubiere cumplido diligencia alguna de notificaci\u00f3n personal al se\u00f1or Gobernador del Departamento citado, y menos a\u00fan que se le hubiese vinculado como tercero civilmente responsable. <\/p>\n
De igual manera, en los documentos antedichos, se constata la existencia de un poder otorgado por el se\u00f1or Orlando Herrera Rocha, el 21 de enero de 1985, quien dijo actuar en nombre de la Secretar\u00eda de Obras Publicas del Departamento del Atl\u00e1ntico al doctor Miguel Florez Castillo, para \u201cque en mi nombre y representaci\u00f3n de la entidad que presido y de la cual soy representante legal, intervengan (sic) en el proceso indicado\u201d (folio 170, C-1). As\u00ed mismo, por medio de documento obrante a folio 204 del cuaderno No.1, se encuentra el poder otorgado por el se\u00f1or Carlos Alvear Serrrano, quien dijo actuar como Secretario de Obras P\u00fablicas del Departamento del Atl\u00e1ntico, al doctor Samuel Antonio Bocanegra \u201cpara que en nombre del Departamento del Atl\u00e1ntico – Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas, asuma la defensa en proceso de la referencia\u201d, apoderado que fue reconocido como tal en auto de 26 de marzo de 1985; en ese mismo escrito dijo revocar el poder conferido al doctor Miguel Florez Castillo. Importa destacar que no se encuentra acreditado, dentro de los documentos aportados como prueba traslada por el demandante, ni en ninguno otro a lo largo del expediente, las calidades de Secretarios de Obras P\u00fablicas de los poderdantes con que dijeron actuar al momento de otorgar los referidos poderes. <\/p>\n
Tampoco se observa, en las copias aportadas, cuales fueron las razones de las autoridades penales para negar el incidente formulado, tal y como fue afirmado por el demandante, pues no se acompa\u00f1\u00f3 copia de la providencia all\u00ed dictada. <\/p>\n
D) Conviene aqu\u00ed reiterar que, seg\u00fan el art\u00edculo 80 de la Ley 153 de 1887, los departamentos son personas jur\u00eddicas, y, por ende, sujetos de derecho. Adem\u00e1s, de acuerdo con el art\u00edculo 194 de la Constituci\u00f3n Nacional de 1886, vigente para la \u00e9poca del accidente de tr\u00e1nsito alegado, el Gobernador era \u2013y es- el representante legal del departamento y como tal deb\u00eda, entre otras funciones, \u201c2\u00aa Dirigir la acci\u00f3n administrativa en el departamento, nombrando y separando sus agentes, reformando o revocando los actos de estos, y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administraci\u00f3n;\u2026 4\u00aa) Llevar la voz del departamento y representarlo en los negocios administrativos y judiciales, pudiendo delegar esta representaci\u00f3n conforme a la ley;\u201d (El subrayado es ajeno al texto). As\u00ed las cosas, en principio y salvo prueba en contrario, la persona habilitada para recibir notificaciones personales cuando se trata de procesos judiciales contra el departamento y otorgar poderes para su representaci\u00f3n, era y sigue siendo el gobernador (art. 303 C.P. 1991). <\/p>\n
Lo rese\u00f1ado en el aparte que antecede resulta confirmado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Corporaci\u00f3n que, para la \u00e9poca, se\u00f1al\u00f3 claramente: \u201cCuando se expidi\u00f3 el actual C\u00f3digo Contencioso Administrativo, la Constituci\u00f3n Nacional consagraba como una de las funciones del Gobernador la de \u201cllevar la voz del Departamento y representarlo en asuntos pol\u00edticos y administrativos\u201d (ord. 4\u00ba, art\u00edculo 192). Entendieron algunos que la representaci\u00f3n estaba limitada estrictamente a esas dos esferas y que por lo mismo, no pod\u00eda extenderse al \u00e1mbito procesal. Esta interpretaci\u00f3n era equivocada, a juicio de la Sala, porque si los Departamentos ten\u00edan, por ministerio de la propia Constituci\u00f3n, la calidad de personas de derecho p\u00fablico y el Gobernador era el Jefe de la Administraci\u00f3n, esta calidad le otorgaba por s\u00ed mismo el atributo de ser su representante para todos los efectos legales. Pero sea como fuere, es lo cierto que la disposici\u00f3n constitucional fue reformada en el a\u00f1o 1945 en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cSon atribuciones del Gobernador: ,,, 3\u00ba, Llevar la voz del Departamento y representarlo en los negocios administrativos y judiciales, pudiendo delegar esta representaci\u00f3n conforme a la ley\u201d (art\u00edculo 194 de la codificaci\u00f3n vigente)\u201d (Consejo de Estado, Secci\u00f3n Primera, auto del 21 de marzo de 1977, Anales del Consejo de Estado, primer semestre 1977, pag. 333). <\/p>\n
Los empleados subalternos del Gobernador, por m\u00e1s jerarqu\u00eda que posean, carecen de la posibilidad de representar legalmente a la entidad territorial, salvo que hubieren recibido alguna delegaci\u00f3n, de conformidad con las disposiciones legales, seg\u00fan lo consagr\u00f3 la anterior Carta Pol\u00edtica. Si, como queda dicho, estos funcionarios -en l\u00ednea de principio- carecen de esta particular competencia, no pueden otorgar ning\u00fan poder a terceras personas para que asuman la representaci\u00f3n judicial de la entidad territorial, pues nadie puede conferir una facultad o derecho con base en una competencia de la cual no est\u00e1 investido, con arreglo, justamente, a la competencia constitucional se\u00f1alada en el art\u00edculo 20 de la ya referida Constituci\u00f3n de 1886, clara aplicaci\u00f3n del aforismo de origen latino \u201cNemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet\u201d (Nadie puede transferir m\u00e1s derecho a otro, del que \u00e9l mismo tiene). Si as\u00ed lo pretendiera un sujeto determinado, su manifestaci\u00f3n carecer\u00eda de toda virtualidad para obligar o comprometer a la entidad respectiva. Por ello insiste la Corte en que en los documentos aportados por la demandante no obra \u201cstricto sensu\u201d, prueba ni de la notificaci\u00f3n al Gobernador, ni de la delegaci\u00f3n de \u00e9ste en favor del Secretario de Obras P\u00fablicas para llevar la representaci\u00f3n del Departamento en asuntos administrativos o judiciales. <\/p>\n
Del mismo modo, de las copias del proceso penal aportadas a este expediente, no aparece ni la constancia de que los se\u00f1ores Orlando Herrera Rocha (folio 170 Cuaderno Uno) y Carlos Alvear Serrano (folio 204 Cuaderno Uno) fuesen, en las \u00e9pocas indicadas, los Secretarios de Obras P\u00fablicas del Departamento del Atl\u00e1ntico, como tampoco existe evidencia de acto de delegaci\u00f3n de la representaci\u00f3n legal efectuada por el Gobernador. De otro lado, las secretar\u00edas gubernamentales, como dependencias de las entidades territoriales, carecen de personer\u00eda jur\u00eddica propia. <\/p>\n
E) En tales condiciones, no resulta desatinada la afirmaci\u00f3n del Tribunal en el sentido de que no se encuentra demostrado que el Departamento del Atl\u00e1ntico hubiere actuado, de conformidad con lo reglado por la ley, como sujeto procesal en el aludido procedimiento penal, y mucho menos que las pruebas que obran en \u00e9ste, se hubieren practicado con su audiencia o a petici\u00f3n suya (fl. 80, C-4). <\/p>\n
F) Pero, en gracia de discusi\u00f3n \u2013solo para darle m\u00e1s fuerza a la argumentaci\u00f3n de la Sala-, si se considerase que el poder que obra a folio 204 del C-1, con arreglo al cual su signatario escuetamente dijo actuar sin sustento alguno en nombre del Departamento del Atl\u00e1ntico, es suficiente -aun cuando se reitera que no lo es- para entender que el Departamento en menci\u00f3n si estuvo debidamente representado, estima la Corte que la situaci\u00f3n examinada no variar\u00eda, en la medida en que no se cumplir\u00eda tampoco con la exigencia legal pertinente para que dichos instrumentos gocen del valor probatorio correspondiente. En efecto, si el precitado poder fue presentado en el proceso penal el 22 de marzo de 1985, obs\u00e9rvase que las principales y m\u00e1s representativas probanzas en las que se pretende fundar la responsabilidad civil del Departamento -esto es, la resoluci\u00f3n de responsabilidad (fls.138 y 139 C.1), la inspecci\u00f3n judicial (fl.154 C.1), el dictamen pericial (fls.155 a 157 C.1), y los testimonios (folios 175,177,187,199,200, C.1), entre otras-, fueron practicadas con antelaci\u00f3n a dicho apoderamiento y, por ende, son anteriores -\u2018ex ante\u2019- a la se\u00f1alada participaci\u00f3n hipot\u00e9tica del Departamento. En tal virtud, por sustracci\u00f3n de materia, no se cumplir\u00eda con la perentoria exigencia material contenida en el art\u00edculo 185 del C.P.C., relativa a que tales medios probatorios podr\u00e1n apreciarse \u201csiempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petici\u00f3n de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella\u201d. <\/p>\n
3.- Conforme a lo preceptuado por el art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en suma, las pruebas practicadas en el proceso penal a que se ha hecho referencia, no pod\u00edan ser tenidas como trasladadas a este proceso civil, para ser apreciadas \u00absin m\u00e1s formalidades\u00bb, como en efecto aconteci\u00f3, pues, de conformidad con lo acotado en los numerales precedentes, no reun\u00edan el requisito de haber sido practicadas en aqu\u00e9l \u00aba petici\u00f3n de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella\u00bb. <\/p>\n
4.- Adem\u00e1s de lo anteriormente se\u00f1alado, resulta evidente que, por lo que ata\u00f1e a la prueba testimonial obrante en el proceso penal aludido, de cuya falta de apreciaci\u00f3n en este proceso civil por el Tribunal se duele el censor (fls. 12 y 13, cdno. Corte), el ad-quem no incurri\u00f3 en el yerro de derecho que se le endilga, sino que, por el contrario, se ajust\u00f3 a lo reglado por el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Efectivamente, como lo asevera el sentenciador de segundo grado \u00abcabe anotar que los testimonios practicados dentro del proceso penal no fueron ratificados debidamente\u00bb (fl. 80, C-4), requisito indispensable para su eficacia probatoria, pues, como lo dijo la Corte en sentencia de 12 de febrero de 1947, cuya vigencia doctrinaria se preserva todav\u00eda, \u00ablos testimonios trasladados de un proceso penal al civil son admisibles en \u00e9ste siempre que re\u00fana en su producci\u00f3n las caracter\u00edsticas de publicidad y de contradicci\u00f3n exigidas por nuestra ley como garant\u00eda de verdad y como tutela del derecho de defensa, cuando en el proceso penal ha existido debate contradictorio, no es dudosa la eficacia en el juicio civil ulterior de tales elementos de prueba aducidos en el primero. Pero puede afirmarse con id\u00e9ntica raz\u00f3n que las declaraciones de testigos allegadas a los autos del sumario o del juicio penal carecen de fuerza probatoria en procesos civiles posteriores, cuando en su pr\u00e1ctica no intervino la parte contra la cual pretenden oponerse en la actuaci\u00f3n civil. Lo que comunica valor a las pruebas producidas en juicio es que lo hayan sido con intervenci\u00f3n de las partes, en debate y oposici\u00f3n entre ellas, y con el cumplimiento de las formalidades fijadas por la ley para su pr\u00e1ctica\u00bb (G.J. T. LXI, Nos. 2042 a 2044, p\u00e1g. 738). <\/p>\n
Cuando los testimonios recibidos en un proceso no fueron incorporados con participaci\u00f3n de la parte contra la que se pretende aducir y se desea que obren como elementos de convicci\u00f3n en otro tr\u00e1mite judicial, ser\u00e1 necesario efectuar su ratificaci\u00f3n, al tenor del art\u00edculo 229 del C.P.C. Sobre el particular, ha recordado la Corte que \u201cEl art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de procedimiento Civil se refiere a la prueba que ha sido v\u00e1lidamente practicada en un proceso, para establecer que ella puede ser allegada a un proceso distinto, reproducida en copia aut\u00e9ntica, siempre que en el mismo proceso figuren como partes las que tuvieron tal car\u00e1cter en el primero; en cuyo caso no se exige formalidad adicional alguna. Pero si la prueba trasladada se practic\u00f3 sin audiencia de la parte contra la cual se aduce en el nuevo proceso, es necesario que dentro de \u00e9ste sea ratificada por los declarantes, a fin de darle oportunidad a quien no estuvo presente en el primer proceso, de contra-interrogar a los testigos o solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas adicionales, tendientes a desvirtuar el contenido de las declaraciones trasladadas, con lo cual se satisfacen los principios de publicidad y contradicci\u00f3n de la prueba. Sin este \u00faltimo requisito las declaraciones trasladadas carecen de valor probatorio\u201d1. <\/p>\n
5.- Por las mismas razones precedentes, tampoco pod\u00edan ser apreciadas, entonces, ni la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada en el proceso penal, ni el aval\u00fao \u00abvisible a folio 154\u00bb del cuaderno No. 1, tal cual lo se\u00f1al\u00f3 el Tribunal con acierto a folio 81 del cuaderno No. 4. <\/p>\n
6.- Emerge entonces de lo dicho que, por no encontrarse demostrada la existencia de los errores de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria que se le imputan al sentenciador de segundo grado, el cargo no prospera. <\/p>\n
7.- No obstante lo anterior, al margen de las consideraciones jur\u00eddicas ya anotadas -inmersas en la argumentaci\u00f3n inherente al recurso extraordinario de casaci\u00f3n-, encuentra la Corte que frente a la situaci\u00f3n probatoria del proceso oportunamente descrita, la labor del juez -predicable del Tribunal en el caso concreto- no puede contraerse, como en veces desventuradamente acontece, a una actitud pasiva o de mero espectador, as\u00ed su actuaci\u00f3n, \u2018prima facie\u2019, est\u00e9 formalmente en consonancia con lo dispuesto por una determinada norma. No, de conformidad con las disposiciones legales (art. 2, 37, 38 y 179 del C.P.C., entre varias), aunadas al mandato constitucional por virtud del cual debe buscarse la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.), las autoridades jurisdiccionales deben en cada caso y de acuerdo con las circunstancias pertinentes, hacer uso de las facultades consagradas por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u2013y dem\u00e1s disposiciones concordantes y aplicables- para lograr, no solo el impulso del proceso sino la comprobaci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos dentro del mismo, para lo cual gozan, entre otras alternativas, de la posibilidad de decretar pruebas de oficio. Sobre este mismo particular, en reciente providencia, frente a un asunto similar, la Corte expres\u00f3 que \u201cel juez debe realizar esfuerzos por verificar la verdad hist\u00f3rica de los hechos que se le narran a efectos de dictar la sentencia\u201d (Sentencia del 11 de noviembre de 1999, expediente 6168), criterio \u00e9ste que, contrastado con la pasiva \u2013y tambi\u00e9n formal- actitud observada por el Tribunal en el presente asunto, evidencia una actuaci\u00f3n que, en rigor, no est\u00e1 acorde con los prenotados lineamientos, todos inscritos dentro del marco de un procedimiento jurisdiccional eficiente y dotado de plenas garant\u00edas para la prevalencia efectiva de los derechos sustanciales de los asociados, conforme a las circunstancias del caso objeto de examen. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Civil-, el 17 de noviembre de 1994, en el proceso ordinario promovido por JUAN JOSE y HUMBERTO MOJICA MONTOYA contra el DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencia del 29 de agosto de 1986, GJ. CLXXXIV, pag 232. <\/p>\n
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S-125-99 [5367] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81728","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81728","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81728"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81728\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81728"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81728"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81728"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}