S-003-2000 [5280]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR.JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil (2000). <\/p>\n
Ref. Expediente No. 5280 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de quince (15) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del presente proceso ordinario seguido por ORLANDO SIERRA FERNANDEZ, quien act\u00faa a nombre y en representaci\u00f3n de sus menores hijas DERLYS CLARET y JESSICA ROSALBA SIERRA BETTES, frente a la sociedad GASES DEL CARIBE S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al Juzgado 3o. Civil del Circuito de Santa Marta le correspondi\u00f3 conocer de la demanda incoativa del referido proceso ordinario, en la que las demandantes piden que se hagan las siguientes o semejantes declaraciones judiciales: <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, la causa petendi se hace consistir precisamente en la ocurrencia del incendio, la muerte de la se\u00f1ora Rosalba Bettes Hurtado a la edad 27 a\u00f1os y en los perjuicios causados a las demandantes; adem\u00e1s, narra la demanda que de la uni\u00f3n que aqu\u00e9lla mantuvo con Orlando Sierra Fern\u00e1ndez nacieron dos hijas llamadas Derlys Claret y Jessica Rosalba, quienes depend\u00edan econ\u00f3micamente de su madre; que cuando ocurri\u00f3 el incendio ella trabajaba en el establecimiento comercial denominado \u00abMax Pollo\u00bb, donde devengaba la suma de $60.000 mensuales; y que la demandada \u00abes la \u00fanica empresa que distribuye gas propano en cilindros en la ciudad de Santa Marta\u00bb. <\/p>\n
3. En el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda, \u00abGases del Caribe S.A.\u00bb dijo que no le constan los hechos en que se basan las pretensiones de las demandantes, y, por separado, llam\u00f3 en garant\u00eda a la compa\u00f1\u00eda \u00abSeguros Comerciales Bol\u00edvar S.A.\u00bb, quien, a su vez, se pronunci\u00f3 de manera semejante y propuso la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abFalta de legitimaci\u00f3n activa en la causa\u00bb <\/p>\n
4. Rituada la primera instancia, el juez dict\u00f3 sentencia en la que acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda y concret\u00f3 las condenas econ\u00f3micas a cargo de la parte demandada; contra dicha providencia, tanto \u00e9sta como la compa\u00f1\u00eda llamada en garant\u00eda, interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Por su parte, el Tribunal, por medio de la sentencia que es objeto del presente recurso de casaci\u00f3n, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y absolvi\u00f3 a la demandada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN CASACION <\/p>\n
1. Para decidir como se acaba de mencionar, el sentenciador comienza por referirse a los principios que informan la responsabilidad civil prevista en los art\u00edculos 2341 y 2356 del C. Civil y afirma que el manejo, distribuci\u00f3n y venta de gas propano comporta una actividad peligrosa. Estima a ese respecto que la demandada debe desvirtuar la presunci\u00f3n de culpa, demostrando que el da\u00f1o se produjo por la ocurrencia de una causa extra\u00f1a; y que la carga de la prueba del demandante se contrae a demostrar los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido. <\/p>\n
2. Asevera el fallador que por el mero hecho de estar acreditado que la demandada tiene como objeto social la compra, envase y distribuci\u00f3n de gases derivados del hidrocarburo (fl. 24, c. ppl.), no se le puede enrostrar a ella \u00abtodo suceso o acontecimiento que cause da\u00f1o a otra derivado de la explosi\u00f3n de gases\u00bb; el da\u00f1o puede no ser el resultado de esa actividad peligrosa. <\/p>\n
3. Se\u00f1ala el fallador que est\u00e1 demostrado que el da\u00f1o ocurri\u00f3 como efecto de la explosi\u00f3n e incendio de que da cuenta la demanda, pero que no hay fundamento alguno para afirmar que el accidente que ces\u00f3 la vida de Rosalba Bettes Hurtado \u00abse debi\u00f3 a la explosi\u00f3n e incendio originado en un cilindro de gas suministrado por la empresa Gases del Caribe S.A.\u00bb, lo que impone la revocatoria del fallo de primera instancia. <\/p>\n
4. Con referencia al principio de la carga probatoria consagrado en el art\u00edculo 177 del C. de P. C., el sentenciador indica que en la demanda introductoria se afirm\u00f3 que la demandada \u00abes la \u00fanica empresa que distribuye gas propano en cilindros en la ciudad de Santa Marta\u00bb y que, sin necesidad de entrar a definir si dicha afirmaci\u00f3n es o no indefinida, obra la prueba de ese hecho, seg\u00fan documento emanado del Ministerio de Minas. <\/p>\n
Empero -a\u00f1ade-, esa demostraci\u00f3n no permite inferir que \u00ab..necesaria y fatalmente…en sana l\u00f3gica…todo cilindro de gas que estalle, o que provoque incendios, o cause tragedias lamentables como la que aqu\u00ed se estudia, sea con ocasi\u00f3n del manipuleo que haga la aludida empresa\u00bb. <\/p>\n
5. El sentenciador, de nuevo apoyado en los art\u00edculo 2341 y 2356 del C. Civil, reafirma que la carga de la prueba del demandante debe centrarse en demostrar qui\u00e9n caus\u00f3 el da\u00f1o; en ese sentido estima que en el proceso \u00abno hay prueba que permita inferir siquiera, someramente, que Gases del Caribe S.A. fue el causante de la tragedia. Fue el que caus\u00f3 el da\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular dice que ni del parte emitido por el Cuerpo de Bomberos (fl. 10 c. ppl.), ni de las declaraciones de Yamid Said Hamid y Damaris Acosta Navarro ( c. 3., fls. 11 a 14) ni del dictamen pericial (c. 3, fl. 11), se puede colegir \u00abque el cilindro que estall\u00f3 fue suministrado por Gases del Caribe S.A. En parte alguna la mencionan…\u00bb, siendo \u00e9ste un hecho que debi\u00f3 demostrar el demandante. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, el Tribunal, analiza la figura del hecho notorio en materia probatoria, a ra\u00edz de la afirmaci\u00f3n que se hace en la demanda de que la demandada es la \u00fanica que distribuye gas propano. En el punto, concluye diciendo que: \u00ab…para este asunto es inane tal alegaci\u00f3n por cuanto… s\u00ed es admitido que la demandada es la \u00fanica que distribuye gas propano en la ciudad, pero de ah\u00ed a tener por probado que todo cilindro lleno de gas que explote u ocasione incendios y tragedias en Santa Marta fue vendido por Gases del Caribe S.A., es poco menos que una conjetura sin respaldo probatorio alguno\u00bb. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
CARGO UNICO <\/p>\n
1. Con el t\u00edtulo \u00abViolaci\u00f3n de la Ley Sustancial\u00bb, el impugnante comienza por decir que los presupuestos de la pretensi\u00f3n indemnizatoria de la que se trata son el da\u00f1o, la culpa y la relaci\u00f3n de causalidad entre \u00e9sta y aqu\u00e9l; dichos elementos, agrega, deben ser demostrados por el accionante – art\u00edculos 1757 del C. Civil y 177 del C. de P.C.-, salvo en trat\u00e1ndose de la responsabilidad por el ejercicio de las actividades peligrosas – art. 2356 del C. Civil -, sobre la que versa el caso sub-lite, en la cual se presume la culpa y basta que el demandante demuestre la existencia del da\u00f1o y que \u00e9ste se produjo por causa de una actividad de esa naturaleza. <\/p>\n
2. Previa cita de algunas consideraciones del fallador, compendiadas antes, afirma el recurrente que s\u00ed est\u00e1 probado que la demandada es la \u00fanica que distribuye gas propano en Santa Marta y que el testigo -sin se\u00f1alarlo-, dijo que del \u00abcami\u00f3n repartidor\u00bb bajaron dos cilindros, se presume que ese cami\u00f3n repartidor es de Gases del Caribe S.A., \u00abporque eso es lo normal y lo normal se presume, y solo hay que probar lo anormal\u00bb. <\/p>\n
3. Probado est\u00e1 y as\u00ed lo acepta el Tribunal – a\u00f1ade el impugnante -, que la \u00fanica empresa que desarrolla una actividad peligrosa (distribuci\u00f3n de cilindros de gas propano) en Santa Marta, es \u00abGases del Caribe S.A.\u00bb, la demandada; que el incendio se produjo por escape de gas del cilindro suministrado por dicha empresa; que por causa de ese incendio sobrevino la muerte de Rosalba Bettes Hurtado. Es suficiente, prosigue, \u00ab… que el demandante invocara estos presupuestos, aceptados por el ad quem, para que se confirmara la providencia del a-quo\u00bb. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, asevera que el Tribunal por relevar al demandado de la \u00abobligaci\u00f3n\u00bb de probar una causal exonerativa de responsabilidad y por el contrario \u201cimponerle\u201d al demandante a probar m\u00e1s all\u00e1 de lo obligado, est\u00e1 violando lo establecido en el art. 176 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que ense\u00f1a como (sic) se debe fallar cuando se trata de presunciones. Al no acoger este precepto dej\u00f3 de aceptar la presunci\u00f3n de culpa que establece el art. 2356 del C\u00f3digo Civil y por consiguiente viol\u00f3 esta norma sustancial\u00bb. <\/p>\n
Esta violaci\u00f3n, concluye el cargo, \u00abconlleva necesariamente que la sentencia recurrida se case y se acoja la providencia del a- quo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
C0NSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con la causal 1a. de casaci\u00f3n, la violaci\u00f3n de la ley sustancial puede presentarse por dos v\u00edas que, como bien se sabe, ostentan trazos definidos e inconfundibles: directa, o sea, cuando la transgresi\u00f3n dimana de un error de \u00edndole estrictamente jur\u00eddica, en cuyo caso debe el impugnante desplegar su actividad dial\u00e9ctica en torno a los textos sustanciales que estima quebrantados, con absoluta prescindencia de las conclusiones f\u00e1cticas y probatorias adoptadas por el sentenciador; e indirecta, cuando, por el contrario, a la violaci\u00f3n de la norma de derecho sustancial se ha llegado como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n o de una o varias pruebas determinadas. <\/p>\n
Los yerros de apreciaci\u00f3n probatoria, propios de la v\u00eda indirecta, son, a su vez, de distinta naturaleza y, por lo tanto, no es admisible su denuncia simult\u00e1nea respecto de un medio de prueba, en un mismo cargo. En efecto, como es sabido, el error de hecho toca con la contemplaci\u00f3n objetiva o material de la prueba y el de derecho ata\u00f1e con la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de \u00e9sta, por lo que entra\u00f1a la infracci\u00f3n de normas de disciplina probatoria, la cual, entonces, ha de ser denunciada y demostrada. <\/p>\n
2. Pues bien, justamente por ser tan caracterizadas las v\u00edas indicadas y los errores de apreciaci\u00f3n probatoria, un cargo no se ajusta a las exigencias de t\u00e9cnica cuando de manera gen\u00e9rica se dice en \u00e9l que se acusa la sentencia por \u00abviolaci\u00f3n de la ley sustancial\u00bb, sin especificar, o sin que, al interpretarlo, se pueda siquiera inferir inequ\u00edvocamente, que dicha violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por alguna de las dos sendas indicadas, como quiera que su desarrollo y sustentaci\u00f3n tienen que guardar l\u00f3gica armon\u00eda con la naturaleza de la acusaci\u00f3n. De igual modo, si se trata de violaci\u00f3n indirecta de la ley, debe el cargo especificar qu\u00e9 clase de yerro apreciativo se le enrostra al sentenciador, si de hecho o de derecho. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y por raz\u00f3n del car\u00e1cter dispositivo consubstancial al recurso de casaci\u00f3n, le est\u00e1 vedado a la Corte suplir o corregir las deficiencias que en esa materia presente el respectivo cargo; tampoco puede ella, ante una posici\u00f3n ambivalente, equ\u00edvoca, vacilante o confusa del impugnador, escoger a su arbitrio, la clase de infracci\u00f3n de la ley a que se contrae la acusaci\u00f3n o, en su caso, cu\u00e1l yerro apreciativo de la prueba es objeto de examen. <\/p>\n
3. Seg\u00fan el compendio que atr\u00e1s se hizo del cargo \u00fanico, \u00e9ste refleja la situaci\u00f3n irregular descrita en los p\u00e1rrafos precedentes y, por ende, resulta inid\u00f3neo. En efecto, en \u00e9l se denuncia, de manera gen\u00e9rica, la violaci\u00f3n de la ley sustancial, pero no se indica ni es dable inferir con certeza, si dicho quebranto ocurri\u00f3 directa o indirectamente. <\/p>\n
Tanto es as\u00ed, que el impugnante, una veces, se inclina por objetar la conclusi\u00f3n jur\u00eddica en punto del alcance que \u00e9ste le otorg\u00f3 a la presunci\u00f3n de culpa que establece el art\u00edculo 2356 del C. Civil; y otras, centra su actividad en se\u00f1alar que s\u00ed est\u00e1 demostrado que la demandada es la \u00fanica distribuidora de gas propano y que ello lo releva de toda otra demostraci\u00f3n respecto de la responsabilidad derivada del ejercicio de una actividad peligrosa; pero, valga decirlo, formula el \u00faltimo reparo de manera inconsistente porque lo cierto es que ese hecho lo dio por sentado el Tribunal, aunque no hall\u00f3 en \u00e9l estribo suficiente para condenar a la demandada. <\/p>\n
4. No obstante, si la Sala dejase de lado las anteriores observaciones, para entender que el cargo viene orientado por la v\u00eda indirecta, atendida la preponderancia de su fundamentaci\u00f3n respecto de las demostraciones atinentes a los hechos que configuran la responsabilidad civil de la demandada, lo palpable a simple vista, es que el cargo evidencia otros defectos de t\u00e9cnica: con la precisi\u00f3n, determinaci\u00f3n y claridad debidas, no se\u00f1ala cu\u00e1les pruebas fueron mal apreciadas y en qu\u00e9 consisten los yerros de apreciaci\u00f3n en que incurri\u00f3 el sentenciador y, por sobre todo, no especifica si ellos son de hecho o de derecho, m\u00e1xime que en \u00e9l se ven rasgos propios de una u otra clase de yerro. <\/p>\n
5. El cargo, pues, no se ajusta a la exigencia ineludible de formular las acusaciones contra el fallo del Tribunal de modo preciso y adecuado, sino que exhibe la connotaci\u00f3n propia de un alegato de instancia, lo que impide que aqu\u00e9llas puedan ser examinadas de fondo. <\/p>\n
6. De otro lado, el cargo se limita a destacar que la demandada era la \u00fanica empresa distribuidora de gas en Santa Marta, conclusi\u00f3n a la que, en su momento, tambi\u00e9n hab\u00eda arribado el Tribunal, pero omitiendo combatir el sustrato de la sentencia que radica concretamente en que por ese hecho no se hall\u00f3 demostrado, como una consecuencia ineluctable, que fue dicha empresa la que suministr\u00f3 o vendi\u00f3 el recipiente de gas por cuya explosi\u00f3n ocurri\u00f3 el accidente; en esas circunstancias, de todas maneras resultar\u00eda frustr\u00e1neo el cargo propuesto, a\u00fan de no comportar las otras fallas de t\u00e9cnica que ostenta, ya comentadas. <\/p>\n
S\u00edguese de todo lo dicho, que el cargo \u00fanico no puede prosperar. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de quince (15) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del presente proceso ordinario seguido por ORLANDO SIERRA FERNANDEZ, quien act\u00faa a nombre y en representaci\u00f3n de sus menores hijas DERLYS CLARET y JESSICA ROSALBA SIERRA BETTES, frente a la sociedad GASES DEL CARIBE S.A. <\/p>\n
Las costas del recurso de casaci\u00f3n son de cargo de la parte recurrente y ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese y notif\u00edquese <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
<\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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