S-061-2000 [5399]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil (2000) <\/p>\n
Ref. Expediente No. 5399 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de veintiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso ordinario seguido por MARIA LUZ STELLA BETANCOURT RENGIFO en frente de BLANCA TRUJILLO DE TRUJILLO. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 le correspondi\u00f3 conocer de la demanda reivindicatoria en la que la demandante Mar\u00eda Luz Stella Betancourt solicit\u00f3 que, previa citaci\u00f3n de la demandada nombrada y por el tr\u00e1mite de un proceso ordinario, se hiciesen las siguientes declaraciones judiciales: <\/p>\n
1o.) Se declare que le pertenece el dominio sobre el inmueble urbano, situado en la ciudad de Ibagu\u00e9, descrito en la misma demanda por su direcci\u00f3n, linderos, caracter\u00edsticas y composici\u00f3n; 2o.) Se ordene a la demandada la restituci\u00f3n de la parte de ese inmueble que ella ocupa, consistente en el segundo piso de la edificaci\u00f3n situada en la carrera 4a. No. 11-48 de Ibagu\u00e9, que consta de 12 habitaciones, y en un local u oficina ubicado en el primer piso, cuya puerta de entrada tiene el No. 11-52; 3o.) Se condene a la demandada a pagar los frutos civiles y naturales, de la parte del inmueble mencionada \u00ab… desde el d\u00eda en que [la demandada] entr\u00f3 en posesi\u00f3n de \u00e9sta\u00bb; y 4o.) Se inscriba la sentencia en el correspondiente folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
2. Los hechos en que se apoyan las anteriores pretensiones se pueden resumir del siguiente modo: <\/p>\n
i) Mar\u00eda Luz Stella Betancourt Rengifo, adquiri\u00f3 el inmueble que se describe en la primera pretensi\u00f3n (C. Ppl. fl. 7), por compra que hizo a Luis Mil\u00e1n Trujillo, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica No. 471 de 20 de mayo de 1983, otorgada en la Notar\u00eda de Espinal. <\/p>\n
ii) La misma demandante, seg\u00fan le consta a la demandada Blanca Trujillo de Trujillo, ha venido ejerciendo el dominio y la posesi\u00f3n sobre tal inmueble. <\/p>\n
iii) El 2o. piso de la edificaci\u00f3n y la oficina o local a que se refiere la pretensi\u00f3n segunda de la demanda, \u00abha venido siendo ocupado en los \u00faltimos meses por Blanca Trujillo de Trujillo\u00bb. <\/p>\n
iv) En el mes de octubre de 1991, la demandante, a petici\u00f3n suya, se entrevist\u00f3 con la demandada; en tal ocasi\u00f3n, \u00e9sta, en presencia de varias personas, manifest\u00f3 \u00absu deseo de entregar sin ninguna acci\u00f3n judicial, las partes del inmueble mencionado en esta demanda, que hab\u00eda tomado en posesi\u00f3n, pero hasta el momento no lo ha realizado\u00bb. <\/p>\n
v) Incluso el Dr. Jos\u00e9 Suri D\u00edaz, con autorizaci\u00f3n de Blanca Trujillo de Trujillo, manifest\u00f3 su voluntad de hacer entrega del segundo piso y de la oficina del primer piso, ya que la demandada \u00abes consiente\u00bb (sic) de que la demandante es la propietaria del inmueble y de la parte que ella ocupa; incluso le ha propuesto a mi mandante la compra de todo el inmueble. <\/p>\n
vi) Por \u00faltimo, dice la demanda: \u00abla posesi\u00f3n del predio mencionado, radica en cabeza de mi mandante Mar\u00eda Luz Stella Betancourt Rengifo y as\u00ed la viene obstentando, ejecutando actos de se\u00f1ora y due\u00f1a… ya que no ha vendido o trasferido, las partes ocupadas en la actualidad por la se\u00f1ora Blanca Trujillo de Trujillo, por lo que esa ocupaci\u00f3n es ilegal, como se tendr\u00e1 oportunidad de probar en el proceso\u00bb. <\/p>\n
3. El apoderado de la demandada no dio respuesta oportuna a la demanda. (C. Ppl. Fl. 26 y 27); tampoco \u00e9l ni su representada comparecieron a la audiencia de conciliaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 101 del C. de P.C. (C. Ppl. fls. 19 y 28). <\/p>\n
4. Cumplida la tramitaci\u00f3n del proceso, el juez a quo profiri\u00f3 sentencia estimativa de las pretensiones de la demandante; es decir, orden\u00f3 a la demandada la restituci\u00f3n de la parte del inmueble reclamada en la demanda y la conden\u00f3 a pagar la suma de $7.250.000, por concepto de frutos civiles y naturales. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal, cuando resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n de la parte demandada. <\/p>\n
LAS MOTIVACIONES DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Con apoyo en el art\u00edculo 946 del C.C., comienza el sentenciador por analizar cada uno de los elementos axiol\u00f3gicos que estructuran la acci\u00f3n reivindicatoria, as\u00ed: el dominio de la demandante est\u00e1 demostrado con la copia de la escritura p\u00fablica No. 471 de 20 de mayo de 1983; la relaci\u00f3n de identidad entre el objeto materia de reivindicaci\u00f3n y el bien pose\u00eddo por la demandada, se encuentra probada con la diligencia de inspecci\u00f3n judicial \u00aby con el hecho de no haber contestado la demanda\u00bb; y el bien a reivindicar es una cosa singular, pues \u00abla acci\u00f3n de dominio versa sobre una parte de un bien inmueble determinado y cierto, por su ubicaci\u00f3n y linderos, conforme a la inspecci\u00f3n judicial practicada y el t\u00edtulo aducido por la demandante\u00bb. <\/p>\n
Situado el sentenciador en las demostraciones que tocan con la posesi\u00f3n del demandado, se\u00f1ala que aunque en la inspecci\u00f3n judicial se constat\u00f3 que el inmueble se hallaba ocupado por la se\u00f1ora Esperanza Trujillo Trujillo, ese hecho est\u00e1 desvirtuado: <\/p>\n
a) Por el indicio grave de la no contestaci\u00f3n a la demanda (Art. 95 C. de P.C.), que significa, seg\u00fan la jurisprudencia, la aceptaci\u00f3n del car\u00e1cter de poseedor por parte del demandado. <\/p>\n
b) Por la inasistencia injustificada de la demandada a la audiencia prevista en el art\u00edculo 101 del C. de P.C., con la consecuencia de que se tienen por ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda – art. 1o., n. 4o., Decreto 2651 de 1991 -, entre los que se encuentra la afirmaci\u00f3n que le atribuye a la demandada el car\u00e1cter de poseedora del inmueble materia de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
c) Por resultar est\u00e9riles los esfuerzos de la demandada para desvirtuar la prueba de la posesi\u00f3n que se le se\u00f1ala, \u00aben raz\u00f3n de la falta de credibilidad que se observa en los testimonios de Mercedes Llanos de Torres, Jos\u00e9 Delgado Morales y Norma Constanza Trujillo, quienes incurren en graves contradicciones, especialmente en relaci\u00f3n con la fecha de ocupaci\u00f3n del inmueble por parte de la se\u00f1ora Esperanza Trujillo\u00bb. <\/p>\n
d) En fin, los testimonios de Mar\u00eda Mercedes Romero de Cabezas, Carmen In\u00e9s Trujillo, David Moncaleano, Margarita Mateus, Mar\u00eda Consuelo Londo\u00f1o de Silva y Aldemar Cubillos, contribuyen a reforzar que con posterioridad a la muerte de Luis Mil\u00e1n Trujillo Trujillo, \u00abla demandada tom\u00f3 posesi\u00f3n de la parte del inmueble que se pretende reivindicar\u00bb. <\/p>\n
2. Por \u00faltimo, con referencia a las prestaciones mutuas, el Tribunal decidi\u00f3 acoger el dictamen de los peritos \u00abdada la firmeza, precisi\u00f3n y calidad de sus fundamentos\u00bb. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
La demanda sustentatoria del mismo contiene ocho cargos que se despachar\u00e1n, teniendo en cuenta su conexidad y alcance, as\u00ed: de manera conjunta, el primero y el tercero, por cuanto que, no obstante estar fincados en causales distintas, est\u00e1n fundados en similares argumentos; por aparte, pero tambi\u00e9n conjuntamente, los cargos segundo, cuarto, quinto, sexto y s\u00e9ptimo, que se apoyan en la causal 1a. de casaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C.; y en forma separada el \u00faltimo – octavo – cargo. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con respaldo en la causal 2a. de casaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., en armon\u00eda con el art\u00edculo 305 ib., se acusa el fallo impugnado de no estar en consonancia con los hechos aducidos en la demanda introductoria del proceso. <\/p>\n
En la fundamentaci\u00f3n del cargo, d\u00edcese que la inconsonancia radica en que el Tribunal hizo caso omiso \u00aba lo ya establecido por el actor en cuanto a que es la misma demandante la poseedora de la totalidad del bien a reivindicar\u00bb, seg\u00fan se observa en el hecho sexto de la demanda; sin embargo, la sentencia concluye en forma inconsonante que es la demandada la poseedora del mismo inmueble. <\/p>\n
A\u00f1ade, que no se trata de un error de redacci\u00f3n de la demanda que pueda sugerir que la demandante afirma su posesi\u00f3n respecto de una parte del inmueble y la de la demandada en relaci\u00f3n con otra, pues a la posesi\u00f3n total en cabeza de la primera, alude la demanda no solo en su conjunto sino particularmente en los hechos 2o., 3o., 4o. y 5o.; que en los hechos segundo y tercero no se habla de posesi\u00f3n de la demandada sino de ocupaci\u00f3n y que en los hechos 4o. y 5o. se da a entender y aun se reconoce expl\u00edcitamente que Blanca Trujillo de Trujillo tiene como propietaria del inmueble a la demandante, lo que significa que jur\u00eddicamente no existe posesi\u00f3n en cabeza de la demandada. <\/p>\n
Sin embargo, culmina diciendo el impugnante, la sentencia concluye que la demandada es poseedora del bien a reivindicar o de parte del mismo, y si hubiese aplicado el art\u00edculo 305 del C. de P.C. habr\u00eda negado las pretensiones, \u00abpues era otra la cuerda procesal para obtener la entrega de la parte ocupada…[la demandante] debi\u00f3 iniciar proceso posesorio y no reivindicativo a la luz de los hechos enunciados en la demanda\u00bb. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Aqu\u00ed se tilda la sentencia del Tribunal de violar los art\u00edculos 762, 770. 785, 787, 789, 946, 952 y 961 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida; y los art\u00edculos 972 a 985 ib, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de error de hecho manifiesto en la interpretaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Afirma el recurrente que del contexto de la demanda surge que la acci\u00f3n a incoar era la posesoria y no la reivindicatoria, \u00abpues seg\u00fan el mismo actor la misma es una mera ocupante, quien reconoce a la demandante como propietaria de la totalidad del inmueble, luego mal puede decirse que la demandada es poseedora de parte del inmueble en litigio\u00bb; yerra el Tribunal, dado que la demanda busca recuperar la posesi\u00f3n que la demandante ya tiene, y que dice ostentar respecto de la totalidad del predio. De haberse percatado el tribunal que la \u00abacci\u00f3n pretendida\u00bb era la posesoria, \u00abde plano dicta sentencia negando las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1. Tiene definido la jurisprudencia de la Corte que: <\/p>\n
\u00ab…cuando al apreciar el m\u00e9rito del derecho sustancial el juez se equivoca, incurre en un vicio de juicio pues su yerro se concreta en no hacer actuar la verdadera voluntad de la ley (error in iudicando); cuando, ya sea durante el tr\u00e1mite del proceso o en la forma de juzgamiento del mismo, comete una irregularidad procesal, cae en un vicio de actividad (error in procedendo), porque su yerro se traduce en la inobservancia de un precepto que le impone determinado comportamiento en el proceso…\u00bb (G.J. T. XCIII, p. 168) <\/p>\n
2. Pues bien, la causal 2a. de casaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C. h\u00e1llase orientada a superar un error in procedendo en el que hubiera incurrido el sentenciador cuando, al proferir el fallo, se aparta de las pautas que le traza el art\u00edculo 305 ib., entre las cuales se encuentra la de que la sentencia \u00abdeber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda\u00bb. <\/p>\n
3. Empero, la mencionada causal de casaci\u00f3n que goza de individualidad propia, ha de mirarse en forma que no rebase su finalidad y naturaleza; ella \u00fanicamente cabe dentro de un concepto puramente formalista de desarmon\u00eda entre lo demandado y lo decidido por el Tribunal y, por consiguiente, a su amparo no es dable impugnar las consideraciones en que se ha apoyado el sentenciador. <\/p>\n
4. En tal virtud, cuando la inconsonancia atribuida al fallo se hace derivar de la interpretaci\u00f3n o alcance de la demanda, el cargo denota desviaci\u00f3n puesto que, en tal hip\u00f3tesis, se estar\u00e1 es frente a un vicio de juicio, ajeno a la transgresi\u00f3n de los l\u00edmites marcados por el citado art\u00edculo 305, toda vez que ata\u00f1e al concepto que de los hechos se ha formado el sentenciador con apoyo, justamente, en el entendimiento que este le ha dado a la demanda. <\/p>\n
5. De ah\u00ed que la Corte en la sentencia arriba citada, hubiese expresado que <\/p>\n
\u00absi las razones que tuvo el ad quem para llegar a ese resultado (o sea, para estimar que la acci\u00f3n ejercitada fue de un determinado tipo y no de otro), no guardan correspondencia con la objetividad que ostenta el libelo incoativo del proceso, tal cual lo asevera el recurrente, dicho aspecto es materia exclusiva de la causal primera de casaci\u00f3n y no de la segunda\u00bb. <\/p>\n
6. Como quiera que la descrita es la situaci\u00f3n que se advierte en el cargo primero que ahora se despacha, ya que la inconsonancia se ha levantado a partir de la interpretaci\u00f3n y alcance dados por el Tribunal a la demanda, en el sentido de ser esta contentiva de una pretensi\u00f3n reivindicatoria, es claro, entonces, que aqu\u00e9l no puede abrirse paso. <\/p>\n
7. No obstante lo anterior, tampoco puede ser casada la sentencia impugnada desde la perspectiva que propone el cargo tercero: <\/p>\n
Aqu\u00ed, con apoyo en la causal 1a. de casaci\u00f3n, se sindica al fallador de haber interpretado equivocadamente la demanda porque no tuvo en cuenta que en varios de sus hechos la demandante reconoce ser la \u00fanica poseedora del bien materia de reivindicaci\u00f3n y, por consiguiente, no se percat\u00f3 de que la acci\u00f3n pretendida era la posesoria y no la reivindicatoria. <\/p>\n
8. De otra parte, la Sala no ve que el entendimiento que el sentenciador le dio a la demanda, sea il\u00f3gico o contraevidente, cuando la apreci\u00f3 como contentiva de una pretensi\u00f3n reivindicatoria que versa sobre parte de un inmueble, frente a la demandada en su car\u00e1cter de poseedora, pues es patente que del examen conjunto de los pedimentos del actor y de los supuestos f\u00e1cticos que los sustentan se desprende una interpretaci\u00f3n en el sentido advertido por el Tribunal. <\/p>\n
En efecto, la demanda, por fuera de determinar las partes del inmueble que son materia de reivindicaci\u00f3n, alude tambi\u00e9n a que respecto de estas la demandada ejerce la posesi\u00f3n material -una veces emplea el t\u00e9rmino \u00abocupaci\u00f3n\u00bb como figura de igual entidad-; es decir, que bien pod\u00eda ser entendida de la manera como lo hizo el ad quem, sin que por esa circunstancia se le pueda imputar yerro que alcance la categor\u00eda de evidente, as\u00ed exista la posibilidad de hacer otra interpretaci\u00f3n aceptable. Inclusive, hay que reconocerlo el discernimiento que el sentenciador le dio a la demanda es el que m\u00e1s se aviene con su contenido y con la finalidad perseguida por la demandante. <\/p>\n
9. En el punto, la Corte ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abCuando uno o varios hechos afirmados en la demanda incoativa del proceso, ya sea que los considera aisladamente o ya en conjunto con otros para su definici\u00f3n jur\u00eddica, ofrecen dos o m\u00e1s interpretaciones l\u00f3gicas o aceptables, porque ninguna de las cuales resulta ser arbitraria o absurda, puede el sentenciador elegir una u otra, sin que en tal evento incurra en yerro de facto manifiesto, evidente o que brille al ojo\u00bb. (Sentencia No. 307 de 22 de agosto de 1989). <\/p>\n
10. S\u00edguese de todo lo explicado que los cargos primero y tercero no pueden prosperar. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
El cargo denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 946, 952, 961, 762, 770, 785, 787 y 789 del C. Civil, por aplicaci\u00f3n indebida; y de los art\u00edculos 962 al 985 ib., por falta de aplicaci\u00f3n, a causa de la violaci\u00f3n de la norma probatoria contenida en el art\u00edculo 95 del C. de P.C. <\/p>\n
Para sustentar lo anterior, se\u00f1ala el recurrente que si bien la falta de contestaci\u00f3n a la demanda se debe tomar como indicio en contra de la demandada, ello s\u00f3lo debe ocurrir si el demandante en su libelo establece que no est\u00e1 en posesi\u00f3n del bien materia de reivindicaci\u00f3n; el indicio nace si el actor no hubiese alegado estar en posesi\u00f3n de la totalidad del inmueble; \u00abno puede la jurisdicci\u00f3n suponer cosa contraria, por castigar al demandado, violando as\u00ed el art\u00edculo 95 del C. de P.C.\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Por id\u00e9nticos conceptos de violaci\u00f3n, en \u00e9l se citan como infringidas tambi\u00e9n las mismas normas del C\u00f3digo Civil rese\u00f1adas en el cargo tercero, como consecuencia de error de hecho evidente en la apreciaci\u00f3n de la falta de contestaci\u00f3n a la demanda, cuyo indicio resultante contra la demandada no puede contradecir los hechos de la demanda; alega el impugnante que debe tenerse en cuenta lo expresado y probado por el actor. En este caso -dice- no se puede hacer caso omiso de que es la demandante y no la demandada la poseedora de la totalidad del inmueble materia de litigio, \u00abpor lo que el Tribunal no debi\u00f3 tener la falta de contestaci\u00f3n de la demanda como prueba de que la demandada s\u00ed est\u00e1 en posesi\u00f3n de parte del bien en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
En este cargo en relaci\u00f3n con las mismas normas rese\u00f1adas en el cargo precedente, se imputa al sentenciador la infracci\u00f3n de la ley sustancial derivada de error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la prueba indiciaria nacida de la inasistencia de la demandada a la diligencia de conciliaci\u00f3n, en cuanto, por ese hecho, le enrostra a esta indicio en su contra cuando esa diligencia \u00abs\u00f3lo procede si se tiene por contestada la demanda, lo cual no ocurri\u00f3\u00bb, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 101 del C. de P.C. y 10 del Decreto 2551 de 1991. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
Se propone igual que el anterior, pero la violaci\u00f3n de las normas sustanciales se predica como consecuencia de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de una determinada prueba. El recurrente, sin citar ninguna norma de disciplina probatoria, estima que el Tribunal yerra porque al confirmar el fallo de primera instancia \u00able da valor de indicio al hecho de que el apoderado de la demandada ha solicitado suspensi\u00f3n del proceso para la b\u00fasqueda de una conciliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SEPTIMO CARGO <\/p>\n
Tambi\u00e9n se denuncia la violaci\u00f3n de las normas enlistadas en el cargo anterior, pero a consecuencia de los errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las declaraciones de Mercedes Llanos de Torres, Jos\u00e9 Delgado Morales y Norma Constanza Trujillo, las cuales fueron desestimadas por haber incurrido los testigos en graves contradicciones, especialmente en cuanto a la fecha de ocupaci\u00f3n del inmueble por parte de la demandada. <\/p>\n
En la fundamentaci\u00f3n del cargo, se afirma que lo expresado por el Tribunal \u00abno es del todo cierto, … pues los testigos dan su testimonio a partir del momento en que cada uno de ellos llega a laborar a dicho inmueble, unos m\u00e1s antiguos que otros, pero todos coincidiendo en que la poseedora es la se\u00f1ora Esperanza Trujillo Trujillo y no otra persona…\u00bb; la apreciaci\u00f3n correcta de esa prueba testimonial -a\u00f1ade- lleva al convencimiento de que no es la demandada la poseedora del inmueble diputado, lo que debe dar lugar a que la Corte, en sede de instancia, deniegue las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
2. Mas, sin necesidad de entrar a examinar el m\u00e9rito que puedan tener las acusaciones contenidas en ellos, pronto se advierte que los cargos, vistos ya en conjunto o por separado, no combaten todas las pruebas que apreci\u00f3 el Tribunal para llegar a la referida conclusi\u00f3n; en esas circunstancias aquellas t\u00f3rnanse inanes. Como es sabido, si la sentencia, entre varios fundamentos, trae como base principal de ella una apreciaci\u00f3n que no ha sido combatida en casaci\u00f3n, ello le permite a la Corte abstenerse de estudiar, por inocuas, las censuras que tocan con los otros fundamentos en que tambi\u00e9n se apuntala el fallo impugnado. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal, por fuera de las pruebas que apreci\u00f3 para hallar demostrada la posesi\u00f3n de la demandada y que son materia de censura, se apoy\u00f3 tambi\u00e9n en las declaraciones de los testigos Mar\u00eda Mercedes Romero, Carmen In\u00e9s Trujillo, David Moncaleano, Margarita Mateus, Mar\u00eda Consuelo Londo\u00f1o de Silva y Aldemar Cubillos, cuya estimaci\u00f3n no se combate en el presente recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Aparte de lo anterior, los cargos, individualmente considerados y tal como vienen propuestos, no permiten un examen de fondo de las situaciones planteadas en ellos: <\/p>\n
a) El cargo segundo, denuncia error de derecho imputable al sentenciador por haber infringido el art\u00edculo 95 del C. de P.C. que le ordena al juez tener la falta de contestaci\u00f3n de la demanda, como indicio grave en contra del demandado. Sin embargo, la censura del recurrente se encuentra encaminada a discutir la existencia del indicio, la que, a su vez, depende del discernimiento que se le hubiese dado a la demanda, todo lo cual, como es palpable, aparejar\u00eda la comisi\u00f3n de un error de facto, no de derecho, como lo denunci\u00f3 el impugnante. <\/p>\n
b) El cargo cuarto, aunque trata de ligar las consecuencias del indicio antes mencionado en relaci\u00f3n con los hechos de la demanda, pierde todo sustrato, en tanto se finca en que en esta la demandante afirm\u00f3 que tiene la posesi\u00f3n del bien materia de reivindicaci\u00f3n, planteamiento que ya fue descartado por la Sala al despachar los cargos primero y tercero. <\/p>\n
<\/p>\n
c) El cargo sexto, a pesar de que denuncia la comisi\u00f3n de un yerro de derecho en la apreciaci\u00f3n de una prueba, no cita, como era de rigor, la norma de disciplina probatoria que pudo ser infringida por el sentenciador. (Art. 374, in fine, del C. de P.C.). <\/p>\n
d) En fin, el cargo s\u00e9ptimo, dedicado a se\u00f1alar los errores apreciativos de determinados testimonios no muestra ning\u00fan empe\u00f1o en la demostraci\u00f3n espec\u00edfica, por medio de la confrontaci\u00f3n con la realidad objetiva que ellos traducen, de las concretas equivocaciones que le apunta al fallador. <\/p>\n
4. De acuerdo con todo lo anterior, los cargos segundo, cuarto, quinto, sexto y s\u00e9ptimo, tampoco pueden prosperar <\/p>\n
OCTAVO CARGO <\/p>\n
En \u00e9l se afirma que la sentencia recurrida es violatoria del art\u00edculo 964 del C\u00f3digo Civil, por indebida aplicaci\u00f3n, a consecuencia del error de hecho en que incurri\u00f3 el sentenciador, toda vez que le atribuye a la demandada la calidad de poseedora de mala fe, sin que exista prueba de ello; conden\u00f3 a la demandada a restituir frutos civiles y naturales, dando por probada la mala fe y la posesi\u00f3n de la demandada, lo cual no coincide con la realidad procesal. <\/p>\n
Estima el impugnante que si el Tribunal toma en cuenta la carencia de mala fe de la demandada, no la hubiera condenado, por ese concepto, a pagar la suma de $7.250.000, por lo que se debe casar la sentencia a fin de que se nieguen las pretensiones y especialmente para que se elimine tal condena. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
As\u00ed presentadas las cosas, se ve claramente que para la prosperidad del presente cargo era menester que el impugnante combatiera tan precisas demostraciones que constituyen el fundamento t\u00e1cito de la decisi\u00f3n sobre la restituci\u00f3n de frutos; proceder que se impon\u00eda a pesar de que el fallador no se hubiera pronunciado expresamente sobre la buena o mala fe de la poseedora. <\/p>\n
<\/p>\n
Bastan, pues, las razones expuestas para que el cargo octavo no prospere. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, N O C A S A la sentencia de veintiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso ordinario seguido por MARIA LUZ STELLA BETANCOURT RENGIFO en frente de BLANCA TRUJILLO DE TRUJILLO. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la impugnante a pagar las costas del presente recurso, las cuales ser\u00e1n tasadas oportunamente. <\/p>\n
C\u00f3piese y notif\u00edquese <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
<\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-061-2000 [5399] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil (2000) Ref. Expediente No. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[],"class_list":["post-81789","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-81"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81789","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81789"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81789\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81789"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81789"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81789"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}