S-076-2000 [5149]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de Junio de dos mil (2.000).- <\/p>\n
Ref: Expediente Nro. 5149 <\/p>\n
Procede la Corte a dictar sentencia sustitutiva de la que con fecha 22 de febrero de 1994 profiri\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en el proceso ordinario de mayor cuant\u00eda adelantado por LUIS ANTONIO MA\u00d1OZCA contra MARIA INES CORONADO PLAZAS, en cuanto corresponde hacerlo de conformidad con lo resuelto por esta corporaci\u00f3n en sentencia de casaci\u00f3n del 26 de marzo de 1999. <\/p>\n
ANTECEDENTES: <\/p>\n
1. Contra el fallo de 3 de febrero de 1993, mediante el cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, estim\u00f3 las pretensiones subsidiarias objeto de la demanda que dio origen a este proceso, tendientes a obtener que se declare la nulidad absoluta de la promesa de compraventa celebrada entre las partes el 29 de octubre de 1982, y el reintegro al demandante de la suma de $2\u2019500.000.oo \u201ccon valor actualizado e intereses moratorios\u201d, intereses que el Juzgado tas\u00f3 en 2% mensual \u201cdesde la fecha del referido contrato y hasta la fecha en que se produzca el pago aqu\u00ed ordenado\u201d y dispuso cancelar la inscripci\u00f3n de la demanda, ambas partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n: el demandante para que se revocara la decisi\u00f3n de cancelar la inscripci\u00f3n de la demanda, y la demandada para que se revocara dicho pronunciamiento en su integridad; en lo suyo, el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo. <\/p>\n
2. Empero, la sentencia de segundo grado fue objeto del recurso de casaci\u00f3n de la demandada, a ra\u00edz del cual, previo acogimiento del segundo cargo, la Corte se\u00f1al\u00f3, con la amplitud necesaria, las razones de derecho por fuerza de las cuales en las restituciones mutuas que derivan de la nulidad declarada se tiene en cuenta que el demandante debe restituir \u201clas partes ciertas y determinadas del predio \u2018La Capilla\u2019 en que se materializaron los derechos prometidos en venta, junto con los frutos percibidos de acuerdo con las reglas que sobre el particular consagra el Art. 964 del C. C.\u201d, frutos que a su vez concret\u00f3 el referido fallo a los de \u00edndole civil que emanan del contrato de arrendamiento que el demandante celebr\u00f3 con Yesid Garz\u00f3n el 1\u00b0 de febrero de 1985 (F. 15 Cdo. #3), en relaci\u00f3n con el lote \u201cEl Espinal\u201d, cuyo precio anual se fij\u00f3 en la suma de treinta mil pesos ($30.000.oo), seg\u00fan contrato que tuvo vigencia conocida hasta el 6 de marzo de 1989, cuando expres\u00f3 que \u201cdentro de las prestaciones mutuas deba incluirse como obligaci\u00f3n a cargo del demandante, la de restituir el dinero recibido por concepto de frutos civiles (…) los cuales, -por haberse acreditado suficientemente el montante de los mismos-, equivalen a la suma anual convenida como precio del arrendamiento\u201d, sin que, de otro lado, en ese concepto haya lugar a incremento adicional, \u201ctoda vez que su tratamiento legal no puede ser otro que el de una obligaci\u00f3n pecuniaria de suma\u201d. <\/p>\n
4. Sentadas estas premisas y por cuanto se encuentra que la relaci\u00f3n procesal existente se ha configurado regularmente y, asimismo, que en su desenvolvimiento no se ha incurrido en defecto alguno que haga indispensable darle aplicaci\u00f3n al Art. 145 del c de P. C., corresponde ahora dictar sentencia de reemplazo y para tal fin son pertinentes las siguientes <\/p>\n
CONSIDERACIONES: <\/p>\n
1. La infracci\u00f3n a las normas de derecho sustancial que la parte demandada denunci\u00f3 en el cargo segundo que prosper\u00f3 en el recurso de casaci\u00f3n, se centr\u00f3 en primer lugar en la apreciaci\u00f3n que el Tribunal hizo de las pruebas en torno a las restituciones mutuas que lo llevaron a desconocer, como prestaci\u00f3n a cargo del demandante, los frutos percibidos de los bienes objeto de la promesa de compraventa que le fueron entregados, y a desatender la \u00edndole civil de la negociaci\u00f3n anulada que impon\u00eda reconocer como tasa de intereses el 6% anual sobre el precio que se debe restituir a ra\u00edz de la nulidad de dicho acto jur\u00eddico, y no del 2% mensual que fue el acogido en la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
En tal virtud, la sentencia sustitutiva se limitar\u00e1 a concretar el monto de las prestaciones mutuas que deber\u00e1n restituirse las partes en virtud de la declaraci\u00f3n de nulidad del contrato de promesa de compraventa, consistentes en los frutos civiles que el demandante percibi\u00f3 de un lote denominado \u201cEl Espinal\u201d que hace parte de la finca \u201cLa Capilla\u201d, ubicado en la vereda del Nilo, jurisdicci\u00f3n del municipio de Palermo (Departamento del Huila) que arrend\u00f3 a Jos\u00e9 Yesid Garz\u00f3n mediante contrato celebrado a partir del 1\u00b0 de febrero de 1985 (F. 15 del Cdo. #3) en el que se estipul\u00f3 un precio anual de $30.000.oo, suma que corresponde al monto de los aludidos frutos, sin incremento adicional ninguno, \u201ctoda vez que su tratamiento legal no puede ser otro que el de una obligaci\u00f3n pecuniaria de suma\u201d; a fijar en el 6% anual la tasa de los intereses de la suma de $2\u2019500.000.oo que la demandada debe restituir al actor; y a concretar el valor actual que corresponde a \u00e9sta suma por efecto de la devaluaci\u00f3n monetaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 307 del C. de P. C. <\/p>\n
2. En lo \u00faltimo, la Corte dispuso, de oficio, solicitar informe al Banco de la Rep\u00fablica para que en relaci\u00f3n con la suma de $2\u2019500.000.oo y de acuerdo con el \u00edndice de precios al consumidor, indicase cu\u00e1l fue la depreciaci\u00f3n experimentada por el peso colombiano, desde el mes de noviembre de 1982 hasta el presente. <\/p>\n
Fue as\u00ed como, despu\u00e9s de varios intentos, la nombrada entidad bancaria rindi\u00f3 el informe que aparece a folio 82 de este cuaderno, el cual no fue objeto de reparo por ninguna de las partes. All\u00ed se relaciona el \u00edndice de precios y la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del peso en el per\u00edodo por el cual se le interrog\u00f3, datos con base en los cuales el Banco se\u00f1ala que un peso de noviembre de 1982 equivale a $27.82 en diciembre de 1999, \u201cresultado que se obtiene dividiendo el \u00edndice del per\u00edodo corriente sobre el per\u00edodo anterior\u201d, para concluir que la suma de $2\u2019500.000.oo de noviembre de 1982 equivale a $69\u2019550.000.oo en diciembre de 1999, \u00faltimo dato disponible. <\/p>\n
3. En esas circunstancias y puesto que la nulidad judicial decretada qued\u00f3 en pie no obstante el recurso de casaci\u00f3n, estima la Corte que no hay necesidad de hacer consideraciones adicionales en punto de fijar las restituciones a cancelar por ambas partes, siguiendo con exactitud los lineamientos que traz\u00f3 la sentencia de casaci\u00f3n, de donde se sigue que la demandada deber\u00e1 restituir al demandante la cantidad de $69\u2019550.000.oo, m\u00e1s intereses de la suma nominal de $2\u2019500.000.oo, a la tasa del 6% anual, a partir de noviembre de 1982 hasta la fecha en que el pago se realice. <\/p>\n
A su vez, el demandante deber\u00e1 restituir los bienes objeto de promesa que para el efecto consisten en un derecho y medio sobre el predio \u201cLa Capilla\u201d con los frutos civiles percibidos en virtud del contrato de arrendamiento que se detall\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s y que corresponden a la suma de $30.000.oo anuales, entre el 1\u00b0 de febrero de 1985 y el 6 de marzo de 1989, o sea en total $122.959.oo. <\/p>\n
4. Finalmente, en materia de costas judiciales causadas en ambas instancias, se observa que la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandada prosper\u00f3 en parte. En consecuencia, se le impondr\u00e1 a la misma condena en costas reducidas a un 60%, de conformidad con el Art. 392, numerales 4 y 5 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
DECISION: <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR y MODIFICAR la sentencia de fecha tres (3) de febrero de 1993 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, as\u00ed: <\/p>\n
A) CONFIRMAR en forma integra la decisi\u00f3n adoptada en el numeral primero de la parte resolutiva de dicha sentencia. <\/p>\n
B) REFORMAR parcialmente el numeral segundo de la sentencia y, en su lugar, DECLARAR que MARIA INES CORONADO MA\u00d1OZCA est\u00e1 obligada a restituir al demandante la suma de sesenta y nueve millones quinientos cincuenta mil pesos ($69\u2019550.000.oo) que corresponde actualmente a la suma de $2\u2019500.000.oo que recibi\u00f3 en noviembre de 1982, fecha a partir de la cual se liquidar\u00e1n intereses a la tasa del 6% anual sobre \u00e9sta \u00faltima cifra, hasta cuando el pago se realice. <\/p>\n
SEGUNDO: CONDENAR al demandante LUIS ANTONIO MA\u00d1OZCA a restituir a la demandada un derecho y medio sobre el predio \u201cLa Capilla\u201d y los frutos civiles percibidos a raz\u00f3n de treinta mil pesos ($30.000.oo) anuales, entre el 1\u00b0 de febrero de 1985 y el 6 de marzo de 1989; o sea, en total $122.959.oo <\/p>\n
TERCERO: Son de cargo de la parte demandada en un 60% las costas causadas en favor del demandante en las dos instancias. Estas ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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