S-102-2000 [7074]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., once (11) de julio de dos mil (2000) <\/p>\n
Ref. expediente No. 7074 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de revisi\u00f3n interpuesto por el demandado NELSON ARTURO QUIROGA ARDILA, contra la sentencia dictada el 11 de septiembre de 1996 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario reivindicatorio propuesto por SOLEDAD ORTEGA BENITEZ, cuyo conocimiento asumi\u00f3 en primera instancia, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la indicada ciudad. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Deprec\u00f3 la accionante en la demanda inicial del proceso presentada el 22 de febrero de 1979, que se le declarase propietaria del lote de terreno marcado con el n\u00famero 227 A de la urbanizaci\u00f3n Prado, situado en comprensi\u00f3n territorial de Suba, que hace parte del globo original distinguido con el n\u00famero 227, ubicado entre las calles 132 y 133 y carreras 38 y 38 A de la actual nomenclatura, y alindado en la forma que se expresa, y que consecuencialmente se condenase al demandado a restitu\u00edrselo y a pagarle los frutos naturales y civiles producidos por el inmueble como poseedor de mala fe. 2. Como causa petendi afirm\u00f3 la actora que mediante compraventa que se hizo constar en la escritura p\u00fablica 2385 del 19 de mayo de 1961, de la Notar\u00eda 4\u00aa de Bogot\u00e1, MARIANO ALBERTO, MARIANO, JOSE MARIA Y MARIA SOLEDAD ORTEGA BENITEZ, adquirieron el citado inmueble de EDUARDO RUIZ FRANCO, quien a su vez lo hab\u00eda adquirido de LUIS ROCA BORDA, sin que lo hubiesen enajenado ni prometido en venta, hall\u00e1ndose privada de su posesi\u00f3n por detentarla el demandado QUIROGA ARDILA, quien advino al predio en raz\u00f3n de haberla adquirido mediante negocio jur\u00eddico celebrado con ASCENSION DE MU\u00d1OZ, en el que ha levantado construcciones, lo ha encerrado y dotado del servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica. <\/p>\n
3. Admitida la demanda, y luego de dilatadas gestiones, se logr\u00f3 la notificaci\u00f3n personal del demandado, quien se opuso a las pretensiones, neg\u00f3 algunos de los hechos, pidi\u00f3 la prueba de otros, y descalific\u00f3 como tales los restantes. <\/p>\n
4. Vinculados al proceso MARIANO ALBERTO, MARIANO y JOSE MARIA ORTEGA BENITEZ, por haber prosperado la excepci\u00f3n previa de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, se ritu\u00f3 el tr\u00e1mite de la causa hasta ponerle fin mediante la sentencia absolutoria del 25 de marzo de 1994, que apelada por la parte demandante fue revocada por la del Tribunal, que es objeto del recurso. <\/p>\n
5. En su fallo estim\u00f3 el ad quem que la actora obraba en pro de los intereses de la comunidad que conforma con MARIANO ALBERTO DE JESUS, MARIANO y JOSE MARIA ORTEGA BENITEZ, a quienes reconoci\u00f3 la calidad de copropietarios del fundo con base en la escritura p\u00fablica 2385 de 19 de mayo de 1961, y el correspondiente folio de matr\u00edcula inmobiliaria en el que se le registr\u00f3, respecto de los que consider\u00f3 \u201cque acreditan plenamente la propiedad privada que la parte actora tiene en forma de condominio sobre el bien en menci\u00f3n\u2026\u201d. Con ese presupuesto, y satisfechos los referentes a la posesi\u00f3n del demandado, la singularidad de la cosa, y la identidad entre lo pose\u00eddo y lo reclamado, despach\u00f3 favorablemente las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO <\/p>\n
El recurso de revisi\u00f3n que contra ella instaur\u00f3 el demandado se fundamenta en las causales 1\u00aa y 6\u00aa del art\u00edculo 380 del C.P.C. , en respaldo de las cuales afirm\u00f3 los siguientes hechos: <\/p>\n
1. Con respecto a los hechos primeramente invocados, sostiene el recurrente que la sentencia se obtuvo mediante colusi\u00f3n y maniobra fraudulenta, calificando como acto de mala fe de la demandante, la aportaci\u00f3n de la prueba documental aducida como t\u00edtulo de propiedad respecto del inmueble objeto de la reivindicaci\u00f3n, concretamente la escritura n\u00famero 2385 de 19 de mayo de 1961, de la Notar\u00eda 4\u00aa de Bogot\u00e1. Este instrumento da cuenta del contrato de compraventa celebrado entre el curador de los copropietarios del inmueble y EDUARDO RUIZ FRANCO, identificado con la c\u00e9dula n\u00famero 77.702 de Bogot\u00e1, quien a su turno lo hab\u00eda adquirido mediante negocio jur\u00eddico de igual naturaleza ajustado con LUIS ROCA BORDA, solemnizado mediante la escritura 2268 del 6 de junio de 1945, de la Notar\u00eda 5\u00aa de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En este \u00faltimo instrumento, tanto el vendedor como el comprador se identificaron con c\u00e9dulas que no les pertenec\u00edan; Roca con la n\u00famero 1.236.572 de Bogot\u00e1, correspondiente al ciudadano MARIO ZULUAGA ZULUAGA, y RUIZ con la n\u00famero 365.062 de Bogot\u00e1, perteneciente a LUIS PRIMITIVO SANCHEZ ULLOA, distinta de la verdadera y propia que utiliz\u00f3 al intervenir como vendedor en el otorgamiento de la escritura 2385 del 19 de mayo de 1961, todo lo cual acredita el recurrente con certificaciones de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, no aportadas al proceso \u201cpor razones ajenas a la voluntad de mi poderdante\u201d, finalizando con la afirmaci\u00f3n en el sentido de que la sentencia se obtuvo \u201cmediante la figura de la colusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2 En relaci\u00f3n con la causal sexta, asevera el impugnante que la demandante obtuvo el fallo favorable a sus intereses, en virtud de la aportaci\u00f3n de las pruebas documentales escriturarias ya mencionadas en la causal anterior, en las que intervinieron impostores, con el deliberado prop\u00f3sito de ocultar la realidad, acto que constituye colusi\u00f3n, entendida como el acuerdo fraudulento fraguado por dos o m\u00e1s personas en perjuicio de un tercero. Agrega que lo anterior lo priv\u00f3 de la posibilidad de demostrar la realidad objetiva, puesto que la \u00fanica prueba id\u00f3nea eran las certificaciones de la Registradur\u00eda, am\u00e9n de que confi\u00f3 en la buena fe de la actora. <\/p>\n
Las escrituras 2268 y 2385 \u201cson el fruto de la maniobra fraudulenta que utilizaron los falsificadores para llevar a error al Tribunal para que emitiera la sentencia que est\u00e1 afectando los derechos de mi poderdante\u201d. <\/p>\n
III. SE CONSIDERA <\/p>\n
1. Como es patente en el resumen que de la demanda de revisi\u00f3n viene de hacerse, el recurrente se empe\u00f1a en tratar de encuadrar los mismos hechos, en cualquiera de las causales invocadas, no s\u00f3lo sin preocuparse por establecer n\u00edtidas diferencias entre los supuestos f\u00e1cticos que las apuntalan, sino que, en algunos apartes de sus imputaciones, mixtura indebidamente aspectos de una causal con los que particularizan la otra, como cuando para sustentar la primera alude a la ocurrencia de colusi\u00f3n o maniobra fraudulenta, configurada por la utilizaci\u00f3n como medio de identificaci\u00f3n, de c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda que no les pertenec\u00edan a los antecesores de la actora en el dominio del inmueble, y cuya demostraci\u00f3n conf\u00eda a sendas certificaciones de la Registradur\u00eda del Estado Civil que, en su decir, no pudo allegar oportunamente al proceso por causa ajena a su voluntad. <\/p>\n
Hizo consistir, pues, el argumento medular sobre el cual viene reiterando la impugnaci\u00f3n, en que la demandante al aportar las pruebas documentales escriturarias mencionadas, tuvo el deliberado prop\u00f3sito de ocultar la falsedad deducida b\u00e1sicamente, de que los se\u00f1ores EDUARDO RUIZ FRANCO y LUIS ROCA BORDA, antecesores de la demandante en el dominio del inmueble, utilizaron c\u00e9dulas de ciudadan\u00eda correspondientes a personas distintas, con el fin de identificarse en el acto escriturario de compraventa del inmueble en el a\u00f1o de 1945. <\/p>\n
Empero, esa, que, como ya se dijera, es la acusaci\u00f3n cardinal de la demanda, aparece desvanecida por la prueba documental proporcionada por la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, y conformada por el oficio 041-JDT del 11 de marzo de 1999 y sus anexos, obrantes a folios 119 a 121 del cuaderno 1 de la Corte, a resultas de la cual cabe afirmar, de una parte, que est\u00e1 absolutamente descartado en relaci\u00f3n con RUIZ FRANCO, que cuando otorg\u00f3 la escritura tildada de falsa en 1945 no fuese el titular de la c\u00e9dula 365.062 con la que se identific\u00f3 en ese acto, y que, inclusive, le fue reemplazada por la c\u00e9dula laminada de n\u00famero 77.702 de Bogot\u00e1, que entr\u00f3 a regir por disposici\u00f3n del art\u00edculo 1\u00ba de la ley 39 de 1961, que utiliz\u00f3 posteriormente con id\u00e9ntico prop\u00f3sito cuando en ese mismo a\u00f1o otorg\u00f3 como vendedor la escritura 2385. <\/p>\n
Por otra parte, el panorama que la misma cuesti\u00f3n ofrece respecto de ROCA BORDA, aunque no se presenta tan absoluta como en el caso de RUIZ, no puede remitirse a dudas que es id\u00e9ntico. Porque si bien es cierto que la prueba anteriormente referenciada se limit\u00f3 a afirmar que a \u00e9ste se le hab\u00eda expedido el 28 de febrero de 1935 la c\u00e9dula electoral antigua n\u00famero 1.236.572, cuya validez le suprimi\u00f3 la mencionada ley, tambi\u00e9n lo es que en la certificaci\u00f3n emitida por la misma autoridad y aportada por el impugnante ( folio 4 cuaderno 1 de la Corte ), se consigna que ese n\u00famero de c\u00e9dula, sin especificarse fecha de expedici\u00f3n, le corresponde a la de ciudadan\u00eda actualmente vigente asignada a MARIO ZULUAGA ZULUAGA, situaci\u00f3n que da margen para entender con s\u00f3lido fundamento, como adelante se ver\u00e1, que la c\u00e9dula de \u00e9ste \u00faltimo, a la que alude la mencionada certificaci\u00f3n, necesariamente corresponde a la laminada expedida despu\u00e9s del a\u00f1o de 1961. En efecto, la confrontaci\u00f3n de lo atestado en el oficio 041-JDT con la correspondiente certificaci\u00f3n aducida por el recurrente, as\u00ed permite deducirlo, a partir del hecho de que la electoral de ROCA BORDA hubiese perdido vigencia en el a\u00f1o de 1961, al paso que la c\u00e9dula expedida a ZULUAGA, la conserve, puesto que por un lado, no es dable suponer razonablemente, que en el a\u00f1o de 1945, la \u00e9poca de inter\u00e9s en este asunto, simult\u00e1neamente existiesen dos c\u00e9dulas electorales que ostentando el mismo n\u00famero sin embargo tuviesen titulares diferentes, y que am\u00e9n de ello s\u00f3lo respecto de uno de tales documentos hubiese tenido efecto la disposici\u00f3n del art\u00edculo 1\u00ba de la ley 39 de 1961 que les desconoci\u00f3 validez; y, por el otro, que su actual vigencia permite inferir que se trata de la regulada por esta disposici\u00f3n, hip\u00f3tesis que se fortalece al tener en cuenta que la susodicha certificaci\u00f3n expresa que se trata de c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y no de una electoral. <\/p>\n
En las anteriores condiciones es de resaltar que si la situaci\u00f3n descrita suscitara alg\u00fan margen de duda acerca de la ocurrencia de la falsedad en que habr\u00eda incurrido ROCA BORDA, tan hipot\u00e9tica como lejana eventualidad significar\u00eda que el impugnante no habr\u00eda cumplido con la carga de comprobar los supuestos f\u00e1cticos en que apoy\u00f3 las causales de revisi\u00f3n, concretamente que en el a\u00f1o de 1945, la c\u00e9dula empleada por aqu\u00e9l le pertenec\u00eda a un tercero, falencia que aunada a la circunstancia de haberse descartado la imputaci\u00f3n que en el mismo sentido le hizo el revisionista a RUIZ FRANCO, determina que las acusaciones que en tal hecho toman apoyo queden sin piso. <\/p>\n
2. No obstante, si fuese posible dejar de lado las reflexiones precedentes, habr\u00eda de inferirse, en todo caso, que las acusaciones del recurrente no podr\u00edan abrirse paso por las siguientes razones: <\/p>\n
2.1 En lo concerniente a la imputaci\u00f3n fincada en la causal primera se tiene que, conforme a lo prescrito por el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el recurso de revisi\u00f3n procede por \u201cHaberse encontrado despu\u00e9s de pronunciada la sentencia, documentos que habr\u00edan variado la decisi\u00f3n contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria\u201d. <\/p>\n
De acuerdo con dicho precepto, el recurrente corre con la carga de acreditar los siguientes requisitos: a) que despu\u00e9s de pronunciada la sentencia objeto de revisi\u00f3n, hall\u00f3 prueba documental; b) que el referido medio de prueba encontrado tiene, per se, eficacia para modificar significativamente la determinaci\u00f3n tomada; c) que no se pudo allegar oportunamente al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la contraparte. <\/p>\n
En el asunto de esta especie se observa que la falta de aducci\u00f3n como prueba de las referidas certificaciones, no se perfila como la consecuencia de fuerza mayor, caso fortuito o maniobra de la parte contraria, sino a una indeterminada situaci\u00f3n respecto de la que s\u00f3lo se dice que en ella no estuvo comprometida la voluntad del recurrente, siendo de anotar que dif\u00edcilmente podr\u00eda admitirse la estructuraci\u00f3n de alguna de aquellas eventualidades en relaci\u00f3n con la prueba documental mencionada por el revisionista, en vista de que lo impide la inocultable circunstancia de que la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda es un documento p\u00fablico, y por ello es libre el acceso a los archivos de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, a los cuales bastaba acudir, cualquier momento para obtenerla. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, la supuesta falta de correspondencia ( ya desmentida ) entre las c\u00e9dulas con las que se identificaron los antecesores de la demandante al suscribir la aludida escritura, con aquellas que la autoridad respectiva les asign\u00f3, no conllevar\u00eda, por s\u00ed misma, la aniquilaci\u00f3n de la sentencia, pues ello no apareja ineludiblemente que la demandante no fuese la due\u00f1a por haber recibido el inmueble, a su vez, de sus leg\u00edtimos due\u00f1os. <\/p>\n
2.2. Relativamente a la acusaci\u00f3n fundada en la causal sexta del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe, as\u00ed mismo, acotarse que a\u00fan de ser cierto que los antecesores de la demandante ( que no fueron parte en el proceso reivindicatorio ) se identificaron con c\u00e9dulas falsas, ello no apareja, como tal, que la demandante hubiese incurrido en una maniobra fraudulenta por aportar dichas escrituras al proceso, pues para que as\u00ed fuese, debi\u00f3 probarse que ella sab\u00eda o prohij\u00f3 la falsedad, nada de lo cual demostr\u00f3 el recurrente. <\/p>\n
Conviene recordar acerca del alcance de las denominadas maniobras fraudulentas, que la Corte ha dicho que \u201c…comportan una actividad enga\u00f1osa que conduzca al fraude, una actuaci\u00f3n torticera, una maquinaci\u00f3n capaz de inducir a error al juzgador a proferir el fallo en virtud de la deformaci\u00f3n artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultaci\u00f3n de los mismos parcialmente, por medios il\u00edcitos; es, en s\u00edntesis, un artificio ingeniado y llevado a la pr\u00e1ctica con el prop\u00f3sito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia\u201d ( sentencia de 30 de junio de 1.988). A tono con los anteriores lineamientos, aparece como imperativo para el impugnante en esta especie, el haber puesto particular empe\u00f1o en demostrar que efectivamente la reivindicante conoc\u00eda del fraude que afectaba los t\u00edtulos escriturarios que aportaba, y que no obstante mediar esa circunstancia deliberadamente quiso aprovecharse de \u00e9l, lo que como se dijo, no hizo a cabalidad. <\/p>\n
2.3. Correspondi\u00e9ndole, pues, al recurrente la carga probatoria tendiente a demostrar los supuestos que configuran las causales de revisi\u00f3n invocadas, su incumplimiento acarrea inexorablemente el fracaso del recurso extraordinario propuesto, con condena en perjuicios al recurrente en favor de los demandados, puesto que es claro que el amparo de pobreza que le fue concedido en esta actuaci\u00f3n, no lo exonera de ello, de acuerdo con lo que establece el art\u00edculo 163, inciso primero del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
IV. DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
<\/p>\n
PRIMERO. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por NELSON ARTURO QUIROGA ARDILA, contra la sentencia del 11 de septiembre de 1996, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario de reivindicaci\u00f3n, promovido por SOLEDAD ORTEGA BENITEZ contra el expresado recurrente. <\/p>\n
SEGUNDO Condenar al recurrente al pago de los perjuicios causados a quienes fueron parte en el proceso, que se regular\u00e1n mediante incidente (arts. 384 y 137 del C. de P.C.). <\/p>\n
TERCERO. NO CONDENAR en costas al recurrente en virtud de hab\u00e9rsele favorecido con el amparo de pobreza ( art\u00edculo 163, inciso primero del C.P.C.). <\/p>\n
CUARTO. ORDENAR la cancelaci\u00f3n del registro de la demanda. L\u00edbrese el respectivo oficio. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al juzgado de origen, salvo los cuadernos correspondientes a lo actuado en la Corte, cuyo archivo se ordena. Por secretar\u00eda l\u00edbrese el oficio correspondiente e incorp\u00f3rese copia de esta providencia. <\/p>\n
Cumplido lo anterior arch\u00edvese esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
(en permiso) <\/p>\n
<\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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