S-105-2000 [7693]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de julio de dos mil (2000). <\/p>\n
Ref. : Expediente No. 7693 <\/p>\n
Procede la Corte a resolver la solicitud de exequatur formulada por NESTOR CASTA\u00d1O RENDON y BETTY RAMOS HERRERA, respecto de la sentencia proferida el 24 de febrero de 1994 por el Juez de la Corte Familiar de Rhode Island, EE.UU, por medio de la cual se declar\u00f3 el divorcio del matrimonio contra\u00eddo por aquellos el 31 de enero de 1981. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, de nacionalidad colombiana, contrajeron matrimonio cat\u00f3lico en la Parroquia de Jes\u00fas Obrero de Cali en la fecha se\u00f1alada, acto que fue registrado en la Notar\u00eda D\u00e9cima de dicha ciudad. <\/p>\n
2. Mediante sentencia No. P-91-3960 del 24 de febrero de 1994, proferida por la Corte de Familia de Rhode Island y Providence Plantations de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, se decret\u00f3 el divorcio del mencionado matrimonio, atendiendo solicitud formulada por ambos c\u00f3nyuges, motivados por las \u201cDiferencias irreconciliables, las cuales han causado una descomposici\u00f3n irremediable del matrimonio\u201d (fl. 26). <\/p>\n
3. Durante la uni\u00f3n matrimonial fueron procreados los menores Anderson y Larry Casta\u00f1o Ramos, nacidos ambos en Rhode Island, quienes se encuentran bajo la guarda y custodia de la madre. <\/p>\n
De otro lado, los c\u00f3nyuges no adquirieron bienes en Colombia. <\/p>\n
4. La petici\u00f3n de exequatur recibi\u00f3 tr\u00e1mite por auto de fecha junio 18 de 1999, corri\u00e9ndose traslado al ministerio p\u00fablico, quien se pronunci\u00f3 manifestando atenerse a lo que resulte probado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Siendo la jurisdicci\u00f3n una manifestaci\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado, en virtud de la cual \u00e9ste se reserva la funci\u00f3n de administrar justicia dentro del territorio de la Rep\u00fablica, es apenas l\u00f3gico que, excepci\u00f3n hecha de lo que regulen los tratados internacionales sobre la materia, las sentencias que profieran los Jueces extranjeros no pueden tener efectos en Colombia, salvo que se conceda autorizaci\u00f3n para que puedan ser ejecutadas en el pa\u00eds, con la fuerza que tales convenios les concedan o, en su defecto, con la reconocida a los fallos que expidan los Jueces colombianos en el Estado extranjero de cuya decisi\u00f3n se trata. <\/p>\n
Consagr\u00f3, pues, nuestro ordenamiento procesal civil, en el art\u00edculo 693, \u201cel sistema combinado de reciprocidad diplom\u00e1tica con la legislativa, lo cual se traduce en que prioritariamente debe atenderse a las estipulaciones de los tratados que haya celebrado Colombia con el Estado de cuyos jueces provenga la sentencia que se pretenda ejecutar en nuestro territorio nacional; a falta de derecho convencional se impone, entonces, acoger las normas de la respectiva ley extranjera para darle al fallo la misma fuerza concebida por esa ley a las sentencias proferidas en Colombia por sus jueces\u201d (G.J. CLXXVI, No. 2415, 1984, p\u00e1g. 309), motivo por el cual, en este \u00faltimo caso, le corresponde a la parte interesada probar la existencia de aquella, para que la Corte pueda conceder, de reunirse los dem\u00e1s requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la autorizaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, como el Ministerio de Relaciones Exteriores certific\u00f3 que entre Colombia y los Estados Unidos de Am\u00e9rica no exist\u00eda convenio alguno de esa naturaleza (fl. 43), era necesario que los demandantes demostraran la ley extranjera, que si es escrita, su texto deb\u00eda aducirse al proceso de la manera establecida en el art\u00edculo 188 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a saber: a) En copia aut\u00e9ntica expedida \u201cpor la autoridad competente del respectivo pa\u00eds, autenticada en la forma prevista en el art\u00edculo 259\u201d, esto es, \u201cautenticados por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, y en su defecto por el de una naci\u00f3n amiga\u201d, cuyas firmas, a su turno, deben abonarse por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el primer caso, o por el funcionario competente del pa\u00eds amigo, cuya signatura el c\u00f3nsul colombiano autenticar\u00e1, en el segundo, y b) En copia aut\u00e9ntica expedida por el c\u00f3nsul de ese pa\u00eds en Colombia, cuya firma autenticar\u00e1 el aludido Ministerio. S\u00f3lo cuando se trate de ley extranjera no escrita, el C\u00f3digo autoriza acudir el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen (inc. 2 art. 188 C.P.C.). <\/p>\n
Bajo este entendimiento, es claro que los peticionarios no acreditaron, en la forma se\u00f1alada, cu\u00e1l es la fuerza que otorga el derecho norteamericano – y espec\u00edficamente del Estado de Rhode Island – a las sentencias de los Jueces colombianos, sin que sirva para tal prop\u00f3sito la actuaci\u00f3n adelantada por el C\u00f3nsul General de Colombia en Boston, no solo porque de la decisi\u00f3n de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos no se arrib\u00f3 la respectiva traducci\u00f3n oficial, tal como lo reclama el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (fls. 53 a 67), sino tambi\u00e9n porque de la \u201cRespuesta al exhorto\u201d que el citado funcionario remiti\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente se desprende que \u201csi las dos partes de un matrimonio no estuvieron domiciliados en Colombia al obtener una disoluci\u00f3n de su matrimonio all\u00e1 por decreto de la corte colombiana, tal sentencia de disoluci\u00f3n no recibir\u00e1 recognici\u00f3n en Rhode Island faltando instancia de estoppel\u201d (fl. 52), documento \u00e9ste que, adem\u00e1s de carecer de claridad en la precitada transcripci\u00f3n, no puede ser apreciado por la Sala, toda vez que no est\u00e1 suscrito por aquel. <\/p>\n
Resalta la Corte que los interesados no suministraron ninguna otra prueba que permitiera establecer la reciprocidad legislativa requerida para conceder el exequatur, petici\u00f3n que, por ende, deber\u00e1 negarse. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud de exequatur formulada por Nestor Casta\u00f1o Rend\u00f3n y Betty Ramos de Casta\u00f1o. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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