S-176-2000 [5775]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: Manuel Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil (2000). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5775 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Carmen Dur\u00e1n Manjarr\u00e9s contra la sentencia de 25 de mayo de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en el proceso ordinario que contra ella y personas indeterminadas promovi\u00f3 Yolanda Amaya de Pinedo. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1. Pidi\u00f3se en la demanda respectiva la declaraci\u00f3n de que en favor de la actora ha operado la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio en relaci\u00f3n con el inmueble ubicado en el corregimiento de Gaira, municipio de Santa Marta, en la Calle 9 No. 13-56, alindado y especificado como all\u00ed aparece, y que, en consecuencia, se ordene la inscripci\u00f3n de la sentencia en el folio inmobiliario. <\/p>\n
2. Narra la actora, dentro de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica invocada, que desde el a\u00f1o 1963, cuando precisamente con la anuencia de Catalina Manjarr\u00e9s orden\u00f3 la construcci\u00f3n de dos habitaciones en el lugar, posee el inmueble de manera p\u00fablica, pac\u00edfica y continua, ejecutando actos de construcci\u00f3n como son, am\u00e9n del ya se\u00f1alado, y entre otros, la \u00abampliaci\u00f3n, mejoramiento y reforma de la casa de habitaci\u00f3n, hasta dejarla convertida en la que puede apreciarse actualmente, que es de techos de madera y l\u00e1minas de eternit, paredes de material, pisos de mosaicos y cemento\u00bb. Adem\u00e1s, es ella quien ha explotado econ\u00f3micamente el bien; explotaci\u00f3n que ha consistido \u00absiempre en el uso y goce de la casa de habitaci\u00f3n y del solar o lote sobre la cual est\u00e1 construida, con todas las dem\u00e1s anexidades como un ba\u00f1o construido en el patio con su respectiva alberca, un port\u00f3n de zing (sic) y los \u00e1rboles frutales sembrados en el patio antes aludido\u00bb, todo lo cual es de conocimiento p\u00fablico, teni\u00e9ndosela como due\u00f1a exclusiva y absoluta del predio. <\/p>\n
3. Los demandados, as\u00ed Carmen como los indeterminados representados por curador ad litem, manifestaron en general que, de cara a las pretensiones, aten\u00edanse simplemente al resultado del proceso; cuanto a los hechos, demandaron su prueba. Aquella hizo notar que es la propia actora quien afirma que la construcci\u00f3n de las dos habitaciones las hizo con la \u00abanuencia\u00bb de la se\u00f1ora Catalina, propietaria esta de la casa, de donde se sigue que la presunta usucapiente reconoce dominio ajeno. Y haciendo menci\u00f3n de un contrato de compraventa con la se\u00f1ora Manjarr\u00e9s, acota que no le exigi\u00f3 a \u00e9sta en vida que le hiciera la escritura p\u00fablica, y ahora busca que el Estado le reconozca otra cosa: la prescripci\u00f3n adquisitiva. Indica, adem\u00e1s, que Yolanda, si alg\u00fan derecho tiene, ha debido excluir el bien conforme a lo preceptuado por los art\u00edculos 605 del C. de P. C. y 1388 del C. C.; pero no lo hizo, a pesar estar enterada de ello, porque inclusive trat\u00f3 de oponerse a la diligencia efectuada el 6 de marzo de 1990. <\/p>\n
Fundada en lo anterior, dijo excepcionar as\u00ed: a) \u00abextinsi\u00f3n (sic) de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva\u00bb, pues se trata de una mera tenedora que reconoc\u00eda dominio ajeno; tambi\u00e9n la tild\u00f3 de poseedora irregular; b) carencia de legitimaci\u00f3n en la causa activa. <\/p>\n
Tambi\u00e9n contrademand\u00f3 en reivindicaci\u00f3n, con el objeto de que, tras declar\u00e1rsela due\u00f1a del inmueble, sea condenada la demandada a la restituci\u00f3n correspondiente, y con los frutos, am\u00e9n del costo de las reparaciones del predio, sin que de su parte deba indemnizaci\u00f3n alguna por expensas, toda vez que Yolanda es poseedora de mala fe. <\/p>\n
Adujo a este prop\u00f3sito que el inmueble le fue adjudicado en la mortuoria de Catalina Manjarr\u00e9s Lizcano, cuya protocolizaci\u00f3n ocurri\u00f3 por escritura p\u00fablica 370 de 2 de febrero de 1993, de la notar\u00eda segunda de Santa Marta; que est\u00e1 privada de la posesi\u00f3n porque Yolanda entr\u00f3 a poseerlo irregularmente tal como lo admiti\u00f3 en el primer hecho de su demanda de pertenencia, del que se infiere que \u00abse trata de una tenencia dada por la se\u00f1ora Catalina Manjarr\u00e9s Lizcano\u00bb. Y trae nuevamente a cap\u00edtulo el se\u00f1alamiento de que la mentada usucapi\u00f3n es una farsa, porque aquella ha reconocido dominio ajeno y adem\u00e1s se defendi\u00f3 en una diligencia de secuestro del predio con la exhibici\u00f3n del contrato de compraventa arriba aludido. <\/p>\n
Yolanda se opuso a la pretensi\u00f3n reivindicatoria, apuntalada fundamentalmente en los supuestos que invoca de su parte para la pertenencia. Anota que ya la usucapi\u00f3n hab\u00edala intentado en el a\u00f1o 1987, con tan mala suerte que el Tribunal, al conocer de la consulta de la sentencia estimatoria, declar\u00f3 la nulidad por defectuoso emplazamiento; reparada la actuaci\u00f3n, el Tribunal revoc\u00f3 la sentencia que acog\u00eda las pretensiones, sobre la base de considerar que no se hab\u00edan colmado los requisitos del art\u00edculo 81 del C. de P. C. <\/p>\n
Y excepcion\u00f3 alegando la \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de dominio a que ten\u00eda derecho la se\u00f1ora Carmen Dur\u00e1n\u00bb, como que la posesi\u00f3n suya es anterior al t\u00edtulo y \u00abhay un lapso de tiempo de m\u00e1s de Treinta (30) a\u00f1os entre la posesi\u00f3n de YOLANDA AMAYA (1959), y la adquisici\u00f3n de los T\u00edtulos en favor de la Se\u00f1ora CARMEN DURAN (1993)\u00bb. <\/p>\n
4. La primera instancia fue culminada por el juzgado segundo civil del circuito de Santa Marta mediante sentencia de 29 de noviembre de 1994, en la que, al tiempo que acogi\u00f3 la pertenencia suplicada, deneg\u00f3 la prosperidad tanto de las excepciones como de las pretensiones formuladas por Carmen Dur\u00e1n. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Santa Marta al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por dicha parte. <\/p>\n
5. Como se dijo, contra el fallo del ad quem se ha interpuesto recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Compendiado el litigio, not\u00f3 que la inconformidad del apelante estrib\u00f3 en dos puntos: el hecho de que el bien estuvo embargado por la misma actora, y el de que \u00e9sta convivi\u00f3 en la misma casa con Catalina Manjarr\u00e9s hasta el a\u00f1o 1986. Disp\u00fasose entonces a despacharlos ambos, as\u00ed: <\/p>\n
El embargo no interrumpe la prescripci\u00f3n adquisitiva, extractando al efecto la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n contenida en el fallo de 28 de agosto de 1963. Subsecuentemente -agreg\u00f3-, no porque el mismo poseedor obtenga el embargo del bien debe entenderse que se pierda tal calidad, ni implica \u00abun reconocimiento de un mejor derecho, (…) pues ello lo que presupone es una cautela en los actos de quien cree ser el due\u00f1o de una cosa pero que puede ver en peligro ese derecho, aunque si bien es cierto, a\u00fan no reconocido judicialmente\u00bb. <\/p>\n
Estim\u00f3 conveniente a\u00f1adir, de otra parte, que del hecho de que los testigos se\u00f1alasen que Catalina vendi\u00f3 verbalmente el inmueble a la demandante, no es motivo suficiente para entender que la posesi\u00f3n era suya, habida cuenta que \u00abla venta de bienes ra\u00edces requiere de un t\u00edtulo que conste en instrumento p\u00fablico, pero adem\u00e1s aunado con el resto de circunstancias de modo, disposici\u00f3n, disfrute y tiempo que habr\u00e1n de llevar a la idea de que pudo ser posible, pues, queda establecido esos mismos testigos (sic) que la se\u00f1ora Yolanda Amaya de Pinedo s\u00ed actuaba como ama y se\u00f1ora de dicho bien ra\u00edz, pues era quien pagaba las obras, quien en el vecindario se conoc\u00eda como tal y lo que es m\u00e1s diciente a\u00fan, que dicha apariencia externa no fue desvirtuada\u00bb. <\/p>\n
No se demostr\u00f3 por la demandada que la actora estuviera all\u00ed en el bien como tenedora, \u00abo en el peor de los casos, que correspond\u00eda a la benevolencia de la se\u00f1ora Manjarr\u00e9s\u00bb. Es decir, no aport\u00f3 \u00abprueba en contrario a lo demostrado por la poseedora, por lo que los ‘indicios’ probatorios traidos por la accionante en el sub lite, configuran la \u00fanica verdad establecida y que a la postre fue la causa eficiente para la declaraci\u00f3n de pertenencia que se hizo, a lo cual no es bastante con simplemente formular \u00abpreguntas suspicaces sin el menor sustento probatorio\u00bb. <\/p>\n
Crey\u00f3, sin m\u00e1s, que el fallo apelado merec\u00eda confirmarse. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Aunque dos cargos fueron formulados, tan s\u00f3lo se despachar\u00e1 el segundo, pues ha de recordarse que el primero de ellos no fue admitido por inidoneidad formal (prove\u00eddo de 22 de enero de 1996). <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Invoc\u00e1ndose la primera causal de casaci\u00f3n, se denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 762, 763 y 777 del C\u00f3digo Civil, como efecto de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de los testimonios de Rub\u00e9n Dar\u00edo Cervantes Villoria, Campo El\u00edas Manjarr\u00e9s Jim\u00e9nez, Tarcio Manuel Camacho Saya, Luis Alejandro Pacheco Manjarr\u00e9s y Jorge Enrique Rodr\u00edguez Cuadrado. <\/p>\n
Se duele la recurrente de que a trav\u00e9s de un examen somero de los testimonios hubiese concluido el tribunal que la \u00abapariencia externa\u00bb de due\u00f1a en la actora no fue desvirtuada. Apariencia que es insuficiente para estructurar la posesi\u00f3n, la cual requiere tambi\u00e9n del \u00e1nimo de se\u00f1or, que no aparece por parte alguna. Por el contrario, del expediente fluye que la actora reconoc\u00eda dominio ajeno en la persona de Catalina Manjarr\u00e9s. Los testigos dieron cuenta de la tenencia, mas no del \u00e1nimo de poseedora, o sea que les dio un alcance que no tienen. <\/p>\n
Ellos coinciden m\u00e1s bien en que Yolanda era \u00abhija criada de la propietaria del inmueble\u00bb, y que ambas, hasta la muerte de esta, habitaron el mismo. Y resulta que tan s\u00f3lo cuatro a\u00f1os despu\u00e9s la \u00abhija de crianza promueve demanda de pertenencia sobre el inmueble dejado por su madre\u00bb. <\/p>\n
Tras extractar algunos pasajes de los susodichos testimonios, el casacionista subraya que de ellos no surge el convencimiento de la condici\u00f3n de poseedora de Yolanda; que lo que brota es que habit\u00f3 la casa por ser \u00abla hija de la due\u00f1a del inmueble\u201d; que tal vez proceder\u00eda el fen\u00f3meno posesorio a partir de la muerte de la propietaria, ocurrida en el a\u00f1o 1986. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Ante todo cabe resaltar que la acusaci\u00f3n no muestra inconformidad sino en relaci\u00f3n con el acogimiento de las s\u00faplicas de la demanda principal. Vale decir, el recurrente se duele tan s\u00f3lo de que la sentencia hubiese declarado la usucapi\u00f3n, dejando de lado lo atinente al fracaso de la pretensi\u00f3n reivindicatoria que en reconvenci\u00f3n formulara. A lo primero, pues, se reduce el presente an\u00e1lisis. <\/p>\n
Ya entrando a la censura propiamente dicha, lo primero que es de observar, vistos los t\u00e9rminos en que est\u00e1 concebida, es que el impugnador no tuvo presente c\u00f3mo la circunstancia de que la casaci\u00f3n sea un recurso limitado y dispositivo, exige que la acusaci\u00f3n que contra la sentencia se formule, am\u00e9n de precisa, sea cabal. <\/p>\n
Y peca contra tales principios cuando para combatir la decisi\u00f3n cuestionada da a entender que lo expresado por el tribunal no fue m\u00e1s sino que la demandante Yolanda apenas si ten\u00eda la apariencia de poseedora; pues lo cierto es que esa Corporaci\u00f3n apoy\u00f3 sus conclusiones probatoriamente; dijo, ciertamente, que, seg\u00fan los testimonios recaudados, Yolanda \u00abs\u00ed actuaba como ama y se\u00f1ora de dicho bien ra\u00edz, pues era quien pagaba las obras, quien en el vecindario se conoc\u00eda como tal y lo que es m\u00e1s diciente a\u00fan, que dicha apariencia externa no fue desvirtuada\u00bb. Puntal demostrativo que el ataque no comprende; limit\u00f3se el impugnante a se\u00f1alar, de una manera tan generalizada que repugna la casaci\u00f3n, su discrepancia en el punto, pero sin traer los razonamientos orientados a demostrar que hubo contraevidencia al dar por acreditados hechos que no lo fueron, o que esos mismos hechos carecer\u00edan de virtualidad para configurar la posesi\u00f3n. En una palabra, el recurrente cree que con s\u00f3lo disentir de las conclusiones (mas no de los supuestos probatorios en que se apuntalan) es suficiente para edificar correctamente un cargo en casaci\u00f3n. La precisi\u00f3n y exactitud de la casaci\u00f3n es un principio rector en el recurso extraordinario, signific\u00e1ndose con ello, entre otras cosas, que el campo decisorio de la Corte est\u00e1 limitado por los linderos que trace el impugnador, los que en ning\u00fan caso pueden rebasarse. De ah\u00ed el deber que tiene el censor de comprender un ataque global y cabal, so pena de que lo que no est\u00e9 all\u00ed se entiende admitido y aceptado. <\/p>\n
Ahora, verdad es s\u00ed que el impugnador transcribe algunos pasajes de las declaraciones recogidas a lo largo del proceso; pero, desde\u00f1ando la parte en que los testigos refieren los hechos espec\u00edficos de que se sirvi\u00f3 el juzgador para edificar sus inferencias, toma tan s\u00f3lo los fragmentos atinentes a la situaci\u00f3n en que quiere sustentar sus propias conclusiones. Tales fragmentos, en efecto, tienen un com\u00fan denominador que es mejor definir en sus propias palabras: \u00ablos testigos – dice, coinciden en afirmar que la se\u00f1ora Yolanda Amaya de Pinedo era hija criada de la propietaria del inmueble objeto de la demanda, y que aquella vivi\u00f3 al lado de esta hasta el momento de su muerte en el a\u00f1o 1986\u00bb; es, pues, en esa particular situaci\u00f3n en la que apoya su censura. <\/p>\n
Como puede verse, considera el acusador que la susodicha relaci\u00f3n de convivencia arrasa, sin m\u00e1s, con el criterio del tribunal de que la posesi\u00f3n de la actora se prolong\u00f3 por m\u00e1s de veinte a\u00f1os; con lo que se aleja del contenido de la sentencia y se margina de aquello que para el caso es fundamental, a saber, que la corporaci\u00f3n juzgadora viene afirmando que con la prueba testimonial qued\u00f3 establecida la posesi\u00f3n de Yolanda; y esto, que era lo que deb\u00eda refutar, es, parad\u00f3jicamente, lo que se cuida de rebatir; -lo cual, dicho sea de paso, le habr\u00eda sido menester realizar en forma concreta, vale decir, con la vista puesta en cada una y en todas las declaraciones recogidas-. <\/p>\n
Y es que, efectivamente, fueron o\u00eddos Jaime Pimienta, Campo El\u00edas Manjarr\u00e9s, Tarcido Manuel Camacho, Luis Alfredo Pacheco y Jorge Enrique Rodr\u00edguez, vecinos todos de Yolanda, quienes al un\u00edsono afirman conocerla como due\u00f1a del inmueble hace m\u00e1s de veinticinco a\u00f1os, siendo ella quien construy\u00f3 la edificaci\u00f3n que actualmente existe luego de que un cicl\u00f3n que en 1961 azot\u00f3 la zona derrumbara la edificaci\u00f3n de bahareque que a la saz\u00f3n all\u00ed hab\u00eda; alguno de ellos – Manuel Camacho- asegura que \u00abCatalina\u00bb (Manjarr\u00e9s), quien cri\u00f3 a Yolanda, le obsequi\u00f3 el predio; otro – Jorge Enrique Rodr\u00edguez-, confirma lo del obsequio, agregando que ello aconteci\u00f3 con motivo del matrimonio de Yolanda. <\/p>\n
Tal fue, pues, a muy grandes rasgos, el material con que cont\u00f3 el sentenciador para declarar la usucapi\u00f3n; material sobre cuyo contenido no disput\u00f3 en casaci\u00f3n el interesado, ya que al respecto se content\u00f3 con lanzar la afirmaci\u00f3n de que \u00abde las declaraciones de los testigos se desprende… que la actora nunca vivi\u00f3 el inmueble en calidad de poseedora sino como hija de la propietaria (…)\u00bb, lo cual equivale a no haber formulado ataque alguno. De suerte que, si, como en este caso, el censor circunscribi\u00f3 su labor a cuestionar la conclusi\u00f3n probatoria, mas no los supuestos f\u00e1cticos que al tribunal le sirvieron para concluir del modo en que lo hizo, significa que respecto de \u00e9stos hechos, por estar fuera del ataque, no existe disentimiento por parte del casacionista. Mal puede entonces esperar \u00e9ste que una sentencia se arruine en semejantes condiciones. <\/p>\n
El cargo no prospera. <\/p>\n
IV. Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de 25 de mayo de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en el ordinario de Yolanda Amaya de Pinedo contra Carmen Dur\u00e1n Manjarr\u00e9s y demandados indeterminada, materia de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Ante lo frustr\u00e1neo que result\u00f3 el recurso, cond\u00e9nase en costas del mismo a la parte impugnante. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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