S-195-2000 [5513]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Bogot\u00e1 Distrito Capital, veinticinco (25) de octubre de dos mil (2000) <\/p>\n
Ref.: Expediente 5513 <\/p>\n
Despacha la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de diciembre de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario adelantado por RAFAEL Y CLARA ISABEL ROJAS BRAVO frente a las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -\u00abEMCALI\u00bb-. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S <\/p>\n
1. D\u00edjose en la demanda que como la entidad demandada comunic\u00f3 en junio de 1970 a los demandantes que dentro de las obras de alcantarillado de la ciudad de Cali se encontraba proyectada la construcci\u00f3n \u00abdel canal interceptor N\u00e1poles\u00bb, destinado a recoger parte del escurrimiento de las aguas de los cerros del sur de la ciudad y los excesos del r\u00edo Ca\u00f1averalejo, obra que habr\u00eda de ocupar parcialmente los terrenos de propiedad de los demandados, las partes levantaron, el 10 de octubre de 1973, un \u00abACTA DE COMPROMISO PARA OCUPAR ZONAS DESTINADAS AL CANAL NAPOLES Y PROMESA DE COMPRA DE LAS MISMAS POR PARTE DE EMCALI\u00bb, en la cual estipularon, en s\u00edntesis, que los propietarios autorizaban a la mencionada entidad para que ocupara materialmente una zona de aproximadamente 7.000 M2 (12 metros de ancho por 608 de largo) del predio de la familia ROJAS BRAVO, con miras a que se desarrollara el proyecto urban\u00edstico referido. <\/p>\n
Acordaron, igualmente, el procedimiento a seguir para efectos de la compra de la aludida franja de terreno, procedimiento que, b\u00e1sicamente, consist\u00eda en que cada una de ellas, dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la fecha en que el Gerente General de EMCALI aprobara el convenio, designar\u00eda un perito que la avaluara, peritaje que deber\u00eda entregarse dentro de los 30 d\u00edas subsiguientes. En caso de que estos no se pusieran de acuerdo, la C\u00e1mara de Comercio designar\u00eda un tercer perito. En firme el dictamen, y transcurridos 180 d\u00edas despu\u00e9s de que el Gerente de \u00abEMCALI\u00bb aprobara este convenio, asum\u00eda la obligaci\u00f3n de suscribir la escritura p\u00fablica pertinente. <\/p>\n
Pactaron, as\u00ed mismo, una indemnizaci\u00f3n del 2% mensual sobre el valor del terreno en el supuesto de que la entidad demandada no cumpliera su compromiso de comprar el predio. Y si transitoriamente deb\u00eda ocupar otras zonas del mismo, pagar\u00eda por ello una indemnizaci\u00f3n del 1% del valor de la tierra ocupada durante el tiempo que durara la ocupaci\u00f3n. Los propietarios se comprometieron, a su vez, a autorizar a la empresa demandada para que ocupara materialmente la zona, permiso que fue concedido el 18 de octubre de 1973. Mediante la resoluci\u00f3n No.GG 4485 del 19 de octubre de ese mismo a\u00f1o, el Gerente de las empresas municipales aprob\u00f3 el convenio. <\/p>\n
Agregan los demandantes que ellos actuaron de buena fe hasta el punto de permitir que la empresa demandada redactara el \u00abacta de compromiso para ocupar la zona de terreno y la promesa de compraventa para la construcci\u00f3n de la obra\u00bb. De igual modo, s\u00f3lo el 24 de junio de 1976 recibieron la minuta de compraventa, propuesta que \u00fanicamente objetaron en lo concerniente al valor del metro cuadrado de terreno, puesto que estimaron que la suma de $50,oo estaba \u00abmuy por debajo del valor comercial\u00bb del predio. <\/p>\n
2. Apoyados en esos supuestos de naturaleza f\u00e1ctica, y toda vez que la promesa de venta, en su entendimiento, no reun\u00eda los requisitos exigidos por la ley para su validez, pretendieron los actores, de manera principal, que se declarara su nulidad absoluta y, subsecuentemente que, como era imposible que se les restituyera el inmueble ocupado debido a las obras p\u00fablicas en \u00e9l efectuadas, solicitaron la indemnizaci\u00f3n por el da\u00f1o emergente -consistente en el valor del inmueble ocupado a la fecha de la sentencia-, y el lucro cesante, es decir, los rendimientos dejados de obtener del mismo. \u00abComo no es f\u00e1cil determinar el valor que el bien ten\u00eda al momento de ser lesionado y el que pueda tener el d\u00eda que Usted decrete la indemnizaci\u00f3n, nuestra jurisprudencia se orienta en el sentido de fijar la desvalorizaci\u00f3n de la moneda en un 18% anual. Se presume, entonces, que los derechos lesionados deben tener un 18% m\u00e1s del valor por a\u00f1o en el momento del fallo en relaci\u00f3n con su valor cuando se caus\u00f3 el da\u00f1o\u00bb. Deprecaron, as\u00ed mismo, la indemnizaci\u00f3n originada en haber sacado del comercio el inmueble; ofrecieron a cambio efectuar, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la tradici\u00f3n \u00abcorrespondiente\u00bb, para lo cual \u00abdeber\u00e1 fijar fecha, hora y notar\u00eda en que se suscriba dicho instrumento p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente pidieron, por no existir causa u objeto il\u00edcitos, que se diera por saneada la nulidad y ordenar que las partes se ratifiquen en el negocio, debiendo la demandada pagar el precio actual del inmueble y el lucro cesante del mismo. <\/p>\n
3. Dada la demanda en traslado a la entidad encausada, se opuso \u00e9sta a las pretensiones que se le enfrentaron, acept\u00f3 algunos de los hechos que la sustentan, neg\u00f3 otros y dijo atenerse a lo probado en el proceso con relaci\u00f3n a los dem\u00e1s, am\u00e9n de proponer las excepciones que denomin\u00f3 \u00abDisponibilidad de EMCALI para realizar la negociaci\u00f3n que no se pudo llevar a cabo por el incumplimiento del acreedor\u00bb, \u00abInexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb y la \u00abinnominada\u00bb, las cuales apuntal\u00f3, b\u00e1sicamente, en que, no obstante su persistencia en la negociaci\u00f3n, la dilaci\u00f3n de la misma solo puede ser atribuida a la negligencia de los demandantes. Propuso, igualmente, la excepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n, la cual fue desestimada por el a-quo. <\/p>\n
4. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali, al cual le correspondi\u00f3 diligenciar la demanda, puso fin a la primera instancia mediante sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones, en cuanto decret\u00f3 la nulidad de la promesa de compraventa y conden\u00f3 a la empresa demandada a pagar a los demandantes la suma de $38.039.466, junto con los intereses legales del 6% anual, y a estos, a su vez, a otorgar escritura p\u00fablica de compraventa en favor de las Empresas Municipales de Cali -\u00abEMCALI\u00bb. <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a la cual le incumbi\u00f3 desatar el recurso de alzada propuesto por ambas partes, confirm\u00f3 la sentencia impugnada, mas modific\u00f3 las condenas a cargo de EMCALI, as\u00ed: \u00ab$226.564.680,oo valor actualizado del predio ocupado por la demandada en raz\u00f3n de la promesa declarada nula y $4.674.744,20 por concepto de intereses del valor del predio a partir de octubre 11 de 1973 a noviembre 30 de 1994\u00bb. <\/p>\n
LAS RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de destacar los aspectos relevantes del litigio, y de retomar con detenimiento el an\u00e1lisis de la cuesti\u00f3n concerniente a la jurisdicci\u00f3n para conocer del asunto, punto en el cual concluye que tiene atribuci\u00f3n legal para decidirlo en segunda instancia, transcribe el Tribunal los apartes pertinentes del documento del 10 de octubre de 1973 por medio del cual autorizaron los se\u00f1ores ROJAS BRAVO la ocupaci\u00f3n parcial de su finca para efectos de la ejecuci\u00f3n de la obra proyectada por la entidad demandada, advirtiendo que el gerente general de \u00e9sta acept\u00f3 tal convenio mediante la resoluci\u00f3n No.GG-4485 del 19 de octubre de 1973 (Folio 6 del cuaderno 1). Pone de presente, igualmente que, mediante documento del 13 de octubre de ese mismo a\u00f1o, los demandantes autorizaron la ocupaci\u00f3n parcial de su predio. <\/p>\n
Advierte, entonces, el Tribunal, que \u00abla aludida convenci\u00f3n es una promesa de compraventa\u00bb, para cuya validez debe reunir los requisitos previstos por el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, y cuya ausencia conduce a su nulidad absoluta. <\/p>\n
Tratando de demostrar las deficiencias formales del mencionado acuerdo, manifiesta el fallador que los inmuebles deben especificarse por los linderos que los distingan de cualquier otro; adem\u00e1s, deben los contratantes, en el caso de ser vecinos de una localidad en donde existan varias Notar\u00edas, se\u00f1alar en cu\u00e1l de ellas se otorgar\u00e1 el instrumento de venta. La falta de tal estipulaci\u00f3n genera la nulidad absoluta de la promesa, sanci\u00f3n que debe aplicarse a la promesa sometida a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
El efecto retroactivo de la declaraci\u00f3n de nulidad, prosigue, no se aplica: a) Cuando proviene de objeto o causa il\u00edcitos, pues el art\u00edculo 1525 ibidem, proh\u00edbe repetir lo que se haya pagado a sabiendas de la ilicitud; b) Cuando se declara nulo el contrato celebrado con un incapaz, omiti\u00e9ndose los requisitos que la ley exige, salvo cuando se probare que el incapaz se ha hecho m\u00e1s rico. Y, c) Por razones de inter\u00e9s p\u00fablico, aserto este que respalda citando una sentencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En el asunto sub-judice, a\u00f1ade el fallador, como es imposible la devoluci\u00f3n del predio debido a las obras de inter\u00e9s general en \u00e9l construidas, la restituci\u00f3n a los demandantes se har\u00e1 por su equivalente en dinero, al paso que estos deber\u00e1n otorgar a EMCALI la respectiva escritura en el d\u00e9cimo d\u00eda siguiente a la ejecutoria de la sentencia, en la Notar\u00eda 1a. de Cali a la hora de las 10 A.M. <\/p>\n
Pasando a otro punto del litigio, advierte que los peritos LUZ AMPARO ZAPATA y FABIO GARCIA, en asocio del top\u00f3grafo BLIHOOVER QUIJANO, realizaron el levantamiento del plano del \u00e1rea ocupada por la demandada, y que su medici\u00f3n arroj\u00f3 para el pol\u00edgono A’-B’-C’-D’, 1.445 mts2 , y para el pol\u00edgono A-B-C-D un \u00e1rea de 6.303,85 mts.2, para un total de 8.164 mts.2. Al primer pol\u00edgono le asignaron un valor de $174.909.600,oo, y al segundo, en un primer sector de 520,98 Mts2, uno de $579.954.200,oo y en el otro sector de 414,08 mts2, un precio de 24.909.800,oo, para un total de $779.768.600,oo. <\/p>\n
Transcribe, enseguida, el Tribunal, los apartes pertinentes de la peritaci\u00f3n en los cuales los auxiliares de la justicia despejaron las inquietudes de la entidad demandada en lo relacionado con el precio que el inmueble ten\u00eda en 1975, aspecto en el cual, seg\u00fan esta, deb\u00edan tener presente que el inmueble no pod\u00eda ser urbanizado porque para esa \u00e9poca ya se hab\u00eda aprobado el plan vial de la ciudad que se\u00f1alaba que en dicha \u00e1rea se construir\u00eda la avenida N\u00e1poles. En ese orden de ideas, estimaron los peritos que el precio promedio del metro cuadrado era de $550,oo suma que, actualizada, arrojar\u00eda un valor total de $200.354.363,oo. <\/p>\n
Esa experticia, a\u00f1ade el juzgador, fue objetada por EMCALI por cuanto en ella se tuvo en consideraci\u00f3n un \u00e1rea de 8.164 mts.2, cuando lo cierto es que solo tiene una extensi\u00f3n de 6.287 mts., discrepancia que aparece, entre otras razones, porque no descontaron la zona de protecci\u00f3n del r\u00edo Mel\u00e9ndez que es considerada reserva nacional; adem\u00e1s, porque no tuvieron en cuenta los peritos que de acuerdo con la certificaci\u00f3n de la Oficina de Catastro de Cali, el aval\u00fao catastral del metro cuadrado del inmueble en 1975 era de $54,oo, no de $150,oo como aquellos lo afirman, y su precio comercial de $120,oo, no el de $550,oo que ellos le atribuyeron. <\/p>\n
Practicado un segundo dictamen, los nuevos peritos coinciden con sus antecesores en lo concerniente al \u00e1rea de la zona ocupada, esto es, 8.164 mts.2, extensi\u00f3n que, a petici\u00f3n de la demandada, disminuyen por exclusi\u00f3n del \u00e1rea de protecci\u00f3n del r\u00edo Mel\u00e9ndez a 7.999 Mts. Le asignan a cada metro cuadrado un precio que oscila entre $110.000 y $120.000 en el sector de la avenida Pasoancho, y entre $60.000 y $70.000 sobre la desembocadura del canal al r\u00edo. <\/p>\n
Para resolver la objeci\u00f3n al peritaje por error grave, afirma el Tribunal que si los peritos identificaron los dos pol\u00edgonos como \u00e1rea ocupada por EMCALI en la construcci\u00f3n del canal N\u00e1poles, se limitaron \u00fanica y exclusivamente a evacuar la prueba en la forma como les fue pedida, raz\u00f3n por la cual no cometieron el yerro que se les imputa. \u00abCuesti\u00f3n diferente es si el \u00e1rea de 1.445,80 mts2 del pol\u00edgono A’-B’-C’-D’ forma parte del lote de terreno que EMCALI debe restituir a los promitentes vendedores por la nulidad absoluta de la promesa de compraventa…\u00bb. En dicho contrato, a\u00f1ade, los propietarios autorizaron la ocupaci\u00f3n de una superficie aproximada de 7.000 mts2, motivo por el cual, lo que la demandada debe restituir es el predio que entreg\u00f3, esto es, el pol\u00edgono A-B-C-D, con una extensi\u00f3n de 6.718,93 mts2, \u00e1rea a la cual debe rest\u00e1rsele 165 mts2 de protecci\u00f3n a orillas del r\u00edo, tal como lo afirmaron los peritos, para un total de 6.554 mts2. <\/p>\n
Los peritos fijaron el valor comercial del metro cuadrado para marzo de 1993 en $92.000,oo para los primeros 6.303.85 mts., y en $60.000,oo para los dem\u00e1s. Pero, para el a\u00f1o de 1975 se\u00f1alaron un valor de $550,oo. \u00abEstima la Sala que el precio del predio a restituir no es el actual comercial, pues ello implica que los demandantes se beneficien con la valorizaci\u00f3n que la obra ejecutada report\u00f3 para el sector donde se halla ubicada su propiedad, hagan suya la devaluaci\u00f3n de la moneda, se beneficien exclusivamente con el desarrollo de esa zona de la ciudad en los \u00faltimos a\u00f1os debido a la construcci\u00f3n de nuevas v\u00edas, la instalaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, etc…. <\/p>\n
\u00bb Por equidad, por justicia, para evitar un enriquecimiento indebido, dicho precio debe ser el comercial fijado por los peritos para 1975 tra\u00eddo a un valor presente de acuerdo a la variaci\u00f3n acumulada del \u00edndice de precios al consumidor correspondiente a los a\u00f1os 1975 a 1994 dada oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE).\u00bb <\/p>\n
Procede, entonces, el ad-quem, a \u00abefectuar la condena en concreto\u00bb, para lo cual asienta que si el valor del metro cuadrado, de conformidad con el peritaje era de $550,oo en 1975, el valor de todo el terreno ocupado, para esa misma \u00e9poca, era de $3.695.450,oo, \u00ab…suma que debe ser tra\u00edda a un valor presente de acuerdo con el \u00edndice de precios al consumidor certificado por el DANE entre agosto de 1975 y noviembre de 1994, valores que son respectivamente de 6.40 y 392.38%. Por tanto, al aplicar la f\u00f3rmula de que el valor presente es igual al valor hist\u00f3rico multiplicado por el \u00edndice de precios por el \u00faltimo mes y dividido por el \u00edndice de precios inicial, resulta un valor por metro cuadrado de $33.720,oo (550 x 392.38 dividido por 6.40)…\u00bb, suma que, multiplicada por el \u00e1rea a restituir, arroja un total de $226.564.680. <\/p>\n
Los intereses legales del valor del predio en 1975, es decir, $3.695.550, por 21 a\u00f1os y un mes, al 6% anual dan un resultado de $4.674.744,20. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Se formulan en ella cuatro cargos contra la sentencia recurrida, los cuales ser\u00e1n despachados en el orden en el que han sido propuestos, exceptuando el cuarto que ser\u00e1 examinado antes que el tercero por abordarse en \u00e9l la cuesti\u00f3n desde el punto de vista f\u00e1ctico y en este desde el jur\u00eddico. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con base en la causal segunda de casaci\u00f3n, ac\u00fasase la sentencia recurrida por no estar en consonancia con las pretensiones y hechos de la demanda, y con lo que \u00abex officio\u00bb debi\u00f3 resolver el fallador. <\/p>\n
Dice el recurrente, que la sentencia atacada \u00abes inconsonante por m\u00ednima petita, por un doble aspecto: 1) Por aceptar el otorgamiento de la escritura p\u00fablica de transferencia del predio, que hab\u00edan ofrecido los demandantes, pero disponer, incongruentemente, que su pago se har\u00eda con base en el precio del metro cuadrado de terreno para la \u00e9poca de la promesa anulada, con correcci\u00f3n monetaria; y, 2) Por omitir la condena al lucro cesante (frutos) indemnizable a los demandantes por la demandada, como prestaci\u00f3n mutua por el usufructo del terreno desde la \u00e9poca de la promesa, hasta la actualidad\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la primera de tales acusaciones, advierte el recurrente que existe la inconsonancia alegada porque, de un lado, la suscripci\u00f3n de la escritura de transferencia del inmueble en favor de la empresa demandada a la que se conden\u00f3 a la parte demandante, solo tiene su g\u00e9nesis en el ofrecimiento que esta hizo en la demanda como un todo y, de otro lado, que ese ofrecimiento aparejaba el pago actual, esto es, para la \u00e9poca de la sentencia, del precio del terreno en litigio, lo que es coherente. Si los demandantes ofrecieron su venta, es lo l\u00f3gico que reciban su precio actual. <\/p>\n
Y en lo que a la segunda incongruencia respecta, afirma el recurrente que el ad-quem omiti\u00f3 se\u00f1alar, dentro de las restituciones mutuas pertinentes, lo que la demandada adeuda a los demandantes por el usufructo del terreno ocupado o lucro cesante (frutos, intereses y correcci\u00f3n monetaria), prestaci\u00f3n mutua que, adem\u00e1s de haber sido pedida en la demanda, debe hacerse ex officio, aserto que pretende respaldar citando una jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, aun cuando dice discrepar de alguna de las condenas que en la ulterior sentencia sustitutiva se hicieron. <\/p>\n
Solicita que, como consecuencia de la prosperidad del cargo, se case la sentencia recurrida y, previo dictamen pericial, se condene a la demandada a pagar el precio comercial actual del terreno, descontando las condenas de segunda instancia, \u00ab…sin que sea menester invalidar el otorgamiento de la escritura p\u00fablica de transferencia de dominio del predio, pues basta con actualizar el precio y la renta, en la forma pedida…\u00bb <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil exige de la sentencia judicial una rigurosa adecuaci\u00f3n al objeto y a la causa que individualizan la pretensi\u00f3n y, en su caso, a la oposici\u00f3n que contra ella hubiere podido plantearse. Significa lo anterior, entonces, que el juzgador debe resolver todas las cuestiones esenciales que hayan sido materia de litigio observando, para tal efecto estricta consonancia con las peticiones del actor y la oposici\u00f3n del demandado. Se reputar\u00e1n, pues, como incongruentes aquellas providencias en las que el sentenciador se abstenga de pronunciarse en cualquier sentido, en torno a los temas litigiosos eficazmente expuestos por las partes, o en las que no se circunscriba a los extremos que \u00e9stas le se\u00f1alan, o, en fin, en las que provea sobre ellos pero sin respetar sus l\u00edmites cualitativos o cuantitativos. <\/p>\n
Como natural consecuencia de lo dicho, debe a\u00f1adirse que la causal segunda de casaci\u00f3n tiene por finalidad la correcci\u00f3n de aquellos vicios de actividad en que incurra el Tribunal cuando se pronuncie sobre asuntos ajenos a la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, o cuando no se adecue a plenitud con las pretensiones oportunamente formuladas por las partes, ora porque deje peticiones del actor o de la defensa sin resolver, o ya porque omita pronunciarse obre las excepciones que de oficio deba decidir, o porque conceda m\u00e1s de lo que pretendieron, o, finalmente, cuando no acomode su decisi\u00f3n a los supuestos f\u00e1cticos esbozados en la demanda. De ah\u00ed que la demostraci\u00f3n de la aludida discrepancia ha de hacerse confrontando \u00aben un estricto juicio de realidad\u00bb los extremos del litigio con la decisi\u00f3n adoptada por el juzgador, con miras a que, de ser pr\u00f3spero el ataque, la Corte, en sede de instancia, seg\u00fan las circunstancias del caso, complete el fallo deficiente, reduzca el excesivo o, en el evento de desenfoque, conforme la resoluci\u00f3n al proceso, cuestiones estas a las cuales queda limitada su actividad. <\/p>\n
Ahora bien, si como resultado del referido cotejo se pone de presente que el tribunal resolvi\u00f3 todos los planteamientos de las partes, cualquiera que fuese el concepto que merezcan sus conclusiones, se hace inane el ataque basado en la causal que se comenta, quedando forzado, entonces, el litigante, a trazar su acusaci\u00f3n por la causal primera, la cual est\u00e1 puesta a su servicio, cabalmente, para permitirle demostrar los yerros de juicio en que hubiese incurrido el fallador. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la prosperidad del recurso por la causal segunda de casaci\u00f3n, cuando de sentencia citra petita se trate, queda supeditada a que, en efecto, el ad-quem, por descuido o inadvertencia, hubiese dejado de decidir sobre una cuesti\u00f3n substancial del litigio, desde luego que no es deficiente un fallo cuando en \u00e9l se afirma expresamente que una determinada cuesti\u00f3n litigada no puede ser objeto de resoluci\u00f3n favorable, ello por cuanto que si el juzgador, por las motivos que expresamente se\u00f1ale en su sentencia, y sea cual fuere el criterio que aduzca -se insiste-, se abstiene de conceder lo pedido, lo que en verdad acontece es que, en lugar de insuficiencia alguna que determine la procedibilidad del recurso por esta v\u00eda, existe una real decisi\u00f3n que podr\u00eda tenerse como adversa a la respectiva pretensi\u00f3n. En ese orden de ideas quien estime que tal determinaci\u00f3n es err\u00f3nea, deber\u00e1, ineludiblemente, ubicarse dentro del \u00e1mbito reservado por la ley para la casaci\u00f3n por yerros de juzgamiento, vale decir la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Todo lo anterior se trae a cuento porque en el asunto que se somete ahora a la consideraci\u00f3n de la Corte, afirma el recurrente que la sentencia impugnada es incongruente con las peticiones de la demanda en cuanto que esa providencia acept\u00f3 el ofrecimiento que hicieron los demandantes de otorgar escritura p\u00fablica \u00abpara efectuar la tradici\u00f3n\u00bb del inmueble cuya restituci\u00f3n material se hab\u00eda hecho imposible, sin advertir que a falta de un contrato eficaz que as\u00ed lo dispusiera, ni mandato legal que lo ordene, tal ofrecimiento, que \u00abno pod\u00eda aceptarse solo en parte, sino como un todo\u00bb aparejaba su \u00abpago actual\u00bb. En cambio, el Tribunal, de manera inconsonante \u2013dice-, tom\u00f3 como base el precio que ten\u00eda para la \u00e9poca de la promesa con correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
Sin embargo, el ad quem, refiri\u00e9ndose al punto, estim\u00f3 que \u00ab…el precio del predio a restituir no es el actual comercial, pues ello implica que los demandantes se beneficien con la valorizaci\u00f3n que la obra ejecutada report\u00f3 para el sector donde se halla ubicada su propiedad, hagan suya la devaluaci\u00f3n de la moneda, se beneficien exclusivamente con el desarrollo de esa zona de la ciudad en los \u00faltimos a\u00f1os debido a la construcci\u00f3n de nuevas v\u00edas, la instalaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, etc.\u00bb Y, enseguida, agrega: \u00abPor equidad, por justicia, para evitar un enriquecimiento indebido dicho precio debe ser el comercial fijado por los peritos para 1975 tra\u00eddo a un valor presente de acuerdo a la variaci\u00f3n acumulada del \u00edndice de precios al consumidor correspondiente a los a\u00f1os de 1975 a 1994 dada oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE)…\u00bb. <\/p>\n
Se pone de relieve, entonces, que el ad-quem s\u00ed repar\u00f3 en que los demandantes hab\u00edan deprecado el pago del valor actual del inmueble, solo que por las razones que con claridad expuso, deneg\u00f3 tal petici\u00f3n, para acoger, en cambio, la que alud\u00eda al pago del valor que el inmueble tuvo en la \u00e9poca de la ocupaci\u00f3n, junto con su correcci\u00f3n monetaria. As\u00ed las cosas, mal puede decirse que su providencia es inconsonante con lo pedido por los demandantes. <\/p>\n
Pero es m\u00e1s, de la manera confusa como se propusieron las pretensiones del proceso, puede inferirse que los demandantes deprecaron alternativamente el pago del precio actual del inmueble, o, en su lugar, aquel que tuvo el predio en la \u00e9poca de la ocupaci\u00f3n, pero corregido monetariamente. <\/p>\n
En efecto, advierte la Sala que en el libelo genitor del proceso, los demandantes, no obstante que el efecto obvio de la nulidad de la promesa de compraventa suscrita por las partes es el de restituir las cosas a su estado inicial, entendieron que la restituci\u00f3n de la franja de terreno que hab\u00eda entregado a la entidad demandada se hab\u00eda hecho imposible \u00ab…por cuanto EMCALI construy\u00f3 en ellos parte del Canal interceptor N\u00e1poles que se proyect\u00f3 para recoger parte del escurrimiento de las aguas de los cerros al sur de la ciudad, y los excesos del R\u00edo Ca\u00f1averalejo…\u00bb, imposibilidad de tal prestaci\u00f3n que los condujo a solicitar, \u00ab…las siguientes indemnizaciones:…a) POR DA\u00d1O EMERGENTE: Es decir, lo que cuesta en s\u00ed el bien, el valor que corresponde a la fecha de la sentencia previo aval\u00fao de los peritos nombrados por su despacho de la lista de auxiliares de la justicia…b) POR LUCRO CESANTE, esto es, los rendimientos del bien y es bien sabido en nuestro derecho que el lucro cesante se traduce en los intereses legales, que hoy alcanzan el 18% anual. <\/p>\n
\u00abComo no es f\u00e1cil determinar el valor que el bien ten\u00eda al momento de ser lesionado y el que pueda tener el d\u00eda que Usted decrete la indemnizaci\u00f3n, nuestra jurisprudencia se orienta en el sentido de fijar la desvalorizaci\u00f3n de la moneda en un 18% anual. Se presume entonces que los derechos lesionados deben tener un 18% m\u00e1s del valor por a\u00f1o en el momento del fallo en relaci\u00f3n con su valor cuando se caus\u00f3 el da\u00f1o\u00bb (Se Subraya). <\/p>\n
Es, pues, evidente que los demandantes pretendieron de manera alternativa el pago del precio actual del inmueble, o, en su lugar, el que ten\u00eda en la \u00e9poca de la ocupaci\u00f3n corregido monetariamente, petici\u00f3n esta \u00faltima que el Tribunal acept\u00f3, y en cuanto tal, no puede acusarse de incongruente su fallo. <\/p>\n
3. Del mismo modo, se duele el censor de que el Tribunal se abstuvo de se\u00f1alar, dentro de las restituciones mutuas pertinentes, lo que la demandada sale a deber a los demandantes por el \u00abusufructo\u00bb del terreno ocupado o lucro cesante (frutos, intereses y correcci\u00f3n monetaria), prestaci\u00f3n mutua que, en su entender, adem\u00e1s de haber sido pedida en la demanda, debi\u00f3 hacerse ex officio. <\/p>\n
Sin embargo, la ligereza de tal acusaci\u00f3n se pone de manifiesto con la simple lectura del fallo cuestionado, toda vez que el sentenciador, adem\u00e1s de condenar a la demandada a pagar la suma de $226.564.680,oo \u00abvalor actualizado del predio ocupado\u00bb, esto es, corregido monetariamente, la conden\u00f3 a pagar la cantidad de $4.674.744,20 \u00abpor concepto de intereses del valor del predio a partir de octubre 11 de 1973 a noviembre 30 de 1994\u00bb. <\/p>\n
Es decir, como la prestaci\u00f3n de restituir el inmueble, por haberse tornado imposible, fue sustituida por la de pagar su precio en dinero, se orden\u00f3 a la demandada que sobre el mismo pagara intereses del 6% anual, r\u00e9ditos estos que, por mandato del art\u00edculo 717 del C\u00f3digo Civil, constituyen los frutos del dinero. <\/p>\n
Mas, si se pudiera admitir, que no se puede, que el Tribunal se abstuvo de condenar a la demandada al pago de los frutos que el recurrente echa de menos, es lo cierto que en su sentencia confirm\u00f3 los numerales 1\u00b0, 2\u00b0, 4\u00b0, 5\u00b0 y 6\u00b0 de la decisi\u00f3n apelada, lo que significa que prohij\u00f3 la absoluci\u00f3n del a-quo, en cuanto dispuso este en el numeral cuarto de su fallo que \u00ab…No hay lugar a reconocer las otras resticiones (sic.), por lo aqu\u00ed expuesto…\u00bb, y comoquiera que a los fines propios del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 368 del C. de P.C., no importa establecer c\u00f3mo haya sido decidido el asunto, sino que se resuelva, f\u00e1cilmente se concluye que el recurrente pas\u00f3 por alto tal principio, lo que lleva al fracaso su acusaci\u00f3n. <\/p>\n
El cargo, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO: <\/p>\n
Apoyado, ahora, en la causal tercera de casaci\u00f3n, acusa el recurrente la sentencia impugnada por \u00abexistir contradicciones en la parte resolutiva de la sentencia\u00bb, contradicciones que hace consistir en que el Tribunal, tom\u00f3 como base para la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb debida a los demandantes el precio comercial del predio en litigio para la \u00e9poca de la promesa anulada, con indexaci\u00f3n monetaria hasta la actualidad, pero, contradictoriamente, orden\u00f3 que otorgaran escritura p\u00fablica de transferencia del inmueble, \u00abno con base en esa promesa de compraventa anulada por ser ineficaz, sino con base en la orden actual de otorgar esa escritura p\u00fablica, para la \u00e9poca de la sentencia y no de la promesa anulada\u00bb. Es decir, que la escritura p\u00fablica se deb\u00eda otorgar por mandato judicial por motivos de inter\u00e9s general, no en cumplimiento de la promesa anulada, pero, contradictoriamente, \u00abla indemnizaci\u00f3n\u00bb que deb\u00eda pagar la demandada a los demandantes no la tas\u00f3 con base, tambi\u00e9n, en el precio actual del inmueble, sino con el de otrora. <\/p>\n
Como la suscripci\u00f3n de la escritura tiene su g\u00e9nesis estrictamente en la sentencia, desde luego que no existe un antecedente contractual entre las partes, \u00abla indemnizaci\u00f3n\u00bb que debe la demandada a los demandantes por ese mismo predio como consecuencia de la orden de escriturarlo, debe tener su origen tambi\u00e9n en la sentencia y por su precio actual, no el que ten\u00eda en \u00e9poca anterior, adem\u00e1s que debe disponerse que se pague el usufructo del terreno. <\/p>\n
<\/p>\n
En s\u00edntesis, dice el censor, en el asunto sub-judice se presentan estas dos situaciones principales y cronol\u00f3gicas: 1.- Por raz\u00f3n de las restituciones mutuas a que da lugar la anulaci\u00f3n del contrato, la demandada debe pagar a los demandantes el usufructo del predio durante todo el tiempo que lo tuvo en su poder, y como no pag\u00f3 precio alguno, nada debe restitu\u00edrsele. 2.- Como sobre el inmueble se construy\u00f3 una obra de inter\u00e9s general que impide su restituci\u00f3n, EMCALI debe pagar su precio actual y los propietarios otorgar la escritura p\u00fablica de transferencia de dominio. <\/p>\n
De prosperar el recurso, pide el recurrente que se case parcialmente la sentencia recurrida y, previo dictamen pericial, se condene a la demandada a pagar el precio comercial actual del terreno, descontando las condenas de segunda instancia, sin que sea necesario invalidar el otorgamiento de la escritura p\u00fablica de transferencia de dominio del predio, pues basta con actualizar el precio y la renta, en la forma pedida. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1. La sentencia, en cuanto proposici\u00f3n normativa individual, es decir, como resultado de aquella operaci\u00f3n intelectiva por medio del cual el juzgador subsume dentro de una norma general un determinado supuesto f\u00e1ctico para atribuirle las consecuencias que la misma contempla, debe someterse a las reglas de la l\u00f3gica, entre ellas, la que ata\u00f1e al \u00abprincipio de contradicci\u00f3n\u00bb en virtud del cual se afirma que no pueden ser v\u00e1lidas dos enunciaciones contradictorias entre s\u00ed, esto es, que la pretensi\u00f3n de verdad que incumbe a cada juicio queda anulada mientras no desaparezca el antag\u00f3nico que resulte falso. <\/p>\n
Mas, para que pueda decirse que existen enunciados normativos antin\u00f3micos o incompatibles, ha de establecerse primordialmente que estos se encuentran en un mismo \u00e1mbito de validez material, personal, temporal y espacial, esto es, en cuanto al contenido del mandato, los sujetos, el tiempo y el lugar de la acci\u00f3n. Establecida as\u00ed la contradicci\u00f3n de las proposiciones, y con miras de hacer efectivo el enunciado de la que ontol\u00f3gicamente sea v\u00e1lida, es menester retirar la incorrecta finalidad que cumple en materia de las sentencias civiles, la causal de casaci\u00f3n consagrada por el numeral 3o. del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En consecuencia, para los efectos propios del recurso de casaci\u00f3n, vale decir, para que su aptitud aniquilatoria de la decisi\u00f3n recurrida pueda operar por la causal prevista en el citado numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 368, es preciso que la contradicci\u00f3n que se le se\u00f1ala a la sentencia, ha de \u00ab…radicar en que de ella pueda decirse, sin lugar a dudas, que contiene varias manifestaciones de voluntad resolutiva atribu\u00edble a la autoridad juzgadora, en una misma declaraci\u00f3n de certeza, que se excluyen mutuamente, o entre s\u00ed se destruyen pues la ejecuci\u00f3n de una parte implica la inejecuci\u00f3n de otra, resultando as\u00ed desconocidos elementales dictados de l\u00f3gica formal, exigibles precisamente en guarda del requisito de claridad en la decisi\u00f3n al que se refiere el art\u00edculo 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y cre\u00e1ndose a la postre un vac\u00edo en lo dispositivo ya que dos resoluciones en realidad contradictorias no pueden tenerse por verdaderas a la vez y, por lo tanto, son ambas inejecutables; en s\u00edntesis, la incompatibilidad tiene que ser de tal envergadura, tan absoluta y notoria, que no sea factible saber cu\u00e1l es el genuino mandato jurisdiccional que deba ser objeto de cumplimiento\u2026\u201d (Sentencia 167, de 15 de mayo de 1992). <\/p>\n
2. De la gaseosa e imprecisa formulaci\u00f3n del cargo, puede inferirse que para el censor la contradicci\u00f3n que le enrostra a la sentencia recurrida consiste en que el Tribunal, no obstante que orden\u00f3 suscribir escritura p\u00fablica sobre el inmueble por motivos de inter\u00e9s general, contradictoriamente, tas\u00f3 \u00abla indemnizaci\u00f3n\u00bb que deb\u00eda pagar la demandada a los demandantes no con base en el precio actual del inmueble, sino con el de otrora. Es decir, que como la orden de suscribir la escritura p\u00fablica tuvo su g\u00e9nesis en la sentencia, de igual modo la suma que la demandada debe pagar a los demandantes es la que corresponde al valor que este tenga en el momento de la escrituraci\u00f3n, no el que en el pasado tuvo, as\u00ed sea corregido monetariamente. <\/p>\n
Mas, como a simple vista puede percibirse, la orden de suscribir una escritura p\u00fablica de \u00abtransferencia\u00bb de un inmueble a cambio de pagar un precio por ello, lejos de contener enunciados incompatibles, esto es, que se anulen o excluyan entre s\u00ed, encierra dos proposiciones en estricta ecuaci\u00f3n l\u00f3gica, adem\u00e1s que el contenido material y los sujetos de cada una de ellas son distintos. Cosa muy diversa resulta ser que los demandantes consideren que de conformidad con las normas sustanciales, la condena a su favor deba ser superior, caso en el cual es otra la v\u00eda a la que deben acudir para combatir en casaci\u00f3n ese supuesto yerro. <\/p>\n
El cargo, en consecuencia, sin m\u00e1s, resulta impr\u00f3spero. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Apuntalado en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa en \u00e9l la sentencia recurrida por violar indirectamente los art\u00edculos 89 de la Ley 153 de 1887; 1746, 1617-1a., 1626, 1649 inciso 2o., 1502, 1524, 1526, 964 y 969 del C\u00f3digo Civil; 58 y 230 inciso 2o. de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 5o. y 8o. de la Ley 153 de 1887, como consecuencia de errores de hecho, manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de la promesa de contrato y los dict\u00e1menes periciales. <\/p>\n
Para desarrollar la censura, afirma el recurrente que el Tribunal incurri\u00f3 en los yerros que se le imputan en lo concerniente a la \u00e9poca que deb\u00eda tomarse como base para fijar el precio que la demandada debe pagar a los demandantes \u00abcomo restituci\u00f3n por su equivalencia en dinero\u00bb del predio en litigio, y en lo tocante a la extensi\u00f3n del mismo. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al primero de ellos, es decir al yerro f\u00e1ctico relacionado con la \u00e9poca que sirve como base para fijar el precio del inmueble, luego de transcribir lo pertinente, manifiesta que supuso el ad-quem que el precio actual del terreno comprend\u00eda tambi\u00e9n las mejoras en \u00e9l efectuadas por la demandada y las obras circundantes cuando es evidente la distinci\u00f3n entre una y otra. Adem\u00e1s, la devaluaci\u00f3n de la moneda no es un factor de enriquecimiento sino que tiende a evitar el empobrecimiento de quien lo padece. <\/p>\n
Err\u00f3 tambi\u00e9n el ad-quem al se\u00f1alar el a\u00f1o de 1975 como la \u00e9poca en que se celebr\u00f3 la promesa y la demandada fue autorizada para ocupar el predio, no obstante que la fecha de la misma es el 10 de octubre de 1973. <\/p>\n
En lo que concierne a la extensi\u00f3n del terreno, el ad quem incurri\u00f3 en los siguientes yerros f\u00e1cticos: 1) Omiti\u00f3 que en la promesa se dijo que los propietarios autorizan a la demandada para ocupar materialmente, directa o indirectamente la zona de terreno destinada al Canal N\u00e1poles, la cual tiene una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados; 2) Omiti\u00f3 el ad-quem que en esa promesa s\u00ed se autoriz\u00f3 a la demandada para ocupar la zona de terreno destinada al Canal N\u00e1poles, por lo que el terreno indemnizable es el que efectivamente ocup\u00f3 la demandada, conforme a determinaci\u00f3n pericial; 3) Que la ocupaci\u00f3n de ese terreno tuvo su g\u00e9nesis \u00fanica y exclusivamente en la promesa de compraventa anulada, en donde no se determin\u00f3 cu\u00e1l fue el terreno entregado; 4) No advirti\u00f3 el ad-quem que las partes no fijaron con precisi\u00f3n el n\u00famero de metros cuadrados de terreno que deb\u00eda ocupar la demandada, pues esa cantidad se se\u00f1al\u00f3 de manera aproximada; 5) No observ\u00f3, tampoco, que en la promesa se fij\u00f3 la extensi\u00f3n calculada para el canal, pero, obviamente, no la que efectivamente ocup\u00f3; 6) Omiti\u00f3 el ad-quem que los peritos Luz Amparo Zapata y Fabio Garc\u00eda fijaron en 8.164 metros cuadrados como el \u00e1rea realmente ocupada por la demandada y que esa medida fue confirmada por los peritos Pedro Aguado y Adolfo Hern\u00e1ndez, am\u00e9n que de esa extensi\u00f3n no se pueden descontar los 165 metros cuadrados indicados por los \u00faltimos peritos en la aclaraci\u00f3n de su dictamen porque \u00e9stos forman parte de la zona de protecci\u00f3n del canal, o sea que tambi\u00e9n forman parte de ese canal y, en todo caso, se encuentran tambi\u00e9n ocupados por EMCALI. <\/p>\n
Reproduce, enseguida, el recurrente las mismas pretensiones que son comunes a todos los cargos y el concepto de la violaci\u00f3n de las normas sustanciales aducidas en el cargo tercero. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1. D\u00e9bese empezar por destacar, que el sentenciador de segundo grado estim\u00f3 \u201cque el precio del predio a restituir no es el actual comercial, pues ello implica que los demandantes se beneficien con la valorizaci\u00f3n que la obra ejecutada report\u00f3 para el sector donde se halla ubicada su propiedad, hagan suya la devaluaci\u00f3n de la moneda, se beneficien exclusivamente con el desarrollo de esa zona de la ciudad en los \u00faltimos a\u00f1os debido a la construcci\u00f3n de nuevas v\u00edas, la instalaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, etc…. Por equidad, por justicia, para evitar un enriquecimiento indebido, dicho precio debe ser el comercial fijado por los peritos para 1975 tra\u00eddo a un valor presente de acuerdo a la variaci\u00f3n acumulada del \u00edndice de precios al consumidor correspondiente a los a\u00f1os 1975 a 1994 dada oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica (DANE).\u201d <\/p>\n
El recurrente, por su parte, se circunscribi\u00f3, t\u00edmidamente, por dem\u00e1s, a reprocharle al juzgador ad quem haber supuesto que el precio actual del terreno comprend\u00eda tambi\u00e9n las mejoras efectuadas por la demandada y las obras circundantes, siendo evidente la distinci\u00f3n entre una y otra, y que la devaluaci\u00f3n de la moneda no es un factor de enriquecimiento sino que tiende a evitar el empobrecimiento de quien lo sufre. <\/p>\n
Sin embargo, como repetidamente se ha dicho, la demanda de casaci\u00f3n debe contener la refutaci\u00f3n integral y proporcionada de las razones aducidas por el tribunal para sustentar el fallo cuestionado, esto es, que la acusaci\u00f3n ha estar enderezada a desvirtuar todos los fundamentos medulares del mismo, teniendo presente que las inferencias no combatidas por el recurrente se tornan intocables y protegidas por la presunci\u00f3n de acierto que lo cobija, tanto en lo relativo a la aplicaci\u00f3n del derecho sustancial, como en lo concerniente con la estimaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas, es patente entonces, que ella debe comprender una \u201ccr\u00edtica sim\u00e9trica\u201d de la sentencia, o sea un discurso argumentativo que controvierta con rigurosa coherencia l\u00f3gica y jur\u00eddica las razones expuestas por el juzgador, y \u201cde consistencia tal que, por m\u00e9rito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuici\u00f3n oficiosa de la Corte, forzoso sea en t\u00e9rminos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisiorias en que el fallo se apoya\u201d (Casaci\u00f3n del 14 de julio de 1998). <\/p>\n
De la precedente confrontaci\u00f3n de la tesis del Tribunal y la ant\u00edtesis de la censura, aflora palmariamente el divorcio existente entre una y otra, al punto de poder decirse, sin dubitaci\u00f3n, que el recurrente eludi\u00f3 la refutaci\u00f3n de los argumentos aducidos por el fallador, pues debi\u00f3 desplegar su actividad dial\u00e9ctica con miras a demostrar, con estricto fundamento en la ley, que los demandados s\u00ed ten\u00edan derecho al precio actual aumentado por su valorizaci\u00f3n y el desarrollo urban\u00edstico del sector, citando para tal efecto los preceptos legales que sustentasen sus razonamientos. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s carece de fundamento la acusaci\u00f3n relativa a la correcci\u00f3n monetaria, pues esta fue tomada en consideraci\u00f3n por el fallador para actualizar el precio. <\/p>\n
2. De otro lado, se duele el censor, de que el juzgador ad-quem incurri\u00f3 en error de facto al se\u00f1alar el a\u00f1o de 1975 como la \u00e9poca en que se celebr\u00f3 la promesa y en que la demandada fue autorizada para ocupar el predio, no obstante que la fecha de la misma lo fue el 10 de octubre de 1973. Empero, a pesar de que dicha recriminaci\u00f3n es acertada en cuanto a que el fallador, para efectos de estimar el precio del inmueble y actualizarlo a \u201cvalor presente\u201d, tom\u00f3 en consideraci\u00f3n esa data sin reparar en la fecha de suscripci\u00f3n de la promesa anulada, se abstuvo el impugnante de se\u00f1alar la trascendencia del aludido yerro, pues no pas\u00f3 de la simple enunciaci\u00f3n de su existencia. La anotada omisi\u00f3n adquiere peculiar significado al observarse que lo perseguido por el censor, seg\u00fan lo indic\u00f3 al finalizar el cargo, era el aniquilamiento del fallo para que en la sentencia sustitutiva se ordenase un nuevo dictamen encaminado a establecer \u201cel precio comercial actual\u201d del inmueble, es decir, prescindiendo del valor del mismo para la \u00e9poca de la promesa. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el Tribunal finc\u00f3 su determinaci\u00f3n en las experticias practicadas en el proceso, las cuales adoptaron esa data como punto de partida para la estimaci\u00f3n del precio del inmueble, sin que la parte recurrente las hubiese cuestionado en ese aspecto. Finalmente, la anotada imputaci\u00f3n es incompatible con la contenida en el cargo tercero, seg\u00fan la cual el sentenciador debi\u00f3 condenar a la entidad demandada a pagar el precio del inmueble al momento de la sentencia, haciendo abstracci\u00f3n de la fecha de la promesa por carecer esta, a juicio del censor, de relevancia jur\u00eddica alguna. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Y en lo que concierne a la extensi\u00f3n del predio, es lo cierto que en la cl\u00e1usula primera de la promesa de compraventa se\u00f1alaron las partes la Avenida Pasoancho como uno de los l\u00edmites de la franja a restituir, se\u00f1alamiento que se reiter\u00f3 en la minuta de escritura p\u00fablica que la demandada puso a consideraci\u00f3n de los demandantes, toda vez que al delimitar all\u00ed el inmueble que iba a ser objeto de enajenaci\u00f3n, se indic\u00f3 que su costado norte lo era, en longitud de 12 metros, la Avenida Pasoancho. Frente a esta minuta, en documento que obra al folio 31, el demandante RAFAEL ROJAS BRAVO manifest\u00f3 no tener ninguna objeci\u00f3n, excepto lo concerniente al precio que all\u00ed se le ofrec\u00eda. <\/p>\n
En ese orden de ideas, no incurri\u00f3 el Tribunal en el error de hecho que se le enrostra por haber excluido el pol\u00edgono A’-B’-D’-C’ del plano que obra al folio 62, por cuanto que tal segmento se encuentra m\u00e1s all\u00e1 de la Avenida Pasoancho, es decir, no fue objeto de la negociaci\u00f3n y por ende de las restituciones mutuas a que hay lugar, desde luego que si la entidad demandada ocup\u00f3 materialmente esa zona, y la misma era de propiedad de los demandantes, tal hecho no tuvo su causa en la promesa anulada, motivo por el cual otras son las acciones a las cuales deben -o debieron- estos acudir. <\/p>\n
El cargo, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con base en la causal primera de casaci\u00f3n se acusa la sentencia recurrida por violar directamente los art\u00edculos 89 de la Ley 153 de 1887; 1746, 1617-1a., 1626, 1649 inciso 2o., 1502, 1524, 1526, 964 y 969 del C\u00f3digo Civil; 58 y 230 inciso 2o. de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 5o. y 8o. de la Ley 153 de 1887. <\/p>\n
Anuncia el recurrente que se propone demostrar que el Tribunal incurri\u00f3 en yerros in judicando al aplicar los textos legales reguladores de los efectos de la nulidad de la promesa, pues le hizo producir a \u00e9sta efectos parciales al tomar como base del precio de la restituci\u00f3n por su equivalencia en dinero, el que ten\u00eda en la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato, junto con correcci\u00f3n monetaria, no obstante su ineficacia contractual, a fortiori, cuando la orden de otorgar la escritura p\u00fablica es una orden judicial sin soporte contractual. <\/p>\n
Tratando de precisar los yerros que le imputa al fallador, afirma el recurrente que no se discute que el ad-quem dispuso correctamente que ante la imposibilidad de restituir el predio era procedente la restituci\u00f3n por su equivalente en dinero, a la vez que orden\u00f3 el otorgamiento de la escritura p\u00fablica de transferencia del mismo y el pago de los intereses legales. Sin embargo, para tal efecto tom\u00f3 en consideraci\u00f3n el precio que ten\u00eda en el comercio el terreno en la \u00e9poca de la promesa y le aplic\u00f3 correcci\u00f3n monetaria. Adem\u00e1s, nada dispuso con relaci\u00f3n a la restituci\u00f3n de frutos, decisiones \u00e9stas en las que incurri\u00f3 en los errores que le atribuye. <\/p>\n
En lo que al primero de ellos concierne, es decir, la determinaci\u00f3n de la \u00e9poca \u00aben que deb\u00eda fijarse el precio del terreno restitu\u00edble por su equivalencia en dinero\u00bb, err\u00f3 el ad-quem al se\u00f1alar que lo era la \u00e9poca de la promesa de compraventa la que deb\u00eda tenerse en cuenta para dicho efecto puesto que si tal pacto fue declarado absolutamente nulo no pod\u00eda producir efectos como el de determinar la \u00e9poca en que deb\u00eda fijarse el precio del terreno. Los art\u00edculos 89 de la Ley 153 de 1887 y 1746 del C\u00f3digo Civil, son claros en disponer que la nulidad judicialmente declarada hace desaparecer el contrato anulado sin que, por tanto, pueda producir alg\u00fan efecto. <\/p>\n
Como la orden de suscribir la escritura p\u00fablica se gener\u00f3 en la sentencia, la cual para tal efecto acogi\u00f3 el ofrecimiento de los demandantes, es obvio que es la \u00e9poca de la sentencia la que debe tenerse en cuenta para establecer el precio actual del predio, pues el Tribunal debi\u00f3 tener presente que la promesa no existi\u00f3 y por lo mismo no puede producir efecto retroactivo entre las partes. <\/p>\n
El error hermen\u00e9utico se hace evidente si se piensa que de no ser por el principio de la prevalencia del inter\u00e9s p\u00fablico sobre el particular, las prestaciones mutuas a cargo de las partes consistir\u00edan en que la demandada deb\u00eda restituir el inmueble junto con los frutos percibidos (eventualmente con correcci\u00f3n monetaria), y con intereses legales desde la \u00e9poca de la promesa hasta la actualidad, y, los demandantes a su vez, deber\u00edan pagar las mejoras que se hubiesen realizado sobre el predio, sin restituir dinero porque no lo recibieron. En tal caso, enfatiza la censura, el predio se restituir\u00eda y las mejoras se pagar\u00edan por su valor actual. <\/p>\n
An\u00e1logamente y no trat\u00e1ndose de la restituci\u00f3n del predio, sino de la restituci\u00f3n por su equivalencia en dinero, la misma debe hacerse tambi\u00e9n en forma actual, o sea por el precio que tenga el inmueble en la \u00e9poca de la sentencia que as\u00ed lo disponga, descontando, por supuesto el valor de las mejoras, sin que sea posible acudir a parcializados postulados de equidad o la elusi\u00f3n de un enriquecimiento sin causa con miras a retrotraer la estimaci\u00f3n del precio del inmueble a la promesa de compraventa anulada, pues en tal caso se estar\u00edan aplicando unilateralmente esos criterios hermen\u00e9uticos que deben serlo en forma bilateral. <\/p>\n
En lo que concierne al segundo error, manifiesta el censor que el Tribunal se equivoc\u00f3 pues nada dispuso sobre la restituci\u00f3n de frutos que la demandada debe a los demandantes desde la \u00e9poca de la promesa anulada y hasta la \u00e9poca actual. <\/p>\n
En cap\u00edtulo separado manifiesta el recurrente que las infracciones a normas sustanciales que le atribuye al Tribunal, se produjeron de la siguiente forma: <\/p>\n
A los art\u00edculos 89 de la Ley 153 de 1887 y 1746 del C\u00f3digo Civil, porque el fallador, no obstante la declaraci\u00f3n de nulidad del contrato de promesa, le hizo producir efectos al retrotraer la base del precio \u00abindemnizable\u00bb a la \u00e9poca de su celebraci\u00f3n, cuando es la verdad que all\u00ed no se gener\u00f3 la obligaci\u00f3n para los demandantes de suscribir la escritura p\u00fablica, sino que tuvo su g\u00e9nesis en la sentencia y para hacer prevalecer el inter\u00e9s p\u00fablico sobre el particular, como lo dispone el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Los art\u00edculos 1617-1a., 1626 y 1649 inciso 2o. del C\u00f3digo Civil, fueron violados porque las restituciones deben comprender los intereses legales sobre las sumas de dinero correspondientes y porque el pago debe hacerse en forma debida, completa y actual, es decir con correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
Los art\u00edculos 5o. y 8o. de la Ley 153 de 1887 y 230 inciso 2o. de la Constituci\u00f3n, fueron violados en cuanto autorizan la aplicaci\u00f3n de la equidad natural cuando no haya ley aplicable al litigio, pero, en tal caso, debe hacerse con base en el examen bilateral de los hechos y no una aplicaci\u00f3n unilateral de la misma. Esa bilateralidad en el asunto sub-j\u00fadice implica que los demandantes deben escriturar \u00abactualmente\u00bb el predio en litigio y la demandada debe pagar su precio actual, deduciendo el valor de las mejoras realizadas por \u00e9sta en el terreno, adem\u00e1s que debe pagar el valor de los frutos durante el tiempo que lo ha tenido a su disposici\u00f3n. <\/p>\n
La infracci\u00f3n de los art\u00edculos 1502, 1524 y 1526 del C\u00f3digo Civil, la hizo consistir en cuanto reglan la nulidad sustancial absoluta, ya que no pueden existir obligaciones sin causa real y l\u00edcita y que la invalidez judicialmente declarada hace ineficaz el contrato. Los art\u00edculos 964 y 969 fueron transgredidos porque esas normas regulan los efectos restitutorios de frutos civiles como consecuencia de la ineficacia contractual. <\/p>\n
Concluye su acusaci\u00f3n el recurrente discurriendo sobre las razones por las cuales no cita como infringidas, las normas pertinentes a la oferta. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Puesta la Corte en la tarea de examinar la veracidad y trascendencia de las imputaciones del recurrente, advierte que si bien la declaratoria de nulidad de un contrato apareja la aniquilaci\u00f3n de su aptitud vinculante entre las partes, y, obviamente, la disoluci\u00f3n de sus efectos finales, para la cual se le atribuye car\u00e1cter retroactivo, al punto de reputarse como no existente, es decir, como si las partes nunca hubiesen avenido en \u00e9l, y si estas han ejecutado total o parcialmente las prestaciones a su cargo, es de rigor efectuar las restituciones del caso; si bien las cosas son de ese modo, se afirmaba, no es menos cierto que tales restituciones mutuas no pueden abandonar una realidad f\u00e1ctica que les es propia, es decir, que las partes ejecutaron ciertas y determinadas prestaciones en cumplimiento de un contrato, situaci\u00f3n que les impone un sello, ciertamente, indeleble. <\/p>\n
Ha dicho la Corte, precisamente, para llamar la atenci\u00f3n sobre tal cuesti\u00f3n, que: \u00bb De ah\u00ed que ciertas expresiones doctrinales que, al realzar el empe\u00f1o normativo de desaparici\u00f3n de las consecuencias del acto nulo, llegan a indicar que este equivale a la nada y ha de mirarse como inexistente (cas. abril 20\/1938, XLVI, 294\/305: `El acto absolutamente nulo no ha tenido de verdad existencia y vida en ning\u00fan momento. Es un fen\u00f3meno que jam\u00e1s tuvo nacimiento y jam\u00e1s ha podido producir efecto entre las partes…No puede aceptarse que cre\u00f3 una relaci\u00f3n de derecho siquiera defectuosa y que \u00e9sta hizo nacer rec\u00edprocas prestaciones…Pero ante la realidad del hecho consumado, es de imperiosa necesidad reconocerle una existencia provisional y ef\u00edmera durante esa etapa’), tienen cuando m\u00e1s un alcance de exagerada invitaci\u00f3n a deshacer lo actuado o exaltaci\u00f3n del alcance retroactivo de la dr\u00e1stica medida judicial que tropieza, conforme se dej\u00f3 consignado, con conocidas excepciones, pues la invalidez no obedece a un esquema abstracto, fruto de consideraciones l\u00f3gico-dogm\u00e1ticas, sino que es producto de una regulaci\u00f3n normativa, que no ignora ni niega las realidades f\u00e1cticas, que por cierto afronta con variada provisi\u00f3n de los intereses opuestos…\u00bb (Casaci\u00f3n del 21 de mayo de 1968). <\/p>\n
Si la retroactividad de la nulidad de los contratos se elevara a un axioma, no tendr\u00edan, por supuesto, cabida excepciones como la del caso que ahora se despacha, o la de los contratos de ejecuci\u00f3n sucesiva, entre algunas otras, en las cuales el objeto que habr\u00e1 de \u00abrestitu\u00edrsele\u00bb a una de las partes es de una naturaleza distinta -aunque equivalente-, a la del que fue el objeto de la prestaci\u00f3n que satisfizo en ejecuci\u00f3n total o parcial de lo pactado, adem\u00e1s que, seg\u00fan las particulares circunstancias de cada situaci\u00f3n, restituciones tales como la devoluci\u00f3n de frutos, pago de intereses, correcci\u00f3n, deben tener como punto de partida la fecha de celebraci\u00f3n del contrato invalidado, aspecto este \u00faltimo que, no obstante ser parte del negocio anulado, surte plenos efectos. <\/p>\n
2. De igual modo, es evidente que el recurrente intenta demostrar que como el Tribunal confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n del a-quo, en lo ata\u00f1edero con la orden de suscribir una escritura p\u00fablica de \u00abtransferencia\u00bb del inmueble, es necesario, seg\u00fan su pensar, que el precio que por esa prestaci\u00f3n debe pagar la demandada, para que no se quiebre el equilibrio consubstancial a los negocios de tal especie, es el valor actual del terreno. M\u00e1s exactamente, seg\u00fan lo entiende el censor: Como a los demandantes se les impuso la prestaci\u00f3n de suscribir la aludida escritura p\u00fablica, el precio que debe pagar la demandada a cambio es el que el predio tenga actualmente en el comercio. <\/p>\n
M\u00e1s la incorrecci\u00f3n de tal aseveraci\u00f3n es bien evidente, porque, dada la imposibilidad de restituir materialmente el bien, por las razones anotadas por el fallador y aceptadas por el impugnante, y condenada la demandada a pagar su precio en dinero, elementales razones de equidad y equilibrio entre las partes, criterios que no s\u00f3lo gobiernan la celebraci\u00f3n de los actos jur\u00eddicos sino, tambi\u00e9n, su disoluci\u00f3n, imponen una soluci\u00f3n en tal sentido. Empero, dicho remedio guarda una innegable relaci\u00f3n de causa – efecto con la nulidad declarada de la promesa de contrato, motivo por el cual encuentra en ella su completa justificaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En lo que concierne al segundo error que en este cargo se le enrostra al Tribunal, esto es, que nada dispuso sobre la restituci\u00f3n de frutos que la demandada debe a los demandantes desde la \u00e9poca de la promesa anulada y hasta la \u00e9poca actual, es manifiesta la deficiencia t\u00e9cnica de la acusaci\u00f3n, puesto que trazada por la causal primera por violaci\u00f3n directa de normas sustanciales, la misma alude a supuestas irregularidades procesales de la sentencia, particularmente, la de ser un fallo diminuto que dej\u00f3 de resolver sobre una cuesti\u00f3n sustancial del litigio, vicio que, como se sabe, solo puede atacarse por la causal segunda. De todas formas, habr\u00e1 de recordarse lo que ya se dijo con respecto al punto al despachar el primer cargo de la demanda. <\/p>\n
El cargo, en consecuencia no prospera. <\/p>\n
D E C I S I O N: <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, y por autoridad de la ley, NO C A S A la sentencia del 19 de diciembre de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario adelantado por RAFAEL Y CLARA ISABEL ROJAS BRAVO frente a las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -\u00abEMCALI\u00bb-. <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(en comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
<\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
S-195-2000 [5513] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Bogot\u00e1 Distrito Capital, veinticinco (25) de octubre de dos mil (2000) Ref.: Expediente 5513 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[],"class_list":["post-81921","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-81"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81921","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81921"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81921\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81921"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81921"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81921"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}