S-208-2000 [5696]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Bogot\u00e1, Distrito Capital, treinta (30) de octubre de dos mil (2000) <\/p>\n
Rad. Expediente 5696 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 14 de Marzo de 1995, proferida por la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario adelantado por LUIS ROBERTO CRUZ RAMIREZ frente a OTILIA FLOREZ y CARLOS ALBERTO CRUZ FLOREZ, representado por aquella. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1 aprehendi\u00f3 el conocimiento del libelo genitor de este proceso, mediante el cual impetr\u00f3 el demandante que se declarara que es due\u00f1o de la finca denominada \u00abSANTA INES\u00bb, ubicada en la vereda Guarumal del Municipio de La Vega (Cundinamarca), y cuyos linderos all\u00ed especifica. Demand\u00f3, subsecuentemente, primero de OTILIA FLOREZ y JOSE AGUSTIN BERMUDEZ, y, luego, por virtud de una reforma de la demanda, \u00fanicamente de aquella y del menor CARLOS ALBERTO CRUZ FLOREZ, a quienes consider\u00f3 poseedores de mala fe, su restituci\u00f3n, junto con los frutos civiles y naturales producidos, o que se hubieren podido producir, desde el 13 de junio de 1987. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 tales pedimentos en los hechos que, contenidos en el escrito por medio del cual formaliza la reforma a la demanda (folios 71 y ss del cuaderno principal), bien pueden compendiarse de la siguiente forma: <\/p>\n
El demandante adquiri\u00f3 la mencionada heredad por compra que hizo, mediante la escritura p\u00fablica No.1114 del 14 de diciembre de 1962, de la Notar\u00eda de Honda, a los se\u00f1ores MARTIN MALDONADO GOMEZ y ANA CECILIA VASQUEZ DE MALDONADO, finca que \u00ab…no ha enajenado ni tiene prometida en venta\u00bb a persona alguna, y de cuya posesi\u00f3n se encuentra privado, pues son los demandados los que se encuentran posey\u00e9ndola. No obstante, le dio en arrendamiento una porci\u00f3n de la misma, de aproximadamente 5 hect\u00e1reas, al se\u00f1or CARLOS ALBERTO MANJARRES. <\/p>\n
Agrega el demandante que ajust\u00f3 con su hermano LEOVIGILDO CRUZ RAMIREZ un contrato verbal de aparcer\u00eda con miras a explotar la tierra y repartirse los frutos. Pero, habiendo fallecido este el d\u00eda 13 de junio de 1987, los demandados OTILIA FLOREZ y CARLOS ALBERTO CRUZ FLOREZ, desconociendo sus derechos, se pretenden due\u00f1os del inmueble. <\/p>\n
2. La demanda fue presentada a reparto el 7 de noviembre de 1990, m\u00e1s, como ya se dijo, fue reformada por el actor con el fin de convocar al proceso al mencionado menor. Sin embargo, por haber prosperado el incidente que \u00e9l promoviera, el a-quo decret\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la misma, inclusive, habi\u00e9ndose renovado tal actuaci\u00f3n a partir del prove\u00eddo del 6 de septiembre de 1991, por medio del cual se volvi\u00f3 a resolver sobre la admisi\u00f3n del libelo y su traslado a los demandados. <\/p>\n
Enterados estos, nuevamente, de las pretensiones que se les enfrentaron, se opusieron a las mismas, aceptaron algunos de los hechos que las fundamentan, negaron los dem\u00e1s, y propusieron las excepciones que denominaron \u00abprescripci\u00f3n\u00bb y \u00abtemeridad y mala fe\u00bb del demandante, aduciendo, en s\u00edntesis, que suceden en la posesi\u00f3n del inmueble a su compa\u00f1ero y padre, respectivamente, se\u00f1or LEOVIGILDO CRUZ, fallecido el 13 de junio de 1987, y quien era el poseedor de la misma desde el 29 de marzo de 1971, seg\u00fan se advierte en la promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con su hermano, el ahora demandante. <\/p>\n
3. A la primera instancia, cuya dilaci\u00f3n es en verdad inexplicable, puso fin el a-quo, mediante sentencia del 17 de noviembre de 1994, por medio de la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria propuesta por la defensa, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca mediante la providencia ahora recurrida. <\/p>\n
EL FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tras destacar los aspectos relevantes del litigio, advirti\u00f3 el Tribunal que los presupuestos procesales se encontraban cabalmente satisfechos y, luego de resumir sucintamente la sentencia apelada, se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis del asunto sometido a su consideraci\u00f3n, concretamente en lo concerniente con la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria decretada por el a-quo. <\/p>\n
Indica, entonces, que no abriga dudas \u00abde que la fecha en que se inici\u00f3 el proceso fue el seis (06) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991), por cuanto ese d\u00eda se produjo la admisi\u00f3n de la demanda y esto por cuanto para la Sala Agraria no basta para interrumpir la prescripci\u00f3n la sola presentaci\u00f3n de la demanda, sino que para que ello suceda es necesario que se trabe la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal y en el caso de autos la demanda fue mal presentada, lo que origin\u00f3 su inadmisi\u00f3n y despu\u00e9s fue corregida inclusive cambiando la parte demandada, desistiendo en favor de un demandado y vinculando a otro; por esa raz\u00f3n mal puede tenerse como fecha de presentaci\u00f3n de la demanda la de la primera presentada (2 de noviembre de 1990), pues el actor no fue diligente\u00bb. <\/p>\n
Una vez sentada tal premisa, acota el Tribunal que al folio 29 del cuaderno principal, se encuentra el contrato de promesa de venta celebrado entre LUIS ROBERTO CRUZ RAMIREZ y LEOVIGILDO CRUZ, en cuya cl\u00e1usula cuarta el promitente comprador manifest\u00f3 estar en plena \u00abposesi\u00f3n de lo que es materia de la promesa\u00bb. Deduce, entonces, el ad-quem, que desde el 29 de marzo de 1971 LEOVIGILDO CRUZ ten\u00eda la posesi\u00f3n del fundo, habiendo transcurrido 20 a\u00f1os y 6 meses desde la aceptaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Repara, enseguida, en la copia del recibo del 18 de enero de 1977 por medio del cual LUIS ROBERTO CRUZ afirm\u00f3 que recibi\u00f3 de LEOVIGILDO CRUZ la suma de $20.000.oo, aseveraci\u00f3n de la cual colige que el promitente comprador pag\u00f3 el precio pactado. <\/p>\n
Dicho lo anterior, abord\u00f3 el fallador el an\u00e1lisis de las declaraciones de NOE DE JESUS CONTRERAS RAMOS, MANUEL SALVADOR SANCHEZ LINARES, PABLO EMILIO RODRIGUEZ DELGADO, LIZARDA GUANA DE TRIANA, MARIA FANNY VEGA DE MANJARRES, CARLOS ALBERTO MANJARRES y JOSE AENES MANJARRES CAMACHO, haciendo una brev\u00edsima sinopsis del contenido de sus testificaciones, concluido lo cual, afirma que de todo lo anterior, es decir, de la prueba testimonial, del contrato de promesa de compraventa y del recibo por $20.000.oo, no queda duda de que LEOVIGILDO CRUZ fue poseedor por m\u00e1s de 20 a\u00f1os del predio en disputa, y que a su muerte continu\u00f3 con la posesi\u00f3n su compa\u00f1era OTILIA FLOREZ a nombre de su hijo menor, estado civil que se encuentra probado con el registro civil de nacimiento de CARLOS ALBERTO CRUZ FLOREZ. As\u00ed las cosas, es acertado lo afirmado por el a-quo consistente en que la posesi\u00f3n de LEOVIGILDO CRUZ continu\u00f3 en cabeza de su hijo, tipific\u00e1ndose la excepci\u00f3n propuesta por la parte demandada. <\/p>\n
En lo concerniente al otro aspecto de la apelaci\u00f3n, esto es, la nulidad del contrato de promesa que deprec\u00f3 en su alegato el recurrente, rese\u00f1\u00f3 el ad-quem lo dispuesto por el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para concluir que no se encuentra autorizado para revisar en la apelaci\u00f3n la legalidad de tal contrato, am\u00e9n de que el actor tuvo la oportunidad de pedir su nulidad o de tacharlo de falso, legalidad que no fue discutida en el desarrollo del tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
De todas formas, concluye, si se considera que han transcurrido m\u00e1s de 20 a\u00f1os desde su celebraci\u00f3n, cualquier nulidad ha quedado saneada por mandato del art\u00edculo 2o. de la Ley 50 de 1936. <\/p>\n
<\/p>\n
De los tres cargos que la misma conten\u00eda, circunscribe la Corte su estudio a los admitidos en tr\u00e1mite, esto es el primero y el tercero, los cuales ser\u00e1n despachados en orden inverso al propuesto por el impugnante, pues es este el que l\u00f3gicamente les corresponde. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Apuntalado en la causal segunda de casaci\u00f3n, se acusa en \u00e9l la sentencia recurrida por no estar en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado, o que el juez ha debido reconocer de oficio. <\/p>\n
Manifiesta el recurrente en su desarticulado y confuso ataque, que \u00absi partimos del hecho de que se present\u00f3 demanda reivindicatoria en contra de OTILIA FLOREZ y CARLOS ALBERTO CRUZ FLOREZ, y habi\u00e9ndose pronunciado los demandados en la contestaci\u00f3n de la demanda, se presenta la circunstancia, de que al procederse por parte del Juzgador de primera y segunda instancia, deb\u00edan de hacer un pronunciamiento en la sentencia, tomando en consideraci\u00f3n a OTILIA FLOREZ y a OTILIA FLOREZ como madre y representante de CARLOS ALBERTO CRUZ FLOREZ, lo que no ocurri\u00f3, ni ha ocurrido, en este asunto\u00bb. <\/p>\n
Agrega que se absolvi\u00f3 a los demandados sin que se hiciera un pronunciamiento claro sobre la demanda. Adem\u00e1s, tampoco hay consonancia \u00aben cuanto a la formulaci\u00f3n de la excepci\u00f3n de fondo o m\u00e9rito\u00bb, ya que no se prob\u00f3 por parte alguna, la existencia de tal excepci\u00f3n, puesto que los hechos dicen que antes de que se cumplieran los 20 a\u00f1os sin actividad del due\u00f1o se hicieron actos de se\u00f1or y due\u00f1o, la prescripci\u00f3n se interrumpi\u00f3 \u00abcomo acontece con los contratos de arrendamiento, la presentaci\u00f3n de la demanda reivindicatoria, la instalaci\u00f3n de la energ\u00eda el\u00e9ctrica y otros\u00bb. <\/p>\n
Para concluir, afirma que debi\u00f3 de haberse decretado la nulidad del contrato que obra a folios 29 y 30, 108 y 109, y 384 y 385 del cuaderno principal de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A <\/p>\n
1. El art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil le impone al juzgador, el deber de resolver todas las cuestiones substanciales del litigio, guardando estricta consonancia con las peticiones del actor y la oposici\u00f3n del demandado, de modo que se tienen como incongruentes aquellas providencias en las que el sentenciador se abstiene de decidir, en cualquier sentido, en torno a los aspectos del pleito eficazmente expuestos por las partes, o en aquellas en las que no se ci\u00f1e con precisi\u00f3n a los extremos que estas le se\u00f1alan, o, en fin, en las que resuelve sobre ellos pero sin respetar sus l\u00edmites cualitativos o cuantitativos. <\/p>\n
Cabalmente, la causal segunda de casaci\u00f3n est\u00e1 destinada a corregir todos aquellos vicios de actividad en que hubiese incurrido el Tribunal por transgredir la aludida regla, caso en el cual le incumbe al recurrente confrontar, \u00aben un estricto juicio de realidad\u00bb, los extremos del litigio con la sentencia impugnada, comparaci\u00f3n por medio de la cual tendr\u00e1 que poner de presente la incongruencia que alega, con miras a que la Corte, en sede de instancia, y seg\u00fan las particularidades del litigio, complete el fallo insuficiente, aminore el excesivo o, en el evento de \u00abdesenfoque,\u00bb ajuste la resoluci\u00f3n al proceso. <\/p>\n
Mas, si el tribunal resolvi\u00f3 todos los pedimentos de las partes, cualquiera que sea el concepto que merezcan sus determinaciones, se hace inane el ataque basado en la causal segunda de casaci\u00f3n, desde luego que en tal caso se ver\u00e1 obligado el recurrente a trazar su acusaci\u00f3n por la causal primera que le permite alegar los errores de juicio en que, eventualmente, hubiese incurrido el fallador, yerros que pudieron conducirlo a transgredir en forma directa o indirecta la norma sustancial. No es, pues, incongruente una sentencia en la que se afirma con claridad, que una determinada cuesti\u00f3n del litigio no puede ser objeto de resoluci\u00f3n favorable, pues en tal hip\u00f3tesis, el juzgador, por las razones que indique en su decisi\u00f3n, se abstiene de conceder lo pedido, existiendo una verdadera decisi\u00f3n que, en cuanto tal, debe tenerse como adversa al recurrente. En ese orden de ideas, quien estime que tal determinaci\u00f3n es err\u00f3nea, deber\u00e1, ineludiblemente, ubicarse dentro del \u00e1mbito reservado por la ley para la casaci\u00f3n por yerros de juzgamiento, vale decir la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Todo lo dicho viene al caso, porque el impugnante, en aquellos aspectos de su acusaci\u00f3n que son comprensibles, se duele de que el Tribunal declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, cuando ello \u00abno se prob\u00f3 por parte alguna\u00bb, aserto que trata de demostrar a rengl\u00f3n seguido. Como es f\u00e1cilmente palpable, acusaciones de tal especie s\u00f3lo pueden formularse por la causal primera y con la plena observancia de los requisitos que le son consubstanciales. <\/p>\n
De igual modo, consider\u00f3 el ad-quem, por diversas razones, algunas de ellas en verdad inexactas, que era inviable la declaratoria de nulidad absoluta de la promesa de contrato que deprecaba el apelante en el alegato de instancia respectivo. En efecto, dedic\u00f3 los \u00faltimos p\u00e1rrafos de su providencia a exponer las razones por las cuales consideraba improcedente la declaraci\u00f3n de nulidad que se le insinuaba, motivo por el cual, en modo alguno puede tacharse de inconsonante su sentencia. <\/p>\n
El cargo, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa en \u00e9l la sentencia recurrida de ser violatoria de los art\u00edculos 762, 764, 946, 948, 950, 952, 1849, 2512, 2535 del C\u00f3digo Civil; del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887; y del art\u00edculo 90 del C. de P.C., \u00abla cual fue indebidamente aplicada\u00bb, proviniendo dicha infracci\u00f3n de la \u00abapreciaci\u00f3n err\u00f3nea por error de hecho\u00bb de las siguientes pruebas: \u00abformulaci\u00f3n de la demanda, reforma de la misma, contestaci\u00f3n de la demanda, documento suscrito por LUIS ROBERTO CRUZ RAMIREZ y JOSE LEOVIGILDO CRUZ RAMIREZ, el 29 de marzo de 1971, obrante a folios 29 y 30; adem\u00e1s, 108 y 109, 384 y 385, que corresponden al mismo, as\u00ed como las providencias, mediante las cuales se admiti\u00f3 la demanda, la reforma y la unificaci\u00f3n de las dos, obrantes en autos\u00bb. <\/p>\n
Luego de bosquejar una descripci\u00f3n de lo que consiste el error de hecho, aborda el recurrente la demostraci\u00f3n de los yerros que le atribuye al Tribunal. Afirma, entonces, que en lo que concierne al \u00abcontrato de presunta promesa de compraventa\u00bb del 29 de marzo de 1971, obrante a folios 29 y 30, 108 y 109 y 384 y 385 del cuaderno principal, se constata que no es \u00abclara y limpia la circunstancia\u00bb de que se trate de un contrato de promesa de compraventa conforme a los t\u00e9rminos del art. 89 de la ley 153 de 1887, por consiguiente, no obliga a ninguna de las partes, am\u00e9n de que tampoco constituye un contrato \u00abde compraventa de bien inmueble\u00bb, puesto que carece de las solemnidades y formalidades que le son propias. <\/p>\n
En consecuencia, agrega el recurrente, tal documento no es id\u00f3neo para acreditar una venta o una promesa de compraventa de inmueble, pues los preceptos legales exigen solemnidades especiales para los contratos sobre inmuebles, entre ellas, que deben ser ante Notario P\u00fablico y una vez suscrita la escritura p\u00fablica se proceda a realizar su registro en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos respectivo. En ese orden de ideas, no existe prueba que acredite el hecho de que se produjo la promesa de compraventa del inmueble, motivo por el cual, tampoco puede llegarse a establecer la sumatoria de posesiones. <\/p>\n
\u00abDicho documento, solamente, nos habla de que prometen los dos contratantes, y por ello hablan de que ha celebrado un contrato de promesa de venta, no de ninguna otra clase de contrato\u00bb. <\/p>\n
En lo relacionado con el recibo que obra al folio 110 del cuaderno principal, asevera la censura que se pretende afirmar que el mismo corresponde al contrato de promesa de venta anteriormente rese\u00f1ado, lo cual es un desacierto, puesto que la suma de veinte mil pesos \u00abdeb\u00eda cancelarse cuando una Entidad Bancaria hiciera el pr\u00e9stamo, lo que ocurri\u00f3 con anterioridad al 18 de enero de 1977, por ello, dicho recibo, no dice que por concepto del contrato de promesa de venta, sino que el mismo habla de una venta\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a la demanda, su reforma, las contestaciones de la misma, las diligencias de notificaci\u00f3n, las providencias de admisi\u00f3n de las demandas, afirma el recurrente que no se pueden separar, conforme a lo dispuesto por los art\u00edculos 89 y 90 del C. de P.C., cuando tratan de la reforma de la demanda, de la prescripci\u00f3n, de su interrupci\u00f3n, de la inoperancia de la caducidad y la constituci\u00f3n en mora. <\/p>\n
Debe entenderse que se formula la demanda desde su presentaci\u00f3n ante el Poder P\u00fablico, momento a partir del cual se surten sus \u00abconsecuencias\u00bb, para el caso, cuando se present\u00f3 el libelo al Juzgado Primero Civil del Circuito de Facatativ\u00e1, y no cuando se unificaron la original y la reforma, pues ello solamente obedeci\u00f3 por decirlo as\u00ed, al capricho del juzgador. <\/p>\n
De otra parte, a\u00f1ade, no es posible deducir de los medios probatorios obrantes en el proceso, la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de dominio del propietario, toda vez que no hay prueba de que hubiesen transcurrido los veinte a\u00f1os exigidos para la prescripci\u00f3n extraordinaria. \u00abConforme al art\u00edculo 2535 del C.C., la obligaci\u00f3n para que se inicie el conteo de la prescripci\u00f3n debe ser exigible, de lo contrario NO, entonces, al no haber dicha prueba, no se puede decir, con las que estoy acotando y que fueron el fundamento de la sentencia recurrida en este caso, que se tenga como exigible la obligaci\u00f3n respecto de la posesi\u00f3n por parte de JOSE LEOVIGILDO CRUZ RAMIREZ y posteriormente de su hijo CARLOS ALBERTO CRUZ FLOREZ, para decir inexorablemente que se produjo el transcurso de veinte o m\u00e1s a\u00f1os, y que por ello debe concluirse inequ\u00edvocamente, que prescribi\u00f3 la acci\u00f3n de dominio de mi poderdante, por el contrario, si bien hac\u00edan falta unos meses, as\u00ed fueran d\u00edas, con la presentaci\u00f3n de la demanda y los elementos que entrega el Derecho, se produjo la interrupci\u00f3n de la misma, como tambi\u00e9n hab\u00eda acontecido de forma natural, con la realizaci\u00f3n de actos de se\u00f1or y due\u00f1o, tales como dar permisos para ampliar caminos, instalar la energ\u00eda el\u00e9ctrica, arrendar parte del inmueble a CARLOS ALBERTO MANJARRES\u00bb. <\/p>\n
Concluye el recurrente diciendo que no existe en el proceso un solo medio probatorio, que diga que desde el 29 de marzo de 1971, al dos de noviembre de 1990, transcurrieron veinte a\u00f1os, y que por consiguiente, est\u00e1 prescrita extintivamente la acci\u00f3n de dominio del demandante. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
Empero, es patente que en lo esencial, el recurrente descamina la imputaci\u00f3n para enfocarla hacia un error de derecho, por supuesto que acaba por dolerse de que el Tribunal habr\u00eda quebrantado las reglas probatorias relativas a la acreditaci\u00f3n de los actos y contratos solemnes, caso en el cual estaba impelido el recurrente a se\u00f1alar la norma probatoria infringida por el fallador y a poner de relieve la trascendencia del yerro. <\/p>\n
De todos formas, si el escollo que acaba de ponerse de presente fuese de alg\u00fan modo franqueable, es evidente que la acusaci\u00f3n resulta absolutamente infundada, por cuanto que, en primer lugar, la promesa de contrato de compraventa, inclusive la de bienes inmuebles, solo requiere de las exigencias previstas en el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, dentro de las cuales, obviamente, no se encuentra la de formalizarla en una escritura p\u00fablica como, al parecer, lo pretende el recurrente, quien al as\u00ed discurrir deja al descubierto, adem\u00e1s, una palpable confusi\u00f3n entre lo que es el objeto del contrato prometido y el del contrato preliminar, distinci\u00f3n que no es del caso bosquejar en esta providencia. Y, en segundo lugar, porque la naturaleza del contrato celebrado por las partes no est\u00e1 en discusi\u00f3n en el asunto sub-judice, ni de la misma se desprenden consecuencias que alteren el sentido de la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal. <\/p>\n
Ciertamente, la verdadera trascendencia de ese documento radica en la manifestaci\u00f3n de los estipulantes en el sentido de que el promitente vendedor se encuentra \u00abya en pleno dominio y posesi\u00f3n a su entera satisfacci\u00f3n de lo que es materia de esta promesa de venta\u00bb, aseveraci\u00f3n esta que corresponde a la declaraci\u00f3n de certeza de un suceso que, en cuanto tal, no puede resultar alterado por el entendimiento que quisiera d\u00e1rsele a la naturaleza del pacto que entre los contratantes se hubiese celebrado. <\/p>\n
M\u00e1s exactamente, dejaron all\u00ed sentado las partes la existencia de una realidad f\u00e1ctica, la cual no sufre mengua o alteraci\u00f3n alguna por la calificaci\u00f3n que se le quiera dar al contrato que ellas ajustaron, m\u00e1xime si se considera que las estipulaciones de esa \u00edndole son meramente accidentales al negocio jur\u00eddico convenido. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, de la contemplaci\u00f3n objetiva de tal cl\u00e1usula, se infiere que el Tribunal la percibi\u00f3 en su sentido natural y obvio, desde luego que los contratantes dejaron all\u00ed constancia de que el promitente comprador se encontraba en posesi\u00f3n, \u00aba su entera satisfacci\u00f3n\u00bb del inmueble a que el contrato alude. <\/p>\n
2. Carece, tambi\u00e9n, de trascendencia el reproche que el recurrente enfila contra la apreciaci\u00f3n que del recibo obrante al folio 110 hizo el Tribunal, por supuesto que para los efectos de este proceso ninguna relievancie tiene el saber si el promitente comprador pag\u00f3 o no el saldo del precio, es decir, si cumpli\u00f3 lo pactado en el contrato, puesto que el demandado ejercit\u00f3 una acci\u00f3n eminentemente extracontractual. De todas formas, dedujo el ad-quem que ese recibo pon\u00eda de presente el pago del saldo del precio se\u00f1alado en la promesa de contrato, inferencia que, no obstante los argumentos del recurrente, no puede tildarse de contraevidente. <\/p>\n
3. De otro lado, abord\u00f3 el fallador el an\u00e1lisis de las declaraciones de NOE DE JESUS CONTRERAS RAMOS, MANUEL SALVADOR SANCHEZ LINARES, PABLO EMILIO RODRIGUEZ DELGADO, LIZARDA GUANA DE TRIANA, MARIA FANNY VEGA DE MANJARRES, CARLOS ALBERTO MANJARRES y JOSE AENES MANJARRES CAMACHO, testificaciones todas estas de las cuales hizo una brev\u00edsima sinopsis, concluido lo cual, asever\u00f3 que de \u00abtodo lo anterior\u00bb, es decir, de la prueba testimonial, del contrato de promesa de compraventa y del recibo por $20.000.oo, no queda ninguna duda de que LEOVIGILDO CRUZ fue poseedor por m\u00e1s de 20 a\u00f1os del predio en disputa, y que a su muerte continu\u00f3 con la posesi\u00f3n del mismo su compa\u00f1era OTILIA FLOREZ a nombre de su hijo. <\/p>\n
En consecuencia, incumb\u00eda al recurrente refutar la percepci\u00f3n que de dichas pruebas hizo el fallador, esto es demostrar los errores que el Tribunal hubiese podido cometer en la apreciaci\u00f3n de los diversos testimonios, declaraciones de las cuales, adem\u00e1s de lo ya dicho en relaci\u00f3n con la promesa de contrato, infiri\u00f3 que los demandados, sumando la posesi\u00f3n de LEOVIGILDO CRUZ, hab\u00edan pose\u00eddo por m\u00e1s de 20 a\u00f1os, y que, subsecuentemente, hab\u00eda prescrito la acci\u00f3n reivindicatoria ejercitada por el actor. No obstante, el censor, desde\u00f1ando las exigencias t\u00e9cnicas del recurso de casaci\u00f3n, sacrific\u00f3 la demostraci\u00f3n de los yerros de apreciaci\u00f3n enrostrados al Tribunal, para, en su lugar, divagar de manera panor\u00e1mica sobre la inexistencia de la aludida posesi\u00f3n. <\/p>\n
De igual modo, si el fallador pretiri\u00f3 cualquier prueba que demostrara la existencia de una interrupci\u00f3n natural de la posesi\u00f3n, debi\u00f3 el censor se\u00f1alar cu\u00e1l fue la omitida y por supuesto, demostrar el error. <\/p>\n
4. Si bien es evidente que el Tribunal desacert\u00f3 al rese\u00f1ar las razones por las cuales la presentaci\u00f3n de la demanda no interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria, no lo es menos que sus yerros en el punto no se debieron a los hipot\u00e9ticos errores de hecho que le atribuye el recurrente, ni su incorrecci\u00f3n tiene la significaci\u00f3n que \u00e9ste le otorga. <\/p>\n
En efecto, es lo cierto que en el asunto sometido ahora a la consideraci\u00f3n de la Corte la presentaci\u00f3n de la demanda no interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria, pero la explicaci\u00f3n de tal aserto no se encuentra en las equivocadas razones acotadas por el Tribunal, sino en que en el proceso, por auto del 2 de agosto de 1991, y a petici\u00f3n del demandante, se decret\u00f3 una nulidad que cobij\u00f3 el auto admisorio de la demanda, inclusive, motivo por el cual, por mandato del art\u00edculo 91 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no oper\u00f3 la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Es, pues, esta la raz\u00f3n que permite concluir que, en este pleito, la presentaci\u00f3n de la demanda no interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria, interrupci\u00f3n que, de ser posible, solo podr\u00eda contarse a partir de la nueva notificaci\u00f3n a los demandados del auto admisorio de la demanda una vez se renov\u00f3 la actuaci\u00f3n viciada. <\/p>\n
No se equivoc\u00f3, pues, el Tribunal al inferir que la presentaci\u00f3n de la demanda no hab\u00eda interrumpido la prescripci\u00f3n en curso, am\u00e9n de que tampoco pretiri\u00f3 los documentos que el censor se\u00f1ala. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, N O C A S A la sentencia del 14 de Marzo de 1995, proferida por la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario adelantado por LUIS ROBERTO CRUZ RAMIREZ frente a OTILIA FLOREZ y CARLOS ALBERTO CRUZ FLOREZ, representado por aquella. <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
<\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-208-2000 [5696] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Bogot\u00e1, Distrito Capital, treinta (30) de octubre de dos mil (2000) Rad. Expediente 5696 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[],"class_list":["post-81934","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-81"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81934","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81934"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81934\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81934"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81934"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81934"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}