S-017-2001 [5915]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casacion Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: Manuel Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil uno (2001). <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 2 de noviembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil, dentro de este proceso ordinario de Leonor Lizcano contra herederos de Mar\u00eda de Jes\u00fas Yara Vda. de Rojas y personas indeterminadas. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
Se inici\u00f3 el proceso con demanda mediante la cual Leonor Lizcano pidi\u00f3 se declarase que hab\u00eda adquirido por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio un inmueble urbano situado en la ciudad de Ibagu\u00e9, en la esquina de la calle 13 con carrera 5\u00aa, distinguido actualmente con los n\u00fameros 4-61\/12\/78 y12-90\/94. <\/p>\n
Los hechos sustentadores de la demanda, pueden resumirse as\u00ed: <\/p>\n
Mar\u00eda de Jes\u00fas Yara hab\u00eda adquirido por permuta en el a\u00f1o 1936 el arriba aludido inmueble, figurando inscrita como propietaria del mismo para la fecha de esta demanda. <\/p>\n
La mencionada propietaria falleci\u00f3 en Ibagu\u00e9 el 7 de febrero de 1982, sin haber dejado, al parecer, descendientes o ascendientes, desconoci\u00e9ndose qui\u00e9nes puedan ser sus herederos y sin que por lo dem\u00e1s se haya abierto el correspondiente proceso de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
La actora, Leonor Lizcano, es actual poseedora material del referido inmueble, posesi\u00f3n que ejerce p\u00fablica, pac\u00edfica y tranquila e ininterrumpidamente desde 1965; durante veintisiete a\u00f1os entonces. <\/p>\n
Admitida la demanda, se orden\u00f3 el emplazamiento de los herederos inciertos de Mar\u00eda de Jes\u00fas Yara de Rojas, as\u00ed como el de las personas que considerasen tener derecho sobre el bien materia de la pertenencia. <\/p>\n
Fue as\u00ed como se presentaron al proceso Luis Carlos, Jos\u00e9 Mar\u00eda, Blanca Nelly y Jorge Alirio Var\u00f3n Acosta, Zoilo Antonio Giraldo Yara y Jos\u00e9 Ernesto Yara (fl. 105, c.1), quienes adujeron su calidad de herederos de Mar\u00eda de Jes\u00fas Yara de Rojas y se opusieron a la declaratoria de pertenencia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n para oponerse concurrieron Gustavo Garc\u00eda Giraldo y Lilia Quintero Medina, quienes alegaron haber adquirido derechos del predio en litigio por compra que hicieron a herederos de Mar\u00eda de Jes\u00fas Yara. <\/p>\n
El curador ad litem que fuera designado, a su turno, se atuvo a lo que resultare demostrado. <\/p>\n
Culmin\u00f3 la primera instancia con sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda, providencia que apelada por la parte actora, fue confirmada por el tribunal de Ibagu\u00e9. Recurri\u00f3 entonces esa misma parte en casaci\u00f3n, impugnaci\u00f3n que, como atr\u00e1s se advirti\u00f3, se apresta la Corte a decidir. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Partiendo del supuesto de que quien alegue la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio debe demostrar haber pose\u00eddo materialmente el respectivo bien por un lapso no menor de veinte a\u00f1os, deja asentado que la actora Leonor Lizcano no tiene dicha calidad. <\/p>\n
Y para fundamentar ese aserto se refiere: a) al contenido de la declaraci\u00f3n de parte rendida por la demandante, tanto en el presente asunto como en un proceso laboral que como prueba trasladada se arrim\u00f3 a los autos; b) a los t\u00e9rminos en que fue concebida la demanda que dio origen al sobredicho proceso laboral; c) al escrito dirigido por la actora al gerente del Instituto de Valorizaci\u00f3n de Ibagu\u00e9, luego de la muerte de la se\u00f1ora Yara de Rojas, manifestando que a esta \u00faltima correspond\u00eda el dominio del inmueble ahora en litigio y, d) a la sentencia condenatoria proferida por el juzgado octavo penal del Circuito de Ibagu\u00e9 contra la aqu\u00ed demandante por el delito de falso testimonio. <\/p>\n
\u201c(\u2026) la sola enumeraci\u00f3n y manifestaciones que se han transcrito (…) dan al traste con la noci\u00f3n de poseedora que alega la demandante Lizcano para lograr la pertenencia (…) la accionante ense\u00f1a muy claramente que es tenedora desde 1965 del bien de la usucapi\u00f3n y que no ha tenido en ning\u00fan momento el \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a sobre el inmueble solicitado\u201d. <\/p>\n
Y luego: <\/p>\n
\u201cPara el tribunal es incuestionable (\u2026) que la se\u00f1ora Leonor Lizcano no ha tenido la posesi\u00f3n material sobre el inmueble que pretendi\u00f3 usucapir y que la posesi\u00f3n invocada (\u2026), s\u00f3lo qued\u00f3 como un simple enunciado de la demanda, porque la prueba documental que se trajo al plenario desvirtu\u00f3 totalmente el elemento subjetivo que integra la noci\u00f3n de posesi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
El cargo segundo de la demanda de casaci\u00f3n, el \u00fanico que de los tres que la integraban encontr\u00f3 admisible la Corte, viene forjado sobre la causal quinta de casaci\u00f3n, con el argumento de que se incurri\u00f3 en la causal de nulidad establecida por el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 140 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
Desarrolla el censor el cargo as\u00ed: <\/p>\n
Antonio Giraldo Yara, Jos\u00e9 Ernesto Yara y Luis Carlos, Jos\u00e9 Mar\u00eda, Blanca Nelly y Jos\u00e9 Alirio Var\u00f3n Acosta, \u00abno son partes del proceso de pertenencia\u00bb, donde se demanda a los sucesores de Mar\u00eda de Jes\u00fas Yara Vda. de Rojas. <\/p>\n
Aquellos se hicieron reconocer como sobrinos de la causante en su tr\u00e1mite sucesorio, adelantado en 1992 en la Notar\u00eda Tercera de Ibagu\u00e9; utilizaron al efecto el registro de defunci\u00f3n sentado ante dicha notar\u00eda el 13 de mayo del mencionado a\u00f1o por parte de la presunta sobrina Blanca Nelly Var\u00f3n Acosta, quien suministr\u00f3 todos los datos que demostraban el parentesco, a pesar de que tal registro se hab\u00eda ya efectuado desde el 8 de febrero por el asistente de una de las funerarias de Ibagu\u00e9. De todas maneras, agrega el censor, \u201cestas personas que dicen ser sobrinas fueron reconocidas por conducta concluyente dentro del proceso de pertenencia por intermedio de su apoderado…\u201d <\/p>\n
Los arriba aludidos, dice, \u201cno son herederos porque no son descendientes de conformidad con lo preceptuado en los art\u00edculos 1040, 1043 del C\u00f3digo Civil\u2026\u201d, por cuanto para acreditar parentesco de esa naturaleza han debido presentar ante la notar\u00eda la partida de bautismo de la causante, lo que no se hizo, de manera que no se entiende porqu\u00e9 se tramit\u00f3 el sucesorio. <\/p>\n
Por la anterior raz\u00f3n, el juez a quo acept\u00f3 a las referidas personas en el proceso de pertenencia como parte \u00abcon derecho y de vender los predios a los se\u00f1ores Gustavo Garc\u00eda Giraldo y Lilia Quintero Medina\u00bb; as\u00ed, estar\u00eda demostrada la nulidad prevista en el art\u00edculo 140, numeral 7 del C. de P.C., que comprende toda la actuaci\u00f3n surtida desde el auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
De entrada se observa que, para decirlo llanamente, no es su propia situaci\u00f3n sino la de la contraparte la que preocupa ahora al demandante recurrente; pues lo que pide no es otra cosa que la anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite, no por circunstancias que a \u00e9l ata\u00f1en, sino a la demandada, de la que dice anduvo mal representada, as\u00ed hubiera salido, como sali\u00f3, airosa en el proceso; aspira as\u00ed a que \u00e9sta, en tal virtud, afronte de nuevo el litigio que \u00e9l propuso y se someta a sus contingencias: escueto planteamiento del que brota de inmediato la falta de inter\u00e9s en el recurrente para alegar nulidad semejante. <\/p>\n
Ya se dej\u00f3 resumido, en efecto, c\u00f3mo el censor arguye que quienes concurrieron al proceso aduciendo la calidad de herederos de Mar\u00eda de Jes\u00fas Yara, quien figura inscrita como propietaria del inmueble cuya adquisici\u00f3n por el modo de la usucapi\u00f3n se pretende, no tienen la anotada calidad; con base en ello reclama la declaratoria de la nulidad procesal consagrada en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 140 del c\u00f3digo de procedimiento civil, en cuanto all\u00ed se estatuye que el proceso ser\u00e1 nulo en todo o en parte \u201ccuando es indebida la representaci\u00f3n de las partes\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, dicho motivo de nulidad, que se refiere de manera exclusiva a la ilegitimidad de las partes en el proceso (ilegitimatio ad processum), tutela, cual lo ha expresado la Corte, \u00abel derecho individual de defensa, asegurando (…) la capacidad legal o de ejercicio y la debida representaci\u00f3n de los sujetos entre quienes se ata la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal\u00bb (CXXIX, 26), a prop\u00f3sito de lo cual se\u00f1al\u00f3 as\u00ed mismo la Corporaci\u00f3n que su raz\u00f3n de ser estriba \u201cen la garant\u00eda constitucional que tiene la persona de utilizar todos los mecanismos o prerrogativas que le ha conferido la ley para hacer valer sus derechos. Es entonces, en \u00faltimas, el derecho de defensa, cuando se encuentra menospreciado o transgredido, el que faculta a la parte afectada para solicitar la nulidad de la actuaci\u00f3n cumplida sin sujeci\u00f3n a tal principio supralegal\u201d. (Sent. de mayo 12 de 1977). <\/p>\n
Por cierto que el precedente criterio no informa exclusivamente la causal que se viene comentando, como que el postulado de la ‘protecci\u00f3n’, por el cual se deja sentado que las nulidades han sido consagradas con el fin de proteger a la parte cuyo derecho ha sido afectado por el vicio procesal, es uno de los que a la par con los de la especificidad y la convalidaci\u00f3n, gobiernan el r\u00e9gimen de las nulidades. <\/p>\n
<\/p>\n
De donde, entendidas las nulidades como mecanismo para tutelar a aquel cuyo derecho ha sido conculcado o cercenado, se muestra evidente que las mismas s\u00f3lo pueden, en principio, alegarse por la persona afectada por el vicio, vale decir, que s\u00f3lo a esta persona y no a otra asiste inter\u00e9s jur\u00eddico para reclamar al respecto, desarrollo legislativo de lo cual es el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 143 del c\u00f3digo de procedimiento civil en tanto que impone a quien alega cualquiera de ellas, la obligaci\u00f3n de \u201cexpresar su inter\u00e9s para proponerla\u201d; preceptiva que dio lugar a que esta Corporaci\u00f3n, en sentencia de 4 de febrero de 1987, se\u00f1alara que \u00abcuando el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 155 (hoy, inciso 2\u00ba del 143) alude al inter\u00e9s (del verbo interesse) para la proposici\u00f3n de la nulidad, define el punto con toda exactitud porque, b\u00e1sicamente, de lo que se trata es de saber en frente de cu\u00e1l de las partes es que media el hecho an\u00f3malo y por ende a qui\u00e9n perjudica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Es que, para expresarlo en otra forma, absurdo en verdad lucir\u00eda, en todo caso, decretar a instancias del actor la nulidad de un proceso, con el s\u00f3lo pretexto de que la parte pasiva, all\u00ed triunfante, no cont\u00f3 con un adecuado derecho de defensa. <\/p>\n
As\u00ed, en conclusi\u00f3n, fluyen dos cosas que, juntas y cada una por s\u00ed, empecen el inter\u00e9s del recurrente para formular la nulidad que se viene comentando: primero, porque la causal alusiva a la indebida representaci\u00f3n s\u00f3lo puede suplicarla la persona afectada, y aqu\u00ed la propone el demandante; y, segundo, dado que los herederos indeterminados no pudieron en este juicio recibir perjuicio alguno con la decisi\u00f3n impugnada, desde que en \u00e9sta se deneg\u00f3 la pertenencia respecto de la cual fueron convocados a resistir. <\/p>\n
No prospera pues, el cargo. <\/p>\n
<\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida en este proceso el 2 de noviembre de 1995, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Costas del recurso de casaci\u00f3n, a cargo del recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase al tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
<\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
(en permiso) <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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