S-060-2001 [5751]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Bogot\u00e1 Distrito Capital, cuatro (4) de abril de dos mil uno (2001) <\/p>\n
Rad. Expediente 5751 <\/p>\n
Despacha la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado por la parte demandante contra la sentencia del 22 de mayo de 1995, proferida por la Sala Civil – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario de pertenencia adelantado por FORTUNATO CHAVARRO MORERA frente a PERSONAS INDETERMINADAS. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Unico Civil del Circuito de Garz\u00f3n (Huila), compareci\u00f3 el demandante para solicitar que se declarase que le pertenece el inmueble ubicado en la calle 1a. No. 10-67, Barrio Las Mercedes de esa localidad, cuyas especificaciones se\u00f1al\u00f3 en la demanda y, subsecuentemente, que se ordenase la inscripci\u00f3n de tal sentencia en la Oficina de Registro pertinente, peticiones estas que fundament\u00f3 en que desde 1960, y ya en posesi\u00f3n material del inmueble, procedi\u00f3, por su propia iniciativa y con dineros de su propiedad, a reconstruir y ampliar la vivienda que all\u00ed exist\u00eda sin pedirle permiso a nadie. <\/p>\n
Los actos de se\u00f1or\u00edo por \u00e9l ejecutados, adem\u00e1s de vivir ah\u00ed con su familia \u00aby explotar el lote con almacenamiento de le\u00f1a\u00bb, han consistido en arreglar el techo, resanar y retocar paredes, cambiar y pintar puertas y ventanas, adecuar el terreno para la construcci\u00f3n de muros de contenci\u00f3n para la construcci\u00f3n de la cocina y un comedor. Hasta la fecha de la demanda lleva m\u00e1s de veinte a\u00f1os explotando material, continua y tranquilamente el inmueble, sin que nadie le hubiese disputado ese derecho. <\/p>\n
2. Surtidos los emplazamientos de rigor, y encontr\u00e1ndose el proceso en su etapa probatoria, compareci\u00f3 al mismo la se\u00f1ora Claudia Mercedes S\u00e1nchez Rojas, quien, aduciendo su calidad de heredera de Jorge Enrique S\u00e1nchez, impetr\u00f3 la nulidad de lo actuado, argumentando que su padre hab\u00eda adquirido el inmueble en litigio y que tiempo despu\u00e9s lo dio en arrendamiento al demandante, persona \u00e9sta que, inclusive fue a visitarlo al hospital para pedirle que le regalara el fundo. Junto con su petici\u00f3n alleg\u00f3 la incidentante varias declaraciones de renta del causante y una copia del folio de matr\u00edcula del inmueble en la cual aparece JORGE ENRIQUE SANCHEZ registrado en la columna de falsa tradici\u00f3n. El incidente fue resuelto de manera adversa a la peticionaria en primera y segunda instancia, no obstante lo cual se le tuvo como parte opositora en el litigio. <\/p>\n
3. La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia estimatoria de las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Corporaci\u00f3n \u00e9sta que al despachar el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la opositora, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de la habitual rese\u00f1a de los antecedentes relevantes del litigio, y tras disertar de manera generosa, sobre la naturaleza de la usucapi\u00f3n, sus requisitos y condiciones de procedencia, destac\u00f3 el Tribunal que el juez a-quo accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda porque solamente valor\u00f3 la prueba aportada por la parte demandante, desde\u00f1ando la allegada por la opositora. <\/p>\n
Pero, afirma el ad quem, si el an\u00e1lisis de la prueba se hace de manera conjunta, como as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la conclusi\u00f3n a que se llega es sustancialmente distinta a la inferida por el juez de primera instancia. <\/p>\n
Repar\u00f3, entonces, el Tribunal, en la fotocopia aut\u00e9ntica de la escritura p\u00fablica No. 106 del 20 de febrero de 1951, otorgada en la Notar\u00eda Unica del C\u00edrculo de Garz\u00f3n, mediante la cual el se\u00f1or Luis Antonio Sanabria, quien actu\u00f3 en nombre y representaci\u00f3n de Gabriel Mac\u00edas, y Lucrecia S\u00e1nchez de Mac\u00edas dio en venta al se\u00f1or Jorge Enrique S\u00e1nchez \u00abel derecho de dominio y todo otro derecho que pueda tener en la casa de habitaci\u00f3n\u00bb, con su correspondiente solar, ubicada en la calle 1a. No. 10-67 de ese mismo municipio, instrumento p\u00fablico que s\u00f3lo fue registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Neiva el 9 de octubre de 1990, es decir, con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda sometida a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Advirti\u00f3, enseguida, el fallador ad-quem, que mediante requerimiento efectuado el 4 de agosto de 1971 por el Ministerio de Salud P\u00fablica, Servicio Seccional del Huila, se apercibi\u00f3 al se\u00f1or Jorge S\u00e1nchez para que en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas ejecutara unas determinadas reparaciones en el referido inmueble. Tambi\u00e9n obran en el expediente, a\u00f1adi\u00f3, las declaraciones de renta de Jorge S\u00e1nchez, correspondientes a los a\u00f1os gravables de 1959 a 1987, documentos en los cuales declar\u00f3 ser el propietario del aludido fundo; y recibos varios sobre pagos efectuados a terceros para el \u00ablucimiento\u00bb de la casa que tiene en arrendamiento. En las declaraciones de renta y sus anexos relacion\u00f3 unas sumas de dinero recibidas por concepto de arrendamiento del demandante Fortunato Chavarro Morera. <\/p>\n
Transcribi\u00f3, a continuaci\u00f3n, el Tribunal, algunos apartes que consider\u00f3 pertinentes de la declaraci\u00f3n de parte vertida por el actor, para destacar que el mismo demandante \u00abacepta seg\u00fan sus t\u00e9rminos que el inmueble que entr\u00f3 a habitar con su familia en el a\u00f1o 50 era de Jorge S\u00e1nchez, reconociendo el dominio que \u00e9ste ten\u00eda sobre el rancho como lo denomina\u00bb. <\/p>\n
Distingui\u00f3 el fallador, los testimonios de Samuel Polan\u00eda Su\u00e1rez y Gerardo Palomino Su\u00e1rez, cuyos aspectos sobresalientes transcribi\u00f3, para concluir que de tales declaraciones y de los documentos a los que se ha hecho referencia se pone de presente que el demandante siempre reconoci\u00f3 el dominio sobre la casa de habitaci\u00f3n en cabeza de Jorge S\u00e1nchez, lo que indica que cuando entr\u00f3 a habitarla con su familia lo hizo a t\u00edtulo de tenencia, cancelando c\u00e1nones de arrendamiento que fueron declarados por el extinto propietario ante la Oficina de Impuestos \u00abdesde el a\u00f1o de 1987 (sic.), resultando il\u00f3gico, como lo afirma el se\u00f1or apoderado de Claudia Mercedes S\u00e1nchez Rojas, que por largos a\u00f1os se hubiese gravado el se\u00f1or Jorge S\u00e1nchez en esas declaraciones de renta sin que hubiese mediado el contrato verbal de arrendamiento que se alega y que seg\u00fan las pruebas analizadas s\u00ed existi\u00f3 en la realidad\u00bb. <\/p>\n
Es claro, entonces, prosigue, que el prescribiente entr\u00f3 en contacto con el inmueble que pretende como mero tenedor, motivo por el cual es preciso analizar si se present\u00f3 el fen\u00f3meno de \u00abla intervenci\u00f3n (sic) de su t\u00edtulo\u00bb. Para despejar tal inc\u00f3gnita se apoy\u00f3 en una jurisprudencia de la Corte, tras cuya cita asever\u00f3 que las declaraciones de renta presentadas por el causante entre 1959 a 1987, el pago del Impuesto Predial y Complementarios por el mismo per\u00edodo, y las declaraciones de Samuel Polan\u00eda y Gerardo Palomino \u00abse constituyen en serios indicios acerca de la calidad de tenedor que por muchos a\u00f1os ostent\u00f3 el demandante\u00bb. Adem\u00e1s, revisadas las facturas de compraventa de materiales allegadas por el actor, y que obran de los folios 2 a 40 del cuaderno principal y con las cuales pretende acreditar los actos de se\u00f1or\u00edo sobre el inmueble, se tiene que el mismo demandante admite que tales actos de disposici\u00f3n s\u00f3lo vinieron a ejecutarse sobre el pretendido inmueble despu\u00e9s de 1986, puesto que los documentos a que se alude hacen referencia a que los materiales s\u00f3lo fueron adquiridos desde tal \u00e9poca, \u00abdesconociendo s\u00f3lo a partir de ese a\u00f1o el dominio que sobre el bien litigado ven\u00eda ejerciendo el extinto Jorge Enrique S\u00e1nchez\u00bb y que, sin embargo, continu\u00f3 reconoci\u00e9ndolo como due\u00f1o al pagar en su nombre el Impuesto Predial conforme obra en los recibos de los folios 5 a 8 del mismo cuaderno. Es de observar, a\u00f1ade el Tribunal, que el se\u00f1or S\u00e1nchez pag\u00f3 el Impuesto Predial desde 1959 hasta 1987, y que s\u00f3lo a partir de 1988 aparecen los pagos efectuados, al parecer, por el demandante. <\/p>\n
De las pruebas que han quedado rese\u00f1adas, agrega, se infiere que los actos de posesi\u00f3n ejercidos por el demandante no fueron anteriores a 1986 como lo aseveran las personas que a instancia suya declararon en el proceso, pues frente al dicho de estos declarantes se alzan las pruebas que se acaban de relacionar. <\/p>\n
La circunstancia admitida por los declarantes de que el actor vivi\u00f3 con su familia en el inmueble por m\u00e1s de veinte a\u00f1os no prueba, por s\u00ed sola, la posesi\u00f3n alegada pues el simple transcurso del tiempo, por mandato de los art\u00edculos 777 y 780 del C\u00f3digo Civil, no muda la mera tenencia en posesi\u00f3n. <\/p>\n
Fluye, entonces, de todo lo expuesto, que en el sub judice no se demostr\u00f3 la posesi\u00f3n por el tiempo requerido por la ley para que pueda operar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, pues de acuerdo con las pruebas que se dejan analizadas, el demandante fue tenedor del inmueble pretendido hasta el a\u00f1o de 1986 y s\u00f3lo a partir de esa fecha \u00abse dio la intervensi\u00f3n (sic)\u00bb de su calidad inicial de mero tenedor a la de poseedor. <\/p>\n
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LA DEMANDA DE CASACION. <\/p>\n
En el \u00fanico cargo que la misma contiene, se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de los art\u00edculos 2512, 2518 y 2531 del C\u00f3digo Civil; del art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 50 de 1936; y del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia \u00abdel error de derecho por violaci\u00f3n de las siguientes normas probatorias: Arts.187 – 200 y 264 del C. de C. (sic.)…\u00bb <\/p>\n
Para demostrar su acusaci\u00f3n, afirma la censura que para el Tribunal el demandante no era poseedor del inmueble pretendido, sino un mero tenedor, debido a que existi\u00f3 un contrato verbal de arrendamiento pactado entre CHAVARRO MORENA, el actor, y JORGE SANCHEZ SILVA, acto con el cual habr\u00eda reconocido dominio ajeno. Sustenta esta conclusi\u00f3n en tres elementos probatorios: a) Las declaraciones de renta y patrimonio del se\u00f1or Jorge Enrique S\u00e1nchez Silva; b) Las declaraciones de los testigos Samuel Polan\u00eda Suarez y Gerardo Palomino Suarez; y c) el interrogatorio de parte absuelto por el demandante. <\/p>\n
Aborda, entonces, el censor, el an\u00e1lisis de las aludidas declaraciones de renta, destacando, delanteramente, que por mandato del art\u00edculo 174 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, los documentos p\u00fablicos s\u00f3lo hacen fe \u00ab- l\u00e9ase plena prueba-\u00ab, sobre su otorgamiento, su fecha y las declaraciones que en ellos hagan los funcionarios que los autoricen, al paso que las aseveraciones que hagan los interesados s\u00f3lo har\u00e1n fe entre ellos y sus causahabientes. <\/p>\n
Las declaraciones de renta y de patrimonio de Jorge Enrique S\u00e1nchez, a\u00f1ade, aportadas al proceso por su hija Claudia Mercedes S\u00e1nchez, \u00abpor mandato del art\u00edculo 274 (sic.) del C. de P.C.\u00bb, no tienen fuerza vinculante o probatoria frente a terceros, motivo por el cual las afirmaciones que aparecen en este documento y sus anexos, tales como las que hacen referencia a supuestos arrendamientos que el declarante dijo haber recibido de Fortunato Chavarro, o los pagos que hizo por supuestas reparaciones en el inmueble, nada prueban en relaci\u00f3n con el pago de arrendamientos por parte de Chavarro, o con el pago de los trabajos ejecutados por cuenta de Jorge S\u00e1nchez. <\/p>\n
Si se aceptara, como principio, que las afirmaciones hechas \u00abpor sus acreedores\u00bb en este tipo de documentos hicieran plena prueba con relaci\u00f3n a terceros, afirma la censura, \u00abno quiero ni pensar en los abusos que por ese medio se cometer\u00edan, en un ambiente corrupto como el que impera, desafortunadamente, en nuestro pa\u00eds\u00bb. No se diga que esa especie de afirmaciones o supuestas confesiones s\u00f3lo lesionan \u00aba sus acreedores\u00bb por ser ellos quienes pueden salir gravados con impuestos, por lo que es usual que los declarantes escondan sus ingresos y no que los evidencien, porque este argumento es un sofisma, pues en realidad s\u00f3lo sirven para lesionar a terceros como el se\u00f1or Chavarro, toda vez que est\u00e1n utilizando en su contra las \u00abinocentes y altruistas\u00bb afirmaciones que las declaraciones de renta contienen, \u00abprefabricadas por su acucioso asesor y testigo comod\u00edn\u00bb, se\u00f1or Palomino Suarez, porque con ellas se crea una prueba en contra del demandante que lo tiene al borde de perder el ahorro y el trabajo de toda su vida, result\u00e1ndole una jugada muy rentable pues corre el albur de pagar unos pocos pesos de impuesto, pero como contraprestaci\u00f3n se puede ganar las mejoras establecidas por Fortunato Chavarro, m\u00e1s la valorizaci\u00f3n que ellas le han dado a ese bien. <\/p>\n
Agrega, el recurrente, que Samuel Polan\u00eda y Gerardo Palomino declararon dos veces dentro del proceso y que, adem\u00e1s, Gerardo Palomino fue el asesor tributario del se\u00f1or S\u00e1nchez durante mas de diez a\u00f1os; advierte que de la lectura de estos testimonios se observan claras y graves contradicciones entre las dos versiones de cada uno de ellos, lo que pone de relieve que para la segunda oportunidad llegaron debidamente preparados para corregir los vac\u00edos e incongruencias de su primera deposici\u00f3n. <\/p>\n
Tales contradicciones son las siguientes: En su primera declaraci\u00f3n Gerardo Palomino Suarez manifest\u00f3 no haber conocido la casa donde vive Fortunato Chavarro, al paso que en la versi\u00f3n del 4 de agosto de 1993, dice que estuvo en esa casa con Jorge S\u00e1nchez, siendo claro que esta visita no se pudo surtir en el lapso transcurrido entre las dos declaraciones, porque para ese momento ya S\u00e1nchez hab\u00eda muerto, como se acredita con la partida de defunci\u00f3n que reposa en el expediente. La otra divergencia notoria de las dos declaraciones de este testigo consiste en que, mientras en el testimonio del 91 se limit\u00f3 a decir que supo que Fortunato viv\u00eda en la casa de S\u00e1nchez, y que pagaba un modesto arrendamiento, porque as\u00ed se lo hab\u00eda informado el propio S\u00e1nchez, en la declaraci\u00f3n de 1993 es m\u00e1s expl\u00edcito sobre esos aspectos, pues los presenta como si fueran de p\u00fablico conocimiento. <\/p>\n
En lo ata\u00f1edero a Samuel Polan\u00eda Su\u00e1rez, se advierten, igualmente, claras divergencias entre sus dos declaraciones, pues mientras en la versi\u00f3n de 1991 afirm\u00f3 que conoc\u00eda la casa objeto del litigio y que vio \u00fanicamente a Fortunato Chavarro viviendo en ella, motivo por el cual lleg\u00f3 a pensar que era de su propiedad, hasta cuando S\u00e1nchez le dijo que era suya y que aqu\u00e9l le pagaba arriendo, en la versi\u00f3n de 1993 manifest\u00f3 que Fortunato le dijo que la casa, junto con el solar vecino, era de S\u00e1nchez y que estaban conversando un arreglo con S\u00e1nchez, el cual consistir\u00eda que \u00e9l se quedada con la casa y devolv\u00eda a S\u00e1nchez el solar, f\u00f3rmula con la cual \u00e9ste estar\u00eda de acuerdo. <\/p>\n
El cambio de contenido de los segundos testimonios, agrega el recurrente, es fundamental, pues se evidencia que fueron aportados para llenar los vac\u00edos que las primeras hab\u00edan dejado, motivo por el cual esos testimonios se hacen sospechosos y descalificables. Y tras citar una jurisprudencia de la Corte que ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n de testimonios sospechosos, expresa su \u00abpreplejidad\u00bb (sic) por la beligerancia que la Magistrada ponente le dio a esos testimonios. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, afirma que el Tribunal viol\u00f3 las formas procesales de tipo probatorio contenidas en los art\u00edculos 187 y 200 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por haberle dado una visi\u00f3n unilateral al susodicho interrogatorio, pues su an\u00e1lisis se limit\u00f3 a la parte donde admiti\u00f3 que el inmueble en litigio lo recibi\u00f3 de Jorge S\u00e1nchez, pero hizo caso omiso de otros apartes de la misma diligencia donde afirm\u00f3 su voluntad y \u00e1nimo de poseedor, como cuando, al final de ese mismo pasaje, dijo que \u00abyo segu\u00ed viviendo ah\u00ed tranquilamente sin mortificaci\u00f3n alguna\u00bb, o lo que dijo al contestar la pregunta 4 del interrogatorio. <\/p>\n
Para concluir sostiene la censura que se ha hecho \u00e9nfasis en la violaci\u00f3n por error de derecho de la norma contenida en el art\u00edculo 187 del C.de P.C. como causa de la violaci\u00f3n de las normas de derechos sustancial invocadas, porque el Tribunal se limit\u00f3 a analizar \u00fanicamente las pruebas allegadas por la parte opositora, sin explicar el motivo que exist\u00eda para ello, raz\u00f3n por la cual las declaraciones de Lisandro Mart\u00ednez, Francisco D\u00edaz e Ismael Ram\u00edrez, as\u00ed como los dict\u00e1menes de los diferentes peritos que actuaron en el proceso \u00abnada significaron a la Magistrada ponente del fallo\u00bb, no obstante que de dicha pruebas se deducen que Fortunato Chavarro, al poco tiempo de recibir la casa de Jorge S\u00e1nchez, empez\u00f3 a efectuar sobre ella trabajos que acreditan su calidad de poseedor. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1.- Como f\u00e1cilmente se advierte, la parte recurrente acus\u00f3 la sentencia impugnada de ser violatoria de las normas de derecho sustancial que se\u00f1ala, infracci\u00f3n cuya causa hace alojar en que el Tribunal incurri\u00f3 en \u00aberror de derecho por violaci\u00f3n de las siguientes normas probatorias: Arts.187 – 200 y 264 del C. de C. (sic.) \u00ab, enunciado que se erigi\u00f3 en un valladar que nunca traspas\u00f3, actitud que la condujo a cometer graves incorrecciones t\u00e9cnicas en la formulaci\u00f3n del cargo que, obviamente, impiden cualquier pronunciamiento sobre el fondo de la cuesti\u00f3n debatida. <\/p>\n
2. En efecto, se ha dicho, conforme a doctrina reiterada, que \u201c\u2026la calificaci\u00f3n que de las condiciones de los testimonios haga el sentenciador, vale decir, si en su concepto son vagos, incoherentes, contra\u00addictorios, o por el contrario, responsivos, exactos y completos; si ha de d\u00e1rseles o no credibilidad de acuerdo con los principios de la sana cr\u00edtica, es cuesti\u00f3n de hecho y que cae bajo el poder discrecional de que goza el Juzgador de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, y cuyo desacierto al enjuiciar esas calidades, por referirse a la objetividad misma de la prueba, entra\u00f1a un error de hecho y no de derecho\u2026\u201d (Casaci\u00f3n de 25 de febrero de 1988, entre otras). <\/p>\n
Es claro, pues, que las supuestas equivocaciones en que hubiese incurrido el Tribunal, concernientes a la coherencia, precisi\u00f3n y credibilidad de los testimonios, solo pueden denunciarse en casaci\u00f3n como errores de hecho, desde luego que son cuestiones que ata\u00f1en con la objetividad del medio de prueba, concretamente, con lo que los testigos dicen y la forma como lo hacen, motivo por el cual, incurre en grave falta contra la t\u00e9cnica que gobierna al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, si tales hipot\u00e9ticas incorrecciones del juzgador se aducen como errores de derecho. <\/p>\n
En el cargo de cuyo an\u00e1lisis se ocupa ahora la Corte, asever\u00f3 la recurrente que, habiendo acontecido que los testigos GERARDO PALOMINO SUAREZ y SAMUEL POLANIA SUAREZ declararon en dos oportunidades distintas en el proceso, existieron entre una y otra testificaci\u00f3n notorias divergencias, las mismas que la censura se ocupa de mostrar, y que el Tribunal supuestamente no advirti\u00f3, y que tales incoherencias se deben a que mediante las segundas se pretendi\u00f3 llenar los vac\u00edos que las primeras hab\u00edan dejado, motivo por el cual esos testimonios deb\u00edan descalificarse. Mas, imputaciones de tal estirpe conciernen, como ha quedado establecido, con la objetividad de la prueba y en cuanto ello es as\u00ed, deben denunciarse como errores de hecho en su apreciaci\u00f3n, no de derecho. <\/p>\n
3. Puede decirse lo propio con respecto a la acusaci\u00f3n que la censura le enrostra a la apreciaci\u00f3n que del interrogatorio de parte hizo el ad-quem, puesto que de ser cierto que aqu\u00e9l, d\u00e1ndole \u201cun enfoque unilateral al interrogatorio\u201d hizo caso omiso de otros apartes de dicha diligencia, como cuando al final de la misma respuesta en donde admiti\u00f3 haber recibido el inmueble de JORGE SANCHEZ, asever\u00f3 que \u201c`\u2026y yo pues segu\u00ed viviendo ah\u00ed tranquilamente sin mortificaci\u00f3n alguna\u2019\u201d, tal hipot\u00e9tica falencia deb\u00eda atacarse como un error de hecho, por supuesto que de haber actuado el Tribunal de ese modo, estar\u00eda desconociendo la realidad objetiva de la prueba al omitir aspectos de la misma. <\/p>\n
Mas, lo que tan peculiar forma de recurrir pone de manifiesto, es que la recurrente, incurriendo en una ostensible inexactitud, asemeja la confesi\u00f3n a la declaraci\u00f3n de parte, confusi\u00f3n que le impide advertir que aquella solo adquiere el cariz de medio de prueba cuando quien la vierte admite un hecho que le desfavorece o que resulta ventajoso a la contraparte, descripci\u00f3n que apareja, como es obvio, que no toda declaraci\u00f3n de parte implica una confesi\u00f3n. <\/p>\n
4.- Con relaci\u00f3n a los reproches que la censura le enrostra a la apreciaci\u00f3n que hiciera el Tribunal de las declaraciones de renta del se\u00f1or JORGE ENRIQUE SANCHEZ SILVA que obran en el proceso, es de advertir que el fallador asever\u00f3 que esos documentos pon\u00edan de presente que el demandante reconoci\u00f3 el se\u00f1or\u00edo de SANCHEZ SILVA sobre el inmueble al pagarle arrendamientos, porque, resulta \u201c\u2026il\u00f3gico, como lo afirma el se\u00f1or apoderado de Claudia Mercedes S\u00e1nchez Rojas, que por largos a\u00f1os se hubiese gravado el se\u00f1or Jorge S\u00e1nchez en esas declaraciones de renta sin que hubiese mediado el contrato verbal de arrendamiento que se alega y que seg\u00fan las pruebas analizadas si existi\u00f3 en la realidad\u201d. Y m\u00e1s adelante agrega que \u201c Como ya se expres\u00f3, las declaraciones de renta por los a\u00f1os de 1959 a 1987, el pago del impuesto predial y complementarios por el mismo per\u00edodo, las declaraciones de los se\u00f1ores Samuel Polan\u00eda Suarez y Gerardo Palomino Suarez, se constituyen en serios indicios acerca de la calidad de tenedor que por muchos a\u00f1os ostent\u00f3 el demandante sobre el inmueble que pretende usucapir\u2026\u201d <\/p>\n
Esto es, que el juzgador ad-quem, en lugar de tener por demostrado de manera directa el contrato de arrendamiento ajustado entre S\u00e1nchez Silva y el demandante con base en tales documentos, como aparentemente lo cree la censura, infiri\u00f3 una serie de indicios, entre ellos, que de no ser ciertas las manifestaciones contenidas en la declaraci\u00f3n de renta, carec\u00eda de l\u00f3gica pagar impuestos sobre unos arrendamientos que no percib\u00eda el contribuyente. <\/p>\n
En ese orden de ideas, gravitaba sobre la impugnante la carga de atacar las calidades de gravedad, precisi\u00f3n y conexidad de tal indicio, aspectos estos que, como se sabe, se refieren a la objetividad misma de la prueba y no a la valoraci\u00f3n de esta, y en cuanto tales el desacierto en que incurra el Tribunal al enjuiciar esas calidades entra\u00f1a un error de hecho y no de derecho, carga que fue desatendida por la recurrente en virtud de que no percibi\u00f3 cabalmente el razonamiento del Tribunal, incomprensi\u00f3n que despunt\u00f3 en un equivocado planteamiento de la censura, desde luego que lo que el fallador admiti\u00f3 como probado con tales declaraciones de renta fue que el declarante pagaba impuestos sobre unos arrendamientos que dijo percibir del demandante, cuesti\u00f3n que es en verdad irrefutable, aserto del cual infiri\u00f3 el indicio que viene de exponerse y que no fue cuestionado en debida forma por la recurrente. <\/p>\n
5. A manera de ep\u00edlogo se\u00f1al\u00f3 la impugnante que el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho por haberse limitado a \u201canalizar y aplicar\u201d \u00fanicamente las pruebas allegadas por la parte opositora, al paso que las declaraciones de Lisandro Mart\u00ednez, Francisco D\u00edaz e Ismael Ram\u00edrez, as\u00ed como los dict\u00e1menes de los diferentes peritos que actuaron en el proceso \u201cnada significaron a la Magistrada ponente del fallo\u201d. No obstante, con esa singular manera de reprochar la sentencia recurrida, incurri\u00f3 la censura en un notorio equ\u00edvoco porque no es posible advertir esa especie de yerro en la falta de apreciaci\u00f3n de un medio, por supuesto que en esta clase de error, contrariamente a lo que sucede con el de hecho, siempre se parte de que el juzgador es consciente de la presencia del medio, s\u00f3lo que al evaluarlo no lo hace con sujeci\u00f3n a la preceptiva legal. <\/p>\n
La demostraci\u00f3n del error de derecho que se origina en la infracci\u00f3n del art\u00edculo 187 del C. de P.C., en cuanto que el juez no aprecie en forma conjunta las pruebas, implica poner de manifiesto que la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba fue una tarea aislada en la cual no se buscaron sus conexidades y coincidencias, tarea a la cual se sustrajo la impugnante. <\/p>\n
6. Se advierte, finalmente, que el Tribunal, luego de examinar las facturas que el demandante alleg\u00f3 con miras a acreditar la compra de materiales para efectuar los diversos actos de reparaci\u00f3n y mejoramiento del inmueble en disputa, dedujo que todas ellas eran posteriores a 1986, motivo por el cual coligi\u00f3 que las manifestaciones de dominio que proclamaba el demandante eran posteriores a tal \u00e9poca, fecha a partir de la cual el t\u00edtulo de mero tenedor que ostentaba se trastoc\u00f3 en posesi\u00f3n, inferencia que la censura se abstuvo de impugnar, omisi\u00f3n que de ese modo se erige en un escollo m\u00e1s que clausura la viabilidad del recurso que se despacha. <\/p>\n
El cargo, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
D E C I S I O N: <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justi\u00adcia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, N O C A S A la sentencia del 22 de mayo de 1995, proferida por la Sala Civil \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario de pertenencia adelantado por FORTUNATO CHAVARRO MORERA frente a PERSONAS INDETERMINADAS. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese y Notif\u00edquese <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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S-060-2001 [5751] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Bogot\u00e1 Distrito Capital, cuatro (4) de abril de dos mil uno (2001) Rad. Expediente 5751 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[82],"tags":[],"class_list":["post-82039","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-82"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82039\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}