S-131-2001 [7528]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., dieciseis (16) de julio de dos mil uno (2001).- <\/p>\n
Ref. Expediente No. 7528 <\/p>\n
Decide la Corte sobre la solicitud de Exequatur presentada por ANTONIO CARRE\u00d1O REYES, tendiente a que produzca efectos en Colombia la sentencia del 26 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal de Familia del Estado de Massachusetts (E.U.A.) en sumario 95 D 1087 que decret\u00f3 el divorcio absoluto del matrimonio cat\u00f3lico celebrado por el demandante y la se\u00f1ora ELVIA PARRA, el 17 de mayo de 1969 en Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante demanda presentada ante esta Corporaci\u00f3n el d\u00eda 18 de febrero de 1999 por medio de apoderada judicial, ANTONIO CARRE\u00d1O REYES solicit\u00f3 conceder exequatur a la sentencia citada a fin de que la misma surta efectos en Colombia y que se ordene a la Notar\u00eda 8\u00aa. de Bogot\u00e1 incluya la nota marginal de los efectos producidos por la sentencia en el Folio 34 del Libro 49 del Registro Civil de Matrimonios. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Estas pretensiones se fundamentan en los hechos que a continuaci\u00f3n se enuncian: <\/p>\n
2-1. El solicitante contrajo matrimonio cat\u00f3lico en Bogot\u00e1 con la se\u00f1ora ELVIA PARRA el d\u00eda 17 de mayo de 1969, el cual fue registrado en la Notar\u00eda 8\u00aa. de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2-2. Los c\u00f3nyuges trasladaron su domicilio a la ciudad de Boston, Estado de Massachusetts, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica. <\/p>\n
2-3. Por contrato celebrado el 5 de abril de 1995, aprobado por la misma Corte que decret\u00f3 el divorcio el 26 de diciembre de 1995, los esposos dispusieron lo concerniente a la custodia, soporte, sostenimiento, alimentos y disposici\u00f3n de la propiedad matrimonial. <\/p>\n
<\/p>\n
2-4. Mediante sentencia de 26 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal del Estado de Massachusetts, Departamento del Tribunal de Familia y de Validaci\u00f3n Testamentaria, se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio de Elvia Parra y Antonio Carre\u00f1o, en la que se indica que se incorpora a dicha sentencia el contrato anotado y que si despu\u00e9s de noventa d\u00edas de registrada la sentencia, el divorcio ser\u00eda absoluto si no se presentaba ninguna solicitud para que la Corte lo ordene de otra forma. <\/p>\n
2-5. Pasados los noventa d\u00edas sin que se hubiera interpuesto ning\u00fan tipo de acci\u00f3n, el Tribunal de Familia de Massachusetts expidi\u00f3 el certificado de divorcio absoluto el 25 de marzo de 1996, dentro del sumario 95 D 1087 (fls. 6 y 7), lo que significa que dicho fallo se encuentra debidamente ejecutoriado y en firme de conformidad con la ley de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica. <\/p>\n
2-6. Afirma el demandante que la sentencia para la que se solicita el exequatur no recae sobre asuntos de competencia exclusiva de los jueces colombianos ni se opone a las normas de orden p\u00fablico, puesto que en Colombia se permite la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial como consecuencia del divorcio solicitado por los dos c\u00f3nyuges. <\/p>\n
3. Admitida la demanda por auto de 25 de febrero de 1999, de ella y sus anexos se dio traslado al Procurador Delegado en lo Civil y teniendo en cuenta lo manifestado por el demandante acerca de que ignoraba el domicilio, residencia y lugar de trabajo de la se\u00f1ora Elvia Parra, se orden\u00f3 su emplazamiento. La Procuradora Delegada asignada al asunto, al contestarla manifiesta que se atiene a lo que resulte probado; el curador ad litem designado para representar a la demandada no se opuso a las pretensiones y respecto a los hechos dijo atenerse a las pruebas. <\/p>\n
4. Se decretaron pruebas ordenando la incorporaci\u00f3n de las documentales anexadas con la demanda, y adem\u00e1s se solicit\u00f3 al Consulado de Colombia en Boston que enviara copia certificada de la ley vigente en el Estado de Massachusetts donde se contemple la reciprocidad legislativa en materia de exequatur de las sentencias o providencias que revistan tal car\u00e1cter, lo mismo que las normas concernientes al r\u00e9gimen del divorcio, o en su defecto el concepto de por lo menos dos abogados que certificaran que la costumbre y la jurisprudencia de dicho Estado concede suficiente fuerza legal a las sentencias proferidas por jueces colombianos. <\/p>\n
6. Agotado el tr\u00e1mite correspondiente, pasa la Corte a decidir lo que sea del caso, de conformidad con las siguientes <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES: <\/p>\n
1 – En virtud de la soberan\u00eda del Estado, le corresponde a \u00e9ste la administraci\u00f3n de justicia con car\u00e1cter exclusivo y obligatorio en todo el territorio nacional, es decir, que las sentencias proferidas por jueces extranjeros no surten efectos en Colombia. <\/p>\n
2 – Excepci\u00f3n a este principio, en materia judicial, lo constituye el art\u00edculo 693 del C. de P.C. al permitir que \u201cLas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas en un pa\u00eds extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3 – Lo anterior significa que ser\u00e1 procedente el exequatur si se acredita la existencia de reciprocidad legislativa o la de la reciprocidad diplom\u00e1tica por parte del Estado extranjero, criterio reiterado por la Corte, entre otras, en sentencias de 26 de noviembre de 1984 y 19 de diciembre de 1992, en la primera de las cuales se expres\u00f3 que \u201cseg\u00fan los alcances del art\u00edculo 693 antes transcrito, se tiene que en Colombia en materia de exequatur se escogi\u00f3 el sistema combinado de reciprocidad diplom\u00e1tica con la legislativa, lo cual se traduce en que prioritariamente debe atenderse a las estipulaciones de los tratados que haya celebrado Colombia con el Estado de cuyos jueces provenga la sentencia que se pretenda ejecutar en nuestro territorio nacional; a falta de derecho convencional se impone, entonces, acoger las normas de la respectiva ley extranjera para darle al fallo la misma fuerza concebida por esa ley a las sentencias proferidas en Colombia por sus jueces\u201d. (G.J. Tomo CLXXVI, No. 2415, 1984, p\u00e1g. 309). <\/p>\n
4 – En cualquiera de las hip\u00f3tesis de excepci\u00f3n mencionadas, le corresponde al solicitante del exequatur (art. 177 C. de P.C.), demostrar, previas las formalidades legales pertinentes, la existencia del respectivo tratado o de la ley extranjera, pues este es presupuesto indispensable para que pueda la Corte examinar otras condiciones e incidencias propias de la solicitud presentada. <\/p>\n
5 – Establecido lo anterior de una u otra de las maneras se\u00f1aladas, para que la sentencia extranjera surta efectos en Colombia, tambi\u00e9n es necesario que re\u00fana otros requisitos consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico interno colombiano, que se establecieron fundamentalmente para impedir que con ella se afecten el orden p\u00fablico o la jurisdicci\u00f3n nacionales; entre ellos se destaca el de \u201cQue no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u201d (Art\u00edculo 694 numeral 2\u00ba. del C. de P.C.). <\/p>\n
6 – Como el presente asunto se refiere al divorcio del matrimonio celebrado entre las partes, es decir, que versa sobre el estado civil de los c\u00f3nyuges, siguiendo derroteros recientemente trazados por la Corte acerca de la noci\u00f3n de \u201corden p\u00fablico\u201d, preside la consideraci\u00f3n de que \u201c\u2026entre las distintas concepciones doctrinarias que se preocupan por explicar el tema en procura de reducir la noci\u00f3n de -orden p\u00fablico- a l\u00edmites razonables y evitar que su empleo pueda llevar al sistem\u00e1tico destierro del derecho extranjero a\u00fan ocasion\u00e1ndole in\u00fatil agravio a los propios nacionales tambi\u00e9n inmersos en la sociedad universal, la que hoy en d\u00eda predomina al menos en el entorno continental americano, seg\u00fan lo evidencian conferencias especializadas promovidas por la OEA y que datan de 1975 (Panam\u00e1) y 1979 (Montevideo), es aquella que entiende el -orden p\u00fablico- como una cl\u00e1usula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante que la aplicaci\u00f3n que de ella se hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jur\u00eddico nacional\u2026\u201d (Sentencia de exequatur de 5 de noviembre de 1996, expediente No. 6130). <\/p>\n
7 – En ese orden de ideas y teniendo en cuenta la perspectiva anterior, debe examinarse si hay lugar o no a otorgar el exequatur a la sentencia extranjera objeto del presente proceso, para lo cual se analizar\u00e1 en primer lugar, si se cumplen las exigencias del art\u00edculo 693 del C. de P.C., para, si es as\u00ed, estudiar los requisitos que consagra el art\u00edculo 694 ibidem. <\/p>\n
7-1 De conformidad con la certificaci\u00f3n expedida por la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores (fl. 43), no existe ning\u00fan instrumento internacional suscrito entre Colombia y Estados Unidos de Norteam\u00e9rica sobre los efectos de las sentencias proferidas por los jueces de uno u otro pa\u00eds, por lo cual es preciso establecer si dentro de la legislaci\u00f3n interna de esa naci\u00f3n, concretamente en el Estado de Massachusetts, pueden tener eficacia las decisiones emanadas de jueces colombianos, es decir si existe la reciprocidad legislativa. <\/p>\n
7-2 Al respecto, con la prueba documental recaudada, traducida oficialmente (fl. 78) se demostr\u00f3 que en el Estado de Massachusetts se le reconoce fuerza a los fallos extranjeros. En efecto, de acuerdo con la traducci\u00f3n oficial obrante, el \u00a739 del Cap\u00edtulo 208 de las Leyes Generales de Massachusetts, sobre validez de los divorcios extranjeros, establece que \u201cel divorcio decretado en otra jurisdicci\u00f3n de acuerdo con las leyes de la misma por un tribunal que tenga jurisdicci\u00f3n sobre la causa y sobre ambas partes ser\u00e1 v\u00e1lido y efectivo en esta mancomunidad\u201d, pero si se tramita en otra jurisdicci\u00f3n por una causa ocurrida en el estado mencionado mientras las partes eran residentes all\u00ed, o por una causa no contemplada en las leyes de esa mancomunidad, ese divorcio no tendr\u00eda fuerza o efecto en el estado de Massachusetts. <\/p>\n
8 – Con la prueba anteriormente se\u00f1alada se pone de presente que entre Colombia y el Estado de Massachusetts existe reciprocidad legislativa en materia de divorcio, por lo que pasa ahora la Corte a verificar si la sentencia extranjera re\u00fane los requisitos exigidos en el art\u00edculo 694, numerales 1\u00ba. a 6\u00ba. del C. de P.C., los cuales aparecen plenamente cumplidos. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto: copia de la sentencia debidamente legalizada obra en autos, y de su ejecutoria da cuenta el Certificado de Divorcio (fls. 6 y 7), no versa sobre derechos reales, no es de conocimiento exclusivo de los jueces colombianos, no se opone a leyes o disposiciones de orden p\u00fablico interno, toda vez que en Colombia se admite la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio can\u00f3nico aun cuando no se disuelva el v\u00ednculo que emana de \u00e9ste desde el punto de vista estrictamente religioso, de conformidad con lo previsto en la Ley 25 de 1992, situaci\u00f3n que se asimila al divorcio; no existe proceso en curso o sentencia ejecutoriada de los jueces colombianos sobre el mismo asunto y se cumpli\u00f3 con el requisito de la debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n, lo cual se presume por la ejecutoria de la providencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la causal de divorcio alegada y aceptada en el proceso donde se dict\u00f3 la sentencia materia de exequatur est\u00e1 consagrada con la misma finalidad en el r\u00e9gimen legal colombiano pues seg\u00fan se desprende de los autos, los esposos Carre\u00f1o-Parra se divorciaron por mutuo acuerdo. <\/p>\n
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se impone conceder el exequatur solicitado orden\u00e1ndose consecuencialmente la inscripci\u00f3n pertinente en el competente registro del estado civil. <\/p>\n
V. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE : <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el exequatur, s\u00f3lo para los efectos civiles correspondientes, conforme a lo expresado en la parte motiva, a la sentencia proferida el 26 de diciembre de 1995 por el Tribunal de Familia del Estado de Massachusetts (E.U.A.) en sumario 95 D 1087, mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio can\u00f3nico celebrado entre ANTONIO CARRE\u00d1O REYES y ELVIA PARRA. <\/p>\n
SEGUNDO: Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00ba., 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 1873 de 1971, ord\u00e9nase la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil del matrimonio como en el de nacimiento de los c\u00f3nyuges. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIFIQUESE <\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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