S-136-2002 [0068-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dos (2002). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 11001-02-03-000-2001-0068-01 <\/p>\n
Decide la Corte sobre la solicitud de exequatur presentada por los se\u00f1ores ATSUSHI GOTO y LUCERO DE JESUS ZAPATA DUQUE, ambos mayores de edad y residenciados en Tokio, Jap\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En el escrito con que se dio origen a la presente tramitaci\u00f3n sus autores pretenden que \u00abse reconozca la, en el (sic) cual aparece registrado el divorcio ante la autoridad competente japonesa\u2026 el d\u00eda 28 de febrero del presente a\u00f1o y, en consecuencia, se le concedan todos los efectos legales conforme a la normatividad colombiana\u00bb y que, \u00abcomo desarrollo de la pretensi\u00f3n anterior, se oficie a la Notar\u00eda Primera del c\u00edrculo de Bogot\u00e1, D.C., a fin de que se haga la respectiva anotaci\u00f3n\u2026\u00bb de la referida sentencia. <\/p>\n
Son, en concreto, los fundamentos de las anteriores solicitudes, los siguientes: a) Los peticionarios contrajeron matrimonio civil el d\u00eda 21 de octubre de 1994, en la Alcald\u00eda de Tokorozawa, Saitama, Jap\u00f3n, habi\u00e9ndose registrado el acto el 19 de diciembre de 1994; b) El se\u00f1or Hiroshi Saito, Alcalde de Tokorozawa, Saitama, Jap\u00f3n, decret\u00f3 su divorcio el 6 de diciembre de 2000; c) Lucero de Jes\u00fas Zapata Duque pretende contraer nuevas nupcias en Colombia, raz\u00f3n por la cual requiere que a \u00abla sentencia que decret\u00f3 el divorcio proferida en pa\u00eds extranjero se le reconozcan los efectos en el pa\u00eds colombiano y como consecuencia de ello se efect\u00fae la respectiva anotaci\u00f3n de la sentencia en el registro civil de matrimonio\u00bb; d) Los esposos Goto-Zapata, durante la vigencia de su matrimonio, no adquirieron bienes inmuebles en territorio colombiano; e) La sentencia respecto de la cual se demanda el exequatur, no se opone a las leyes colombianas, ni a otras disposiciones de orden p\u00fablico. <\/p>\n
2.- Mediante prove\u00eddo de 6 de junio de 2000 se admiti\u00f3 la demanda y se dispuso que de ella se corriera traslado al se\u00f1or Procurador Delegado en lo Civil. <\/p>\n
3.- La Procuradora Delegada en lo Civil ante esta Corporaci\u00f3n, conforme escrito de folios 17 a 19, expres\u00f3, en torno de los hechos primero, segundo y tercero, que \u00abla parte actora aport\u00f3 las pruebas documentales pertinentes y me remito al valor probatorio que les otorga nuestro C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb; del cuarto y quinto, que se atiene a lo que resulte probado en el proceso; y del sexto, que es un requisito que se debe dar para la prosperidad de la acci\u00f3n. En cuanto a las pretensiones, que habr\u00e1 de acreditarse la existencia de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa prevista en el art\u00edculo 693 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
4.- Seguidamente se decretaron y practicaron las pruebas y se corri\u00f3 el traslado para alegar de conclusi\u00f3n, el cual transcurri\u00f3 en silencio en relaci\u00f3n con todos los intervinientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Uno de los atributos dimanantes del ejercicio de la soberan\u00eda del Estado se refleja en su exclusiva facultad de administrar justicia dentro de su territorio y por medio de sus propios jueces; principio general que s\u00f3lo se rompe cuando confluyen los requisitos previstos en los en los art\u00edculos 693 y 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
El primero de dichos preceptos establece, que \u00abLas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas en un pa\u00eds extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb; el segundo, que \u00abPara que la sentencia o el laudo extranjero surta efectos en el pa\u00eds, deber\u00e1 reunir los siguientes requisitos: 1. Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profiri\u00f3. 2. Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento. 3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada\u00bb. <\/p>\n
Y, de otro, que para proceder al examen de fondo correspondiente, es necesario que milite en autos copia de la pertinente sentencia o laudo en relaci\u00f3n con la cual se pide el exequatur \u00abdebidamente autenticada y legalizada\u00bb, por cuanto, como es obvio entenderlo, sin ella carece de materia tal solicitud. <\/p>\n
3.- En este asunto, sus promotores no aportaron con el escrito de demanda copia de la sentencia de 6 de diciembre de 2000, proferida por el Alcalde de Tokorozawa, Saitama, Jap\u00f3n, se\u00f1or Hiroshi Saito, en que conste el decreto de divorcio del matrimonio por ellos contra\u00eddo y que, como se sabe, es el prove\u00eddo en relaci\u00f3n con el cual se solicita el reconocimiento de efectos legales en Colombia. <\/p>\n
Ante tal circunstancia la Corte, en el auto en que abri\u00f3 a prueba el proceso, fechado el 27 de julio de 2001 (fl. 21), orden\u00f3, como prueba de oficio, que \u00ablos interesados en el exequatur\u2026presenten, autenticada, la copia\u2026\u00bb de dicha providencia, determinaci\u00f3n reiterada en autos de 12 de septiembre, 13 y 30 de noviembre del mismo a\u00f1o (fls. 36, 49 y 54 a 55). <\/p>\n
4.- Con escrito que aparece a folio 95, el apoderado judicial de los peticionarios aport\u00f3 los documentos que a su turno obran del folio 89 al 94, los cuales no fueron tenidos en cuenta por esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan auto de 24 de abril \u00faltimo (fl. 99), por no satisfacer, como all\u00ed se explica, los requisitos de los art\u00edculos 259 y 260 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
5.- Concl\u00fayese, entonces, que no obra en autos la copia debidamente autenticada y legalizada de la sentencia cuyo exequatur se demanda y que, por tanto, es innecesario, como imposible, pasar al examen de los requisitos de fondo atr\u00e1s insinuados, por carencia material del fallo correspondiente, circunstancia que obliga a la desestimaci\u00f3n de las pretensiones. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el EXEQUATUR solicitado en la demanda genitora de esta tramitaci\u00f3n, promovida por los se\u00f1ores Atsushi Goto y Lucero de Jes\u00fas Zapata Duque. <\/p>\n
Sin costas. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y arch\u00edvese el expediente, en oportunidad. <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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