S-124-2004 [2300131100011996-08447-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil cuatro (2004). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero <\/p>\n
23001-3110-001-1996-08447-01. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia de 19 de marzo de 2002, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro del proceso ordinario instaurado por Fulgencia de Jes\u00fas Vertel Quintero frente a Horacio Manuel Medina Gonz\u00e1lez, Martha Elena Medina Ramos, Luis Eduardo Medina Arango, Yonay Esther Medina Arango, Juanita del Carmen Medina Arango, Luz Mary Medina Doria, Mar\u00eda del Rosario Medina Doria, Temis Rocio Medina Arango, Horacio Segundo Medina Arango, Alexander Javier Medina Arango, Emilio Manuel Medina Vertel, Willinton Medina Vertel, Juana Mar\u00eda Medina Barreto, Horacio Segundo Medina Barreto, Jhon Jairo Medina Barreto y Mauricio Rafael Medina Barreto, todos en calidad de sucesores de Horacio Manuel Medina Pital\u00faa, y los herederos indeterminados del citado causante. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes convocaron a juicio ordinario a los demandados para que, con su citaci\u00f3n y audiencia, se declarara la existencia y disoluci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho y de la consiguiente sociedad patrimonial, conformadas desde el 16 de febrero de 1979, o las fechas que resulten probadas, entre aqu\u00e9lla y Horacio Manuel Medina Pitalua, ya fallecido. <\/p>\n
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2. Fundamenta sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
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a) El 16 de febrero de 1979 la demandante y Horacio Manuel Medina Pital\u00faa, dieron inicio a una uni\u00f3n marital de hecho, la cual perdur\u00f3, en forma continua e ininterrumpida, hasta el 4 de noviembre de 1995, cuando se disolvi\u00f3 en Tierralta, departamento de C\u00f3rdoba, sin que los compa\u00f1eros hubieran celebrado capitulaciones. <\/p>\n
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b) De esa uni\u00f3n nacieron los hijos Emilio Manuel Medina Vertel y Willignton Medina Vertel. <\/p>\n
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c) Como consecuencia de la referida uni\u00f3n marital se form\u00f3 una sociedad patrimonial de hecho, integrada por los bienes inmuebles y muebles relacionados, la cual se disolvi\u00f3 el 4 de noviembre de 1995 con el deceso de Medina Pital\u00faa. <\/p>\n
d) En el proceso de sucesi\u00f3n seguido en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Monter\u00eda, los demandados fueron reconocidos como herederos de aquel causante, asunto en el se incluyeron en el activo los bienes de la sociedad patrimonial de hecho. <\/p>\n
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Mediante el escrito de folios 182 a 184 del cuaderno 1, la demandante reform\u00f3 la demanda, en la que incluy\u00f3 como demandados a los seis \u00faltimos de los nombradas atr\u00e1s, precis\u00f3 las pretensiones y adujo nuevas pruebas, la cual fue admitida (fls.209 y 210). <\/p>\n
3. El curador ad-litem de los herederos indeterminados de Horacio Manuel Medina Pital\u00faa dio respuesta a la demanda oponi\u00e9ndose a sus pretensiones y se\u00f1alando, en cuanto a los hechos, que debe demostrarse la existencia de la sociedad marital de hecho y que no es cierto que los bienes relacionados pertenecen a dicha sociedad, pues su adquisici\u00f3n tuvo lugar antes de la vigencia de la ley 54 de 1990, al tiempo que propuso la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u201cno existir sociedad de hecho marital a partir de 1979, sino, en el evento de probarse, a partir de enero de 1991″ (fls.98 y 99, cd.1). <\/p>\n
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Martha Helena Medina tambi\u00e9n se opuso a las pretensiones, neg\u00f3 los cuatro primero hechos, dijo estar probado el quinto y ser cierto el sexto; plante\u00f3 la que dijo denominar excepci\u00f3n \u201cde no existir sociedad patrimonial de hecho\u201d, porque la relaci\u00f3n que tuvo la demandante con el finado, fue pasajera y no permanente (fls.150 a 152, cd.1). <\/p>\n
El curador ad-litem designado para representar a Horacio Manuel Medina Gonz\u00e1lez expres\u00f3 no oponerse a las pretensiones en la medida que se acreditaran los hechos que las respaldan, de los que dijo no constarle (fls.178 y 179, cd.1). <\/p>\n
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Las demandadas Luz Mary Medina Doria y Mar\u00eda del Rosario Medina Doria, por intermedio de un mismo apoderado judicial, hicieron franca oposici\u00f3n a las s\u00faplicas, negaron todos los hechos del escrito genitor y propusieron las excepciones denominadas como \u00abfalta de inter\u00e9s y capacidad jur\u00eddica de los demandados Medina Arango para comparecer al proceso por ser hijos de mujer casada\u00bb, \u00abno haber acreditado legalmente el demandante la calidad de herederos determinados del finado Horacio Medina Pital\u00faa\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n por retardo en la notificaci\u00f3n del auto admisorio\u00bb. <\/p>\n
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El curador ad-litem designado a los entonces menores Emilio Manuel Medina Vertel y Willinton Medina Vertel no se opuso a las pretensiones, pidi\u00f3 tener en cuenta la reforma de la demanda y manifest\u00f3 no constarle los hechos. Los restantes demandados guardaron silencio. <\/p>\n
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4. El Juzgado Primero de Familia de Monter\u00eda culmin\u00f3 la primera instancia con sentencia de 13 de julio de 2001, en la que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, declar\u00f3 \u201cpr\u00f3spera la excepci\u00f3n de inexistencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u201d (fl.484,cd.1) y conden\u00f3 a la actora al pago de las costas. <\/p>\n
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5. Ese fallo de primera instancia, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la demandante, lo confirm\u00f3 la Sala de Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda en el suyo de 19 de marzo de 2002. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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1. Luego de historiar la actuaci\u00f3n procesal, resaltar la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales, advertir la inexistencia de nulidades que invalidasen la actuaci\u00f3n cumplida, transcribir los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 de la ley 54 de 1990 y precisar \u00abque las personas que conformaron la pretendida uni\u00f3n son de sexos opuestos y que no les asist\u00eda impedimento alguno para contraer matrimonio entre s\u00ed\u00bb, el tribunal pas\u00f3 a constatar la veracidad del v\u00ednculo de marido y mujer que, seg\u00fan el libelo introductorio, uni\u00f3 a \u00e9stos y si tuvo las caracter\u00edsticas de singularidad y permanencia exigidas por la mencionada ley. <\/p>\n
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2. Con tal fin se ocup\u00f3, por un lado, de las declaraciones rendidas por Ana Judith Correa Zurita, Elena Matilde \u00c1lvarez Teher\u00e1n, Felipe Manuel Ballestas Blanquicett, Reynaldo Mart\u00ednez Berr\u00edo, Julio Cogollo P\u00e9rez, y, por otro, de los testimonios de Pedro Nel Mej\u00eda Danguer, Leny Tordecilla, Mar\u00eda de Jes\u00fas Tordecilla y Orfidia Luna Bucuru, las que coment\u00f3 una a una, para concluir que \u201cla falta de uniformidad del dicho de los testigos hace que reine alg\u00fan margen de duda sobre la veracidad de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda, circunstancia que obviamente es \u00f3bice para que se pueda hablar en el evento de la litis de la plena prueba que debe servir de cimiento a una sentencia de car\u00e1cter estimatorio\u201d(fl.21). <\/p>\n
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3. A ello a\u00f1adi\u00f3 que la demanda presenta otra falencia que compromete \u00abla demostraci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, con igual consecuencia: la absoluci\u00f3n de los accionados\u00bb, como es la \u00abinid\u00f3nea demostraci\u00f3n de la calidad con que los demandados fueron citados al proceso, pues como lo anot\u00f3 a manera de excepci\u00f3n la parte demandada, para acreditar el nacimiento de los destinatarios de la acci\u00f3n fueron aportadas copias de certificados del registro civil, lo que contraviene la expresa prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 11\u00ba(sic) del decreto 1260 de 1.970, el que de manera tajante, refiri\u00e9ndose a este tema\u201d, prev\u00e9 que no se podr\u00e1n expedir copias de certificados. <\/p>\n
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III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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Dos cargos enfila la recurrente, ambos dentro del \u00e1mbito de la causal primera de casaci\u00f3n, por medio de los cuales acusa la sentencia de violar indirectamente la ley sustancial, los que se estudiar\u00e1n conjuntamente por su \u00edntima relaci\u00f3n. <\/p>\n
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CARGO PRIMERO <\/p>\n
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En \u00e9ste se denuncia el fallo de quebrantar indirectamente, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1\u00b0, 2\u00ba, 3\u00ba y 5\u00b0 de la ley 54 de 1990, 1781, 1795 y 1820 del C\u00f3digo Civil, a consecuencia de la violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 175 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, constitutiva de error de derecho. <\/p>\n
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1. Sostiene la acusadora que las declaraciones recibidas en el proceso, ponderadas en la sentencia impugnada, son demostrativas de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho conformada por la actora y Medina Pital\u00faa y que, pese a ello, el ad-quem, \u00abpor un error de valoraci\u00f3n, las desestim\u00f3 sin raz\u00f3n alguna\u201d, circunstancia que lo indujo a proferir un fallo contraevidente, yerro consistente en considerar que para estimar las pretensiones era menester que en el proceso apareciera con evidencia la plena prueba, \u201cindicando con ello que se revive con tal valoraci\u00f3n apreciativa, la TARIFA LEGAL DE PRUEBAS, desmontada y revocada al entrar en vigencia el C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n
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2. Luego de comentar dicho sistema de valoraci\u00f3n probatoria, apunta la casacionista que en la actualidad el juez tiene libertad para estudiar y apreciar los elementos de juicio que acrediten los hechos de la demanda o de las excepciones, tal y como lo establece el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y que no existe en dicha compilaci\u00f3n \u00abnorma alguna en donde se establezca la tarifa legal de pruebas y dentro de ella lo se\u00f1alado por el Tribunal\u201d como plena prueba. <\/p>\n
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3. Advierte que entre los medios de convicci\u00f3n el art\u00edculo 175 ib\u00eddem contempla el testimonio de terceros y que, por tanto, los aqu\u00ed \u00abrecepcionados son medios id\u00f3neos para probar los hechos sustentadores de la demanda incoada y su reforma\u00bb. <\/p>\n
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4. Seguidamente afirma la censora que el estudio, conforme con las reglas de la sana cr\u00edtica, de las declaraciones recaudadas en el proceso, conduce a tener por demostrada la sociedad marital de hecho de que trata la demanda y, en desarrollo de ello, se ocupa de transcribir parcialmente las versiones suministradas por Ana Judith Correa Zurita, Helena Matilde Alvarez y Enrique Cogollo P\u00e9rez, as\u00ed como de referir las inferencias que en torno de ellas extrajo el fallador, para se\u00f1alar que de todos los comentarios y transcripciones que hace se concluye que entre Fulgencia de Jes\u00fas y Medina Pitalua existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho y, como consecuencia, sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros, la cual debe liquidarse por su disoluci\u00f3n motivada por el fallecimiento de \u00e9ste, y, por ende, la sentencia del a-quo debe revocarse. <\/p>\n
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5. Explica a continuaci\u00f3n el porqu\u00e9 de la violaci\u00f3n de las normas sustanciales y procesales indicadas al inicio del cargo y la trascendencia del error cometido por el sentenciador de instancia. <\/p>\n
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CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n le enrostra a la decisi\u00f3n combatida ser indirectamente violatoria de las mismas normas sustanciales mencionadas en el cargo anterior, a consecuencia del error de hecho. <\/p>\n
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1. Puntualiza la impugnadora que los yerros f\u00e1cticos son los siguientes: <\/p>\n
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a) Haber omitido que la actora procre\u00f3 con el causante Horacio Manuel dos hijos, de lo que se colige la ocurrencia de relaciones sexuales \u00abpermanentes\u00bb entre ellos, lo que se desprende de las actas de nacimiento de Emilio Manuel y Willinton Medina Vertel. <\/p>\n
b) Ignorar que la demandante y el citado de cujus \u00abparticipaban de consuno en diversos negocios comerciales lo cual determina lo que la ley 54 del a\u00f1o 1990 ha llamado como ayuda mutua o socorros mutuos, circunstancia que se acredit\u00f3 con los documentos que obran a folios 186, 187, 188, 192, 193, cuaderno 1\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
c) Dejar de apreciar la confesi\u00f3n efectuada por la propia actora al absolver el interrogatorio pedido por algunos de los demandados y, m\u00e1s exactamente, las respuestas que dio a las preguntas s\u00e9ptima, octava y catorce que se le hicieron, las cuales transcribe. <\/p>\n
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d) Interpretar equivocadamente las declaraciones de Ana Judith Correa Zurita, Elena \u00c1lvarez Teher\u00e1n, Felipe Manuel Ballestas Blanquicett, Reynaldo Mart\u00ednez Berr\u00edo y Julio Cogollo P\u00e9rez, en respaldo de lo cual vuelve a traer a colaci\u00f3n las apreciaciones que sobre ellas efectu\u00f3 el juez de segundo grado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En procura de la demostraci\u00f3n de los anteriores errores, la inconforme sostiene que \u00abninguno de los medios probatorios enunciados en los ordinales a, b y c del cap\u00edtulo anterior aparecen comentados y valorados en la sentencia\u00bb y que, en consecuencia, el error de hecho por omisi\u00f3n que se le endilga al prove\u00eddo es evidente. <\/p>\n
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Agrega que en cuanto hace a las pruebas del literal d) del punto precedente es ostensible la contradicci\u00f3n de la apreciaci\u00f3n espec\u00edfica que de cada testimonio hizo el ad-quem con sus conclusiones finales, \u00abpor manera que al estudiar las pruebas individualmente estract\u00f3 (sic) todos los elementos que respaldan las pretensiones de la demanda como se establece al leer los comentarios individualizados plasmados en el folio 20 y 21 del cuaderno No. 2, pero al fijar sus alcances en cambio consider\u00f3 incompletos o dudosos tales testimonios, materializando aqu\u00ed el ERROR DE HECHO denunciado y demostrado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al igual que en el cargo primero, finaliza con las razones que sustentan el quebranto de las normas legales incluidas al inicio de la censura y la trascendencia de los yerros f\u00e1cticos atribuidos al Tribunal. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
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1. El juzgador para disponer la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n desestimatoria de primera instancia se afinc\u00f3, fundamentalmente, en la prueba testimonial recaudada, que a efecto de su valoraci\u00f3n dividi\u00f3 en dos grupos: el primero, integrado por las declaraciones de Ana Judith Correa Zurita, Elena Matilde \u00c1lvarez Teher\u00e1n, Felipe Manuel Ballestas Blanquicett, Reynaldo Mart\u00ednez Berr\u00edo y Julio Cogollo P\u00e9rez, de las cuales se\u00f1al\u00f3, en concreto, que refieren la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho aducida en la demanda a partir de finales de la d\u00e9cada de los setenta y hasta el 4 de noviembre de 1995, fecha del fallecimiento de Medina Pital\u00faa, con caracter\u00edsticas de singularidad y permanencia; y el segundo, conformado por los testimonios de Pedro Nel Mej\u00eda Danguer, Liney Tordecilla, Mar\u00eda de Jes\u00fas Tordecilla y Orfidia Luna Bucuru, de los que dijo \u00abson contestes en aseverar que conocieron como mujer del se\u00f1or Horacio Manuel Medina Pital\u00faa a Magali Arango de Balbino hasta el momento del fallecimiento de aqu\u00e9l, y que se caracteriz\u00f3 el se\u00f1or Medina por su pluralidad de amantes, cont\u00e1ndose entre estas a Fulgencia de Jes\u00fas Vertel Quintero, con quien dicen los deponentes que mantuvo una relaci\u00f3n simult\u00e1nea con la de la se\u00f1ora De Balbino\u00bb. <\/p>\n
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De esas versiones opuestas el sentenciador coligi\u00f3 que \u00abno hay uniformidad\u201d en el dicho de los deponentes y que ello determina que \u00abreine alg\u00fan margen de duda sobre la veracidad de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones\u00bb, circunstancia que calific\u00f3 de \u00ab\u00f3bice para que se pueda hablar en el evento de la litis de la plena prueba que debe servir de cimiento a una sentencia de car\u00e1cter estimatorio\u00bb. <\/p>\n
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Adicionalmente observ\u00f3 la deficiente demostraci\u00f3n de la calidad de herederos de los demandados, quedando as\u00ed comprometida su legitimidad para intervenir en este asunto, por haberse aportado copias de certificados del registro civil, en contrav\u00eda de la expresa prohibici\u00f3n del art\u00edculo 110 del decreto 1260 de 1970, irregularidad que tra\u00eda \u201cigual consecuencia\u201d, vale decir, \u201cla absoluci\u00f3n de los accionados\u201d. <\/p>\n
2. De dichos argumentos el \u00faltimo no aparece controvertido en casaci\u00f3n, como quiera que la recurrente no se ocup\u00f3 de \u00e9l en ninguno de los dos cargos que introdujo contra la providencia de segundo grado, los cuales, en consecuencia, devienen incompletos, pues es claro que la deficiencia advertida por el fallador es suficiente para sostener su negativa a acoger las pretensiones, como que de esa falencia dedujo la ausencia de uno de los presupuestos de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n dej\u00f3 al margen de toda cr\u00edtica los testimonios de Pedro Nel Mej\u00eda Danguer, Liney Tordecilla, Mar\u00eda de Jes\u00fas Tordecilla y Orfidia Luna Bucuru, as\u00ed como la ponderaci\u00f3n que de ellos efectu\u00f3 el fallador, siendo que fue a partir de ellos que \u00e9ste lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de la falta de uniformidad sobre la existencia de la uni\u00f3n marital, en tanto resalt\u00f3 que los respectivos deponentes expusieron haber conocido a Arango de Balbino como mujer del causante Medina Pital\u00faa hasta el momento de su fallecimiento, quien adem\u00e1s se caracteriz\u00f3 por la pluralidad de amantes, dentro de las que se contaba a Fulgencia de Jes\u00fas, con la que mantuvo una relaci\u00f3n simult\u00e1nea a la que sostuvo con aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Sobre este particular, de manera constante, la Corte ha sostenido que \u00absi se aspira a impugnar con \u00e9xito un juicio jurisdiccional de instancia, no deben hacerse de lado los fundamentos del mismo, puesto que en este campo un cargo en casaci\u00f3n no tendr\u00e1 eficacia legal sino tan solo en la medida en que combata y desvirt\u00fae directamente cada uno de tales argumentos, ya que el sentido legal del recurso ‘est\u00e1 determinado de modo inexorable a examinar la sentencia dictada y no otra diferente a fin de establecer, en funci\u00f3n de control jur\u00eddico, si la ley sustancial llamada a gobernar el caso concreto materia de la litis ha sido o no observada por el juzgador’ (G. J., t. CCXII, pag.100). Pero, no solo es deber del recurrente echar a pique en su integridad los pilares en que se fundamenta la sentencia, sino que frente a cada uno de ellos, debe asimismo asumir la tarea de desvirtuar la totalidad de las pruebas con las que el ad-quem tuvo por acreditados los hechos relevantes en el asunto litigioso resuelto, pues si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma presta base s\u00f3lida a dicha resoluci\u00f3n, \u00e9sta quedar\u00e1 en pie y el fallo no puede infirmarse en sede de casaci\u00f3n, resultando en consecuencia completamente intrascendente si se logra o no demostrar errores que el impugnante se\u00f1ala en la apreciaci\u00f3n de otras pruebas, criterio por cierto sostenido con insistencia por la Corte en m\u00faltiples providencias\u00bb(G.J. t, CCXLIII, pag.273). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Aparte de las consideraciones precedentes, de por s\u00ed suficientes para desechar las acusaciones, al entrar la Corte a analizar lo atinente a la ponderaci\u00f3n que el Tribunal hizo de las declaraciones recibidas en el proceso, sobre la cual dicha autoridad edific\u00f3 su decisi\u00f3n, pertinente es observar que es parte de la labor cr\u00edtica de todo fallador frente a pruebas cuyo sentido objetivo resulta contrapuesto, establecer cu\u00e1l de ellas le ofrece mayor convicci\u00f3n para reconocerle prevalencia sobre las restantes y, por contera, cu\u00e1les deber\u00e1n ser deso\u00eddas, actividad que supone, como lo manda el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, apreciar cada medio de convicci\u00f3n por separado y luego de conjunto, para lo cual habr\u00e1 de integrarlos y cotejarlos entre s\u00ed, discurrir dial\u00e9ctico que no es constitutivo de error alguno, salvo en cuanto que la conclusi\u00f3n a que arribe se ofrezca arbitraria, absurda o re\u00f1ida abiertamente con la l\u00f3gica. <\/p>\n
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En este sentido la Corporaci\u00f3n ha precisado que \u00aben presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas o dis\u00edmiles corresponde al juzgador, dentro de su restringida libertad y soberan\u00eda probatoria y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana cr\u00edtica establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisi\u00f3n desechando otro, lo que quedar\u00e1 en firme si se armoniza con su contenido y resulta razonable y l\u00f3gica, pues s\u00f3lo ser\u00eda atacable en casaci\u00f3n por error de hecho evidente cuando la conclusi\u00f3n sea contraevidente o absurda, porque la \u00fanica l\u00f3gica y conducente sea la que se apoye en los dem\u00e1s testimonios\u00bb (G.J., t. CCIV, pag.20). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Entonces, la deducci\u00f3n del ad-quem relativa a que del conjunto de los testimonios no aflora la \u00abplena prueba\u00bb de la uni\u00f3n marital de hecho en cuesti\u00f3n, no traduce quebranto, sino acatamiento, a la preceptiva del invocado art\u00edculo 187 de la ley de enjuiciamiento civil, pues la resaltada expresi\u00f3n del juez de segundo grado, en el verdadero sentido que la utiliz\u00f3, denota es que los medios demostrativos no le mostraban total convicci\u00f3n sobre ese v\u00ednculo entre la demandante y Horacio Manuel o, por lo menos, que \u00e9l satisficiera las exigencias de singularidad y permanencia consagradas en la ley 54 de 1990, sin que este m\u00e9todo de apreciaci\u00f3n, ni por semejas, pueda traducirse en el error denunciado, por supuesto que ese criterio de ponderaci\u00f3n no comporta que por ello hubiese acudido a tarifas de estimaci\u00f3n que excluyera la libre apreciaci\u00f3n del haz probatorio, puesto que, valga expresarlo, simplemente se limit\u00f3 a aplicar las reglas de la sana cr\u00edtica, fund\u00e1ndose para ello en el precepto que impone a las partes la carga de la prueba respecto de los supuestos \u201cde hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d, como lo contempla el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto cabe a\u00f1adir que desde un \u00e1ngulo de an\u00e1lisis como el propuesto, la situaci\u00f3n advertida no logra comportar un estado de preterici\u00f3n de las pruebas cuya apreciaci\u00f3n echa de menos la acusadora, sino la carencia demostrativa que en estas piezas probatorias encontr\u00f3 el juzgador cuando, en cumplimiento de la precitada norma procesal, las sopes\u00f3 y enfrent\u00f3 a las dem\u00e1s. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Al sostenerse en pie la providencia censurada por las razones expuestas precedentemente, resulta inane estudiar los errores endilgados en las acusaciones. <\/p>\n
Evidentemente, al mantenerse en firme la apreciaci\u00f3n que el sentenciador hizo de la prueba testimonial, ninguna trascendencia adquiere el reparo de la casacionista respecto de la preterici\u00f3n de los documentos a que alude en el ordinal b) del cargo segundo. <\/p>\n
Con todo, ha de notarse que el argumento relativo a la procreaci\u00f3n por parte de la actora de sus hijos Emilio Manuel y Willinton Medina Vertel, descendientes de Medina Pital\u00faa, no es un hecho, per se, demostrativo de la uni\u00f3n marital de hecho cuyo reconocimiento en este asunto se persigue, pues lo m\u00e1s que de \u00e9l se desprende es la ocurrencia entre la demandante y el nombrado de relaciones sexuales, sin que ello suponga singularidad y permanencia del trato dispensado por la pareja. <\/p>\n
Asimismo, lo expresado por la propia demandante en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3, no puede constituir prueba de confesi\u00f3n, pues es palmario el incumplimiento del requisito impuesto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 195 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan el cual tal medio de convicci\u00f3n requiere \u00abque verse sobre hechos que produzcan consecuencias jur\u00eddicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria\u00bb, lo que evidentemente no se da en la susodicha prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
En fin, ha de expresar la Corporaci\u00f3n que, como ocurre en este asunto, la sola preterici\u00f3n de algunas pruebas no constituye de por s\u00ed equivocaci\u00f3n, pues \u201cla mera circunstancia de que en un fallo no se cite determinada prueba o parte del contenido de la misma no implica error manifiesto de hecho, a menos que de haber apreciado tal medio la conclusi\u00f3n del pronunciamiento hubiera tenido que ser evidentemente distinta de la adoptada por el sentenciador\u201d(G. J., t. CXXIV, pag.448). <\/p>\n
6. Por tanto, los cargos no prosperan. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 19 de marzo de 2002, dictada en este asunto por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en las costas del recurso de casaci\u00f3n a la recurrente, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
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S-124-2004 [2300131100011996-08447-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil cuatro (2004). Referencia: Expediente n\u00famero 23001-3110-001-1996-08447-01. Se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[85],"tags":[],"class_list":["post-82741","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-85"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82741","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82741"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82741\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82741"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82741"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82741"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}