SC-001-2005 [2158]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Dr. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de enero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. C-2158 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Blanca Omaira Rueda Casta\u00f1o, respecto de la sentencia de 4 de noviembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil, en el proceso ordinario de Jhon Jairo Montoya Cruz, Jorge Enrique, Jairo, Liliana y Lucero Montoya Su\u00e1rez, herederos del causante Jairo Montoya Ni\u00f1o, contra la recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la condici\u00f3n dicha, los demandantes solicitan que con citaci\u00f3n de la tambi\u00e9n mencionada demandada se declare que los contratos de compraventa de un inmueble y de un establecimiento de comercio, el primero vertido en la escritura p\u00fablica No. 6702 del 15 de noviembre de 1991 de la Notar\u00eda Primera de C\u00edrculo de Pereira, debidamente registrada, y el segundo en el documento de 18 de noviembre, autenticado el 17 de diciembre del mismo a\u00f1o, son \u201cabsolutamente\u201d simulados. <\/p>\n
Consecuentemente piden, que se condene a la demandada a restituir a la sucesi\u00f3n de Jairo Montoya Ni\u00f1o los bienes a los que se refieren, junto con los frutos percibidos o que con mediana inteligencia y cuidado se hayan podido percibir, y que se ordenen las cancelaciones respectivas, as\u00ed como la inscripci\u00f3n de la sentencia en el folio No. 290-0006467 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pereira, y en la matricula No. 27-007319-2 de la C\u00e1mara de Comercio de la misma ciudad. <\/p>\n
2.- En lo pertinente, las pretensiones se fundamentan en los hechos que se compendian: <\/p>\n
2.1.- El causante, mediante los instrumentos se\u00f1alados, transfiri\u00f3 a la demandada el dominio de los bienes mencionados, sin que por los contratantes hubiese existido intenci\u00f3n de vender y comprar, respectivamente, pues no ten\u00edan otro prop\u00f3sito que \u201cocultarlos\u201d y \u201cevitar\u201d que ingresaran al activo de la \u201csociedad conyugal\u201d que el primero ten\u00eda vigente, para la \u00e9poca, con Aura Luc\u00eda o Luc\u00eda Su\u00e1rez, como consecuencia del matrimonio cat\u00f3lico que contrajeron, en la ciudad de Buenaventura, el 25 de febrero de 1956, cuya disoluci\u00f3n se hab\u00eda impetrado judicialmente. <\/p>\n
2.2.- La situaci\u00f3n precedente, movi\u00f3 a la c\u00f3nyuge del vendedor a \u201cimpugnar las ventas se\u00f1aladas\u201d, am\u00e9n de otras, como la que inclu\u00eda el 50% del inmueble \u201cEl Caracol\u201d y del establecimiento de comercio denominado \u201cAmoblados Caracol\u201d, situado en el mismo terreno, ambos de la ciudad de Pereira, instaurando al efecto el respectivo proceso ordinario contra su c\u00f3nyuge. <\/p>\n
2.3.- Por mutuo acuerdo, los esposos Montoya-Su\u00e1rez disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal, mediante escritura p\u00fablica No. 2047 de 23 de abril de 1992, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Pereira, situaci\u00f3n que origin\u00f3 la terminaci\u00f3n de los respectivos procesos de separaci\u00f3n de bienes y simulaci\u00f3n que se adelantaban en el Juzgado Primero de Familia de Pereira. <\/p>\n
2.4.- Entre lo pactado, se dispuso que la demandada Rueda Casta\u00f1o devolver\u00eda a los c\u00f3nyuges, como consecuencia de las ventas simuladas, los bienes objeto de los contratos de compraventa. Los acuerdos se cumplieron parcialmente, porque s\u00f3lo se transfiri\u00f3 a la c\u00f3nyuge el 50% del inmueble \u201cEl Caracol\u201d y la propiedad del establecimiento de comercio \u201cAmoblados Caracol\u201d, en tanto que los restantes bienes, la totalidad del otro inmueble y del establecimiento de comercio \u201cAmoblados El Jard\u00edn\u201d, que all\u00ed mismo funciona, continuaron figurando a nombre de la demandada, pese a que la posesi\u00f3n material la sigui\u00f3 ostentando el supuesto vendedor, mientras que aqu\u00e9lla era simple administradora. <\/p>\n
2.6.- Aparte de las situaciones expuestas, existen otros indicios graves a favor de la simulaci\u00f3n, como la existencia de una relaci\u00f3n marital de hecho entre la demandada y Montoya Ni\u00f1o, hasta cuando ocurri\u00f3 el \u00f3bito de \u00e9ste, y la estrechez econ\u00f3mica de aqu\u00e9lla, aunada a los valores asignados en los contratos de compraventa. <\/p>\n
3. – Notificada de la existencia del proceso, la demandada se opuso a las pretensiones, porque si bien es cierta la simulaci\u00f3n con relaci\u00f3n al establecimiento de comercio \u201cAmoblados Caracol\u201d y al 50% del inmueble \u201cEl Caracol\u201d, los contratos de compraventa respecto de los dem\u00e1s bienes son reales, bienes que, dice, adquiri\u00f3 por un precio aproximado de $250.000.000.oo, que pag\u00f3 con la capitalizaci\u00f3n de arrendamientos de dos inmuebles de su propiedad y con pr\u00e9stamos en efectivo que obtuvo, inclusive del mismo vendedor, con quien admite convivi\u00f3 por m\u00e1s de veinte a\u00f1os, raz\u00f3n por la cual a partir de la fecha de la compra pas\u00f3 de ser simple administradora de los bienes, a hacerlo en calidad de se\u00f1ora y due\u00f1a. <\/p>\n
4.- Tramitado el proceso, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, mediante sentencia de 4 de noviembre de 1998, declar\u00f3 infundada la excepci\u00f3n de falta de causa y accedi\u00f3 a todas las pretensiones. Decisi\u00f3n que el superior confirm\u00f3 al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la demandada, salvo lo concerniente a la restituci\u00f3n de frutos civiles, cuya condena redujo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- Para el Tribunal, el razonamiento del juzgado sobre la existencia de indicios graves, concordantes y convergentes, en pro de las pretensiones, deb\u00eda ser \u201cprohijado y complementado\u201d, porque en el expediente aparec\u00edan hechos probados que permit\u00edan obtener certeza sobre que la \u201csimulaci\u00f3n enjuiciada s\u00ed existi\u00f3\u201d. <\/p>\n
1.1.- La relaci\u00f3n sentimental que durante muchos a\u00f1os y bajo el mismo techo sostuvieron los contratantes, como se acepta por las partes, es un indicio frecuente y com\u00fan a toda clase de simulaciones, dado que quienes acuden a este artificio buscan personas de su entera confianza. <\/p>\n
1.2.- El m\u00f3vil de defraudar los derechos de la esposa leg\u00edtima del vendedor en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, como lo declara Pompilio L\u00f3pez G\u00f3mez, al manifestar que aqu\u00e9l le dijo que \u201cle iba a regalar ese negocio a la se\u00f1ora Blanca\u201d, lo mismo que Luz Stella Montoya, quien expresa que \u201ccuando el hermano m\u00edo fue a hacer partici\u00f3n de bienes hicieron esa cosa ficticia para entorpecer la partici\u00f3n de bienes\u201d. <\/p>\n
1.3.- El tiempo transcurrido, cinco meses, entre el 15 de noviembre de 1991, fecha de las negociaciones, y el 23 de abril de 1992, \u00e9poca en que la demandada vendi\u00f3 o devolvi\u00f3 a la c\u00f3nyuge del vendedor el 50% de \u201cAmoblados El Caracol\u201d, lo cual coincide en parte con las fechas acordadas por los esposos Montoya-Su\u00e1rez, para disolver y liquidar la sociedad conyugal. <\/p>\n
1.4.- La falta de raz\u00f3n y de prueba sobre la necesidad del causante para que vendiera dos de los bienes m\u00e1s productivos de su patrimonio, como eran los \u201cAmoblados El Jard\u00edn\u201d y \u201cEl Caracol\u201d. <\/p>\n
1.5.- La ausencia de movimientos bancarios, especialmente de la supuesta compradora, porque si bien alega ser poseedora de \u201cAmoblados El Jard\u00edn\u201d, no presenta una sola prueba sobre dicho aspecto, en cuanto a compras, pagos a empleados, en fin, y sobre todo, \u201cc\u00f3mo realiz\u00f3 el pago de los bienes que dijo adquirir\u201d. <\/p>\n
1.6.- La falta de capacidad econ\u00f3mica de la demandada, porque si \u00e9sta manifest\u00f3 que pag\u00f3 la cantidad de $250.000.000.oo, no existe ning\u00fan movimiento bancario que explique dicho pago, siendo dif\u00edcil creer que a \u201cpunta de s\u00f3lo testimonios\u201d se pueda llegar a la convicci\u00f3n de que \u201ccon base en pr\u00e9stamos\u201d, cuyas letras no se han visto, \u201cse pag\u00f3 una suma cuantiosa, m\u00e1xime si de esos pr\u00e9stamos, la mayor\u00eda no aparecen incluidos en las declaraciones de renta, y algunos de ellos no cobraban intereses\u201d, situaci\u00f3n que, como lo se\u00f1al\u00f3 el juzgado, comportar\u00eda una \u201cinusual gratitud\u201d. <\/p>\n
1.7.- En cuanto a la \u201cforma de pago\u201d del precio, no se sabe con certeza cu\u00e1nto tiempo se demor\u00f3 la supuesta compradora en satisfacerlo, y lo que es de mayor significaci\u00f3n, \u201cno aport\u00f3 recibos\u201d provenientes del \u201csupuesto vendedor\u201d, \u201cni ning\u00fan documento por el estilo que acreditara que realmente el pago se hab\u00eda efectuado\u201d. <\/p>\n
1.8.- Las copias de las declaraciones de renta anexadas con la contestaci\u00f3n de la demanda para acreditar la capacidad econ\u00f3mica de la demandada, concretamente las de 1988, 1989, 1990 y 1991, son sospechosas, porque s\u00f3lo se presentaron en junio de 1992, con lo cual se deja entrever la \u201cconducta proclive a demostrar una capacidad econ\u00f3mica de la cual se carec\u00eda\u201d, \u201cinferencia que se ve reforzada con el inusitado aumento patrimonial causado entre el a\u00f1o 1990 y el a\u00f1o 1991\u201d. <\/p>\n
1.9.- La interpretaci\u00f3n del texto de la escritura p\u00fablica de compraventa, pues si se acepta la simulaci\u00f3n del contrato relacionado con el inmueble \u201cEl Caracol\u201d, es dif\u00edcil admitir, so pena de quebrantar el principio de indivisibilidad de la prueba documental, que no lo era respecto del inmueble \u201cAmoblados El Jard\u00edn\u201d, por lo que siendo el acto jur\u00eddico simulado respecto de unos bienes, tambi\u00e9n se debe colegir que lo era de todos. <\/p>\n
1.10.- La voluntad del supuesto vendedor, pues si \u00e9ste, como lo explican los testigos Myriam Romero, Diego de Jes\u00fas Montoya Ni\u00f1o y Alexander Molano Castillo, entre otros, se encontraba dedicado al consumo de estupefacientes, \u201ces f\u00e1cil comprender su escasa o muy nula capacidad para emitir consentimiento\u201d, lo que da \u201cpie para pensar que realmente se dej\u00f3 arrastrar de la voluntad de su compa\u00f1era y por ello consinti\u00f3 en una simulaci\u00f3n que acaso no hubiese querido en el fondo\u201d. <\/p>\n
2.- Con base en tales indicios, los que califica como \u201cgraves y conexos\u201d, el Tribunal concluye que los negocios impugnados son simulados absolutamente, pues nada tienen de real y s\u00f3lo fueron concertados para distraer los bienes de la separaci\u00f3n de bienes que por esa misma \u00e9poca intentaba la esposa leg\u00edtima del vendedor. <\/p>\n
Los testimonios de la demandada, 17 en total, son insuficientes para desvirtuar la simulaci\u00f3n, por no ser la forma \u201cid\u00f3nea ni eficaz\u201d en orden a \u201cdemostrar la capacidad econ\u00f3mica ni el valor o monto de los pr\u00e9stamos obtenidos para pagar el precio de lo comprado\u201d, pues a nadie escapa que \u201ctrat\u00e1ndose de un monto tan considerable, lo l\u00f3gico y conducente es demostrarlo con documentos apropiados a tal fin, como cheques, letras, recibos, cartas de pago, documentos similares, etc., nada de lo cual se ha allegado al expediente\u201d. <\/p>\n
La misma prueba testimonial \u201ctampoco es eficaz\u201d para acreditar la \u201ccalidad de administradora\u201d que desde 1992 asumi\u00f3 la supuesta compradora, en calidad de se\u00f1ora y due\u00f1a, respecto de \u201cAmoblados El jard\u00edn\u201d que adquiri\u00f3, porque dado el vicio de la droga que afectaba al tambi\u00e9n supuesto vendedor, era \u201cl\u00f3gico aceptar\u201d que \u00e9ste se \u201cdesentendi\u00f3 de los negocios que\u2026estaba en incapacidad de administrar\u201d. <\/p>\n
3. – En ese orden de ideas, el Tribunal confirm\u00f3 la sentencia apelada, previa deducci\u00f3n de los gastos ordinarios que, conforme al dictamen pericial, realiz\u00f3 la demandada para producir los frutos civiles. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
De los seis cargos formulados contra la sentencia, la Corte limitar\u00e1 el estudio \u00fanicamente al primero por cuanto los restantes fueron rechazados a tr\u00e1mite. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1500 a 1502, 1602, 1603, 1618 a 1624, 1626, 1633, 1634, 1645, 1646, 1766, 1849, 1857, 1864, 1866, 1880, 1882, 1884, 1886, 1928, 1929 y 1934 del C\u00f3digo Civil, 174 a 177, 179, 180, 183, 187, 219, 220, 224, 226, 227 y 228 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de los testimonio de Marina Casta\u00f1o Montoya, Jos\u00e9 Roelfi P\u00e9rez Valencia, Antonio Mar\u00eda S\u00e1nchez Santofimio, Ricaurte Rozo Calder\u00f3n, Jos\u00e9 Humberto Bedoya S\u00e1nchez, Jos\u00e9 Orlando Castro Henao, El\u00edas Ram\u00edrez Uribe, William Alberto Gallego Ram\u00edrez, Mar\u00eda del Consuelo Valencia Ca\u00f1averal, Gilma Casta\u00f1o Casta\u00f1o, Jaime Vallejo Mej\u00eda, Fernando Gaviria Mesa, Alcides Tabares Aguirre, Cenelia G\u00f3mez de G\u00f3mez, Clara In\u00e9s Hoyos Figueroa y Carlos Alberto Montoya. <\/p>\n
2.- Luego de algunas consideraciones sobre la apreciaci\u00f3n en conjunto de las pruebas y del deber de exponer razonablemente el m\u00e9rito que se le asigna a cada medio, el censor afirma que el Tribunal debi\u00f3 expresar las \u201crazones jur\u00eddicas, hist\u00f3ricas y subjetivas\u201d para negarle m\u00e9rito probatorio a cada uno de los citados testimonios, respecto de los cuales, \u201cpor ser certeros, concordantes, serios y contestes\u201d, se infiere el endeudamiento a que se someti\u00f3 la demandada con el fin de abastecerse de dineros para adquirir el bien materia de la negociaci\u00f3n, as\u00ed como la forma y el tiempo que requiri\u00f3 para pagar su costo, testimonios todos \u201ccoincidentes en \u00e9pocas, causas y finalidades respecto de los hechos que, a trav\u00e9s de ellos, se pretendieron llevar al juzgador, por la demandada\u201d. <\/p>\n
Al Tribunal, empero, le bast\u00f3 indicar que exist\u00edan varios hechos debidamente probados, graves y conexos entre s\u00ed, que permit\u00edan obtener certeza de la simulaci\u00f3n, pero \u201csin decirle a las partes, de qu\u00e9 pruebas ciment\u00f3 sus inferencias, ni el valor probatorio que a ellas les dio, quedando enmarcadas en tal situaci\u00f3n, los testimonios vertidos por las personas atr\u00e1s relacionadas o identificadas\u201d. <\/p>\n
El sentenciador vio en su materialidad la mentada prueba, pero sin existir norma legal que le niegue poder demostrativo, omiti\u00f3 darle el valor que la ley le asigna trat\u00e1ndose de acreditar la \u201ccapacidad econ\u00f3mica de una persona\u201d, el \u201cvalor o monto de unos pr\u00e9stamos de dinero\u201d y la \u201ccalidad de administradora, invocada por la demandada, del establecimiento de comercio adquirido por ella\u201d, mucho m\u00e1s cuando el sistema de la \u201ctarifa legal\u201d fue abolido por el de la \u201c\u2018libre convicci\u00f3n\u2019, salvo raras excepciones, expresas y taxativamente indicadas por el legislador\u201d. <\/p>\n
3.- En la demostraci\u00f3n del error, la recurrente sostiene que si el Tribunal hubiere dado a la prueba testimonial, con respecto a los hechos anotados, el valor de convicci\u00f3n que la ley se\u00f1ala, sin exigir, con ese mismo prop\u00f3sito, una prueba espec\u00edfica, la documental, que la ley no requiere, habr\u00eda concluido que varios de los indicios se\u00f1alados, sino la mayor\u00eda, desaparecer\u00edan, pues los hechos indicadores carecer\u00edan de la fuerza probatoria para estructurar una inferencia constitutiva del indicio, pero como no lo hizo, \u201cencontr\u00f3 err\u00f3neamente demostrados hechos sobre los cuales hizo cabalgar los indicios que a la postre le sirvieron como pilares del mentado fallo\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Es indiscutible que fuera de los indicios derivados de la falta de capacidad econ\u00f3mica de la demandada para adquirir los bienes objeto del contrato de compraventa impugnado y de la ausencia de pruebas en torno a las circunstancias como pag\u00f3 su precio o se obtuvieron los recursos para satisfacerlo, el Tribunal, en pro de la simulaci\u00f3n decretada, tuvo en cuenta otros indicios, inferidos de hechos probados en el proceso, como la existencia de una relaci\u00f3n marital entre los contratantes, el m\u00f3vil de la negociaci\u00f3n, la proximidad de fechas entre los distintos negocios celebrados, la ausencia de movimientos bancarios, la interpretaci\u00f3n del contrato de compraventa y la voluntad nula o muy laxa del supuesto vendedor. <\/p>\n
Como se observa, el cargo margina del ataque esos otros indicios, de suyo suficientes para sostener la sentencia impugnada, porque aceptando que la demandada s\u00ed ten\u00eda capacidad econ\u00f3mica para adquirir los bienes o que se abasteci\u00f3 de recursos necesarios con ese mismo prop\u00f3sito, la prueba testimonial que se dice err\u00f3neamente apreciada, por error de derecho, s\u00f3lo contrarrestar\u00eda, de existir el yerro, los indicios relacionados con dichos aspectos, al igual que la conclusi\u00f3n relativa a la ausencia de prueba id\u00f3nea de la \u201ccalidad de administradora\u201d de los bienes que adquiri\u00f3. <\/p>\n
2.- Frente a ese panorama, claramente se advierte que el cargo est\u00e1 llamado al fracaso, porque si la sentencia ingresa al recurso de casaci\u00f3n escoltada de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, tanto en lo que ata\u00f1e a la aplicaci\u00f3n del derecho sustancial, como en lo relativo a la estimaci\u00f3n y valoraci\u00f3n del acervo probatorio, al censor obligatoriamente le correspond\u00eda combatir y quebrar todos los pilares en que se sustenta. <\/p>\n
Por lo tanto, como las conclusiones que no se impugnan en casaci\u00f3n, resultan intangibles para la Corte, dado el car\u00e1cter estricto y dispositivo del recurso, suficientemente se tiene dicho que as\u00ed \u201cel recurrente acuse la sentencia por violaci\u00f3n de varias disposiciones civiles, la Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violaci\u00f3n, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciaci\u00f3n que no ha sido tocada en casaci\u00f3n, ni por violaci\u00f3n de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciaci\u00f3n es m\u00e1s que suficiente para sustentar el fallo acusado\u201d (Sentencia de 17 de noviembre de 1998, CXLVIII-221). <\/p>\n
3.- Si con amplitud se considera que las conclusiones que se marginan del cargo no son suficientes para sostener la sentencia del Tribunal, pertinente resulta observar que el fen\u00f3meno de la simulaci\u00f3n no hace relaci\u00f3n a ning\u00fan vicio del negocio jur\u00eddico, sino a una forma de contrataci\u00f3n conforme a la cual se permite conservar una situaci\u00f3n jur\u00eddica, simulaci\u00f3n absoluta, o se oculta otra realmente modificativa de la situaci\u00f3n anterior, simulaci\u00f3n relativa, utilizando mecanismos orientados, consciente y deliberadamente, a permitir disfrazar la voluntad real de las partes contratantes, haciendo aparecer algo que ninguna realidad tiene o que, teni\u00e9ndola, es distinta. Por esto, la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n no tiene otro fin que borrar en cuanto fuere pertinente la falsa imagen que la apariencia infunde, para poner al descubierto la aut\u00e9ntica realidad del v\u00ednculo jur\u00eddico que une a las partes. <\/p>\n
Como la simulaci\u00f3n, entonces, es en esencia una divergencia entre la realidad y la apariencia, su discusi\u00f3n judicial impone necesariamente un cotejo probatorio, en orden a establecer cu\u00e1l es el verdadero contenido y alcance de la declaraci\u00f3n de voluntad emitida, actividad en la que, como se se\u00f1ala en el cargo, campean los principios de libertad probatoria y persuasi\u00f3n racional (sistema de la sana cr\u00edtica), contenidos, respectivamente, en los art\u00edculos 175 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, salvo que, en cuanto a lo primero, la ley exija una prueba espec\u00edfica para acreditar determinado hecho. <\/p>\n
Ahora, s\u00ed la ley no exige una prueba espec\u00edfica para acreditar la \u201ccapacidad econ\u00f3mica de una persona\u201d, el \u201cvalor o monto de unos pr\u00e9stamos de dinero\u201d y la \u201ccalidad de administradora, invocada por la demandada, del establecimiento de comercio adquirido por ella\u201d, la prueba testimonial aportada por la parte demandada, ser\u00eda eficaz e id\u00f3nea para acreditar tales hechos, como contraindicios de la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
El Tribunal, empero, no incurri\u00f3 en los errores probatorios denunciados, porque si bien consider\u00f3 que la prueba testimonial no era \u201cid\u00f3nea\u201d ni \u201ceficaz\u201d para demostrar los supuestos en cuesti\u00f3n, en verdad no estaba exigiendo para ese mismo prop\u00f3sito una prueba espec\u00edfica. Lo que indic\u00f3 es que la prueba testimonial no desvirtuaba razonablemente los indicios que sobre el particular se infirieron, como si lo hubieran sido los extractos bancarios, cheques, letras, recibos, cartas de pago o documentos similares. <\/p>\n
En efecto, sobre la falta de capacidad econ\u00f3mica y todo lo que, seg\u00fan la demandada, rode\u00f3 el pago, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que si \u00e9sta pag\u00f3 por los bienes la cantidad de $250.000.000.oo, era dif\u00edcil creer que \u201ca punta de s\u00f3lo testimonios\u201d se pueda llevar a la convicci\u00f3n del juez que \u201ccon base en pr\u00e9stamos (cuyas letras no se han visto por ninguna parte, y sin intereses), se pag\u00f3 una suma tan cuantiosa, m\u00e1xime si de esos pr\u00e9stamos, la mayor\u00eda no aparece incluidos en las declaraciones de renta, y algunos de ellos no cobraban intereses, lo que con acierto lo observa el juez a-quo, \u2018comporta una inusual gratitud\u2019\u201d. <\/p>\n
Lo mismo cabe predicar de la conclusi\u00f3n sobre que la prueba testimonial no era \u201ceficaz\u201d para demostrar la \u201ccalidad de administradora, invocada por la demandada, del establecimiento de comercio adquirido por ella\u201d, como poseedora, porque el Tribunal simplemente desvirtu\u00f3 dicha prueba, al afirmar que si el supuesto vendedor estaba dedicado, para la \u00e9poca, al consumo de estupefacientes, era \u201capenas l\u00f3gico aceptar que \u00e9l mismo se desentendi\u00f3 de los negocios, que por su avanzado estado de adicci\u00f3n, estaba en incapacidad de administrar\u201d. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, la capacidad econ\u00f3mica per se no descarta la celebraci\u00f3n de negocios simulados. Otra cosa es que realizado el contrato con persona adinerada, inclusive con el pago del precio, trat\u00e1ndose de compraventa, se haga m\u00e1s dif\u00edcil demostrar la confabulaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- El cargo, en consecuencia, est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 4 de noviembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Jhon Jairo Montoya Cruz, Jorge Enrique, Jairo, Liliana y Lucero Montoya Su\u00e1rez, como herederos del causante Jairo Montoya Ni\u00f1o, contra Blanca Omaira Rueda Casta\u00f1o. <\/p>\n
Costas del recurso corren a cargo de la demandada recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-001-2005 [2158] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Dr. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogot\u00e1, D. C., once (11) de enero de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. C-2158 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Blanca Omaira Rueda Casta\u00f1o, respecto de la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82851","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82851","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82851"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82851\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82851"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82851"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82851"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}