SC-002-2005 [1965-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de enero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: expediente 1965-01 <\/p>\n
Pasa a decidirse el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia de 26 de junio de 2001, proferida por el tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1 en el proceso ordinario de Representaciones Delta Ltda. contra Promociones Industriales S.A. \u2018Proindustrial S.A.\u2019. <\/p>\n
Pidi\u00f3 la actora que como agente comercial que fue de la demandada, tiene derecho a las prestaciones e indemnizaci\u00f3n del caso. <\/p>\n
Ap\u00f3yase en que a partir de 1978, fue contratada para promover la venta de empaques pl\u00e1sticos producidos por Proindustrial S.A., actividad que desarroll\u00f3 hasta el d\u00eda de su renuncia como agente, el 29 de julio de 1994. <\/p>\n
Desde 1991 la demandada desatendi\u00f3 persistentemente la clientela obtenida por Delta, lo cual implic\u00f3 para \u00e9sta la p\u00e9rdida de tiempo y dinero, am\u00e9n del deterioro de su imagen frente a sus clientes, los que cancelaron o redujeron sus pedidos; al punto que la condujo a dar por terminado el contrato. <\/p>\n
La demandada no ha cancelado ni la indemnizaci\u00f3n a que tiene derecho ni la cesant\u00eda comercial establecida por el art\u00edculo 1324 del c\u00f3digo de comercio. <\/p>\n
Se opuso la demandada a las pretensiones, negando la mayor\u00eda de los hechos; propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u201ccontrato no cumplido\u201d, \u201cinexistencia legal y contractual de Proindustrial S.A. de mantener y proveer clientes al agente comercial Delta Ltda.\u201d, \u201cpago de la indemnizaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 1324 del c\u00f3digo de comercio\u201d \u201cy falsa motivaci\u00f3n de la carta de terminaci\u00f3n del contrato\u201d. <\/p>\n
El fallo de la primera instancia estimatorio de las pretensiones, fue prohijado por el tribunal en cuanto encontr\u00f3 justa la causa de terminaci\u00f3n del contrato de agencia comercial por parte del demandante, el derecho a la cesant\u00eda comercial con sus intereses moratorios, a la indemnizaci\u00f3n como retribuci\u00f3n a los esfuerzos de acreditaci\u00f3n de la marca y l\u00ednea de productos, y al reconocimiento de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la demandada, en relaci\u00f3n con el contrato vigente desde el 17 de octubre de 1990 hasta el 29 de julio de 1994. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Record\u00f3 que la inconformidad de la demandante finc\u00f3 en que el a-quo no tuvo en cuenta que el contrato se ven\u00eda cumpliendo desde 1978, en que aplic\u00f3 indebidamente la limitaci\u00f3n de intereses prevista por el art\u00edculo 235 del c\u00f3digo penal, y que como \u00e9stos fueron liquidados desde agosto de 1994, deben indexarse, cual deb\u00eda hacerse tambi\u00e9n con la cifra reconocida como \u201ccesant\u00eda comercial\u201d. <\/p>\n
En ese orden, cuanto a lo primero, advirti\u00f3 que lo \u00fanico que permite definir cu\u00e1ndo tuvo inicio el contrato es el documento de 17 de octubre de 1990, en donde las partes establecieron como objeto del contrato, promover y vender los productos de la demandada, dentro de Bogot\u00e1 y Cundinamarca. \u201cPor el contrario, -prosigui\u00f3-, no encuentra la Sala prueba alguna que le d\u00e9 certeza de la afirmaci\u00f3n de la actora que el mencionado contrato rigi\u00f3 desde 1978, pues en verdad la versi\u00f3n de los testigos sobre ello no d\u00e1 cuenta de los elementos constitutivos del contrato de agencia comercial sobre los poderes o facultades del agente, el ramo de las actividades, territorio y duraci\u00f3n del mismo, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1320 del C. de Co. y como de manera inequ\u00edvoca s\u00ed aparecen en el documento suscrito el 17 de octubre de 1990. Pero si en gracia de discusi\u00f3n acept\u00e1ramos que tales especificaciones fueron precisadas por los testigos, n\u00f3tese que los deponentes en relaci\u00f3n con este per\u00edodo se refieren al ‘se\u00f1or Londo\u00f1o’ como persona natural y no a la sociedad DELTA LTDA ac\u00e1 demandante\u201d. <\/p>\n
Y en lo atinente a la indexaci\u00f3n de la condena, descart\u00f3 enseguida su viabilidad, por cuanto resultan incompatibles con los intereses moratorios ordenados en la sentencia. <\/p>\n
Retornando a lo tocante con los extremos temporales del contrato apunt\u00f3, por otra parte, que la inasistencia al interrogatorio de parte del representante de la demandada y no haber permitido la revisi\u00f3n de los libros de contabilidad no tiene las repercusiones probatorias aludidas por la actora, ya que en los hechos de la demanda no aparecen aquellos previstos en el art\u00edculo 1320 del c\u00f3digo en cita, que especifican el contrato de agencia, y en la medida en que la actora tampoco aport\u00f3 sus libros, raz\u00f3n que impide afirmar que el contrato existi\u00f3 desde 1978. <\/p>\n
Por \u00faltimo, examin\u00f3 la apelaci\u00f3n de la demandada, impugnaci\u00f3n que no sustent\u00f3, labor en la que se remiti\u00f3 a las excepciones que propuso, observando que si hubo incumplimiento, \u00e9ste no vino de parte de la actora. <\/p>\n
En la sentencia complementaria orden\u00f3 indexar uno de los rubros a que se contrajo el fallo apelado; no hizo lo propio, sin embargo, en relaci\u00f3n con el otro. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
De los cuatro cargos levantados contra la sentencia, mem\u00f3rase, s\u00f3lo el primero y el cuarto, formulados al amparo de las causales primera y segunda de casaci\u00f3n, respectivamente, fueron admitidos a tr\u00e1mite, los que se estudiar\u00e1n en su orden, no obstante que el \u00faltimo, llamado a prosperar, denuncia un vicio in procedendo, porque es mayor en aqu\u00e9l el alcance de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, den\u00fanciase la violaci\u00f3n, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 1602, 1603, 1604, 1608 (num. 1\u00b0), 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 del c\u00f3digo civil y 822, 1317, 1320, 1324 (inc. 1\u00b0) y 1327 del c\u00f3digo de comercio, como consecuencia de haber incurrido el sentenciador en errores de hecho evidentes en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Para desenvolverlo, recuerda que la pretensi\u00f3n primera de la demanda fue precisada en la audiencia de conciliaci\u00f3n, para que se declarase que el contrato, cuya modificaci\u00f3n se hizo el 17 de octubre de 1990, tuvo existencia desde 1978, o desde cuando llegase a demostrarse en el proceso. Y sobre ello el juzgador dijo que no encontr\u00f3 prueba certera de que ello fue as\u00ed, pues los testimonios refirieron al se\u00f1or Londo\u00f1o, y no a la demandante, como quien cumpli\u00f3 funciones tales. <\/p>\n
Pero, en esa labor el sentenciador omiti\u00f3 analizar el testimonio de Alvaro Augusto G\u00f3ngora Leyva, quien se\u00f1al\u00f3 que en el per\u00edodo comprendido entre 1977 y 1980, \u201cse vincul\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda Representaciones Delta Ltda. como agente comercial de Proindustrial. Delta Limitada era una compa\u00f1\u00eda que gerenciaba Luis Fernando Londo\u00f1o, quien vend\u00eda y cobraba a nombre de Proindustrial y por esa labor recib\u00eda comisi\u00f3n…\u201d, y que la relaci\u00f3n que exist\u00eda entre las dos compa\u00f1\u00edas consist\u00eda en que \u201cDelta Ltda. se encargaba de vender y de cobrar a nombre de Proindustrial S.A. el producto de la venta, de asistir a los clientes que Delta manejaba y todos los problemas que pudiera tener el cliente con Proindustrial\u201d. <\/p>\n
De haber examinado esas afirmaciones, habr\u00eda ca\u00eddo en la cuenta de que al referirse a Londo\u00f1o, el deponente lo hizo apenas para mencionar su condici\u00f3n de gerente, as\u00ed como que no hab\u00eda motivo para concluir que de los testimonios no se deducen los elementos constitutivos del contrato, cumplidamente desde 1978, cuando la actora fue vinculada como agente, tanto m\u00e1s si los hubiese relacionado con otras probanzas del litigio. Como, por ejemplo, el testimonio de Carlos Julio Mu\u00f1oz Vargas, quien afirm\u00f3 que la demandante siempre ha sido vendedora de la demandada, y que comenz\u00f3 a laborar en la primera desde 1979. <\/p>\n
De igual manera, omiti\u00f3 examinar el testimonio de Arturo Jos\u00e9 Brigard, gerente de la demandada entre 1976 y 1978; pues de haberlo estudiado habr\u00eda concluido que aunque indistintamente se refiri\u00f3 a Londo\u00f1o, tambi\u00e9n declar\u00f3 que \u201chab\u00eda cambiado la naturaleza de los contratos de representaci\u00f3n\u201d, expresando al efecto: \u201ctengo el recuerdo de haber modificado en alg\u00fan momento el sistema de contrataci\u00f3n del personal de ventas que en \u00e9pocas anteriores hab\u00eda sido personal empleado con relaci\u00f3n laboral con la empresa a contratos de representaci\u00f3n elaborados con firmas de propiedad de los representantes comerciales\u201d; lo que tuvo que tener lugar a m\u00e1s tardar en el segundo semestre de 1978, cuando dijo haberse retirado de la demandada. <\/p>\n
Dicho testimonio es coincidente con el de G\u00f3ngora Leyva, en cuanto que los contratos con el personal mutaron en contratos de representaci\u00f3n desde 1978, e igualmente con el de Mu\u00f1oz Vargas, en el sentido de que Delta Ltda. fue agente de la demandada a partir del a\u00f1o en cita. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Para el tribunal fue patente que ninguna de las pruebas del litigio da cuenta de los elementos que constituyen el contrato de agencia en lo que hace al per\u00edodo comprendido entre 1978 y 1990. <\/p>\n
As\u00ed, obs\u00e9rvase, ni los testimonios, que a lo m\u00e1s indicar\u00edan que si hubo agencia lo fue entre Luis Fernando Londo\u00f1o y la demandada, ni el comportamiento de la demandada, quien remisa fue a absolver el interrogatorio al que hab\u00eda sido citada y a permitir examen de su contabilidad por los peritos. <\/p>\n
Y, tanto fue el \u00e9nfasis sobre los aludidos elementos del contrato, que antes que nada y con cita del precepto 1317 del c\u00f3digo de comercio, se dio a la tarea de enumerarlos, a fin de que no quedase duda de qu\u00e9 era lo que deb\u00eda hallarse demostrado con las probanzas en lo que a dicha parte de la contienda ata\u00f1e, para de all\u00ed s\u00ed partir a examinar las consecuencias que de ello hab\u00edan de desgajarse. Acaso venga propicio retomar sus palabras, para tener idea de cu\u00e1n grande fue el inter\u00e9s que mostr\u00f3 por los aludidos elementos. <\/p>\n
Dijo, en efecto, lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(…) dicha figura se estructura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos: a) un empresario nacional o extranjero que ofrece en el mercado ciertos productos o servicios, b) un agente que ejerce su actividad de manera aut\u00f3noma e independiente, c) que dicha actividad consista en promover o explotar los negocios del primero a fin de conquistar, ampliar o reconquistar el mercado; y d) una regal\u00eda o utilidad para el agente, la cual constituye la contraprestaci\u00f3n por la actividad desplegada. Dicho contrato al tenor del art\u00edculo 1320 ib\u00eddem, deber\u00e1 contener la determinaci\u00f3n de los poderes o facultades del agente, el ramo sobre el cual versa la actividad, el tiempo de duraci\u00f3n, y el territorio en donde se desarrolle dicha actividad\u00bb. <\/p>\n
Y, fuera de ello, al referirse a la fuerza persuasiva de la versi\u00f3n de los testigos, anot\u00f3 que no dan cuenta \u201cde los elementos constitutivos del contrato de agencia comercial sobre los poderes o facultades del agente, el ramo de las actividades, el territorio y duraci\u00f3n del mismo\u201d, como s\u00ed aparecen indicados en el documento de 17 de octubre de 1990. <\/p>\n
Pues bien, tr\u00e1ense a cap\u00edtulo estas razones del juzgador, porque para encararlas, plant\u00e9ase en la acusaci\u00f3n que tres de los testimonios recaudados en el litigio, coincidentes entre s\u00ed y preteridos al momento de evaluar el punto, no s\u00f3lo dan cuenta de los elementos echados en falta por la sentencia, sino que descartan a Luis Fernando Londo\u00f1o como la persona que hizo agenciamiento. <\/p>\n
Lo uno, porque afirmaron que entre las partes hubo agencia, como atinaron en asegurarlo los testigos, y lo otro, en la medida en que, cuando a Londo\u00f1o se refiri\u00f3 a uno de ellos, no par\u00f3 mientes el ad-quem en que lo hizo haciendo alusi\u00f3n indistintamente a \u00e9l y a la empresa, para poner de resalto c\u00f3mo los contratos se mutaron. <\/p>\n
Mas, dest\u00e1case, si para el tribunal fue aspecto de lo m\u00e1s saliente la falta de referencia a los elementos de la agencia en los medios de prueba en que fij\u00f3 su atenci\u00f3n, lo que al pronto surge del cargo es que la labor que en \u00e9l desarroll\u00f3 el recurrente apenas si rebate algunas de las razones probatorias del sentenciador, revel\u00e1ndose de tal modo incompleto; porque, hay que decirlo, la objeci\u00f3n que encontr\u00f3 en los testimonios no estuvo tanto en la falta absoluta de referencia a un v\u00ednculo negocial entre 1978 y 1990, como en el hecho de que los deponentes no fueran expl\u00edcitos en cuanto a que, en medio del v\u00ednculo figurasen todos, absolutamente todos, los elementos inherentes a la agencia, en particular los poderes o facultades del agente, el ramo de las actividades, el territorio y la duraci\u00f3n del mismo, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1320 del c\u00f3digo de comercio. <\/p>\n
Desde luego, en condiciones semejantes, la sentencia enhiesta queda, pues si esto, que vino a ser la piedra de toque de la conclusi\u00f3n a que arrib\u00f3, es tema que, por no aparecer confutado en el cargo, no puede ser tocado en casaci\u00f3n y a consecuencia de ello contin\u00faa cimentando la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Es que, recapitulando, el \u00e9xito de la casaci\u00f3n impon\u00eda al recurrente remover no s\u00f3lo aquello de que los testigos s\u00ed hablaron de agencia y de las facultades del agente, cual lo replica el censor, sino la totalidad de \u00f3bices que no impidieron concluir al juzgador que con antelaci\u00f3n a 1990 y desde 1978, los lazos que unieron a la demandante con la demandada fueron presididos por un contrato de agencia, caracterizado por ese c\u00famulo de elementos que con vista en el art\u00edculo 1320 citado, hab\u00edan de aparecer en el marco de ese v\u00ednculo que at\u00f3 a las partes, incluidos, justamente por lo dicho, el ramo de actividades, el territorio y el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del mismo, cosas que inequ\u00edvocamente, conforme lo hizo notar, se refirieron en el contrato suscrito en 1990. <\/p>\n
Ahora, que los cargos en casaci\u00f3n han de ser totalizadores, lo viene pregonando de continuo la Corporaci\u00f3n, pues aunque \u201cel recurrente acuse la sentencia por violaci\u00f3n de varias disposiciones civiles, la Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violaci\u00f3n, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciaci\u00f3n que no ha sido atacada en casaci\u00f3n, ni por violaci\u00f3n de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciaci\u00f3n es m\u00e1s que suficiente para sustentar el fallo acusado\u201d (LXXI, p\u00e1g. 740; LXXV, p\u00e1g. 52; CXLVIII, p\u00e1g. 221). <\/p>\n
Es as\u00ed como el cargo no prospera. <\/p>\n
Cuarto cargo <\/p>\n
Con apoyo en la causal segunda, ac\u00fasase en \u00e9ste la sentencia por ser violatoria, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 304 y 305 del c\u00f3digo de procedimiento civil, y de los art\u00edculos 1602, 1603, 1604, 1608 (num. 1\u00b0), 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1626, 1627, 1634, 1645 y 1649 del c\u00f3digo civil y 822, 874, 876, 884, 886, 1317, 1329, 1331, 1322, 1324, 1325 y 1327 del c\u00f3digo de comercio. <\/p>\n
En su desarrollo, al\u00fadese al contenido de las peticiones 5\u00aa y 7\u00aa de la demanda, en que solicit\u00f3 que se condenara a la demandada a pagar los perjuicios derivados de la disminuci\u00f3n de sus comisiones como consecuencia de la reducci\u00f3n de los pedidos de sus clientes o del retiro de los mismos ocasionados por la falta de adecuada atenci\u00f3n por parte de Proindustrial S.A., debidamente actualizados de conformidad con la desvalorizaci\u00f3n de la moneda. <\/p>\n
Y, aun cuando la sentencia reconoci\u00f3 la suma de $3\u00b4896.428,71 por ese concepto, omiti\u00f3, de conformidad con lo pedido en la demanda, ordenar la indexaci\u00f3n, como s\u00ed lo hizo respecto de otras sumas de cuyo reconocimiento da cuenta la decisi\u00f3n; omisi\u00f3n que cobij\u00f3 tambi\u00e9n los intereses a que fue condenada la demandada. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
La disonancia que plant\u00e9ase ac\u00e1, tiene como punto de partida el hecho de que el juzgador no realiz\u00f3 pronunciamiento sobre la indexaci\u00f3n suplicada respecto de unas sumas de dinero que en otro lugar del petitum hab\u00edase reclamado en contra de la demandada; es, pues, por ser m\u00ednima petita por lo que se impugna el fallo en lo que a esta espec\u00edfica porci\u00f3n del litigio concierne. <\/p>\n
Pues bien, la simple lectura del fallo en b\u00fasqueda del vicio denunciado denota al rompe c\u00f3mo, cual se alega en la acusaci\u00f3n, el ad-quem fue omisivo en lo relativo a esa s\u00faplica implorada en la demanda; y no s\u00f3lo a despecho de que uno de los aspectos que ven\u00eda discutido en la apelaci\u00f3n fincaba justamente en la ausencia de resoluci\u00f3n al respecto por parte del a-quo, sino de que, tras proferir el fallo, la actora recab\u00f3 la decisi\u00f3n sobre esa espec\u00edfica pretensi\u00f3n por v\u00eda de complementaci\u00f3n; a la que, seg\u00fan qued\u00f3 resumido, accedi\u00f3. Mas, en forma inexplicable, \u00fanicamente en cuanto a una de las cantidades a que all\u00ed se aludi\u00f3; cuanto a la otra lo call\u00f3 todo sin modo de explicaci\u00f3n. <\/p>\n
Desde luego, omisi\u00f3n tal s\u00f3lo es posible atribuirla al olvido, que no a otra causa; pues a qu\u00e9 la complementaci\u00f3n que vino del fallo, no obstante que en \u00e9ste hab\u00eda dicho el tribunal, abrazando por cierto el criterio del a-quo, que la indexaci\u00f3n no era viable por aquello de que los intereses moratorios que hab\u00edanse ordenado sobre las cifras materia de la condena repulsan toda idea de la actualizaci\u00f3n de valores. Advirti\u00f3, en efecto, que, en verdad, sobre esa espec\u00edfica imploraci\u00f3n de la demanda ninguna decisi\u00f3n hab\u00eda todav\u00eda; y a ella deb\u00eda de accederse, colof\u00f3n al que arrib\u00f3, valga recordarlo, elucidando en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(…) habi\u00e9ndose causado la prestaci\u00f3n indenmizatoria en comento con la terminaci\u00f3n del contrato, esto es el 29 de julio de 1994, para que dicha prestaci\u00f3n tenga realmente el alcance indemnizatorio perseguido, ha de imponerse la condena a su verdadero poder adquisitivo a la fecha de su reconocimiento en la sentencia, como en efecto as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 16 de la ley 446 de 1998 y lo tiene expresado la doctrina y la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
En verdad, dichas reflexiones brindan claridad suficiente para descubrir c\u00f3mo, en lo que a la resoluci\u00f3n echada de menos por la censura, el juzgador no dispens\u00f3 pronunciamiento; y, el efecto cardinal de ello, no es otro que la prosperidad del cargo, lo que conlleva el quiebre del fallo en lo pertinente, para, en su lugar, dictar la sentencia de reemplazo. <\/p>\n
Sentencia sustitutiva <\/p>\n
Conforme al estudio que motiv\u00f3 el \u00e9xito del cargo, lo \u00fanico a resolver ahora es lo atinente a la procedencia de la actualizaci\u00f3n de la cifra en que se concretaron los perjuicios reclamados en la s\u00faplica quinta del libelo incoativo, valga recordarlo, donde se pidi\u00f3 la indemnizaci\u00f3n del perjuicio irrogado a la actora con ocasi\u00f3n de la reducci\u00f3n y\/o retiro de pedidos por parte de sus clientes. <\/p>\n
En pos de tal prop\u00f3sito es de verse que la suma que por el citado concepto extrajo el a-quo, esto es, $3’896.428,71, a la saz\u00f3n avalada impl\u00edcitamente por el tribunal, fue tomada de las resultas del trabajo pericial realizado sobre ese t\u00f3pico; reza en lo tocante al punto el dictamen, que \u00abeste posible perjuicio se calcula como el producto entre el valor monetario antes calculado (para la mercanc\u00eda no entregada, demorada o perdida) y el porcentaje de comisi\u00f3n seg\u00fan cada cliente\u00bb (folio 101 del cuaderno 27). Y de all\u00ed torna a decir que se calcul\u00f3 entre la fecha de cada pedido y julio de 1994. <\/p>\n
Traduce, entonces, el concepto de los expertos, que en la determinaci\u00f3n de la supradicha cantidad no fue aplicada ninguna f\u00f3rmula de actualizaci\u00f3n, por supuesto que si el perjuicio deducido se caus\u00f3 por el a\u00f1o de 1994, de alg\u00fan modo ha de concurrirse a evitar que el da\u00f1o que con esa cifra se busca reparar no se extienda aun mayormente por causa del envilecimiento del met\u00e1lico al momento en que haya de verificarse su pago; de donde, como elemental resulta concluirlo, imperativo se hace para la Corte proceder a ordenar la dicha actualizaci\u00f3n recabada, lo que dispondr\u00e1 tomando como referente el incremento en el \u00edndice de precios al consumidor presentado entre la fecha del c\u00e1lculo pericial y el d\u00eda en que se verifique el pago, asunto en que habr\u00e1 de tenerse en cuenta la modificaci\u00f3n que sobre el punto hizo la ley 794 de 2003 al art\u00edculo 191 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En virtud de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia que el tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1 dict\u00f3 en el proceso de la referencia el 26 de junio de 2001, adicionada en fallo de 21 de agosto siguiente, y en su lugar, <\/p>\n
Resuelve <\/p>\n
Modificar la \u00fanica determinaci\u00f3n tomada en la sentencia complementaria dictada por el ad-quem en este proceso, en el sentido de ordenar la actualizaci\u00f3n de las cifras de que dan cuenta los literales b) y c) del numeral 4\u00b0 de su parte resolutiva, calculada entre el 29 de julio de 1994 y la fecha en que se verifique el pago, conforme al incremento en el \u00edndice de precios al consumidor presentado en dicho per\u00edodo. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, queda vigente la sentencia dictada en el presente proceso por el tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1 el 26 de junio de 2001, decisi\u00f3n adicionada en prove\u00eddo de 21 de agosto siguiente, cuyas resoluciones, en lo pertinente, se transcriben a continuaci\u00f3n para mayor claridad: <\/p>\n
\u201c1. Confirmar la sentencia apelada [esto es, la proferida por el juzgado tercero civil del circuito de Bogot\u00e1 el 30 de agosto de 1999] por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
\u201c2. Sancionar al apoderado judicial de la parte demandada, Doctor Hernando Lanos Galeano, con multa de dos salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, por su inasistencia injustificada a la audiencia prevista en el art\u00edculo 360 del C. de P. C. <\/p>\n
\u201cSin costas\u201d. <\/p>\n
Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n, ante su prosperidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-002-2005 [1965-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de enero de dos mil cinco (2005). Referencia: expediente 1965-01 Pasa a decidirse el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82852","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82852","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82852\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}