SC-004-2005 [7550]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de enero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Exp. 7550 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por GILDARDO GARC\u00cdA SERNA contra la sentencia de 22 de septiembre de 1998, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del proceso ordinario que aqu\u00e9l promovi\u00f3 frente a la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Gildardo Garc\u00eda Serna demand\u00f3 a la sociedad Terminal de Transportes de Armenia S.A. para que se la declarara civilmente responsable por el incumplimiento de la cl\u00e1usula de exclusividad pactada en el contrato de arrendamiento que suscribieron, y que, consecuencialmente, fuera condenada al pago de los perjuicios materiales y morales que se demostraran, estimados en $99\u2019313.208.20 por lucro cesante, junto con su respectiva indexaci\u00f3n e intereses a una tasa del 70.84% anual, o 5.90% mensual, o la que certificara la autoridad monetaria competente. <\/p>\n
2. Como sustento de las s\u00faplicas se invocaron los hechos que se compendian a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
a. El demandante y la demandada celebraron contrato de arrendamiento, siendo arrendatario el primero y arrendadora la segunda, que tuvo como objeto un parqueadero ubicado dentro de las instalaciones de la terminal de transportes de Armenia; en \u00e9l se pact\u00f3 un t\u00e9rmino de dos a\u00f1os, prorrogable, con ajuste anual del canon seg\u00fan lo determinara el \u00edndice de precios al consumidor; asimismo, en la cl\u00e1usula primera, despu\u00e9s de los linderos y \u00e1rea del inmueble, se estipul\u00f3: \u201cse aclara que en esta zona no existir\u00e1n otros espacios dedicados para el mismo fin.\u201d <\/p>\n
b. El gerente que hab\u00eda suscrito el contrato en nombre de la sociedad, Diego Cano Hern\u00e1ndez, fue reemplazado por Juan Jos\u00e9 Orrego L\u00f3pez, quien comenz\u00f3 a vulnerar la cl\u00e1usula de exclusividad transcrita y a desplegar conductas que rompieron el equilibrio negocial; en particular, celebr\u00f3 diversos contratos de arrendamiento de la zona operativa con Expreso Palmira, Jaime Valencia y Expreso Trejos, al igual que contrat\u00f3 parqueadero con Efra\u00edn T\u00e9llez y construy\u00f3 una bater\u00eda de basuras a la entrada de la zona contratada. <\/p>\n
c. Este comportamiento trajo miseria y hambre para el demandante, a la vez que desemboc\u00f3 en un proceso de lanzamiento por falta de pago, practicado por la Inspecci\u00f3n Quinta de Armenia, comisionada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad. <\/p>\n
e. En la mencionada cl\u00e1usula se acord\u00f3 exclusividad para que la Terminal de Transportes no constituyera otros espacios para parqueo, ni los arrendara, y el beneficio del contrato radicaba esencialmente en esta circunstancia, por lo que su violaci\u00f3n alter\u00f3 completamente el equilibrio contractual y someti\u00f3 al arrendatario a la cesaci\u00f3n de pagos que lo llev\u00f3 irremediablemente al lanzamiento. <\/p>\n
f. El actor atendi\u00f3 sus obligaciones y la \u00fanica causa de terminaci\u00f3n del contrato fue el incumplimiento de la arrendadora, que dio lugar a que el 11 de julio de 1995 se realizara la diligencia de restituci\u00f3n del inmueble, en la que no fueron tenidas en cuenta las constancias dejadas por el ahora demandante acerca de la conducta de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
g. La sociedad arrendadora no agot\u00f3 ning\u00fan mecanismo de soluci\u00f3n directa del conflicto, ni de restablecimiento del equilibrio contractual, como tampoco consider\u00f3 las comunicaciones que se le enviaron solicitando la suspensi\u00f3n de sus graves y an\u00f3malas acciones. <\/p>\n
3. La demandada se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, admiti\u00f3 la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento, mas adujo que la terminaci\u00f3n del mismo fue decidida en otro debate judicial; que por el incumplimiento o mora del demandante se dispuso la restituci\u00f3n del bien; y que la supuesta cl\u00e1usula de exclusividad s\u00f3lo se refer\u00eda al \u00e1rea arrendada. Del mismo modo, neg\u00f3 las conductas y perjuicios que se le atribu\u00edan, al paso que propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u201ccosa juzgada\u201d, \u201ccontrato no cumplido\u201d, y \u201ccarencia absoluta de derecho sustancial para solicitar pago de perjuicios\u201d. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia le puso fin a la primera instancia, con sentencia de 29 de abril de 1998, en la que desestim\u00f3 las pretensiones y absolvi\u00f3 a la demandada, decisi\u00f3n que, al ser apelada por la parte demandante, result\u00f3 confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de esa localidad. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Tras rese\u00f1ar el litigio, la presencia de los presupuestos procesales y la legitimaci\u00f3n en la causa, el sentenciador precis\u00f3 el objeto contractual, a la vez que anot\u00f3 que, despu\u00e9s de alinderar especialmente el local arrendado, las partes estipularon: \u201cse aclara que en esta zona no existir\u00e1n otros espacios dedicados para el mismo fin\u201d. <\/p>\n
El demandante, continu\u00f3 el Tribunal, interpret\u00f3 este aparte como \u201cpacto de una cl\u00e1usula de exclusividad, que implicaba la prohibici\u00f3n para el arrendador de destinar alguna otra zona de la Terminal al funcionamiento de otro u otros parqueaderos\u201d, y afirm\u00f3 que, al arrendar otros parqueaderos dentro de la misma zona de operatividad, la sociedad viol\u00f3 tal compromiso y gener\u00f3 dificultades econ\u00f3micas que lo condujeron al incumplimiento en el pago de los c\u00e1nones, junto con la perjudicial restituci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Empero, dedujo que dicha estipulaci\u00f3n alud\u00eda a la zona entregada en arrendamiento, es decir, al \u00e1rea destinada al parqueadero, mas no a la totalidad de la zona operativa del terminal, lo que se infer\u00eda no solo de su contenido literal, sino del hecho de que el pacto se hubiera incluido con posterioridad a los linderos especiales del espacio, refiri\u00e9ndose espec\u00edficamente a \u00e9l y no a toda el \u00e1rea. <\/p>\n
Asever\u00f3 el Tribunal c\u00f3mo aun si la aclaraci\u00f3n comprendiera toda la zona operativa, no se prob\u00f3 la infracci\u00f3n de la cl\u00e1usula, pues aunque los testigos solicitados por el actor afirmaron que en ella hab\u00eda otros parqueaderos utilizados por Expreso Palmira y Expreso Trejos, con lo que se le hab\u00eda perjudicado, \u201cno aparece acreditado que efectivamente la Terminal de Transporte hubiera dado en arrendamiento otros sectores para el funcionamiento de parqueaderos\u201d, dado que, contrariamente, se hall\u00f3 que el estacionamiento entonces utilizado por Expreso Palmira se encontraba por fuera de la zona operativa, como lo muestra el plano respectivo, lo que, a\u00f1adi\u00f3, lo relevaba de cualquier otra consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el gerente de la sociedad inform\u00f3 que no se hab\u00eda celebrado contrato de arrendamiento de parqueadero con Expreso Trejos, y que la relaci\u00f3n con Efra\u00edn T\u00e9llez se remontaba al 1\u00ba de junio de 1986, previamente al acuerdo con el demandante; igualmente, que los testimonios tampoco permit\u00edan inferir la existencia de un negocio de este tipo con Expreso Trejos y Jaime Valencia, por cuanto tal aseveraci\u00f3n aparec\u00eda \u201chu\u00e9rfana de toda explicaci\u00f3n acerca de las circunstancias del contrato mismo\u201d y \u201cconstituye una simple referencia sin mayor relevancia que no permite deducir claramente la verdad de ese supuesto\u201d. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que \u201cni siquiera por probada puede darse la hip\u00f3tesis que entroniza el demandante como causa fundamental de la violaci\u00f3n al contrato de arrendamiento.\u201d <\/p>\n
2. De otro lado, coment\u00f3 que de asumirse, incluso, que la empresa demandada \u201cinterfiri\u00f3, embaraz\u00f3, perturb\u00f3 o perjudic\u00f3 con ese comportamiento el goce al arrendatario de la zona de parqueo\u201d, no prosperar\u00eda la pretensi\u00f3n indemnizatoria, pues \u201cel demandante tampoco cumpli\u00f3 el contrato\u201d. <\/p>\n
En efecto, el argumento central para perseguir la reparaci\u00f3n patrimonial, consistente en que la inobservancia de la exclusividad permiti\u00f3 la usurpaci\u00f3n de la clientela, disminuy\u00f3 la rentabilidad del negocio e imposibilit\u00f3 el cumplimiento de la convenci\u00f3n, no es justificado ni admisible, porque en el contrato \u201cno se introdujo condici\u00f3n respecto de la obligaci\u00f3n de pago. No se pact\u00f3 que el arrendatario s\u00f3lo se obligaba a pagar los c\u00e1nones si el bien resultaba rentable, como para entender que en caso contrario quedaba liberado de dicha obligaci\u00f3n o que por lo menos no se le pod\u00eda imputar la mora en el pago de la renta\u201d. <\/p>\n
Finalmente, puntualiz\u00f3 que durante la vigencia del acuerdo el actor pudo accionar contra la arrendadora, si estimaba que con su conducta lo incumpl\u00eda, y obtener as\u00ed tanto su terminaci\u00f3n, como la indemnizaci\u00f3n de perjuicios autorizada por el art\u00edculo 1987 del C\u00f3digo Civil; de all\u00ed que el demandante, antes que sustraerse a la obligaci\u00f3n de pagar la renta, \u201cdebi\u00f3 invocar la terminaci\u00f3n del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u201d, pero como no lo hizo, \u201cmal puede ahora, fuera de oportunidad legal, pretender que se le indemnicen los perjuicios causados, con fundamento en la violaci\u00f3n de un contrato que tambi\u00e9n \u00e9l viol\u00f3 o incumpli\u00f3\u201d. <\/p>\n
III. EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con estribo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se formula un cargo contra la sentencia del Tribunal, en el que se denuncia el quebranto directo, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 1602, 1603, 1982, numerales 2\u00ba y 3\u00ba, 1986 y 1987 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
1. Asevera el casacionista que la \u201clegislaci\u00f3n civil o privada es perfectamente aplicable en este caso concreto\u201d, y que la existencia por m\u00e1s de un siglo del art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil hace necesaria su actuaci\u00f3n, dadas las circunstancias de los intereses particulares en una econom\u00eda contractual rentable, pese a lo cual su esp\u00edritu, que prima sobre la letra, ha sido olvidado, pues el sentenciador \u201cjam\u00e1s aplic\u00f3 ni mucho menos explic\u00f3 o estudio la expresi\u00f3n legal, imperativa y obligatoria, por dem\u00e1s de car\u00e1cter sustancial\u201d. <\/p>\n
La afirmaci\u00f3n del Tribunal acerca de que la cl\u00e1usula contractual se determin\u00f3 para corresponder a unos linderos, que el demandante la interpret\u00f3 a su manera como un pacto de exclusividad, y que era una simple nota, comenta, muestra \u201causencia de una sensatez en la interpretaci\u00f3n de la norma\u201d, es \u201caberrante y acomodaticia … y descarada, ilegal e inconstitucionalmente (sic) en incontrastable y sospechosa armon\u00eda con la contestaci\u00f3n de la demanda\u2026\u201d. <\/p>\n
Y contin\u00faa: \u201c es una falta de aplicaci\u00f3n tratar de suplir al legislador en algo tan simple y llano como es circunscribir el objeto arrendado, la cosa arrendada, con actividades del arrendador \u2026 Es que es inexistente, por decir lo menos, lo que jam\u00e1s el Tribunal entendi\u00f3 por \u00e1rea operativa, o mejor dicho por lo que le pertenec\u00eda y no pod\u00eda pues una cl\u00e1usula de tal naturaleza referirse a los linderos, mucho menos reemplazarlos o complementarlos. Semejante interpretaci\u00f3n est\u00e1 fuera de lo que ordena el art\u00edculo 1602. Sencillamente se le olvid\u00f3 aplicarlo.\u201d <\/p>\n
No es posible en sana l\u00f3gica que el ad quem manifieste que la cl\u00e1usula se refiere a la zona dada en arrendamiento, apunta el impugnador, pues si fuera as\u00ed no habr\u00eda sido menester pactarla, de modo que esa no era la intenci\u00f3n de las partes, que quisieron referirse a otras conductas del arrendador. <\/p>\n
Adicionalmente, la consideraci\u00f3n del fallador de que no se demostr\u00f3 la violaci\u00f3n de la estipulaci\u00f3n, reconoce que se trata de un aspecto especial, que despacha con el material probatorio, actitud que afortunadamente da lugar a un \u201cerror de derecho\u201d, que probar\u00e1, dice el censor, cuando exponga la violaci\u00f3n del art\u00edculo 1603, donde se ver\u00e1 c\u00f3mo el ad quem \u201cle cree al Gerente y a su plano acomodado, en completa contradicci\u00f3n con la prueba pericial que jam\u00e1s ha sido mencionada\u201d, con una interpretaci\u00f3n falsa y err\u00f3nea. <\/p>\n
2. Alrededor del art\u00edculo 1603 del C\u00f3digo Civil, manifiesta que el postulado de la buena fe no fue aplicado; se\u00f1ala la mala fe del gerente de la sociedad y de sus apoderados, que se confundi\u00f3 o equipar\u00f3 el proceso actual – cuya acci\u00f3n no est\u00e1 prescrita – con el anterior, y que aqu\u00ed no se trata de ver si el arrendatario cumpli\u00f3, pues se espera una sentencia de fondo por ser un asunto diverso, como se dijo cuando se desat\u00f3 la excepci\u00f3n previa de cosa juzgada. <\/p>\n
Por este lado, remata diciendo que al estar demostradas las interferencias, embarazos, perturbaciones o perjuicios, debe ser consecuencia l\u00f3gica que el contrato no se ejecut\u00f3 de buena fe y por ello no se aplic\u00f3 la norma pertinente. <\/p>\n
3. Frente al art\u00edculo 1982 ib\u00eddem, que impone la obligaci\u00f3n de mantener la cosa en estado de servir para el fin convenido, y librar al arrendatario de turbaciones o molestias, subraya que el Tribunal la inaplic\u00f3, habida cuenta del incumplimiento del arrendador, por lo que en esta parte la sentencia \u201colvid\u00f3 realmente darle un marco jur\u00eddico acertado\u201d. <\/p>\n
Mantener una cosa en estado de servir, prosigue, no es s\u00f3lo hacer obras materiales, sino tambi\u00e9n abstenerse de desplegar conductas como las que aqu\u00ed se critican; y, librar al arrendatario de perturbaciones, no es otra cosa que no molestarlo de hecho o de derecho, directamente o por medio de terceros, como sucedi\u00f3 con la orden dada a los guardas de tr\u00e1nsito para desviar la clientela, seg\u00fan lo declararon; \u201cnada de esto ha sido rese\u00f1ado por el Tribunal\u201d, expresa la censura. <\/p>\n
4. Respecto del art\u00edculo 1986 ejusdem, que impide mudar la forma de la cosa arrendada o hacer obras que perturben al arrendatario, dice que es claro el incumplimiento del gerente de la demandada, as\u00ed como el perjuicio irrogado; el Tribunal omiti\u00f3 la disposici\u00f3n y se limit\u00f3 a dar una \u201cidea maravillosa de lo que puede ser una conducta violatoria\u201d, anota el recurrente, para concluir que aqu\u00e9l no quiso aceptar que estos hechos atroces son producto del poder unilateral y de la grotesca intervenci\u00f3n de arrendadores inescrupulosos. <\/p>\n
5. Al mencionar el art\u00edculo 1987 del C\u00f3digo Civil, que establece el derecho del arrendatario a ser indemnizado cuando se le perturbe en el goce del bien, expresa que son muchas las conductas que pueden encasillarse all\u00ed, por lo que debe llamarse la atenci\u00f3n de la justicia para que con sus fallos erradique tales pr\u00e1cticas. <\/p>\n
Consecuentemente, si el Tribunal estim\u00f3 extempor\u00e1neo el reclamo debi\u00f3 tener en cuenta que en el proceso de restituci\u00f3n no era posible demandar en reconvenci\u00f3n; a\u00f1ade tambi\u00e9n que si se prob\u00f3 que la perturbaci\u00f3n tuvo lugar, por ejemplo, antes del primer mes de mora, este proceso no se dirigi\u00f3 a ese per\u00edodo, sino que comprende desde el comienzo hasta el final, y, que si el arrendador no propuso excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n no es aceptable que se le diga ahora al demandante, que \u201csu derecho, su justicia de pronto la hubiera tenido pero que ya es extempor\u00e1nea\u201d. <\/p>\n
Por tanto, la acci\u00f3n que nace del citado art\u00edculo 1987 es la ordinaria de indemnizaci\u00f3n de perjuicios, y a ella se acudi\u00f3, de forma que el Tribunal no puede declarar una prescripci\u00f3n que no se invoc\u00f3, ni existe, pues en la demanda se precis\u00f3 que la mora en el pago de los c\u00e1nones era producto de la conducta violatoria del arrendador, de su competencia desleal, y de la usurpaci\u00f3n de la clientela, entre otras. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Para empezar ha de subrayarse que el art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil exige que en el recurso de casaci\u00f3n los cargos se formulen separadamente, \u201ccon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara y precisa\u201d. <\/p>\n
En particular, cuando se trata de la causal primera, deben se\u00f1alarse las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas, y si el ataque se enfila por la v\u00eda directa, su contenido debe mostrar, con la mencionada claridad y precisi\u00f3n, un raciocinio de orden estrictamente jur\u00eddico enfocado a evidenciar la manera como los preceptos materiales se dejaron de aplicar, se hicieron actuar indebidamente o se interpretaron en forma inadecuada, siempre que, desde luego, tal yerro tenga incidencia decisoria, esto es, que de no haberse incurrido en \u00e9l, otro habr\u00eda sido el sentido de la resoluci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Por tanto, la argumentaci\u00f3n planteada por el impugnador no s\u00f3lo debe ser inteligible y coherente, sino tambi\u00e9n completa y contundente, esto es, capaz de derrumbar todos los soportes del fallo cuestionado, habida cuenta que la Corte no est\u00e1 facultada para completarla, aclararla, o darle un rumbo que no le ha sido fijado con antelaci\u00f3n, pues este es un escenario eminentemente dispositivo. <\/p>\n
De la misma forma, como repetidamente lo ha sostenido la doctrina jurisprudencial, esta especie de reproche \u201c … no puede plantearse de otro modo que sobre la condici\u00f3n indeclinable de no disentir del supuesto factual trazado por el sentenciador de instancia, hall\u00e1ndose la raz\u00f3n de esta exigencia en la base misma de la t\u00e9cnica propia del recurso cuando este se enfile por la susodicha causal. En efecto, si el impugnante discrepa del sentido que el fallador le asign\u00f3 a los hechos, seg\u00fan la representaci\u00f3n que de \u00e9stos se contiene en las pruebas incorporadas en el proceso, esa disparidad, en la casaci\u00f3n, no es dable examinarla m\u00e1s que a la luz de un yerro de apreciaci\u00f3n probatoria, yerro que, como es natural, acarrea para el impugnante el escogimiento de la v\u00eda indirecta para el ataque a la sentencia\u201d. <\/p>\n
\u201cEn la demostraci\u00f3n de un cargo por la v\u00eda directa – ha dicho la Corte – el recurrente no puede separarse de las conclusiones que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el Tribunal. En tal evento, la actividad dial\u00e9ctica del impugnante tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos sustanciales que consider\u00f3 no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u201d (Cas. Civ. 20 de marzo de 1973, G.J. T. CXLVI, p. 50)\u201d. (sentencia de 28 de marzo de 1990, no publicada oficialmente). <\/p>\n
2. De otro lado, es preciso se\u00f1alar que en lo que toca con la interpretaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas incorporadas en los negocios jur\u00eddicos, la Sala ha expuesto que \u201clos Tribunales son soberanos para la apreciaci\u00f3n de los hechos y la interpretaci\u00f3n de los contratos, de tal suerte que la Corte solo puede variar la sentencia objeto del recurso en el caso de que \u00e9sta contenga errores de derecho o de hecho, siempre que este \u00faltimo resulte evidente en los autos\u201d (G.J. t. LXXXVIII, pag. 53; XC, 656; XCIX, 150). <\/p>\n
Igualmente, ha expresado que en la tarea de establecer la intenci\u00f3n de las partes en el contrato, el Juez debe ocuparse inicialmente de la declaraci\u00f3n de voluntad plasmada por \u00e9stas, en b\u00fasqueda del genuino alcance o significaci\u00f3n de la misma y del efecto jur\u00eddico querido por los contratantes, en orden a lo cual ha de procurar que las estipulaciones cumplan con los objetivos y finalidades propuestos al ajustar la convenci\u00f3n. Esta labor, que es de relativa facilidad cuando el contrato o la cl\u00e1usula son claros, se tornar\u00e1 mucho m\u00e1s compleja en el evento en que \u00e9stos carezcan de nitidez, pues all\u00ed se tratar\u00e1 de desentra\u00f1ar su sentido, para lo cual habr\u00e1 de acudirse a las reglas fijadas por la ley, para que se examine la naturaleza del acuerdo y su conjunto, al complementar y armonizar sus diversas piezas. <\/p>\n
Sucede, entonces, que para impugnar el entendimiento otorgado por el sentenciador a una cl\u00e1usula contractual, el recurrente forzosamente ha de traspasar el entorno propio de la violaci\u00f3n juris in judicando, pues debe concentrarse en las pruebas, puntualmente, en el texto de las estipulaciones vertidas en el contrato, y no se ve c\u00f3mo pueda hacerlo, sin m\u00e1s, por la v\u00eda directa. <\/p>\n
3. Ahora bien, como se anticip\u00f3, la \u00fanica censura presentada denuncia la vulneraci\u00f3n directa, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 1602, 1603, 1982, numerales 2\u00ba y 3\u00ba, 1986 y 1987 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Varias son las deficiencias t\u00e9cnicas que se encuentran en el cargo, las que inexorablemente vienen a determinar el fracaso de la impugnaci\u00f3n, como se explicar\u00e1 a espacio. <\/p>\n
a. Primeramente, debe destacarse la irregularidad en que se incurri\u00f3 al mezclar cuestiones f\u00e1cticas dentro de una acusaci\u00f3n propuesta por la v\u00eda directa. <\/p>\n
Evidentemente, el yerro m\u00e1s notorio se aprecia en el hecho de que una discrepancia con la interpretaci\u00f3n de una cl\u00e1usula contractual, en cuya labor prevalece la discreta autonom\u00eda de los juzgadores, fuera planteada por la v\u00eda directa cuando, como se explic\u00f3 enantes, es sabido que aquella trasgresi\u00f3n s\u00f3lo puede proponerse mediante la cabal demostraci\u00f3n de un manifiesto y trascendente error de hecho en la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba del acuerdo de voluntades. <\/p>\n
Cuando el cargo descansa sobre la violaci\u00f3n directa cometida por el sentenciador, distante se encuentra el recurrente de acertar si denuncia una infracci\u00f3n presuntamente originada en el entendimiento de una cl\u00e1usula, por lo que resulta forzoso concluir que es equivocado atacar la sentencia por esta v\u00eda cuando debi\u00f3 serlo por la indirecta, m\u00e1s a\u00fan si la naturaleza de ambas es diametralmente distinta, y esto hace que semejante forma de acusaci\u00f3n torne inane el cargo, pues el desarrollo dial\u00e9ctico de la labor demostrativa, en el primer caso, est\u00e1 circunscrito al contenido jur\u00eddico de los textos legales que se consideran quebrantados, con absoluta prescindencia de cualquier reparo en relaci\u00f3n con la apreciaci\u00f3n de los hechos y pruebas. <\/p>\n
b. Para abundar en razones, n\u00f3tese que lo concerniente a la interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula contractual no fue el \u00fanico aspecto f\u00e1ctico que impropiamente se invoc\u00f3 en el cargo montado sobre la v\u00eda directa, pues tal desatino fue reiterado y sistem\u00e1tico, como cuando para demostrar un error jur\u00eddico, se cuestion\u00f3 la aceptaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n del gerente de la demandada, \u201cen completa contradicci\u00f3n con la prueba pericial que jam\u00e1s ha sido mencionada\u201d – lo que injustificadamente se denomin\u00f3 error de derecho – , o cuando se aludi\u00f3 a lo que se entend\u00eda por \u201c\u00e1rea operativa\u201d, o al resaltar que no se ponder\u00f3 el testimonio de los guardas de tr\u00e1nsito sobre el desv\u00edo de la clientela, entre otros, ataques todos propios de la v\u00eda indirecta, que corroboran rotundamente las enormes fallas en la formulaci\u00f3n de la censura. <\/p>\n
4. En compendio, m\u00edrese c\u00f3mo el cargo no podr\u00eda abordarse por ninguna de sus aristas, ni siquiera con un criterio laxo o con la aplicaci\u00f3n de los remedios previstos por el art\u00edculo 51 del decreto 2651 de 1991, adoptado como legislaci\u00f3n permanente por la ley 446 de 1998, pues, en todo caso, se itera, no pas\u00f3 de ser una deshilvanada mixtura de enunciados. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No prospera el cargo. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 22 de septiembre de 1998, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Quind\u00edo), para dirimir el proceso ordinario adelantado por GILDARDO GARC\u00cdA SERNA frente a TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. <\/p>\n
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-004-2005 [7550] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de enero de dos mil cinco (2005). Referencia: Exp. 7550 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82854","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82854","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82854"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82854\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82854"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82854"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82854"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}