SC-009-2005 [7796]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C. diecinueve (19) de enero de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 7796 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por URIEL LOSADA GARCIA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 15 de febrero de 1999, en el proceso ordinario por \u00e9l promovido frente a la COMPA\u00d1\u00cdA NEIVANA DE GAS LTDA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Solicit\u00f3 el actor que se declarase que entre \u00e9l y la compa\u00f1\u00eda antes mencionada existi\u00f3 un contrato de suministro de gas natural comprimido, a partir del mes de junio de 1987, que fue incumplido \u201cen forma injustificada\u201d por la demandada desde el 22 de febrero de 1990; que se condenara a la demandada a pagarle la suma de doce millones de pesos ($12.000.000.oo) \u201co la que resulte probada en el proceso\u201d a t\u00edtulo de perjuicios materiales, un mil gramos oro por concepto de perjuicios morales, e igualmente, a restablecer el servicio bajo apremio de multa, por cada d\u00eda de retardo, equivalente a un d\u00eda de salario m\u00ednimo legal vigente. <\/p>\n
En forma subsidiaria, formul\u00f3 el actor las mismas pretensiones, sin aludir a la declaratoria de existencia del referido contrato. <\/p>\n
2. La causa petendi puede compendiarse as\u00ed: <\/p>\n
A. En el mes de mayo de 1987, el se\u00f1or Losada contrat\u00f3 con la demandada \u201cla instalaci\u00f3n de un sistema para el suministro de gas comprimido en sus hornos para curaci\u00f3n de tabaco, ubicados en el Kil\u00f3metro catorce (14) de la carretera al sur\u201d, sistema pionero en el Departamento del Huila, pues tales instalaciones en hornos para tabaco, nunca se hab\u00edan implementado en la regi\u00f3n. <\/p>\n
B. Para la \u00e9poca se\u00f1alada, la demandada promocionaba el sistema de gas comprimido para diferentes actividades y servicios, tales como en veh\u00edculos, f\u00e1bricas y residencias. <\/p>\n
C. El actor contrat\u00f3, adem\u00e1s de la instalaci\u00f3n del sistema, el correspondiente suministro de gas natural, \u201csin fijar precio determinado por el servicio, pero determinable seg\u00fan el consumo y las necesidades propias de los hornos\u201d. <\/p>\n
D. El sistema instalado en los hornos de la \u201cTabaquera Lozada\u201d se compuso, sustancialmente, de tuber\u00eda galvanizada, quemadores en aluminio, contadores para los siete hornos, junto con los quemadores y la tuber\u00eda en cobre que correspond\u00eda a cada uno de ellos, todo lo cual tuvo un costo de $770.000.oo., que fueron pagados en su integridad por el actor. <\/p>\n
F. El actor no s\u00f3lo curaba su propio tabaco en los hornos aludidos, sino que adem\u00e1s le prestaba el servicio a otros cultivadores de la regi\u00f3n, por lo que la capacidad total normal de curaci\u00f3n era de 60.000 Kilos de tabaco, en dos etapas, cada a\u00f1o, lo que le reportaba cuantiosas ganancias econ\u00f3micas, de las que se ha privado \u201cpor la supresi\u00f3n injustificada del servicio de suministro de gas comprimido en sus instalaciones por parte de la sociedad demandada\u201d (fl.40 cdno.1) <\/p>\n
G. Como punto de referencia para la tasaci\u00f3n de los perjuicios, para los a\u00f1os 1987 y 1988 se le pag\u00f3 al demandante por curaci\u00f3n de tabaco, la suma de 65 pesos por kilo. Adicionalmente, la entidad demandada ha seguido prestando el mismo o similar servicio a otras personas, tales como a los municipios de Rivera, Aipe, Palermo, Yaguar\u00e1 e Industrias Alimenticias Sandy. <\/p>\n
3. La Compa\u00f1\u00eda Neivana de Gas le dio contestaci\u00f3n al libelo oponi\u00e9ndose a sus pretensiones y negando la existencia del contrato de suministro. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia estimatoria de las s\u00faplicas de la demanda, fue modificada por el Tribunal Superior al resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la demandada -al que adhiri\u00f3 el actor-, en el sentido de reducir el monto de los perjuicios a la suma de $3.789.990.oo a t\u00edtulo de lucro cesante m\u00e1s intereses a una tasa del 6% anual, y de revocar la orden de restablecer el servicio pronunciada por el a quo, confirm\u00e1ndose en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Luego de una breve distinci\u00f3n entre los contratos de suministro y compraventa, se ocup\u00f3 el Tribunal de resumir los diferentes medios de prueba obrantes en el proceso, espec\u00edficamente los interrogatorios de parte absueltos por las partes, as\u00ed como las declaraciones de terceros, para concluir que si bien no fue la demandada quien efectu\u00f3 la instalaci\u00f3n de gas natural comprimido para los hornos de secado del actor, resultaba \u201cincontrovertible que Neivana de Gas procuraba a la demandada (sic) el gas necesario para sus instalaciones, servicio que se repiti\u00f3 en el tiempo, debido al inter\u00e9s que mov\u00eda a las partes, y a su funci\u00f3n en la vida econ\u00f3mica\u201d, por lo que el negocio celebrado entre ellos fue el primero de los aludidos, lo que confirm\u00f3 con \u201clas 4 facturas de servicio que obran a folios 52 a 55 del segundo cuaderno\u201d (fl. 25, cdno. 7). <\/p>\n
Definido este t\u00f3pico, pas\u00f3 el sentenciador a analizar si el contrato de suministro hab\u00eda terminado conforme a la ley, resaltando que de acuerdo con la comunicaci\u00f3n librada por la empresa con ese prop\u00f3sito (fl. 9, cdno. 1), la causal esgrimida fue el incumplimiento del demandante, hecho que para producir v\u00e1lidamente la se\u00f1alada consecuencia \u2013se\u00f1al\u00f3-, debi\u00f3 ser de cierta entidad o haber generado perjuicios graves para aquella. Sin embargo, como en la misiva tan solo se hizo alusi\u00f3n a \u201cmotivos t\u00e9cnicos\u201d, se pregunt\u00f3 el ad quem a qui\u00e9n eran atribuibles, destacando que \u201cS\u00f3lo hasta la contestaci\u00f3n de la demanda se supo que\u2026 eran endilgados a Uriel Losada por no dar estricto cumplimiento a recomendaciones t\u00e9cnicas dadas, agregando que \u201cla actividad probatoria es pr\u00f3diga al se\u00f1alar que en efecto Uriel Lozada no contaba en sus instalaciones con medidas m\u00ednimas de seguridad, deficiencias que \u00e9l mismo acept\u00f3\u201d (fl. 26 ib.). <\/p>\n
Pero como la sociedad demandada no precis\u00f3 a qui\u00e9n se atribu\u00eda la falla t\u00e9cnica, la terminaci\u00f3n del contrato sin causa espec\u00edfica, debi\u00f3 ajustarse a lo dispuesto en el art. 977 del C\u00f3digo de Comercio, esto es, d\u00e1ndole un preaviso al actor, que por no haberse realizado llev\u00f3 al sentenciador a concluir que aquella \u201crompi\u00f3 unilateralmente el contrato lo que ocasion\u00f3 perjuicios a la actora\u201d (fl. 27, cdno. 7). <\/p>\n
En este orden de ideas, se\u00f1al\u00f3 luego el ad quem que para que un perjuicio sea reparable, debe ser real y cierto, reflexi\u00f3n a partir de la cual, sostuvo que con la prueba testimonial recepcionada y con el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la empresa, se acredit\u00f3 que al demandante le fue se\u00f1alado \u201cel procedimiento adicional para la hip\u00f3tesis de cambio de gas natural comprimido por propano\u201d, motivo por el cual, si las instalaciones f\u00edsicas de los hornos de curado de la hoja de tabaco \u201cfueron abandonadas a voluntad del actor\u201d, como se desprende \u201cde la actividad probatoria procesal\u201d, este hecho no era atribuible a aqu\u00e9lla y, por ende, no pod\u00eda solicit\u00e1rsele indemnizaci\u00f3n por este concepto (fl. 27, cdno. 1). <\/p>\n
Adicionalmente, aunque fue probado que el demandante tambi\u00e9n secaba la cosecha de otros cultivadores, no se determin\u00f3 la cuant\u00eda de las ganancias dejadas de percibir por este concepto, reduci\u00e9ndose la tasaci\u00f3n, \u201cconforme a la testimonial y a la documental arrimadas\u201d, a la actividad que aquel dej\u00f3 de realizar. Agreg\u00f3 que deb\u00eda tomarse como precio del secado la suma certificada por la Compa\u00f1\u00eda de Tabacos Rubios de Colombia S.A. (fl. 4, cdno. 3), pero para el a\u00f1o de 1990, no para 1994 como lo hicieron los peritos, \u201cpues la demandada -reiter\u00f3- debe indemnizar por el a\u00f1o de 1990 fecha en la cual rompi\u00f3 unilateralmente el contrato de suministro, sin previo aviso y no por los dem\u00e1s a\u00f1os, por cuanto al contar el actor con la oportunidad de implementar un sistema alterno de combusti\u00f3n, a ello debi\u00f3 concurrirse (sic)\u201d. Por ello redujo la indemnizaci\u00f3n a $3.789.990.oo (fls. 27 y 28, cdno. 1). <\/p>\n
Finalmente, adujo el Tribunal que los perjuicios morales no fueron acreditados probatoriamente, motivo por el cual no pod\u00eda condenarse al pago de los mismos y habida cuenta que el negocio jur\u00eddico hab\u00eda sido terminado unilateralmente por la demandada, dando lugar al pago de la indemnizaci\u00f3n de los correspondientes perjuicios, deb\u00eda revocarse la decisi\u00f3n del a quo que oblig\u00f3 a la empresa a permanecer unida con el actor a trav\u00e9s del contrato en cuesti\u00f3n, rematando sus consideraciones con el se\u00f1alamiento de que \u201csobre la cantidad dineraria concretada como lucro cesante\u201d, deb\u00eda reconocerse un inter\u00e9s del 6% anual, por mandato de los art\u00edculos 1613 y 1617 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
En el \u00fanico cargo formulado se acus\u00f3 la sentencia de aplicar indebidamente los art\u00edculos 977 del C\u00f3digo de Comercio y 1617 del C\u00f3digo Civil, y de no haber aplicado los art\u00edculos 260 y 261, 973 ord. 3\u00b0, 979, 833 y 870 del estatuto mercantil, 1546 inciso 2\u00b0, 1604, 1608.2, 1615, 1626 y 1649 inciso 2\u00b0 de la codificaci\u00f3n civil, estos por remisi\u00f3n del art\u00edculo 822 del C. de Co., y la totalidad del Decreto 700 de 1990, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda y de algunas pruebas. <\/p>\n
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2. Asever\u00f3 que, contrariando la evidencia, el Tribunal afirm\u00f3 que \u201cel demandante acept\u00f3 las deficiencias t\u00e9cnicas en las instalaciones de su propiedad y la ausencia de medidas m\u00ednimas de seguridad\u201d, no obstante que los medios de prueba demostraban lo contrario, aludiendo concretamente a los siguientes: <\/p>\n
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a. Al interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la sociedad demandada, expresando el casacionista que \u201cesta declaraci\u00f3n no puede probar, como en efecto no prueba\u2026la existencia cierta de motivos t\u00e9cnicos como tampoco que el se\u00f1or Losada Garc\u00eda los hubiere conocido\u201d. <\/p>\n
b. A la comunicaci\u00f3n remitida por el demandante a la sociedad demandada el 30 de julio de 1990, respecto de la cual afirm\u00f3 que no existe frase alguna que permita concluir que el se\u00f1or Losada acept\u00f3 las \u201cfallas t\u00e9cnicas\u201d, pues lo que de ella se deduce \u201ces la plena convicci\u00f3n del suministrado de que tales fallas eran de la empresa\u201d (fl. 16 ib.). <\/p>\n
c. A la declaraci\u00f3n de parte del actor, espec\u00edficamente a aquellos apartes que versaban sobre las deficiencias t\u00e9cnicas en las instalaciones para el secado de tabaco -para lo cual transcribi\u00f3 varias de las preguntas y respuestas que se le formularon-, afirmando, a rengl\u00f3n seguido, que \u201c\u00bfCu\u00e1l pasaje contiene una aceptaci\u00f3n de deficiencias t\u00e9cnicas? \u00bfAcaso el carecer de extinguidores? \u00bfEs estas una falla t\u00e9cnica para el suministro del gas natural comprimido; o m\u00e1s bien, una omisi\u00f3n de medida de seguridad por parte del prove\u00eddo (sic)? <\/p>\n
d. A la declaraci\u00f3n de Carlos Alirio Esquivel S\u00e1nchez, qui\u00e9n llev\u00f3 a cabo la instalaci\u00f3n del sistema, probanza que consider\u00f3 \u201cd\u00e9bil\u201d y contradictoria porque si para el cambio de combustible bastaba quitar un tap\u00f3n, \u201cnada le hubiera impedido al se\u00f1or Losada llevar a cabo tan elemental tarea\u201d, <\/p>\n
e. Al dictamen pericial, respecto del cual resalt\u00f3 el recurrente que los peritos encontraron una tuber\u00eda con v\u00e1lvula de paso para la conexi\u00f3n al gas propano, pero que en ninguno de los hornos exist\u00eda tuber\u00eda de cobre, sin que hubieren podido determinar si las instalaciones hechas para trabajar con gas natural comprimido, tambi\u00e9n le serv\u00eda para utilizar aquel. <\/p>\n
f. Al \u201cindicio de unidad de empresa\u201d, expresando que el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad demandada, expedido por la C\u00e1mara de Comercio, da cuenta de la participaci\u00f3n accionaria de Alcanos del Huila Ltda en Neivana de Gas Ltda., a lo que se agregaba el hecho de que para la \u00e9poca en que se implement\u00f3 el sistema y se suspendi\u00f3 el suministro, el gerente de ambas sociedades era el mismo, lo que configura subordinaci\u00f3n en la unidad de matriz-filial. <\/p>\n
El anterior error condujo al ad quem \u2013seg\u00fan el casacionista- a revocar la decisi\u00f3n relacionada con el restablecimiento del suministro, en contrav\u00eda del articulo 979 del C\u00f3digo de Comercio que prohibe a las personas que ejercen monopolios de hecho suspender el servicio y menos a\u00fan darlo por terminado. <\/p>\n
3. En cuanto a los perjuicios que fueron reconocidos, enfatiz\u00f3 el recurrente que el Tribunal confundi\u00f3 los conceptos de falla t\u00e9cnica y medidas de seguridad, pues la oportunidad de implementar un sistema alterno de combusti\u00f3n no corresponde a una de estas. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la parte demandada no prob\u00f3 la existencia del mecanismo para el cambio de combustible, ni la desidia, negligencia o impericia del suministrado. Por el contrario, si el Tribunal hubiere apreciado el dictamen pericial, seg\u00fan el cual no exist\u00edan elementos de juicio para determinar si las instalaciones hechas para trabajar con gas natural comprimido, tambi\u00e9n les serv\u00edan al gas propano, sin que la boquilla entregada como prueba sirviera a ese prop\u00f3sito, habr\u00eda concluido \u201cque no hab\u00eda posibilidad cierta de optar, de inmediato, a gas propano, como combustible sustituto\u201d (fl. 22 cdno.8). <\/p>\n
4. Agreg\u00f3 el censor que el sentenciador incurri\u00f3 en \u201cyerro de apreciaci\u00f3n sobre la naturaleza jur\u00eddica del contrato\u201d, pues \u201cmand\u00f3 al deudor de la reparaci\u00f3n pagar intereses civiles, con apoyo en las preceptivas 1613 y 1617 del pertinente c\u00f3digo\u201d. Y a ese error le agreg\u00f3 no haber reconocido el deterioro del poder adquisitivo de la moneda nacional, con el argumento de que la indexaci\u00f3n no fue pretendida inicialmente, dejando de apreciar en este punto la demanda, en la que se reclam\u00f3 el pago de \u201cla suma que resulte probada en el proceso\u201d, pidi\u00e9ndose en ella que los peritos calculasen el \u201cvalor actualizado (indexado) de las instalaciones para el sistema de gas comprimido\u2026\u201d (fl. 22y 23 cdno. 8). <\/p>\n
Como consecuencia de su exposici\u00f3n, solicit\u00f3 el recurrente casar la sentencia para que la Corte, en sede de instancia, confirmara los ordinales primero y segundo del fallo de primer grado y modificara los ordinales tercero a quinto, para actualizar el monto de los perjuicios moratorios; ordenar que la suministrante deb\u00eda obtener autorizaci\u00f3n del Gobierno para dar por terminado el contrato y condenar a la parte demandada al pago de las costas en ambas instancias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El cargo formulado, como se observ\u00f3, descansa sobre estos cuatro pilares: <\/p>\n
a) Que el ad quem no advirti\u00f3 que seg\u00fan el dicho del representante legal de la demandada, el contrato de suministro no se termin\u00f3 sino que fue suspendido. <\/p>\n
b) Que tampoco apreci\u00f3 el sentenciador las pruebas que demostraban que el actor no acept\u00f3 las deficiencias t\u00e9cnicas en las instalaciones de su propiedad. <\/p>\n
c) Que igualmente el fallador no contempl\u00f3, como debi\u00f3 contemplar, el dictamen que demostraba que no hab\u00eda posibilidad de optar de inmediato a gas propano, lo que hubiere permitido condenar por una cantidad superior a t\u00edtulo de perjuicios y, <\/p>\n
d) Finalmente, que no observ\u00f3 el Tribunal que la naturaleza del contrato era mercantil por lo que no pod\u00eda condenarse a pagar los intereses del art. 1613 y 1617 del C\u00f3digo Civil y que en la demanda el actor pidi\u00f3 condena por la cantidad que resultare probada, lo que inclu\u00eda el deterioro del poder adquisitivo de la demanda. <\/p>\n
2. Las censuras as\u00ed resumidas, ser\u00e1n respondidas en el mismo orden en que han sido propuestas. <\/p>\n
a) Respecto de la primera, la Sala observa que al representante legal de la entidad demandada le fue preguntado lo siguiente: \u201cDiga si efectivamente el servicio de suministro de gas natural comprimido a las instalaciones del se\u00f1or Uriel Losada Garc\u00eda fue prestado o no por la compa\u00f1\u00eda Neivana de Gas Ltda. aproximadamente desde junio de 1987 hasta el 22 de febrero de 1990? CONTESTO: Es cierto que el servicio fue prestado, lo que no puedo en este momento asegurar es la fecha hasta la cual se brind\u00f3 este servicio. Durante el tiempo en que se prest\u00f3 este servicio en repetidas ocasiones se le hizo saber al se\u00f1or Uriel Losada de las necesidades m\u00ednimas que ten\u00edamos para seguirle suministrando dicho servicio y estas eran: La disponibilidad de una persona capaz de colaborar en el proceso y manejo de cargue y descargue del carro gr\u00faa cada que esto se llevase a cabo; la necesidad de disponer de una persona las veinticuatro horas del d\u00eda, que garantizara el normal funcionamiento de todos los aparatos para evitar un accidente que podr\u00eda incluso lesionar a personal de la compa\u00f1\u00eda Neivana de Gas, que necesitabamos disponer de las m\u00e1s m\u00ednima comunicaci\u00f3n previa con el centro de consumo para que de esta mnera (sic) la compa\u00f1\u00eda Neivana de Gas pudiera realizar sin ning\u00fan inconveniente los despachos de gas natural comprimido necesarios hacia las instalaciones de su propiedad. Ninguna de estas condiciones con necesidades m\u00ednimas fueron cumplidas por el usuario de ese servicio se\u00f1or Uriel Losada y por este motivo se vio obligada previendo posibles fallas futuras a suspender dicha entrega, dicho servicio o dicho suministro\u201d (fl. 2 cdno ). <\/p>\n
La Sala estima que de la respuesta dada solo puede deducirse que el gas no sigui\u00f3 suministr\u00e1ndose al actor por las razones que all\u00ed se aducen, sin que tal prueba sirva para demostrar que la demandada confes\u00f3 la suspensi\u00f3n del negocio jur\u00eddico \u2013que no la terminaci\u00f3n-, por cuanto esta es una cuesti\u00f3n jur\u00eddica cuya calificaci\u00f3n compete a los jueces de instancia y no a las partes. <\/p>\n
Dicho de otra manera, la respuesta antes transcrita no envuelve una t\u00edpica e indiscutida confesi\u00f3n vinculante respecto de la suspensi\u00f3n del contrato, sino apenas del hecho concerniente a la no continuaci\u00f3n del suministro de gas por las razones expuestas por el declarante, hecho admitido cuya significaci\u00f3n y consecuencia jur\u00eddicas deb\u00edan ser establecidos por los jueces en el curso del proceso, desde luego que tal prueba versa \u201csobre hechos que produzcan consecuencias jur\u00eddicas adversas al confesante\u201d (art. 195 ord. 2\u00b0 C. de P.C.), y no sobre cuestiones jur\u00eddicas, stricto sensu, pues de admitirse esto \u00faltimo, el juez siempre estar\u00eda ligado en el cumplimiento de su labor de administrar justicia a los conceptos de \u00edndole jur\u00eddica de las partes, vertidos en sus alegatos o escritos lo que resulta ciertamente inadmisible <\/p>\n
En el presente asunto, el Tribunal entendi\u00f3 que el contrato de suministro no hab\u00eda sido suspendido sino terminado, conclusi\u00f3n que dedujo de la comunicaci\u00f3n enviada al demandante por la sociedad demandada el 22 de febrero de 1990, en la que se le anunci\u00f3 \u201cque a partir de la fecha por motivos t\u00e9cnicos no es posible seguir suministr\u00e1ndole GAS NATURAL COMPRIMIDO a sus Instalaciones ubicadas en el Kil\u00f3metro 14 sobre la carretera al sur\u201d (fl. 9, cdno 1 y fl. 26 cdno.7), medio de prueba que no se cuestiona en el cargo, reducido en este punto, a plantear que el ad quem incurri\u00f3 en error de hecho al apreciar el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, a que se hizo referencia precedentemente. <\/p>\n
En efecto, recu\u00e9rdase que el Tribunal manifest\u00f3 en su sentencia que \u201c\u2026la demandada, sea por el incumplimiento del contrato por parte del actor, no indic\u00f3 en su misiva [la de 22 de febrero de 1990, se aclara] a qui\u00e9n se atribu\u00eda la falla t\u00e9cnica, y si el objeto era dar por terminado el contrato sin causa especifica, tal terminaci\u00f3n debi\u00f3 obedecer al precepto legislativo consagrado en el art. 977 esto es, d\u00e1ndole preaviso. Como as\u00ed no se hizo por cuanto se le indic\u00f3 terminaci\u00f3n unilateral del contrato en forma inmediata, se entiende que la demandada en efecto rompi\u00f3 unilateralmente el contrato lo que ocasion\u00f3 perjuicios a la actora\u2026\u201d, lo que corrobora que la conclusi\u00f3n de extinci\u00f3n del v\u00ednculo negocial emerge del documento en menci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el cargo \u2013en este t\u00f3pico- no se abre paso en la medida en que no puede en el m\u00e1s riguroso de los sentidos endilg\u00e1rsele un error de hecho al Tribunal por no haber visto una pretendida confesi\u00f3n en la declaraci\u00f3n del representante legal de la demandada, tanto m\u00e1s cuanto que no aparece de bulto o manifiesto el referido yerro, a lo que se suma la circunstancia de que ning\u00fan reproche o comentario le mereci\u00f3 al casacionista la probanza que en punto tocante con la terminaci\u00f3n del negocio sostiene el fallo, esto es, la comunicaci\u00f3n de 22 de febrero de 1990, y sabido es que si alguno de los soportes permanece al margen de la censura \u201cy por s\u00ed mismo presta base s\u00f3lida a la resoluci\u00f3n judicial, esta quedar\u00e1 en pie y el fallo que la contiene no puede invalidarse en sede de casaci\u00f3n, resultando por lo tanto completamente intrascendente el que demuestra la ocurrencia de errores que, debido a esa circunstancia, pierden significaci\u00f3n frente a la finalidad institucional propia del recurso\u201d (CCLII. Vol. II, 1486 y 1487). <\/p>\n
Pero en todo caso, la Sala cotejando el texto del referido documento a cuyo tenor se expres\u00f3 que \u201ca partir de la fecha por motivos t\u00e9cnicos no es posible seguir suministr\u00e1ndole GAS NATURAL COMPRIMIDO a sus Instalaciones ubicadas en el Kil\u00f3metro 14 sobre la carretera al sur\u201d, con la conclusi\u00f3n del tribunal que vio en \u00e9l, una terminaci\u00f3n unilateral del negocio jur\u00eddico, considera que tampoco es rayana en lo absurdo, arbitraria o fruto de la mera invenci\u00f3n del sentenciador, lo que descarta del mismo modo la comisi\u00f3n del yerro f\u00e1ctico denunciado por el censor. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u201cpara que el error de hecho sea eficaz al prop\u00f3sito de la acusaci\u00f3n, es necesario que confluyan estos requisitos: a) el yerro ha de consistir en que el juzgador haya supuesto una prueba que no existe, o haya ignorado la que verdaderamente aparece de los autos o le haya adulterado su real contenido; b) la conclusi\u00f3n obtenida con la prueba por el sentenciador debe ser contraevidente, o sea contraria a la realidad que las mismas pruebas establecen; c) que el mencionado yerro sea trascendente, vale decir, que incidan en la decisi\u00f3n tomada por el sentenciador\u201d (CCXXXVII, Vol. I, 515, reiterada en cas. civ. 31 de marzo de 2003, Exp. 7141), siendo pues, \u201cindispensable que el error influya de manera directa en lo dispositivo de la sentencia, o que haya una relaci\u00f3n de causal entre \u00e9ste y aquel, pues de no serlo resultar\u00eda inocuo y por lo mismo ning\u00fan fin pr\u00e1ctico perseguir\u00eda el recurrente al denunciarlo, ni efecto alguno producir\u00eda su reconocimiento en casaci\u00f3n\u201d (CLXXX,225) <\/p>\n
Se ha tra\u00eddo a colaci\u00f3n la anterior doctrina con el prop\u00f3sito de evidenciar que si se coteja lo pretendido por el actor en este proceso y lo concedido en la sentencia impugnada con los razonamientos en que ahora funda \u2013en gran medida- en casaci\u00f3n el \u00fanico cargo que formula contra la sentencia del Tribunal de Neiva, forzoso es concluir que a trav\u00e9s de \u00e9l, aduce en su gran mayor\u00eda unas circunstancias que carecen de trascendencia de cara a lo pedido en la demanda y lo decidido por el sentenciador. <\/p>\n
En efecto, el aqu\u00ed casacionista, solicit\u00f3 que se declarara la existencia de un contrato de suministro celebrado con la demandada; que esta lo hab\u00eda incumplido al no suministrarle el gas comprimido; que se le condenara a pagarle los perjuicios \u2013materiales y morales- ocasionados con el incumplimiento contractual, y que se le ordenara restablecer el servicio bajo apremio de multa. <\/p>\n
El Tribunal de Neiva, en la sentencia impugnada mediante el recurso extraordinario, confirm\u00f3 la declaraci\u00f3n de existencia e incumplimiento del contrato de suministro por parte de la demandada -al haber encontrado probado los hechos que configuraban una y otra- con la consecuente condena al pago de los perjuicios que redujo por las razones expuestas en su fallo, y revoc\u00f3 la orden de restablecer el servicio dada por el juez a quo. <\/p>\n
En la demanda de casaci\u00f3n, buena parte del discurso del casacionista, apunta a demostrar que el sentenciador dej\u00f3 de apreciar las pruebas que demostraban \u2013en su opini\u00f3n- que el actor no acept\u00f3 las deficiencias t\u00e9cnicas en las instalaciones de su propiedad, pero ello, en rigor, constituye una cuesti\u00f3n ajena al recurso de casaci\u00f3n propiamente dicho, por lo menos frente a la declaraci\u00f3n de existencia e incumplimiento del contrato por parte de aquella y consecuente condena al pago de los perjuicios. <\/p>\n
En efecto, mem\u00f3rase que la alusi\u00f3n a los \u201cmotivos t\u00e9cnicos\u201d fue hecha por el Tribunal para establecer que \u201cla demandada…no indic\u00f3 en su misiva a qui\u00e9n se atribu\u00eda la falla t\u00e9cnica\u201d, y a partir de tal consideraci\u00f3n, expresar que para dar por terminado el contrato sin causa espec\u00edfica, la entidad demandada ha debido preavisar a su cocontratante de acuerdo a lo dispuesto en el art. 977 del C\u00f3digo de Comercio y, concluir que como tal aviso no hab\u00eda sido dado, aquella rompi\u00f3 unilateralmente el contrato, lo incumpli\u00f3, conducta que ocasion\u00f3 perjuicios al actor. <\/p>\n
Por tanto, el presunto yerro denunciado por el casacionista recae sobre un hecho no decisivo del litigio, por cuanto aun suponiendo que el Tribunal lo hubiere cometido, no tendr\u00eda virtualidad suficiente para generar la modificaci\u00f3n de las declaraciones contenidas en la sentencia impugnada, tanto m\u00e1s cuanto que el mismo casacionista pretende con el recurso extraordinario que la Corte, como Tribunal de instancia, confirme los ordinales 1\u00b0 y 2\u00b0 de la sentencia de primera instancia, vale decir, que existi\u00f3 un contrato de suministro y que fue incumplido por la entidad demandada, aspectos que est\u00e1n concedidos en la sentencia impugnada. <\/p>\n
En otras palabras, el Tribunal concluy\u00f3 que la terminaci\u00f3n unilateral del contrato era imputable a la entidad demandada y no al demandante, sin que hubiere fincado su decisi\u00f3n en las \u201cdeficiencias t\u00e9cnicas\u201d, o en el conocimiento de las mismas por parte del actor, lo que torna est\u00e9ril el esfuerzo del censor por demostrar la comisi\u00f3n de un error de hecho por parte del Tribunal, toda vez que no tendr\u00eda trascendencia para modificar el fallo acusado. En este orden de ideas, se itera, la acusaci\u00f3n del censor relativa a \u201clas deficiencias t\u00e9cnicas\u201d carece de eficacia impugnativa, pues aun cuando existiera el yerro denunciado, en nada afectar\u00eda las decisiones de la sentencia. <\/p>\n
c. En lo que respecta al reproche frente a la determinaci\u00f3n de los perjuicios que le fueron reconocidos al actor, quien circunscribi\u00f3 su apelaci\u00f3n adhesiva \u201ca la cuantificaci\u00f3n de la condena por perjuicios\u201d (fl.5 cdno.7), la Sala considera que el error que se endilga al Tribunal no es ni evidente, ni trascendente, limit\u00e1ndose el recurrente a exponer su criterio particular sobre el m\u00e9rito que, a su juicio, debi\u00f3 asign\u00e1rsele al dictamen pericial rendido en el juicio, dejando de lado las dem\u00e1s probanzas que apoyan la conclusi\u00f3n del sentenciador. <\/p>\n
En este sentido, n\u00f3tese que para el Tribunal \u201cla actividad probatoria procesal\u201d le permiti\u00f3 establecer \u201cque efectivamente las instalaciones f\u00edsicas de los hornos de curado de la hoja de tabaco fueron abandonados a voluntad del actor\u201d, afirmaci\u00f3n que soport\u00f3 en la prueba \u201ctestimonial recepcionada y el interrogatorio agotado con el representante legal de la demandada\u201d, de la cual dedujo \u201cque a Uriel Lozada se le indic\u00f3 el procedimiento adicional para la hip\u00f3tesis de cambio de gas natural por propano\u201d, motivo por el cual no era procedente reconocerle una indemnizaci\u00f3n por la \u201cinutilidad de las instalaciones f\u00edsicas\u201d, ya que aquel \u201cNo puede alegar en su beneficio su propia incuria\u201d (fl.27 cdno.7). <\/p>\n
Y esta conclusi\u00f3n no resulta contraevidente, pues seg\u00fan el testimonio de Carlos Alirio Esquivel S\u00e1nchez, quien fue la persona que efectu\u00f3 las instalaciones para la utilizaci\u00f3n del gas en la tabaquera del demandante, estas se realizaron \u201cespecialmente para gas comprimido, dejando la posibilidad tambi\u00e9n para utilizar gas propano, en caso que el primero fallara\u201d, para lo cual era suficiente \u201cquitar un tap\u00f3n que estaba en el sistema de v\u00e1lvula de los quemadores y colocarle los cilindros con su respectivo regulador\u201d (fl.42 vlto. cdno.2), sin que el dictamen pericial le reste fuerza al testimonio, pues los peritos se limitaron a decir \u201c\u2026es dif\u00edcil determinar si las instalaciones hechas para trabajar con gas natural comprimido, tambi\u00e9n pueden trabajar utilizando el gas propano\u201d y que \u201cantes de dar cualquier concepto, creemos que es necesario que se hagan las pruebas para determinar cual es el comportamiento de las instalaciones cuando se utilice como combustible el gas propano\u201d, afirmaciones de las cuales no es dable deducir que los peritos de manera concluyente, dictaminaron que era imposible optar de inmediato a gas propano, como lo expresa el censor. <\/p>\n
En consecuencia, la conclusi\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual el abandono de los hornos es atribuible al demandante, quien pudo haber utilizado otro tipo de combustible para ese prop\u00f3sito, no es contraria a la prueba recaudada. Se trata de una apreciaci\u00f3n que cae en el \u00e1mbito de la \u201cdiscreta autonom\u00eda\u201d que tiene el sentenciador para apreciarlas, sin que la exposici\u00f3n de un punto de vista diferente como el que se plantea en la demanda, por respetable que sea tenga la virtualidad de infirmar la arraigada presunci\u00f3n de acierto del fallo que cobija a los fallos de instancia cuando arriban a la Corte. <\/p>\n
d. Finalmente, en cuanto tiene que ver con el \u00faltimo reproche que se hace al Tribunal por haber reconocido intereses civiles sin advertir que se trataba de un negocio mercantil, e igualmente, haber denegado la indexaci\u00f3n de la condena impuesta, todo como consecuencia de la indebida apreciaci\u00f3n de la demanda, la Corte considera en cuanto a lo primero, que aunque es cierto que en los negocios mercantiles no es posible aplicar intereses civiles para el caso de mora, en este aspecto, el recurrente equivoc\u00f3 el camino para controvertir la sentencia, pues dirigiendo su acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta, dada una supuesta desviaci\u00f3n en la apreciaci\u00f3n de la demanda, pas\u00f3 por alto que en tal hip\u00f3tesis se parte de la base de que el casacionista no est\u00e1 conforme con la conclusi\u00f3n probatoria del ad quem, motivo por el cual si esa discrepancia no se presenta, la infracci\u00f3n por falta de aplicaci\u00f3n o por indebida aplicaci\u00f3n de una norma sustancial, debe formularse por la v\u00eda directa. <\/p>\n
En el presente caso, el sentenciador de segundo grado, al igual que el censor, parti\u00f3 de la base de que el negocio jur\u00eddico en cuesti\u00f3n era un suministro, por supuesto de naturaleza mercantil (fls. 22 a 26, cdno. 7), tal como se precisa en la demanda. Luego no existe, en rigor, inconformidad con la conclusi\u00f3n que en materia de prueba dedujo el fallador a este respecto. Siendo ello as\u00ed, la problem\u00e1tica se reduc\u00eda a verificar si el ad quem hizo gobernar en el caso el precepto sustancial que correspond\u00eda, discusi\u00f3n que debi\u00f3 plantearse por la v\u00eda directa y no por la indirecta, sin que pueda la Corte hacerlo de oficio, dado el car\u00e1cter dispositivo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, de vieja data, ha venido sosteniendo que la demanda, como cualquier negocio jur\u00eddico, debe interpretarse de una manera racional y l\u00f3gica, teniendo en cuenta su texto \u00edntegro, de manera tal que las dudas o vacilaciones que afloren de su redacci\u00f3n; las imprecisiones de sus s\u00faplicas; la equivocada denominaci\u00f3n de las acciones que se ejercen o de los fundamentos de derecho que se invoquen por el actor, puedan ser esclarecidas si del contexto general del libelo resulta en forma suficientemente clara cual es su verdadero sentido y alcance. <\/p>\n
En suma, se ha dicho que \u201cel juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jur\u00eddico, pero no mec\u00e1nico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal\u201d, por cuanto debe trascender \u201csu misma redacci\u00f3n, para descubrir su naturaleza y esencia, y as\u00ed por contera superar la indebida calificaci\u00f3n jur\u00eddica que eventualmente le haya dado la propia parte demandante\u201d (cas. civ. 31 de octubre de 2001, Exp. 5906). <\/p>\n
Aplicada la anterior doctrina al presente asunto, para la Sala resulta evidente que al solicitar el actor que los peritos calculasen \u201cel valor actualizado\u201d de las instalaciones y de la rentabilidad de la actividad de la curaci\u00f3n del tabaco, impl\u00edcitamente estaba pidiendo que las condenas que eventualmente se impusieran a la parte demandada lo fueran con el correspondiente reajuste monetario. Ese es el \u00fanico entendimiento l\u00f3gico que puede darse a las expresiones contenidas en la demanda. <\/p>\n
Como la sentencia impugnada no reconoci\u00f3 al demandante la correspondiente correcci\u00f3n monetaria, resulta claro que el Tribunal cometi\u00f3 el yerro de interpretaci\u00f3n del libelo denunciado por el censor, que no s\u00f3lo es evidente sino tambi\u00e9n trascendente, lo que impone que la sentencia sea casada con el objeto de hacer el correspondiente reconocimiento. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE REEMPLAZO <\/p>\n
Dada la prosperidad parcial del cargo que implica el quiebre de la sentencia proferida por el Tribunal, la Corte procede a continuaci\u00f3n a dictar la providencia sustitutiva, para lo cual observa que se encuentran reunidos, a cabalidad, los presupuestos procesales, no existiendo de otra parte causal de nulidad que afecte la validez de lo actuado. <\/p>\n
En contra de la sentencia dictada por el Juez a-quo la demandada present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n al que adhiri\u00f3 el demandante, pero \u00fanicamente en lo concerniente a la cuantificaci\u00f3n de los perjuicios. <\/p>\n
En cuanto al primero de tales recursos, la Sala se remite a las consideraciones del Tribunal contenidas en la sentencia impugnada, que por no haber sido combatidas en casaci\u00f3n por la demandada, se tornan intangibles y, por contera, son intocables para la Corte <\/p>\n
Respecto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor, la Corte se atiene a lo dicho previamente, al despachar el cargo formulado, que s\u00f3lo result\u00f3 prosper\u00f3 en lo concerniente a la correcci\u00f3n monetaria. As\u00ed las cosas, se reproducir\u00e1n las decisiones de la providencia impugnada a excepci\u00f3n de la primera que ser\u00e1 modificada para reconocer la correspondiente correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 15 de febrero de 1999 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva en el proceso ordinario promovido por URIEL LOSADA GARCIA contra la COMPA\u00d1\u00cdA NEIVANA DE GAS LTDA <\/p>\n
Colocada en sede de instancia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
1\u00b0 MODIFICAR el punto tercero de la sentencia objeto de apelaci\u00f3n de fecha y procedencia rese\u00f1ados y en su lugar CONDENAR a la COMPA\u00d1\u00cdA NEIVANA DE GAS a pagar al demandante por indemnizaci\u00f3n de perjuicios la suma de $ 3.789.990.oo a t\u00edtulo de lucro cesante con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria de la anterior suma desde que se hizo exigible y hasta la fecha en que se produzca el correspondiente pago. <\/p>\n
2\u00b0 REVOCAR el punto cuarto de la providencia, toda vez que la relaci\u00f3n contractual entre los aqu\u00ed litigantes ya fue declarada cesante por haberse puesto fin unilateralmente la parte demandada. <\/p>\n
3\u00b0 ADICIONAR la sentencia apelada en el sentido de ORDENAR que la demandada cancele al actor sobre la suma se\u00f1alada en el punto que precede un inter\u00e9s anual del 6% anual. <\/p>\n
4\u00b0 CONFIRMAR en todo lo dem\u00e1s la sentencia objeto de alzada. <\/p>\n
Se condena a la demandada en costas de la segunda instancia en un 80% <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n por la prosperidad del recurso. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
<\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-009-2005 [7796] CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1 D.C. diecinueve (19) de enero de dos mil cinco (2005) Referencia: Expediente No. 7796 Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82859","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82859","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82859"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82859\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82859"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82859"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82859"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}