SC-010-2005 [7854]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a1Error! Marcador no definido. <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
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Referencia: Expediente No. 7854 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or JAIRO MANRIQUE PAREDES contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, el 2 de junio de 1999, en el proceso ordinario por \u00e9l promovido frente a la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Solicit\u00f3 el actor que se declarara que la mencionada entidad bancaria incumpli\u00f3 el contrato de compraventa del inmueble \u201cLa Arabia\u201d, contenido en la escritura p\u00fablica No. 3687 del 19 de septiembre de 1988, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Neiva y que, como consecuencia de ello, se le condenara a pagar la suma de $3\u2019800.000,oo \u201cpor concepto del galp\u00f3n que era de propiedad del se\u00f1or Indalecio Guti\u00e9rrez Osorio\u201d, $167\u2019480.000,oo como lucro cesante, en raz\u00f3n a \u201clas ventajas que esperaba recibir de la cosa\u201d, y $8\u2019500.000,oo, por concepto de inversiones efectuadas en la adecuaci\u00f3n del predio (fls. 18 y 19, cdno. 1). <\/p>\n
2. La causa petendi, puede resumirse de la siguiente manera: <\/p>\n
A. Mediante el referido instrumento p\u00fablico, la demandada le vendi\u00f3 al demandante el inmueble \u201cLa Arabia\u201d, situado en la Inspecci\u00f3n de Otas, municipio de Campoalegre, Departamento del Huila, por la suma de $4.300.000.oo, que se cancelaron con un pr\u00e9stamo que la misma entidad le concedi\u00f3 al comprador. <\/p>\n
B. La venta incluy\u00f3 todas las mejoras y anexidades existentes en el predio, afirm\u00e1ndose en el t\u00edtulo escriturario que la entrega material se hizo al comprador sin limitaci\u00f3n alguna, garantizando el vendedor que el bien objeto de la venta no ten\u00eda ning\u00fan gravamen. <\/p>\n
C. El vendedor no cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de entregar materialmente el fundo, pese a los requerimientos que se le hicieron, pues el se\u00f1or Manrique \u201cno pudo entrar en la posesi\u00f3n real y material de la totalidad del bien\u201d, toda vez que en el inmueble existe \u201cun galp\u00f3n con bodega, con arme de madera, techo de zinc, encerrado en ladrillo y malla de alambre que consta de 74 metros de largo por 10 de ancho\u201d, ubicado en la parte occidental, cuyo due\u00f1o no ha permitido el acceso, exigiendo el pago del mismo (fl. 14, cdno. 1). <\/p>\n
D. El galp\u00f3n en cuesti\u00f3n hab\u00eda sido rematado por el se\u00f1or Indalecio Guti\u00e9rrez Osorio el 25 de junio de 1988, seg\u00fan diligencia llevada a cabo por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, dentro del ejecutivo instaurado por aquel contra V\u00edctor Hugo Z\u00fa\u00f1iga. <\/p>\n
F. El se\u00f1or Manrique, una vez compr\u00f3 el predio, efectu\u00f3 inversiones para mejorar las instalaciones y adecuarlas para la explotaci\u00f3n av\u00edcola (noviembre de 1988), lo que no se pudo realizar pues la Caja \u201cnunca sali\u00f3 al saneamiento del predio\u201d (fl. 15, cdno. 1). Aquellas consistieron en un galp\u00f3n para 7.000 gallinas ponedoras, instalaci\u00f3n de las redes el\u00e9ctrica y de agua, malla de galpones, terminaci\u00f3n de la casa de los trabajadores, reparaci\u00f3n y revestimiento del aljibe, por un valor de $8\u2019500.000,oo <\/p>\n
G. El demandante le vendi\u00f3 el inmueble a Nelly Vega Cabrera, pero para poder hacerle entrega material tuvo que pagar al se\u00f1or Guti\u00e9rrez, el 30 de mayo de 1991, la suma de $3\u2019800.000,oo como precio del galp\u00f3n. <\/p>\n
H. En el predio \u201cse hubiera podido desarrollar una actividad industrial av\u00edcola con gallinas ponedoras en jaula y piso\u201d, por lo que se dejaron de percibir utilidades en la cuant\u00eda que se reclama por lucro cesante. <\/p>\n
3. Admitida la demanda, de ella se corri\u00f3 traslado a la Caja demandada, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formul\u00f3 la excepci\u00f3n de \u201cFalta de causa para pedir\u201d. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia, desestimatoria de las s\u00faplicas de la demanda, dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, fue confirmada en su integridad -aunque por razones diversas- por el Tribunal Superior de Neiva, al decidir recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Delanteramente expres\u00f3 el sentenciador de segundo grado, que de conformidad con el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil, en los actos jur\u00eddicos debe prevalecer la voluntad real de los agentes sobre la expresi\u00f3n literal de la declaraci\u00f3n. A partir de esta consideraci\u00f3n, sostuvo que si se hac\u00eda \u201cuna interpretaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica de manera aislada, cl\u00e1usula por cl\u00e1usula, y atendiendo solamente el tenor literal\u201d se podr\u00eda decir \u201cque el sujeto activo del contrato incumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n. Pero como la interpretaci\u00f3n de los contratos, atendiendo a las pautas legales de hermen\u00e9utica establecidas por el legislador (art. 1622 y siguientes del C\u00f3digo Civil), deb\u00eda hacerse en conjunto apreciando sus estipulaciones de manera coordinada y arm\u00f3nica y no aisladas unas de otras, como partes aut\u00f3nomas\u201d, no se pod\u00eda ignorar que en la cl\u00e1usula c) del mismo contrato, se precis\u00f3 que el bien que se vend\u00eda \u201cfue adquirido por el vendedor en diligencia de remate en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva\u201d (fls. 26 y 27, cdno. 4). <\/p>\n
Por lo tanto \u2013prosigui\u00f3- \u201csi se incluy\u00f3 esta estipulaci\u00f3n en el documento, necio ser\u00eda pensar que los contratantes insertaron en el acto una cl\u00e1usula totalmente inoficiosa\u201d, por lo que deb\u00eda d\u00e1rsele alg\u00fan efecto, seg\u00fan lo ordena el art\u00edculo 1620 del C.C., motivo por el cual debe \u201centenderse que se hizo para que ella tuviese efecto vinculante del acto jur\u00eddico que incorpora -diligencia de remate y acto de adjudicaci\u00f3n – para efectos de saber que bienes integran el inmueble objeto de compraventa\u201d, que no era otro que el predio denominado \u201cLa Arabia\u201d, compuesto por \u201cun galp\u00f3n de gallinas en piso natural de 45 metros de largo por 8 de ancho, un segundo galp\u00f3n de 72 metros de largo por 10 de ancho, una casa de habitaci\u00f3n en construcci\u00f3n de ladrillo y cemento, dep\u00f3sito de almacenamiento de agua y casa de habitaci\u00f3n en construcci\u00f3n de bahareque\u201d (fl. 28, cdno. 4). <\/p>\n
Agreg\u00f3 el fallador que por la naturaleza jur\u00eddica de la Caja Agraria, su funci\u00f3n social y el giro normal de su actividad, debe entenderse que la raz\u00f3n de la compraventa fue transferir \u201clo que recibi\u00f3 por raz\u00f3n de la venta forzada, prevaleciendo con ello la intenci\u00f3n sobre la literalidad\u201d (fl. 28, cdno. 4). <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que el litigio no planteaba un caso de saneamiento por evicci\u00f3n, como lo entendi\u00f3 el a quo, \u201cni tampoco uno de indemnizaci\u00f3n por incumplimiento de uno de los contratantes como lo pretende el demandante, sino de interpretaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico de la referencia, porque como ya qued\u00f3 explicado el deudor s\u00ed cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n nacida del contrato de compraventa por \u00e9l celebrado\u201d (fl. 28, cdno. 4). <\/p>\n
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LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos se formulan contra la sentencia del Tribunal, uno por la causal segunda de casaci\u00f3n y otro por la primera, los cuales se despachar\u00e1n en el orden propuesto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., acus\u00f3 el recurrente la sentencia de no estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
En la explicaci\u00f3n que hizo del cargo, se\u00f1al\u00f3 el censor que el ad quem incurri\u00f3 en error de diagn\u00f3sis jur\u00eddica, \u201cal considerar que el litigio se resolv\u00eda interpretando el contrato de compraventa celebrado entre el demandante y la sociedad demandada, en donde aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil\u201d, por lo que no se trataba entonces de deducir \u201cun caso de saneamiento por evicci\u00f3n como lo entendi\u00f3 el a quo \u2026ni tampoco uno de indemnizaci\u00f3n por incumplimiento de uno de los contratantes como lo pretende el demandante\u2026 porque como ya qued\u00f3 explicado el deudor s\u00ed cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n nacida del contrato de compraventa por \u00e9l celebrado\u201d (fl. 12, cdno. 5). <\/p>\n
Con esta doctrina, sostuvo la censura, el Tribunal desconoci\u00f3 el texto y el contexto de la demanda, pues de ella no se infer\u00eda que se trataba de interpretar el contrato, cuyas cl\u00e1usulas, adem\u00e1s, no eran oscuras ni ofrec\u00edan dificultad, viol\u00e1ndose as\u00ed el art\u00edculo 305 del C.P.C. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el recurrente que el sentenciador de segundo grado desconoci\u00f3 que \u201clas mejoras son inmuebles por destinaci\u00f3n, y que en virtud del fen\u00f3meno de la accesi\u00f3n forma parte del terreno a que acceden\u201d, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 738 y 739 del C\u00f3digo Civil, disposiciones que aquel ignor\u00f3. Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que la cl\u00e1usula \u201cB\u201d de la escritura que contiene el contrato de compraventa, precisa que en ella quedaban incluidas todas las mejoras y anexidades existentes en el predio, sin que quepa interpretaci\u00f3n alguna sobre el particular. <\/p>\n
Precis\u00f3 tambi\u00e9n el censor que en la demanda se indic\u00f3 que la Caja vendedora no entreg\u00f3 un galp\u00f3n que existe en el predio, hecho que fue desconocido por la sentencia, que \u201ctraslad\u00f3 el problema a una cuesti\u00f3n que no fue planteada en la aludida demanda\u201d. (fl. 13, cdno. 5). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El principio de la congruencia de la sentencia, obliga a los Jueces a pronunciarse exclusivamente sobre las pretensiones y las excepciones propuestas, atendidos los hechos alegados, salvo que por autorizaci\u00f3n legal deban hacerlo en forma oficiosa (art. 305 del C.P.C.), regla que le sirve de valladar a la actividad jurisdiccional, cuya infracci\u00f3n estructura un error in procedendo susceptible de alegarse a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, tal como se consagra en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 368 del C. de P.C., norma seg\u00fan la cual, la sentencia podr\u00e1 invalidarse cuando no est\u00e1 en consonancia \u201ccon los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb. <\/p>\n
Mas para que este motivo de casaci\u00f3n pueda predicarse, es necesario que el vicio aflore del simple cotejo -o confrontaci\u00f3n- objetivo entre la decisi\u00f3n y el libelo petitorio, su respuesta y, en su caso, la norma jur\u00eddica, del cual se pueda deducir que el Juez concedi\u00f3 m\u00e1s de lo pedido (ultra petita), o se abstuvo de pronunciarse sobre algo que le fue solicitado (minima petita), o decidi\u00f3 por objeto o causa diferente a la invocada en la demanda (extra petita), seg\u00fan las hip\u00f3tesis que consagra el art\u00edculo 305 del estatuto procesal. <\/p>\n
Por tanto, al momento de formular un ataque por esta causal, no puede el recurrente soportarse en errores de juicio en que hubiere podido incurrir el sentenciador, los cuales s\u00f3lo podr\u00edan tener acogida bajo la causal primera, de suerte que \u201csi la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, la falencia deja de ser in procedendo para tornarse en in iudicando, la cual tiene que fundarse necesariamente en la causal primera de casaci\u00f3n, ya que de existir el yerro, \u00e9ste ser\u00eda de juicio y no de procedimiento\u201d (CCXLIX, Vol. II, 1468). <\/p>\n
N\u00f3tese que el recurrente, en la explicaci\u00f3n del cargo, se dedic\u00f3 a cuestionar las conclusiones del Tribunal en torno a las cl\u00e1usulas del contrato y, de manera particular, por la forma como las entendi\u00f3 luego de haber aplicado las reglas de interpretaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos. En ese sentido, afirm\u00f3 la censura, discrepando del fallador, que aquellas \u201cno son oscuras ni ofrecen dificultad para su entendimiento\u201d, que la cl\u00e1usula \u201cB\u201d de la escritura no \u201cpuede ser materia de interpretaci\u00f3n distinta de su verdadero alcance y contenido\u201d, aseveraciones que son propias de un ataque formulado con apoyo en la causal primera, que se hace m\u00e1s patente, si se resalta que el impugnador sostiene que el sentenciador ignor\u00f3 los art\u00edculos 738 y 739 del C\u00f3digo Civil, por no haber considerado que las mejoras forman parte del terreno por \u201caccesi\u00f3n\u201d (fls. 12 y 13, cdno. 5). <\/p>\n
A lo anterior se agrega que el referido error de procedimiento, como regla general, no puede edificarse frente a sentencias absolutorias, las cuales, como es obvio, traducen la negaci\u00f3n del derecho pretendido, sin que interesen a esta causal los motivos que haya tenido el juzgador para arribar a esa decisi\u00f3n. \u00abSiempre que el sentenciador resuelva sobre la totalidad del litigio -ha precisado la Sala-, no existe ninguna transgresi\u00f3n al principio de la congruencia entre lo pedido y lo resuelto, como quiera que, en tal caso, se cumple a plenitud con la funci\u00f3n jurisdiccional en ese proceso, sin que para ello tenga trascendencia si al decidir se acogen o se deniegan las pretensiones de la demanda, pues, en el evento de que el fallo sea adverso al actor, \u00e9ste no resulta incongruente, ya que \u2018distinto de no decidir un extremo de la litis es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer caso el fallo ser\u00eda incongruente y, en consecuencia, podr\u00eda ser atacado en casaci\u00f3n con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensi\u00f3n de la parte, que s\u00f3lo podr\u00eda ser impugnado a trav\u00e9s de la causal primera si con \u00e9l se viol\u00f3 directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n de que el fallo s\u00f3lo ser\u00eda congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable\u2019 (LII, 21; CXXXVIII, 396 y 397)\u201d (CCXLIX, Vol. I, 748) . <\/p>\n
2. Descendiendo al cargo formulado, f\u00e1cilmente se advierte que no puede tener acogida, pues siendo la sentencia acusada confirmatoria de la de primera instancia, por medio de la cual se negaron las s\u00faplicas de la demanda, es claro que existi\u00f3 un pronunciamiento expreso sobre el conflicto jur\u00eddico que se someti\u00f3 al conocimiento y definici\u00f3n por la jurisdicci\u00f3n. No se ve de qu\u00e9 manera podr\u00eda predicarse la inconsonancia del fallo, si \u00e9ste no favoreci\u00f3 las pretensiones declarativas de incumplimiento contractual y de pago de perjuicios que se formularon en el libelo introductorio (fls. 145, cdno. 1 y 29, cdno. 4). <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con soporte en la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1618, 1620, 1622 por aplicaci\u00f3n indebida, y 738, 739, 1602, 1603, 1849, 1866, 1880, 1882 y 1884 del C\u00f3digo Civil, 907, 911, 912, 922 y 925 del C\u00f3digo de Comercio por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Adujo el recurrente que el sentenciador incurri\u00f3 en manifiesto error de hecho al interpretar el texto y el contexto del contrato de compraventa cuyo incumplimiento se demand\u00f3, pues consider\u00f3 que el problema litigado consist\u00eda en la interpretaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, \u201cy en el desarrollo de su actividad judicativa\u2026la desfigura en su fidelidad objetivamente v\u00e1lida\u201d (fl. 15, cdno. 5). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Tribunal desvi\u00f3 el problema jur\u00eddico que fue planteado en la demanda, pues de conformidad con el art\u00edculo 925 del C\u00f3digo de Comercio, el vendedor est\u00e1 obligado a entregar la totalidad de los bienes que integran la cosa vendida, y la Caja no lo hizo, \u201csituaci\u00f3n jur\u00eddica que como se colige con facilidad no es materia de interpretaci\u00f3n, menos a\u00fan acomodada y con violaci\u00f3n de las normas que informan la materia\u201d (fl. 15, ib.). <\/p>\n
Sostuvo el recurrente que se incurri\u00f3 en error de hecho evidente, al no advertir que \u201cel galp\u00f3n que dio origen al litigio es un bien inmueble conforme las reglas de los art\u00edculos 536 y ss. del C\u00f3digo Civil, y que en virtud del fen\u00f3meno de la accesi\u00f3n formaba parte de la cosa vendida, conforme a los art\u00edculos 738 y 739 del C\u00f3digo Civil\u201d (fl. 15 ib.). <\/p>\n
Precis\u00f3 tambi\u00e9n que el Tribunal lleg\u00f3 a la errada conclusi\u00f3n de que la Caja cumpli\u00f3 el contrato, \u201csin percatarse que parte del bien de trascendental significaci\u00f3n para el comprador no le fue entregado\u201d (fl. 15, ib.). <\/p>\n
Luego de transcribir la parte de la sentencia impugnada en la que se puntualiza el alcance que debe darse a la cl\u00e1usula c) del contrato, observ\u00f3 el casacionista que el ad quem incurri\u00f3 en error al interpretar el art\u00edculo 1622 del C\u00f3digo Civil y desconocer el art\u00edculo 1618 de la misma codificaci\u00f3n, porque aun cuando en la escritura p\u00fablica se exprese cu\u00e1l fue la causa de la adquisici\u00f3n del inmueble vendido, no puede entenderse que el vendedor cumpli\u00f3 con el contrato. <\/p>\n
Finalmente, aleg\u00f3 el recurrente que el Tribunal, con el pretexto de interpretar el contrato, desconoci\u00f3 los hechos y las pretensiones de la demanda, situando el litigio en una esfera totalmente distinta, desconociendo la finalidad de la demanda, as\u00ed como los medios de prueba que acreditan el incumplimiento contractual. <\/p>\n
Con estos argumentos, se demand\u00f3 casar la sentencia para que la Corte, en sede de instancia, revocara la de primer grado y acogiera las pretensiones, solicitando que \u201cse tengan en cuenta todos los medios de prueba aportados legalmente al proceso\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Con absoluta prescindencia de las consideraciones que pudieran hacerse en torno a la tesis del Tribunal \u2013as\u00ed como de su real pertinencia y sustento-, al tenor de la cual \u201csi en el contrato contentivo del negocio jur\u00eddico se incorpor\u00f3 esta cl\u00e1usula [la de el t\u00edtulo adquisitivo del vendedor, se aclara] a (sic) de entenderse que se hizo para que ella tuviese efecto vinculante del acto jur\u00eddico que incorpora…para efectos de saber que bienes integran el inmueble objeto de compraventa\u201d, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a los espec\u00edficos aspectos se\u00f1alados en la acusaci\u00f3n, que determinan, como es sabido, el espacio o el l\u00edmite dentro del que exclusivamente puede moverse la Corporaci\u00f3n en su labor como Tribunal de casaci\u00f3n, todo en desarrollo del principio dispositivo. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, mem\u00f3rase que el censor se limit\u00f3 a esbozar, gen\u00e9ricamente, que el Tribunal en su fallo desconoci\u00f3 \u201cen su totalidad\u201d el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 3687 del 19 de septiembre de 1988, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Neiva. <\/p>\n
En efecto, el recurrente manifest\u00f3 que el sentenciador, \u201cen el desarrollo de su actividad judicativa (sic)\u2026 la desfigura en su fidelidad objetivamente v\u00e1lida\u201d, como quiera que \u201cdesvi\u00f3 el problema jur\u00eddico materia del litigio y que fue planteado en la demanda, a una esfera totalmente diferente a la contemplada en los hechos y pretensiones\u201d, enfatizando que \u201cno tuvo en cuenta el Tribunal (sic) en error de hecho evidente, que el galp\u00f3n que dio origen al litigio es un bien inmueble\u2026 \u201c, de suerte que, por raz\u00f3n de ese desv\u00edo \u201cy quebrantando los textos reguladores de la interpretaci\u00f3n de los contratos llega a la errada conclusi\u00f3n de que la Caja cumpli\u00f3 con el contrato de compraventa, sin percatarse que parte del bien de trascendental significaci\u00f3n para el comprador no le fue entregado\u201d, afirmando que \u201cno puede sostenerse que por que en la Escritura de venta se indic\u00f3 la causa de adquisici\u00f3n del inmueble, se cumpli\u00f3 la totalidad del contrato\u201d, concluyendo que con el pretexto de interpretar el contrato el Tribunal \u201cdesconoci\u00f3 los hechos y pretensiones de la demanda, para situar el litigio en una esfera totalmente diferente al contenido de la misma y desconoci\u00f3 los medios de prueba que demuestran objetivamente el incumplimiento contractual \u00bb (fls. 15 a 17, cdno. 5). <\/p>\n
Para la Sala, en la esfera casacional, muy otra a la instancia propiamente dicha, aunque existi\u00f3 ataque del censor en contra de la sentencia impugnada, aquel no tiene la contundencia o fuerza necesarias que son indispensables para derruir la acerada presunci\u00f3n de acierto que cobija la sentencia impugnada, pues no era suficiente con enunciar que se \u201cdesfigur\u00f3\u201d el contrato de compraventa o se le interpret\u00f3 erradamente, o que se desconocieron los medios de pruebas que demostraban el incumplimiento del referido negocio jur\u00eddico, sino que era absolutamente indispensable que tales afirmaciones fueran debidamente acreditadas, se\u00f1alando en qu\u00e9 hab\u00eda consistido la desfiguraci\u00f3n o errada interpretaci\u00f3n del contrato y cu\u00e1les eran, precisamente, las pruebas que probaban la no satisfacci\u00f3n de las prestaciones a cargo del vendedor. <\/p>\n
Dicho de otra manera, no bastaba con tender un manto de duda sobre la providencia impugnada sino que era necesario demostrar, de manera fehaciente e incontrovertible, el may\u00fasculo o colosal error cuya comisi\u00f3n se enrostraba al Tribunal, lo cual supon\u00eda una labor impugnaticia de suyo diversa, para lo cual era necesario exponer \u201cargumentos tan concluyentes que la sola exposici\u00f3n del recurrente haga rodar por el piso la labor probatoria del Tribunal\u201d (cas. civ. 23 de febrero de 2000, Exp. 5371, reiterada en cas. civ. 31 de marzo de 2003,. Exp. 7141), lo que ciertamente no fue hecho por el censor, como se acot\u00f3. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n a lo dicho precedentemente, se observa que la conclusi\u00f3n del Tribunal, relativa el cumplimiento por parte de la Caja Agraria de las obligaciones que para ella surgieron del contrato de compraventa celebrado con el actor, se encuentra apuntalada no s\u00f3lo en la interpretaci\u00f3n de los literales A), B) y C) de la escritura p\u00fablica 3687 de 1988, sino tambi\u00e9n en la diligencia de remate llevada a cabo el 4 de marzo de 1987 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva (fls. 51 a 53 cdno 1), en la que se adjudic\u00f3 a la demandada el inmueble que posteriormente transfiri\u00f3 a titulo de venta a favor del se\u00f1or Manrique Paredes. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed por cuanto, en el literal A) de la escritura se expresa \u00fanicamente que se vende el inmueble \u201cLa Arabia\u201d ubicada en la Inspecci\u00f3n de Otas del Municipio de Campoalegre, en el Departamento de Huila, sin que exista una descripci\u00f3n de los elementos que integran el bien objeto de la venta. En el B) se menciona que la venta incluye todas las mejoras, anexidades y dem\u00e1s dependencias existentes actualmente en el predio, cuya entrega hace el comprador sin reserva ni limitaci\u00f3n alguna; y finalmente en el C) se menciona c\u00f3mo fue adquirido el bien ra\u00edz por parte del vendedor. <\/p>\n
Si se recuerda, el Tribunal manifest\u00f3 en su providencia que el inmueble objeto de la venta estaba \u201ccompuesto por un galp\u00f3n de gallinas en piso natural de 45 metros de largo por 8 de ancho, un segundo galp\u00f3n de 72 metros de largo por 10 de ancho, una casa de habitaci\u00f3n de construcci\u00f3n de ladrillo y cemento, dep\u00f3sito de almacenamiento de agua y casa de construcci\u00f3n de bahareque\u201d (fl. 28), elementos estos que ciertamente no se encuentran descritos en el contrato de compraventa ajustado entre las partes y que se tomaron de la diligencia de remate llevada a cabo el 4 de marzo de 1987 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva (fls. 51 a 53 cdno 1), pues es all\u00ed donde figuran este tipo de elementos descritos por el Tribunal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no habi\u00e9ndose dirigido ataque alguno frente a dicha prueba \u2013en s\u00ed misma elocuente para el Tribunal-, no puede soslayarse que ella sirve de b\u00e1culo para sostener la referida conclusi\u00f3n del Juzgador y, por ende, la sentencia acusada, habida cuenta que la Sala no puede complementar la tarea impugnaticia en cabeza del recurrente, dado el acentuado car\u00e1cter dispositivo que caracteriza el recurso de casaci\u00f3n, como ya se anot\u00f3. <\/p>\n
En efecto, sobre el particular, esta Sala ya se\u00f1alado que \u00abLa censura debe ser congruente, de manera directa y concreta, con lo esencial de la motivaci\u00f3n del fallo cuya infirmaci\u00f3n se persigue, y por eso, no solo es deber del recurrente desvirtuarla en su integridad, sino que en el evento de centrar su cr\u00edtica en las conclusiones del juzgador sobre cuestiones de hecho, debe as\u00ed mismo echar a pique la totalidad de las apreciaciones probatorias en que tales conclusiones se apoyan, pues si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma presta base s\u00f3lida a la resoluci\u00f3n judicial, \u00e9sta quedar\u00e1 en pie y el fallo que la contiene no puede invalidarse en sede de casaci\u00f3n, resultando por lo tanto completamente intrascendente el que se demuestre la ocurrencia de errores que, debido a esa circunstancia, pierden significaci\u00f3n frente a la finalidad institucional propia del recurso\u201d (Se subraya, CCLII, 1486 y 1487, reiterada en cas. civ. 27 de octubre de 2000, Exp. 5395). <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 2 de junio de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Familia Laboral, en este proceso ordinario promovido por Jairo Manrique Paredes frente a la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo del recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y, oportunamente, devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-010-2005 [7854] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a1Error! Marcador no definido. SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil cinco (2005) Referencia: Expediente No. 7854 Se decide […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82860","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82860"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82860\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82860"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82860"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}