SC-012-2005 [2000131100011994-2131-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente C-2000131100011994-2131-01 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Calixto Oyaga Ospino, respecto de la sentencia de 25 de octubre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario del recurrente contra el Banco Ganadero. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la demanda que origin\u00f3 el proceso, el demandante solicita que se declare al demandado civilmente responsable de los perjuicios que le caus\u00f3 por el embargo y secuestro de dos m\u00e1quinas combinadas de su propiedad, y consecuentemente que se le condene a pagar las sumas que por lucro cesante e intereses determina. <\/p>\n
2.- Las pretensiones se fundamentan en los hechos que en lo pertinente se compendian: <\/p>\n
a) Conforme a documento escrito, el actor es el \u201c\u00fanico propietario\u201d de los referidos bienes, y como tal los ven\u00eda explotando econ\u00f3micamente, d\u00e1ndolos en arrendamiento en forma permanente e ininterrumpida para cortes de arroz y sorgo. <\/p>\n
b) Las aludidas m\u00e1quinas estuvieron embargadas y secuestradas en el proceso ejecutivo del Banco Ganadero contra Manuel Guillermo Quiroz Moscote, desde el 31 de mayo de 1979, hasta el 10 de agosto de 1981, tiempo durante el cual el demandante dej\u00f3 de \u201cpercibir la rentabilidad o producci\u00f3n por el arrendamiento\u201d. <\/p>\n
c) Mediante providencia de 9 de junio de 1981, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Laboral, levant\u00f3 el secuestro de los automotores, orden\u00f3 su entrega al ahora demandante y conden\u00f3 al Banco Ganadero a pagar a aqu\u00e9l los perjuicios causados. <\/p>\n
d) El ejecutante \u201cobr\u00f3 con temeridad y abuso del derecho\u201d, porque adem\u00e1s de secuestrar un tractor de propiedad del ejecutado Quiroz Moscote, \u201carbitraria e injustamente\u201d aprehendi\u00f3 \u201cbienes ajenos\u201d. <\/p>\n
3.- El demandado se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n para que se condenara a su demandante a pagarle los gastos del infundado incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
4.- Tramitado el proceso, el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1, en sentencia de 24 de febrero de 1999, desestim\u00f3 las pretensiones de ambas demandas. Decisi\u00f3n que el superior confirm\u00f3, con algunas modificaciones en cuanto a costas, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso el inicial demandante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- El Tribunal ubic\u00f3 el tema objeto de decisi\u00f3n en el campo de la responsabilidad extracontractual, gobernada por el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. – Centrado en la responsabilidad que se deriva del \u201cabuso del derecho proveniente de la acci\u00f3n judicial\u201d, concretamente del embargo y secuestro de bienes, el sentenciador, citando antecedentes judiciales, supedit\u00f3 el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n a que el demandante demostrara que en el proceso compulsivo, sin ser ejecutado y con \u201cculpa o dolo\u201d del ejecutante, se trabaron bienes de su propiedad. <\/p>\n
a) Ninguna duda le abrig\u00f3 la pr\u00e1ctica de del embargo y secuestro de las m\u00e1quinas combinadas, el 31 de mayo de 1979, y su posterior levantamiento, en segunda instancia, con base en el art\u00edculo 513, inciso 7\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para la \u00e9poca, mediante auto de 9 de junio de 1981. <\/p>\n
b) Sobre la propiedad de los bienes consider\u00f3, contrariamente a como lo concluy\u00f3 el juzgado, que la \u201cautenticidad e idoneidad\u201d del contrato de compraventa que el actor alleg\u00f3 para ese prop\u00f3sito, cuyo contenido extracta, estaba fuera de discusi\u00f3n, pero que \u201cdada la naturaleza de bienes muebles no sujetos a registro de las m\u00e1quinas agr\u00edcolas embargadas y secuestradas\u201d, exist\u00eda \u201clibertad probatoria en cuanto a su propiedad\u201d. En ese sentido se\u00f1al\u00f3 que si bien con el documento se acreditaba que el demandante realiz\u00f3 la negociaci\u00f3n de las m\u00e1quinas, el 5 de mayo de 1978, con Ferm\u00edn Peralta, quien fungi\u00f3 como vendedor, esto no significaba que integraran su \u201cpatrimonio\u201d para cuando se practic\u00f3 el secuestro. <\/p>\n
En efecto, en la declaraci\u00f3n de renta correspondiente al a\u00f1o gravable de 1979, cuya copia aport\u00f3 el Banco demandado, el demandante no incluye las \u201cm\u00e1quinas combinadas entre los bienes que conforman su patrimonio\u201d. Tampoco menciona, en la relaci\u00f3n de acreedores, la \u201cobligaci\u00f3n\u201d que contrajo con su vendedor para pagar el precio de las mismas. Aparece, s\u00ed, \u201cpagando\u201d a Manuel Guillermo Quiroz Moscote una suma determinada \u201cpor concepto de recolecci\u00f3n con maquinaria\u201d. <\/p>\n
En el interrogatorio, el actor niega haber sido codeudor de Quiroz Moscote, propietario en alguna ocasi\u00f3n de las combinadas, de quien dice no le ha prestado servicios de recolecci\u00f3n por tener sus propias m\u00e1quinas, ni \u201cpagado por combinadas\u201d, y no recuerda por qu\u00e9 concepto le hizo alg\u00fan pago. <\/p>\n
El Tribunal considera desvirtuado el anterior interrogatorio con el contrato de compraventa que respecto de las combinadas el mismo absolvente celebr\u00f3 con Ferm\u00edn Peralta, en calidad de comprador y vendedor, respectivamente, porque Quiroz Moscote firma como fiador. As\u00ed mismo, con los pagar\u00e9s de los folios 125-129, C-1, donde \u00e9ste y el demandante se obligaron con el Banco Ganadero en calidad de codeudores. Por \u00faltimo, con la diligencia de secuestro de las m\u00e1quinas, pues se practic\u00f3 sin oposici\u00f3n del actor, quedando en manos del secuestre. <\/p>\n
3.- Si se tuviera acreditada la propiedad y la posesi\u00f3n de los bienes secuestrados en cabeza del demandante, para el Tribunal tampoco se podr\u00eda predicar culpa o dolo de la sociedad demandada, porque cuando \u00e9sta solicit\u00f3 la medida cautelar, lo hizo debido a que los mismos \u201cfueron reportados a la entidad bancaria como de propiedad del se\u00f1or Manuel Guillermo Quiroz Moscote en el inventario de bienes (…) que hace parte del informe de visita previa que se le hiciera por funcionarios de esa entidad\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
CARGO UNICO <\/p>\n
1.- Acusa la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 95 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 1002, 1849, 1857, 1864, 1866, 2341, 2343, 2349 y 2356 del C\u00f3digo Civil, 822, 830, 905 y 920 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2.- Con relaci\u00f3n a que los bienes secuestrados no figuraban en el patrimonio del demandante, porque el Tribunal incurri\u00f3 en errores de derecho y de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2.1. – En cuanto a los primeros, al no darle \u201cninguna credibilidad\u201d al contrato de compraventa de los bienes secuestrados, presentado para acreditar el dominio en cabeza del demandante, salvo para decir que Quiroz Moscote y Oyaga Ospino \u201chan sido codeudores\u201d. De esta manera se violaron los art\u00edculos 258, 264, 279 y 280 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, porque si el contrato se suscribi\u00f3 ante notario el 13 de mayo de 1978, esto significa que \u201ctiene el mismo valor de un documento p\u00fablico y opera frente a terceros desde ese mismo momento\u201d. <\/p>\n
De otra parte, la declaraci\u00f3n de renta que apreci\u00f3 el juzgador no es un medio conducente para demostrar el dominio de los susodichos bienes. De conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 746 del decreto 624 de 1989, apenas tiene \u201cuna presunci\u00f3n legal de veracidad sobre lo que se incluye, mas no sobre lo que se omite\u201d, pues si as\u00ed ocurri\u00f3, \u201cno por ello perdi\u00f3 el derecho de propiedad\u201d de las combinadas, \u201ccuando m\u00e1s se habr\u00eda hecho acreedor a las sanciones fiscales pertinentes\u201d. <\/p>\n
2.2.- Respecto de los errores de hecho, porque el Tribunal: <\/p>\n
a) Adicion\u00f3 el informe de visita previa de 20 de mayo de 1977, para decir que las combinadas pertenec\u00edan a Quiroz Moscote, cuando su contenido no revela que sean de propiedad de \u00e9ste o del demandante. El documento simplemente relaciona la existencia de unas \u201cCombinadas JHON DEER 960 en buen estado de funcionamiento\u201d, pero no se sabe si son las mismas que secuestraron. <\/p>\n
b) Omiti\u00f3 apreciar el contrato de prestaci\u00f3n de servicios de recolecci\u00f3n, autenticado dos semanas antes del secuestro, celebrado entre el demandante y la Cooperativa Agropecuaria del Magdalena. Como en el mismo se relacionan las combinadas, esto demuestra que aqu\u00e9l es su propietario. <\/p>\n
c) Ignor\u00f3 los documentos de 31 de marzo, 1\u00ba y 4 de junio, y 19 de julio de 1979, sobre la seriedad del contrato de compraventa de las dos m\u00e1quinas secuestradas, en los cuales Ferm\u00edn Peralta, el vendedor, reclama a Calixto Oyaga el pago de una de las letras que le gir\u00f3 para pagar el precio, y protesta por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. <\/p>\n
d) Pas\u00f3 por alto la diligencia de entrega de las m\u00e1quinas del secuestre al demandante, una vez levantada la medida cautelar. N\u00f3tese c\u00f3mo, pese a que el desembargo se origin\u00f3 en el entonces vigente art\u00edculo 513, inciso 7\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, nadie reclam\u00f3 sobre el particular. <\/p>\n
e) No tuvo en cuenta la declaraci\u00f3n del due\u00f1o de los cultivos donde se encontraban operando las combinadas, se\u00f1or Ludgerio Huertas Botero, quien sostiene que la diligencia le caus\u00f3 perjuicios y que prefer\u00eda las m\u00e1quinas del doctor Oyaga por estar cerca de sus cultivos. <\/p>\n
f) Tergivers\u00f3 el interrogatorio del demandante, as\u00ed como los pagar\u00e9s que \u00e9ste suscribi\u00f3 con Quiroz Moscote a favor del Banco Ganadero, porque ninguno de estos medios desvirt\u00faa la propiedad y posesi\u00f3n de aqu\u00e9l sobre los bienes secuestrados. <\/p>\n
3.- Sobre que el Banco Ganadero obr\u00f3 sin culpa o dolo, porque el sentenciador omiti\u00f3 observar la copia de la demanda ejecutiva que la sociedad demandada present\u00f3 contra Quiroz Moscote, la solicitud de medidas cautelares y la diligencia de secuestro de la maquinaria. <\/p>\n
En todo caso, sin parar mientes en la propiedad o posesi\u00f3n material de las m\u00e1quinas secuestradas, pese a que se prob\u00f3 en el proceso ejecutivo que no eran del demandado, las medidas cautelares practicadas eran excesivas para el pago de la suma de $848.000.oo. Adem\u00e1s, el Banco Ganadero jam\u00e1s tuvo que considerar para ese prop\u00f3sito el famoso informe de visita previa, simplemente secuestr\u00f3 las combinadas porque las \u201cvieron junto al tractor que iban a embargar\u201d. <\/p>\n
4.- Concluye el recurrente que si el Tribunal no incurre en los anotados errores probatorios, habr\u00eda concluido que las combinadas en cuesti\u00f3n formaban parte de su patrimonio, as\u00ed en la diligencia de secuestro quien dijo llamarse Jaime Fr\u00eda haya indicado al margen que \u201cpertenec\u00edan al se\u00f1or Quiroz Moscote\u201d, y que el demandado obr\u00f3 con culpa y temeridad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La responsabilidad civil que se deriva del abuso del derecho, supone, desde luego, la existencia de un derecho, s\u00f3lo que su ejercicio se realiza sin sujeci\u00f3n estricta a los fines econ\u00f3micos y sociales para el cual fue establecido, y al margen de los l\u00edmites que el mismo ordenamiento jur\u00eddico se\u00f1ala. <\/p>\n
El acreedor, en ejercicio del derecho consagrado en el art\u00edculo 2488 del C\u00f3digo Civil, puede embargar y secuestrar bienes para, llegado el caso, cubrir su cr\u00e9dito, los intereses y las costas del proceso. Derecho que, sin embargo, no es absoluto, porque el art\u00edculo 2492, ib\u00eddem, en concordancia con el art\u00edculo 513-8 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo limita \u201ca lo necesario\u201d, a la par que, como es apenas obvio, \u00fanicamente puede recaer sobre bienes embargables del deudor y no de terceros. <\/p>\n
En el ejercicio de esa facultad, el acreedor incurre en abuso del derecho, generador de responsabilidad civil, cuando las medidas cautelares que a instancia suya se practican son excesivas, a pesar de lo cual las mantiene, y cuando las mismas se proyectan sobre bienes que no son del deudor. La Corte tiene explicado que constituye abuso del derecho embargar \u201cbienes del ejecutado en cuant\u00eda que exceda los l\u00edmites legales\u201d (sentencia de 2 de diciembre de 1993, CCXXV-728), mantener medidas que \u201cninguna garant\u00eda prestan para la efectividad de la obligaci\u00f3n perseguida\u201d (sentencia de 11 de octubre de 1973, CXLVII-81-82), y comprometer \u201chaberes pertenecientes a terceros\u201d (sentencia de 27 de mayo de 1964, CVII-234-235). <\/p>\n
En tales eventos, al demandante le corresponde demostrar el da\u00f1o causado, la culpa del demandado y la relaci\u00f3n de causalidad entre \u00e9sta y aqu\u00e9l. Sobre el particular la jurisprudencia ha precisado que el \u201cempleo abusivo de las v\u00edas de derecho, s\u00f3lo puede ser fuente de indemnizaci\u00f3n, cuando, simult\u00e1neamente con la demostraci\u00f3n de la temeridad o mala fe con que act\u00faa quien se vale de su ejercicio, el demandante acredita plenamente el da\u00f1o que ha sufrido y su relaci\u00f3n causal con aquellas\u201d (sentencia de 12 de julio de 1993, CCXXV-97-98). <\/p>\n
2.- En el caso, el Tribunal desestim\u00f3 las pretensiones, argumentando que como las m\u00e1quinas combinadas no se encontraban en el patrimonio del demandante \u201cpara cuando se practic\u00f3 el secuestro\u201d, ning\u00fan da\u00f1o pudo caus\u00e1rsele. Adicionalmente, porque en el evento de haber ocurrido el da\u00f1o, de todas formas \u201cno se podr\u00eda predicar culpa o dolo del demandado\u201d, debido a que el Banco Ganadero pidi\u00f3 las medidas por tener reportados esos bienes como de propiedad del ejecutado. <\/p>\n
3.- Afirma el recurrente que la primera conclusi\u00f3n es producto de la comisi\u00f3n de errores de derecho y de hecho probatorios. Aqu\u00e9llos, al restarle eficacia demostrativa al contrato de compraventa tantas veces citado, pese a que lo calific\u00f3 de aut\u00e9ntico e id\u00f3neo, y al tener la declaraci\u00f3n de renta del demandante como medio conducente, sin serlo, para acreditar el derecho de dominio. <\/p>\n
a) Con relaci\u00f3n a la declaraci\u00f3n de renta, el error es inexistente, porque el Tribunal no exigi\u00f3 un medio espec\u00edfico para acreditar el hecho, al contrario, indic\u00f3 que como las \u201cm\u00e1quinas agr\u00edcolas embargadas y secuestradas\u201d eran \u201cbienes muebles no sujetos a registro\u201d, exist\u00eda \u201clibertad probatoria en cuanto a su propiedad\u201d. Distinto es que al no aparecer relacionadas las m\u00e1quinas en esa declaraci\u00f3n ni denunciada la obligaci\u00f3n que adquiri\u00f3 el demandante para pagar su precio, se haya inferido que tales bienes no figuraban en el patrimonio del demandante, caso en el cual el error ser\u00eda de hecho. <\/p>\n
b) Respecto del contrato de compraventa, si en la sentencia se predic\u00f3 su autenticidad, inclusive con referencia a su fecha cierta, como suficiente para concluir que el demandante \u201cacredit\u00f3\u2026haber realizado la negociaci\u00f3n\u201d de las combinadas, como se reconoce en el cargo, esto descarta la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 264, 279 y 280 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Igualmente, el art\u00edculo 258, ib\u00eddem, en el sentido de que el aludido contrato se tuvo en cuenta s\u00f3lo para advertir que \u201cQuiroz y Oyaga han sido codeudores\u201d, porque siendo cierto que aqu\u00e9l suscribi\u00f3 dicho contrato como \u201cfiador\u201d, a ese contenido lo que opuso fue la confesi\u00f3n de \u00e9ste sobre que \u201cno han sido codeudores el uno del otro\u201d. <\/p>\n
Desde luego que as\u00ed se hubiere acreditado la negociaci\u00f3n con el contrato de compraventa, esto no significa que se haya verificado la transferencia de la propiedad, dada la distinci\u00f3n entre el t\u00edtulo y el modo, pues sabido es que el contrato es simplemente fuente de obligaciones, entre ellas la de efectuar la tradici\u00f3n, cuyo cumplimiento, en los casos y formas establecidas en la ley, es lo \u00fanico que incide en el derecho real de dominio, seg\u00fan as\u00ed lo explic\u00f3 la Corte, trat\u00e1ndose de la compraventa de automotores terrestres, como el del caso, en sentencia No. 074 de 20 de junio de 2002. <\/p>\n
En ese sentido, no estuvo descaminado el Tribunal cuando de la susodicha declaraci\u00f3n de renta, del interrogatorio del demandante, de la diligencia de secuestro y de unos pagar\u00e9s, concluy\u00f3 que a pesar de estar demostrada la \u201cnegociaci\u00f3n\u201d, las m\u00e1quinas no integraban el patrimonio del actor para la \u00e9poca del secuestro. <\/p>\n
4.- Cosa diferente es que con relaci\u00f3n a la diligencia de secuestro, en el proceso se hubiere acreditado que el modo de la tradici\u00f3n de las m\u00e1quinas combinadas se realiz\u00f3 o que los medios apreciados s\u00ed lo indican, s\u00f3lo que fueron tergiversados. Sobre el particular el Tribunal no incurri\u00f3 en los errores de hecho que se denuncian con las caracter\u00edsticas de manifiestos y trascendentes. <\/p>\n
El informe de visita previa no pudo ser adicionado en el sentido de que reporta las combinadas como de propiedad del entonces ejecutado, porque con independencia de su contenido, el propio recurrente es quien acepta que el citado documento \u201cno prueba para nada la propiedad de dichas combinadas, ni en cabeza del Doctor Oyaga, ni en cabeza del se\u00f1or Quiroz\u201d. Adem\u00e1s, cuando el Tribunal se refiri\u00f3 al informe lo fue s\u00f3lo para concluir que as\u00ed se tuviera por demostrada la propiedad y posesi\u00f3n material de los bienes en cabeza del actor, de todas formas, por las razones que adujo, \u201cno se podr\u00eda predicar culpa o dolo en la conducta del demandado\u201d. <\/p>\n
Lo mismo cabe decir del acta de entrega de las m\u00e1quinas por parte del secuestre al demandante, porque lo \u00fanico que demuestra es ese hecho y el tiempo que el auxiliar de la justicia estuvo en relaci\u00f3n con los bienes, pero no la tradici\u00f3n. En el auto de 9 de julio de 1981, mediante el cual se levant\u00f3 la medida de secuestro, es cierto que se dijo que las m\u00e1quinas eran de propiedad de dicho demandante, pero esa afirmaci\u00f3n es simplemente neutral o intrascendente, porque la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 por la falta de notificaci\u00f3n y emplazamiento del ejecutado, seg\u00fan lo autorizaba el entonces vigente inciso 7\u00ba del art\u00edculo 513 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, mas no porque previo el tr\u00e1mite incidental, entre otras cosas declarado nulo, se hubiere controvertido el hecho. <\/p>\n
En la sentencia no se menciona el contrato de prestaci\u00f3n de servicios de recolecci\u00f3n de 17 de mayo de 1979, reconocido en esa misma fecha por el demandante y por quien dijo ser representante de la Cooperativa Agropecuaria del Magdalena, pero su omisi\u00f3n resulta irrelevante. El alquiler de las m\u00e1quinas dos semanas antes del secuestro no necesariamente constituye un acto de dominio o por lo menos que la tradici\u00f3n estuviere en cabeza del demandante, porque esa clase de convenios suelen celebrarlos tenedores, propietarios y poseedores, pero en el cargo no se alude a un medio que demuestre que se haya realizado en la calidad de propietario, que es la \u00fanica que se aduce en la demanda, y porque si bien el actor advirti\u00f3 en el comentado documento que las m\u00e1quinas le pertenec\u00edan, se trata de una declaraci\u00f3n en beneficio que no puede apreciarse como tal. <\/p>\n
Igual resultado se predica del testimonio de Ludgerio Huertas Botero, porque lo relativo a que \u201cprefer\u00eda las m\u00e1quinas del doctor OYAGA por estar cerca de mis cultivos\u201d, es una respuesta escueta, sin explicaci\u00f3n alguna, a preguntas sugeridas en ese sentido. De otra parte, el declarante afirma que en mayo de 1979 contrat\u00f3 con el demandante \u201cel corte de arroz en sus cultivos\u201d y aunque menciona que \u201cembargaron la combinada que ten\u00eda lista para empezar la corta de arroz\u201d, suficientemente qued\u00f3 explicado que un contrato de esa naturaleza, es equ\u00edvoco para demostrar la titularidad del derecho real de dominio. <\/p>\n
Ahora, si la sentencia conviene que el demandante \u201cacredit\u00f3\u201d \u201chaber realizado la negociaci\u00f3n de las m\u00e1quinas combinadas\u201d, en nada incidir\u00eda las pruebas omitidas relacionadas con la \u201cveracidad y el decurso de la negociaci\u00f3n entre Ferm\u00edn Peralta y Calixto Oyaga\u201d, porque lo cierto es que los citados bienes \u201cno estaban en el patrimonio del demandante\u201d al momento del secuestro. En efecto, a ninguna conclusi\u00f3n distinta se arribar\u00eda, dado que conforme a la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del contrato en cuesti\u00f3n, el demandante recibi\u00f3 las m\u00e1quinas a t\u00edtulo de \u201cmera tenencia\u201d, toda vez que el vendedor se reserv\u00f3 la \u201cpropiedad de dicha maquinaria hasta tanto el comprador no pague la totalidad del precio estipulado\u201d, y la \u00faltima cuota, de las cuatro pactadas, deb\u00eda cubrirse en mayo de 1980. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el recurrente manifiesta que ni el interrogatorio del demandante ni los pagar\u00e9s que \u00e9ste suscribi\u00f3 a favor de la sociedad demandada, conjuntamente con el entonces ejecutado Quiroz Moscote, \u201cdesvirt\u00faan la propiedad y posesi\u00f3n de aquel sobre las m\u00e1quinas embargadas\u201d. Con relaci\u00f3n a la propiedad, que es, rep\u00edtese, el fundamento de la demanda, que no la posesi\u00f3n material, como la afirmaci\u00f3n supone que el derecho real de dominio de tales bienes se encontraba en cabeza del demandante al momento del secuestro, y como, de otro lado, ninguno de los errores denunciados que tend\u00edan a demostrar ese hecho result\u00f3 fundado, por l\u00f3gica se impone que el Tribunal en manera alguna tergivers\u00f3 los anotados medios de prueba. <\/p>\n
5.- En ese orden, al quedar inc\u00f3lume la conclusi\u00f3n relativa a que las m\u00e1quinas combinadas \u201cno estaban\u201d en el \u201cpatrimonio\u201d del demandante para cuando fueron secuestradas, inferida por el Tribunal, como qued\u00f3 consignado, de la declaraci\u00f3n de renta, del interrogatorio del demandante, de la diligencia de secuestro y de unos pagar\u00e9s, la Corte se ve relevada de analizar los errores probatorios que con respecto al otro fundamento de la sentencia, la inexistencia de \u201cculpa o dolo en la conducta del demandado\u201d, por ser aqu\u00e9l pilar suficientes para sostenerla. <\/p>\n
6.- El cargo, en consecuencia, no se abre paso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 25 de octubre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario de Calixto Oyaga Ospino contra el Banco Ganadero. <\/p>\n
Las costas del recurso corren a cargo del demandante recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-012-2005 [2000131100011994-2131-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: Dr. JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente C-2000131100011994-2131-01 Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Calixto Oyaga Ospino, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82862","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82862","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82862"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82862\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}