SC-013-2005 [7881]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco de enero de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Expediente No. 7881 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la Sociedad \u00abConcesiones J.G.P. Ltda.\u00bb contra la sentencia de 24 de agosto de 1999, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que puso fin a la segunda instancia del proceso ordinario promovido por Juan Gonzalo Posada Restrepo y la recurrente contra la compa\u00f1\u00eda \u00abHotel Nutibara S.A.\u00bb <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes pretendieron la declaraci\u00f3n de terminaci\u00f3n por incumplimiento, del contrato de \u00abarrendamiento\u00bb que hubo con la firma demandada, sobre un \u00ablocal comercial\u00bb que hace parte del Hotel Nutibara de Medell\u00edn. Como secuela de lo anterior solicitaron la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios que minuciosamente detallan en la demanda. <\/p>\n
2.1. Desde el 2 de febrero de 1992 el demandante Juan Gonzalo Posada Restrepo, mediante contrato verbal con la sociedad demandada, entr\u00f3 al local que \u00e9sta destinaba al sector de lavander\u00eda interna del Hotel, donde se encontraban elementos y equipos que se individualizaron como: 3 lavadoras para agua, 4 secadoras, un rodillo para s\u00e1banas, 2 centr\u00edfugas y 2 prensas para planchar, conjunto adicionado con otra m\u00e1quina para lavado, centrifugado, secado y destilado que instal\u00f3 la parte demandante. <\/p>\n
2.2. Por convenci\u00f3n inicial de las partes, la capacidad de la lavander\u00eda servir\u00eda en un 45% a la actividad del hotel, pero con posterioridad la ocupaci\u00f3n en ella fue total, lo que dificult\u00f3 la firma del contrato. Como consecuencia del crecimiento en las necesidades de lavander\u00eda el Hotel, este cedi\u00f3 a la firma \u00abMaquiviar y\/o Javier Villa\u00bb, la funci\u00f3n de lavado de ropa blanca, con el compromiso de otorgarle la exclusividad al demandante del servicio de las prendas pertenecientes a los hu\u00e9spedes, con la restricci\u00f3n de no atender al p\u00fablico en general. <\/p>\n
2.3. El 2 de junio de 1992, la demandada y \u00abConcesiones J.G.P. Ltda\u00bb, representada por Juan Gonzalo Posada Restrepo, celebraron un contrato que expresamente denominaron \u00abde concesi\u00f3n\u00bb, cuyo objeto estaba constituido por el local comercial anexo al Hotel Nutibara y el equipo de lavander\u00eda descrito. <\/p>\n
2.4. La obligaci\u00f3n de la demandante para con el Hotel consist\u00eda en participarle el 50% de las utilidades netas mensuales obtenidas en su actividad comercial, se fij\u00f3 un plazo de 12 meses, a partir del 4 de mayo de 1992, y se previeron pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas al vencimiento de este t\u00e9rmino, salvo que las partes expresaran formalmente su intenci\u00f3n en contrario. <\/p>\n
2.5. El contrato se prorrog\u00f3 el 4 de mayo de 1993, cuando por \u00abpresiones de la arrendadora\u00bb, seg\u00fan el demandante, se suscribi\u00f3 el 7 de mayo del mismo a\u00f1o, una adici\u00f3n al contrato inicial que fijaba como fecha indefectible de terminaci\u00f3n el primero de junio de 1994. <\/p>\n
2.6. El 31 de mayo de 1994, la demandada dio por terminado \u00abunilateralmente\u00bb el contrato para proceder de manera \u00abarbitraria e ilegal\u00bb a cerrar el local e impedir el acceso al demandante y a sus trabajadores. <\/p>\n
3. La demandada resisti\u00f3 las pretensiones tras afirmar que el contrato celebrado entre las partes era de concesi\u00f3n y no de arrendamiento; para desarrollar su oposici\u00f3n plante\u00f3 que no hab\u00eda motivo legal o contractual para accionar. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n planteada por la entidad demandada y la liber\u00f3 de las pretensiones. Apelado el fallo \u00fanicamente por la sociedad demandante, fue confirmado por el Tribunal mediante la sentencia recurrida en casaci\u00f3n que ahora estudia la Corte. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO <\/p>\n
El Tribunal, luego de enfocar el problema jur\u00eddico en la determinaci\u00f3n de la naturaleza del acuerdo debatido, lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que el mismo era un contrato at\u00edpico, para lo cual tuvo en cuenta: <\/p>\n
1. En el Hotel Nutibara funcionaba una lavander\u00eda dom\u00e9stica con anterioridad a que fuera asumido su manejo por los demandantes, lo cual se estableci\u00f3 con las manifestaciones de la demanda y el interrogatorio de parte rendido por Juan Gonzalo Posada Restrepo. <\/p>\n
2. La constituci\u00f3n de la sociedad \u00abConcesiones J.G.P.\u00bb, mediante la escritura p\u00fablica 1154, fechada el 30 de marzo de 1992 y registrada en la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn el 18 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
3. La denominaci\u00f3n del contrato, como de \u00abconcesi\u00f3n del establecimiento comercial Nutilavaseco, destinado exclusivamente a prestar el servicio de lavado en seco, tintorer\u00eda, etc., a los hu\u00e9spedes del hotel y a terceros\u00bb; las facultades de administraci\u00f3n amplia por el demandante, salvo algunos aspectos; que la demandada se lucrar\u00eda de tal actividad con el 50% del producido neto; que el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del contrato fuera de 12 meses a partir del 4 de mayo de 1992 y renovado para el a\u00f1o comprendido entre el 1\u00ba de junio de 1993 y el mismo d\u00eda del a\u00f1o 1994, fecha en que terminar\u00eda definitivamente. <\/p>\n
4. Los aportes que cada una de las partes hicieron a la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica surgida con ocasi\u00f3n del contrato citado, se acreditan con la propia demanda y la declaraci\u00f3n de la testigo Ana Felisa Hern\u00e1ndez Restrepo. <\/p>\n
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5. Seg\u00fan el Tribunal, el acuerdo de voluntades entre las partes no tuvo como marco los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, porque lo ocurrido fue la estipulaci\u00f3n para \u00abponer en funcionamiento\u00bb el establecimiento comercial de la \u00abdemandante, con el aporte por la demandada de algunos elementos, el inmueble y equipo destinado a la actividad a desarrollar\u00bb. <\/p>\n
6. Con estos fundamentos, concluy\u00f3 el ad quem que \u00abel consentimiento se sell\u00f3 en relaci\u00f3n con los elementos esenciales de un contrato at\u00edpico\u2026 que termin\u00f3 por el vencimiento del plazo estipulado para la exigibilidad de las obligaciones\u00bb, de donde dedujo que no era posible atender la \u00abtutela jur\u00eddica contemplada en el art. 518 C. de Cio. (sic), \u00fanica y exclusivamente para el arrendamiento de inmuebles destinados al funcionamiento de establecimiento (sic) comercial\u00bb y confirm\u00f3 la denegaci\u00f3n de las pretensiones. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente formul\u00f3 un cargo por violaci\u00f3n indirecta de normas de derecho sustancial. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
La queja fundamental del recurrente radica en que el Tribunal no dedujo, mediante interpretaci\u00f3n del texto y las pruebas que individualiz\u00f3, que el negocio celebrado entre Concesiones J.G.P. Ltda. y la demandada, era un contrato de arrendamiento comercial, al cual debi\u00f3 aplicarse la normatividad sobre renovaci\u00f3n contractual establecida por el art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Comercio y concluir que la convenci\u00f3n deb\u00eda prolongarse m\u00e1s all\u00e1 de su vencimiento, por tanto, como fue unilateral e ilegal la terminaci\u00f3n del contrato, hab\u00eda lugar a reconocer las indemnizaciones pretendidas en la demanda. <\/p>\n
Expuso el casacionista las caracter\u00edsticas del contrato de arrendamiento en general y el regulado por el C\u00f3digo de Comercio en particular, para luego identificar la \u00abprimordial importancia\u00bb del derecho a renovaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 518 del ordenamiento mercantil, para destacar que el Tribunal incurri\u00f3 en yerro al considerar de manera \u00abfacilista y simple\u00bb que el contrato entre las partes era \u00abat\u00edpico\u00bb, pues de la lectura e \u00abinterpretaci\u00f3n l\u00f3gica\u00bb se deduce, seg\u00fan el recurrente, que el consentimiento \u00abse prest\u00f3 por la C\u00eda. Hotel Nutibara en la entrega de un local y una maquinaria a la sociedad Concesiones J.G.P. para la explotaci\u00f3n y el funcionamiento bajo su exclusiva responsabilidad de un negocio de lavander\u00eda y afines, mediante el reconocimiento y pago de una determinada suma de dinero\u00bb. M\u00e1s adelante retom\u00f3 el debate sobre el entendimiento aplicado al negocio para demandar la aplicaci\u00f3n de la regla \u00abin dubio contra stipulatorem\u00bb; el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan la cual a\u00fan en los contratos at\u00edpicos, \u00abconocida claramente la intenci\u00f3n de las partes deber\u00e1 estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras empleadas\u00bb. <\/p>\n
Denunci\u00f3 que el Tribunal despreci\u00f3 el an\u00e1lisis del contrato \u00abdesistiendo de penetrar en su esp\u00edritu y mucho menos en la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica que de \u00e9l hicieron, cuando no estando acordes en su naturaleza, se requer\u00eda de su interpretaci\u00f3n\u00bb, para finalizar endilgando error de hecho en la apreciaci\u00f3n del contrato celebrado entre las partes. <\/p>\n
De otro lado, el censor transcribi\u00f3 algunas de las cl\u00e1usulas del contrato aludido, que a su juicio, indicar\u00edan la presencia de los elementos b\u00e1sicos del arrendamiento comercial, en especial \u00abla causa o fin perseguido\u00bb, para expresar las diferencias econ\u00f3micas y estructurales con la convenci\u00f3n at\u00edpica denominada \u00abconcesi\u00f3n\u00bb, asimilando \u00e9sta con una \u00abt\u00e9cnica de distribuci\u00f3n en el mercado\u00bb, como una manera \u00abde llegar a los centros de consumo\u00bb. Expres\u00f3 que la doctrina nomina a las partes del contrato de concesi\u00f3n como \u00ab‘concedente’ (vendedor) y ‘concesionario’ (revendedor)\u00bb con autonom\u00eda e independencia jur\u00eddica, administrativa y t\u00e9cnica, circunstancias esenciales que no se presentan en el caso de ahora, dijo, porque \u00abno hubo ac\u00e1 la idea de organizar un mercado, mantener una clientela; no constituy\u00f3 una t\u00e9cnica de distribuci\u00f3n exclusiva en el mercado de bienes o servicios del concedente, ni existi\u00f3 v\u00ednculo alguno de colaboraci\u00f3n\u2026 tampoco puede hablarse de concesi\u00f3n de espacio pues la Cia. Hotel Nutibara no explotaba ni explot\u00f3 el servicio de lavander\u00eda como actividad comercial ni mediante establecimientos dedicados a tal actividad\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el casacionista que el hotel Nutibara entreg\u00f3 un local y unas m\u00e1quinas para su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica bajo su exclusiva responsabilidad, \u00absin nexo alguno con el Hotel\u00bb, mediante una remuneraci\u00f3n dependiente de la contabilidad, con reinversi\u00f3n de bienes, derecho de retenci\u00f3n, t\u00e9rmino de duraci\u00f3n, renovaci\u00f3n, formas de terminaci\u00f3n, derechos, obligaciones, prohibiciones generales y especiales, as\u00ed como la \u00abposici\u00f3n preponderante\u00bb del concedente, todo lo cual permit\u00eda concluir que la intenci\u00f3n de las partes fue la de celebrar un \u00abcontrato t\u00edpico de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
La censura expres\u00f3 que \u00abno se trata, indudablemente, de un contrato de arrendamiento de un ‘establecimiento comercial’ en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 533 del C\u00f3digo (sic), como se desprende del mismo, en virtud de que no se entreg\u00f3 ning\u00fan establecimiento comercial por parte de la sociedad demandada, ‘sino la explotaci\u00f3n del local y de una maquinaria, mediante el pago de una renta mensual'\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al documento de renovaci\u00f3n, dijo que en \u00e9l se impuso como la \u00abvoluntad exclusiva de la Compa\u00f1\u00eda [Hotel Nutibara] y que en sus t\u00e9rminos perentorios, de indudable mala fe, obligaron a la Sociedad [Concesiones J.G.P.] a suscribirlo\u00bb. Manifest\u00f3 que el \u00abotros\u00ed\u00bb modific\u00f3 la cl\u00e1usula d\u00e9cima sexta pero no la decimonovena, en especial el par\u00e1grafo que consagr\u00f3 las causales de terminaci\u00f3n del contrato y el aviso que deber\u00eda dar la parte concedente al concesionario, comunicando los motivos por los cuales finalizaba la relaci\u00f3n contractual de manera unilateral, lo que deber\u00eda ocurrir con 90 d\u00edas de anticipaci\u00f3n a la fecha de entrega del establecimiento, que hace las veces del desahucio contemplado en los art\u00edculos 2011 del C\u00f3digo Civil o 518, 520 y 524 del C\u00f3digo de Comercio. Seguidamente perfil\u00f3 las circunstancias en que el contrato de arrendamiento debe ser renovado por disposici\u00f3n legal y reafirm\u00f3 que en el presente caso tales condiciones \u00abestaban dadas\u00bb. <\/p>\n
Expres\u00f3 la censura que el Tribunal ignor\u00f3 la realidad del contrato y los dem\u00e1s elementos probatorios contenidos en los comprobantes de contabilidad y el dictamen pericial practicado sobre aquellos, en que se observan pagos de impuestos (retenci\u00f3n en la fuente) del 3% por concepto de arrendamientos sobre el monto recibido en cada mes; los testimonios de Javier Gonzalo Ca\u00f1\u00f3n Olaya, Luis Javier Villa P\u00e9rez, Beatriz de Jes\u00fas Pinz\u00f3n L\u00f3pez y Carlos Alberto Montoya, que depusieron acerca de la inexistencia del establecimiento comercial \u00abNutilavaseco\u00bb; el reconocimiento de los documentos que hizo el representante legal de la demandada; \u00ablas obligaciones contraidas (sic) y la forma como se cumplieron\u00bb y la posici\u00f3n dominante de la demandada. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 el cargo expresando que el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho trascendente y manifiesto en la \u00abapreciaci\u00f3n tanto de la prueba documental, como de la testimonial que se dej\u00f3 rese\u00f1ada, pero principalmente en la valoraci\u00f3n del contrato en s\u00ed\u00bb, que determin\u00f3 la violaci\u00f3n de las normas sustanciales enumeradas en la censura, en consecuencia solicit\u00f3 casar la sentencia recurrida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
De ese modo, son los argumentos del ad quem los que deben constituir el objetivo del recurrente, para as\u00ed combatirlos de manera que el ataque demuestre con suficiencia, los yerros que en grado de colosales, evidentes y trascendentes, cometi\u00f3 el juzgador en camino de dirimir la controversia. <\/p>\n
Es por ello que el labor\u00edo en casaci\u00f3n no puede desviarse hacia construir una visi\u00f3n paralela de las pruebas, por m\u00e1s ingeniosa y aguda que parezca; debe en su lugar, presentarla como la \u00fanica lectura posible de los hechos y las pruebas a fin de obtener el quiebre de la sentencia de instancia. En este sentido, ha precisado la Corte que la demostraci\u00f3n id\u00f3nea de un cargo planteado por la v\u00eda indirecta, presupone la presentaci\u00f3n de \u201cargumentos tan concluyentes que la sola exposici\u00f3n del recurrente haga rodar por el piso la labor probatoria del Tribunal\u201d (sent. cas. civ. de 23 de febrero de 2000, Exp. No. 5371), para lo cual es indispensable \u201ccotejar lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa confrontaci\u00f3n brote el desacierto del sentenciador, de manera clara y evidente\u201d (sent. cas. civ. de 29 de febrero de 2000, Exp. No. 6184). <\/p>\n
La Corte ha decantado tambi\u00e9n que \u00abcuando la sentencia objeto del recurso est\u00e1 l\u00f3gicamente apoyada en fundamentos probatorios m\u00faltiples, desvirtuar la presunci\u00f3n de acierto de las conclusiones f\u00e1cticas del Tribunal, supone un ataque panor\u00e1mico, como lo ha denominado la Corporaci\u00f3n, es decir, una impugnaci\u00f3n que comprenda todos los soportes probatorios que fincan la decisi\u00f3n, porque si \u00e9sta es parcial, as\u00ed se demuestren los errores denunciados, los fundamentos no controvertidos y determinantes de ella, la siguen manteniendo y por ende el cargo fracasa, porque la presunci\u00f3n de acierto continuar\u00eda vigente. Se reitera, siempre y cuando ellos sean suficientes, per se, para fundar la resoluci\u00f3n.\u00bb (sent. cas. civ. 23 de octubre de 1999, Exp. No. 5012) <\/p>\n
En el presente episodio, el Tribunal extract\u00f3 sus conclusiones a partir de pruebas que el recurrente no enfrent\u00f3, pues tan s\u00f3lo dirigi\u00f3 la atenci\u00f3n a las documentales que contienen la contabilidad de la demandante, el dictamen pericial practicado sobre \u00e9sta y los testimonios de Javier Gonzalo Ca\u00f1\u00f3n Olaya, Luis Javier Villa P\u00e9rez, Beatriz de Jes\u00fas Pinz\u00f3n L\u00f3pez y Carlos Alberto Montoya, que adujo para alegar la inexistencia de establecimiento comercial anterior en el local ocupado por la demandante; sin parar mientes en que los medios analizados por el juzgador de segunda instancia fueron: la demanda, en cuanto a la existencia de negocio anterior de lavander\u00eda y los aportes de las partes para la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del establecimiento, este \u00faltimo hecho respaldado con el testimonio de Ana Felisa Hern\u00e1ndez Restrepo; el interrogatorio a instancia de parte rendido por el demandante, donde se constata el funcionamiento previo de la lavander\u00eda en el Hotel; la escritura p\u00fablica 1154, fechada el 30 de marzo de 1992 otorgada en la Notar\u00eda Catorce de Medell\u00edn, mediante la cual se constituy\u00f3 la sociedad \u00abConcesiones J.G.P. Ltda\u00bb; el contrato y su \u00abrenovaci\u00f3n\u00bb, probanzas documentales, con que estableci\u00f3, las facultades de \u00abadministraci\u00f3n amplia\u00bb, la proporci\u00f3n del lucro que obten\u00eda el Hotel, la forma de liquidarlo, el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n y la renovaci\u00f3n del negocio. <\/p>\n
De todos los fundamentos relacionados, el censor \u00fanicamente expres\u00f3 inconformidad con la apreciaci\u00f3n que del contrato hizo el sentenciador de segundo grado y entretanto dej\u00f3 los fundamentos capitales de la providencia censurada al margen de la acusaci\u00f3n, lo que demuestra a las claras que el cargo resulta inane frente a la presunci\u00f3n de acierto que es inherente a las sentencias sometidas al tamiz de la casaci\u00f3n, pues todos esos medios de convicci\u00f3n, dejados de lado por el recurrente en su ataque, constituyen suficiente soporte de las conclusiones del tribunal. <\/p>\n
En efecto, ninguna l\u00ednea de su amplia exposici\u00f3n le merecieron al casacionista, el testimonio de Ana Felisa Hern\u00e1ndez Restrepo, el interrogatorio del demandante y el contenido de la demanda, soportes de la sentencia del Tribunal, pues m\u00e1s que el contrato mismo, fueron los antecedentes del negocio celebrado entre las partes, el fundamento capital del resultado interpretativo del ad quem, los que, se insiste, quedaron al margen de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero aun si se dejara de lado la falencia t\u00e9cnica acabada de exponer, el cargo tampoco tendr\u00eda posibilidades de \u00e9xito, porque la interpretaci\u00f3n que hizo el sentenciador de segunda instancia ni siquiera se acerca a los dinteles del absurdo, por el contrario conserva la razonabilidad que permite a las decisiones de instancia superar el juicio en el recurso extraordinario. <\/p>\n
As\u00ed, el demandante acept\u00f3 en el escrito introductorio (fl. 165 Cdno. 1\u00ba) y en el interrogatorio de parte (fl. 11 del Cdno. 3\u00ba), que el \u00ablocal\u2026 estaba dotado de alg\u00fan equipo o maquinaria, con la cual se prestaba el servicio de lavander\u00eda interna del hotel\u00bb luego tal aceptaci\u00f3n refuta su propio planteo, seg\u00fan el cual nunca el Hotel ejerci\u00f3 la actividad comercial se\u00f1alada, porque la existencia de las m\u00e1quinas dispuestas para tal prop\u00f3sito permite evidenciar que explot\u00f3 con anterioridad tal negocio, ya como apoyo a su propia actividad de servicios, ora para la atenci\u00f3n de sus hu\u00e9spedes; el aporte que hizo la sociedad demandada, admitida por ambas partes, de los utensilios para llevar a cabo la labor de lavado, con obligaci\u00f3n de \u00abreversi\u00f3n\u00bb obrante en la estipulaci\u00f3n decimos\u00e9ptima, (fl. 11 cdno 1) a la terminaci\u00f3n del contrato por cualquier causa; la vigilancia de la actividad comercial y de prestaci\u00f3n del servicio, que el \u00abconcesionario\u00bb se reserv\u00f3 para s\u00ed, permiten razonablemente deducir que el negocio jur\u00eddico celebrado entre las partes, contiene estipulaciones que lo distancian del contrato de arrendamiento de local comercial que busc\u00f3 establecer el demandante en sus pretensiones, al cual pudiera aplicarse las normas sobre renovaci\u00f3n que implor\u00f3 deber\u00edan gobernarlo. <\/p>\n
Entonces, puede notarse con amplitud, que exist\u00eda prueba irrefutable de que el demandante no empez\u00f3 de la nada el proyecto econ\u00f3mico en el inmueble, pues antes de la suscripci\u00f3n del contrato, la demandada explotaba la actividad de lavander\u00eda en las instalaciones del hotel. As\u00ed las cosas, los perfiles particulares de la relaci\u00f3n negocial entre las partes determinan que la decisi\u00f3n del tribunal se halla distante de la contraevidencia denunciada, en su lugar, juzga la Corte razonable que el sentenciador de segundo grado, viera un contrato at\u00edpico donde el demandante en casaci\u00f3n atisba un arrendamiento. <\/p>\n
Pero el fracaso del cargo viene adem\u00e1s fortalecido por la amplitud que reconoce la jurisprudencia al trabajo interpretativo que el juzgador despliega sobre los contratos y en tanto esa autonom\u00eda no traspase los confines de la arbitrariedad, resulte notoriamente absurda, il\u00f3gica, o manifiestamente contraria a la realidad, merece el respeto de la Corte, de modo que, habiendo elegido una de las lecturas admisibles que del negocio resultan, no se abre paso el quiebre de la sentencia en casaci\u00f3n, pues este recurso no puede fundarse en la duda sino en la certeza. La Sala, en reiterados pronunciamientos, ha establecido que \u00abcuando el error denunciado se plantea en el \u00e1mbito de apreciaci\u00f3n de hecho por interpretaci\u00f3n de cl\u00e1usulas contractuales, la Corte s\u00f3lo puede entrar a modificar la sentencia objeto del recurso en tanto \u00e9sta se apoye en una interpretaci\u00f3n originante de un yerro manifiesto, el cual sucede cuando el documento contractual s\u00f3lo tenga una forma de interpretaci\u00f3n posible y \u00e9sta sea la propuesta por el impugnante, en contraposici\u00f3n a la elaborada por el Tribunal, que entonces aparece absurda e il\u00f3gica. Si tal elemento admite diversos entendimientos, todos ellos razonables, entonces no se presenta el defecto en menci\u00f3n, m\u00e1xime cuando en materia de interpretaci\u00f3n de contratos, se est\u00e1 frente a una \u201ccuesti\u00f3n que corresponde a la discreta autonom\u00eda de los juzgadores\u201d, como lo ha predicado la Corte (G.J. CXLII, p\u00e1gs. 218 y 219).\u00bb (sent. cas. civ. de 20 de octubre de 2000, Exp. No. 5497). <\/p>\n
En suma, no resulta arbitraria la interpretaci\u00f3n que el Tribunal hizo de la convenci\u00f3n celebrada entre las partes y siendo este el motivo basilar del cargo, el mismo fracasa ante la ausencia del yerro colosal, evidente y trascendente que se endilgara en la censura. <\/p>\n
El cargo no se abre paso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 24 de agosto de 1999, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, ep\u00edlogo del proceso ordinario promovido por Juan Gonzalo Posada Restrepo y la sociedad \u00abConcesiones J.G.P. Ltda.\u00bb contra la compa\u00f1\u00eda Hotel Nutibara S.A. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a la parte recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y vuelva al Tribunal remitente. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-013-2005 [7881] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D.C., veinticinco de enero de dos mil cinco Ref. Expediente No. 7881 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la Sociedad \u00abConcesiones J.G.P. Ltda.\u00bb contra la sentencia de 24 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82863","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82863","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82863"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82863\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82863"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82863"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82863"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}