SC-015-2005 [1988-2287-02]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 1988-2287-02 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpuso el demandante contra la sentencia de 28 de julio de 1998, proferida por la sala civil-familia del tribunal superior del distrito judicial de Barranquilla en este proceso ordinario de Juan Jos\u00e9 Fl\u00f3rez Barrios contra la Electrificadora del Atl\u00e1ntico S.A. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
En la demanda pidi\u00f3se declarar que la demandada debe indemnizar los perjuicios que padeci\u00f3 el actor a causa del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 7 de marzo de 1980 en Barranquilla, cuyo monto asciende a $27\u00b4124.996,24, el que ha de pagar junto con la correcci\u00f3n monetaria y los intereses. <\/p>\n
Los hechos sustentadores de tales aspiraciones se pueden compendiar as\u00ed: <\/p>\n
El culpable de la colisi\u00f3n entre la motocicleta que conduc\u00eda el actor y la camioneta n\u00famero interno 440 de propiedad de la electrificadora, la tuvo el conductor de esta \u00faltima, Pedro Guerrero Gonz\u00e1lez, empleado de la empresa, quien por ello fue condenado a pena de prisi\u00f3n de 18 meses y al pago de $27\u00b4124.996,24 como indemnizaci\u00f3n al demandante. <\/p>\n
Los tratamientos para la recuperaci\u00f3n de las graves lesiones que sufri\u00f3 el actor a causa del accidente, fueron asumidos por la demandada; no as\u00ed los dem\u00e1s perjuicios padecidos, en particular la p\u00e9rdida funcional de su brazo izquierdo, que trunc\u00f3 la carrera profesional iniciada, ni el tratamiento que en procura de su recuperaci\u00f3n se hizo en el extranjero. <\/p>\n
Al contestar, se opuso la demandada a las pretensiones, negando toda responsabilidad y proponiendo la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n demandada\u201d, la que fund\u00f3, entre otras cosas, en que el actor tambi\u00e9n ejerc\u00eda una actividad peligrosa. <\/p>\n
La sentencia estimatoria de primera instancia fue revocada por el tribunal, que en su lugar deneg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Hizo ver de comienzo que aunque la responsabilidad en disputa es la que deviene del hecho de un tercero (Art. 2349 del c\u00f3digo civil), lo cierto es que trat\u00e1ndose de una persona jur\u00eddica \u00e9sta no es predicable; \u201cellas siempre deben responder por su responsabilidad directa (…) por cuanto se ha considerado que las personas naturales al estar al servicio y desarrollo de las funciones asignadas a ellas, realmente est\u00e1n ejecutando un acto de la persona y no uno propio\u201d. <\/p>\n
Y a vuelta de puntualizar lo anterior, se aprest\u00f3 entonces a examinar la responsabilidad directa que cabe en el caso, observando delanteramente que, sin embargo, \u00e9sta no fue acreditada, pues ni las copias del proceso penal tra\u00eddas al litigio, ni la inspecci\u00f3n judicial realizada sobre dicho expediente tienen alcance semejante, cumplidamente porque las probanzas a que ata\u00f1en las primeras no pueden tenerse como prueba trasladada, al no haber sido practicadas con citaci\u00f3n y audiencia de la demandada. <\/p>\n
Las decisiones penales, por su lado, seg\u00fan jurisprudencia constante, no vinculan a la electrificadora, contra quien no fue proferida la \u201corden penal\u201d; de lo contrario, \u201cser\u00eda aceptar que el Juez Civil, fuera un mero transcriptor o trasladador de las decisiones penales\u201d. <\/p>\n
Esto, claro, sin contar con que el actor tambi\u00e9n desplegaba una actividad peligrosa, incluso m\u00e1s que la desarrollada por la demandada, de donde, concluy\u00f3, no es posible aplicar la presunci\u00f3n que a esta clase de responsabilidad cabe respecto de aquella. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Dos cargos, ambos al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, se formulan contra la sentencia, los que se estudiar\u00e1n en el orden propuesto. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Acusa la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1494, 1601, 2341, 2342, 2343, 2347, 2349 y 2352 del c\u00f3digo civil, y 396, 397 y 398 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
Lo desarrolla diciendo que el tribunal no aplic\u00f3 el art\u00edculo 2341 del c\u00f3digo civil, pues apart\u00e1ndose de los hechos de la demanda y los fundamentos de derecho consignados en la misma, \u201cconsider\u00f3 que la norma aplicable al caso era el art\u00edculo 2349\u201d del mismo ordenamiento, exigiendo con fundamento en \u00e9ste prueba de la responsabilidad directa de la demandada. <\/p>\n
El error, explica, \u201cconsiste en situar las pretensiones y los hechos de la demanda, en el \u00e1mbito de la responsabilidad extracontractual por un hecho de un tercero\u201d, en la que es necesario demostrar, adem\u00e1s de la culpa del causante del da\u00f1o, tambi\u00e9n la culpa del tercero responsable, \u201cpero no por la ejecuci\u00f3n del hecho culposo, sino por su culpa en el cuidado, vigilancia del dependiente, en su escogencia y forma de proceder en la ejecuci\u00f3n de sus labores\u201d, sin percatar que la responsabilidad deducida en el presente caso, surge de un hecho ejecutado por la demandada \u201ca trav\u00e9s de un agente suyo (conductor)\u201d. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El cargo, es patente, arranca de la premisa de que la responsabilidad que juzg\u00f3 el ad-quem fue la que deriva del hecho de un tercero; y despegando de dicho aserto es que le achaca los errores hermen\u00e9uticos aludidos. <\/p>\n
Mas, si lo que en rigor viene disputando la acusaci\u00f3n concierne concretamente a la manera como el juzgador contempl\u00f3 la demanda, cual aseg\u00farase bien claro en ella, es notorio entonces que la v\u00eda directa escogida para rebatir el fallo no se acomoda a esa espec\u00edfica protesta, pues s\u00e1bese, la nota caracter\u00edstica de la impugnaci\u00f3n por esta senda est\u00e1 dada en que el recurrente no puede mostrar ninguna aspereza con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica analizada por el sentenciador; ha de desarrollarse, antes bien, \u201cen un plano estrictamente te\u00f3rico con ausencia total de enfrentamientos f\u00e1cticos y probatorios, (…) puesto que la pugna est\u00e1 entonces matizada en el espec\u00edfico tema de la hermen\u00e9utica que las normas jur\u00eddicas defienden cada uno por su lado\u201d (casaci\u00f3n civil sentencia 2 de abril de 2003, expediente 7501). <\/p>\n
La diferencia entre las dos v\u00edas de la causal 1\u00aa est\u00e1 explicada por la Corte as\u00ed: \u201cen materia de casaci\u00f3n es conocid\u00edsimo que el vicio in judicando abreva en dos fuentes igual de contaminadas, pero de diversa naturaleza. Convi\u00e9nese en que, despu\u00e9s de todo, el resultado es el mismo, porque siempre la ofensa ser\u00e1 para el derecho sustancial; en el punto, empero, es de necesidad absoluta distinguir qu\u00e9 es lo que desagrada del juzgador. Se le increpar\u00e1 que su entendimiento del derecho material es deficitario, o que no es el mejor observador del expediente en punto de pruebas. All\u00e1 se le juzgar\u00e1 de poco criterioso en dicho \u00e1mbito; ac\u00e1 de alterar la contienda probatoria que supone el proceso\u201d (casaci\u00f3n civil 20 de septiembre de dos mil- expediente 5705). <\/p>\n
Esto sin contar, obviamente, con que en el fondo la protesta avanza sobre un supuesto que indudablemente no tuvo lugar; en verdad, basta fijar la vista en lo discurrido por el tribunal para advertir que la responsabilidad que juzg\u00f3 no fue la que surge a cuenta del hecho de un tercero, como lo dice el censor, sino la directa, sobre la cual no hall\u00f3 prueba que la avalara. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos antedichos, es frustr\u00e1nea. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Denuncia el quebranto indirecto de los art\u00edculos 2341, 2342 y 2343 del c\u00f3digo civil, por error de derecho en la apreciaci\u00f3n de pruebas, con infracci\u00f3n de los art\u00edculos 174, 175, 176, 177, 179, 183, 185, 187, 244, 283, 30 y 305 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
Lo explica denunciando los siguientes yerros del tribunal: <\/p>\n
a) Err\u00f3 al desestimar el alcance probatorio de la \u00fanica prueba que tuvo como v\u00e1lida, esto es, la inspecci\u00f3n judicial que se hizo al proceso penal; no par\u00f3 mientes en que el prop\u00f3sito de la misma, que fue sometida a contradicci\u00f3n, fue confrontar la autenticidad de las copias que de dicho proceso penal se arrimaron a la demanda. <\/p>\n
b) Incurri\u00f3 en \u201cerror de hecho\u201d, al asegurar que toda la actividad probatoria del actor se redujo a aportar las dichas copias del proceso penal, sin caer en la cuenta de que al proceso se hizo llegar abundante \u201cmaterial probatorio, como lo son: testimonios, declaraci\u00f3n de parte, dictamen pericial m\u00e9dico legista de las lesiones, dictamen pericial avaluador de los perjuicios causados, certificaciones de estudios, certificaciones de la demandada\u201d, seg\u00fan se desprende de los folios pertinentes [que cita] donde figuran el testimonio de Jes\u00fas P\u00e9rez Fuenmayor, los oficios que en su oportunidad remitieron al juzgado el Instituto de Medicina Legal y la propia electrificadora, la certificaci\u00f3n de Prot\u00e9cnica Ltda. y la matr\u00edcula del actor en \u00e9sta como estudiante de aviaci\u00f3n, y, finalmente, el dictamen pericial. <\/p>\n
c) Err\u00f3 al negar valor demostrativo a las copias en cuesti\u00f3n, basado en que no se realizaron con citaci\u00f3n y audiencia de la demandada, por cuanto en dicho proceso aparecen \u201cpruebas documentales elaboradas o expedidas por la propia demandada, y por lo tanto cualquier reparo de ellas debi\u00f3 hacerse en el proceso ordinario en su oportunidad procesal (…) A este respecto la Corte ha dicho que la acci\u00f3n de resarcimiento de perjuicios por responsabilidad delincuencial est\u00e1 subordinada a la imputaci\u00f3n proferida por un Juez del Crimen, y es esta la prueba que es preciso llevar al juicio civil para obtener la indemnizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
d) Por \u00faltimo, consider\u00f3 err\u00f3neamente que responsabilidad imputada a la demandada es la directa, cuando lo cierto es que es la derivada del delito que cometi\u00f3 uno de sus agentes, y se sabe que las personas jur\u00eddicas no pueden incurrir en delitos. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
La queja del impugnador, entonces, viene forjada en la comisi\u00f3n de yerros de iure y f\u00e1cticos del juzgador, por haber desechado el poder de convicci\u00f3n de unas piezas procesales del juicio penal que fueron arrimadas al proceso, al igual que de las decisiones que en dicha instancia se adoptaron, y al no haber percatado que adem\u00e1s de esas pruebas, al litigio se hicieron llegar otras, distintas, algo suficiente para dar cabida a las pretensiones del actor. <\/p>\n
Y, bien mirado ese alegato, al rompe advierte la Corte que, en verdad, por lo menos en cuanto al error f\u00e1ctico, raz\u00f3n tiene el impugnador, pues el tribunal, sin entregarse a la tarea de confrontar el caudal probativo, dio por sentado que las \u00fanicas probanzas del litigio fueron la inspecci\u00f3n judicial y las copias de la causa criminal referida en los autos, a sabiendas de que de ese haz demostrativo brotaba algo diametralmente distinto. <\/p>\n
Adem\u00e1s de la inspecci\u00f3n y de las copias en comento, en efecto, obra tambi\u00e9n el testimonio de Jes\u00fas P\u00e9rez Fuenmayor, los documentos alusivos a la afectaci\u00f3n patrimonial que padeci\u00f3 el actor a causa del accidente, y la pericia en que calcul\u00e1ronse los perjuicios consolidados y futuros que aqu\u00e9l sufri\u00f3, situaci\u00f3n que a la luz de los planteos del cargo deja ver cu\u00e1n omisivo result\u00f3 el fallo, por lo menos en lo relativo al punto. <\/p>\n
Lo cierto, empero, es que muy a pesar de tama\u00f1o desarreglo probatorio, a cuya demostraci\u00f3n, es innegable, basta s\u00f3lo aludir las pruebas preteridas, la acusaci\u00f3n no puede medrar; y todo porque tras la ristra de reparos que hace el censor al decir cu\u00e1les fueron los yerros de la sentencia, no acaba por explicar c\u00f3mo o porqu\u00e9 influyeron en la resoluci\u00f3n del asunto, decisi\u00f3n que, seg\u00fan qued\u00f3 registrado en el resumen, al echar de menos la prueba de la culpa de la demandada, deneg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda; el cargo, en una palabra, qued\u00f3 a la mitad. <\/p>\n
Y es que no otra cosa cabe decir, porque el censor, sin plantear m\u00e1s que la preterici\u00f3n de pruebas, y la inobservancia de la ley probatoria respecto de las piezas penales comentadas, no atina en explicar porqu\u00e9, con esos elementos persuasivos, el fallo del tribunal se resiente de arbitrario, al punto que repele con la l\u00f3gica, labor que para \u00e9l, es evidente, resultaba insoslayable, pues, s\u00e1bese suficientemente, la Corte, justamente a cuenta del car\u00e1cter dispositivo y estricto del recurso de casaci\u00f3n, no puede aplicarse, con una dosis de oficiosidad que repugna esos perfiles de la casaci\u00f3n, a averiguaci\u00f3n semejante. <\/p>\n
As\u00ed es que de poco vale al impugnador demostrar la omisi\u00f3n o, en el caso del yerro de derecho, el quebrantamiento de la disposici\u00f3n probatoria, si nada hay en la acusaci\u00f3n que permita deducir que la culpa, a diferencia de lo que vio el tribunal, s\u00ed estuvo en la demandada; y, por supuesto, apenas con tener claro que hubo pruebas no vistas por el juzgador no es bastante para descubrirlo, pues en ese prop\u00f3sito, se reitera, hab\u00eda el censor de comprobar, eso s\u00ed, como es natural en casaci\u00f3n, trayendo argumentos s\u00f3lidos y macizos para el efecto, que en ellas estaba la prueba del tal elemento de la responsabilidad. <\/p>\n
Todo sin contar, ya desde otro \u00e1ngulo y, obviamente, dejando de lado otras falencias t\u00e9cnicas que se atisban en la acusaci\u00f3n, que en lo ata\u00f1edero a la fuerza vinculante de las decisiones penales sobre lo civil, refriega que en un momento dado alcanza a sugerir el cargo, cuando dijo que \u201cla acci\u00f3n de resarcimiento de perjuicios por responsabilidad delincuencial est\u00e1 subordinada a la imputaci\u00f3n proferida por un juez del crimen, y es esta la prueba que es preciso llevar al juicio civil para obtener la indemnizaci\u00f3n prevista\u201d, contienda cuyo sabor jur\u00eddico resulta inocultable, motivo por el cual el censor no ha podido en este caso esgrimirla por la v\u00eda indirecta, pues est\u00e1 disput\u00e1ndole al tribunal su parecer jur\u00eddico extensamente expuesto en su fallo sobre el reflejo de la cosa juzgada penal en lo civil. <\/p>\n
El cargo, por ende, no tiene buen suceso. <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha y procedencia preanotados. <\/p>\n
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente oportunamente al tribunal de procedencia. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(en permiso) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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