SC-016-2005 [13162-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 13162-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron los demandantes contra la sentencia de 22 de diciembre de 2000, proferida por la sala civil de descongesti\u00f3n del tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1 en este proceso ordinario promovido por Mar\u00eda del Rosario Guevara Puentes y C\u00e9sar Arturo Cardona Guevara contra el Banco Granahorrar S.A. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
En la demanda pidi\u00f3se declarar que el demandado incumpli\u00f3 el contrato de mutuo celebrado con Julio C\u00e9sar Cardona Ospina (q.e.p.d.), cuyo monto habr\u00eda de ser cubierto en 180 cuotas mensuales, al no haber informado oportunamente a Seguros Atlas S.A., como tomador que era de la p\u00f3liza de seguro de vida deudores que le hab\u00eda otorgado dicha compa\u00f1\u00eda, sobre el delicado estado de salud del deudor al solicitar su inclusi\u00f3n como asegurado en la aludida p\u00f3liza. <\/p>\n
Y a cuenta de ello, declarar que el banco es civilmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes en raz\u00f3n de la negativa de la aseguradora a pagar la indemnizaci\u00f3n, por lo que debe asumir todo el monto de la obligaci\u00f3n mutuada. <\/p>\n
En 1995, los demandantes solicitaron a la Corporaci\u00f3n Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar S.A. cr\u00e9dito para adquirir un bien, para lo cual presentaron la solicitud y la documentaci\u00f3n conjuntamente con Julio C\u00e9sar Cardona Ospina. <\/p>\n
Entre los documentos aportados al efecto, anexaron copia de la resoluci\u00f3n de gerencia 01985 de 27 de octubre de 1994, en que la Caja de Previsi\u00f3n Social de Bogot\u00e1 reconoci\u00f3 a Cardona Ospina pensi\u00f3n de invalidez laboral, teniendo en cuenta el informe de medicina laboral donde indicaba que \u00e9ste, de 52 a\u00f1os, presentaba \u00abDIABETES MELLITUS no insulino dependiente, de 25 a\u00f1os de evoluci\u00f3n, pero insulino requiriente de 20 a\u00f1os de evoluci\u00f3n. Presenta RETINOPAT\u00cdA, NEFROPAT\u00cdA Y NEUROPAT\u00cdA DIABETICAS. La nefropat\u00eda diab\u00e9tica ha evolucionado a insuficiencia renal cr\u00f3nica. Adem\u00e1s presenta HIPOTIROIDISMO, en la actualidad es paciente descompensado …’ Por lo anterior el paciente presenta incapacidad del 86 al 90%\u00bb. <\/p>\n
Granahorrar dio aprobaci\u00f3n al cr\u00e9dito, por lo que, am\u00e9n de la suscripci\u00f3n del pagar\u00e9, Julio C\u00e9sar Cardona Ospina se present\u00f3 el 24 de abril de 1995 a suscribir la solicitud individual de seguro de vida grupo -deudor principal, correspondiente a la p\u00f3liza 0437 de Seguros Atlas de Vida S.A. y al cr\u00e9dito hipotecario 100400747070, en la cual el tomador y beneficiario es la corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Materializada la venta y constituido el gravamen pertinente, se registr\u00f3 la escritura y la corporaci\u00f3n procedi\u00f3 al desembolso. Pero Julio C\u00e9sar Cardona Ospina falleci\u00f3 el 18 de mayo siguiente, justo a causa de los padecimientos que ven\u00eda sufriendo; suceso que Mar\u00eda del Rosario comunic\u00f3 a la corporaci\u00f3n, con lo cual inici\u00f3 \u00e9sta los tr\u00e1mites de reclamaci\u00f3n ante la aseguradora, entidad que a la postre objet\u00f3 argumentando reticencia e inexactitud de Cardona Ospina al firmar la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, quien lo hizo sin observaci\u00f3n de ninguna clase sobre su estado de salud. <\/p>\n
El demandado, por su negligencia, es causante directo de dicha objeci\u00f3n, al no haberle entregado la informaci\u00f3n relativa al estado de salud del asegurado que desde antes de la firma de la declaraci\u00f3n de asegurabilidad pose\u00eda, para que aquella decidiera si lo aceptaba como asegurado -exigi\u00e9ndole una prima adicional-, teniendo en cuenta que obrando con total buena fe, nunca pretendi\u00f3 ocultar su estado de salud. <\/p>\n
Se opuso la demandada a las pretensiones; propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abinexistencia de la responsabilidad ante la negativa de Seguros Atlas para pagar el seguro de vida\u00bb y \u00abnulidad relativa del contrato de seguro\u00bb. <\/p>\n
La sentencia desestimatoria de primera instancia fue confirmada por el tribunal al desatar la apelaci\u00f3n de los actores. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Abordando el fondo del asunto, empez\u00f3 por averiguar si en verdad la demandada \u201casumi\u00f3 el d\u00e9bito contractual de gestionar el perfeccionamiento del contrato de seguro de vida de su futuro deudor, para pod\u00e9rsele imputar responsabilidad por su conducta \u2018negligente\u2019\u201d, pesquisa a la que dio respuesta negativa, pues no vio en la escritura de la hipoteca texto convencional expreso que indicase cosa semejante. <\/p>\n
La gesti\u00f3n del banco se concret\u00f3, dijo, a recibir la solicitud de asegurabilidad, para hacerla llegar al asegurador, documento en que, por cierto, hubo absoluto silencio al respecto; por lo dem\u00e1s, el demandado s\u00ed cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de enviar oportunamente a la aseguradora los documentos para la toma del seguro, al punto que fue por ello que el deudor cont\u00f3 con cobertura por el poco tiempo de vida que en adelante tuvo. <\/p>\n
Desde otro \u00e1ngulo, tampoco existe incumplimiento de un deber de origen legal por parte del demandado, pues si bien el art. 1058 del c\u00f3digo de comercio establece en el tomador la obligaci\u00f3n de declarar de manera sincera los hechos que determinan el estado del riesgo, no puede perderse de vista que el art\u00edculo 1039, inciso 2\u00b0, la radica en el asegurado, la que s\u00f3lo puede ser cumplida por \u00e9l; \u201cla declaraci\u00f3n de un asunto tan personal como lo es el estado de salud y la preexistencia de ciertas enfermedades, normas que excluyen responsabilidad del demandado\u201d. <\/p>\n
El art\u00edculo 1041 del c\u00f3digo en cita no es aplicable al caso, toda vez que el \u201cformulario (…) no fue llenado por el demandado, ni \u00e9l estaba obligado a ejercer control de fondo sobre su contenido, y adem\u00e1s porque si tomador y asegurado estaban en posici\u00f3n material de dar dicha informaci\u00f3n, quien en \u00faltimas la suministr\u00f3 fue el deudor, pues fue quien lo llen\u00f3, tal vez bajo la contundencia de que quien ten\u00eda ese real conocimiento era \u00e9ste y no aquella\u201d. <\/p>\n
Y, aun cuando el demandado intervino como tomador y por ello procur\u00f3 que el formulario fuera entregado a la aseguradora, cuando recibi\u00f3 \u201cla informaci\u00f3n sobre la condici\u00f3n de pensionado de su deudor\u201d, no la obtuvo \u201cpara satisfacer el requisito de la garant\u00eda pactada en el contrato de mutuo, sino para establecer la capacidad econ\u00f3mica del mutuario, present\u00e1ndose en un momento diferente la exigencia del llenado del documento de asegurabilidad\u201d en que la entidad financiara ya no interviene, trat\u00e1ndose de un acto propio del asegurado, quien lo llen\u00f3, asumiendo las consecuencias derivadas de dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, sin mandato escrito o verbal, ni disposici\u00f3n legal que obligara al demandado a llenar el formulario, de la que pueda predicarse reticencia en la informaci\u00f3n del d\u00e9bito incumplido, hab\u00eda de ser desestimatoria. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Un solo cargo, al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, se formula contra la sentencia, por el quebranto, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 2221, 2222, 2224, 2230, 2432 y 2457 del c\u00f3digo civil, 64 y 99 de la ley 45 de 1990 (este \u00faltimo, que derog\u00f3 el art\u00edculo 883 del c\u00f3digo de comercio) 121 y 135 a 140 del decreto 663 de 1993, 884, 1036, 1037, 1040, 1042, 1048, 1144 y 1158 del c\u00f3digo de comercio, (modificado el primero por el art\u00edculo 111 de la ley 510 de 1999), 2 y 3 del decreto 1229 de 1972, 1\u00b0 a 4\u00b0, 17 a 19, 38, 39, 41 y 42 de la ley 546 de 1999, y por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1039, 1041 y 1058 del c\u00f3digo de comercio, por error de derecho en la apreciaci\u00f3n de pruebas, con infracci\u00f3n de los art\u00edculos 175, 251, 258 y 264 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
Asegura que el tribunal err\u00f3 al tener como prueba \u00fanica y v\u00e1lida del estado de salud del solicitante del seguro de vida, el documento denominado \u2018solicitud individual de vida grupo-deudor principal\u2019, y de ah\u00ed concluir que con su env\u00edo al asegurador la demandada cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n contractual que ten\u00eda como tomador del seguro. <\/p>\n
El tribunal no pod\u00eda otorgarle a esa solicitud el car\u00e1cter de \u201ccuestionario\u201d, ya que a t\u00e9rminos del art\u00edculo 1058 del c\u00f3digo de comercio, el asegurador deb\u00eda \u201cponer de presente al tomador o asegurado todas las preguntas que considere pertinentes en documento preimpreso, de tal manera que no queden excluidos aspectos necesarios para determinar el verdadero estado del riesgo\u201d; en una palabra, es quien tiene la iniciativa para formularlas. <\/p>\n
En la solicitud, empero, no se formulan las preguntas aludidas; apenas da cuenta de una \u201cdeclaraci\u00f3n adhesiva sobre el estado general de salud del solicitante y la ausencia de diagn\u00f3stico respecto de cuatro (4) espec\u00edficas enfermedades, entre las cuales no figura la que padec\u00eda en ese momento\u201d el solicitante; con el agregado de que el documento, en s\u00ed, tiene un prop\u00f3sito diferente al advertido por el tribunal, \u201ccual es el de permitirle al asegurador la posible inclusi\u00f3n del peticionario en el contrato de seguro de vida grupo para deudores, y la prueba requerida para tal efecto, es exclusivamente el cuestionario que contempla el ya citado inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 1.058, norma que no fue aplicada por el tribunal en su verdadero sentido\u201d. <\/p>\n
De otra parte, cay\u00f3 tambi\u00e9n el sentenciador en error de derecho al negarle m\u00e9rito probatorio a la resoluci\u00f3n de la Caja de Previsi\u00f3n Social de Bogot\u00e1, mediante la cual se le reconoci\u00f3 pensi\u00f3n de invalidez a Julio C\u00e9sar Cardona Ospina, pues al concluir que la demandada no lo obtuvo para satisfacer el requisito de la garant\u00eda pactada en el contrato de mutuo, sino para establecer la capacidad econ\u00f3mica del mutuario, a sabiendas de que fue recibido por la demandada en fecha anterior a la suscripci\u00f3n de la mentada solicitud, y de que la pensi\u00f3n estaba condicionada a la subsistencia de la incapacidad laboral determinada por la diabetes mellitus con 25 a\u00f1os de evoluci\u00f3n, desconoci\u00f3 que como documento p\u00fablico que es, hac\u00eda fe de su otorgamiento y de su fecha. <\/p>\n
As\u00ed que, siendo dicho documento indivisible, como lo es la confesi\u00f3n, prueba tanto la capacidad econ\u00f3mica como el reconocimiento de la pensi\u00f3n por causa de la enfermedad all\u00ed indicada; por modo que si el tribunal no hubiese ca\u00eddo en ese yerro, habr\u00eda establecido que el demandado conoci\u00f3 desde el comienzo de su intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite del cr\u00e9dito y del seguro de vida, el precario estado de salud del solicitante, y por ende, estaba obligado como tomador a informarle a la aseguradora este hecho, tal como lo ordena el art\u00edculo 1041 del c\u00f3digo de comercio. <\/p>\n
Es por ello que el tribunal se equivoc\u00f3 al afirmar que el art\u00edculo 1041 citado no es aplicable al caso remiti\u00e9ndose a una serie de consideraciones acerca de que el mal llamado documento de asegurabilidad \u201cfue llenado por el demandado (sic) en un acto propio del resorte del asegurado, en un momento en el que ya no interven\u00eda la entidad financiera y que \u00e9sta no estaba obligada a ejercer un control de fondo sobre su contenido\u201d, pues al hacerlo dej\u00f3 de \u201capreciar la resoluci\u00f3n (…) por causas ajenas a esta prueba y resultantes de simples circunstancias de tiempo, modo y lugar que de otra parte no son exactas por no corresponder a la realidad\u201d. <\/p>\n
Y todo en cuanto que no es cierto que la solicitud se hubiese llenado as\u00ed, porque el solicitante no tuvo contacto con la aseguradora; la firma del documento se efectu\u00f3 por entrega del formato preimpreso en las oficinas de la demandada y posteriormente enviado al asegurador por \u00e9sta. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
En \u00faltimas, la pendencia impugnaticia toda tiene en mira hacer ver que, al contrario de lo avistado por el tribunal, s\u00ed hab\u00edan razones para que el demandado informase del precario estado de salud al asegurador, al haberle hecho llegar la solicitud de seguro que aqu\u00e9l dio en llenar. <\/p>\n
Y, aunque el cargo cabalga ciertamente sobre la idea de que al no observar que tal obligaci\u00f3n exist\u00eda, el ad-quem cometi\u00f3 yerros de derecho en la contemplaci\u00f3n de pruebas, errores en cuya demostraci\u00f3n, es patente, cae el censor en inocultable confusi\u00f3n, pues sus planteos siempre van enfocados a disputar la materialidad de las probanzas a que se contrae su protesta, lo que en el fondo trata de decir, aunque en t\u00e9rminos no menos ambiguos, es que dadas las especiales circunstancias que rodearon el otorgamiento del cr\u00e9dito y la forma en que se llen\u00f3 la solicitud de seguro, hab\u00eda de concluirse que Granahorrar debi\u00f3 informar, por encima de cualquier circunstancia, de ese estado de salud al asegurador. <\/p>\n
Ese discurrir, sin embargo, no encarna un ataque que se avenga a los dictados estrictos y excepcionales del recurso extraordinario; porque, por lo menos en cuanto toca con las pruebas combatidas, tan s\u00f3lo expresa una disputa de pareceres acerca del alcance que de los hechos litigados propone el recurrente, echando al olvido que la tarea que en casaci\u00f3n incumbe al impugnador, a diferencia de lo que ocurre en las instancias, va mucho m\u00e1s all\u00e1 de perfilar un an\u00e1lisis particular de lo que las pruebas indican; antes bien, de \u00e9l se esperan argumentos s\u00f3lidos y macizos, que con su sola presentaci\u00f3n dejen ver cu\u00e1n deleznable y desafortunado termin\u00f3 siendo el criterio del juzgador, el que, entonces, despojado queda de la presunci\u00f3n de acierto que mientras tanto lo acompa\u00f1a. <\/p>\n
Es que, en verdad, encarar al ad-quem diciendo apenas que el banco, por tener esa informaci\u00f3n, cosa que nadie ha negado y que indudablemente era importante, deb\u00eda trasladarla al asegurador para que evaluara el riesgo, es algo que en la perspectiva probatoria muy poco representa a la hora de combatir el raciocinio del tribunal, porque despu\u00e9s de todo para \u00e9ste el problema no fue jam\u00e1s si el banco conoc\u00eda del estado de salud, sino el saber si por fuerza de lo estipulado en el muto o lo dictado en la ley, ese deber surgi\u00f3 en alg\u00fan momento. <\/p>\n
Y la respuesta que dio a esa pregunta, ya se sabe, fue negativa, en la medida en que no vio ni previsi\u00f3n contractual ni norma legal que as\u00ed lo mandase, lo que traduce, en \u00faltimo resultado, que la disputa que el censor localiza en las mencionadas pruebas es a la postre inocua, incluso impertinente e in\u00fatil; sin contar, claro, con que, acaso consciente de que el problema probatorio no tiene repercusiones de ninguna laya, acab\u00f3 el impugnante reprobando, impropiamente desde luego, porque la v\u00eda que eligi\u00f3 fue la indirecta, la concepci\u00f3n jur\u00eddica que a prop\u00f3sito de la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1039, 1041 y 1058 del c\u00f3digo de comercio, explicit\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
Pero, es notorio, el reproche formulado al juzgador por haber dicho que la ley no prev\u00e9 en cabeza del mutuante o del tomador [en trat\u00e1ndose del seguro por cuenta], la obligaci\u00f3n de informar al asegurador cu\u00e1l es la condici\u00f3n f\u00edsica del asegurado, no comporta otra cosa que rebatir el parecer jur\u00eddico que expuso al rehusar la aplicaci\u00f3n de los preceptos en cuesti\u00f3n, ri\u00f1a para la cual se tiene especificada en casaci\u00f3n una v\u00eda distinta a la indirecta para hacerla valer. <\/p>\n
En tales condiciones, ni por una cosa ni por la otra hay manera de que la acusaci\u00f3n se abra paso. <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha y procedencia preanotados. <\/p>\n
Costas a cargo de los recurrentes. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente oportunamente al tribunal de procedencia. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(en permiso) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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