SC-017-2005 [7653]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintisiete de enero de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Exp. No. 7653 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 7 de diciembre de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, -Sala Civil-, que clausur\u00f3 en segunda instancia el proceso ordinario promovido por El\u00edas Mrad Ortega contra la Federaci\u00f3n Nacional de Cacaoteros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El\u00edas Mrad Ortega entabl\u00f3 proceso ordinario contra la Federaci\u00f3n Nacional de Cacaoteros a fin de que se declarara que esta es responsable de los graves perjuicios materiales y morales causados al demandante por haber sido temerariamente acusado de hechos tildados de delictuales por los cuales luego fue absuelto. <\/p>\n
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2. Las pretensiones se sustentan en los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. El demandante se desempe\u00f1\u00f3 como Gerente General de la Federaci\u00f3n Nacional de Cacaoteros desde el 15 de abril de 1985 hasta el 14 de julio de 1986. <\/p>\n
2.2. La Federaci\u00f3n termin\u00f3 unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo bajo falsas imputaciones hechas al demandante. Este present\u00f3 demanda ante la jurisdicci\u00f3n laboral, proceso que fue adverso a la Federaci\u00f3n en todas las instancias y tambi\u00e9n en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Con las mismas causas aducidas para terminar el contrato de trabajo, la Federaci\u00f3n present\u00f3 denuncia penal contra el demandante, basada en el informe de 7 de julio de 1986 dirigido por el Revisor Fiscal a la Junta Directiva, reporte que fue contestado por Mrad Ortega el 22 de julio siguiente disipando satisfactoriamente las dudas sobre cada objeci\u00f3n y acompa\u00f1ando los anexos correspondiente a las actas de la Junta Directiva. Igualmente Mrad Ortega envi\u00f3 al Ministro de Agricultura una comunicaci\u00f3n en la que le solicitaba la aclaraci\u00f3n de los hechos denunciados, por el bien de la entidad y del gremio agricultor en general. <\/p>\n
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2.4. La Federaci\u00f3n Nacional de Cacaoteros, adem\u00e1s de denunciar al demandante ante la justicia penal, procedi\u00f3 a hacerle falsas imputaciones en peri\u00f3dicos de amplia circulaci\u00f3n nacional, publicaciones aparecidas en el segundo semestre de 1996. <\/p>\n
2.5. En la investigaci\u00f3n penal nacida de la denuncia hecha por la Federaci\u00f3n, el demandante fue llamado a indagatoria implicado en el delito de abuso de confianza, investigaci\u00f3n inicial que luego de haber sido reabierta por el Juez 60 Penal Municipal de Bogot\u00e1 termin\u00f3 por cesaci\u00f3n de procedimiento en raz\u00f3n de la ausencia de m\u00e9rito para llamar a juicio al sindicado. <\/p>\n
2.6. Por la denuncia impetrada el demandante recibi\u00f3 graves perjuicios en el orden moral, social y laboral; las publicaciones irresponsables en los peri\u00f3dicos da\u00f1aron su buen nombre en su ciudad natal, C\u00facuta, y en todo el pa\u00eds, yerro que la Federaci\u00f3n nunca corrigi\u00f3. <\/p>\n
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3. Notificada la demandada se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, neg\u00f3 algunos, acept\u00f3 otro, y dijo desconocer los dem\u00e1s. Como r\u00e9plica adujo no haber causado al demandante los perjuicios que denuncia y aleg\u00f3 inexistencia del hecho da\u00f1oso, hecho de tercero y hecho del demandante. <\/p>\n
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4. Finaliz\u00f3 la primera instancia mediante fallo del 30 de abril de 1998 que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas al demandante, decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 mediante sentencia proferida el 7 de diciembre de 1998 que desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandante. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
El Tribunal parti\u00f3 de aceptar como verdaderos los siguientes enunciados que se hacen sobre los hechos: <\/p>\n
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1. Hubo un informe del Revisor Fiscal que describe irregularidades, el que puesto en conocimiento de la jurisdicci\u00f3n penal, mediante la correspondiente denuncia, origin\u00f3 que se abriera investigaci\u00f3n, lo cual dispuso el funcionario competente mediante auto de 13 de junio de 1987. <\/p>\n
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1. El demandante El\u00edas Mrad Ortega rindi\u00f3 indagatoria porque el Juzgado consider\u00f3 que exist\u00edan los supuestos que la ley procesal exige al efecto. <\/p>\n
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1. En la primera calificaci\u00f3n del m\u00e9rito del sumario, la autoridad penal consider\u00f3 necesario, no la cesaci\u00f3n de procedimiento, sino la reapertura de la investigaci\u00f3n en procura de allegar m\u00e1s elementos de juicio. <\/p>\n
1. Luego de agotado el t\u00e9rmino de ampliaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y recaudadas otras probanzas, el juzgado clausur\u00f3 de nuevo la investigaci\u00f3n y dispuso entonces cesar todo procedimiento contra El\u00edas Mrad Ortega. <\/p>\n
Con fundamento en los anteriores hechos probados el Tribunal formul\u00f3 las siguientes conclusiones: <\/p>\n
2.1. Los presupuestos procesales se cumplieron cabalmente. <\/p>\n
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1. Las personas morales no pueden obrar por s\u00ed mismas, lo hacen por medio de sus agentes, afirmaci\u00f3n que, siguiendo la sentencia de la Corte de 30 de junio de 1962, lleva a decir que la culpa de los agentes es la propia culpa de las personas morales. <\/p>\n
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1. No basta con que haya denuncia penal para deducir responsabilidad civil contra el denunciante, as\u00ed el proceso penal no concluya en condena, pues la jurisprudencia exige la intenci\u00f3n de perjudicar al denunciado o hacerlo con tanto descuido y sin las precauciones que se esperan de una persona prudente y diligente. <\/p>\n
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1. Para el caso, el Tribunal dedujo que la apertura de la investigaci\u00f3n, la indagatoria que orden\u00f3 el juez penal, la necesidad de una ampliaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, muestran que la conducta de la Federaci\u00f3n demandada no fue antojadiza, caprichosa, ni temeraria. <\/p>\n
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1. La atenci\u00f3n que el juez penal le prest\u00f3 a los hechos, la necesidad de extender el periodo de indagaci\u00f3n, resultaron significativos para el Tribunal en la demostraci\u00f3n de ausencia de temeridad. <\/p>\n
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1. Como las publicaciones en prensa, relacionadas con los mismos hechos constitutivos de la denuncia penal fue uno de los motivos de la demanda, el Tribunal no hall\u00f3 responsabilidad por ausencia de prueba de que la Federaci\u00f3n de Cacaoteros las hubiera ordenado. <\/p>\n
Todo lo anterior llev\u00f3 al Tribunal a la conclusi\u00f3n de que no estaban presentes los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad civil extracontractual de la demandada. <\/p>\n
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LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El recurrente formul\u00f3 un cargo contra la sentencia del Tribunal, con fundamento en la causal 1\u00aa del art\u00edculo 368 del C. de P.C., por violaci\u00f3n de la ley sustancial, por la v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 1613, 1614 y 2341 del C.C., a causa de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
En el prop\u00f3sito de demostrar los errores, el casacionista hizo las siguientes reflexiones y conclusiones sobre las probanzas: <\/p>\n
Hay culpa de la Federaci\u00f3n porque el informe del Revisor Fiscal se divulg\u00f3 entre todos los miembros de la junta directiva antes que el gerente los conociera, lo cual se corrobora en el acta n\u00famero 359 de la sesi\u00f3n de los d\u00edas 8 y 9 de julio de 1986 de la Junta Directiva de la Federaci\u00f3n, en la cual se lee que la representante del Gobierno Nacional en dicha Junta dej\u00f3 constancia que en esa entidad se filtraban los informes y se publicaban antes de que los conociera la Gerencia, prueba que si se hubiese apreciado debidamente por el ad quem, le habr\u00eda llevado a la conclusi\u00f3n de que la conducta de la demandada fue culposa. <\/p>\n
La noticia aparecida en la primera p\u00e1gina del diario \u201cEl Tiempo\u201d demuestra la culpa de la Federaci\u00f3n. A este prop\u00f3sito, se pregunta el demandante: \u00bfNo est\u00e1 demostrada en esa publicaci\u00f3n la culpa de la Federaci\u00f3n, aunque ella no los hubiere pagado? Es culpable la demandada, se responde el mismo recurrente, por haber permitido que la noticia saliera a la luz p\u00fablica, pues si no fue el propio afectado quien divulg\u00f3 esa noticia, por obvias razones, y tampoco un tercero, tuvo que ser necesariamente la Federaci\u00f3n quien propal\u00f3 el infundio. <\/p>\n
El error radica, seg\u00fan el demandante, en que el Tribunal ech\u00f3 de menos la prueba del pago de las publicaciones, para bajo este argumento absolver a la demandada. As\u00ed se expresa el demandante a ese respecto: \u201cse difama, se causa da\u00f1o y al Tribunal no le importa eso. Echa de menos un recibito \u2013 del pago- y punto.\u201d Adem\u00e1s la culpa de la Federaci\u00f3n radica en haberle contado a los periodistas los hechos que se debatieron por la junta directiva. <\/p>\n
Se dice luego, que el Tribunal omiti\u00f3 considerar la publicaci\u00f3n que aparece al folio 49, en la que el presidente de la junta directiva de la Federaci\u00f3n informa al periodista que \u201c … los cargos a Mrad por el Revisor Fiscal, son ciertos, y que el m\u00e1s grave es haber certificado aumento de sueldos falsos, con el fin de utilizar esos dineros en el arriendo de un apartamento. Mu\u00f1oz descalific\u00f3 cualquier presunta reuni\u00f3n de la junta directiva para o\u00edr los descargos de Mrad y dijo que este no puede convocarla porque la misma junta lo hab\u00eda destituido.\u201d <\/p>\n
No vio el Tribunal la declaraci\u00f3n de Gustavo Villamil Quintero, quien relata que por el programa 6 a.m. de la emisora \u201cCaracol\u201d se difundieron informaciones para difamar al demandante. <\/p>\n
No fue examinada en la sentencia la informaci\u00f3n que reposa en el expediente penal, la que dar\u00eda cuenta que la denuncia penal fue puesta diez meses despu\u00e9s del informe del Revisor Fiscal y que de manera ingenua se pidi\u00f3 al juez penal ordenar la suspensi\u00f3n del proceso laboral que el demandante ten\u00eda entonces contra la Federaci\u00f3n. En s\u00edntesis \u201cel Tribunal no quiso ver eso y no dice nada de la denuncia penal, a pesar de que si la hubiera visto habr\u00eda fallado reconociendo la culpa y ordenando la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o causado.\u201d <\/p>\n
Pas\u00f3 de largo el Tribunal, seg\u00fan el censor, sobre la providencia penal que dispuso la reapertura de la investigaci\u00f3n y si hubiera reparado en ella habr\u00eda descubierto que la Federaci\u00f3n propici\u00f3 el proceso penal para intentar paralizar el proceso laboral, de lo cual desprende el recurrente un error de hecho manifiesto, que le llev\u00f3 a conclusiones exculpatorias. <\/p>\n
Indiferente fue el Tribunal ante el auto que aparece al folio 69 por el cual el juzgado penal orden\u00f3 que se reabriera la investigaci\u00f3n. Tal auto muestra, dice el censor, que la Federaci\u00f3n no aport\u00f3 las pruebas que all\u00ed se le ped\u00edan, y como no alleg\u00f3 ninguna incurri\u00f3 \u201c as\u00ed en el abuso del derecho de denunciar cosas que no pudo probar.\u201d <\/p>\n
Acepta el casacionista que la sola denuncia no es prueba de la culpa, \u201ceso nadie lo discute\u201d, dijo, en donde reside la culpa es no aportar la prueba que le pidieron, es decir en abandonar el proceso penal. <\/p>\n
A manera de colof\u00f3n el recurrente halla dolo en la divulgaci\u00f3n irregular del informe del Revisor Fiscal, en dar informaci\u00f3n al periodista y posibilitar la noticia aparecida en el diario \u201cEl Tiempo\u201d, tambi\u00e9n por las declaraciones que el presidente de la junta directiva entreg\u00f3 al mismo peri\u00f3dico el 10 de junio de 1986. Tambi\u00e9n se reprocha haber puesto la denuncia penal y haber abandonado el proceso, especialmente por no suministrar las pruebas que le fueron requeridas por el juzgado penal en el periodo de aplicaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
En el caso de ahora, el censor considera que el Tribunal incurri\u00f3 en error manifiesto de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas se\u00f1aladas en la sustentaci\u00f3n del cargo, las cuales debidamente estimadas, hubieran permitido concluir que la Federaci\u00f3n demandada tuvo un comportamiento doloso y culposo, a pesar de ello, el Tribunal juzg\u00f3 en sentido adverso y absolvi\u00f3 a la demandada de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
La Corte concluye que el cargo no puede prosperar por las siguientes razones que a continuaci\u00f3n se esbozan: <\/p>\n
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A este prop\u00f3sito, no sobra reiterar que la investigaci\u00f3n penal se inici\u00f3 fundamentada en el informe presentado por el Revisor Fiscal de la demandada, proceder desprovisto de temeridad, imprudencia o malicia, pues se trata de una obligaci\u00f3n legal del ciudadano procurar que se investigue una conducta sobre la cual se cierne la sospecha de andar por los lindes del c\u00f3digo penal, proceder que no apareja fatalmente responsabilidad en cabeza del denunciante. Es deber de todos los ciudadanos colaborar con la administraci\u00f3n de justicia (Art.95, num.7\u00b0 C. Pol.), y propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico (Art.89 ib.), para lo cual, entre otras cosas, el art\u00edculo 92 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dispuso que \u201cCualquier persona natural o jur\u00eddica podr\u00e1 solicitar a la autoridad competente la aplicaci\u00f3n de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de las conductas de las autoridades p\u00fablicas\u201d. En el mismo sentido, el art\u00edculo 250 ib\u00eddem establece la denuncia como fuente de la actividad de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Todos esos preceptos, desarrollados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, indican que dar noticia de hechos potencialmente delictuosos, para que las autoridades competentes hagan su propia evaluaci\u00f3n y calificaci\u00f3n, no puede constituir abuso del derecho, menos si en principio aquellas autoridades hallan un m\u00ednimo de plausibilidad, hacen eco de la denuncia y dan curso a investigaciones m\u00e1s o menos dilatadas. <\/p>\n
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Sobre este particular ha reiterado la Corte que: \u201cEn este orden de ideas y en cuanto concierne al correcto tratamiento del fen\u00f3meno jur\u00eddico del abuso del derecho, \u00fanicamente cuando el denunciante de una infracci\u00f3n penal act\u00faa entonces con intenci\u00f3n de perjudicar al denunciado, o lo hace sin el cuidado con el que normal y ordinariamente obran las personas prudentes, y de tal proceder se genera un da\u00f1o, aqu\u00e9l incurre en la responsabilidad civil prevista en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, quedando en la obligaci\u00f3n de resarcir el perjuicio causado al sindicado. <\/p>\n
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\u201cIgualmente ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que \u00abno porque una investigaci\u00f3n o proceso penal originado en una denuncia particular termine con auto de sobreseimiento definitivo, tiene por solo ello que reputarse como establecida la culpabilidad del denunciante, puesto que el sobreseimiento ha podido producirse en virtud de incidencias o factores sin repercusi\u00f3n sobre las circunstancias ante las cuales el agente estuvo colocado y que permitir\u00edan configurar de su parte una conducta juiciosa, arreglada a la mente de la ley\u00bb (G.J.T. XCVIII, 375). Dicho en otros t\u00e9rminos, para deducir responsabilidad civil frente a quien ha denunciado a otro como autor de la comisi\u00f3n de un hecho punible, no basta la declaratoria de improcedibilidad de la acci\u00f3n penal o la terminaci\u00f3n del proceso -resoluci\u00f3n inhibitoria, cesaci\u00f3n de procedimiento, preclusi\u00f3n de investigaci\u00f3n, sentencia absolutoria-, sino que es necesario acreditar plenamente el \u00e1nimo de perjudicar o que por parte del denunciante existi\u00f3 un error de conducta al formular la denuncia, en virtud a que en este tipo de controversias es punto de partida la presunci\u00f3n de buena fe que ampara las actuaciones de los particulares en todas las gestiones que adelantan ante las autoridades p\u00fablicas (art. 83 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica)\u201d. (Sent. 079 de 17 de septiembre de 1998. Exp. No.5096). <\/p>\n
Se sigue de lo dicho que el Tribunal no cometi\u00f3 el error que le achaca la censura, cuando no dedujo la secuela que el demandante propuso, pues si la sentencia de segundo grado viene amparada de la presunci\u00f3n y acierto que le es propia, quien se vale del recurso extraordinario, asume la tarea de infirmar esa presunci\u00f3n, cometido para el cual no basta con arrojar conjeturas sobre la estimaci\u00f3n probatoria, sino que es menester que en esa actividad intelectual haya verdadera contraevidencia, es decir que el malestar de la raz\u00f3n venga del s\u00f3lo contraste entre lo que muestra la prueba y lo que dijo el Tribunal. Entonces, si para acreditar el error, son necesarios alambicados razonamientos, especulaciones, c\u00e1lculos y conjeturas, la contraevidencia no esta presente en el razonamiento del ad quem. <\/p>\n
2. Otro de los reparos que el recurrente hace a la sentencia ata\u00f1e a que no fue vista por el juzgador de segunda instancia la informaci\u00f3n venida del expediente penal. A este respecto, no dice la verdad el recurrente cuando acusa tal omisi\u00f3n, pues el ad quem de manera extensa deliber\u00f3 sobre ella, luego de lo cual concluy\u00f3 que si bien es cierto que la investigaci\u00f3n se cerr\u00f3 con cesaci\u00f3n de procedimiento a favor del demandante, previo a dictar tal providencia, el juez penal llam\u00f3 al actor a indagatoria, \u201cy aunque no profiri\u00f3 contra el mismo medida de aseguramiento, tampoco dispuso a su favor la inmediata cesaci\u00f3n de procedimiento\u201d, dado que para ello se requiri\u00f3 de nuevas pruebas, a fin de obtener la debida certeza sobre la existencia del il\u00edcito y la probable participaci\u00f3n de Mrad Ortega, por lo cual, y ante la atenci\u00f3n que dicho funcionario le brind\u00f3 a la denuncia presentada, no pod\u00eda predicarse que hubo temeridad, elemento subjetivo necesario para endilgar responsabilidad civil a la Federaci\u00f3n, todo, con apoyatura en las probanzas que el censor dice fueron omitidas por el Tribunal. Entonces, lo que hizo el recurrente fue atribuir al fallo acusado una omisi\u00f3n inexistente, o dicho de otro modo, contrariar la verdad que muestra la sentencia, lo cual, naturalmente no puede conducir al \u00e9xito de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
En otro de los pasajes de la demanda, el censor acusa de nuevo al ad quem por no haber visto la denuncia penal, reproche que por ser repetici\u00f3n de otro ya hecho, apenas merece recordar que justamente el argumento cardinal del fallo fue el de que la denuncia no es bastante para hacer responsable al demandado, de modo que la disputa sobre el punto resulta est\u00e9ril. <\/p>\n
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3. Sobre la censura que se hace al Tribunal por no haber visto el documento que aparece al folio 379, es menester anotar que tal constancia tan s\u00f3lo recoge la opini\u00f3n de la Doctora Martha Escand\u00f3n, quien all\u00ed sent\u00f3 una cr\u00edtica porque seg\u00fan ella lo que ocurre en la federaci\u00f3n es \u201cque las cosas se hac\u00edan, se sal\u00eda y se publicaban, as\u00ed fue como el informe del Revisor Fiscal, que primero lo emiti\u00f3, envi\u00f3 copias a los comit\u00e9s secci\u00f3nales, a \u2018Sintrafeca\u2019 y despu\u00e9s s\u00ed la gerencia lo conoci\u00f3\u201d. A juicio del casacionista esta prueba demostrar\u00eda la culpa de la demandada, pero deja de considerar que tal documento apenas recoge el comentario de una de las participantes en la junta, postura cr\u00edtica que carece por tanto de relaci\u00f3n con el proceso penal y sus desarrollos; tampoco es evidente la conexi\u00f3n causal de esa constancia con las publicaciones aparecidas en la prensa, reclamos estos que constituyen los pilares b\u00e1sicos de la demanda. La queja de la funcionaria sobre el suministro irregular de informaci\u00f3n no se\u00f1ala por s\u00ed, que de haber visto este documento la sentencia hubiera tomado un curso contrario al que tuvo, por tanto favorable a las pretensiones, por lo que tal reproche resulta intrascendente. <\/p>\n
4. Tambi\u00e9n se ocup\u00f3 el casacionista de acusar al Tribunal por dejar de ver la publicaci\u00f3n del diario \u201cEl Tiempo\u201d que aparece al folio 50 del expediente, en la que se denigra de las actuaciones del demandante como funcionario de la Federaci\u00f3n Nacional de Cacaoteros. Se atribuye as\u00ed a la Federaci\u00f3n culpa en haber suministrado la informaci\u00f3n al diario. A este respecto juzga la Corte, que as\u00ed se hubiera detenido el Tribunal sobre este documento, no habr\u00eda podido concluir, menos como necesidad l\u00f3gica, que la Federaci\u00f3n demandada es responsable del suministro de la informaci\u00f3n, pues el propio recurrente denuncia una conjura de muchas personas y sectores en su contra. <\/p>\n
El casacionista plantea como argumento que si la revelaci\u00f3n a la prensa no la hizo el propio afectado -por obvias razones-, si tampoco la hizo un tercero, tal infidencia a la prensa debe necesariamente tener como fuente a la Federaci\u00f3n. Este argumento del casacionista contiene una verdadera petici\u00f3n de principio, pues para demostrar que la Federaci\u00f3n es culpable de pasar la noticia, es menester aceptar como premisa la exclusi\u00f3n de todos los terceros, cual afirma el recurrente. Entonces, si para disipar la incertidumbre de si fue la Federaci\u00f3n o un tercero quien divulg\u00f3, el impugnador reclama que previamente se acepte sin chistar, la exclusi\u00f3n de todos los terceros, para tener por cierto que fue la Federaci\u00f3n la fuente en la penumbra, as\u00ed, mediante una falacia: tomar como dato indiscutible lo que se debe probar, – que no fue un tercero- demostrar lo mismo que en principio se pide aceptar como probado, que no fue un tercero sino la Federaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora que, si bien se repara, la noticia de fecha 16 julio de 1986 se ocup\u00f3 de presentar las dos versiones, m\u00e1s a\u00fan, se otorg\u00f3 en la publicaci\u00f3n un notorio privilegio al propio demandante, pues la nota se dio a la tarea de reflejar extensamente la posici\u00f3n del se\u00f1or Mrad Ortega y s\u00f3lo marginalmente se expres\u00f3 la opini\u00f3n del se\u00f1or Mu\u00f1oz que, adem\u00e1s, no necesariamente corresponde a la posici\u00f3n de la Federaci\u00f3n. La publicaci\u00f3n deja ver que de los 8 p\u00e1rrafos que se dedican a la noticia, 7 est\u00e1n destinados a recoger la versi\u00f3n del demandante Mrad Ortega y apenas uno a lo dicho por Mu\u00f1oz, lo que si se quiere constituye un caso de desequilibrio informativo en favor de El\u00edas Mrad Ortega, quien a espacio pudo rebatir todo lo que en su contra se dec\u00eda. Se sigue de lo anterior que el documento lejos estar\u00eda de llevar al Tribunal a una conclusi\u00f3n diferente de la que lleg\u00f3, primero porque all\u00ed no se expresa la opini\u00f3n de la Federaci\u00f3n como tal, sino la opini\u00f3n personal de uno de sus funcionarios, en tanto no es, por ejemplo, un comunicado de prensa expedido por aquella; y segundo, porque si la noticia refleja abrumadoramente la opini\u00f3n del demandante no pod\u00eda derivar de ella el da\u00f1o que sirve de fuente a sus pretensiones. <\/p>\n
Se hace patente entonces que el error denunciado no es evidente ni trascendente, pues para que el Tribunal hubiera podido extraer la conclusi\u00f3n que se propone en casaci\u00f3n, tendr\u00eda que haber mutilado la noticia para ver en ella tan s\u00f3lo aquello que perjudica al demandante, sin mirar que el art\u00edculo le dedica un espacio prolongado a la defensa del demandante; y si contra toda sind\u00e9resis as\u00ed hubiera procedido el ad quem, tampoco tendr\u00eda por qu\u00e9 concluir que lo dicho por Mu\u00f1oz era la opini\u00f3n de la Federaci\u00f3n, pues todo se hizo en un debate que como la noticia lo cuenta, expresaba una confrontaci\u00f3n de opiniones de diversos sectores comprometidos en una disputa por el poder dentro de la Federaci\u00f3n, reyerta no ideada por la asociaci\u00f3n gremial, sino ocurrida dentro de su seno. En el contenido de la noticia, el propio demandante denuncia ser objeto de una conjura urdida por el sindicato, las Seccionales de la Federaci\u00f3n, el Revisor Fiscal, algunos miembros de la Junta Directiva, el grupo del Se\u00f1or Joaqu\u00edn D\u00edaz, las presiones del ingeniero Nelson Ihama, jefe de la Seccional Meta; todo dentro de un contexto de lucha por el poder en \u00e9poca electoral, lo cual se\u00f1ala que cualquiera de ellos pudo suministrar la noticia al diario. <\/p>\n
En lo que toca con la noticia divulgada en la edici\u00f3n de 10 de julio de 1986, que registra la destituci\u00f3n de Mrad Ortega y las irregularidades que la originaron, no podr\u00eda prosperar la acusaci\u00f3n contra la sentencia, pues el documento con el que se intent\u00f3 la prueba, por tratarse de una fotocopia del peri\u00f3dico, carece de toda formalidad y ni siquiera podr\u00eda recibir la atenci\u00f3n del Tribunal. Entonces, adem\u00e1s de que no era posible que el Tribunal atribuyera a la Federaci\u00f3n ser la fuente de la noticia, pues tal cosa no se expresa en el contenido de \u00e9sta, tampoco hay prueba de ella que sea v\u00e1lidamente producida, pues seg\u00fan muestra el expediente, la parte demandante fracas\u00f3 en la ingente actividad procesal tendiente a abastecer al proceso de los ejemplares de los diarios con las debidas certificaciones del director. <\/p>\n
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5. Tambi\u00e9n el recurrente dice que hay error de hecho por no haber visto la decisi\u00f3n que orden\u00f3 la reapertura de la investigaci\u00f3n, pues en ella se orden\u00f3 a la demandada aportar otras pruebas para sustentar el compromiso penal del demandante, si el Tribunal hubiera visto esa pieza procesal habr\u00eda concluido en la declaraci\u00f3n de responsabilidad de la demandada. Carece de raz\u00f3n el recurrente en este preciso reclamo, pues de dicha providencia del juicio penal, no pod\u00eda el Tribunal inferir nada distinto del fracaso del juez penal en su prop\u00f3sito de investigar, pues de all\u00ed no se derivan deberes especiales para el denunciante, como el de aportar m\u00e1s pruebas a ese proceso o atenderlo hasta su fin. Si el denunciante, hoy demandado, no aport\u00f3 otras pruebas y abandon\u00f3 el proceso, tales reproches apenas constituyen una nueva apreciaci\u00f3n que pretende superar en agudeza e ingenio a la perge\u00f1ada por el Tribunal, pero de ninguna manera es la \u00fanica lectura posible de las pruebas, ni de ella se infer\u00eda necesariamente la responsabilidad de la Federaci\u00f3n como lo propone el demandante en casaci\u00f3n. Baste con decir que en materia penal al \u00f3rgano jurisdiccional del Estado le ata\u00f1e la recolecci\u00f3n de las pruebas y llevar el juicio hasta su culminaci\u00f3n, por lo que la censura que se hace a la demandada por haber abandonado el proceso penal, es enteramente desafortunada como fuente de la responsabilidad. <\/p>\n
De lo expuesto se concluye que el Tribunal no incurri\u00f3 en los yerros que le imputa el recurrente y por lo tanto el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 7 de diciembre de 1998 pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario promovido por El\u00edas Mrad Ortega contra la Federaci\u00f3n Nacional de Cacaoteros. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-017-2005 [7653] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D. C., veintisiete de enero de dos mil cinco Ref. Exp. No. 7653 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82867","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82867","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82867"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82867\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82867"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82867"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82867"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}