SC-019-2005 [1992-3263-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: expediente 1992-3263-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron el demandante y la sociedad demandada contra la sentencia de 27 de diciembre de 2000, dictada por la sala civil de descongesti\u00f3n del tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario de Alejandro Hern\u00e1n Guti\u00e9rrez Prieto contra Luis Alejandro Prieto Gonz\u00e1lez y Flota La Macarena S.A., la que llam\u00f3 en garant\u00eda a Seguros del Estado S.A. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
En el libelo incoativo pidi\u00f3se que, previa declaraci\u00f3n de responsabilidad, fuesen condenados los demandados a pagar $300’000.000, \u00f3 lo establecido en el proceso, as\u00ed como los intereses, correcci\u00f3n monetaria, e indemnizaci\u00f3n por perjuicios materiales y morales objetivados y subjetivados. <\/p>\n
Como hechos fueron narrados los siguientes: <\/p>\n
El 5 de octubre de 1989, en la carretera de Bogot\u00e1 a Villavicencio se desplazaba el actor en el campero de placas CRA 207, conducido por el codemandado Prieto Gonz\u00e1lez, quien colision\u00f3 de frente con un bus de Flota La Macarena S.A. de placas SE-5644 entre Chipaque y C\u00e1queza, por culpa del veh\u00edculo de servicio p\u00fablico que ven\u00eda en direcci\u00f3n opuesta, en contrav\u00eda y tratando de sobrepasar a un cami\u00f3n en curva. <\/p>\n
Alejandro Hern\u00e1n sufri\u00f3 lesiones en la cadera y pierna derecha, que seg\u00fan el \u00faltimo dictamen del Instituto de Medicina Legal le ocasionaron noventa (90) d\u00edas de incapacidad provisional, y secuelas permanentes de deformidad f\u00edsica y perturbaci\u00f3n funcional del \u00f3rgano de locomoci\u00f3n por acortamiento de la pierna. Fue sometido a cirug\u00eda ortop\u00e9dica en la Cl\u00ednica de Marly, donde le implantaron un platino con doce tornillos por quiebre del cuello de la cabeza del f\u00e9mur, por un valor de $3’000.000, adem\u00e1s de requerir nuevo tratamiento quir\u00fargico. <\/p>\n
Estuvo m\u00e1s de seis meses sin moverse ni laborar como abogado en las oficinas que ten\u00eda en Bogot\u00e1 y Puerto Boyac\u00e1, acreditadas durante diez a\u00f1os, las que abri\u00f3 luego de trabajar en la rama judicial, dejando de percibir m\u00e1s de $3’500.000 mensuales, pues varios negocios le fueron revocados y en otros sustituy\u00f3 el poder. Su capacidad laboral est\u00e1 mermada porque para el litigio necesita caminar y esto es dif\u00edcil por tener la pierna derecha m\u00e1s corta, adem\u00e1s que por la deformidad es \u00abobjeto de situaciones rid\u00edculas\u00bb y no recibe el mismo trato social. <\/p>\n
Flota La Macarena S.A. refut\u00f3 la demanda y propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abfalta de demostraci\u00f3n de los perjuicios\u00bb, \u00abintervenci\u00f3n de un tercero en la causaci\u00f3n del da\u00f1o\u00bb, \u00abbeneficio de divisi\u00f3n de la obligaci\u00f3n de indemnizar a la v\u00edctima\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para reclamar los gastos tocantes con atenci\u00f3n m\u00e9dica y hospitalaria\u00bb y, por \u00faltimo, llam\u00f3 en garant\u00eda a Seguros del Estado S.A., en virtud de la p\u00f3liza colectiva que amparaba el carro accidentado. <\/p>\n
Vinculada la aseguradora op\u00fasose a las pretensiones, aclarando que hay un l\u00edmite del valor asegurado y un deducible; dijo excepcionar alegando \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro\u00bb, \u00abl\u00edmite de responsabilidad\u00bb e \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El codemandado Luis Alejandro Prieto Gonz\u00e1lez tambi\u00e9n resisti\u00f3 las pretensiones, y como medios exceptivos formul\u00f3 los de \u00abfuerza mayor o caso fortuito\u00bb e \u00abintervenci\u00f3n de un elemento extra\u00f1o a la v\u00eda en la direcci\u00f3n Bogot\u00e1-Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
El juzgado 20 civil del circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 29 de octubre de 1999 declar\u00f3 responsable a Flota La Macarena S.A., y acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de Prieto Gonz\u00e1lez, conden\u00f3 a la empresa transportadora a pagar por da\u00f1o emergente $16’040.000, por lucro cesante $64’538.886, ambas sumas parcialmente indexadas desde su causaci\u00f3n, y al inter\u00e9s bancario aumentado en la mitad en caso de mora; a $30’000.000 por perjuicios morales; a su vez conden\u00f3 a Seguros del Estado S.A. a pagar a la codemandada el monto asegurado de $1’500.000 seg\u00fan lo pactado; y al demandante lo conden\u00f3 en costas a favor de Luis Alejandro, y a la transportadora respecto del demandante. <\/p>\n
El tribunal en su decisi\u00f3n modific\u00f3 el fallo apelado declarando solidariamente responsables a los demandados por los da\u00f1os ocasionados, conden\u00e1ndolos a pagar por da\u00f1o emergente $2.752 como gastos hospitalarios, $905.000 por el tratamiento psiqui\u00e1trico, indexados con el \u00edndice de precios al consumidor, m\u00e1s el 6% de inter\u00e9s anual desde su causaci\u00f3n, a $13\u2019000.000 por la futura intervenci\u00f3n quir\u00fargica, por lucro cesante $60\u2019800.000; perjuicios morales $10\u2019000.000; y en costas de ambas instancias a los demandados. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Luego de precisar que la presunci\u00f3n de culpa puede desvirtuarse con prueba de un \u00absuceso extra\u00f1o\u00bb, observa que la transportadora es responsable por los da\u00f1os, debido a que desplegaba una actividad peligrosa, y si las pruebas del proceso penal seguido por el juzgado promiscuo municipal de Chipaque no pueden tenerse como trasladadas al no haberse recaudado con audiencia de ella, aparece el croquis del accidente y las fotograf\u00edas allegadas, sometidas a contradicci\u00f3n. No demostr\u00f3 la sociedad demandada causal de exoneraci\u00f3n. <\/p>\n
El otro demandado es responsable porque tambi\u00e9n ejerc\u00eda una actividad peligrosa, y no se preocup\u00f3 por acreditar una causal eximente, pues el croquis del accidente no es suficiente prueba de que la colisi\u00f3n hubiese sido por culpa exclusiva del conductor del bus; conclusi\u00f3n reforzada con las declaraciones del actor y ambos conductores en el proceso penal, pruebas que valora respecto de Luis Alejandro, por haber sido practicadas con su audiencia. <\/p>\n
Los da\u00f1os del demandante fueron probados con las copias remitidas por el juzgado municipal citado, una carta y copia de la historia cl\u00ednica de urgencias de la Cl\u00ednica de Marly, la copia de la \u00abhistoria cl\u00ednica psiqui\u00e1trica\u00bb, el testimonio del m\u00e9dico tratante, y el dictamen de peritos m\u00e9dicos, conforme a los cuales aqu\u00e9l sufri\u00f3 da\u00f1o en la pierna derecha, consistente en fractura del cuello del f\u00e9mur, que le gener\u00f3 secuelas funcionales y est\u00e9ticas permanentes. <\/p>\n
Al establecer la cuant\u00eda de los da\u00f1os materiales, el juzgador de segunda instancia precisa el da\u00f1o emergente as\u00ed: <\/p>\n
a) Los gastos en la Cl\u00ednica de Marly, cuando se le practic\u00f3 una \u00abosteos\u00edntesis de fracturas de cuello di\u00e1fisis de f\u00e9mur derecho, placa tornillo de Richard injertos \u00f3seos\u00bb, fueron de $459.403, de los cuales el demandante pag\u00f3 $2.752. El valor de dos millones de pesos no puede tenerse en cuenta porque el documento fue por la atenci\u00f3n en el Instituto de Ortopedia y Cirug\u00eda Pl\u00e1stica en la misma fecha en que estaba siendo atendido en Marly. <\/p>\n
b) La atenci\u00f3n psiqui\u00e1trica que hubo de recibir el actor a ra\u00edz del accidente, seg\u00fan consultas a fines de 1989 y en 1990, tuvieron un costo total de $905.000 seg\u00fan la documentaci\u00f3n allegada y el testimonio rendido por el m\u00e9dico tratante. <\/p>\n
c) Conforme al dictamen de peritos m\u00e9dicos, el demandante debe someterse a una intervenci\u00f3n futura para extraerle los elementos extra\u00f1os que tiene en la pierna, cuyo valor asciende a $13’000.000; cifra que acoge por no haberse demostrado cuant\u00eda diferente y \u201chaberse aportado el r\u00e9gimen tarifario contenido en el decreto 2423 de 1996 emanado del Ministerio de Salud, el que no ofrece certeza sobre una suma diversa\u201d. <\/p>\n
Y en torno al lucro cesante, determin\u00f3: <\/p>\n
a) Conforme a fotocopia autenticada del contrato de prestaci\u00f3n de servicios celebrado el 15 de septiembre de 1989, Colseguridad Ltda. pagar\u00eda $1’500.000 mensuales al actor, por tres a\u00f1os, negocio no ejecutado debido al accidente, como lo dijo el representante legal de la entidad en su testimonio y consta en las comunicaciones cruzadas entre las partes, que fueron allegadas. Esto le habr\u00eda reportado $36’000.000. <\/p>\n
b) Respecto de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios y mandato celebrados por el demandante con la Caja Agraria, puesto que en algunas \u00f3rdenes de pago fueron registrados desembolsos con posterioridad al accidente, concluye que la ejecuci\u00f3n de los negocios no qued\u00f3 frustrada con el accidente. <\/p>\n
c) El contrato de asesor\u00eda permanente con Rafael Antonio Salamanca, ces\u00f3 de ejecutarse por causa del accidente, seg\u00fan documentos adjuntos y el testimonio del \u00faltimo, que a pesar de ser tachado ofrece credibilidad; faltaban 21 meses a $800.000 cada uno, para un subtotal de $16’800.000, m\u00e1s $11’000.000 por el tr\u00e1mite de unos procesos penales y civiles, de todo lo cual deben descontarse $3’000.000 pagados como adelanto, quedando un saldo de 24’800.000. <\/p>\n
d) En cuanto a los contratos laborales del actor con los abogados Mar\u00eda del Rosario Yordan y Julio C\u00e9sar Prieto Leal para que atendieran sus negocios, la doctora Yordan en su declaraci\u00f3n advirti\u00f3 sobre disminuci\u00f3n de la clientela y su colaboraci\u00f3n con aqu\u00e9l en diligencias judiciales desde antes de la ocurrencia del accidente, revelando que su presencia en los archivos examinados por los peritos no s\u00f3lo tiene justificaci\u00f3n en las sustituciones por la incapacidad del demandante, sino tambi\u00e9n en actuaciones previas a la misma. Por eso, de los documentos aportados no hay certeza de los honorarios que el demandante devengaba, \u00abni su existencia exacta antes del accidente\u00bb, pues de \u00e9sta s\u00f3lo dan cuenta manuscritos sin valor probatorio por \u00abser documentos en los que no consta nada en particular y si mucho en general y unas certificaciones procedentes de diversos despachos judiciales que tampoco tienen la virtualidad de mostrar el monto de lo dejado de percibir\u00bb. <\/p>\n
e) Los tres dict\u00e1menes rendidos, uno de ellos en virtud de una objeci\u00f3n, no son de gran utilidad, pues aunque eran para determinar el lucro cesante, no var\u00edan lo considerado, toda vez \u00abque no aportan elementos de juicio diferentes que den lugar a afirmar que en efecto se demostr\u00f3 la existencia de un monto mayor dejado de percibir\u00bb. Si el demandante llevaba bastantes procesos en sus oficinas, la experticia a folios 192 del cuaderno 2 fue rendida en \u00abforma demasiado amplia, casi que estad\u00edstica\u00bb, que no permite acogerla, toda vez que la disminuci\u00f3n del trabajo en los procesos no es una consecuencia necesaria e inseparable del accidente, pues \u00ablos procesos terminan por una u otra raz\u00f3n\u00bb. Los dict\u00e1menes no son vinculantes y en este caso no determinan con certeza el monto del lucro cesante, y no puede partirse de un estudio estad\u00edstico, pues son asuntos susceptibles de probarse con exactitud. <\/p>\n
En los perjuicios morales, que deben tasarse con el arbitrium iudicis, las lesiones sufridas por el actor le generaron una perturbaci\u00f3n funcional y deformidad f\u00edsica permanente, secuelas estas con relevancia para el desarrollo personal, para las cuales necesit\u00f3 tratamiento psiqui\u00e1trico, as\u00ed no tengan relevancia para ejercer la abogac\u00eda, que \u00abconlleva un mayor porcentaje de labor intelectual\u00bb. Estima estos perjuicios en $10’000,000 y no en la suma se\u00f1alada por el juzgado. <\/p>\n
Para culminar el fallador anota que la excepci\u00f3n de \u00abbeneficio de divisi\u00f3n de la obligaci\u00f3n de indemnizar a la v\u00edctima\u00bb no es de recibo, porque al tratarse de varios coautores del da\u00f1o, la responsabilidad es solidaria. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Cinco cargos fueron propuestos as\u00ed: dos por el demandante por la causal primera de casaci\u00f3n que ser\u00e1n despachados en forma conjunta; y tres por la sociedad demandada por la misma causal, de los cuales s\u00f3lo el cargo segundo se resolver\u00e1 de manera independiente. <\/p>\n
A. De la demandante: <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Ac\u00fasase la sentencia de violar, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, los art\u00edculos 1613, 1614, 1615, 2341 y 2356 del c\u00f3digo civil, 209, 210 y 216 del c\u00f3digo laboral, 16 de la ley 446 de 1998, 187, 213, 232, 233, 241, 251, 252, 277 y 279 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
Anota el casacionista que el dictamen de m\u00e9dicos, efectuado una vez allegada la historia cl\u00ednica, determin\u00f3 en relaci\u00f3n con el lucro cesante, entre otras cosas, que las lesiones le causaron una perturbaci\u00f3n funcional que merma su capacidad de locomoci\u00f3n y la actividad f\u00edsica en un 40%, secuela que le genera un 40% de disminuci\u00f3n en su productividad diaria o capacidad laboral, de acuerdo con las reglas y tablas de valuaci\u00f3n de incapacidad previstas en los art\u00edculos 209, 210 y 211 del c\u00f3digo sustantivo del trabajo, pues como litigante requiere caminar y desplegar trabajo f\u00edsico din\u00e1mico en forma permanente para las distintas asesor\u00edas y tr\u00e1mites judiciales que le encomiendan porque, como le dec\u00eda un profesor, \u00abla profesi\u00f3n del abogado litigante es como la del futbolista: mucha pata y uno que otro cabezazo\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, como lo expuso en el alegato de conclusi\u00f3n, si s\u00f3lo se toman en cuenta los $800.000 mensuales que devengaba por la asesor\u00eda permanente a Salamanca, y se multiplican por 23 a\u00f1os \u00f3 276 meses (hasta llegar a los 65 a\u00f1os), son $220’800.000 y el 40% de estos es $88’320.000, que es el valor de baja en su producci\u00f3n, m\u00e1s correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
El tribunal dijo que la perturbaci\u00f3n no tiene \u00abrelevancia a la hora de ejercer la profesi\u00f3n de abogado que conlleva intr\u00ednsecamente un mayor porcentaje de labor intelectual que f\u00edsica\u00bb. Un litigante necesita sus piernas para producir, y todas las pruebas referentes a la disminuci\u00f3n del 40% en la productividad constan \u00abostensiblemente en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Del testimonio de la abogada Mar\u00eda del Rosario Yordan Ram\u00edrez, as\u00ed como de las \u00abfotocopias\u00bb allegadas, emana claramente que la vincul\u00f3 mediante contrato de trabajo suscrito el 20 de octubre de 1989, que obra en el expediente, dada su incapacidad despu\u00e9s del accidente para atender las oficinas de Bogot\u00e1 y Puerto Boyac\u00e1, incluyendo los pleitos en curso y los nuevos que llegaron, documentos que ense\u00f1an que las fechas de presentaci\u00f3n de las demandas, contestaciones y otros escritos, fueron despu\u00e9s del percance; igualmente la abogada arrim\u00f3 el contrato laboral con Julio C\u00e9sar Prieto Leal, de 15 de febrero de 1990, para \u00abdependiente judicial\u00bb, y las certificaciones de \u00abdiversos juzgados\u00bb sobre las actuaciones de ella en desarrollo del pacto laboral. <\/p>\n
Tambi\u00e9n est\u00e1 el testimonio del abogado Arsenio Ortega \u00c1vila, compa\u00f1ero de oficina, quien explic\u00f3 la labor de esos empleados despu\u00e9s del accidente. <\/p>\n
El tribunal valor\u00f3 err\u00f3neamente la vinculaci\u00f3n laboral y el testimonio de la abogada, al anotar que pod\u00eda corresponder a actuaciones anteriores, y al decir que no hab\u00eda certeza de los honorarios, porque Mar\u00eda del Rosario aport\u00f3 \u00abveintiocho fotocopias para probar su testimonio\u00bb, algunas sacadas de los libros que llevaba para el control de los procesos que permiten obtener esa certeza, pues en veintis\u00e9is de las fotocopias (folios 50 a 75 cuaderno 3) \u00abse puede leer en la parte superior (…) el valor de los honorarios pactados y en columnas muy bien delimitadas y especificadas, la fecha, el concepto, el valor recibido, el dinero que recib\u00ed y el dinero que le correspondi\u00f3 a la doctora\u00bb, 40% y 60%, respectivamente. <\/p>\n
Adem\u00e1s de que esos manuscritos s\u00ed tienen valor probatorio y no son gen\u00e9ricos, \u00abtoda vez que en ellos consta en forma particular y espec\u00edfica\u00bb el valor y el reparto de honorarios, seg\u00fan las cl\u00e1usulas segunda y quinta del contrato laboral, dejando el tribunal de condenar a los demandados por $17’377.183 por lucro cesante y que corresponden al 60% de lo pagado a aquella, lo que puede leerse en los folios citados. Los documentos fueron sacados de un \u00ablibro de contabilidad\u00bb de la abogada, y son aut\u00e9nticos, con el mismo valor que los p\u00fablicos, porque en el proceso hay certeza de quien los elabor\u00f3, conforme a los art\u00edculos 252 y 277 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
En otro aparte del cargo sostiene el censor, en relaci\u00f3n con el da\u00f1o emergente, que el tribunal valor\u00f3 err\u00f3neamente el testimonio de la abogada citada, los documentos que \u00e9sta alleg\u00f3 y el testimonio del abogado compa\u00f1ero de oficina, de los cuales se deduce: el pago a Mar\u00eda del Rosario por $728.400 de transporte y vi\u00e1ticos para el control de procesos, y $9’000.000 por salarios de diez meses; le adeuda 5’400.000 por salarios y $2’468.798 por prestaciones. En esos documentos puede leerse que pag\u00f3 a Julio C\u00e9sar Prieto Leal $3’229.380 por prestaciones sociales, y aunque no hay constancia del pago de salarios puede deducirse del contrato de trabajo que fueron de $13’700.000 por contratos y gastos posteriores al accidente. <\/p>\n
El tribunal pas\u00f3 por alto las fechas de los contratos laborales, a pesar de ser aut\u00e9nticos (art\u00edculos 252, 177 y 279 ib\u00eddem), y dej\u00f3 de incluir en la condena la suma de $31’296.798; las pruebas no fueron apreciadas en conjunto, como manda el art\u00edculo 187 del mismo ordenamiento, por considerarse que las actuaciones de la abogada pod\u00edan ser desde antes del accidente. <\/p>\n
Tambi\u00e9n alega el recurrente que, \u201cparece, que en el par\u00e1grafo 5\u00ba de la sentencia (…) por las consideraciones que tiene en cuenta, la Sala reconoce solamente los perjuicios morales subjetivados\u201d, pero no los \u00abmorales objetivados\u00bb que pidi\u00f3 en la demanda, pues dej\u00f3 de apreciar el dictamen de los peritos m\u00e9dicos, que tasaron los \u00abperjuicios morales objetivos\u00bb en $20’000,000. Los m\u00e9dicos fueron acuciosos al ponderar la normalidad corporal y f\u00edsica de una persona, como \u00e9l, cuyos defectos notorios ocasionados por el accidente le generan complejos y vulneran su presentaci\u00f3n personal y statu. <\/p>\n
El tribunal no defini\u00f3 ni diferenci\u00f3 los perjuicios morales subjetivados y objetivados; estos \u00faltimos no tienen que ver con el pretium doloris, sino con su statu para el ejercicio de la abogac\u00eda. Por no apreciar las pruebas en conjunto, el fallador dej\u00f3 de condenar a los demandados por ese concepto. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Denuncia el fallo por quebranto de los art\u00edculos 1612, 1614, 2351 del c\u00f3digo civil, y 16 de la ley 446 de 1998. <\/p>\n
Dice el recurrente que los montos por lucro cesante y perjuicios morales no fueron objeto de correcci\u00f3n monetaria a pesar de haberlo pedido en la demanda, no obstante que toda indemnizaci\u00f3n de perjuicios debe ser actualizada con el IPC, o la UVR u otros factores; el art\u00edculo 16 de la ley 446 de 1998 ordena que la valoraci\u00f3n de da\u00f1os debe atender a los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad, observ\u00e1ndose criterios t\u00e9cnicos actuariales, el \u00abconcepto integral de una suma de dinero\u00bb incluye capital m\u00e1s rendimientos, y si se trata, como en el caso, de recursos sin pacto de rendimientos, debe haber compensaci\u00f3n por la p\u00e9rdida de poder adquisitivo, m\u00e1s el inter\u00e9s legal del 6% anual como m\u00ednimo. <\/p>\n
Por violar -el tribunal- la norma sustancial que obliga a que toda suma por concepto de da\u00f1os incluya la correcci\u00f3n monetaria, omiti\u00f3 la condena total por falta de este concepto, y por tanto, no qued\u00f3 completa la condena. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Impulsado el cargo primero por los montos de los perjuicios materiales y morales, en cuanto el censor pretende m\u00e1s de lo concedido por el tribunal, d\u00e9jase sentado de una buena vez, en relaci\u00f3n con los materiales, que aqu\u00e9l plantea una interpretaci\u00f3n o evaluaci\u00f3n distinta a la del fallo, pero no logra demostrar que en verdad, en lo del tribunal, haya un error rutilante. <\/p>\n
El recurrente sostiene que de acuerdo con el dictamen de peritos m\u00e9dicos, las lesiones sufridas le causaron una merma en la capacidad \u00abde locomoci\u00f3n\u00bb igual al 40%, y por ah\u00ed derecho concluye que esa secuela le genera una incapacidad laboral del mismo porcentaje, del 40%, afirmaci\u00f3n que sostiene con el solitario argumento de que la profesi\u00f3n de abogado litigante requiere las piernas, en mayor medida, para trabajar. <\/p>\n
V\u00e9ase, pues, que no suministra el m\u00e1s m\u00ednimo elemento de juicio para demostrar la contra-evidencia del fallo, que es como logra edificarse el error de hecho en casaci\u00f3n, porque, aparte de las manifestaciones de los m\u00e9dicos, que ciertamente afirman una mengua de la \u00abcapacidad de locomoci\u00f3n en un 40%\u00bb (folios 393 y siguientes cuaderno 3), no indica con base en qu\u00e9 fundamento o prueba objetiva obrante en el proceso puede demostrarse que un profesional del derecho tiene un descenso de productividad laboral y en una proporci\u00f3n exactamente al mismo porcentaje de la incapacidad, ni prueba, en consecuencia, cu\u00e1n equivocado pudo andar el tribunal al sostener que la gesti\u00f3n del abogado es preponderantemente intelectual. <\/p>\n
Desde luego que el ligamen entre capacidad de locomoci\u00f3n de las personas y su productividad laboral, envuelve tantas cuestiones problem\u00e1ticas, seg\u00fan las especiales circunstancias de cada caso, como la profesi\u00f3n u oficio del afectado, que no parece razonable aceptar la prueba de esa relaci\u00f3n con meras afirmaciones te\u00f3ricas del s\u00f3lo interesado. <\/p>\n
Todo qued\u00f3 reducido, pues, a que el censor simplemente niega lo que el juzgador concluy\u00f3. Sin m\u00e1s. <\/p>\n
Ausencia de confrontaci\u00f3n que tambi\u00e9n aflora en las razones tra\u00eddas por la censura para predicar el error de hecho en la valoraci\u00f3n de los testimonios de Ortega \u00c1vila, Mar\u00eda del Rosario y la documentaci\u00f3n que \u00e9sta aport\u00f3 en su declaraci\u00f3n, al no enfrentar lo dicho en el fallo cuestionado en cuanto a que de la declaraci\u00f3n de la doctora Yordan se deduce que antes del accidente \u201cella le colaboraba al actor con algunas diligencias judiciales, lo que nos indica la presencia de su nombre en los archivos examinados por los peritos\u201d y que de los papeles adjuntados durante la audiencia \u201cno se obtiene certeza de los honorarios que \u00e9sta percib\u00eda, ni su existencia exacta antes del accidente, pues huelga decir que de \u00e9sta solo dan cuenta unos manuscritos que no tienen valor probatorio alguno al ser documentos en los que no consta nada en particular y si mucho en general y unas certificaciones procedentes de diversos despachos judiciales que tampoco tienen la virtualidad de demostrar el monto de lo dejado de percibir\u201d. <\/p>\n
Pues frente a lo as\u00ed planteado el impugnante se limita a exponer que, tanto del testimonio de la abogada como de las fotocopias allegadas, emana que la vinculaci\u00f3n contractual de los abogados, los pleitos nuevos y en curso, la presentaci\u00f3n y contestaci\u00f3n de las demandas fueron hechos acaecidos luego del accidente; que las 28 fotocopias que ratifican el testimonio de Mar\u00eda del Rosario dan cuenta del valor de los honorarios pactados, la fecha, concepto, valor recibido y su distribuci\u00f3n, manuscritos que tienen valor probatorio por existir certeza de su procedencia y no ser gen\u00e9ricos, refutaci\u00f3n que deja en ciernes aquello de los v\u00ednculos profesionales precedentes, as\u00ed como que en la documentaci\u00f3n aportada \u201cno consta nada en particular y si mucho en general\u201d adem\u00e1s de la falta de certeza sobre la existencia de tales documentos antes del accidente. <\/p>\n
La justicia de casaci\u00f3n, por ser eminentemente rogada, dado su car\u00e1cter extraordinario, no constituye una instancia m\u00e1s del proceso, en la que, como en \u00e9stas, puedan formularse toda clase de planteamientos o debates probatorios y jur\u00eddicos, ni es para que la Corte pueda entrar a inquirir de oficio sobre estos aspectos. Una de \u00ablas caracter\u00edsticas de la casaci\u00f3n es que el cargo se formule de manera precisa y contundente, de tal manera que, si de la causal primera se trata, la labor de confrontaci\u00f3n de la ley que se estima violada se realice de cara al concreto y preciso argumento del casacionista; esto excluye que la cotejaci\u00f3n que se haga con la finalidad de detectar el posible yerro que se denuncia, se deba agotar con todas y cada una de las posiciones dis\u00edmiles que en su veleidad quiera el recurrente; y mucho menos ser\u00eda de desear que la Corte escogiese entre varias de ellas para acometer dicha labor\u00bb (sentencia 046 de 19 de agosto de 1997, expediente 4634). <\/p>\n
En lo tocante a los perjuicios morales, el embate radica, en esencia, en que el tribunal dej\u00f3 sin condenar a los demandados por los perjuicios morales objetivados pedidos en la demanda, debido a que sobre ese respecto no apreci\u00f3 las pruebas en conjunto, ni en particular el dictamen m\u00e9dico; ataque que desconoce lo decidido sobre el particular en cuanto la decisi\u00f3n de la segunda instancia modific\u00f3 \u00fanicamente el rubro referido con los perjuicios morales subjetivados y mantuvo la condena que por los perjuicios morales objetivados tra\u00eda el fallo de la primera instancia que sobre el punto consider\u00f3 que \u201cel \u00fanico medio de prueba que se aport\u00f3 para estructurar un eventual perjuicio moral objetivado, consiste en los gastos que tuvo que realizar el demandante para su recuperaci\u00f3n psicol\u00f3gica, (…) ascendi\u00f3 a la suma de un mill\u00f3n de pesos. Este rubro fue relacionado como da\u00f1o emergente en aparte anterior\u201d \u00edtem que no rebati\u00f3 el ahora recurrente y mantuvo el ad quem al incluir dentro del da\u00f1o emergente \u201c$905.000.oo como gastos derivados del tratamiento psiqui\u00e1trico\u201d. <\/p>\n
Y tambi\u00e9n fracasa el cargo segundo, pues si la queja del recurrente finca en que el tribunal dej\u00f3 de agregar la correcci\u00f3n monetaria a las condenas relativas al lucro cesante y los perjuicios morales, seg\u00fan fue pedido en la demanda, no hay duda que el primero acusa al segundo por omitir decisi\u00f3n respecto de una pretensi\u00f3n oportunamente invocada, falencia para la cual ha debido acudir a la causal segunda de casaci\u00f3n, esto es, la relativa a incongruencia, no a la causal primera por violaci\u00f3n directa -seg\u00fan puede deducirse del escrito- de una norma de derecho sustancial, conforme qued\u00f3 dicho en renglones anteriores. <\/p>\n
Por donde si lo alegado es que el sentenciador dej\u00f3 de imponer una condena pedida expresamente en la demanda, vale decir, que omiti\u00f3 resolver sobre una pretensi\u00f3n derivada del libelo genitor, es claro que el ataque no debi\u00f3 ser por la causal primera de casaci\u00f3n, sino con fundamento en la causal segunda, conforme a la cual procede el ataque por \u00abno estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb. <\/p>\n
En efecto, trat\u00e1ndose de las pretensiones, tiene dicho la Corte que la incongruencia o inconsonancia es un vicio in procedendo, que no in judicando, que arraiga de varias formas: extra petita, si se condena al demandado por objeto distinto del pretendido en la demanda; ultra petita, si la condena al demandado es por cantidad superior a la solicitada en la demanda; o por m\u00ednima petita, si el sentenciador omite decidir sobre una o varias de las pretensiones plasmadas en dicho libelo. <\/p>\n
Luego, acusar en casaci\u00f3n un fallo porque dej\u00f3 sin resolver una pretensi\u00f3n de la demanda, cual ocurre en el preciso t\u00f3pico ahora examinado, impone al recurrente la carga de acudir a la causal segunda y en acusaci\u00f3n separada, que no por la causal primera, puesto que se trata de un defecto de procedimiento, no de linaje sustancial, que efunde del cotejo formal entre lo pedido y lo decidido. <\/p>\n
En consecuencia, los cargos no prosperan. <\/p>\n
B. De la demandada: <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Con base en la causal primera reproch\u00e1se la sentencia de ser violatoria, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 2341, 2356, 1613 y 1614 del c\u00f3digo civil y 29 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, a consecuencia de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas por desconocimiento de los art\u00edculos 174, 177, 232, 252, 253, 254, 268, 272, 273, 277, 279 y 305 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
Sostiene la censura que el tribunal apreci\u00f3 la prueba documental sobre el contrato de prestaci\u00f3n de servicios entre el demandante y Colseguridad Ltda. como bien producida, conducente y eficaz, a pesar de que la misma no cumpli\u00f3 con los requisitos legales entonces vigentes, y as\u00ed incluy\u00f3 $36’000.000 como parte del lucro cesante. En los folios 117 a 119 del cuaderno 1 est\u00e1n las fotocopias del contrato aludido y las cartas cruzadas entre las partes, en los que aparece sello de notario certificando para cada uno que la \u00abfotocopia es igual al original que se exhibi\u00f3\u00bb, y nada m\u00e1s, es decir, que en ninguno de esos documentos \u00abde car\u00e1cter dispositivo\u00bb consta su autenticidad o reconocimiento de contenido por los supuestos autores, sin que puedan aplicarse las reglas de la ley 446 de 1998 sobre aporte de documentos, porque la demanda fue presentada el 31 de agosto de 1992 y respondida en febrero de 1993. <\/p>\n
La ilegalidad de la apreciaci\u00f3n probatoria, que llev\u00f3 a la vulneraci\u00f3n de las normas sustanciales y a una condena indebida, fue por estas razones: <\/p>\n
a) Los documentos no son aut\u00e9nticos porque no hay certeza de sus autores, ni fueron reconocidos impl\u00edcitamente (art\u00edculos 252 y 276 del c\u00f3digo de procedimiento civil); <\/p>\n
b) Al ser copias no re\u00fanen los requisitos para tener valor probatorio (art\u00edculos 253 y 254 ib\u00eddem), puesto que, entre otras cosas, \u00abno han sido autenticadas por notario, cotej\u00e1ndolas con original cuya autenticidad est\u00e9 establecida y cuyo contenido haya sido reconocido por el autor de ellas\u00bb; <\/p>\n
c) Las copias no fueron aportadas con eficacia porque no fueron protocolizadas ni formaron parte de otro proceso; <\/p>\n
d) El cotejo de documentos se intent\u00f3 mediante exhibici\u00f3n, pero \u00e9sta no fue decretada como prueba, y la cita del representante legal de Colseguridad Ltda. \u00abno dice nada en apoyo de la condena\u00bb, sino que hace presumir la inexistencia del contrato, seg\u00fan el art\u00edculo 232 ib\u00eddem; la sentencia aprecia la diligencia como testimonio, pero no lo es, y aunque se tenga en cuenta la prueba el dicho del tercero aludido carece \u00abde todo contenido relevante que sirva para decidir en ausencia de los documentos\u00bb y \u00abva en contrav\u00eda de lo que se pretende demostrar.\u00bb; <\/p>\n
e) Los documentos dispositivos -que conllevan actos voluntad para producir efectos jur\u00eddicos- emanados de terceros, para ser apreciados por el juez deben ser aut\u00e9nticos, seg\u00fan el precepto 277-1 del c\u00f3digo de procedimiento civil, y no se aplica el 22-2 del decreto 2651 de 1991, que s\u00f3lo contempla documentos declarativos de terceros para ser estimados sin necesidad de ratificar su contenido. Los aqu\u00ed criticados debieron ser aportados con autenticidad probada y ratificados, pero ninguna de estas cosas ocurri\u00f3; y no alcanzan a ser prueba sumaria por no contar con testigos de suscripci\u00f3n; <\/p>\n
f) Hay violaci\u00f3n del art\u00edculo 174 del c\u00f3digo de procedimiento civil porque las pruebas aludidas no fueron regular y oportunamente allegadas al proceso, y tambi\u00e9n del art\u00edculo 305 ejusdem porque en el fallo fue desconocida la congruencia al reconocerse m\u00e1s de lo probado por el actor, quien no cumpli\u00f3 con la carga de la prueba. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
F\u00fandase en la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1613, 1614, 2341 y 2356 del c\u00f3digo civil, y 29 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, a consecuencia de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, por quebranto de los art\u00edculos 174, 177, 237, numerales 2\u00ba y 6\u00ba, 238, numeral 6\u00ba, 241 y 305 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
Argumenta el censor que el tribunal apreci\u00f3 el dictamen pericial que obra a folios 395 a 399 cuaderno 3, como bien producido, conducente y eficaz, a pesar de no cumplir con la ley, yerro que lo llev\u00f3 a fijar indebidamente una parte de la condena por da\u00f1o emergente en $13’000.000, para \u00abuna futura intervenci\u00f3n quir\u00fargica a la que habr\u00e1 de someterse el demandante\u00bb. El medio probatorio fue objetado por error grave, debido a que seg\u00fan el art\u00edculo 237 numerales 2\u00ba y 6\u00ba ejusdem, los peritos \u00fanicamente se fundaron en la percepci\u00f3n directa del demandante y otras pruebas de la actuaci\u00f3n penal que no pueden considerarse trasladadas, sin sustento cient\u00edfico o t\u00e9cnico de la conclusi\u00f3n, pues no realizaron ning\u00fan experimento, examen id\u00f3neo o investigaci\u00f3n con ayudas t\u00e9cnicas, \u00abni nada diferente a mirar desde afuera al examinado\u00bb; debe tenerse presente que los peritos son m\u00e1s instrumentos \u00abde deducci\u00f3n\u00bb que \u00abde percepci\u00f3n\u00bb, como lo ha dicho la jurisprudencia (auto de 8 de septiembre de 1993, expediente 3446). <\/p>\n
La experticia no es tal, es inexistente, se reduce a una simple opini\u00f3n de m\u00e9dicos, exagerada, y como el decretado a ra\u00edz de la objeci\u00f3n nunca se realiz\u00f3, no hab\u00eda prueba en cuanto a que el demandante tenga que efectuarse una intervenci\u00f3n quir\u00fargica en el futuro para la extracci\u00f3n de los elementos extra\u00f1os que reposan en su pierna, ni su costo. El tribunal se refiri\u00f3 a tres dict\u00e1menes sobre el lucro cesante, como dando a entender la poca credibilidad en tales pruebas, pero toma partido por el que aqu\u00ed se critica para imponer la aludida condena, y pretermiti\u00f3 decidir sobre la objeci\u00f3n, afectando el debido proceso y el principio de congruencia, pues reconoci\u00f3 m\u00e1s de lo probado. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Es palmar que en el primero de los cargos el recurrente plantea como cuesti\u00f3n toral que el tribunal incurri\u00f3 en error de derecho puesto que no pod\u00eda apreciar, como lo hizo, el escrito contentivo del contrato de prestaci\u00f3n de servicios del demandante con Colseguridad Ltda., para fundar la condena por lucro cesante, debido a que emanaba de un tercero, era de car\u00e1cter dispositivo, que no declarativo, y que, por consiguiente, necesitaba del reconocimiento correspondiente, todo seg\u00fan lo previsto, principalmente, en el art\u00edculo 277 del c\u00f3digo de procedimiento civil, frente a lo cual no pod\u00eda aplicarse el precepto 22 del decreto 2651 de 1991, que s\u00f3lo exime de reconocimiento a documentos declarativos. <\/p>\n
Quiere decir, entonces, que los reparos aludidos describen no propiamente un yerro de derecho, que supone que el juzgador ha contemplado materialmente la prueba y que en esa fase objetiva no hay reconvenci\u00f3n por hacerle, sino un error de hecho, que se configura cuando, como aqu\u00ed, la censura entabla una contienda con miras a establecer que los documentos apreciados por el tribunal tienen car\u00e1cter dispositivo, no declarativo, desde luego que la ri\u00f1a en el punto solamente puede zanjarse auscultando el contenido material y objetivo del respectivo documento, lo que pone al descubierto que el asunto cae sin duda en al aspecto f\u00e1ctico, ajeno por completo a cualquier contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas. Tan cierto es ello que el recurrente en pos de la demostraci\u00f3n del primer cargo, acude al contenido mismo del documento en que se fund\u00f3 el sentenciador. <\/p>\n
Y el desatino en cuanto a la forma de violaci\u00f3n de la ley sustancial, al igual que en el cargo anterior, tambi\u00e9n ocurre en el tercero, donde la censura invoca error de derecho frente al dictamen relacionado con la intervenci\u00f3n quir\u00fargica futura del demandante, no obstante que de inmediato se aventura a cuestionar deficiencias meramente f\u00e1cticas de esa prueba, como indicar que los peritos tan s\u00f3lo se fundaron en la percepci\u00f3n directa del demandante y otras pruebas de la actuaci\u00f3n penal que no pueden considerarse trasladadas, sin sustento cient\u00edfico o t\u00e9cnico de la conclusi\u00f3n, pues no realizaron ning\u00fan experimento, examen id\u00f3neo o investigaci\u00f3n con ayudas t\u00e9cnicas, \u00abni nada diferente a mirar desde afuera al examinado\u00bb. Tambi\u00e9n anota que el dictamen \u00abno es tal\u00bb, \u00abes inexistente como prueba\u00bb, se reduce a una simple opini\u00f3n de los m\u00e9dicos, y que no hab\u00eda prueba en cuanto a que el demandante tenga que efectuarse una intervenci\u00f3n quir\u00fargica para la extracci\u00f3n de los elementos extra\u00f1os que reposan en su pierna, ni su costo. <\/p>\n
V\u00e9ase, pues, que anunciando el censor error de derecho en el cargo, se lanza en seguida con argumentos propios del error de hecho, incurriendo en desacierto insalvable dentro de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero la censura incurre en otro yerro de t\u00e9cnica que es com\u00fan en los cargos, pues diciendo fundarlos en la causal primera de casaci\u00f3n, por violaci\u00f3n indirecta de normas de derecho sustancial a consecuencia de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, anota luego, en el desarrollo de los mismos y con alg\u00fan grado de insistencia, que hay vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 305 del c\u00f3digo de procedimiento civil por desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, porque reconoci\u00f3 m\u00e1s de lo probado. <\/p>\n
Col\u00f3case as\u00ed el recurrente en franca pugna con la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n que, entre otras cosas, conlleva la carga de formular \u00abpor separado los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara y precisa\u00bb, como perentoriamente lo dispone el art\u00edculo 374, numeral 3\u00ba, del c\u00f3digo de procedimiento civil, por cuanto anuncia los cargos con base en la causal primera, que versa sobre la violaci\u00f3n sustancial, y luego los despliega creando una mezcla inaceptable con la causal segunda que tipifica la falta de consonancia -o congruencia- de la sentencia \u00abcon los hechos, con las pretensiones de la demanda, con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb (art\u00edculo 368 numeral 2\u00ba del c\u00f3digo de procedimiento civil). <\/p>\n
No obstante los yerros en la formulaci\u00f3n de los cargos deber\u00e1 advertirse que de acuerdo con el art\u00edculo 252 del c\u00f3digo de procedimiento civil, el contrato entre el actor y Colseguridad puede reputarse como aut\u00e9ntico al haber sido reconocido por el representante legal de dicha sociedad durante la audiencia para la exhibici\u00f3n de los libros contables, al expresar que \u201cdespu\u00e9s de firmar un contrato me suger\u00eda que aceptara a otro abogado para hacerlo contratar por \u00e9l, porque le era imposible cumplirme el contrato (…) eso fue hace seis o siete a\u00f1os\u201d, documento que a la postre fuera aportado y pedido como prueba por el actor al contestar las excepciones formuladas por los demandados, y que adem\u00e1s, conforme a la exigencia del 2\u00ba del art\u00edculo 22 del decreto 2651 de 1991 (vigente para la \u00e9poca), no requer\u00eda de ratificaci\u00f3n por no haberla pedido expresamente las demandadas; igualmente y por \u00faltimo deber\u00e1 precisarse que el dictamen pericial da raz\u00f3n del examen realizado y los elementos tenidos en cuenta para la evaluaci\u00f3n efectuada, cumpliendo cabalmente lo normado por el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 237 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
Por lo expuesto no se abren paso las censuras. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Por v\u00eda indirecta al\u00e9gase violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1613, 1614, 2341 y 2356 del c\u00f3digo civil, y 29 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica como consecuencia de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, por desconocerse los art\u00edculos 174, 177, 232, 252, 253, 254, 268, 272, 273, 277, 279 y 305 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
D\u00edcese en el sustento del cargo que el tribunal apreci\u00f3 la prueba documental sobre el contrato de prestaci\u00f3n de servicios entre el demandante y Rafael Antonio Salamanca como bien producida, conducente y eficaz, a pesar de no cumplir con los requisitos legales entonces vigentes, e incluy\u00f3 $24’800.000 como parte del lucro cesante, pues el original del respectivo documento de contenido dispositivo, fue aportado por la testigo Mar\u00eda del Rosario Yordan sin autenticaci\u00f3n de firmas y sin reconocimiento de contenido, adem\u00e1s de inoportuno. <\/p>\n
El documento dispositivo no re\u00fane los requisitos legales, toda vez que proviene de un tercero y fue aportado por un testigo distinto, sin que estuviese vigente la ley 446 de 1998, y sin que se hubiese decretado oportunamente su reconocimiento, de suerte que el tribunal incurri\u00f3 en yerro por lo siguiente: <\/p>\n
b) La testigo Mar\u00eda del Rosario no pod\u00eda aportar el documento con validez, debido a que no estaba vigente la ley 446 de 1998, y el art\u00edculo 24 del decreto 2651 de 1991 permit\u00eda al testigo aportar documentos, \u00e9ste pod\u00eda reconocer la firma y contenido de los emanados de s\u00ed mismo, no de otra persona; <\/p>\n
c) Si el documento no se solicit\u00f3, ni fue decretado o incorporado en las oportunidades legales, no puede apreciarse, seg\u00fan el art\u00edculo 183 del ordenamiento procesal civil, de manera que el contrato es inexistente, y por eso, al contrario de lo dicho por el tribunal, no era posible que fuera reconocido por Salamanca, ni su dicho serv\u00eda para probar las obligaciones de la supuesta convenci\u00f3n; adem\u00e1s de que la prueba de reconocimiento por este testigo tampoco fue decretada, por lo que la decisi\u00f3n vulner\u00f3 los art\u00edculos 174, 232 y 277-1 del mismo c\u00f3digo al tener el documento como aut\u00e9ntico y otorgarle efectos sin poderlo hacer, y por ser de car\u00e1cter dispositivo no encaja en el art\u00edculo 22 numeral 2\u00ba del decreto 2651 de 1991, referido a documentos declarativos emanados de terceros; <\/p>\n
d) Hay violaci\u00f3n del art\u00edculo 305 ib\u00eddem al desconocer el fallo la congruencia por reconocer m\u00e1s de lo probado por el actor, quien no cumpli\u00f3 con la carga de la prueba. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Cuestiona el impugnante tanto la incorporaci\u00f3n como el valor dado por el juzgador al escrito negocial, en cuanto fue tra\u00eddo por una testigo durante su declaraci\u00f3n sin estar relacionado con los hechos relatados y que al carecer de reconocimiento no debi\u00f3 ser valorado, denuncias que desconocen lo acontecido con el documento de marras, en cuanto el contrato suscrito entre el actor con Rafael Antonio Salamanca fue referido por el actor al contestar las excepciones formuladas por los demandados, arrimado en original por Mar\u00eda del Rosario Yordan Ram\u00edrez conforme al numeral 3\u00ba del art\u00edculo 22 del Decreto 2651 de 1991, por estar relacionado con los hechos declarados dado que ella sustituy\u00f3 a Guti\u00e9rrez Prieto en la ejecuci\u00f3n de tal convenio, adem\u00e1s de reconocido expresamente por Rafael Antonio durante la audiencia de 27 de octubre de 1994, quedando sin piso la acusaci\u00f3n endilgada; circunstancias que por dem\u00e1s fueron valoradas por el tribunal al afirmar que \u201cdicho documento fue reconocido por el se\u00f1or Salamanca en el testimonio rendido (folio 109 del c.2), que aunque tachado ofrece plena credibilidad, pues la existencia del mismo radica precisamente en la confianza y conocimiento que de la labor profesional ten\u00eda el deponente del actor\u201d quedando sin piso el reproche del censor. <\/p>\n
En lo referente a la violaci\u00f3n del art\u00edculo 305 del c\u00f3digo de procedimiento civil procede lo dicho sobre el punto para los cargos anteriores. <\/p>\n
De manera que como las demandas son frustr\u00e1neas, no procede casar la sentencia impugnada. <\/p>\n
No hay lugar a condena en costas entre los recurrentes, por cuanto ambos han salido perdidosos, ni a favor de la llamada en garant\u00eda porque ninguno de aquellos la involucr\u00f3 en este medio extraordinario. Tan s\u00f3lo hay lugar a condenar en costas al demandante respecto del codemandado Luis Alejandro Prieto Gonz\u00e1lez, dado que el primero interpuso la casaci\u00f3n en pos de mayor indemnizaci\u00f3n, situaci\u00f3n que involucra a \u00e9ste. <\/p>\n
Decisi\u00f3n <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
Costas a cargo del demandante y a favor del codemandado Luis Alejandro Prieto Gonz\u00e1lez. Sin costas para los dem\u00e1s. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al tribunal de origen. <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-019-2005 [1992-3263-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1 D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil cinco (2005). Referencia: expediente 1992-3263-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpusieron el demandante y la sociedad demandada contra la sentencia de 27 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82869","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82869","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82869"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82869\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82869"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82869"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82869"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}