SC-020-2005 [7872]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Expediente No.7872 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora INES GARZON PINZON contra la sentencia proferida el 30 de junio de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el proceso ordinario promovido en contra suya y del se\u00f1or JESUS ADALVER GOMEZ VERA por la se\u00f1ora MARGARITA GARZON DE REY. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Solicit\u00f3 la demandante que se declarara la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme del contrato de compraventa celebrado entre David Garz\u00f3n Pinz\u00f3n \u2013vendedor-, y los demandados \u2013compradores-, de \u201ctodos los derechos reales, acciones personales y obligaciones hereditarias transmisibles que le hayan podido corresponder por gananciales matrimoniales, porci\u00f3n conyugal, herencia o a cualquier otro t\u00edtulo\u201d al vendedor como c\u00f3nyuge sobreviviente, en la sucesi\u00f3n de su esposa JUANA PINZON DE GARZON, fallecida en Bogot\u00e1 el marzo 7 de 1986 y, consecuencialmente, se ordenara la anulaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 414 de 19 de febrero de 1991 otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9, contentiva del referido negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
2. La causa petendi puede compendiarse as\u00ed: <\/p>\n
A. En el a\u00f1o de 1986, una vez fallecida la se\u00f1ora Juana Pinz\u00f3n de Garz\u00f3n, madre de la demandante, David Garz\u00f3n Pinz\u00f3n, consorte de aquella, en su condici\u00f3n de abogado, inici\u00f3 el correspondiente proceso de sucesi\u00f3n, y desde entonces, \u00e9l y su hija In\u00e9s Garz\u00f3n Pinz\u00f3n, tambi\u00e9n abogada, entrabaron el juicio de tal forma que no hab\u00eda concluido cuando se promovi\u00f3 este litigio. <\/p>\n
B. Mediante la escritura p\u00fablica n\u00famero 414 del 19 de febrero de 1991, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9, el se\u00f1or Garz\u00f3n Pinz\u00f3n le vendi\u00f3 a los demandados -c\u00f3nyuges entre s\u00ed- \u201ctodos los derechos reales y acciones personales que como gananciales, le puedan corresponder dentro de la sucesi\u00f3n de su difunta madre (sic) JUANITA PINZON DE GARZON, por una suma rid\u00edcula de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,00)\u201d. <\/p>\n
C. El justo precio de los derechos vendidos que versaban sobre el 50% de varios inmuebles relacionados en la demanda, era de trescientos millones de pesos. <\/p>\n
D. La demandante fue reconocida como heredera en el proceso de sucesi\u00f3n de su difunta madre, y fue perjudicada en m\u00e1s de la mitad de su cuota. <\/p>\n
<\/p>\n
E. Los demandados solicitaron, el 30 de agosto de 1991, al Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad -despacho que conoc\u00eda del referido proceso de sucesi\u00f3n- que los reconociera como cesionarios de los aludidos derechos de gananciales del c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, para lo cual adjuntaron la copia de la escritura de compraventa ya indicada, pero por auto del 19 de septiembre de esa anualidad se les exigi\u00f3 \u201cque presentaran la citada escritura debidamente registrada, sin que hasta la fecha hayan dado cumplimiento a lo ordenado\u201d y desde esa momento \u201cno han vuelto a intervenir en el proceso\u201d (folio 23, C. 1). <\/p>\n
F. El 18 de abril de 1994, ante el fallecimiento de David Garz\u00f3n Pinz\u00f3n, la demandante solicit\u00f3 se acumulara el juicio mortuorio de \u00e9ste, al de su difunta esposa, Juanita Pinz\u00f3n de Garz\u00f3n. <\/p>\n
3. Los demandados, en forma separada, dieron contestaci\u00f3n a la demanda, oponi\u00e9ndose a sus pretensiones. In\u00e9s Garz\u00f3n de Pinz\u00f3n formulando la excepci\u00f3n de fondo que denomin\u00f3 \u201cde falsa afirmaci\u00f3n\u201d y Jes\u00fas Adalver G\u00f3mez, por su parte, la de \u201cprescripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Efectuada la acostumbrada s\u00edntesis de la actuaci\u00f3n procesal y dando por establecidos los presupuestos procesales, el Tribunal inici\u00f3 sus consideraciones reproduciendo ampliamente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n relativa a la viabilidad de la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, respecto de la venta de los derechos de gananciales. <\/p>\n
Afirm\u00f3, a continuaci\u00f3n, que los demandados conocieron en su oportunidad la relaci\u00f3n de bienes relictos y el aval\u00fao de los mismos, presentada dentro de la sucesi\u00f3n de Juanita Pinz\u00f3n de Garz\u00f3n por el propio cedente de los derechos, hasta el punto que fueron objetados por la se\u00f1ora In\u00e9s Garz\u00f3n Pinz\u00f3n, seg\u00fan los t\u00e9rminos de que daba cuenta el escrito presentado el 19 de noviembre de 1986. <\/p>\n
Se ocup\u00f3 luego de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n que desestim\u00f3 porque \u201csi el auto admisorio de la demanda se emiti\u00f3 el 24 de febrero de 1995 y su notificaci\u00f3n se produjo el 1\u00ba de marzo de ese a\u00f1o (fol. 22 cdno. ppal.), de acuerdo a la prescrito en el art\u00edculo 90 del C. de P. C. la notificaci\u00f3n a los demandados de aquella providencia deb\u00eda hacerse a m\u00e1s tardar el 5 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, forzoso es concluir que de ninguna manera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta en la demanda por uno de los integrantes del extremo pasivo, ya que a INES GARZON se le notific\u00f3 personalmente, el 17 de abril de 1995 (fol. 27 vto. cdno. 1) y ADALVER GOMEZ otorg\u00f3 poder el 10 de julio de 1995, contest\u00f3 el libelo el 17 de los mismos y se tuvo por notificado por conducta concluyente por auto de 22 de agosto de ese a\u00f1o\u201d. <\/p>\n
Igualmente, consider\u00f3 que la excepci\u00f3n de \u201cfalsa afirmaci\u00f3n\u201d no pod\u00eda prosperar en atenci\u00f3n a que \u201cbasta decir que es en el proceso sucesorio en el que, en principio, se determinar\u00e1 o no la pertenencia o no del bien al que se alude, a la masa de gananciales y\/o de la herencia, de tal manera que a\u00fan en el evento de que sea negativa, para nada afectar\u00eda la existencia de la lesi\u00f3n enorme, conforme con la pericia, el valor real de los bienes bastar\u00eda para configurarla\u201d (folio 81, cuaderno 5). <\/p>\n
Destac\u00f3 seguidamente que conforme al dictamen pericial rendido, que no fue objetado, \u201cuno solo de los inmuebles relacionados en el inventario ascend\u00eda, a la fecha de la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica por medio de la cual se enajenaron los derechos a que se refiere la demanda, a la suma de $122.052.034, y otro, a la cantidad de $25.221.033, lo cual confrontado con el valor asignado en la escritura, esto es, $2.000.000, pone de presente lo desproporcionada, por lo baja, de la prestaci\u00f3n a cargo de los demandados en este proceso, raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para desquiciar semejante operaci\u00f3n\u201d (folio 82, ib.). <\/p>\n
Finaliz\u00f3 el ad quem reiterando que \u201cla determinaci\u00f3n de los bienes a los cuales se contrae la negociaci\u00f3n era del conocimiento de los contratantes, porque existiendo el proceso sucesorio correspondiente, lo l\u00f3gico es que el mismo haya sido consultado si es que la negociaci\u00f3n fue seria, lo cual, en el caso de la doctora INES GARZON, abogada de profesi\u00f3n, quien actuaba, o act\u00faa, en causa propia, est\u00e1 plenamente demostrado, tal como se puso de presente renglones atr\u00e1s\u201d (folio 83, ib). <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Tres cargos se formularon contra la sentencia del Tribunal, que ser\u00e1n despachados por la Corte en el orden en que fueron propuestos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 368 del C. de P.C., se acus\u00f3 la sentencia de infringir indirectamente, a causa de manifiestos errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, los art\u00edculos 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 inc. 1\u00ba, 1045, 1781, 1782, 1826, 1828, 1830 y 1832 del C.C., 180 de C.C. modificado por el Decreto 2820\/74, art. 13, 1820 del C.C., modificado por el art. 25 de la ley 1\u00aa de 1976, art. 4\u00ba de la ley 29 de 1982, 1155, 1946, 1947, 1948 del C.C., por aplicaci\u00f3n indebida, y los art\u00edculos 1602, 1603 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan el censor, el Tribunal err\u00f3 en la consideraci\u00f3n de que la demandante estaba actuando en su calidad de heredera en nombre y representaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n de David Garz\u00f3n Pinz\u00f3n, cuando en realidad lo hizo a nombre propio, seg\u00fan consta en el poder conferido y en la demanda presentada. <\/p>\n
En su desarrollo, se expres\u00f3 que \u201ccuando el a-quo resuelve en el numeral cuarto de la sentencia que los bienes se devuelvan a los herederos de David Garz\u00f3n Pinz\u00f3n y el Tribunal lo confirm\u00f3, interpret\u00f3 la demanda de manera incorrecta, desfigurando su verdadero sentido, pues la demandante estaba actuando en nombre propio\u201d (folio 16 C. Corte). <\/p>\n
Con base en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, explic\u00f3 que ese yerro resultaba tanto notorio y protuberante, como trascendente, pues la acci\u00f3n de lesi\u00f3n enorme era una acci\u00f3n personal que solo pod\u00eda ser intentada por el contratante, y a su muerte, por sus herederos, pero no por terceras personas actuando en nombre propio o como herederas de Juana de Dios Pinz\u00f3n. \u201cComo as\u00ed no sucedi\u00f3 y como la legitimaci\u00f3n en causa no es presupuesto del proceso sino requisito de la pretensi\u00f3n, su ausencia conduc\u00eda a sentencia desestimatoria porque el di\u00e1logo procesal no se estableci\u00f3 entre las personas llamadas por la ley a sostenerlo\u201d. (folio 18 ib\u00eddem). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
En el presente asunto, la cr\u00edtica del censor se encuentra dirigida a cuestionar el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el a quo y confirmada por el Tribunal, en virtud de la cual se orden\u00f3 a los demandados a restituir a la sucesi\u00f3n de Juana Pinz\u00f3n de Garz\u00f3n los derechos que otrora hab\u00edan sido cedidos a su favor por el se\u00f1or David Garz\u00f3n Pinz\u00f3n, por entender que tal orden deviene de la errada interpretaci\u00f3n del libelo, lo que impon\u00eda al casacionista el deber de \u201cdemostrar\u201d a la Corte el error alegado, vale decir, probarlo, acreditarlo -para dar as\u00ed cumplimiento al segundo inciso del ordinal 3\u00ba del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, exigencia ha llevado a la Sala a puntualizar que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n, es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, como quiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n,\u201d (cas. civ de 27 de febrero de 2001, Exp. 5839, reiterada en cas. civ. 24 de noviembre de 2003, Exp. 7497) <\/p>\n
De cara a la doctrina antes expuesta, la Sala estima que la censura no demostr\u00f3 el error endilgado al Tribunal, pues no era suficiente afirmar que se \u201cinterpret\u00f3 la demanda de manera incorrecta, desfigur\u00e1ndose su verdadero sentido\u201d o que \u201cla demandante estaba actuando en nombre propio\u201d, sino que era necesario desmenuzar el libelo, evidenciar lo que afloraba en forma cristalina de su texto y confrontar tal realidad objetiva con lo que de \u00e9l afirm\u00f3 el Tribunal, nada de lo cual fue realizado, quedando entonces, el cargo reducido a una simple enunciaci\u00f3n hu\u00e9rfana de clara demostraci\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rase que en la demanda, seg\u00fan la transcripci\u00f3n efectuada atr\u00e1s, se afirm\u00f3 que el padre de la demandante abri\u00f3 el juicio de sucesi\u00f3n de su c\u00f3nyuge; que en febrero de 1991 el \u201cdifunto padre\u201d de aquella vendi\u00f3 a los demandados los gananciales que le pudieren corresponder por dos millones de pesos; que el justo precio de los bienes vendidos era de 300 millones de pesos; que la demandante fue reconocida como heredera en el proceso de sucesi\u00f3n de su \u201cdifunta madre\u201d; que los demandados solicitaron al juez que conoc\u00eda del sucesorio se les reconociera como adquirentes de los gananciales; que David Garz\u00f3n falleci\u00f3 el 2 de enero de 1992 y que la demandante present\u00f3 el 18 de abril de 1994 la demanda y solicit\u00f3 se acumulara a la de su difunta esposa. <\/p>\n
Los hechos as\u00ed presentados, llevan a la Sala a concluir que no existi\u00f3 yerro del Tribunal en la interpretaci\u00f3n del libelo, toda vez que ellos eventualmente permitir\u00edan sostener varias interpretaciones o lecturas y no de manera exclusiva la que expone el casacionista, vale decir, que la demandante obraba a nombre propio y no en condici\u00f3n de heredera del se\u00f1or David Garz\u00f3n Pinz\u00f3n, y por sabido se tiene que s\u00f3lo cuando la tesis que expone la censura es la \u00fanica admisible es procedente abrirle paso al recurso. <\/p>\n
En este orden de ideas como del libelo inicial tambi\u00e9n puede inferirse una tesis diversa de la sostenida por la recurrente, no habi\u00e9ndose demostrado que la sostenida por el censor era la \u00fanica posible, se torna impr\u00f3spero el ataque, toda vez que en virtud de la presunci\u00f3n de acierto que cobija a la sentencia impugnada, mientras no se demuestre un may\u00fasculo y trascendente yerro por parte del Tribunal debe respetarse el razonamiento expuesto en cuanto al entendimiento de la demanda. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con apoyo tambi\u00e9n en la causal primera se acus\u00f3 la sentencia de violar por indebida aplicaci\u00f3n los art\u00edculos 13, 180 modificado por el Decreto 2820\/74, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013 inc. 1\u00ba, 1045, 1155, 1781, 1782, 1820, 1826, 1828, 1830 y 1832, 1946, 1947 y 1948 del C\u00f3digo Civil, y los art\u00edculos 1602 y 1603 del mismo ordenamiento por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de trascendentes errores de derecho, denunciando como violaci\u00f3n medio los art\u00edculos 174, 175, 179, 181, 183 inc. 142 (sic), 187 y 167 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Expres\u00f3 el censor que si bien el art\u00edculo 187 del CP.C. obliga al Juez a fundar su fallo en pruebas debidamente allegadas al proceso, y a explicar razonadamente el m\u00e9rito que le asigna a cada prueba, el Tribunal \u201cno valor\u00f3 como prueba\u201d el oficio No. 530 del 24 de marzo de 1999 del Juzgado Cuarto de Familia, que daba cuenta de la no aprobaci\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos en el proceso de sucesi\u00f3n de Juana de Dios Pinz\u00f3n, y que \u201caunque la vio\u2026no le atribuy\u00f3 el m\u00e9rito probatorio que la ley permite\u201d (fl. 24) <\/p>\n
Seg\u00fan el casacionista, el yerro era trascendente pues si el Tribunal hubiere analizado el referido oficio y tomado \u201ccomo una unidad\u201d con la diligencia de inventarios y aval\u00faos, \u201chubiera encontrado que el contrato de cesi\u00f3n de gananciales era aleatorio y no conmutativo\u201d, no siendo procedente, por ende, la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La sentencia estim\u00f3 que era procedente confirmar la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme del negocio jur\u00eddico instrumentado mediante la escritura p\u00fablica 414 de 1991 de la Notar\u00eda Segunda de Ibagu\u00e9, habida cuenta que dentro del juicio mortuorio de la se\u00f1ora Juana Pinz\u00f3n de Garz\u00f3n, se hab\u00eda confeccionado el inventario de bienes de la causante que, adem\u00e1s, hab\u00eda sido conocido por la demandada In\u00e9s Garz\u00f3n Pinz\u00f3n, quien lo hab\u00eda objetado mediante escrito presentado el 19 de noviembre de 1986. <\/p>\n
3. En ese orden de ideas, ha de advertirse, bajo un primer aspecto, que la recurrente no explic\u00f3 en que consisti\u00f3 la violaci\u00f3n de las normas probatorias por ella denunciadas, soslayando que si el error de derecho es de \u00edndole jur\u00eddica y se presenta \u201c\u2026cuando superada la contemplaci\u00f3n material de la prueba, para definir si existe o no, el fallador\u2026infringe el r\u00e9gimen legal de producci\u00f3n, conducencia, eficacia o evaluaci\u00f3n del respectivo medio de prueba\u201d (CCLXI, Vol. I, 147), su demostraci\u00f3n exige que se indiquen \u201clas normas probatorias de car\u00e1cter probatorio que se consideren infringidas explicando en que consiste la infracci\u00f3n\u201d (cas. civ. 5 de abril de 2001, Exp. 5897), no siendo suficiente con la mera cita de las normas probatorias que se consideran infringidas, sino que ella debe ir acompa\u00f1ada de una sucinta explicaci\u00f3n que evidencie que el Tribunal apreci\u00f3 una prueba aducida en forma irregular, o no la apreci\u00f3 por considerar que hab\u00eda sido aducido en forma ilegal cuando en realidad no lo fue, o cuando le neg\u00f3 m\u00e9rito probatorio, etc. <\/p>\n
4. Finalmente, es cierto que la censura afirma que el yerro de derecho endilgado al Tribunal consisti\u00f3 \u201c\u2026 en no haber atribuido a la prueba referida\u2026 el m\u00e9rito se\u00f1alado por la ley\u201d [sin explicar, en todo caso, cu\u00e1l era este], pero tambi\u00e9n aludi\u00f3 a circunstancias configurativas propias del error de hecho cuando expres\u00f3 que \u201cEl tribunal no consider\u00f3 el oficio\u201d no \u201clo valor\u00f3 como prueba\u201d, en la sentencia \u201ctampoco lo consider\u00f3 como prueba, y no dio la raz\u00f3n para no tenerla como tal\u201d, pasando por alto que la diferencia entre las dos clases de yerros, ha llevado a la Corte, de antiguo, a puntualizar que \u201c\u2026Si bien los dos errores de apreciaci\u00f3n probatoria\u2026tienen como punto com\u00fan el que producen id\u00e9ntica consecuencia, o sea, la violaci\u00f3n de una norma sustancial\u2026.es lo cierto que entrambos existen muy claras y ostensibles diferencias que les infunden entidad especifica propia y que por consiguiente impiden confundirlos\u201d (CLVIII, 106), no siendo por tanto \u201c\u2026ni l\u00f3gica ni jur\u00eddicamente admisible hacer una mezcla de ellos al tratar de demostrarlos, ni presentarlos simult\u00e1neamente respecto del mismo medio\u201d (CCXXV, 197). <\/p>\n
En el presente asunto, para la Sala es evidente que aunque el censor endilg\u00f3 la comisi\u00f3n de un error de derecho, citando \u201c\u2026como violaci\u00f3n medio la de los textos: 174, 175, 179, 181, 183 inc. 142 (sic), 187 y 167\u201d del C. de P.C., en el desarrollo del cargo sit\u00faa el yerro en el terreno meramente f\u00e1ctico, como en efecto lo hace al alegar que del oficio \u2013aunado a la diligencia de inventarios- cab\u00eda concluir que \u201cel contrato de cesi\u00f3n de gananciales era aleatorio y no conmutativo\u201d, aspecto de hecho que eventualmente ser\u00eda censurable por error de esta naturaleza y no en raz\u00f3n de que en el oficio en cuesti\u00f3n se hubiere violado la preceptiva probatoria denunciada por el censor, que -se itera- qued\u00f3 hu\u00e9rfana de explicaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con base en la causal primera se acus\u00f3 la sentencia de violar en forma directa los art\u00edculos 230 de la Constituci\u00f3n Nacional, 13, 180, 1008, 1009, 1010 a 1012, 1013 inciso primero, 1045, 1155, 1781, 1782, 1820, 1826, 1828, 1830, 1832, 1946, 1947, 1948, 4 de la Ley 29 de 1982, por aplicaci\u00f3n indebida, como los art\u00edculos 1602 y 1603 de la misma obra. <\/p>\n
Seg\u00fan el censor, el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente las normas antes relacionadas, en atenci\u00f3n a que \u201cel contrato atacado no tuvo como objeto un cuerpo cierto sino derecho de gananciales, que como tal se halla en contingencias que le dan la calidad de aleatorio\u201d (fl. 31) <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el error in iudicando endilgado condujo al Tribunal a la conclusi\u00f3n de que la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme resultaba aplicable al contrato de cesi\u00f3n de gananciales realizado por un c\u00f3nyuge superstite, luego de disuelta \u2013y no liquidada- la sociedad conyugal. <\/p>\n
Expres\u00f3, igualmente, que el Tribunal dej\u00f3 de lado la aplicaci\u00f3n de la ley, y se dej\u00f3 guiar por pronunciamientos jurisprudenciales, con lo que se desconoci\u00f3 el contenido del art\u00edculo 230 de la Carta Pol\u00edtica. A\u00f1adi\u00f3 que de acuerdo a un salvamento de un voto de unos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, era improcedente la lesi\u00f3n enorme entrat\u00e1ndose de contratos aleatorios. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que cuando el sentenciador de instancia decidi\u00f3 \u201caplicar a una cesi\u00f3n de gananciales normas de la lesi\u00f3n enorme no previstas para esta clase de contratos, aplic\u00f3 indebidamente disposiciones sustanciales como los art\u00edculos 230 C. Nal, 1008, 1010, 1012, 1013 inc. 1o, 1045 del C.C.; art. 4\u00ba L 29\/87, 1496, 1155, 1946, 1947, 1948 del C.C.\u201d. (folio 36 C. Corte) <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En materia espec\u00edfica relativa a negocios jur\u00eddicos sobre derechos sucesorales y\/o gananciales, la Corte ha expresado en forma reiterada, desde hace varias d\u00e9cadas, que, en cuanto que comportan enajenaci\u00f3n de universalidades muchas de las veces inciertas, poseen, por regla general, una naturaleza aleatoria. Excepcionalmente, cuando aparezca comprobado el conocimiento sobre la existencia de los activos y pasivos pose\u00eddos por parte de los contratantes, al momento de la celebraci\u00f3n del contrato, este convenio adoptar\u00e1 una naturaleza diferente, una esencia conmutativa, en cuanto que los cocontratantes adquirieron desde ese mismo momento, certeza sobre el contenido de sus prestaciones. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, en cas. civ. de 29 de noviembre de 1999, reiterando la doctrina sentada en sentencia de casaci\u00f3n de tres de agosto de 1954, la Corte expres\u00f3 que \u2018No se puede sostener de manera absoluta que la venta de derechos hereditarios sea siempre de car\u00e1cter aleatorio. Cuando al momento de efectuar la cesi\u00f3n se conoce de manera cierta por los contratantes la cuant\u00eda del activo y del pasivo de la sucesi\u00f3n, y el n\u00famero y calidad de los herederos, el objeto vendido no es cosa que quede sometida totalmente al azar de una p\u00e9rdida o ganancia. La prestaci\u00f3n en este caso no depende de un acontecimiento incierto que haga imposible su justiprecio al momento del contrato. Puede ocurrir, por ejemplo, que la cesi\u00f3n se efect\u00fae despu\u00e9s de practicados los inventarios y aval\u00faos, cuando ya se han fijado precisamente los elementos integrantes del patrimonio herencial y los valores de los bienes relictos. En este caso la venta de los derechos herenciales no tendr\u00e1 car\u00e1cter aleatorio\u2019 \u201d (CCLXI, Vol. II, 1193 y 1194). <\/p>\n
Del mismo modo, en cas. civ. de 29 de abril de 1964, la Corte se\u00f1al\u00f3 que \u201c\u2026si al tiempo de la cesi\u00f3n eran conocidas las fuerzas de la herencia, como se revela a menudo por los hechos y principalmente despu\u00e9s de la facci\u00f3n de inventarios, el elemento a sabiendas elimina el alea, aunque el traspaso se haga sin especificar los efectos de que se compone la herencia. Cabe entonces la teor\u00eda de la lesi\u00f3n, en guarda de la equitativa igualdad de utilidades para las partes contratantes\u201d y que \u201cLo mismo se predica mutatis mutandis para la cesi\u00f3n por el c\u00f3nyuge sobreviviente de su derecho, vinculado a cierto inmueble de la sociedad conyugal il\u00edquida, en raz\u00f3n de ser tambi\u00e9n comunidad universal\u201d (CVII, 114: Vid: CXXXVIII, 261). <\/p>\n
3. La Sala, en estrictez, no encuentra s\u00f3lidos motivos que hagan cambiar la jurisprudencia que sobre el punto en comentario ha sostenido invariablemente hace varias decadas, y por el contrario, reitera que para determinar si un negocio de cesi\u00f3n de derechos herenciales o de gananciales es conmutativo habr\u00e1 que precisarse s\u00ed, desde el mismo instante de su formaci\u00f3n, las partes conocieron el espectro o contenido de sus prestaciones, esto es adquirieron certeza sobre el resultado econ\u00f3mico de sus obligaciones \u2013independientemente del car\u00e1cter de p\u00e9rdida o ganancia, aspecto que resulta meramente subjetivo- y, de esta manera, dejaron en claro las circunstancias que podr\u00edan afectar sus prestaciones, eliminando el \u00e1lea o azar que podr\u00edan envolver sus compromisos. <\/p>\n
En el presente asunto, la sentencia acusada estim\u00f3 que la se\u00f1ora Garz\u00f3n Pinz\u00f3n hab\u00eda conocido el contenido de la diligencia de inventarios y aval\u00faos practicada en el juicio de sucesi\u00f3n de la se\u00f1ora Juana Pinz\u00f3n de Garz\u00f3n, hasta el punto que present\u00f3 objeci\u00f3n sobre la misma. Ello evidenciaba el conocimiento que la demandada ten\u00eda al momento de celebrar el negocio jur\u00eddico contenido en la escritura p\u00fablica No. 414 del 19 de febrero de 1991; cu\u00e1les eran los activos que pose\u00eda la sucesi\u00f3n; cu\u00e1les sus pasivos, y cu\u00e1l el posible \u00e9xito o fracaso de la objeci\u00f3n por ella formulada, motivo por el cual concluy\u00f3 que s\u00ed ten\u00eda cabida la lesi\u00f3n enorme solicitada por la parte demandante. <\/p>\n
4. Resta finalmente se\u00f1alar que si bien es cierto que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley para ejercer su labor jurisdiccional, no lo es menos que el art\u00edculo 230 de la Carta Pol\u00edtica, citado por la recurrente, indica en su segundo inciso que \u201cLa equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial\u201d. De all\u00ed resulta, pues, que los jueces s\u00ed puedan hacer uso de la jurisprudencia para efectos de realizar interpretaciones judiciales sobre determinados t\u00f3picos, muchos de ellos relacionados con vac\u00edos legales o con la simple hermen\u00e9utica normativa. Lo contrario, rectamente entendido, conducir\u00eda al desconocimiento de la propia norma constitucional, y lo m\u00e1s importante, al rol fundamental asignado en un Estado de derecho al Juez, en general, y a la Corte Suprema, como Tribunal de Casaci\u00f3n, cuya misi\u00f3n primordial estriba en la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, con todo lo que ella envuelve. <\/p>\n
Es que no puede olvidarse que la jurisprudencia, ab antique, \u201ctiene una misi\u00f3n que rebasa los marcos de la gram\u00e1tica y de la indagaci\u00f3n hist\u00f3rica: el de lograr que el derecho viva, se remoce y se ponga a tono con la mentalidad y las urgencias del presente, por encima de la immovilidad de los textos, que no han de tomarse para obstaculizar el progreso, sino ponerse a su servicio, permitiendo as\u00ed una evoluci\u00f3n jur\u00eddica sosegada y firme, a todas luces provechosa\u201d (CXXIV, 160). <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, NO CASA la sentencia del 30 de junio de 1999 pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario de Margarita Garz\u00f3n de Rey en contra de Jes\u00fas Adalver G\u00f3mez Vera e In\u00e9s Garz\u00f3n Pinz\u00f3n. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso extraordinario a la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
<\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-020-2005 [7872] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil cinco (2005) Referencia: Expediente No.7872 Dec\u00eddese el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82870","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82870","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82870"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82870\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82870"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82870"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82870"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}