SC-024-2005 [7860]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref.- Expediente No.7860 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia del 12 de julio de 1999, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual suscitado por GUILLERMO DIAZ CUELLAR contra la sociedad ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante demanda presentada el 16 de septiembre de 1994, posteriormente reformada, cuyo conocimiento asumi\u00f3 a la postre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Florencia, deprec\u00f3 el demandante que se declarase a la demandada civilmente responsable de los da\u00f1os a \u00e9l irrogados a causa del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 21 de septiembre de 1991, en la carrera 11 con calle 3\u00aa del \u00e1rea urbana de la mencionada ciudad y que, subsecuentemente, se le condenase al pago de la correspondiente indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de sus pedimentos expuso el actor que a las 10:50 a.m. de la expresada fecha, la camioneta marca Nissan Patrol, modelo 1983, de placas OW 8559, conducida a excesiva velocidad y en estado de embriaguez por Roberto Su\u00e1rez Ram\u00edrez, empleado de la Electrificadora del Caquet\u00e1 S.A., se\u00f1alada como su propietaria en el escrito inicial y, en el de reforma, adem\u00e1s, como su usuaria y usufructuaria, efectu\u00f3 una imprudente maniobra de adelantamiento e invadi\u00f3 el carril contrario al de su circulaci\u00f3n, en instantes en que por all\u00ed simult\u00e1neamente se desplazaba el demandante en su motocicleta de placas VCC-76, contra la cual aqu\u00e9l impact\u00f3 de frente y le caus\u00f3 a su conductor m\u00faltiples lesiones corporales, particularmente fracturas determinantes de intervenciones quir\u00fargicas y tratamientos especializados a\u00fan no concluidos, realizados en las ciudades de Neiva y Bogot\u00e1, con las inherentes erogaciones dinerarias necesarias para atenderlos en gran parte, sumadas a las originadas en la reparaci\u00f3n de su veh\u00edculo. <\/p>\n
3. El accidente afect\u00f3 gravemente la salud del accionante, incapacit\u00e1ndolo por largo tiempo y dej\u00e1ndolo expuesto a previsibles secuelas y limitaciones f\u00edsicas, sin haber obtenido a\u00fan su recuperaci\u00f3n, finalidad cuyo logro le demandar\u00e1 sufragar otros gastos futuros. Adicionalmente le ocasion\u00f3 aflicci\u00f3n moral y la disminuci\u00f3n de los ingresos percibidos en su actividad extralaboral como administrador de la finca \u201cSan Vicente\u201d, situada en la vereda \u201cLos Canelos\u201d, en comprensi\u00f3n territorial de Florencia, al no poder realizarla personalmente sino por conducto de terceros, con el resultado adverso de una baja de la productividad en relaci\u00f3n con la que anteriormente registraba. <\/p>\n
4. La sociedad accionada en la contestaci\u00f3n de la demanda se opuso a las pretensiones y neg\u00f3 los hechos en los que se sustenta la responsabilidad que se le imputa, particularmente el referido a la propiedad de la camioneta cuya titularidad le atribuy\u00f3, por el contrario, al conductor y poseedor de la misma, Roberto Su\u00e1rez Ram\u00edrez, en virtud de \u201ccontrato de compraventa mediante convenio 009\u201d ajustado con \u00e9ste el 17 de abril de 1990, a quien por tanto llam\u00f3 en garant\u00eda; as\u00ed mismo, afirm\u00f3 que aqu\u00e9l aunque era su empleado no desarrollaba ninguna actividad propia del cargo para el momento en que tuvo ocurrencia la colisi\u00f3n. Respecto a los dem\u00e1s hechos dijo no constarle y propuso como excepciones de m\u00e9rito la concurrencia de culpas y la de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
5. A su turno, el garante se opuso a la pretensi\u00f3n del actor con sustento en que el causante del accidente fue en buena parte aqu\u00e9l, a la vez que corrobor\u00f3 lo aseverado por la demandada a prop\u00f3sito de la propiedad de la camioneta. Sostuvo que aunque era empleado de dicha sociedad, el d\u00eda de los hechos, por no ser laborable, desarrollaba actividades particulares, concretamente, se dirig\u00eda hacia su residencia a llevar el mercado para su familia. Como medios de defensa propuso los nominados como caso fortuito, ausencia de relaci\u00f3n causal, compensaci\u00f3n de culpas y prescripci\u00f3n . <\/p>\n
6. Surtido el tr\u00e1mite procesal de rigor, el juzgador a quo dict\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones de la demanda, la que al ser impugnada por la demandada, fue revocada por el Tribunal Superior de Florencia, que en su lugar, profiri\u00f3 el fallo absolutorio recurrido ahora en casaci\u00f3n. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. En sus consideraciones parti\u00f3 de la premisa de que la responsabilidad civil extracontractual imputada por el demandante a la sociedad demandada, es la derivada del hecho ajeno desarrollado en ejercicio de actividades peligrosas, conforme a las previsiones de los art\u00edculos 2347 y 2356 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. Definido lo anterior, emprende el fallador seguidamente la tarea valorativa de la prueba, declar\u00e1ndose de entrada plenamente persuadido, tanto de la ocurrencia del percance con la intervenci\u00f3n del veh\u00edculo de placas OW 8559, cuando se hallaba al mando de Roberto Su\u00e1rez Ram\u00edrez como de la propiedad del mismo radicada a la saz\u00f3n en cabeza de la Electificadora del Caquet\u00e1 S.A.; as\u00ed mismo, que exist\u00eda un v\u00ednculo de dependencia laboral entre aqu\u00e9l y \u00e9sta. Dice a continuaci\u00f3n, que fundar en tales bases una sentencia condenatoria, como lo hizo el sentenciador de primer grado, ser\u00eda incurrir en \u201cinconsonancia\u201d en atenci\u00f3n a que la accionada en la r\u00e9plica del escrito genitor sostuvo que por estar en posesi\u00f3n de la multicitada camioneta Roberto Su\u00e1rez Ram\u00edrez y, no ejercer en ese momento actividad laboral alguna como empleado suyo, s\u00f3lo a \u00e9l deb\u00eda deduc\u00edrsele responsabilidad. <\/p>\n
3. Detenido en la estimaci\u00f3n de esas afirmaciones de la sociedad demandada, a las que el Tribunal atribuye la virtud de definir la l\u00ednea argumental de su defensa, censura al fallador a quo por haber abordado de forma tangencial el punto, ocup\u00e1ndose de hacerlo a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. En desarrollo de ese prop\u00f3sito, asevera que la propiedad del automotor radicaba en cabeza de la demandada en la fecha del accidente, seg\u00fan se infiere de la certificaci\u00f3n expedida el 5 de junio de 1992 por los jefes de la Secci\u00f3n de Matr\u00edculas y Actualizaci\u00f3n T\u00e9cnica del Instituto de Transportes y Tr\u00e1nsito de Neiva; sostiene, empero, con base en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, que aquella titularidad autoriza presumir legalmente el ejercicio de la guarda del veh\u00edculo, entendida \u00e9sta como el poder efectivo e independiente de direcci\u00f3n o control sobre el instrumento generador del da\u00f1o por parte del due\u00f1o, de la que proviene la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, pasando a decir que tal presunci\u00f3n fue desvirtuada por la accionada. <\/p>\n
5. En orden a sustentar el aserto precedente, se apoya el Tribunal en el denominado \u201cConvenio Nro. 009 de 1990\u201d, documento cuya autenticidad proclama como indiscutida y tiene por establecida con \u00e9l la obligaci\u00f3n surgida para la sociedad, de entregar el veh\u00edculo al empleado Su\u00e1rez Ram\u00edrez, condicionada a que mientras \u00e9ste terminara de cubrir el precio, lo destinase preferentemente, sin descartar el uso de orden particular, a los desplazamientos y diligencias que su cargo le impon\u00edan al servicio de Electrocaquet\u00e1 S.A., en d\u00edas y horas laborables o no, seg\u00fan lo determinaran la gerencia y la Divisi\u00f3n T\u00e9cnica, \u201cquedando entendido entre las partes que el veh\u00edculo estar\u00e1 siempre listo y a disposici\u00f3n de la Empresa cumpliendo funciones inherentes al cargo de su propietario, salvo casos de fuerza mayor, fortuitidad, reparaciones, etc.\u201d ( encomillado en el texto ). <\/p>\n
6. La entrega del automotor a Su\u00e1rez Ram\u00edrez, la encontr\u00f3 acreditada el sentenciador con anterioridad a la celebraci\u00f3n del contrato, mediante la nota impuesta en el documento denominado \u201cacta de entrega\u201d, fechado el 4 de junio de 1990, aportado por \u00e9ste al intervenir en virtud del llamamiento en garant\u00eda, acto del que deriv\u00f3 el ejercicio por aqu\u00e9l de una posesi\u00f3n \u201chasta cierto momento restringida\u201d (comillas en el texto) \u201ccomo en las ocasiones en que se presentaban irregularidades al compromiso adquirido en las cuales le inmovilizaban (sic.) el veh\u00edculo, lo cual se aviene con los t\u00e9rminos en que aparece ajustado el convenio\u201d. <\/p>\n
7. Agrega que de lo anterior no pod\u00eda seguirse que el d\u00eda del incidente Su\u00e1rez no ejerciera libremente la posesi\u00f3n de la camioneta, am\u00e9n que no estaba comprobado que estuviese desarrollando alguna labor encomendada por la empresa, m\u00e1xime si se advierte que ese s\u00e1bado 21 de septiembre de 1991, aqu\u00e9l no ten\u00eda obligaci\u00f3n de laborar, y que cuando el accidente ocurri\u00f3 \u201ciba para su casa a llevarle el mercado a su familia\u201d, todo lo cual se deduce del oficio n\u00famero 975 del representante de la empresa y en las manifestaciones del escrito de intervenci\u00f3n del llamado en garant\u00eda, a las que les atribuy\u00f3 el alcance de una confesi\u00f3n al tenor de lo establecido en los art\u00edculos 96, 56, inciso tercero, y 57 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
8. Prevalido de las anteriores reflexiones sienta el Tribunal la que en su criterio es forzosa conclusi\u00f3n, es decir que en el d\u00eda y hora del percance la Electrificadora del Caquet\u00e1 carec\u00eda de la guarda material del automotor \u201cpor haberse desprendido voluntariamente de su tenencia material en virtud de un convenio leg\u00edtimo, y que si bien su adquirente Roberto Su\u00e1rez deb\u00eda utilizarlo de modo preferente a favor de la empresa, esto deb\u00eda ocurrir en los d\u00edas y horas, laborables o no, por ella determinados, no apareciendo demostrado que lo propio hubiere sido dispuesto por ella para el d\u00eda de los hechos materia de la controversia\u201d; agrega que el \u201cacto da\u00f1oso\u201d no se caus\u00f3 en raz\u00f3n del cumplimiento de una tarea encomendada al dependiente laboral; as\u00ed, por esa v\u00eda arriba a la decisi\u00f3n de negarle legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva a la sociedad demandada, como antecedente determinante de su absoluci\u00f3n. <\/p>\n
IV. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Los dos cargos que ella contiene, perfilados con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, ser\u00e1n despachados conjuntamente dado que adolecen de defectos de t\u00e9cnica que le son comunes. <\/p>\n
1. CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.1 Aduce el censor que la sentencia recurrida es violatoria de los art\u00edculos 2341, 2342, 2343, 2347, 2349 y 2356 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, al igual que infringe los art\u00edculos 1613 a 1615 de la misma obra, como tambi\u00e9n los art\u00edculos 280 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y el 65 del decreto 2820 de 1974. <\/p>\n
1.2 En su desenvolvimiento expres\u00f3 el censor que el Tribunal desconoci\u00f3 los mandatos de los art\u00edculos 2347, 2349 y 2356 del C\u00f3digo Civil, pues pas\u00f3 por alto las presunciones de responsabilidad que \u00e9stos consagran, de naturaleza directa en el caso de la correspondiente a las personas jur\u00eddicas por la conducta de sus agentes, para cuya liberaci\u00f3n tales entes tienen la carga de demostrar fuerza mayor, caso fortuito, culpa de la v\u00edctima o el hecho de un tercero. <\/p>\n
1.3 Luego de afirmar que los argumentos f\u00fandanles de la conclusi\u00f3n del fallador negativa de la responsabilidad, estriban en que \u201cel carro con que se caus\u00f3 el accidente no es de propiedad de la sociedad, no se hallaba bajo su guarda y el causante del accidente en el momento del mismo no estaba al servicio de la aludida empresa\u201d, transcribe la censura el criterio de un reconocido doctrinante nacional acerca de las consecuencias producidas por la supresi\u00f3n efectuada por Bello al inciso primero del art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil, contentivo de disposici\u00f3n atinente al fen\u00f3meno de la guarda en punto de la responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas, atribuy\u00e9ndole dicho autor, de una parte, el alcance correspondiente a la eliminaci\u00f3n de ese c\u00f3digo de la teor\u00eda general que la informa y, de la otra, El de una variaci\u00f3n fundamental en su tratamiento, con la aclaraci\u00f3n de que carece de asidero aseverar \u201cque se hubiera eliminado por completo toda responsabilidad por algunos hechos de ciertas cosas inanimadas, ni que se hubiera olvidado los da\u00f1os causados por animales\u201d prueba de lo cual \u201cson los art\u00edculos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355\u201d. Seguidamente sostiene el recurrente que \u201clo que pasa\u201d es que la teor\u00eda francesa no es aplicable sin variaciones ni como regla general, con mayor raz\u00f3n si se advierte que el ordenamiento patrio cuenta con la norma del art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil extra\u00f1a al ordenamiento franc\u00e9s, consagratorio del principio general de responsabilidad por las actividades peligrosas. <\/p>\n
1.4 A\u00f1ade la censura que en la actualidad no es de recibo la doctrina de la culpa in vigilando por gravitar en los patronos la carga de garantizar la conducta ordenada y recta de sus empleados, de manera que conforme a lo establecido en los art\u00edculos 2347 y 2349 ib\u00eddem \u201cpara liberarse el patrono tienen (sic.) que prever que el respectivo empleado obre con diligencia y cuidado\u201d, y que en este asunto \u201cla sociedad demandada no prob\u00f3 ning\u00fan elemento de la naturaleza indicada, y present\u00f3 un llamado contrato de compraventa cuya fecha cierta se halla gobernada por el art\u00edculo 280 del C.P.C., contrato que tiene todos los visos de ser un acto simulado y preparado ad-hoc, para mediante \u00e9l, tratar de eludir la responsabilidad que les (sic.) corresponde como patrones del causante del accidente ( \u2026)\u201d, documento del que, en todo caso, destaca la constancia acerca de que la demandada se reserv\u00f3 el derecho de dominio conforme a lo establecido en el art\u00edculo 952 del C\u00f3digo de Comercio, aspecto sobre el que funda su alegaci\u00f3n de que el automotor causante del accidente \u201ces propiedad exclusiva de la sociedad demandada\u201d, a lo cual suma la referencia que en su clausulado se hace al estado de permanente disposici\u00f3n que la empresa ten\u00eda sobre el veh\u00edculo y la destinaci\u00f3n a su servicio, reflexiones todas que conducen al impugnante a restarle validez al argumento expuesto por el Tribunal en el sentido de que al tiempo del fatal accidente \u201cel veh\u00edculo no se encontraba al servicio de la sociedad demandada, pero estaba al servicio de su empleado irresponsable imprudente y negligente que en estado de embriaguez caus\u00f3 lesiones al demandante\u201d. <\/p>\n
1.5 Reitera su punto de vista acerca de la ausencia de prueba que desvirt\u00fae las presunciones de culpa que gravitan en contra de la demandada, particularmente la del art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil e insiste en decir que \u201cel documento elaborado con el fin de eludir responsabilidad sin alg\u00fan contenido tiende es a contribuir a demostrarla, pues se dice vender el veh\u00edculo con pacto de reserva de dominio y que \u00e9l se encontrara al servicio de la sociedad vendedora\u201d, afirma que de dicha circunstancia se infiere \u201cque la sociedad demandada ten\u00eda y tiene la calidad de guardi\u00e1n jur\u00eddico del veh\u00edculo causante del da\u00f1o en raz\u00f3n de la conducta, se repite, negligente, imprudente, del conductor del aludido veh\u00edculo\u201d <\/p>\n
1.6 Para rematar sus argumentaciones dice que \u201cel Tribunal desconoci\u00f3 el contenido objetivamente v\u00e1lido de los art\u00edculos 2347, 2349, y 2356 del C\u00f3digo Civil, y pas\u00f3 por alto las presunciones que de los mismos se desprenden, con el claro prop\u00f3sito de defender y proteger a la entidad demandada, sin tener en cuenta las condiciones en que qued\u00f3 la v\u00edctima como consecuencia del accidente provocado por el trabajador de la empresa demandada.\u201d Y agrega: \u201cDesconoce el Tribunal la jurisprudencia de esa superioridad sobre la presunci\u00f3n de responsabilidad que surge de los textos que se han citado y que no existe en el proceso medio probatorio alguno que la desvirt\u00fae. Por el contrario en el plenario se encuentra claramente demostrada la responsabilidad y qui\u00e9n es el agente que debe responder a ella\u201d. <\/p>\n
2. CARGO SEGUNDO <\/p>\n
2.1 A causa de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, el casacionista le imputa al sentenciador el quebranto de los art\u00edculos 2341 a 2344, 2347, 2349 y 2356 del C\u00f3digo Civil y 65 del decreto 2820 de 1974. <\/p>\n
2.2 Como pruebas mal apreciadas relaciona la documental denominada \u201cconvenio 09 de 1990\u201d, el contrato individual de trabajo suscrito entre la demandada y Roberto Su\u00e1rez Ram\u00edrez, el acta de posesi\u00f3n de \u00e9ste como asistente de la divisi\u00f3n t\u00e9cnica de la Electrificadora del Caquet\u00e1, las obrantes en el cuaderno 4 a los folios 36, 37 y 38 descriptiva \u00e9sta de las lesiones sufridas por el demandante; 56, 57 y 58 expresiva de las funciones del empleo de Su\u00e1rez Ram\u00edrez, y la legajada en los folios 60, 66 a 68, 90 \u201cy siguientes\u201d y 121 a 123. La testimonial de Carmen Camacho Montiel, Edgar D\u00edaz Cuellar, Lucrecia Cu\u00e9llar de D\u00edaz, Mamfred Mart\u00ednez Cobo, Salom\u00f3n Gait\u00e1n y la de inspecci\u00f3n judicial practicada el 28 de abril de 1997 en las oficinas de la sociedad demandada. <\/p>\n
2.3 A manera de sustentaci\u00f3n del cargo expres\u00f3 el recurrente lo siguiente: <\/p>\n
2.3.1 El documento contentivo de los t\u00e9rminos del denominado \u201cconvenio 09 de 1990\u201d, pone de presente un contrato absolutamente simulado, dado que fue preparado intencionalmente para justificar al causante del accidente. Con el prop\u00f3sito de fundamentar dichos cuestionamientos apunta el censor que \u201cnadie celebra un contrato de compraventa en donde el bien materia del mismo, queda al servicio del vendedor, a su disposici\u00f3n, como sucede en el aludido documento que tiene fecha 17 de abril de 1990, pero cuya fecha cierta, e (sic.) los t\u00e9rminos del art\u00edculo 280 del C. de P.C., es la del momento en que fue presentado al proceso, es decir, 31 de enero de 1995, folio 6, cuaderno 6\u201d. <\/p>\n
2.3.2 \u201cTodos los documentos aportados demuestran objetivamente que el se\u00f1or ROBERTO SUAREZ MARTINEZ, es empleado de la entidad demandada\u201d; el testimonio de CARMEN CAMACHO DE MONTIEL narra los aspectos circunstanciales del accidente, destaca la censura el referido al estado de inconciencia en el que qued\u00f3 la v\u00edctima y la omisi\u00f3n de auxilio por parte del conductor de la camioneta, medio de transporte del que sostiene que al hallarse bajo la guarda jur\u00eddica de la empresa demandada, \u201ces obvio que no tiene validez el argumento expuesto por el Tribunal, seg\u00fan el cual, en el momento del accidente, no estaba realizando menesteres en beneficio de la sociedad demandada\u201d. <\/p>\n
2.3.3 La sociedad demandada no s\u00f3lo omiti\u00f3 probar que emple\u00f3 la debida diligencia para evitar que su subalterno causara perjuicios con el veh\u00edculo a su cargo, como se lo imponen los art\u00edculos 2347 y 2349 del C.C., sino que por tratarse de actividad peligrosa surge en su contra como guardi\u00e1n del automotor la presunci\u00f3n de culpa del art\u00edculo 2356 ibidem, no desvirtuada por aqu\u00e9lla. <\/p>\n
2.3.5 Como el producto de un desatino jur\u00eddico en la interpretaci\u00f3n de las normas y los hechos, estima el censor la conclusi\u00f3n negativa de la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, respecto a lo cual dice que \u201csurgen n\u00edtidos el error jur\u00eddico y los errores de hecho\u201d en que incurri\u00f3 al no percatarse de los elementos probatorios se\u00f1alados a lo largo de este caso y que demuestran que la ELECTRIFICADORA demandada, es la que debe responder por la conducta de sus agentes y no pretender escudarse en el sujeto que carece de bienes econ\u00f3micos para satisfacer la obligaci\u00f3n indemnizatoria\u201d. <\/p>\n
2.3.6 Al finalizar reitera que a pesar de los medios de prueba demostrativos de lo contrario, el Tribunal lleg\u00f3 a la errada conclusi\u00f3n de que \u201csu empleado no se hallaba al servicio de la demandada y que el veh\u00edculo no era de su propiedad\u201d, pese a estar presente la prueba de todos los elementos de la responsabilidad requeridos para declararla en contra de la demandada. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Claramente emerge del compendio de la sentencia combatida, que la decisi\u00f3n absolutoria del Tribunal tiene su soporte jur\u00eddico en la estimaci\u00f3n de que la responsabilidad atribuida a las personas jur\u00eddicas por hechos de sus dependientes es directa y, que la surgida de las cosas inanimadas exige como condici\u00f3n el ejercicio de la guarda material de ellas por parte del demandado, hallando en el terreno probatorio que, no obstante radicar la propiedad del automotor causante del da\u00f1o en la sociedad demandada, circunstancia que autorizar\u00eda presumir su ejercicio por parte de \u00e9sta, en el instante de la ocurrencia el ente social no era el guardi\u00e1n del automotor sino su restringido poseedor y conductor, quien, por otra parte, tampoco se encontraba ejecutando acto propio de sus funciones de empleado de Electrocaquet\u00e1. Consecuentemente los ataques en casaci\u00f3n enderezados por la causal primera, elegida por el recurrente, han debido dirigirse entonces a combatir tales fundamentos. <\/p>\n
2. Lo observado en la demanda de casaci\u00f3n, cuyos dos cargos se resuelven conjuntamente en raz\u00f3n de adolecer de deficiencias t\u00e9cnicas comunes ofrece un panorama nada alentador frente al logro del expresado designio. <\/p>\n
2.1 En efecto, en lo tocante con el primero de ellos, concebido en t\u00e9rminos de denunciar una violaci\u00f3n de la ley sustancial, lo que inicialmente se advierte es la imprecisi\u00f3n acerca de si la acusaci\u00f3n est\u00e1 trazada por la v\u00eda directa o la indirecta, habida cuenta de que al comenzar su exposici\u00f3n, el censor, emplea una redacci\u00f3n confusa, y desgaja una serie de reflexiones de orden jur\u00eddico relacionadas con la procedencia de la teor\u00eda de la guarda en nuestro ordenamiento, que parecieran situar la argumentaci\u00f3n en el terreno propio del error iure in iudicando, impresi\u00f3n que pronta y abruptamente cambia por fuerza de la inclusi\u00f3n de cr\u00edticas seguidamente formuladas por el censor en torno de aspectos probatorios que, como es sabido, son propios de un ataque por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
Pero es que adem\u00e1s de ello, si se entendiese que la acusaci\u00f3n se perfil\u00f3 por la v\u00eda indirecta, de todas maneras el recurrente no determin\u00f3 la clase de error que habr\u00eda cometido el sentenciador, ni lo demostr\u00f3, conforme lo exige el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 374 del Estatuto Procesal Civil. <\/p>\n
2.2 En relaci\u00f3n al segundo cargo, advierte la Sala que la simulaci\u00f3n enrostrada al \u201cconvenio 09 de 1999\u201d no fue alegada en las instancias, como tambi\u00e9n que en dicha acusaci\u00f3n el recurrente no satisfizo las exigencias del art\u00edculo 374 in fine del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, habida cuenta que omiti\u00f3 especificar el yerro que hab\u00eda cometido el Tribunal al apreciar el referido documento, a la vez que desde\u00f1\u00f3 su demostraci\u00f3n, por supuesto que es indiscutible que esa imputaci\u00f3n dirigida a socavar la sinceridad de dicho negocio jur\u00eddico, aparece hu\u00e9rfana de comprobaci\u00f3n en el planteamiento del cargo, por lo que verdaderamente corresponde al fruto de una personal apreciaci\u00f3n del censor. En circunstancias tales, la indicada falencia impide admitir que aquella situaci\u00f3n trascendente en el terreno de la materialidad de la prueba, estuviese patentizada de manera ostensible en autos, a tal punto que al evaluarla se impusiese al fallador dicha conclusi\u00f3n como la \u00fanica razonable alternativa. <\/p>\n
En lo concerniente con la preterici\u00f3n de la cl\u00e1usula de reserva de dominio estipulada en el referido documento, como uno de los aspectos del denunciado yerro f\u00e1ctico, es palpable, como ya se advirtiera, su desenfoque, puesto que, de conformidad con los argumentos del impugnante el Tribunal no se habr\u00eda percatado de que el comprador no era el propietario del veh\u00edculo; sin embargo, es patente en el fallo que, por el contrario, el sentenciador parti\u00f3 de la base de que la propiedad del automotor se hallaba en cabeza de la sociedad demandada, no obstante lo cual \u00e9ste carec\u00eda de su guarda. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, resulta irrelevante la acusaci\u00f3n relativa a la fecha cierta del \u201cconvenio 09 de 1999\u201d, toda vez que, a la postre el Tribunal entendi\u00f3 que la Electrificadora del Caquet\u00e1 S.A. se desprendi\u00f3 de la guarda del veh\u00edculo con sustento en el acta de entrega del mismo, la que no fue discutida por el censor. <\/p>\n
Finalmente, advierte la Sala que las dem\u00e1s imputaciones formuladas por el censor a la sentencia impugnada resultan desenfocadas, en la medida que no combaten los argumentos medulares de dicha decisi\u00f3n, esto es que, para el momento en que ocurri\u00f3 la colisi\u00f3n, la demandada no ten\u00eda la guarda de la camioneta, ni Su\u00e1rez Ram\u00edrez ejerc\u00eda funciones propias de su cargo, sino que apuntan a rebatir aspectos que ninguna injerencia tienen en desvirtuar esa consideraci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed mismo, resulta inocua para destruir la argumentaci\u00f3n toral del fallo, la discusi\u00f3n que el recurrente plantea sobre la omisi\u00f3n de la Electrificadora de acreditar que obr\u00f3 con diligencia para evitar que su subalterno ocasionara el da\u00f1o, puesto que, como qued\u00f3 dicho, ese no fue el fundamento de la decisi\u00f3n, ni tampoco la prueba de ese hecho contribuye a demostrar que la guarda del automotor estaba en cabeza de dicha entidad cuando tuvo ocurrencia el hecho da\u00f1ino. <\/p>\n
Lo antes discurrido conduce a la improsperidad de los cargos. <\/p>\n
<\/p>\n
V. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 12 de julio de 1999, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual suscitado por GUILLERMO DIAZ CUELLAR contra la sociedad denominada ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. <\/p>\n
Costas del recurso de casaci\u00f3n a cargo del recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
SILVIO FERNANDOTREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-024-2005 [7860] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil cinco (2005). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82874","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82874","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82874"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82874\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82874"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82874"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82874"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}