SC-026-2005 [31030071998-0464-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref.: Exp. 31030071998 0464 01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia del 3 de agosto de 2001, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario iniciado por JOSE GUILLERMO ANGULO ANGULO frente a la sociedad AGROPECUARIA BLUM Y DOM\u00cdNGUEZ LIMITADA y HAROLD BLUM CHAPARRO. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Pidi\u00f3 el actor que se declarara a los demandados como civilmente responsables de los da\u00f1os que le causaron al denunciarlo, falsamente, de los delitos de estafa y fraude procesal, y que, en consecuencia, se les condenara a indemnizarle, por perjuicio moral, la cantidad equivalente al valor de 1.000 gramos oro, y por da\u00f1o emergente y lucro cesante la suma de $860.961.260 o la que resultara demostrada. <\/p>\n
2.- Los supuestos de hecho afirmados en apoyo de esos pedimentos se resumen as\u00ed: <\/p>\n
Seg\u00fan consta en documento privado, el actor compr\u00f3 a la Junta de Acci\u00f3n Comunal del paraje Achotal, corregimiento de Herrera, Municipio de Tumaco, el 17 de mayo de 1978, las mejoras consistentes en un lote de aproximadamente 24 hect\u00e1reas, cuyo t\u00edtulo trat\u00f3 de sanear, predio que hac\u00eda parte del llamado \u201cEl Esfuerzo\u201d, adjudicado por el INCORA a Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza, con 50 hect\u00e1reas de cabida aproximada y enajenado por \u00e9sta en favor de aqu\u00e9l mediante la escritura p\u00fablica No. 911, otorgada el 26 de diciembre de 1986 en la Notar\u00eda Unica de dicho municipio. Con ese bien, m\u00e1s otros cinco que adquiriera en otras compraventas celebradas el 18 de septiembre de 1980, en la misma notar\u00eda, el actor form\u00f3, en la pr\u00e1ctica, la unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica agropecuaria que denomin\u00f3 Villa Lola. <\/p>\n
El predio \u201cEl Esfuerzo\u201d hab\u00eda sido entregado al Departamento de Nari\u00f1o, en daci\u00f3n de pago, por Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza y Salom\u00f3n Meza, seg\u00fan la escritura p\u00fablica No. 245 del 10 de agosto de 1968 pasada en la Notar\u00eda de Tumaco, pero no registrada. Esos terrenos fueron adjudicados en 1972, de manera verbal, por una diputada, a las v\u00edctimas de las inundaciones del r\u00edo Mira, y su posesi\u00f3n fue adquirida por el actor el 17 de mayo de 1978, cuando no estaba inscrita la daci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
El 9 de febrero de 1987, Aniceto Guzm\u00e1n solicit\u00f3 al Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tumaco inscribir, en el folio respectivo, la tradici\u00f3n derivada de la daci\u00f3n en pago, y anular la escritura 911 del 26 de diciembre de 1986, mediante la que el actor hab\u00eda adquirido el predio \u201cEl Esfuerzo\u201d. La resoluci\u00f3n 002 del 13 de febrero de 1987 de esa oficina accedi\u00f3 a lo primero, neg\u00f3 la anulaci\u00f3n y orden\u00f3 que el acto contenido en la escritura 911 fuese registrado en la columna de falsa tradici\u00f3n, quedando el Departamento de Nari\u00f1o como propietario del bien mencionado. El tercero Aniceto Guzm\u00e1n despleg\u00f3 entonces una actividad \u201cdolosa\u201d para denunciar despu\u00e9s al demandante. <\/p>\n
Ante la inminencia de la captura, Jos\u00e9 Guillermo de Angulo Angulo huy\u00f3 y dej\u00f3 su familia y sus negocios. La denuncia y la constituci\u00f3n de parte civil, realizadas por los ahora demandados, llevaron a que el actor perdiera \u201ctodas las tierras\u201d (cuad. 1, f. 702), pues, como hab\u00eda obtenido un cr\u00e9dito de la Caja Agraria, hipotec\u00e1ndole cuatro de los seis predios aludidos, esa entidad lo ejecut\u00f3, impulsada a ello por los demandados, quienes ten\u00edan inter\u00e9s en apropiarse de esos bienes. En el proceso ejecutivo se subast\u00f3 el ganado y los cuatro inmuebles afectos a la hipoteca, de los que uno qued\u00f3 en manos de la Caja y los otros tres en poder de su adjudicatario Saa Angulo Ingenieros Ltda. <\/p>\n
En las actuaciones que conllevaron la p\u00e9rdida de las fincas del actor participaron personas cercanas a los demandados. Aniceto Guzm\u00e1n, quien solicit\u00f3 el registro de la daci\u00f3n en pago cumplida a favor del Departamento de Nari\u00f1o, era esposo de Adriana Dom\u00ednguez, socia de Agropecuaria Blum y Dom\u00ednguez Ltda.; Jorge Guzm\u00e1n, quien hizo postura en una de las diligencias de remate de los bienes, es cu\u00f1ado de Adriana Dom\u00ednguez; el apoderado de la firma dicha en el proceso penal, Guillermo Guzm\u00e1n Cabal, es el padre de Aniceto y Jorge Guzm\u00e1n y suegro de Adriana Dom\u00ednguez; y quien otorg\u00f3 el poder para la denuncia fue el gerente de la sociedad, Harold Blum Chaparro. La culpa de este surge de haber promovido una denuncia para que a los cinco a\u00f1os se estableciera que no hab\u00eda sido cometido delito alguno. <\/p>\n
3.- Los demandados se opusieron a lo pedido y manifestaron que nada les constaba acerca de los hechos, salvo el de haber formulado denuncia penal en contra del actor, cosa que aceptaron. <\/p>\n
4.- El Juzgado 7\u00b0 Civil del Circuito de Cali puso fin a la primera instancia con fallo desestimatorio de lo pedido, confirmado despu\u00e9s por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, en prove\u00eddo del 3 de agosto de 2001, recurrido en casaci\u00f3n por quien hab\u00eda apelado la sentencia del juzgado. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1.- Tras recordar que el ejercicio del derecho en forma negligente o con la intenci\u00f3n de causar da\u00f1o, si lo causa, es acto il\u00edcito generador de responsabilidad civil extracontractual, el fallador precis\u00f3 que al caso se aportaron, espec\u00edficamente, siete folios de matricula inmobiliaria, distinguidos con n\u00fameros 252-0000477, 252-0003695, 252-0003787, 252-0003800, 252-0003802, 252-0003803 y 252-0008441, todos del Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tumaco; la hoja de papel sellado KK06164992, que contiene la compraventa de un lote de 24 hect\u00e1reas, celebrada el 17 de mayo de 1978; la escritura p\u00fablica No. 911 pasada en la Notar\u00eda de Tumaco en 1986, con certificado catastral y paz y salvo; el plano del lote \u201cLa Esperanza\u201d, cuya localizaci\u00f3n se define al sobreponerlo en la aerofotograf\u00eda, al igual que la de los lotes \u201cEl Para\u00edso\u201d y \u201cEl Esfuerzo\u201d; la aerofotograf\u00eda de los predios mencionados en la demanda, junto con 11 acetatos y 28 folios explicativos de escalas y tradici\u00f3n; la copia aut\u00e9ntica del proceso penal adelantado contra Jos\u00e9 Guillermo de Angulo a ra\u00edz de la denuncia formulada por los demandados de autos y, en fin, la del proceso ejecutivo promovido contra \u00e9l por la Caja Agraria. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se recibieron tambi\u00e9n los testimonios de Mar\u00eda Eugenia Solarte de V\u00e9lez, Dar\u00edo de Jes\u00fas V\u00e9lez Fern\u00e1ndez, Francisco Jos\u00e9 de Angulo Angulo, Luz Dary Chamorro C\u00f3rdoba y Hernando de Angulo Angulo, quienes, dice, \u201cen ning\u00fan momento se refirieron a comportamientos abusivos de la Sociedad Agropecuaria Blum Ltda., o a la intenci\u00f3n da\u00f1ina con que se obr\u00f3 por el mencionado ente jur\u00eddico, con el fin de hacerse propietario de los predios mediante el remate de los mismos\u201d; le parece aventurado deducir, de lo afirmado por la Caja Agraria en la demanda ejecutiva que propusiera contra Jos\u00e9 Guillermo de Angulo, acerca de la ausencia de \u00e9ste, que ello establece \u201cla relaci\u00f3n de causalidad existente entre la denuncia y los perjuicios que ocasion\u00f3 la misma, como tambi\u00e9n que la Caja Agraria inici\u00f3 el proceso siguiendo consignas y directrices\u201d de la parte demandada para perjudicar al actor. <\/p>\n
El Tribunal hall\u00f3 que el demandado afirm\u00f3, en la denuncia penal, que Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza hab\u00eda adquirido, por resoluci\u00f3n del Ministerio de Agricultura, el lote denominado \u201cEl Esfuerzo\u201d, y que ella, mediante escritura p\u00fablica No. 245 del 10 de agosto de 1968, que rubricara con su esposo Salom\u00f3n Meza, entreg\u00f3 ese bien al Departamento de Nari\u00f1o, en daci\u00f3n de pago; que el predio fue adjudicado en 1972, por el departamento, a damnificados del desbordamiento del r\u00edo Mira, y que de \u00e9stos lo adquiri\u00f3 Oscar de Jes\u00fas Montoya, quien a su vez, con escritura 169 de 1985 de la Notar\u00eda de Tumaco, lo dio en compraventa a la sociedad demandada. A pesar de lo anterior, Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza vendi\u00f3 a Jos\u00e9 Guillermo de Angulo Angulo el mismo predio, seg\u00fan la escritura p\u00fablica No. 911 del 26 de diciembre de 1986, inscrita el d\u00eda 30 siguiente, registro corregido despu\u00e9s por la resoluci\u00f3n 02 del 13 de febrero de 1987 a fin de hacer constar ese acto en la columna de falsa tradici\u00f3n. A Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Mesa y Jos\u00e9 Guillermo de Angulo se les acus\u00f3, por el denunciante, precisa el Tribunal, de la ejecuci\u00f3n de actos por medio de los cuales violaron normas punitivas. <\/p>\n
La justicia penal evalu\u00f3 la prueba e imput\u00f3 a Jos\u00e9 Guillermo de Angulo y Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Mesa el delito de fraude procesal, porque lo vendido por \u00e9sta a aqu\u00e9l, con la escritura 911 del 26 de diciembre de 1986, lo hab\u00eda dado en pago antes al Departamento de Nari\u00f1o, mediante la escritura 245 del 10 de agosto de 1968, y esta era conocida por los investigados, seg\u00fan el auto del 30 de agosto de 1990 dictado por el Juez 115 de Instrucci\u00f3n Criminal de Tumaco; ese despacho asever\u00f3 que Jos\u00e9 Guillermo de Angulo \u201cs\u00ed cometi\u00f3 el delito de FRAUDE PROCESAL por cuanto el documento que escondi\u00f3 a fin de lograr inducir en error a la funcionaria de instrumentos p\u00fablicos conlleva la figura jur\u00eddica de una daci\u00f3n en pago\u201d, de donde colige que all\u00e1 fueron vistos indicios suficientes de la existencia del delito, as\u00ed despu\u00e9s el Tribunal Superior de Nari\u00f1o hubiera revocado tal imputaci\u00f3n. No hay culpa, dice, en quien denuncia la ocurrencia de hechos que considera delictuosos, aunque no sean probados en la investigaci\u00f3n, por cuanto esta tiene por objeto \u201caclarar lo que por ser sospechoso y oscuro induce a pensar en la comisi\u00f3n de un delito, o a confirmar la sospecha que surg\u00eda de los indicios y pon\u00eda en evidencia el delito\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el Tribunal predica que la prueba documental y testimonial aportada, estudiada en conjunto, no lo convence de que haya habido malicia o temeridad al formular la denuncia penal, ni de que en las afirmaciones de la misma se hubiera procedido con torcidos fines; estima, adem\u00e1s, que la culminaci\u00f3n del proceso penal en sentido favorable a Jos\u00e9 Guillermo de Angulo no basta para deducirle responsabilidad a quien lo denunci\u00f3, y concluye, entonces, que bien hizo el juez de instancia cuando neg\u00f3 la pretensi\u00f3n de responsabilidad. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
En el marco de la causal primera de casaci\u00f3n, el impugnante formula un solo cargo a la sentencia del Tribunal, acus\u00e1ndola del quebranto indirecto, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 2341 y 1613 del C. Civil, 8 de la ley 153 de 1887 y 830 del C. de Comercio, como consecuencia de error de hecho en que incurre el sentenciador en la apreciaci\u00f3n de numerosas pruebas que determina, unas documentales y otras testimoniales. <\/p>\n
Al desarrollar el cargo, la censura halla que la pretensi\u00f3n fue denegada por no haberse probado \u201cla culpa o el dolo de la parte demandada\u201d, por lo que, dice, el juzgador consider\u00f3 innecesario estudiar la prueba respecto del da\u00f1o y la relaci\u00f3n causal, que a su juicio obran en el expediente. <\/p>\n
De dos copias de la matr\u00edcula inmobiliaria No. 252-0008-441, expedida una el 15 de diciembre de 1986 y otra el 19 de enero de 1987, y de las copias de la escritura p\u00fablica No. 911 del 26 de diciembre de 1986 y 169 de 1985, ambas de la Notar\u00eda de Tumaco, aquella la que acredita que Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza transfiri\u00f3 la propiedad del predio \u201cEl Esfuerzo\u201d a Jos\u00e9 Guillermo de Angulo, \u00e9sta la que recoge la venta de una mejora por parte de Oscar de Jes\u00fas Montoya Ram\u00edrez a la Agropecuaria Blum y Dom\u00ednguez Ltda. (cuad. 1, f. 590, 597, 653 y 125), el imugnante infiere que el inmueble \u201cEl Esfuerzo\u201d ten\u00eda 50 hect\u00e1reas, que el 26 de diciembre de 1986 su due\u00f1a era Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza, que en tal fecha Oscar de Jes\u00fas Montoya Ram\u00edrez no estaba inscrito como titular de dominio en la matr\u00edcula del mismo y que lo transferido por \u00e9l, a favor de dicha sociedad, fue la mejora hecha en un predio de 27 hect\u00e1reas. <\/p>\n
Pese a ello, prosigue, la denuncia penal afirma que se trata del mismo lote que hab\u00eda adquirido Oscar de Jes\u00fas Montoya a los damnificados del r\u00edo Mira, predio que en mayor extensi\u00f3n era del Departamento de Nari\u00f1o, por la daci\u00f3n en pago que le hiciera Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza, as\u00ed como que \u00e9sta, junto con Jos\u00e9 Guillermo de Angulo, no tuvo reato para otorgar la escritura de compraventa No. 911 del 26 de diciembre de 1986 y hacerla registrar en la primera columna del folio de matr\u00edcula inmobiliaria, apareciendo como titulares de la propiedad en forma dolosa pues uno y otro conoc\u00edan que el bien ya hab\u00eda salido del patrimonio de la vendedora, \u201cella por haberlo entregado al Departamento de Nari\u00f1o como daci\u00f3n en pago, y el comprador por haber solicitado el 25 de septiembre de 1980 la segunda copia de la transacci\u00f3n con el departamento, como as\u00ed deja constancia la entonces notaria Leonor G. de Rojas\u201d. <\/p>\n
No pod\u00eda afirmar el denunciante, entonces, que el bien era del Departamento, pues la sola escritura otorgada por Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza a ese ente territorial no le transfiri\u00f3 el dominio. Tampoco pod\u00eda imputar dolo al actor de hoy por aceptar entonces la compraventa del inmueble de manos de su propietaria y por registrar la respectiva escritura, inscripci\u00f3n realizada sin que \u00e9l enga\u00f1ara a la registradora, como dice el denunciante al dolerse de una p\u00e9rdida patrimonial inexistente, porque al otorgar Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza la escritura 911 del 26 de diciembre de 1986, a favor de Jos\u00e9 Guillermo de Angulo, el respectivo bien estaba en el patrimonio de la otorgante, no en el de la sociedad. De ah\u00ed que acertara la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto al declarar que no existi\u00f3 delito, concluye el recurrente, porque el caso, un conflicto civil en torno al dominio del predio El Esfuerzo, fue asumido con una denuncia penal carente de fundamento, lo que estima como un t\u00edpico abuso del derecho. <\/p>\n
Por consiguiente, concluye el censor, \u201csolo desconociendo el contenido de cada uno de los documentos individualizados atr\u00e1s y dej\u00e1ndolos de relacionar entre s\u00ed, pudo el Tribunal afirmar que no exist\u00eda dolo o culpa de la demandada\u201d; lo afirmado por el fallo en el sentido de que no hay prueba de malicia o temeridad en la denuncia penal es contraevidente, agrega, pues all\u00ed se afirmaron hechos contrarios a la verdad, se distorsionaron otros y se imput\u00f3 a Jos\u00e9 Guillermo de Angulo la comisi\u00f3n de dos delitos por haber celebrado un contrato v\u00e1lido y ajustado a la ley. <\/p>\n
Para el impugnante, el proceso compendia los medios probatorios que acreditan los otros elementos que integran la responsabilidad civil deprecada, es decir, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad entre \u00e9ste y la culpa. Aquellos son, dice, los testimonios de Martha Paz L\u00f3pez, Luis Alberto Paz, C\u00e9sar Augusto Castro Delgado, Elvira Quiroz de Castro y Teresa Cant\u00edn de Duclerco, cuyas versiones transcribe, el dictamen pericial que cuantific\u00f3 los perjuicios recibidos por el actor y el proceso hipotecario seguido contra \u00e9ste por la Caja Agraria, \u201cpruebas que demostraban de manera fehaciente el da\u00f1o\u201d. En cuanto a la relaci\u00f3n causal entre la culpa de la parte demandada y el da\u00f1o sufrido por el demandante, la censura predica, pasajes adelante, que \u201cpuede deducirse de la abundante prueba documental que obra en el expediente\u201d, porque de no haberse formulado denuncia penal tampoco se hubiera decretado la detenci\u00f3n preventiva del ahora demandante, ni ordenado su captura, ni \u00e9ste habr\u00eda huido ni perdido sus bienes, porque hubiese seguido explot\u00e1ndolos y pagando sus obligaciones a la Caja Agraria. <\/p>\n
Considera, en fin, que el fallo civil, al decir que los testigos no aludieron comportamientos abusivos de la sociedad Agropecuaria Blum y Dom\u00ednguez Ltda., cercen\u00f3 los testimonios de Francisco de Angulo y Luz Dary Chamorro, parte de cuyas versiones transcribe para hacerlo ver. La del primero en el pasaje que declara que el actor abandon\u00f3 sus negocios en Tumaco a ra\u00edz de la denuncia que formulara la firma dicha, y que as\u00ed lo sabe por haber conocido el expediente y porque aqu\u00e9l se lo cont\u00f3; la de la segunda en donde, al preguntarle de actos de la sociedad agropecuaria contra el denunciado, responde: \u201cNo s\u00e9, pues la demanda esa, (…) se la instauraron porque ellos dec\u00edan que eran due\u00f1os de unas tierras que tiene Guillermo, y eso luego se comprob\u00f3 que lo que hab\u00edan hecho era pura falsedad\u201d. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1.- En lo central, el cargo se enfila con la argumentaci\u00f3n de que en la comentada denuncia penal no pod\u00eda imput\u00e1rsele dolo a Jos\u00e9 Guillermo de Angulo Angulo por aceptar la compraventa de un inmueble a Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza, quien aparec\u00eda como su due\u00f1a en la matr\u00edcula; que tampoco se pod\u00eda decir que el Departamento de Nari\u00f1o era entonces el propietario del predio \u201cEl Esfuerzo\u201d, ni enrostrarle haber enga\u00f1ado al Registro de Instrumentos P\u00fablicos para que inscribiera aquel acto, puesto que en tal momento no hab\u00eda sido anotada la daci\u00f3n en pago que antes hiciera Josefa Qui\u00f1\u00f3nez, y adem\u00e1s la inscripci\u00f3n tuvo lugar porque los funcionarios encargados de hacerla encontraron que estaban dados los requisitos legales para tal efecto. <\/p>\n
Empero, la denuncia, que puede ser vista en el cuaderno 1, folios 523 a 532, no se funda escuetamente en los sucesivos negocios realizados por Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza, primero el de daci\u00f3n de pago con el Departamento de Nari\u00f1o y luego el de compraventa con Jos\u00e9 Guillermo de Angulo Angulo, as\u00ed ambos sean mencionados para estructurarla. Lo vertebral de aquella consiste en que Josefa Qui\u00f1\u00f3nez y Jos\u00e9 Guillermo de Angulo estaban al tanto de la daci\u00f3n en pago y sin embargo la hicieron a un lado, tanto para su posterior compraventa cuanto para obtener el registro de este \u00faltimo negocio. Desde esta perspectiva, que la censura calla, se desdibuja en todo la hip\u00f3tesis de la culpa atribuida a los demandados. <\/p>\n
Y si bien afirma la censura, al desgaire, que la malicia o la temeridad se infieren de que el denunciante falt\u00f3 a la verdad por haber sostenido que el Departamento era propietario del inmueble a pesar de no haber inscrito sus t\u00edtulos, lo cierto es que, como ya qued\u00f3 dicho, no parece ser ese el aspecto medular de la denuncia penal, ni son esos los t\u00e9rminos expresos en que ella fue planteada. Es lo cierto que el Tribunal concluy\u00f3 que no existi\u00f3 perversidad ni descuido en tal denuncia, aserto que, de conformidad con lo dicho, de ning\u00fan modo puede ser calificado de contrario a la evidencia, luego resulta inane que el recurrente pretenda derivar tales imposturas de que al ejecutar aquella actividad se hubiese obrado en forma contraria. <\/p>\n
2.- No sobra recordar, en todo caso, que la Corte ha sostenido, en lo tocante con la regla del \u2018abuso del derecho\u2019, que ella \u201cde manera gen\u00e9rica se\u00f1ala que los derechos deben ejercerse en consonancia con los fines que le son propios, fines que est\u00e1n determinados por la funci\u00f3n espec\u00edfica que cumplen en la convivencia humana, y en virtud de los cuales el derecho objetivo los regula y tutela. Mas, en cuanto postulado esencial del derecho, car\u00e1cter que muy pocos se atreven a disputarle, trasciende del \u00e1mbito meramente extracontractual al cual se quiso restringir, para orientar, por el contrario, toda actividad humana amparada por el ordenamiento jur\u00eddico, de modo que, inclusive, el art\u00edculo 95 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana lo considera uno de los deberes \u2018de la persona y del ciudadano\u2019, am\u00e9n que manifestaciones del mismo pueden percibirse en el derecho p\u00fablico en la medida en que \u00e9ste reprime el ejercicio arbitrario del poder o su desviaci\u00f3n. As\u00ed, pues, es preciso destacar que aquellas actividades protegidas por el derecho que se ejecuten an\u00f3mala o disfuncionalmente, motivadas por intereses inconfesables, ileg\u00edtimos o injustos que se aparten de los fines econ\u00f3mico-sociales que les son propios, deben considerarse como abusivas y, subsecuentemente, generadoras de la obligaci\u00f3n indemnizatoria…\u201d (Sent. del 9 de agosto de 2000, exp. No. 5372), la que aqu\u00ed, valga decirlo, no surgi\u00f3 justamente en raz\u00f3n de que el comportamiento del denunciante no se estim\u00f3 revestido de anomal\u00eda ni originado en la indolencia que se le endilga, apreciaci\u00f3n que, se repite, no aparece en contrav\u00eda de las probanzas que el fallador tuvo a la vista. <\/p>\n
Es que, como dijera en otra oportunidad la Corporaci\u00f3n, para deducir la responsabilidad de quien ha ejercido el derecho a formular denuncia penal \u201cno basta la declaratoria de improcedibilidad de la acci\u00f3n penal o la terminaci\u00f3n del proceso \u2013resoluci\u00f3n inhibitoria, cesaci\u00f3n de procedimiento, preclusi\u00f3n de investigaci\u00f3n, sentencia absolutoria-, sino que es necesario acreditar plenamente el \u00e1nimo de perjudicar o que por parte del denunciante existi\u00f3 un error de conducta al formular la denuncia, en virtud a que en este tipo de controversias es punto de partida la presunci\u00f3n de buena fe que ampara las actuaciones de los particulares en todas las gestiones que adelantan ante las autoridades p\u00fablicas (art. 83 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica)\u201d (Sent. 005 del 6 de febrero de 1998, exp. 5007). <\/p>\n
3.- No es cierta, adicionalmente, la acusaci\u00f3n de que el Tribunal desconoci\u00f3 y dej\u00f3 de relacionar entre s\u00ed las copias de la matr\u00edcula inmobiliaria 252-0008441, las escrituras 169 de 1985 y 911 del 26 de diciembre de 1986, ambas de Tumaco, m\u00e1s el texto de la denuncia penal. A tal conclusi\u00f3n tiene que arribarse por ver que el Tribunal alude, entre otras pruebas, la matr\u00edcula inmobiliaria No. 252-0008441, y que se ocupa, en verdad, de la escritura No. 169 de 1985 y de la No. 911 del 26 de diciembre de 1986, m\u00e1s la No. 245 del 10 de agosto de 1968, todas otorgadas en Tumaco, y de la denuncia penal de la parte demandada contra el actor, para deducir de all\u00ed, como lo hizo, en suma, que de tales factores no surg\u00eda la posibilidad de atribuirle culpa al denunciante \u201cde unos hechos que estima ameritan una investigaci\u00f3n penal\u201d, y que de la prueba documental y testimonial aportada, vista \u201cen conjunto, no se llega al convencimiento que la sociedad demandada procedi\u00f3 con malicia o temeridad al formular el denuncio contra el se\u00f1or Guillermo de Angulo Angulo, ni que al afirmar que los hechos en que se fund\u00f3 el mismo (sic), se hubiera procedido con torcidos fines\u201d. <\/p>\n
Tampoco es exacto, reiterase una vez m\u00e1s, que la denuncia hubiera dicho paladinamente que el predio \u201cEl Esfuerzo\u201d era propiedad del Departamento de Nari\u00f1o cuando Josefa Qui\u00f1\u00f3nez de Meza otorg\u00f3 la escritura No. 911 del 26 de diciembre de 1986, a favor de Jos\u00e9 Guillermo de Angulo; reitera, eso s\u00ed, que el bien fue \u201centregado\u201d por ella al Departamento, atribuy\u00e9ndole malicia a Jos\u00e9 Guillermo de Angulo por haber declarado que era \u201cposeedor real y material del inmueble desde hace 10 a\u00f1os\u201d (cuad. 1, fs. 525, 526, 527 y 528), pero sin afirmar de manera expresa que dicho ente territorial se hubiera convertido en propietario aunque no hubiese inscrito su t\u00edtulo. <\/p>\n
4.- Quedando en firme la conclusi\u00f3n de que no se prob\u00f3 el elemento culpa, a nada conducir\u00eda la tarea de establecer si el da\u00f1o y la relaci\u00f3n causal lo fueron, porque, cualquiera fuese el resultado, se mantendr\u00eda el car\u00e1cter adverso a la pretensi\u00f3n de responsabilidad. <\/p>\n
5.- El recurso no alcanza \u00e9xito. <\/p>\n
DECISI\u00d3N: <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del 3 de agosto de 2001 que dict\u00f3 en este asunto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil. <\/p>\n
Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-026-2005 [31030071998-0464-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de febrero de dos mil cinco (2005). Ref.: Exp. 31030071998 0464 01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82876","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82876","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82876"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82876\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82876"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82876"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82876"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}