SC-028-2005 [17179]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho de febrero de dos mil cinco <\/p>\n
Ref.: Expediente No. 17.179 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por \u00c1lvaro Prada Rueda y Jos\u00e9 Luis Villa Tapias contra la sentencia proferida el 1\u00ba de febrero de 2000 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil, dentro del proceso ordinario por ellos promovido contra La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros. <\/p>\n
1. Los demandantes pretendieron que La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, fuera condenada a pagar el valor del siniestro ocurrido al veh\u00edculo bus de placas SBK-210, marca Chevrolet, modelo 1995, en virtud de la declaraci\u00f3n de responsabilidad contractual derivada de las p\u00f3lizas Nos. 0158161 \u00f3 7-54778. Solicitaron adem\u00e1s que se declare que la aseguradora demandada se encuentra en mora de efectuar los pagos del bien asegurado, sobre el valor comercial de $110\u2019000.000.oo, al igual que el pago de los intereses moratorios a la tasa m\u00e1xima vigente desde el 16 de octubre de 1996 hasta que se cumpla la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. Como supuestos de hecho se relataron los siguientes: <\/p>\n
2.1. El Gobierno Nacional, con el fin de garantizar la continuidad del transporte en las carreteras nacionales y para atender el pago por reclamaciones e indemnizaciones por los atentados terroristas contra el transporte p\u00fablico, expidi\u00f3 el Decreto 1828 de 1992, que obliga a las entidades aseguradoras con participaci\u00f3n de capital estatal en un porcentaje igual o superior al 50%, a cubrir los riesgos antes indicados, mediante p\u00f3lizas de seguros tomadas con entidades del Estado. <\/p>\n
2.2. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico suscribi\u00f3 con La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, la p\u00f3liza de seguro n\u00famero 7-54778, expedida el 23 de noviembre de 1992, objeto de sucesivas renovaciones y vigente para la fecha del siniestro. El 1\u00b0 de enero de 1994, tambi\u00e9n el Ministerio de Transporte -Instituto Nacional de V\u00edas- suscribi\u00f3 con la demandada la p\u00f3liza de seguros n\u00famero 0158161, vigente para la fecha del siniestro. <\/p>\n
2.3. El 16 de octubre de 1996, en el sitio denominado la Laguna de Oriente en el municipio de Play\u00f3n, departamento de Santander, sobre la carretera que conduce de Bogot\u00e1 a Barranquilla fue incendiado por un grupo subversivo el veh\u00edculo de placas SBK-210, marca Chevrolet 660, modelo 1995, afiliado a la Empresa de Transportes Brasilia S.A., bus de propiedad de los demandantes \u00c1lvaro Prada Rueda y Jos\u00e9 Luis Villa Tapias, conducido por Orlando Chaparro Monta\u00f1a, quien dio aviso a las autoridades competentes, Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Play\u00f3n, Fuerzas Militares de Colombia-Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n
2.4. El 2 de diciembre de 1996 se present\u00f3 reclamaci\u00f3n a La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros por el siniestro se\u00f1alado anteriormente, \u00e9sta remiti\u00f3 los documentos a su ajustador de confianza, la Compa\u00f1\u00eda de Protecci\u00f3n Aseguradores Colombianos S.A. \u201cPROASCOL\u201d, quien, mediante el concepto del perito Diego S\u00e1nchez Calle, determin\u00f3 el valor de la indemnizaci\u00f3n. El 19 de enero de 1997 se convino pagar a los propietarios del veh\u00edculo la suma de $92\u2019990.000.oo. <\/p>\n
2.5. El 7 de febrero de 1997, mediante oficio n\u00famero 000365, la aseguradora demandada objet\u00f3 el pago del seguro de la p\u00f3liza de autom\u00f3viles n\u00famero 0158161, en consideraci\u00f3n a la existencia de contravenciones cometidas por los asegurados, en particular por evasi\u00f3n del pago de los derechos de peaje ubicado en el paraje Morrison en la carretera San Alberto \u2013 La Mata. Tales actos ocurrieron los d\u00edas 29 de junio, 1\u00ba de julio, 30 de agosto y 1\u00ba de septiembre de 1996. El 7 de mayo de 1997, los reclamantes enviaron a la compa\u00f1\u00eda aseguradora los recibos de los peajes n\u00fameros 1289876, 0361050, 0476233 y 1437193 de las mismas fechas en que se dice que se omiti\u00f3 el pago del peaje, como se aprecia al respaldo de cada comprobante. <\/p>\n
2.6. El comportamiento observado por La Previsora S.A., en el evento de ser cierto, no encuadra en la norma -Art\u00edculo 179 numeral 6\u00ba del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito-, y como infracci\u00f3n de tr\u00e1nsito las autoridades correspondientes no aplicaron los art\u00edculos 238 a 242 del mismo. Por otro lado, ni el Instituto Nacional de V\u00edas, ni La Previsora han probado nada en relaci\u00f3n con esa presunta evasi\u00f3n de peajes. <\/p>\n
2.7. La demandada tom\u00f3 la decisi\u00f3n de objetar el pago dos meses despu\u00e9s de la reclamaci\u00f3n, decisi\u00f3n notificada personalmente el 10 de febrero de 1997. <\/p>\n
2.8. El 18 de febrero de 1997 los propietarios del veh\u00edculo, haciendo uso de la p\u00f3liza n\u00famero 7-6612-705 certificado n\u00famero 0043360 de La Previsora S.A. reiteraron la solicitud de pago de la indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os del veh\u00edculo, solicitud que tambi\u00e9n fue negada. <\/p>\n
2.9. El Instituto Nacional de V\u00edas, mediante oficio n\u00famero 11095 de 5 de mayo de 1997 reiter\u00f3 a \u00c1lvaro Prada Rueda la negativa del reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n, con fundamento en el anexo que forma parte integrante de la p\u00f3liza de autom\u00f3viles 0158161, el cual establece que \u201cen los casos en que se compruebe que el veh\u00edculo por el cual se reclama ha sido evasor de peajes o transitado con sobrepeso por las carreteras nacionales sujetas al cobro de peaje, dentro de los doce (12) meses anteriores a la ocurrencia del siniestro, no habr\u00e1 lugar a reclamar indemnizaci\u00f3n alguna\u201d, anexo que entr\u00f3 a regir a partir de las 00:00 horas del 9 de octubre de 1996, modificando las condiciones generales de la p\u00f3liza. <\/p>\n
2.10. De acuerdo a lo manifestado por los demandantes la presunta evasi\u00f3n de los peajes ocurri\u00f3 antes de que entrara a regir el anexo de la p\u00f3liza (art\u00edculos 11 y 12 del C.C.). <\/p>\n
2.11. La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, a pesar de las solicitudes escritas para que enviara la p\u00f3liza de seguros n\u00famero 0158161 y sus anexos, del Ministerio de Transporte -Instituto Nacional de V\u00edas-, y de la p\u00f3liza 7-54778 del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, maliciosamente eludi\u00f3 por todos los medios esa entrega, con el prop\u00f3sito de ocultar informaci\u00f3n para negar el pago de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.12. El 8 de julio de 1997, los demandantes nuevamente solicitaron el pago de la indemnizaci\u00f3n derivada del siniestro n\u00famero 487.96.03, con cargo al seguro n\u00famero 7-54778 tomado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, con inter\u00e9s asegurado sobre los veh\u00edculos de servicio p\u00fablico municipal e intermunicipal, que ampara los actos provenientes de terrorismo que fueran cometidos por grupos subversivos. <\/p>\n
2.13. Los demandantes manifestaron su inconformidad con el aval\u00fao de los da\u00f1os y perjuicios efectuado por el ajustador Proascol S.A., con base en que en otros reconocimientos respecto de veh\u00edculos con m\u00e1s a\u00f1os de servicio, se les asign\u00f3 un mayor valor, a pesar de ser veh\u00edculos de modelo menos reciente. <\/p>\n
2.14. La demandada eludi\u00f3 el pago del siniestro se\u00f1alado anteriormente dentro del mes siguiente al 2 de diciembre de 1996, a pesar de que el beneficiario acredit\u00f3 su derecho, por lo tanto est\u00e1 obligada a pagar la tasa m\u00e1xima de inter\u00e9s moratorio desde el 16 de octubre de 1996, fecha de la ocurrencia del siniestro, hasta que se verifique el pago total de la obligaci\u00f3n, m\u00e1s el valor que corresponda al lucro cesante. Adem\u00e1s, la demandada est\u00e1 en mora de efectuar el pago de la obligaci\u00f3n a su cargo por $110\u2019000.000.oo, valor del da\u00f1o emergente junto con los intereses desde la fecha en que se present\u00f3 la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El a quo desestim\u00f3 la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n propuesta por la demandada y declar\u00f3 a \u00e9sta obligada a cubrir el valor del siniestro ocurrido el 16 de octubre de 1996, con fuente en la p\u00f3liza de seguros n\u00famero 0158161, tomada por el Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de V\u00edas-, por ello conden\u00f3 a La Previsora S.A. al pago de la suma de $90\u2019424.640.oo por concepto de da\u00f1o emergente, m\u00e1s intereses de que trata el art\u00edculo 884 del C. de Co., a partir del 3 de enero de 1997 y a favor de los demandantes; al pago de la suma de $4\u2019000.000.oo por concepto de lucro cesante, con sus intereses, a la tasa m\u00e1xima vigente, desde la misma fecha anterior. Neg\u00f3 el pago de la correcci\u00f3n monetaria. Esta decisi\u00f3n fue revocada en su totalidad por el Tribunal al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandada. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Para resolver la impugnaci\u00f3n, el Tribunal formul\u00f3 las siguientes consideraciones capitales: <\/p>\n
Aunque el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y el Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de V\u00edas, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 1992, suscribieron con La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, las dos p\u00f3lizas de seguros en las que se funda el reclamo de los demandantes, con la pretensi\u00f3n de que cualquiera de ellas que se considere ampara el riesgo que se materializ\u00f3, en verdad s\u00f3lo una es aplicable, pues el Ministerio de Hacienda suscribi\u00f3 la p\u00f3liza n\u00famero 7-54778 expedida el 23 de noviembre de 1992, en la cual se lee claramente, literal Q, que no se amparan con ella los veh\u00edculos ya cubiertos con la p\u00f3liza suscrita por el Instituto Nacional de V\u00edas dentro de los dos a\u00f1os anteriores. Como esa es la situaci\u00f3n del veh\u00edculo siniestrado, la p\u00f3liza aplicable es la No. 0158161 y no la 7-54778. <\/p>\n
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Consider\u00f3 el ad quem que la esencia del problema radica en la exclusi\u00f3n prevista en el anexo de la p\u00f3liza n\u00famero 0158161, seg\u00fan la cual el veh\u00edculo no queda amparado si es infractor de evasi\u00f3n del pago de peajes. Efectivamente, el veh\u00edculo siniestrado evadi\u00f3 en cuatro ocasiones el pago de los derechos de peaje en el sitio denominado Morrison, seg\u00fan lo certific\u00f3 el Instituto Nacional de V\u00edas, entidad que se bas\u00f3 a su vez, en las planillas o informes de la Compa\u00f1\u00eda Operadora de Peajes S.A., en cuyas anotaciones aparece que el bus de placas SBK-210, afiliado a la Empresa Brasilia, pas\u00f3 sin pagar peaje. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el Tribunal que para responder a esta objeci\u00f3n, los demandantes presentaron ante la aseguradora cuatro volantes de pago de peaje con el sello \u201cPeaje Morrison\u201d, fechados en los d\u00edas en que se afirma que el bus burl\u00f3 el pago, sin hora, y por supuesto, sin indicaci\u00f3n del veh\u00edculo al que corresponden. En respuesta, la aseguradora reiter\u00f3 la objeci\u00f3n, pues seg\u00fan los informes del operador, esos tiquetes hab\u00edan sido \u201cvendidos\u201d en fechas diferentes a las que aparecen en los aportados por los reclamantes, seg\u00fan las planillas del recaudo diario llevado por esa empresa. <\/p>\n
De los anteriores planteamientos dedujo el Tribunal los siguientes hechos: 1) que el anexo que excluye al evasor de peajes entr\u00f3 en vigor a las 00:00 horas del 9 de octubre de 1996; 2) que el siniestro ocurri\u00f3 el 16 de octubre siguiente, hecho no debatido, cuando la exclusi\u00f3n ya estaba vigente; 3) que los tiquetes presentados a la aseguradora correspondientes al 29 de junio de 1996, 1\u00ba de julio de 1996, 30 de agosto de 1996 y 1\u00ba de septiembre de 1996, no coinciden con lo certificado por el Instituto Nacional de V\u00edas y la empresa operadora del peaje, quienes informaron que esos tiquetes fueron despachados el 4 de marzo de 1996, el 30 de marzo de 1996, el 28 de agosto del mismo a\u00f1o y el 19 de septiembre siguiente; 4) la evasi\u00f3n del pago del peaje se encuentra probada con documentos provenientes del \u2018Inv\u00edas\u2019, por consiguiente de car\u00e1cter p\u00fablico, y de la firma \u2018Peajes S.A.\u2019, que tienen el car\u00e1cter de documentos privados, certificaciones que no pueden ser descartadas como pruebas, pues las emanadas de \u2018Inv\u00edas\u2019 no pierden su car\u00e1cter por el hecho de haberse pactado en el contrato que esa ser\u00eda la forma de probar la evasi\u00f3n, y los de la firma \u201cPeajes S.A\u201d son documentos privados declarativos. Para el Tribunal ni \u2018Inv\u00edas\u2019, ni la firma \u2018Peajes S.A.\u2019 son parte en el litigio, y por tanto los documentos que en ellos tuvieron fuente son emanados de terceros y de entidades del Estado, y como tales pruebas admisibles y regladas por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, documentos que deben apreciarse de conformidad con lo establecido en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 10\u00ba de la Ley 446 de 1998, por lo que no hab\u00eda necesidad de ratificar su contenido, a menos que la parte contraria lo hubiera solicitado, petici\u00f3n que no se hizo en este proceso. <\/p>\n
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La demandante aleg\u00f3 que hubo violaci\u00f3n al debido proceso ya que nunca fue condenada por la infracci\u00f3n derivada de la falta de pago del peaje, alegato que desde\u00f1\u00f3 el Tribunal con el argumento de que a \u2018La Previsora\u2019 como aseguradora no le corresponde adelantar el proceso policivo por la infracci\u00f3n de las normas de tr\u00e1nsito, sino que tal cosa corresponde a las autoridades pertinentes, previo informe entregado por \u2018Inv\u00edas\u2019. <\/p>\n
El Tribunal desech\u00f3 como prueba del pago del peaje los recibos presentados por los demandantes para demostrar que no hubo la infracci\u00f3n, pues neg\u00f3 que hubiera certeza de que hayan sido cubiertos precisamente por el autob\u00fas siniestrado, y lo que es m\u00e1s grave, tampoco de que hayan sido expedidos en las fechas puestas en ellos, porque sobre las fechas aparecen borrados o raspados burdamente hechos, como se aprecia a simple vista, sin necesidad de dictamen pericial, hecho que arroja una enorme duda sobre esas pruebas. <\/p>\n
Consider\u00f3 en consecuencia el sentenciador que aunque la parte demandante comprob\u00f3 la ocurrencia del siniestro el 16 de octubre de 1996 y que efectu\u00f3 en tiempo la reclamaci\u00f3n a la compa\u00f1\u00eda aseguradora, de acuerdo con el material probatorio aportado por la demandada en relaci\u00f3n con la evasi\u00f3n de peajes, es claro que el veh\u00edculo representaba un inter\u00e9s no protegido, en ese momento, por la p\u00f3liza anteriormente se\u00f1alada, porque el anexo de esa p\u00f3liza contiene una estipulaci\u00f3n que modific\u00f3 sus condiciones generales y particulares, para establecer la exclusi\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n, para quienes en el periodo de doce meses anteriores a la ocurrencia del siniestro hubiesen incurrido en infracciones a las normas de tr\u00e1nsito; por lo tanto, como la evasi\u00f3n fue probada, \u2018La Previsora S.A.\u2019 est\u00e1 eximida del pago correspondiente a la p\u00e9rdida total del veh\u00edculo por los hechos por lo cuales se efectu\u00f3 la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Pas\u00f3 luego el Tribunal a analizar la legalidad del anexo, cuesti\u00f3n discutida por los demandantes, la extemporaneidad de la objeci\u00f3n por parte de la aseguradora, y el alcance jur\u00eddico del acuerdo o convenio de ajuste. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el primer punto, consider\u00f3 que la validez del anexo es incuestionable, porque las partes contratantes en un contrato de seguro pueden, en cualquier momento modificar sus t\u00e9rminos, sin que esto signifique vulneraci\u00f3n de alguna norma legal, ni de derechos de terceros. El Estado puede limitar los beneficios del amparo que cubre esta clase de protecci\u00f3n, para comprender en \u00e9l s\u00f3lo a los ciudadanos que cumplan cabalmente sus deberes, cl\u00e1usula que no contrar\u00eda el principio de la incertidumbre del riesgo, seg\u00fan el cual no son asegurables los hechos del pasado, porque el problema es otro: lo excluido no es un riesgo, sino un inter\u00e9s, el de los infractores de las normas de tr\u00e1nsito, adem\u00e1s de que cuando comenz\u00f3 a regir el anexo, los demandantes a\u00fan no eran acreedores porque el siniestro ocurri\u00f3 despu\u00e9s. En cuanto a que no se hubiera objetado en tiempo la reclamaci\u00f3n, ello no excluye que la demandada pueda proponer excepciones dentro del proceso, sino \u00fanicamente que los demandantes, ante la ausencia de objeci\u00f3n oportuna, habr\u00edan podido utilizar la v\u00eda ejecutiva para formular su reclamo. En lo que toca con convenio de ajuste, y una eventual promesa de pagar el siniestro, dijo el Tribunal que tal acto no vincula a la aseguradora, pues se realiz\u00f3 entre la empresa ajustadora y los demandantes. <\/p>\n
Respecto de la tacha de falsedad hecha por la demandada sobre los comprobantes de pago de peaje, estim\u00f3 el Tribunal que sin la correspondiente prueba t\u00e9cnica no era posible hacer ese pronunciamiento, pero que con dictamen o sin \u00e9l, la decisi\u00f3n a tomar era la misma, dado que hay suficiente material probatorio, y la duda no recae sobre su autenticidad, sino apenas sobre su fecha, por lo cual no se puede resolver este punto del modo que pidi\u00f3 la demandada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cuatro cargos se elevan contra la sentencia resumida, todos por la causal primera de casaci\u00f3n contemplada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C. de P. C., de los cuales la Corte solamente estudiar\u00e1 el tercero, por estar llamado a prosperar. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
El recurrente impugn\u00f3 la sentencia del Tribunal por violar los art\u00edculos 1608, 1613, 1614, 1615, 1617, 1627 y 1634 del C\u00f3digo Civil, 882, 884, 102, 1045, 1047, 1053, 1072 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, y el art\u00edculo 1056 in fine, por aplicaci\u00f3n indebida, como consecuencia del error de hecho al interpretar la cl\u00e1usula de exclusi\u00f3n consignada en el anexo que forma parte integrante de la p\u00f3liza n\u00famero 7-0158161 del Ministerio de Transporte y\/o Instituto Nacional de V\u00edas. <\/p>\n
Precis\u00f3 el casacionista que en esta modalidad de contrato no rige el art\u00edculo 1056 del C\u00f3digo de Comercio por existir restricciones legales expresas, pues el tomador, que es el Estado, no contrata el seguro para asegurar sus intereses, sino para lograr el cumplimiento de las funciones del \u2018Inv\u00edas\u2019 como entidad dependiente del Ministerio de Transporte, las que est\u00e1n consignadas en la Ley 105 de 1993, y entre las cuales est\u00e1 la seguridad en el transporte p\u00fablico. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el censor que en el referido contrato tampoco rige el art\u00edculo 1056 del C. de Co., pues tuvo su origen en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1.5.1.4.5 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero como una imposici\u00f3n del Estado para las compa\u00f1\u00edas aseguradoras en las que el capital estatal sea igual o superior al 50%. <\/p>\n
Record\u00f3 el recurrente que el ad quem hall\u00f3 prospera la exclusi\u00f3n alegada por la demandada, contenida en el anexo de la p\u00f3liza No. 0158161, respecto de los veh\u00edculos que hubieran infringido las normas de tr\u00e1nsito dentro de los doce meses anteriores a la ocurrencia del siniestro. En esa conclusi\u00f3n, dijo, el ad quem incurri\u00f3 en error de hecho porque a pesar de que dicho documento contiene la manifestaci\u00f3n expresa de que su vigencia se iniciaba a partir de las 00:00 horas del 9 de octubre de 1996 y reg\u00eda obviamente hacia el futuro, el Tribunal decidi\u00f3 darle efecto retroactivo, anterior al momento en que la exclusi\u00f3n se concretara en el tiempo, sin ver que en el presente caso, el supuesto f\u00e1ctico de la objeci\u00f3n indefectiblemente ten\u00eda que referirse a actos de evasi\u00f3n de peajes que ocurrieran a partir de la vigencia de la exclusi\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, adem\u00e1s, el anexo fuera de tener una dudosa naturaleza jur\u00eddica, tiene car\u00e1cter sancionatorio, y si se admitiera su validez con car\u00e1cter retroactivo, habr\u00eda que aceptar que por un simple acuerdo entre La Previsora S.A. y el Director del Inv\u00edas, la Ley 105 de 1993 en relaci\u00f3n con la seguridad en el transporte p\u00fablico dejar\u00eda de tener vigencia para los propietarios de automotores de servicio p\u00fablico evasores del pago de peajes. Aclar\u00f3 el recurrente que si bien el Estado tiene todo el derecho al cobro de peajes y que los usuarios tienen la obligaci\u00f3n de pagarlos, ello no significa que cualquier persona est\u00e9 autorizada para legislar en el punto de sanciones por incumplimiento de deberes y tenga la facultad para establecer que las personas pueden ser juzgadas conforme a leyes ex post facto. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Tribunal tambi\u00e9n incurri\u00f3 en error de hecho en la apreciaci\u00f3n del texto de la p\u00f3liza 0158161, porque no vio que en la celebraci\u00f3n de ese contrato el Ministerio de Transporte -Instituto Nacional de V\u00edas- intervino como tomador para asegurar a los propietarios de veh\u00edculos que transitan por las carreteras nacionales sujetas al cobro de peaje, y en consecuencia, supuso que el tomador era el asegurado o beneficiario del seguro y que, por lo tanto, los amparos, exclusiones y dem\u00e1s condiciones, pod\u00edan modificarse en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1056 del C\u00f3digo de Comercio. Si hubiera visto la funci\u00f3n del seguro materializado en esa p\u00f3liza y la calidad en que actuaba el tomador, adujo, el ad quem habr\u00eda entendido que el anexo, en el campo de la exclusi\u00f3n, jam\u00e1s pod\u00eda tener efecto retroactivo, dado el car\u00e1cter sancionatorio de la secuela derivada de la evasi\u00f3n de peajes. <\/p>\n
Finalmente, consider\u00f3 el censor que los errores denunciados no solamente son evidentes, sino trascendentes, porque no existe ninguna prueba de que los propietarios del automotor asegurado hubieran evadido el pago de peajes entre el 9 de octubre de 1996, fecha en que entr\u00f3 en vigencia el anexo, y el 16 de octubre siguiente, cuando ocurri\u00f3 el siniestro, pero al otorgarle el Tribunal efectos jur\u00eddicos retroactivos a la exclusi\u00f3n contenida en el anexo, consider\u00f3 probada la existencia de la evasi\u00f3n al pago de peajes y en consecuencia neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El cargo censura la sentencia del Tribunal por aplicar la exclusi\u00f3n del seguro por la ausencia de pago del peaje de manera retroactiva, es decir, sin tener en cuenta que la estipulaci\u00f3n entr\u00f3 en rigor en oportunidad posterior a la contravenci\u00f3n. La censura resulta pr\u00f3spera porque en efecto el Tribunal incurri\u00f3 en el yerro endilgado por el censor, trascendente en la decisi\u00f3n impugnada como se explica a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la contravenci\u00f3n (evasi\u00f3n de los peajes) se produjo en desarrollo de la p\u00f3liza No. 0158161, – en su forma original- que no contemplaba exclusi\u00f3n alguna relacionada con la omisi\u00f3n en el pago de los peajes, o lo que es igual, tal conducta carec\u00eda de consecuencias contractuales. Se sigue de lo anterior que quienes cometieron la falta no pod\u00edan vaticinar una secuela inexistente, pues tal comportamiento estaba ausente de la relaci\u00f3n negocial entonces en vigor. En suma, los evasores no pod\u00edan verse sometidos a la exclusi\u00f3n si para cuando cometieron la falta – evadir el pago del peaje – el efecto adverso convencionalmente no exist\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
Consta en el expediente que la p\u00f3liza n\u00famero 0158161 se suscribi\u00f3 el 1\u00ba de enero de 1995 entre el Ministerio de Transporte -Instituto Nacional de V\u00edas- y \u2018La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros\u2019, contrato que ven\u00eda renov\u00e1ndose sucesivamente. Significa lo anterior que tal p\u00f3liza estaba vigente para el momento del siniestro ocurrido el 16 de octubre de 1996. De otro lado, el anexo de la p\u00f3liza que cre\u00f3 la exclusi\u00f3n por evasi\u00f3n, inici\u00f3 su vigencia el 9 de octubre de 1996, a prop\u00f3sito de lo cual juzga la Corte pero su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica s\u00f3lo pod\u00eda cubrir situaciones acaecidas despu\u00e9s. En suma, la exclusi\u00f3n no puede aplicarse sino a transgresores o contraventores de sobrecarga y evasi\u00f3n que cometieran tales faltas con posterioridad al 9 de octubre de 1996, pues interpretar en contrario implicar\u00eda que el seguro dej\u00f3 de prodigar el amparo desde cuando se cometi\u00f3 la infracci\u00f3n, el 1\u00ba de septiembre de 1996, lo que otorgar\u00eda efectos retroactivos a la exclusi\u00f3n sobreviniente. <\/p>\n
Desde la perspectiva del contrato de seguros no pod\u00eda esperarse de los transportadores el deber de ajustar su conducta para evitar ser excluidos del amparo, si la exclusi\u00f3n no exist\u00eda. Distinto es el deber legal de pagar el peaje del cual son responsables los usuarios de las v\u00edas, mandato que desatendido causa sus propias sanciones. Dicho con otras palabras, los transportadores no pod\u00edan anticiparse para acomodar su proceder a las exigencias del anexo y evitar la exclusi\u00f3n, cuando el anexo no exist\u00eda. <\/p>\n
El Tribunal incurri\u00f3 en el error de hecho denunciado por el recurrente, en grado que causa la ruptura del fallo, porque al analizar e interpretar el sentido de la exclusi\u00f3n establecida en el anexo, no tuvo en cuenta que la misma no estaba vigente para la \u00e9poca en que los demandantes desatendieran las normas de tr\u00e1nsito, lo que le llev\u00f3 a considerar erradamente que el veh\u00edculo siniestrado no estaba amparado por la p\u00f3liza n\u00famero 0158161, y que la aseguradora demandada estaba dispensada de responder por los da\u00f1os ocasionados por el grupo subversivo. <\/p>\n
Por lo tanto, se casar\u00e1 la sentencia, y en su lugar la Corte, obrando como tribunal de instancia, ha de proferirse la que debe reemplazarla. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Como se explic\u00f3 anteriormente, el juzgado y el Tribunal coincidieron en que en el proceso se demostr\u00f3 la existencia del contrato de seguro, la ocurrencia del siniestro el 16 de octubre de 1996 como consecuencia del incendio del mismo por un grupo subversivo, que la reclamaci\u00f3n se efectu\u00f3 en tiempo oportuno, seg\u00fan lo estipulado en el C\u00f3digo de Comercio, pero mientras el primero declar\u00f3 pr\u00f3speras las pretensiones, al estimar que las partes contratantes no pueden crear medios probatorios para la demostraci\u00f3n de un hecho, como fue en este caso, en el que la objeci\u00f3n al pago del seguro se bas\u00f3 en las certificaciones e informes del Inv\u00edas y de Peajes S.A., que no pod\u00edan tenerse en cuenta para demostrar el hecho que genera la exclusi\u00f3n, el Tribunal consider\u00f3 que, en aplicaci\u00f3n del anexo de la p\u00f3liza n\u00famero 0158161, por estar debidamente probadas las evasiones al pago de peajes dentro del a\u00f1o anterior al siniestro, operaba la exclusi\u00f3n impuesta en dicho anexo y por lo tanto el veh\u00edculo no estaba amparado por la p\u00f3liza citada; en consecuencia, revoc\u00f3 la sentencia proferida por el a quo estimatoria de las pretensiones. <\/p>\n
De acuerdo con las consideraciones efectuadas al resolver el cargo, como los propietarios del autob\u00fas demostraron extrajudicialmente ante la aseguradora el siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, la que fue determinada por el ajustador de la aseguradora (\u2018Proascol\u2019), conforme prescribe el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, sin que \u2018La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros\u2019 se aviniese al pago de la indemnizaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino concedido por el art\u00edculo 1080 ib\u00eddem, dicha aseguradora deber\u00e1 pagar a los demandantes, de una parte, el valor de los perjuicios determinados por el ajustador, junto con el lucro cesante, y de otra, cubrir los intereses punitivos a la tasa prevista en el precepto citado, desde el mes siguiente a aquel en que se le suministr\u00f3 la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n requerida para dar por satisfecha la obligaci\u00f3n, como lo dispuso el a quo, raz\u00f3n por la cual su decisi\u00f3n en el punto deber\u00e1 confirmarse. <\/p>\n
Para el c\u00f3mputo de la condena al pago de intereses moratorios, ha de tomarse en cuenta que en el per\u00edodo de causaci\u00f3n de ellos estuvieron vigentes las leyes 45 de 1990 (art. 83) y 510 de 1999 (art. 111), lo que significa, siguiendo precedentes de la Sala, que se aplique cada una de ellas en el tracto que estuvieron vigentes, con las oscilaciones de la tasa de inter\u00e9s que en cada per\u00edodo haya ocurrido. Lo anterior significa que, como lo ha dicho la Corte \u201cpara la liquidaci\u00f3n de la referida condena, hasta la fecha del pago, debe tenerse en cuenta que la tasa de inter\u00e9s moratorio fijada en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, fue modificada por el par\u00e1grafo del art\u00edculo 111 de la ley 510 de 1999, que entr\u00f3 a regir el 4 de agosto de 1999 y por tal raz\u00f3n, como el incumplimiento de la obligaci\u00f3n a cargo de la demandada se ha venido prolongando durante su vigencia, tal variaci\u00f3n debe tenerse en cuenta para el respectivo c\u00e1lculo, pues si bien es cierto el art\u00edculo 38 de la Ley 153 de 1887 prescribe que en todo contrato se entender\u00e1n incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebraci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que de tal previsi\u00f3n se except\u00faan, por mandato del mismo precepto -numeral 2\u00ba-, entre otras, las que leyes que \u2018\u2026se\u00f1alan penas para el caso de infracci\u00f3n de lo estipulado\u2019, por manera que, la violaci\u00f3n contractual perpetrada durante la vigencia de la normatividad \u00faltimamente mencionada, debe sancionarse con arreglo a lo dispuesto en ella, por resultar de aplicaci\u00f3n inmediata\u201d. (sents. cas. civ. de 29 de noviembre de 2004, Exp. No. 9730-0351 y de 11 de mayo de 2000, exp. No. 5427) <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, la aseguradora demandada deber\u00e1 pagar a los demandantes, sobre el importe de la prestaci\u00f3n asegurada, las siguientes tasas de inter\u00e9s moratorio: desde el 8 de marzo de 1997, d\u00eda siguiente a aquel en que venci\u00f3 el mes de que dispon\u00eda la empresa demandada para pagar el valor de la indemnizaci\u00f3n y hasta el 3 de agosto de 1999, que precede a la fecha en que empez\u00f3 a regir la Ley 510 de 1999 (4 de agosto), a la tasa m\u00e1xima vigente para ese per\u00edodo, respetando las fluctuaciones que tuvieron lugar durante \u00e9l, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 83 de la Ley 45 de 1990; y desde el 4 de agosto de 1999 y hasta cuando se verifique el pago definitivo de la obligaci\u00f3n de conformidad con lo ordenado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999, a la tasa del inter\u00e9s bancario corriente aumentado en la mitad, consultando igualmente las oscilaciones que hubo en este \u00faltimo per\u00edodo y sin sobrepasar los l\u00edmites establecidos para el delito de usura, por el C\u00f3digo Penal vigente para la \u00e9poca. <\/p>\n
En consecuencia, el fallo apelado se confirmar\u00e1 por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia, adicion\u00e1ndolo con la anterior precisi\u00f3n sobre el monto de los intereses debidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 1o de febrero de 2000 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Alvaro Prada Rueda y Jos\u00e9 Luis Villa Tapias contra La Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros, y actuando en sede de instancia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Confirmar la sentencia apelada proferida el 18 de agosto de 1999, por el Juzgado Civil del Circuito Especializado Provisional de Bucaramanga. <\/p>\n
SEGUNDO: Adicionar dicha providencia en el sentido de ordenar que los intereses moratorios a cuyo pago fue condenada la aseguradora demandada se liquiden as\u00ed: desde el 8 de marzo de 1997, d\u00eda siguiente a aquel en que venci\u00f3 el mes de que dispon\u00eda la sociedad demandada para pagar el valor de la totalidad de la indemnizaci\u00f3n seg\u00fan la fecha en que negaron el pago del seguro, y hasta el 3 de agosto de 1999, que precede a la fecha en que empez\u00f3 a regir la Ley 510 de 1999 (4 de agosto), a la tasa m\u00e1xima vigente para ese per\u00edodo, respetando las fluctuaciones que tuvieron lugar durante \u00e9l, seg\u00fan lo preceptuado en el art\u00edculo 83 de la Ley 45 de 1990; y desde el 4 de agosto de 1999 y hasta cuando se verifique el pago definitivo de la obligaci\u00f3n de conformidad con lo ordenado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999, a la tasa del inter\u00e9s bancario corriente aumentado en la mitad, consultando igualmente las oscilaciones que hubo en este \u00faltimo per\u00edodo, y evitando en todo caso que los c\u00f3mputos lleven a la violaci\u00f3n de normas penales relativas a la usura. <\/p>\n
CUARTO: Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n ante su prosperidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-028-2005 [17179] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D.C., ocho de febrero de dos mil cinco Ref.: Expediente No. 17.179 Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por \u00c1lvaro Prada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82878","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82878"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82878\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}