SC-029-2005 [7173]<\/p>\n
<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de febrero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 7173 <\/p>\n
Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por RA\u00daL ANTONIO RIVERA TABARES contra la sentencia de 4 de marzo de 1998, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso ordinario adelantado por aqu\u00e9l frente a EXPRESO TREJOS LTDA y SEGUROS CARIBE S.A., actualmente MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante libelo oportunamente subsanado, Ra\u00fal Antonio Rivera Tabares demand\u00f3 a las citadas sociedades para que se les \u201cdeclare civil y solidariamente responsables … entre s\u00ed … a pagar el valor estipulado en el contrato P\u00d3LIZA Nro. 19073, la cual por la fecha de los hechos, amparaba la muerte a terceros que pudiera causarse\u201d con el veh\u00edculo de placas VZ 8208, es decir, se determine \u201cla responsabilidad civil extracontractual de la entidad asegurada Expreso Trejos Ltda y la condena de la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora al pago de la suma de dinero cubierta por el siniestro\u201d, acompa\u00f1ada de los intereses de mora causados entre \u00e9ste y su pago, as\u00ed como de los perjuicios materiales equivalentes a 4000 gramos de oro fino y las costas procesales. <\/p>\n
2. Como hechos sustentantes de las s\u00faplicas, se expusieron los que pasan a resumirse. <\/p>\n
a. El 14 de mayo de 1989, en el municipio de Chinchin\u00e1 (Caldas), falleci\u00f3 Miguel Angel Rivera Tabares, al ser arrollado por un bus de servicio p\u00fablico afiliado a Expreso Trejos Ltda., distinguido con las placas VZ 8208. <\/p>\n
b. La muerte tuvo como causa exclusiva la fuerza de la m\u00e1quina, que fue imposible de controlar por su conductor, seg\u00fan constancias aut\u00e9nticas expedidas por la Secretar\u00eda Com\u00fan de la Unidad de Fiscal\u00edas de Chinchin\u00e1. <\/p>\n
c. El demandante es hermano de la v\u00edctima y est\u00e1 legitimado para actuar, al verse favorecido por la indemnizaci\u00f3n, por derecho de representaci\u00f3n conforme al art\u00edculo 1041 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
d. Las demandadas deben indemnizar al actor con el valor estipulado en la p\u00f3liza 19073, m\u00e1s los intereses de mora, a tono con los art\u00edculos 1137 a 1150 del C\u00f3digo de Comercio y 65 de la ley 45 de 1990. <\/p>\n
e. Para la fecha del siniestro, la Asociaci\u00f3n de Afiliados a Expreso Trejos Ltda. ten\u00eda contratada la p\u00f3liza 19073, con amparo a terceros por responsabilidad civil extracontractual, vigente del 20 de marzo de 1989 al 20 de marzo de 1990, de conformidad con la certificaci\u00f3n emitida por la aseguradora, por lo que Miguel Angel Rivera Tabares se constituy\u00f3 en beneficiario de la cantidad cubierta por aqu\u00e9lla. <\/p>\n
f. Con independencia de que la p\u00f3liza se haya tomado a nombre de la citada asociaci\u00f3n, el fin perseguido por los contratantes fue el de adquirir un seguro para proteger el patrimonio de los socios o afiliados de Expreso Trejos Ltda. <\/p>\n
g. No han transcurrido los cinco a\u00f1os para que opere la prescripci\u00f3n extraordinaria del seguro, de modo que se est\u00e1 a tiempo de hacerlo efectivo. <\/p>\n
3. Una vez enteradas las demandadas, Expreso Trejos Ltda. se opuso a las pretensiones deducidas en su contra, mas no lo hizo frente a las aspiraciones a cargo de Seguros Caribe S.A.; en torno a los hechos, admiti\u00f3 la existencia y cobertura del seguro, as\u00ed como dijo no constarle la mayor\u00eda de ellos y atenerse a la prueba de los otros; igualmente, formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u201cculpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d, \u201cexoneraci\u00f3n de responsabilidad con fundamento en el inciso quinto del art\u00edculo 2347 del C.C.\u201d, \u201ccarencia total de culpa de la sociedad … e inexistencia de responsabilidad por riesgo creado\u201d, \u201cseguro contratado con Seguros Caribe S.A.\u201d y la \u201cgen\u00e9rica\u201d; finalmente, llam\u00f3 en garant\u00eda a la compa\u00f1\u00eda aseguradora, petici\u00f3n que fue rechazada por improcedente. <\/p>\n
Por su parte, Seguros Caribe S.A. guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia de 15 de agosto de 1997, en la que el Juzgado Civil del Circuito de Chinchin\u00e1 absolvi\u00f3 a las demandadas y conden\u00f3 en costas al actor. <\/p>\n
5. Impugnada la decisi\u00f3n por el demandante, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales, a trav\u00e9s de sentencia de 4 de marzo de 1998, la confirm\u00f3, pero anot\u00f3 que la absoluci\u00f3n de los demandados obedec\u00eda a \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u201d, al paso que modific\u00f3 la condena en costas, para que s\u00f3lo beneficiara a Expreso Trejos Ltda. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Determinados los presupuestos procesales, el Tribunal empez\u00f3 por enumerar algunos hechos acreditados y libres de cuestionamientos, a saber: a) el deceso de Miguel Angel Rivera Tabares, como consecuencia del accidente acaecido el 14 de mayo de 1989, en el que intervino el bus de servicio p\u00fablico de placas VZ 8208, afiliado a Expreso Trejos Ltda.; b) la existencia y representaci\u00f3n de esta sociedad; c) la celebraci\u00f3n del contrato de seguro de responsabilidad civil; y d) la existencia y representaci\u00f3n de la aseguradora, al igual que su cambio de raz\u00f3n social. <\/p>\n
2. Seguidamente pas\u00f3 el sentenciador a examinar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, para en esa direcci\u00f3n se\u00f1alar que el seguro incorporado en la p\u00f3liza 19073 y su renovaci\u00f3n, vigente para la fecha del suceso, correspond\u00eda a uno de responsabilidad civil extracontractual, convenido con Seguros Caribe S.A., hoy Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., respecto del cual destac\u00f3 los amparos b\u00e1sicos contratados, riesgos asumidos y l\u00edmites de cobertura. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n transcribi\u00f3 el art\u00edculo 1127 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por el 84 de la ley 45 de 1990, y expres\u00f3 que de acuerdo con este mandato, \u201cla v\u00edctima (o en su caso los herederos), se constituyen en beneficiarios de la indemnizaci\u00f3n, pues no se trata del seguro de PERSONAS por el cual el tomador efect\u00faa tal designaci\u00f3n conforme lo se\u00f1ala el art. 1141 del C.Co., sino de un seguro de RESPONSABILIDAD POR DA\u00d1OS en que pueda incurrir el asegurado bajo la modalidad de la Responsabilidad Civil Extracontractual\u201d. <\/p>\n
Siguiendo esta premisa, el ad quem afirm\u00f3 que cuando en este tipo de seguro no se designan los beneficiarios ha de acudirse al inciso primero del art\u00edculo 1142 del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan el cual, a falta de tal nominaci\u00f3n, o cuando ella es ineficaz o queda sin efecto por cualquier causa, \u201ctendr\u00e1n la calidad de tales el c\u00f3nyuge del asegurado, en la mitad del seguro, y los herederos de \u00e9ste en la otra mitad\u201d. <\/p>\n
En esta circunstancia, a\u00f1adi\u00f3, el valor asegurado \u201cest\u00e1 llamado a integrar el patrimonio sucesoral del causante, a diferencia de lo que ocurre en el seguro de PERSONAS\u201d, donde dicha cantidad corresponde a cada uno de los favorecidos con la designaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Basado en los anteriores conceptos, dijo que al estar probado que el demandante es hermano de la v\u00edctima, le asistir\u00eda derecho para accionar, si no fuese porque de la declaraci\u00f3n de Joaqu\u00edn Emilio Rivera Guti\u00e9rrez, padre del occiso, se desprende que \u201csu esposa y madre\u201d del difunto \u201cal parecer vive, pero … se alej\u00f3 del hogar\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, puntualiz\u00f3 que, a t\u00e9rminos de los \u00f3rdenes hereditarios explicados por los art\u00edculos 4\u00b0, 5\u00b0 y 6\u00b0 de la ley 29 de 1982, los padres y c\u00f3nyuge del fallecido excluyen a los hermanos del mismo, es decir, que si a \u201cMIGUEL ANGEL no le sobrevive descendencia ni al parecer c\u00f3nyuge, pues tales hechos no est\u00e1n acreditados, los llamados a la sucesi\u00f3n ser\u00edan sus progenitores\u201d, quienes como beneficiarios, al desplazar a los hermanos, estar\u00edan habilitados para demandar el pago del valor asegurado, pero no para s\u00ed, sino \u201cpara los fines relacionados con la herencia\u201d. <\/p>\n
Para rematar, entonces, anot\u00f3 que \u201c si … al actor no le correspond\u00eda ejercer la acci\u00f3n, dada la existencia de los progenitores del occiso, aparece obvia su falta de legitimaci\u00f3n en la causa\u201d, que conduce a una sentencia desestimatoria, por falta de tal presupuesto de la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
I. EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En un cargo, apoyado en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia de violar directamente preceptos de linaje sustancial, por indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 4\u00b0, 5\u00b0 y 6\u00b0 de la ley 29 de 1982, cuando debi\u00f3 hacer actuar los art\u00edculos 2342 y 2356 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
1. Para iniciar, el recurrente expone que si bien la ley 29 de 1982 determina los \u00f3rdenes hereditarios, esto no significa que ellos deban seguirse obligatoriamente para incoar la acci\u00f3n, pues es factible que cualquiera de los herederos la intente, con el compromiso de responder ante quien pruebe un mejor derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
Por tanto, agrega, no pueden negarse las pretensiones de un heredero con pleno derecho procesalmente demostrado, a quien, adem\u00e1s, no se le ha refutado tal condici\u00f3n, pues, a voces del art\u00edculo 2342 del C\u00f3digo Civil, la indemnizaci\u00f3n puede ser pedida por el due\u00f1o de la cosa, como tambi\u00e9n por el que tenga un t\u00edtulo precario sobre ella, con cargo de responder frente a quien ostente un derecho prevalente. <\/p>\n
2. No sin antes reiterar que cualquier heredero puede promover la acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual, a\u00f1ade que en esta hip\u00f3tesis se presume la culpa de quien adelanta una actividad peligrosa, de manera que la v\u00edctima s\u00f3lo debe acreditar el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad entre \u00e9ste y el proceder del demandado, aserto que soporta con extensa reproducci\u00f3n de un precedente de esta Corporaci\u00f3n, dentro del que resalta apartes que ense\u00f1an que \u201clos automotores puestos en movimiento son sin duda agentes mec\u00e1nicos propagadores de una actividad que implica alto grado de peligro\u201d, y que \u201cla culpa … se presume en tanto los hechos pongan al descubierto que el demandado, con su obrar, ha creado la inseguridad de los asociados\u201d, por lo que aqu\u00e9lla \u201cse extiende inexorablemente respecto de todos … a quienes pueda ten\u00e9rseles como responsables de la actividad en cuyo desarrollo se produjo el evento causante del da\u00f1o\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, por ende, el quiebre del fallo, para que en su lugar se dicte el que corresponda. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Para abordar el planteamiento propuesto en el cargo, un patr\u00f3n obligado de referencia est\u00e1 marcado, sin duda alguna, por la propia pretensi\u00f3n que el recurrente expuso en el libelo introductorio, a partir de la que persigue que \u201cse declare civil y solidariamente responsables a las Empresas (sic) contratantes entre s\u00ed y demandas (sic) a pagar el valor estipulado en el contrato POLIZA Nro. 19073, la cual, por la fecha de los hechos, amparaba la muerte a terceros que pudiera causarse con el veh\u00edculo referido, es decir, la Responsabilidad Civil Extracontractual, mencionada en el numeral 6\u00ba de los hechos\u201d (C. 1, fl. 44 – se destaca); como tambi\u00e9n debe observarse, particularmente, la precisi\u00f3n hecha por el mismo actor cuando, tras la inadmisi\u00f3n de la demanda, dijo: \u201cimploro la declaratoria de la responsabilidad civil extracontractual de la entidad asegurada Expreso Trejos Ltda. y la condena de la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora al pago de la suma de dinero cubierta por el seguro\u201d (C. 1, fl. 75). <\/p>\n
As\u00ed, como lo indica el primer pasaje transcrito, cuando alude al hecho sexto de la demanda, la pretensi\u00f3n se basa en el contrato de seguro – p\u00f3liza 19073 – celebrado entre la Asociaci\u00f3n de Afiliados a Expreso Trejos Ltda. y Seguros Caribe S.A., \u201ccon amparos a terceros por Responsabilidad Civil Extracontractual con vigencia entre;(sic) Marzo 20 de 1989, a Marzo 20 de 1990 (sic)\u201d, esto es, en vigor para el momento de realizaci\u00f3n del siniestro. <\/p>\n
Por tanto, si la aspiraci\u00f3n va encaminada a la obtenci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n derivada de la responsabilidad civil extracontractual en que pudiera incurrir el asegurado, que, a su vez, constituye el riesgo amparado por el asegurador, el seguro as\u00ed concebido es uno de da\u00f1os patrimoniales -voluntario – , pues, finalmente, como se desprende de la p\u00f3liza, lo que cubre es el perjuicio que pudiera sufrir el asegurado con la ocurrencia del siniestro proveniente de hechos a \u00e9l imputables (C. 5, fl. 83), entendi\u00e9ndose, claro est\u00e1, que en la actualidad tal cobertura, por ministerio de la ley, apunta a la reparaci\u00f3n del da\u00f1o padecido por la v\u00edctima (art\u00edculo 1127 C. de Co.). <\/p>\n
Empero, forzoso es precisar que para llegar a este escenario, el concepto ha recorrido varios estadios bien demarcados, los cuales se han estructurado conforme a la doctrina dominante en cada \u00e9poca, situaci\u00f3n que posteriormente fue desbordada, entre otras razones, por la inusitada frecuencia de nuevos hechos a los que se hac\u00eda indispensable ampliar sus efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
Una primera concepci\u00f3n del asunto repudi\u00f3 la posibilidad de reglamentar el seguro de responsabilidad civil, bajo el entendido de que el riesgo contratado s\u00f3lo pod\u00eda obedecer al azar o al caso fortuito, que exclu\u00eda aqu\u00e9lla, generalmente vinculada a la culpa; en el punto, un claro ejemplo legislativo estaba dado por los art\u00edculos 635 y 676 del C\u00f3digo de Comercio Terrestre de 1887 que, por un lado, mostraba el riesgo como \u201cla eventualidad de todo caso fortuito que pueda causar la p\u00e9rdida o deterioro de los objetos asegurados\u201d (se resalta) y, por el otro, imped\u00eda que el asegurador se hiciera responsable de los hechos personales del asegurado. <\/p>\n
Ahora, la evoluci\u00f3n de las nociones que integran el esquema del contrato de seguro y las que concurren a establecer la responsabilidad civil, permiti\u00f3 remover el obst\u00e1culo anterior, para que el ordenamiento positivo, a t\u00e9rminos del art\u00edculo 1054 del C\u00f3digo de Comercio, aceptara los sucesos inciertos que no dependieran exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario, exceptuando de la protecci\u00f3n del seguro solamente los eventos resultantes del dolo, la culpa grave o de la mera potestad de aqu\u00e9llos, lo que, a su turno, predispuso el ambiente para la consagraci\u00f3n del seguro de responsabilidad, que el art\u00edculo 1127 del estatuto mercantil, en su contenido original, defini\u00f3 como aquel que \u201cimpone a cargo del asegurador la obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley\u201d. <\/p>\n
Siendo tradicionalmente la responsabilidad civil de dos clases, contractual y extracontractual, seg\u00fan el texto precitado habr\u00eda de afirmarse que el seguro se constitu\u00eda en favor del asegurado, por cuanto la prestaci\u00f3n asumida por el asegurador era la de indemnizarlo a \u00e9l, mas no al tercero damnificado, quien, adem\u00e1s, en esta etapa normativa, por expreso mandato del art\u00edculo 1133 del C\u00f3digo de Comercio, estaba desprovisto de acci\u00f3n directa para exigir a la compa\u00f1\u00eda el resarcimiento del da\u00f1o causado por el siniestro. <\/p>\n
En el estadio actual se le asigna otro rol al seguro de responsabilidad civil, pues ha cambiado sustancialmente el principio por el cual la obligaci\u00f3n del asegurador era la de \u201cindemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley\u201d (se subraya), para ser reemplazada por la de \u201cindemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como prop\u00f3sito el resarcimiento de la v\u00edctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnizaci\u00f3n, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado\u201d (se subraya), conforme a la reforma que al mentado art\u00edculo 1127 del C\u00f3digo de Comercio introdujo el 84 de la ley 45 de 1990. <\/p>\n
Como se aprecia, a los seguros de esta clase, en sentido lato, se les ha otorgado una doble funci\u00f3n de la que antes carec\u00edan, dado que, a m\u00e1s de proteger de alg\u00fan modo y reflejamente el patrimonio del asegurado, pretenden directamente reparar a la v\u00edctima, quien, de paso, entra a ostentar la calidad de beneficiaria de la indemnizaci\u00f3n. M\u00edrese as\u00ed c\u00f3mo \u00e9sta, y por consiguiente sus herederos, seg\u00fan el caso, no ocupan la posici\u00f3n de asegurados, pues su derecho frente al asegurador surge de la propia ley, que ha dispuesto claramente una prestaci\u00f3n en su favor1, en calidad de beneficiarios, aunque circunscrita a los lineamientos trazados por el contrato de seguro – y en lo pertinente por la misma ley -, de modo que la v\u00edctima, ha de reiterarse, no s\u00f3lo se tendr\u00e1 como beneficiaria de la indemnizaci\u00f3n – art\u00edculo 1127 in fine -, sino que estar\u00e1 asistida, adem\u00e1s, de una acci\u00f3n directa como instrumento contra el asegurador, como inequ\u00edvocamente aflora del tenor del art\u00edculo 1133 ejusdem, modificado por el 87 de la ley 45 de 1990, por el cual \u201cen el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acci\u00f3n directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el art\u00edculo 1077, la v\u00edctima en ejercicio de la acci\u00f3n directa podr\u00e1 en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnizaci\u00f3n del asegurador\u201d. <\/p>\n
Sobre el particular, en providencia de la misma fecha, la Sala expuso que en consonancia \u201ccon la orientaci\u00f3n legislativa vigente en materia del seguro de responsabilidad civil, ocurrido el siniestro, es decir, acaecido el hecho del cual emerge una deuda de responsabilidad a cargo del asegurado, causante del da\u00f1o irrogado a la v\u00edctima – art\u00edculo 1131 del C\u00f3digo de Comercio -, surge para el perjudicado el derecho de reclamarle al asegurador de la responsabilidad civil de aqu\u00e9l, la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios patrimoniales experimentados, derecho que en Colombia deriva directamente de la ley, en cuanto lo instituye como beneficiario del seguro – art\u00edculo 1127 ib\u00eddem – y que est\u00e1 delimitado por los t\u00e9rminos del contrato y de la propia ley, m\u00e1s all\u00e1 de los cuales no est\u00e1 llamado a operar, derecho para cuya efectividad se le otorga acci\u00f3n directa contra el asegurador – art\u00edculo 1133 ej\u00fasdem – la que constituye entonces una herramienta de la cual se le dota para hacer valer la prestaci\u00f3n cuya titularidad se le reconoce por ministerio de la ley\u201d (exp. 7614, no publicada a\u00fan oficialmente) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, este pre\u00e1mbulo permite deducir, grosso modo, los presupuestos principales de la efectividad de la acci\u00f3n directa conferida al perjudicado frente a la compa\u00f1\u00eda, destinada a obtener la realizaci\u00f3n de los mencionados y actuales fines del seguro, y que se integran, primeramente, por la existencia de un contrato cuya cobertura abarque la responsabilidad civil en que pueda incurrir el asegurado, acompa\u00f1ada, en segundo t\u00e9rmino, de la acreditaci\u00f3n de la \u201cresponsabilidad del asegurado\u201d frente a la v\u00edctima, as\u00ed como la de su cuant\u00eda, esto es, del hecho que a aqu\u00e9l sea atribuible la lesi\u00f3n producida, a voces del citado art\u00edculo 1133 del C\u00f3digo de Comercio. Por consiguiente, la legitimaci\u00f3n en la causa para su promoci\u00f3n ser\u00e1 la que corresponda en materia de responsabilidad civil a todo aquel que ha recibido directa o indirectamente un da\u00f1o, esto es, a la v\u00edctima o sus herederos, siempre que sean titulares de intereses que se hayan visto afectados por la conducta nociva del agente del referido da\u00f1o. <\/p>\n
2. Conviene insistir una vez m\u00e1s que en lo tocante con la relaci\u00f3n externa entre asegurador y v\u00edctima, la fuente del derecho de \u00e9sta estriba en la ley, que expresa e inequ\u00edvocamente la ha erigido como destinataria de la prestaci\u00f3n emanada del contrato de seguro, o sea, como beneficiaria de la misma (art\u00edculo 1127 C. de Co.). Acerca de la obligaci\u00f3n condicional de la compa\u00f1\u00eda (art\u00edculo 1045 C. de Co.), en efecto, ella nace de esta especie de convenio celebrado con el tomador, en virtud del cual aqu\u00e9lla asumir\u00e1, conforme a las circunstancias, la reparaci\u00f3n del da\u00f1o que el asegurado pueda producir a terceros y hasta por el monto pactado en el respectivo negocio jur\u00eddico, de suerte que la deuda del asegurador tiene como derecho correlativo el de la v\u00edctima – por ministerio de la ley – para exigir la indemnizaci\u00f3n de dicho detrimento, llegado el caso. Con todo, fundamental resulta precisar que aunque el derecho que extiende al perjudicado los efectos del contrato brota de la propia ley, lo cierto es que aqu\u00e9l no podr\u00e1 pretender cosa distinta de la que eficazmente delimite el objeto negocial, por lo menos en su relaci\u00f3n directa con el asegurador, que como tal est\u00e1 sujeta a ciertas limitaciones. <\/p>\n
Luego aparece palmario que si la facultad de la v\u00edctima tiene el origen que se deja explicado, que no siempre corresponde exacta ni \u00edntegramente a la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, mal podr\u00eda concurrir a demandar la indemnizaci\u00f3n directamente del asegurador, predicando \u00fanicamente como causa y extensi\u00f3n de su derecho la responsabilidad civil extracontractual resultante del ejercicio de actividades peligrosas, con total prescindencia de los presupuestos ya mencionados. <\/p>\n
As\u00ed se entiende que el tercero afectado – o sus herederos – , cuando accionan en forma directa frente a la compa\u00f1\u00eda de seguros, y por raz\u00f3n del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, no lo hacen, ni pueden hacerlo solamente, con estribo en los art\u00edculos 2341 y 2356 del C\u00f3digo Civil, pues estos preceptos, entre otros, son ciertamente los que regulan la responsabilidad civil extracontractual, pero del asegurado, de modo que no pueden, por s\u00ed solos, determinar autom\u00e1ticamente los derechos, obligaciones y responsabilidades surgidas del seguro. <\/p>\n
S\u00edguese que la pretensi\u00f3n se tornar\u00e1 frustr\u00e1nea si no se logra establecer la responsabilidad civil del asegurado, pues este hecho estar\u00e1 en conexi\u00f3n con el otro presupuesto a cargo de la v\u00edctima, cual es el de evidenciar que la responsabilidad generada por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de aqu\u00e9l est\u00e1 cubierta o amparada por el asegurador a quien, por lo mismo, se reclama la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Al cotejar los conceptos precedentes con la situaci\u00f3n jur\u00eddica que expone la demanda de casaci\u00f3n, de entrada se tropieza la Corte con un grave yerro en la direcci\u00f3n del cargo, desv\u00edo que, desde luego, comporta para el recurrente el haber partido de una premisa inexistente, que lo llev\u00f3 a una conclusi\u00f3n lejana de aquella contenida en el estudio del ad quem, como pasa a verse. <\/p>\n
En primer lugar, al recorrer la sentencia del Tribunal, es sumamente claro, por haberse expuesto categ\u00f3ricamente, que la acci\u00f3n adelantada por el demandante se calific\u00f3 como aquella que el contrato de seguro de responsabilidad concede a la v\u00edctima para su resarcimiento. <\/p>\n
En efecto, tal aserto emerge de la identificaci\u00f3n que hizo el sentenciador del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual perfeccionado con Seguros Caribe S.A., hoy Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., como asegurador, seg\u00fan el cual la cobertura ofrecida por \u00e9ste en el ac\u00e1pite de \u201cAmparos B\u00e1sicos\u201d abarcaba la responsabilidad civil extracontractual \u201cen que de acuerdo con la ley incurra el asegurado nombrado en la car\u00e1tula de la p\u00f3liza al conducir el veh\u00edculo descrito en la misma, o cualquier otra persona que conduzca dicho veh\u00edculo con su autorizaci\u00f3n, proveniente de un accidente o serie de accidentes emanados de un s\u00f3lo acontecimiento ocasionado por el veh\u00edculo descrito en esta p\u00f3liza\u201d (C. Tribunal, fl. 30) Asimismo, una vez se\u00f1alados los riesgos asumidos y los l\u00edmites de responsabilidad de cada uno de ellos, el Tribunal invoc\u00f3 expresamente el art\u00edculo 1127 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por el art\u00edculo 84 de la ley 45 de 1990, rector de esta particular especie de seguro. <\/p>\n
Consecuentemente, con base en esta disposici\u00f3n, el juzgador sostuvo que el derecho de la v\u00edctima o, en su caso, el de sus herederos, que la ley erige como beneficiarios de la indemnizaci\u00f3n, resultaba de un \u201cseguro de RESPONSABILIDAD POR DA\u00d1OS en que pueda incurrir el asegurado bajo la modalidad de la Responsabilidad Civil Extracontractual\u201d; sin embargo, tras la consideraci\u00f3n de que el art\u00edculo 1142 del C\u00f3digo de Comercio se aplicaba a la controversia, concluy\u00f3 que si bien la ley ten\u00eda como beneficiarios al c\u00f3nyuge y los herederos, dentro de este \u00faltimo grupo los hermanos eran desplazados por los progenitores, quienes \u201cser\u00edan entonces los legitimados para … demandar en calidad de BENEFICIARIOS por el pago del valor asegurado\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, en el ataque esgrimido por el casacionista se aduce enf\u00e1ticamente que para el \u00e9xito de la acci\u00f3n bastaba con la demostraci\u00f3n del da\u00f1o y de la relaci\u00f3n de causalidad entre \u00e9ste y el proceder del demandado, pues en tal evento se presum\u00eda la culpa del agente, toda vez que desplegaba una actividad catalogada como peligrosa. Precisamente, apoyado en esta apreciaci\u00f3n, es como enfoca su acusaci\u00f3n a tratar de probar que, de haber sido visto as\u00ed el asunto por el sentenciador, no se habr\u00eda dado aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 4\u00b0, 5\u00b0 y 6\u00b0 de la ley 29 de 1982, de cuyo an\u00e1lisis dedujo el desplazamiento del demandante por un sucesor de mejor posici\u00f3n en el orden hereditario, sino a las normas reguladoras de la \u201cResponsabilidad com\u00fan por los delitos y las culpas\u201d, esto es, los art\u00edculos 2342 y 2356 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
No obstante, pronto advierte la Corte el desfase del argumento anterior, habida consideraci\u00f3n que mientras el censor halla la g\u00e9nesis de su derecho en la ejecuci\u00f3n de una actividad peligrosa por parte de Expreso Trejos Ltda., al punto que denuncia la supuesta preterici\u00f3n de las normas sobre la materia, lo cierto es que no le bastaba aludir a la presunci\u00f3n de culpa, sino hacer referencia en forma integral a todos los elementos atr\u00e1s mencionados relativos a la acci\u00f3n directa. <\/p>\n
Dicho con otras palabras, si la carencia de legitimaci\u00f3n del demandante relev\u00f3 al Tribunal del escrutinio de la responsabilidad civil aquiliana del asegurado, tema este que, en efecto, no fue tratado en la providencia que se fustiga, no luce acertada la afirmaci\u00f3n del recurrente, con arreglo a la cual las disposiciones llamadas a regir la situaci\u00f3n de quien ejerc\u00eda la acci\u00f3n directa contra el asegurador eran los art\u00edculos 2342 y 2356 del C\u00f3digo Civil, porque semejante aseveraci\u00f3n desconoce francamente, como se ha visto, que el derecho del tercero damnificado por el siniestro para accionar contra el asegurador es el reconocido por los art\u00edculos 1127 y 1133 del C\u00f3digo de Comercio, modificados, en su orden, por los art\u00edculos 84 y 87 de la ley 45 de 1990, y que la responsabilidad civil derivada del hecho imputable al asegurado, esta s\u00ed reglada por tales normas del C\u00f3digo Civil, entre otras, funge apenas como un medio o puente para hacer efectivo el amparo o cobertura otorgado por el contrato de seguro, en cuanto ata\u00f1e a los derechos conferidos por la ley a la v\u00edctima. Acerca de la acci\u00f3n directa, justamente, el art\u00edculo 1133 ib\u00eddem ense\u00f1a que \u201cla v\u00edctima podr\u00e1 en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnizaci\u00f3n del asegurador\u201d, de lo que se desprende n\u00edtidamente que la responsabilidad civil del asegurado act\u00faa como presupuesto de la obligaci\u00f3n resarcitoria del asegurador. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, para el dise\u00f1o de su arremetida el impugnador no tuvo en cuenta que, como se rese\u00f1\u00f3, el Tribunal parti\u00f3 de dos supuestos que lo llevaron a una sola determinaci\u00f3n: por una parte, que el heredero de la v\u00edctima hab\u00eda ejercido la acci\u00f3n directa dimanante del contrato de seguro y, por la otra, que tal condici\u00f3n, presentada por el actor como cimiento de su legitimaci\u00f3n para actuar, ced\u00eda ante la misma posibilidad con que contaban los progenitores de la v\u00edctima, de donde afloraba para el ad quem la convicci\u00f3n de que la existencia de herederos de mayor derecho dejaba al demandante desprovisto de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
En este orden de ideas, es de verse que el an\u00e1lisis del Tribunal no pas\u00f3 de individualizar el tipo de seguro que gobernaba el caso, que ubic\u00f3 dentro de los de responsabilidad civil extracontractual, as\u00ed como de examinar la presunta legitimaci\u00f3n alegada por el demandante; de suerte que, al no haberse superado el umbral que este \u00faltimo aspecto trazaba, no fue menester que el juzgador evaluara la eventual responsabilidad civil extracontractual en que hab\u00eda incurrido la empresa asegurada. <\/p>\n
Se observa, entonces, que el recurrente anduvo ostensiblemente distanciado de la conducta que le era exigible, pues la raz\u00f3n que trae como puntal de la denunciada violaci\u00f3n recta de la ley sustancial, radica exactamente en afirmar, en sentido contrario de lo explicado por el sentenciador, que el juzgamiento del asunto debi\u00f3 efectuarse a la luz de los art\u00edculos 2342 y 2356 del C\u00f3digo Civil, con lo que se aparta de la resoluci\u00f3n del Tribunal, olvidando, como se anot\u00f3, que son varios los presupuestos que rodean la efectividad de la acci\u00f3n directa. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, a manera de compendio, ha de reiterarse c\u00f3mo pese a que, por el escollo encontrado alrededor de la legitimaci\u00f3n, el raciocinio del Tribunal no trascendi\u00f3 del nexo entre la v\u00edctima y la aseguradora, el ataque extraordinario se ha edificado sobre la base de consideraciones jur\u00eddicas propias de la relaci\u00f3n de la v\u00edctima con el asegurado, tema que, a m\u00e1s de no haber sido siquiera mencionado en la providencia de segunda instancia, difiere sustancialmente de aquel que efectivamente fue objeto de pronunciamiento. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n a lo expresado, ha de notar la Corte el escaso \u00e1mbito de acci\u00f3n del embate, pues el recurrente ha dejado inc\u00f3lumes varios de los pilares que sostienen la determinaci\u00f3n del Tribunal que, por lo mismo, al tornarse intocables en sede de casaci\u00f3n, siguen oficiando como soportes jur\u00eddicos y f\u00e1cticos de lo resuelto. <\/p>\n
Como se dej\u00f3 explicado, tras acotar que el debate giraba en torno a un seguro de responsabilidad civil extracontractual, el Tribunal trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 1142 del C\u00f3digo de Comercio, a cuyo tenor \u201ccuando no se designe beneficiario, o la designaci\u00f3n se haga ineficaz o quede sin efecto por cualquier causa, tendr\u00e1n la calidad de tales el c\u00f3nyuge del asegurado, en la mitad del seguro, y los herederos de este en la otra mitad\u201d, norma que estim\u00f3 aplicable al litigio. A partir de esta consideraci\u00f3n, acertada o no, el ad quem proclam\u00f3 que el valor asegurado \u201cest\u00e1 llamado a integrar el patrimonio sucesoral del causante\u201d y que, ante la existencia de los padres del occiso, a t\u00e9rminos de los art\u00edculos 4,5 y 6 de la ley 29 de 1982, estos \u00faltimos y la c\u00f3nyuge exclu\u00edan a los hermanos del mismo, para concluir que \u201csi al fallecido MIGUEL ANGEL no le sobrevive descendencia ni al parecer c\u00f3nyuge pues tales hechos no est\u00e1n acreditados, los llamados a la sucesi\u00f3n ser\u00edan sus progenitores\u201d, de manera que si \u201cal actor no le correspond\u00eda ejercer la acci\u00f3n dada la existencia de los progenitores del occiso, aparece obvia su falta de legitimaci\u00f3n en la causa para tal proceder, y ello conduce … a proferir sentencia absolutoria por ausencia de tal presupuesto de la pretensi\u00f3n\u201d (C. 6, fls. 33 y 34). <\/p>\n
Sobre la forma como debe combatirse una sentencia para conducir a su quiebre, tiene dicho la Corte que \u201c… por v\u00eda de la causal primera de casaci\u00f3n no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan s\u00f3lo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en \u00e9sta; de all\u00ed que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura\u201d (sentencia de 27 de julio de 1999, exp. 5189, no publicada oficialmente), criterio este que la Sala ha refrendado en m\u00faltiples ocasiones, entre otras, en sentencia de 5 de noviembre de 2003 (exp. 6988, no publicada a\u00fan oficialmente), en la que indic\u00f3 que \u201csi se aspira a impugnar con \u00e9xito un juicio jurisdiccional de instancia, no deben hacerse de lado los fundamentos del mismo, puesto que en este campo un cargo en casaci\u00f3n no tendr\u00e1 eficacia legal sino tan solo en la medida en que combata y desvirt\u00fae directamente cada uno de tales argumentos\u201d. <\/p>\n
Pues bien, se echa de menos el cabal cumplimiento de la directriz anterior. En efecto, dentro del ataque desplegado no se formul\u00f3 reparo alguno al Tribunal por lo que toca con la pertinencia de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1142 del C\u00f3digo de Comercio al caso en cuesti\u00f3n, como tampoco se censur\u00f3 la conclusi\u00f3n probatoria que le permiti\u00f3 a aqu\u00e9l dar por descontada la existencia de los progenitores de Miguel Angel Rivera Tabares, aserto que, de rebote, elimin\u00f3 la legitimaci\u00f3n en la causa de su hermano Ra\u00fal Antonio Rivera Tabares. Cardinal fue, sobretodo, el hecho consistente en que el fallador hizo actuar la disposici\u00f3n reci\u00e9n citada, cuyo contenido se transcribi\u00f3, pues s\u00f3lo sobre tal base fue que procedi\u00f3 tambi\u00e9n a revisar los preceptos que contemplan los \u00f3rdenes sucesorales – art\u00edculos 4\u00b0, 5\u00b0 y 6\u00b0 de la ley 29 de 1982 – para deducir que los ascendientes exclu\u00edan al demandante. <\/p>\n
De todos modos, para despejar cualquier duda, debe decir la Sala que aunque es verdad que el ataque cobij\u00f3 estos \u00faltimos mandatos, tambi\u00e9n lo es que ello no remedia el descuido ni el defecto t\u00e9cnico de la censura, pues sobre el asunto el recurrente se limit\u00f3 a decir que \u201csi bien … los art\u00edculos precitados de la Ley 29 de 1.989, (sic) determinan los llamados \u00f3rdenes hereditarios aplicables en todo campo herencial, no quiere decir ello, que necesaria y obligadamente para incoar la acci\u00f3n deba o tenga que hacerse en tal orden, porque bien puede ocurrir que uno o varios de los principales consangu\u00edneos est\u00e9n ausentes y no se conozca su paradero, haci\u00e9ndose entonces necesario que cualquiera de los herederos pueda iniciarla, obviamente bajo la responsabilidad de responder en el futuro ante quien pruebe un mejor derecho\u201d (C. Corte, fl. 8); de donde emerge que no se mencion\u00f3 siquiera, y mucho menos se critic\u00f3 o refut\u00f3, este aspecto toral de la decisi\u00f3n, cual era, como se dijo, que en opini\u00f3n del sentenciador el art\u00edculo 1142 del C\u00f3digo de Comercio gobernaba el supuesto de hecho acaecido en el evento sometido a juicio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al quedar en pie, por falta de reproche, el argumento central sobre el que descansa el fallo de segundo grado, es evidente que el mismo resulta inmutable, habida cuenta del talante dispositivo que rige el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Finalmente, al margen de lo discurrrido, no puede relevarse la Corte de hacer la rectificaci\u00f3n que impone la equivocada reflexi\u00f3n del Tribunal acerca de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1142 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En el punto, es casi innecesario volver sobre el car\u00e1cter de seguro de da\u00f1os que ostenta el de responsabilidad civil, en contraposici\u00f3n al de personas. El pago de la prestaci\u00f3n asegurada, por esa misma raz\u00f3n, no es uniforme en todos los casos, pues en el seguro de personas aqu\u00e9l se hace al beneficiario, que generalmente es un tercero designado por el asegurado en el contrato o por la ley, y en otros – seguros dotales – es al asegurado mismo mientras viva, o a sus herederos. Entre tanto, en los seguros de da\u00f1os el inter\u00e9s asegurable lo tiene el asegurado y a \u00e9l corresponde, en principio, el derecho a la indemnizaci\u00f3n prometida. <\/p>\n
Actualmente, con la inclusi\u00f3n legal del damnificado como beneficiario de la indemnizaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la responsabilidad civil en que incurra el asegurado, y al facilitar a los receptores del da\u00f1o la posibilidad de demandar directamente a la compa\u00f1\u00eda, a trav\u00e9s de una acci\u00f3n \u201cex lege\u201d, ello viene a explicar suficientemente que, dada la peculiar naturaleza del derecho del perjudicado en los seguros de responsabilidad civil, no le sean aplicables aquellas disposiciones como el art\u00edculo 1142 del C\u00f3digo de Comercio, concebidas para los seguros de personas. <\/p>\n
Con todo, esta f\u00f3rmula no tiene cabida en los seguros de responsabilidad civil, pues hoy m\u00e1s que nunca, cuando cualquiera de las v\u00edctimas, en caso de concurrencia de \u00e9stas en el da\u00f1o causado por el acto u omisi\u00f3n del asegurado, puede reclamar en igualdad de condiciones, no se admite el privilegio que se generar\u00eda al distribuir la indemnizaci\u00f3n solamente entre \u201cel c\u00f3nyuge y los herederos\u201d, por mitades, pues, en lo posible, debe prevalecer el principio de la indemnizaci\u00f3n para la totalidad de los damnificados, desde luego, dentro de las estrictas condiciones y linderos del pacto. <\/p>\n
As\u00ed se logra exponer porqu\u00e9 no es posible acoger como par\u00e1metro el que adopt\u00f3 sin reservas el Tribunal en su sentencia, apoyado en el art\u00edculo 1142 del C\u00f3digo de Comercio, por el cual \u201cel valor asegurado corresponde entonces a la c\u00f3nyuge y a los herederos de la v\u00edctima\u201d (C. 6, fl. 32), pues, como colof\u00f3n, puede decirse que en el seguro de responsabilidad civil el derecho de reclamar incumbir\u00e1, en general, a los damnificados, seg\u00fan la clase de perjuicio que acrediten de acuerdo con las pautas que disponen la ley y la jurisprudencia, personas estas que, por lo anotado, no podr\u00e1n determinarse por efecto de la actuaci\u00f3n de la regla que ofrece, para situaci\u00f3n bien diversa, la citada norma. <\/p>\n
6. No habi\u00e9ndose demostrado la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, resulta infundado el cargo \u00fanico formulado y, por ende, impr\u00f3spero, como se declarar\u00e1. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de cuatro (4) de marzo de 1998 proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso ordinario adelantado por RA\u00daL ANTONIO RIVERA TABARES frente a EXPRESO TREJOS LTDA. y SEGUROS CARIBE S.A., hoy MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente. C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
1 En este sentido, el proyecto que se convirti\u00f3 en la ley 45 de 1990 indicaba que dicho seguro consagraba \u201cun contrato en favor de terceros\u201d. (Ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 113 de 1990 – C\u00e1mara, publicada en \u201cAntecedentes Legislativos del Derecho de Seguros en Colombia\u201d, Acoldese – Acoas, Bogot\u00e1, 2002, pag. 334). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-029-2005 [7173] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de febrero de dos mil cinco (2005). Ref: Expediente No. 7173 Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por RA\u00daL […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82879","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82879","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82879"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82879\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82879"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82879"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82879"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}