SC-032-2005 [12073]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., catorce de febrero de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Exp. No. 12073 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 21 de octubre de 1999, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, como ep\u00edlogo del proceso ordinario promovido por Juvenal Cifuentes Pe\u00f1alosa contra la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero. <\/p>\n
1. Juvenal Cifuentes Pe\u00f1alosa pidi\u00f3 condenar a la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero al pago de los perjuicios ocasionados con motivo del embargo y secuestro de la finca \u201cLa Resaca\u201d, tasados en $28\u00b4000.000.oo \u201cpor las utilidades producto de la explotaci\u00f3n de ma\u00edz\u201d; $8\u00b4750.000.oo \u201cpor las utilidades producto de la explotaci\u00f3n de ganado de levante\u201d; y $60\u00b4000.000.oo, correspondientes a la diferencia entre el valor real de dicho predio, ($100\u00b4000.000.oo) y el valor en que tuvo que venderlo, ($40\u00b4000.000.oo), debido al abandono a que fue sometido durante el tiempo que dur\u00f3 la medida cautelar. Aunado a lo anterior, reclam\u00f3 la indexaci\u00f3n y los intereses de las referidas sumas o las que resultaran probadas en el proceso. <\/p>\n
2. En sustento de sus pedimentos, relat\u00f3 que tras 15 a\u00f1os de mantener operaciones con la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero, \u00e9sta le otorg\u00f3 un pr\u00e9stamo por $4\u00b4620.000.oo. que garantiz\u00f3 con hipoteca sobre la finca \u201cLa Resaca\u201d, ubicada en el municipio de Caparrap\u00ed (Cundinamarca). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 6 de septiembre de 1985 la demandada inici\u00f3 en su contra un proceso ejecutivo para obtener el pago de $3\u00b4040.000.oo \u201ccomo deuda insoluta del pagar\u00e9\u201d y $243.895.oo por un sobregiro que ya hab\u00eda sido cubierto, lo que motiv\u00f3 que se desistiera de esta \u00faltima pretensi\u00f3n. Tal juicio, adelantado ante el Juez Civil del Circuito de la Palma y donde se obtuvo el embargo y secuestro del bien hipotecado -medida que se mantuvo entre el 4 de marzo de 1987 y el 30 de junio de 1989-, finaliz\u00f3 con sentencia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexigibilidad de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, dijo el actor que en su finca cultivaba un \u00e1rea aproximada de 70 fanegadas de ma\u00edz que produc\u00edan dos cosechas anuales, cada una de 1.200 cargas (valoradas a raz\u00f3n de $8.500.oo en 1897, $9.600.oo en 1988 y $10.500.oo en 1989), am\u00e9n de que ten\u00eda aproximadamente 350 vacunos para levante que le dejaban una utilidad anual de $10.000.oo por cabeza, sumas que no pudo obtener durante el tiempo en que dur\u00f3 afectado su inmueble con la medida cautelar puesto que \u201cfue separado de la administraci\u00f3n y cuidado de la finca, caus\u00e1ndole perjuicios de car\u00e1cter material y a\u00fan moral, pues no fueron solamente las dificultades econ\u00f3micas, por la falta de ingreso de las utilidades que en condiciones normales deb\u00eda producir el predio, sino que se vio afectada la buena fama de comerciante que ha tenido\u2026 en todas sus actividades comerciales\u201d. <\/p>\n
3. La Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero se opuso a las s\u00faplicas de la demanda, manifest\u00f3 acogerse \u201ca los perjuicios efectivamente probados en el proceso\u201d y dijo no constarle la mayor\u00eda de los hechos, frente a los cuales pidi\u00f3 se probaran. <\/p>\n
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4. El a quo neg\u00f3 los pedimentos del actor porque en su sentir, la reclamaci\u00f3n del demandante debi\u00f3 realizarse en el curso del proceso ejecutivo donde embargaron su predio, de conformidad con el literal d. del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 510 del C. de P. C., en armon\u00eda con el art\u00edculo 307 ib\u00eddem, y no a trav\u00e9s del presente proceso ordinario, cuyo fin, precis\u00f3, no es enmendar omisiones anteriores. Aunque con diferentes argumentos, la suerte adversa de las pretensiones fue confirmada por el Tribunal luego de que el demandante apelara la sentencia de primer grado. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
1. El Tribunal, siguiendo la jurisprudencia, concluy\u00f3 que la indemnizaci\u00f3n de perjuicios reclamada por el actor s\u00ed pod\u00eda ventilarse a trav\u00e9s del proceso ordinario, esto es, que la ocasi\u00f3n para tal condena no se restring\u00eda a la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 510 del C. de P. C., solo que en ese caso, dijo, resulta necesario acreditar que el proceder del demandante fue malicioso, temerario o de mala fe, con lo cual se edifica su responsabilidad extracontractual por abuso del derecho a litigar. <\/p>\n
2. Ya de cara al caso concreto, sostuvo que no estaba probada la temeridad o malicia de la demandante, pues \u201cla sola circunstancia de que el acreedor acuda, mediante el proceso ejecutivo, al secuestro del bien que fuera la garant\u00eda de la obligaci\u00f3n mediante la hipoteca, no configura el ejercicio ilegal o arbitrario del derecho\u201d, a lo que agreg\u00f3 que \u201cSi por efecto de los medios exceptivos que formulara el demandado la jurisdicci\u00f3n neg\u00f3 sus pretensiones, en manera alguna ello es indicativo de una conducta negligente, temeraria o demostrativa de una torcida intenci\u00f3n de causar un da\u00f1o\u201d. <\/p>\n
3. A m\u00e1s de lo anterior, para el Tribunal no se demostr\u00f3 ni la relaci\u00f3n de causalidad, ni el perjuicio que dijo padecer el aqu\u00ed demandante. <\/p>\n
3.1. En ese sentido, asegur\u00f3 que seg\u00fan el acta de secuestro de la finca \u201cLa Resaca\u201d, el hoy demandante -all\u00ed demandado- solicit\u00f3 al secuestre que le dejara como depositario, a lo que dicho auxiliar de la justicia accedi\u00f3, con el compromiso de que suscribir\u00edan un documento con las cl\u00e1usulas correspondientes, y \u201cas\u00ed tal dep\u00f3sito no se llevara a la forma escrita a trav\u00e9s del documento de que se hiciera menci\u00f3n, la realidad demuestra que -el demandante- no fue desplazado de la administraci\u00f3n de esas tierras\u201d. <\/p>\n
En refuerzo de esa conclusi\u00f3n, el Tribunal trajo a colaci\u00f3n el interrogatorio del propio Juvenal Cifuentes Pe\u00f1alosa, donde \u00e9ste afirm\u00f3 que el secuestre \u201ciba y visitaba la finca y estaba de all\u00e1 para ac\u00e1\u201d, lo cual no pudo saber sino porque permanec\u00eda en el inmueble. Adem\u00e1s, ese sentenciador record\u00f3 que al ser preguntado sobre si abandon\u00f3 la finca durante el tiempo en que estuvo secuestrada, el demandante dej\u00f3 de dar una respuesta concreta y, por el contrario, se pronunci\u00f3 en forma evasiva, con lo que eludi\u00f3 \u201duna situaci\u00f3n f\u00e1ctica que no desea que se conozca\u2026\u201d. <\/p>\n
De otro lado, el Tribunal resalt\u00f3 que en su declaraci\u00f3n, el demandante aclar\u00f3 que no volvi\u00f3 a cosechar ma\u00edz porque \u201csiempre trabajaba con los recursos de la caja agraria\u201d, a\u00f1adiendo que su impedimento \u201cera la cuesti\u00f3n econ\u00f3mica\u201d, de donde concluy\u00f3 que no fue la medida cautelar solicitada por la ejecutante la que ocasion\u00f3 el presunto da\u00f1o, \u201csino la aparente imposibilidad de acudir a otros medios para obtener recursos para aquel efecto\u201d. <\/p>\n
3.2. En cuanto refiere al da\u00f1o, dijo el ad quem que no exist\u00edan en el proceso bases ciertas y definitivas para establecer la renta hipot\u00e9ticamente reclamada. As\u00ed, continu\u00f3, en el acta de la diligencia de secuestro no se dej\u00f3 constancia de la existencia de cultivos de ma\u00edz en la extensi\u00f3n referida por el demandante \u201cY es inevitable afirmar que de haberse observado, la pertinente constancia se habr\u00eda dejado\u201d. <\/p>\n
Respecto del ganado, sostuvo que los testimonios recibidos no permit\u00edan establecer el n\u00famero de reses que pastaban en la finca al momento de la cautela, la utilidad obtenida en cada periodo de levante y si \u00e9sta se perdi\u00f3 por raz\u00f3n del secuestro o si fue percibida as\u00ed sea parcialmente por el demandante, todo lo cual le permiti\u00f3 concluir que \u201cno existen elementos de juicio que demuestren, con seguridad, que el perjuicio efectivamente se caus\u00f3\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El demandante formul\u00f3 dos cargos contra la sentencia del Tribunal, como en ambos se cuestiona al Tribunal por haber negado que en el proceso estaba demostrada la culpa de la demandada, se resolver\u00e1n simult\u00e1neamente aunque el primero de ellos adolece de defectos t\u00e9cnicos. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de segunda instancia de quebrantar los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, 2341, 2342, 2343, 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
En sustento de dicha censura, dijo el recurrente que el ad quem distorsion\u00f3 la inteligencia de la doctrina y la jurisprudencia en torno a la responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio abusivo del derecho a litigar, y de paso, hizo nugatoria la obligaci\u00f3n de indemnizar perjuicios a cargo de quien acude a un proceso ejecutivo y solicita medidas cautelares que luego son levantadas por el proferimiento de una sentencia favorable al demandado. En apoyo de su afirmaci\u00f3n, cit\u00f3 las sentencias dictadas por la Corte el 2 de diciembre de 1993 y el 21 de febrero de 1938. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, el recurrente adujo que al anterior argumento, de por s\u00ed cardinal, el Tribunal a\u00f1adi\u00f3 otro: la inexistencia del nexo causal. Sin embargo, anot\u00f3, si no hall\u00f3 la culpa, era innecesario indagar sobre el da\u00f1o y el nexo causal. <\/p>\n
Entonces, reclam\u00f3 la correcci\u00f3n del yerro interpretativo del Tribunal y el despacho favorable de las s\u00faplicas de la demanda, pues con las pruebas que en detalle refiri\u00f3, est\u00e1n acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual atribuida a la demandada, esto es, la culpa, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En \u00e9ste, se acus\u00f3 la sentencia de quebrantar los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, 2341, 2342, 2343, 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de errores de hecho, manifiestos y trascendentes, en el manejo de las pruebas. <\/p>\n
1. El casacionista expres\u00f3 que el Tribunal dej\u00f3 de ver el oficio No. 0664 de 22 de agosto de 1985, en el que el entonces director de la Caja Agraria orden\u00f3 iniciar el proceso ejecutivo contra Juvenal Cifuentes Pe\u00f1alosa, as\u00ed como la sentencia del Juzgado del Circuito de la Palma que reconoci\u00f3 la excepci\u00f3n de inexigibilidad de la obligaci\u00f3n hipotecaria, \u201ccuyo contenido pone de bulto la temeridad o imprudencia manifiesta, y por ende el abuso del derecho de litigar, con que obr\u00f3 la Caja Agraria al promover el referido proceso ejecutivo\u201d, pues all\u00ed se afirm\u00f3 que \u201cel actor no demostr\u00f3 el incumplimiento que aleg\u00f3 para efecto de hacer exigible la obligaci\u00f3n\u201d, lo que oblig\u00f3 a dar por probado el medio de defensa planteado, \u201cno tanto porque el excepcionante haya probado su dicho, sino por la carencia de fundamentos probatorios en la respuesta del excepcionado\u2026\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el censor, que el abuso del derecho en procesos ejecutivos se puede establecer con la aducci\u00f3n de la sentencia de excepciones favorable al demandado, la que levanta las medidas cautelares y condena al pago de perjuicios, cual ocurri\u00f3 en este asunto, y sostuvo que si no se hubiesen pasado por alto esas pruebas, el Tribunal habr\u00eda deducido la responsabilidad de la demandada y la hubiera condenado al pago de los perjuicios sufridos por el demandante a ra\u00edz del secuestro de la finca \u201cLa Resaca\u201d. <\/p>\n
2. Superado lo anterior y en cuanto al da\u00f1o y el nexo causal, expuso el recurrente que el sentenciador de segundo grado tambi\u00e9n incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico en el an\u00e1lisis de las pruebas, porque: <\/p>\n
2.1. En el acta de secuestro se dej\u00f3 constancia de que el bien fue legalmente secuestrado y entregado al secuestre, quien lo recibi\u00f3 a entera satisfacci\u00f3n e hizo al ejecutado las advertencias del caso, despoj\u00e1ndolo de su tenencia y administraci\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que la solicitud del ejecutado para que se le dejara el bien en dep\u00f3sito no fue atendida porque esa petici\u00f3n qued\u00f3 sujeta a que se suscribiera un documento con las cl\u00e1usulas correspondientes, lo que finalmente no se realiz\u00f3. <\/p>\n
Precis\u00f3 que no puede afirmarse, como lo hizo el Tribunal, que del interrogatorio del demandante se desprenda que, a\u00fan sin contrato escrito, no fue separado de la administraci\u00f3n de sus tierras, porque una \u201ctrascripci\u00f3n completa de las aludidas respuestas, demuestran f\u00e1cilmente lo contrario, es decir, que el precitado Juvenal Cifuentes aunque permaneci\u00f3 en el predio s\u00ed fue desplazado de la administraci\u00f3n de su finca\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n err\u00f3 el Tribunal, en concepto del recurrente, cuando dedujo del interrogatorio que demandante percat\u00f3 las visitas del secuestre por su permanencia en el predio y que no pudo cultivar por su precariedad econ\u00f3mica, pues no observ\u00f3 que el domicilio y la residencia de Juvenal Cifuentes Pe\u00f1alosa por esa \u00e9poca se encontraban en dicha propiedad -seg\u00fan se constat\u00f3 incluso en la demanda ejecutiva- y tampoco advirti\u00f3 que en su declaraci\u00f3n \u00e9ste dej\u00f3 sentado que el deterioro de la finca se debi\u00f3 a la inactividad ocasionada durante la vigencia de la medida cautelar, pues el secuestre s\u00f3lo se dedic\u00f3 a visitar el predio y a recordarle que el bien estaba por cuenta del juzgado. <\/p>\n
Otro yerro del Tribunal, sostuvo, consisti\u00f3 en que si bien en el acta de secuestro no se dej\u00f3 constancia de la existencia de cultivos, por inadvertencia de quienes intervinieron en la diligencia, lo cierto es que fue omitido el examen de otras pruebas como el interrogatorio de parte del demandante y los testimonios de \u00c1lvaro Quintana Celis, Antonio Boh\u00f3rquez y Humberto \u00c1vila Useche, que demuestran la existencia y extensi\u00f3n de aquellos sembrados. Tales declaraciones, a su vez, dieron fe del n\u00famero de reses que pastaban en la finca al momento del secuestro, la utilidad que de ellas se obten\u00eda y la p\u00e9rdida que represent\u00f3 para el ejecutado el retiro de los semovientes. <\/p>\n
El casacionista denunci\u00f3 as\u00ed mismo que el Tribunal no vio la inspecci\u00f3n judicial y la prueba pericial que estim\u00f3 los da\u00f1os padecidos por el demandante en $649\u00b4736.893.oo., am\u00e9n de que pas\u00f3 por alto el texto de la contestaci\u00f3n de la demanda, donde la Caja Agraria se acogi\u00f3 a los \u201cperjuicios efectivamente probados en el proceso\u201d. <\/p>\n
Todas esas pruebas, seg\u00fan concluy\u00f3, demuestran error del Tribunal cuando expres\u00f3 que no estaba demostrada la relaci\u00f3n de causalidad entre la culpa y el da\u00f1o, cuando \u00e9sta se desprende del ejercicio de la referida acci\u00f3n ejecutiva en circunstancias de inocultable temeridad o manifiesta imprudencia, que ponen de manifiesto \u201cla causa directa que tuvo en su desmedro patrimonial la consumaci\u00f3n de aquella medida cautelar. Finalmente anot\u00f3 que todos esos errores son trascendentes porque si no se hubieran presentado se habr\u00edan despachado favorablemente las pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. En lo que toca con el primer cargo su fracaso es inevitable, habida cuenta de las graves falencias t\u00e9cnicas que en \u00e9l hallan refugio. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que el censor omiti\u00f3 informar la causal sobre la cual edific\u00f3 su embate dial\u00e9ctico contra la sentencia del Tribunal, inadvertencia que sin duda alguna impide a la Corte conocer el verdadero sentido de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero a\u00fan bajo el entendido de que el recurrente se prevali\u00f3 de la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P. C. -cosa que apenas podr\u00eda inferirse de algunos t\u00e9rminos utilizados entrel\u00edneas durante el desarrollo del cargo-, lo cierto es que, en todo caso, su tentativa de ataque se ver\u00eda frustrada por el hecho de haber guardado silencio en torno a la v\u00eda escogida para fustigar las razones del ad quem, como que no se preocup\u00f3 por dilucidar -con la claridad que demanda el recurso de casaci\u00f3n-, si la infracci\u00f3n de las normas sustanciales que enunci\u00f3 fue el directo resultado de una inadecuada labor intelectiva del juez de segundo grado (v\u00eda directa), o si por el contrario fue producto derivado de errores relativos a las pruebas (v\u00eda indirecta), ya porque \u00e9stas fueron pretermitidas, cercenadas, supuestas, adicionadas o deformado su contenido objetivo (error de hecho) o porque se transgredieron los preceptos reguladores de la disciplina demostrativa (error de derecho). <\/p>\n
No se pierda de vista que \u201cLa violaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial en la cual subyace la primera de las causales de casaci\u00f3n, puede producirse de dos maneras distintas: directamente, cuando el sentenciador se equivoca en la aplicaci\u00f3n del derecho material que concierne al asunto objeto del litigio, no obstante haber constatado correctamente la realidad f\u00e1ctica, e indirectamente, cuando es la defectuosa verificaci\u00f3n de los hechos, a trav\u00e9s del examen de las pruebas aducidas para formar su juicio, la que lo conduce a infringir las normas sustanciales. <\/p>\n
\u2026 Por la misma disimilitud que ofrecen las causas en las cuales se enra\u00edza una y otra forma de infracci\u00f3n de la ley sustancial, el recurrente debe asumir un comportamiento distinto al denunciar cada una de ellas. As\u00ed, si acusa el quebranto directo de preceptos del tipo indicado, debe concentrar su gesti\u00f3n impugnaticia en los textos legales que considera inaplicados, indebidamente aplicados o interpretados err\u00f3neamente, prescindiendo de toda consideraci\u00f3n que entra\u00f1e divergencia con las conclusiones f\u00e1cticas y probatoria derivadas por el sentenciador. <\/p>\n
Si opta por la v\u00eda indirecta y como en tal hip\u00f3tesis el quebranto de la ley sustancial puede emanar de errores de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, ha de individualizar las pruebas sobre las cuales recay\u00f3 el error, si es del primer tipo. Si es del segundo, indicar las normas probatorias que juzga infringidas, explicando en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n. Sea que denuncie errores de hecho o de derecho, corre con la carga de demostrarlos\u201d (subl\u00edneas fuera de texto, sent. cas. civ. de 25 de febrero de 2002, Exp. No. 5925). <\/p>\n
2.- En cuanto toca al segundo cargo, debe comenzar la Corte por advertir que la eficacia de un ordenamiento jur\u00eddico depende en mucho del anclaje social que pueda tener en la comunidad; por ello, parece m\u00e1s prudente, especialmente para situaciones de crisis, auspiciar que los ciudadanos accedan a la justicia sin restricciones directas o indirectas que puedan disuadir el uso de las herramientas constitucionales y legales para el ejercicio y protecci\u00f3n de los derechos. <\/p>\n
Por lo que acaba de decirse, ha de mantenerse una actitud vigilante para no deducir reproche contra quien concurre al estrado judicial en demanda de protecci\u00f3n de sus derechos, salvo, claro est\u00e1, para aquellos casos de carencia absoluta de fundamento plausible, los cuales, por ser rayanos en la mala fe, merecen el castigo para no dejar a nadie expuesto al abuso del derecho de los dem\u00e1s, pues tal forma de proceder esta censurada en el propio numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 95 del texto constitucional. <\/p>\n
Precisamente, conforme han pregonado la jurisprudencia y la doctrina, el ejercicio abusivo del derecho a litigar es un fen\u00f3meno que puede configurar la responsabilidad civil extracontractual de quien acude a la jurisdicci\u00f3n de manera negligente, temeraria o maliciosa para obtener una tutela jur\u00eddica inmerecida, y m\u00e1s cuando ese proceder se hace acompa\u00f1ar de la pr\u00e1ctica de medidas cautelares que afectan el patrimonio de quien es llamado a un juicio. Abuso que \u201ccomprendido as\u00ed -dijo la corte citando a Josserand- \u2018constituye una especie particular de culpa aquiliana\u2019 en la que puede incurrirse \u2018desde la culpa m\u00e1s grave, equivalente al dolo, en que el agente procede movido por la intenci\u00f3n de causar da\u00f1o, animus nocendi, hasta el da\u00f1o ocasionado por simple negligencia o imprudencia no intencionada\u2019, nociones \u00e9stas a las que dio amplia acogida en el derecho colombiano la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casaci\u00f3n civil de 21 de febrero de 1938\u2026 la legislaci\u00f3n procesal civil patria, ni antes ni ahora, restringi\u00f3 en manera alguna el derecho del perjudicado con medidas ejecutivas practicadas en proceso adelantado en su contra y terminado por resultar victorioso en las excepciones propuestas, a reclamar luego, en proceso ordinario, que su pretendido acreedor fuese condenado al pago de tales perjuicios, que encuentran su fuente en la responsabilidad aquiliana derivada del abuso del derecho a litigar\u201d (sent. cas. civ. de 2 de diciembre de 1993). <\/p>\n
Para lo que aqu\u00ed interesa, percata la Corte que el Tribunal, luego de admitir la posibilidad de reclamar a trav\u00e9s del proceso ordinario la indemnizaci\u00f3n de perjuicios derivada de la pr\u00e1ctica de medidas cautelares en un juicio ejecutivo terminado con sentencia favorable al ejecutado, se dio a la tarea de dilucidar la culpa de la aqu\u00ed demandada, actividad que le llev\u00f3 a decir que no hab\u00eda prueba de que \u00e9sta hubiese obrado con temeridad; a rengl\u00f3n seguido, para ahondar en claridad, ese juzgador desech\u00f3 la existencia de la relaci\u00f3n de causalidad y del da\u00f1o padecido por Juvenal Cifuentes Pe\u00f1alosa. <\/p>\n
Con una andanada de argumentos, el recurrente plante\u00f3 la existencia de sendos errores de hecho -a su juicio trascendentes- que impidieron al Tribunal dar por acreditados los elementos propios de la responsabilidad civil extracontractual endilgada a la demandada en este proceso. <\/p>\n
Sin embargo, analizado en conjunto el haz probatorio, no cabe m\u00e1s que concluir que la tarea de juzgamiento realizada por el ad quem no adolece de los yerros que le achaca la censura. <\/p>\n
Sobre ese particular, n\u00f3tese que en lo referente a la culpa de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero respecto de los hechos da\u00f1osos relatados en la demanda, ninguno de los elementos de juicio que militan en el expediente permite inferir que aquella actu\u00f3 de manera negligente o imprudente, ni que fue su intenci\u00f3n provocar un da\u00f1o al demandante (animus nocendi), tampoco que carec\u00eda de raz\u00f3n al impulsar el proceso ejecutivo hipotecario de marras o que su proceder no estaba precedido de una causa probable, fundada en motivos leg\u00edtimos (iusta causa litigandi). <\/p>\n
Si bien es cierto la ejecuci\u00f3n que promovi\u00f3 la aqu\u00ed demandada en contra de Juvenal Cifuentes Pe\u00f1alosa fue clausurada con una sentencia adversa a sus intereses como acreedora, lo cierto es que ese hecho no conduce per se a dar por establecida su culpa. A la verdad, aunque la otrora ejecutante renunci\u00f3 a una de las pretensiones enfiladas contra su deudor, las dem\u00e1s se mantuvieron enhiestas, y a la postre si no se acogieron fue por causa de las vicisitudes probatorias del proceso ejecutivo hipotecario que se entabl\u00f3, pues all\u00ed, entre otras cosas, dejaron de valorarse varios testimonios practicados por un juez comisionado, bajo el argumento de que pese a ser escuchados por su comisionado, el despacho lleg\u00f3 tard\u00edamente al proceso. Entonces, como sent\u00f3 la Corte en un caso con similares perfiles, \u201cla referida pretensi\u00f3n est\u00e1 llamada a fracasar, pues la entidad demandada \u2018…tuvo motivos leg\u00edtimos para promover el frustrado proceso Ejecutivo\u2019, ya que estaba dotada de un t\u00edtulo ejecutivo que legitimaba su pretensi\u00f3n frente a la demandada. No hizo uso de su derecho con desmesura ni ligereza \u2018…solo procedi\u00f3 como lo har\u00eda cualquier acreedor ante la evidencia de una obligaci\u00f3n insoluta\u2019. El triunfo de los demandados no les deriva, por s\u00ed solo, consecuencias adversas, pues a\u00fan hoy es discutible\u201d (sent. cas. civ. de 25 de febrero de 2002, Exp. No. 5925). <\/p>\n
En \u00faltimas, fue el desenvolvimiento del proceso, que como obra humana que es no escapa al albur y a la contingencia, lo que depar\u00f3 la suerte desfavorable de la ejecuci\u00f3n, sin que ello refleje imprevisi\u00f3n, carencia de una causa jur\u00eddica razonable o intenci\u00f3n da\u00f1osa de la ejecutante, y menos a\u00fan cuando los hechos que aleg\u00f3 para promover el recaudo -entre ellos el incumplimiento del deudor en cuanto a la destinaci\u00f3n del cr\u00e9dito que le fue desembolsado- no se desvirtuaron por el ejecutado, sino que se tuvieron como no probados por el juez del recaudo judicial, quien en su sentencia acot\u00f3: \u201cFinalmente y en cuanto a los testimonios, los cuales fueron solicitados con el \u00e1nimo de demostrar que no se hizo totalmente la inversi\u00f3n, no pueden tenerse en cuenta porque ellos violan la exigencia que hace el ordenamiento procesal Civil sobre la oportunidad o el momento en que deben aportarse como prueba y fe de esa determinaci\u00f3n, fue la tomada en auto de fecha julio veintinueve de mil novecientos ochenta y ocho\u2026 Como el sustantivo civil -art. 1757- manifiesta que incumbe probar las obligaciones o su extinci\u00f3n al que alega aquellas o \u00e9stas, y el procesal civil dice que deben probarse los hechos alegados para que el juzgador aplique \u2018que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u201d -art. 174 y 177 de C.P.C.- se concluye que el actor no demostr\u00f3 el incumplimiento que aleg\u00f3 para efectos de hacer exigible la obligaci\u00f3n y por tanto no se aceptar\u00e1n las pretensiones, por no ser exigibles hasta este momento\u2026 Siendo entonces en este momento, improcedente el cobro de la obligaci\u00f3n que se demanda, la cual obviamente subsiste en favor de la entidad actora y podr\u00e1 hacerla exigible cuando probatoriamente se den los presupuestos para ello, debe el despacho ordenar tambi\u00e9n dar por terminado este proceso\u201d (fls. 99, 100 cuad. 2). <\/p>\n
Por consiguiente, las apreciaciones del Tribunal sobre la ausencia de prueba de la culpa de la demandada, mal podr\u00edan tildarse de desacertadas, pues ni los documentos arrimados al expediente, ni los testimonios practicados durante el proceso ofrecen certidumbre en torno de ella, am\u00e9n de que para ese efecto resultan impertinentes las manifestaciones del propio demandante vertidas en su interrogatorio de parte, el cual, naturalmente, no puede erguirse en un mecanismo apto para procurarse la prueba de los fundamentos f\u00e1cticos alegados en la demanda. <\/p>\n
Lo visto hasta aqu\u00ed descarta la existencia de los yerros manifiestos y trascendentes denunciados por el recurrente, en la medida en que con las probanzas que obran en el plenario no puede darse por establecido el primero de los elementos de la responsabilidad aquiliana, lo que de suyo resulta suficiente para sostener la sentencia que ahora se combate, porque aunque se hubiesen demostrado el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad -cosa bastante discutible de acuerdo con las consideraciones del Tribunal- finalmente la pretensi\u00f3n indemnizatoria sucumbir\u00eda, \u201cpues siendo la reprochabilidad de la conducta del agente, uno de los elementos configurativos de la responsabilidad aquiliana, de la cual es aplicaci\u00f3n la responsabilidad emergente del empleo abusivo de las v\u00edas de derecho, la subsistencia de la conclusi\u00f3n del sentenciador sobre la ausencia de tal elemento, igualmente trunca la prosperidad del recurso\u2026 Frente al anterior estado de cosas, inocuo resulta analizar los reparos propuestos frente a las argumentaciones restantes, en las cuales se centra, como se dijo, la labor dial\u00e9ctica del impugnador, pues as\u00ed resultasen fundados no dar\u00edan lugar a la rotura del fallo, en lo que a la pretensi\u00f3n examinada concierne, pues los argumentos precedentes, que han quedado en pie, lo sustentan suficientemente\u201d (sent. cas. civ. de 25 de febrero de 2002, Exp. No. 5925). <\/p>\n
Por supuesto que, como bien resalt\u00f3 el propio recurrente en el primero de los cargos, si el Tribunal no hall\u00f3 un culposo proceder de la demandada y si -como acaba de verse- en ese labor\u00edo no incurri\u00f3 en error, se torna in\u00fatil indagar sobre el da\u00f1o y el nexo causal, porque a la postre, en materia de abuso del derecho a litigar, no se configura la responsabilidad sin culpa. <\/p>\n
En ese orden de ideas, este cargo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 21 de octubre de 1999, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, como ep\u00edlogo del proceso ordinario promovido por Juvenal Cifuentes Pe\u00f1alosa contra la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-032-2005 [12073] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D. C., catorce de febrero de dos mil cinco Ref. Exp. No. 12073 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 21 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82882","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82882","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82882"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82882\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82882"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82882"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82882"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}