SC-033-2005 [7095]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de febrero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 7095. <\/p>\n
Decide la Corte los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por las partes contra la sentencia de 2 de octubre de 1997, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario instaurado por Confecciones Stephan Limitada frente a la sociedad Circle Freight International de Colombia Limitada. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante convoc\u00f3 a juicio ordinario a la demandada para que contra \u00e9sta se profiriera sentencia con las siguientes declaraciones y condenas: <\/p>\n
\u201c1.- Decl\u00e1rese que la sociedad CIRCLE FREIGHT INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA. es contractualmente responsable frente a CONFECCIONES STEPHAN LTDA. por haber incumplido su obligaci\u00f3n derivada del contrato de Comisi\u00f3n de Transporte que celebr\u00f3 con esta \u00faltima, en cuanto nunca entreg\u00f3 al destinatario acordado, en el lugar de destino, es decir el muelle Cocosolo, en la ciudad de Col\u00f3n, en Panam\u00e1\u201d, la mercanc\u00eda que era objeto del contrato, ni la devolvi\u00f3 a la demandante. <\/p>\n
\u201c3.- Cond\u00e9nese adicionalmente a la sociedad demandada a pagar a la sociedad demandante, por concepto de lucro cesante, la suma de cincuenta y cuatro millones setecientos ochenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos ($ 54.785.550.oo), suma correspondiente al 25% del valor que ten\u00eda la mercanc\u00eda en la \u00e9poca en que se celebr\u00f3 el contrato de comisi\u00f3n de transporte.\u201d <\/p>\n
\u201c4.- Corr\u00edjase monetariamente el valor de las condenas solicitadas en las peticiones 2 y 3 anteriores, teniendo en cuenta la p\u00e9rdida del valor adquisitivo de la moneda que ocurra entre la fecha en que se celebr\u00f3 el contrato de comisi\u00f3n de transporte y la fecha en que la demandada pague el valor de dichas condenas.\u201d <\/p>\n
\u201c5.- Sobre el valor de la condena a que se refiere la petici\u00f3n 4 anterior, cond\u00e9nese a la demandada al pago de intereses, para ser liquidados durante ese mismo per\u00edodo.\u201d <\/p>\n
2. Son fundamentos de las pretensiones anteriores, los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) El 28 de enero de 1993 la demandada, obrando por intermedio de su agencia en Medell\u00edn, celebr\u00f3 un contrato de comisi\u00f3n de transporte con la actora, en virtud del cual se oblig\u00f3 a hacer transportar desde aquella ciudad hasta el muelle de Cocosolo en Col\u00f3n, Rep\u00fablica de Panam\u00e1, una mercanc\u00eda de propiedad de \u00e9sta. <\/p>\n
b) En la misma fecha, Circle Freight International de Colombia Limitada, a trav\u00e9s de su gerente Luz Marina Moreno, recibi\u00f3 aquellos bienes para ser transportados conforme al contrato de comisi\u00f3n de transporte, la que personalmente dirigi\u00f3 la labor de empaque de 167 cajas que los conten\u00edan, las que fueron puestas en el contenedor ICSU-493235, y que as\u00ed salieron en un cami\u00f3n contratado por la misma. <\/p>\n
La accionante entreg\u00f3 a la demandada la lista que especificaba el contenido de las cajas y copias de los documentos de remisi\u00f3n n\u00fameros 3207, 3208, 3209 y 3210 y copia de las facturas comerciales n\u00fameros 2459, 2460 y 2461, a cargo del comprador de la mercanc\u00eda, en las que se especificaba el valor de la misma. Luz Marina Moreno firm\u00f3 una carta en esa misma fecha en se\u00f1al de haber recibido tales documentos. <\/p>\n
c) En el contrato acordaron que el comisionista asum\u00eda la obligaci\u00f3n de hacer transportar los bienes hasta el punto final de su destino y a hacerla entregar a la sociedad Kamally Import Export S. A., representada por Jose Fadlallah Cheaitelly. <\/p>\n
d) La demandada nunca cumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de entregar la mercanc\u00eda en el puerto de Cocosolo de Col\u00f3n, Rep\u00fablica de Panam\u00e1, al destinatario acordado, ni la devolvi\u00f3 a la demandante. <\/p>\n
e) Las mercader\u00edas entregadas por Confecciones Stephan Limitada a Circle Freight International de Colombia Limitada se identifican en los documentos que fueron dados por el comitente al comisionista, y ten\u00edan en la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato un valor de USA$292.189,60, suma que en la misma \u00e9poca equival\u00eda a $219’142.200. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Notificada la demandada, dio oportuna respuesta en el sentido de oponerse a las pretensiones; en cuanto a los supuestos de facto, neg\u00f3 los primeros cinco y dijo no constarle el \u00faltimo. Propuso las excepciones que denomin\u00f3 como \u201cinexistencia del supuesto contrato de comisi\u00f3n de transporte\u201d, \u201ccumplimiento del objeto del contrato alegado por el demandante\u201d e \u201cinexistencia de la p\u00e9rdida de la mercanc\u00eda\u201d. Finca la primera, en que la demandada decidi\u00f3 el medio de transporte de su preferencia, a pesar de que la v\u00eda a\u00e9rea era m\u00e1s r\u00e1pida y econ\u00f3mica, autoriz\u00f3 a la empresa de transporte terrestre TDM Transportes S. A. para retirar de los patios de Almadelco el \u201ccontainer\u201d, hizo entrega de la mercanc\u00eda a tal transportador, contrat\u00f3 con la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros el transporte hasta el destino final y dio a la demanda los documentos que presumiblemente correspond\u00edan a los bienes que entreg\u00f3 a aquella transportadora para ser enviados a Cartagena con el fin de adelantar los tr\u00e1mites aduaneros. La segunda la hizo consistir en que, en el hipot\u00e9tico caso de aceptar la existencia del contrato de comisi\u00f3n de transporte, la mercanc\u00eda fue entregada al destinatario y con intervenci\u00f3n de \u00e9ste lleg\u00f3 a su destino final; en Cartagena las mercader\u00edas se entregaron a la sociedad Traslados Internacionales de Cartagena y fueron movilizadas en el vapor Lontue de la naviera C.S.A.V Chilean Lines, representada por Navemar; en el puerto de San Crist\u00f3bal de Panam\u00e1, fueron recibidas por Circle Freight International de Panam\u00e1, sociedad que es distinta de la demandada; \u00e9sta notific\u00f3 a Jos\u00e9 Fadlallah Cheaitelly, representante de Kamally Import Export S. A., la cual orden\u00f3 el traslado a la zona libre de Col\u00f3n y de all\u00ed enviada a Cocosolo, a la bodega Ferca International S. A.; esa sociedad de Panam\u00e1, por cuenta de la destinataria y para \u00e9sta, las reembarc\u00f3 con destino a Bah\u00eda Portete en Colombia. Agrega que la demandante carece de t\u00edtulo para ejercer una acci\u00f3n contra la demandada porque no hubo p\u00e9rdida de las cosas, pues el representante del destinatario orden\u00f3 su traslado a zona libre de Col\u00f3n para que all\u00ed fuera inspeccionada por las autoridades, reempacada, enviada a la bodega Ferca Int. S. A. en el muelle Cocosolo y exportada a Bah\u00eda Portete. <\/p>\n
En el curso del proceso se admiti\u00f3 la intervenci\u00f3n adhesiva litisconsorcial de la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros S. A, como subrogataria legal de la actora. <\/p>\n
4. Mediante sentencia proferida el 7 de abril de 1997 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado de Medell\u00edn culmin\u00f3 la primera instancia, en la que se declar\u00f3 a la demandada responsable por el incumplimiento del contrato de comisi\u00f3n de transporte acordado con la accionante, para condenarla a pagar $204.532.720, con sus respectivos intereses moratorios al doble del bancario corriente, si no se hiciere el pago a la ejecutoria de la sentencia; y tras desestimar los dem\u00e1s rubros pretendidos, reconoci\u00f3 a Suramericana de Seguros S. A., su condici\u00f3n de subrogataria legal, hasta el monto de $110\u00b4000.000 con respecto a la indemnizaci\u00f3n tasada a favor de Confecciones Stephan Limitada. <\/p>\n
5. El Tribunal le puso fin a la alzada mediante fallo de 2 de octubre de 1997, en el que confirm\u00f3 el de primera instancia en cuanto estim\u00f3 la pretensi\u00f3n incoada por la demandante y la reform\u00f3 en el siguiente sentido: la adicion\u00f3 al precisar que \u201csu cuant\u00eda asciende a $94.532.720, cuyo valor actual es de $137.488.387\u201d; le impuso a la demandada la obligaci\u00f3n de pagarle a la accionante la suma de $23\u00b4133.180 por concepto de indemnizaci\u00f3n de perjuicios en la modalidad de lucro cesante; le reconoci\u00f3 a la interviniente la pretensi\u00f3n incoada contra demandante y demandada, alrededor de lo cual dispuso que \u00e9sta deb\u00eda restituirle los $110\u00b4000.000 que aqu\u00e9lla le pag\u00f3 a la accionante; le impuso a Confecciones Stefhan la carga de cubrir las costas procesales de ambas instancias; y se abstuvo de condenar en costas \u201cpor la apelaci\u00f3n para demandante e interviniente\u201d(fl.48vto.). <\/p>\n
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La parte actora solicit\u00f3 correcci\u00f3n del fallo, la cual se decidi\u00f3 con sentencia complementaria de 5 de noviembre de 1997, en la que se dispuso: \u201cADICIONA la sentencia anterior, en el sentido de concretar la suma de $27.500.000, por lucro cesante y sobre la cifra pagada por el interviniente ad-excludendum, para un total de $51.133.180, por dicho concepto; cantidad que ahora asciende a $ 88.312.155, siendo que aqu\u00e9lla se pagar\u00e1 con correcci\u00f3n monetaria entre la fecha de la sentencia $23.633.180 y de esta complementaria $ 27.500.000. y hasta cuando se pague, calculando para el efecto el 36,36 % anual; igualmente, la ADICIONA disponiendo que, el valor de la mercanc\u00eda se pague con la devaluaci\u00f3n monetaria producida entre esta \u00e9poca y la de cumplimiento; CORRIGE los errores en que se incurri\u00f3 por alteraci\u00f3n de la palabra demandante por demandada, parte \u00e9sta a la que corresponde el pago de las costas causadas al interviniente ad excludemndum; y por cambio de la cifra 6 por 1, siendo que la cantidad parcialmente deducida por lucro cesante equivale a $ 23.633.180 y no a $ 23.133.180, como se transcribi\u00f3; DENIEGA las dem\u00e1s correcciones pedidas.\u201d(fls.60vto y 61). <\/p>\n
La misma parte solicit\u00f3 correcciones aritm\u00e9ticas de la sentencia inicial y de la complementaria, petici\u00f3n denegada mediante providencia de 5 de diciembre de 1997. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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1. Con fundamento en los art\u00edculos 1494, 1495, 1602, 1626, 1627, 1645 y 1648 del C\u00f3digo Civil, el sentenciador comienza por precisar que todo contrato legalmente celebrado produce v\u00ednculo jur\u00eddico que no puede ser destru\u00eddo sino por mutuo consentimiento o por causas legales, lo que comporta unas consecuencias jur\u00eddicas tales como la generaci\u00f3n de obligaciones, que es lo que constituye el objeto, en orden a lo cual expresa que uno y otro colocan al deudor en la necesidad jur\u00eddica de cumplir, de buena fe, la prestaci\u00f3n materia de la correspondiente obligaci\u00f3n cuando \u00e9sta sea exigible, en el lugar y de la manera estipulados. <\/p>\n
Asimismo, expres\u00f3 que de acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos 1604, 1605 y 1606 del mencionado C\u00f3digo, la obligaci\u00f3n de entregar cuerpo cierto conlleva la de conservarlo hasta su entrega e impone la necesidad de emplear en su custodia el debido cuidado, seg\u00fan a quien beneficie el contrato. <\/p>\n
El perecimiento, destrucci\u00f3n, ausencia del comercio, desaparecimiento o ignorancia de la existencia de la cosa, provoca el incumplimiento que es igual al hecho il\u00edcito, dice el tribunal, de donde surge la legitimaci\u00f3n o inter\u00e9s jur\u00eddico del acreedor para reclamar el cumplimiento coactivo y por equivalencia, cambio de la prestaci\u00f3n de entregar la cosa por la de pagar su precio, efecto primordial de las obligaciones, adem\u00e1s de la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios moratorios que es el secundario; pero ello, prosigue, s\u00f3lo resulta una vez estructurada la responsabilidad civil en su correlaci\u00f3n con el hecho il\u00edcito de la culpa que se presume por el supuesto del incumplimiento; esta presunci\u00f3n se destruye \u00fanica y exclusivamente con la prueba del caso fortuito, no obstante la observancia de diligencia y cuidado, en orden a lo cual cita los art\u00edculos 1604, inciso 3\u00ba, 1610, 1729, 1730, 1731 del C\u00f3digo Civil y 1\u00ba de la ley 95 de 1890; y no sin antes mencionar el art\u00edculo 1738 de aquella codificaci\u00f3n, a\u00f1ade que esta culpa se extiende a la de las personas respecto de las cuales incumbe deber de selecci\u00f3n y vigilancia. <\/p>\n
2. Esta declaraci\u00f3n de principios generales sirve de pre\u00e1mbulo al tribunal para adentrarse en el caso concreto, y lo hace precisando inicialmente que, conforme al certificado de la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, el objeto social de la demandada est\u00e1 constituido, entre otros, por la realizaci\u00f3n de actividades de transporte de carga, tales como la consecuci\u00f3n de cupos y tramitaci\u00f3n de procesos de nacionalizaci\u00f3n en el exterior. En desarrollo del objeto social descrito, prosigue, recibi\u00f3 de la demandante una mercanc\u00eda para ser transportada hasta Panam\u00e1; llegada la misma por carretera a Cartagena, celebr\u00f3 contrato para su traslado, v\u00eda mar\u00edtima, al puerto de Crist\u00f3bal, donde la recibir\u00eda Circle Freight International de Panam\u00e1 S. A., encargada de transportarla a su vez a la zona libre de Col\u00f3n, muelle de Cocosolo Norte, bodega Ferca International S. A., a donde arrib\u00f3 en marzo 19 siguiente, lo cual se prueba con los documentos visibles a folios 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79 y 82 del cuaderno principal, aportados por la demandada, aspectos sobre los que en sentir del ad quem no existe controversia. <\/p>\n
El conflicto lo origina, seg\u00fan sostiene, el hecho de no haber cumplido la sociedad \u00faltima citada su encargo de entregar la carga al destinatario Kamally Import Export o a Jos\u00e9 Fadlallad Cheaitelly, en aquella zona libre; este incumplimiento, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 177, inciso 2\u00ba, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es un hecho negativo indefinido propuesto por la demandante para apoyar su pretensi\u00f3n de cumplimiento por equivalencia y traslada de este modo la carga de la prueba a la demandada. <\/p>\n
Indic\u00f3 que los testigos Lilibeth Elvira Gordon Real y Carlos Manuel Eleta L\u00f3pez, al servicio de Circle Panam\u00e1 para la \u00e9poca de la supuesta p\u00e9rdida de la mercanc\u00eda, declararon que la misma se entreg\u00f3 a quien se present\u00f3 como Jos\u00e9 Cheaitelly, sin que se le exigiera identificaci\u00f3n, ni entrega de la copia del conocimiento de embarque expedido por la naviera que efectu\u00f3 el traslado de Cartagena a Panam\u00e1, que hab\u00eda sido entregado personalmente en Bogot\u00e1 por el representante de la demandada, seg\u00fan lo afirm\u00f3 su representante en interrogatorio de parte. <\/p>\n
Asever\u00f3 el fallador que la citada sociedad paname\u00f1a, intervino entonces como dependiente de la demandada, a quien le fue recomendada la nacionalizaci\u00f3n de la mercanc\u00eda y la entrega al destinatario, diligencia en la que actu\u00f3 con negligencia e imprudencia al dar por cierto, sin prueba al respecto, que quien se present\u00f3 era el destinatario determinado, siendo que adem\u00e1s no exhibi\u00f3 el original del conocimiento de embarque que lo convert\u00eda en tenedor leg\u00edtimo, al tenor del art\u00edculo 1642 C\u00f3digo de Comercio, lo que traduce culpa cometida por la demandada. <\/p>\n
3. Seguidamente observ\u00f3 el sentenciador que como la p\u00e9rdida de la mercanc\u00eda ocurri\u00f3 en poder del dependiente de la demandada, no es del caso acudir a los preceptos reguladores de los efectos de las obligaciones derivadas del contrato de transporte a las que remite el art\u00edculo 1313 del C\u00f3digo de Comercio, porque el celebrado entre demandante y demandada fue uno de comisi\u00f3n que de manera especial recoge el art\u00edculo 1291 ibidem, regido en sus efectos y estructura por los art\u00edculos 1287 y siguientes del mismo ordenamiento, pues en torno a sus elementos esenciales se form\u00f3 el consentimiento, por lo que si aqu\u00e9lla encomend\u00f3 a \u00e9sta, dedicada profesionalmente a ello, la nacionalizaci\u00f3n en Panam\u00e1 de una mercanc\u00eda y su entrega a un destinatario determinado, no interesa desentra\u00f1ar, aduce la sentencia, si respecto del mismo la demandada obtuvo la calidad de comisionista de transporte o de remitente, como intrascendente resulta tambi\u00e9n averiguar si las mercanc\u00edas fueron entregadas al verdadero destinatario, pues ello es asunto que deben dilucidar los jueces en lo penal de aquella rep\u00fablica, para determinar la eventual responsabilidad de aqu\u00e9l. <\/p>\n
4. Tras indicar el fallo que hubo un incumplimiento del v\u00ednculo jur\u00eddico surgido del contrato de comisi\u00f3n, al no entregar al destinatario los art\u00edculos una vez nacionalizados, agreg\u00f3 que ese incumplimiento est\u00e1 \u00edntimamente ligado a la culpa, que es la misma de su dependiente, todo lo cual estructura la responsabilidad civil (art. 1292 ib), y como ya no es posible el cumplimiento de lo estipulado se impone hacerlo por su equivalencia, cambiando la prestaci\u00f3n por el pago del valor de los bienes conforme a los datos contenidos en los documentos de remesa, pues no se hicieron constar diferencias certificadas por contador p\u00fablico o en su defecto por dos comerciantes (art. 1293 ib). Esos documentos privados, impl\u00edcitamente reconocidos por la parte demandada y demostrativos de sus fechas y declaraciones en ellos contenidos, de la manera indicada por los art\u00edculos 252-4, 276, 279 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, describen pormenorizadamente los bienes, y as\u00ed aparecen registrados en los libros de contabilidad de la demandada, llevados conforme a las normas legales, por valor de $ 204\u00b4532.720, como lo dictaminan los peritos. Advirti\u00f3 que de esta cifra fue pagada por la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros S. A. la suma de $110\u00b4000.000 el 23 de noviembre de 1994, cubriendo el siniestro asegurado como riesgo en el contrato de seguro (fls.129 y 146 cd,1), por lo que \u00e9sta tiene inter\u00e9s jur\u00eddico para pretender el pago de esa cantidad de dinero, al tenor de los art\u00edculos 53 ib\u00eddem, 1096 C\u00f3digo de Comercio y 1630 a 1669 del C\u00f3digo Civil, aspecto por el cual reform\u00f3 la sentencia apelada, imponiendo la obligaci\u00f3n al pago de las costas a favor de tal interviniente. <\/p>\n
5. La cuant\u00eda de la pretensi\u00f3n, precis\u00f3 el sentenciador, queda reducida a $94\u00b4532.720, valor de la mercanc\u00eda desaparecida, cifra que asciende actualmente a $137\u00b4488.387, computando sobre la primera un inter\u00e9s del 36,36% anual durante cuatro a\u00f1os, que es el legal para cr\u00e9ditos ordinarios, para proteger de tal manera la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda (art. 1626 C.C.), suma que no devenga intereses para no caer en un doble pago. Y por cuanto los perjuicios moratorios, en el rengl\u00f3n de lucro cesante \u201cequivalen a la ganancia dejada de percibir por la demandante, en concepto de expertos, guarda proporci\u00f3n con el 35%, del que se reclama solamente el 25% que es igual a $23\u00b4133.180\u201d, en este sentido tambi\u00e9n se reform\u00f3 la providencia del a-quo. <\/p>\n
6. Como la actora solicit\u00f3 la correcci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos y la aclaraci\u00f3n del fallo, el juzgador profiri\u00f3 sentencia complementaria el 5 de noviembre de 1997, cuya parte resolutiva qued\u00f3 rese\u00f1ada atr\u00e1s, frente a la cual se insisti\u00f3 nuevamente en su correcci\u00f3n por supuestos desajustes en las cifras all\u00ed contenidas. Esta \u00faltima petici\u00f3n fue denegada. <\/p>\n
III. LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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En las demandas presentadas por la demandada y la demandante, siete y dos cargos respectivamente formularon. La Corte estudiar\u00e1, en primer t\u00e9rmino, el s\u00e9ptimo de la parte demandada por estar referido a vicios de procedimiento; luego, en forma conjunta, el primero al cuarto de aqu\u00e9lla; despu\u00e9s, el quinto y sexto de la misma; y en forma conjunta los de la actora, por hacer referencia a un mismo aspecto de las determinaciones adoptadas en la decisi\u00f3n acusada. <\/p>\n
A. DE LA PARTE DEMANDADA <\/p>\n
CARGO S\u00c9PTIMO <\/p>\n
Observa la recurrente que la sentencia atacada no se encuentra en consonancia con las pretensiones del libelo, pues \u00e9stas est\u00e1n dirigidas a que se declare que la demandada es responsable frente a la demandante por haber incumplido el contrato de comisi\u00f3n de transporte celebrado entre ellas, pese a lo cual el tribunal, en la parte motiva del fallo, dice que el celebrado fue el de comisi\u00f3n, sin que interesara desentra\u00f1ar si aqu\u00e9lla detent\u00f3 la calidad de comisionista de transporte ni se pudiera acudir a las normas reguladoras del contrato de transporte. Con todo, agrega el censor, en la parte resolutiva, al confirmar la sentencia apelada, da a entender que el ajustado s\u00ed fue un negocio de comisi\u00f3n de transporte. <\/p>\n
Deduce entonces que el ad-quem fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la existencia de un contrato de comisi\u00f3n regulado por los art\u00edculos 1287 a 1311 del C\u00f3digo de Comercio y no en la del acuerdo aducido en el libelo, del que se ocupan los art\u00edculos 1312 a 1316 ib\u00eddem, de lo cual concluye que el sentenciador trasgredi\u00f3 los l\u00edmites fijados por las s\u00faplicas de la demanda y dentro de las cuales s\u00f3lo pod\u00eda moverse, seg\u00fan el art\u00edculo 305 del estatuto procesal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. De acuerdo con la regla segunda del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es motivo de casaci\u00f3n no estar la sentencia en consonancia con los hechos, las pretensiones de la demanda, o las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. Involucra, pues, esta causal, un vicio de construcci\u00f3n formal o de actividad in procedendo. <\/p>\n
2. Vistas las resoluciones adoptadas en el fallo atacado, encuentra la Corporaci\u00f3n que, en el terreno en que se hizo mover esta acusaci\u00f3n, el ad-quem se contrajo a confirmar la providencia de primera instancia, en la que el a-quo declar\u00f3 a la demandada responsable del incumplimiento del contrato \u201cde comisi\u00f3n de transporte\u201d ajustado con la actora (fl.217, Cd.1), que fue precisamente lo deprecado en la primera pretensi\u00f3n de la demanda (fl.32, cd.1), de lo cual se infiere que el fallo recurrido en este espec\u00edfico aspecto se cuid\u00f3 de guardar correspondencia entre lo resuelto y lo pedido, siendo por tanto ajeno a la incongruencia que se le achaca. <\/p>\n
Es que, aunque el tribunal en sus motivaciones dio por establecido un contrato diferente al socorrido en las s\u00faplicas del acto introductorio del proceso, lo cierto es que ese razonamiento no repercuti\u00f3 en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n impugnada por cuanto esta providencia, como viene de expresarse, al respaldar el fallo apelado, finalmente confirm\u00f3, entre otras determinaciones, aquella en la que el a-quo declar\u00f3 responsable a la demandada \u201cde incumplimiento contractual de comisi\u00f3n de transporte\u201d(fl.217,cd.1); a este respecto ha de verse, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, que \u201cla sentencia conforma una unidad de motivaci\u00f3n y resoluci\u00f3n, de manera que su fuerza tiene que buscarse en su integridad\u201d, raz\u00f3n por la cual ha de \u201centenderse como un todo, as\u00ed lo que obligue sea la parte resolutiva\u201d(sentencia n\u00famero 089 de 18 de marzo de 1988, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, si la incongruencia que como causal de casaci\u00f3n consagra el citado art\u00edculo 368 puede tener ocurrencia \u00fanicamente en los eventos que atr\u00e1s se dejaron relacionados, en otras palabras, cuando el juez en la sentencia decide m\u00e1s de lo pedido (ultra petita), resuelve asuntos no sometidos al litigio (extra petita), omite pronunciarse sobre alguna de las pretensiones del actor o frente a las excepciones del demandado (m\u00ednima petita), o que debi\u00f3 reconocer de oficio, es palmario, entonces, que cualquier ataque frente a los razonamientos de m\u00e9rito aducidos por el juzgador habr\u00e1 de enderezarse por el sendero de la causal primera de casaci\u00f3n, ya que, como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u201ctodo lo dem\u00e1s relacionado con el fondo mismo de la cuesti\u00f3n controvertida, las acusaciones que conduzcan a calificar legalmente los fundamentos o motivaci\u00f3n jur\u00eddica del fallo, como es el de haberse otorgado lo pedido por un concepto de derecho diferente al que ha servido de apoyo al demandante, son materia exclusiva del primero de los motivos de casaci\u00f3n que engloba las diversas maneras de violaci\u00f3n de la ley sustancial\u201d (G. J., t. CXXXV, pag.178), sin que sea de recibo, por lo mismo, \u201ccuando se fundamenta en la falta de correspondencia entre la parte motiva y la dispositiva del fallo, ni tampoco cuando se hace descansar en la falta de armon\u00eda entre \u00e9sta y la conclusi\u00f3n a que el sentenciador llega del an\u00e1lisis del haz probatorio\u201d, puesto que \u201csi estas \u00faltimas discrepancias existen, podr\u00e1n alegarse dentro de la causal primera de casaci\u00f3n, si con ellas se incurre en violaci\u00f3n de la ley sustancial, pero no por la causal segunda, por no estar de acuerdo con la preceptiva legal que la consagra\u201d(G. J., t. CXXXIX, pag.171). <\/p>\n
Con arreglo a lo expuesto, es verdad inconcusa que la circunstancia de que el sentenciador en las motivaciones del fallo, tras el correspondiente an\u00e1lisis probatorio, hubiera tipificado en un contrato de comisi\u00f3n los hechos que hall\u00f3 establecidos, que no en el de comisi\u00f3n de transporte aducido por el actor en el acto introductorio de la litis, no engendra el vicio estructural de la causal segunda de las previstas en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues tal aspecto, que es el argumento en que se funda el cargo, seg\u00fan se vio, debi\u00f3 alegarse al abrigo del primero de dichos motivos, al estimarse que con esa particular manifestaci\u00f3n el tribunal incurr\u00eda en violaci\u00f3n de la ley sustancial. <\/p>\n
4. Por consiguiente, no prospera el cargo. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Apoyado en la causal primera, la recurrente acusa la sentencia de violar los art\u00edculos 1287, 1291, 1292, 1293 y 1312 del C\u00f3digo de Comercio, 1494, 1495, 1602, 1603, 1605, 1606, 1610, 1729, 1730, 1731 y 1738 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, y 1502 de este mismo c\u00f3digo, por falta de aplicaci\u00f3n, por errores de hecho en la apreciaci\u00f3n y falta de valoraci\u00f3n de algunas de las pruebas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En la secci\u00f3n primera se refiere a las pruebas dejadas de apreciar, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
Las que acreditan que la demandada no recibi\u00f3 de la demandante la mercanc\u00eda ni contrat\u00f3 en nombre propio y por cuenta de \u00e9sta el transporte: <\/p>\n
a) Las declaraciones de Carlos Alberto Franco Botero, representante legal de la demandada, y Luz Marina Moreno, en las que manifiestan que las gestiones adelantadas por Circle Colombia, en relaci\u00f3n con la actora, fueron: presentarle diferentes alternativas para exportar la mercanc\u00eda a Panam\u00e1; acoger su decisi\u00f3n de que el transporte Cartagena-Panam\u00e1 se hiciera por v\u00eda mar\u00edtima; asesorarla en la elaboraci\u00f3n de la documentaci\u00f3n necesaria para la exportaci\u00f3n; contactar a las empresas con las cuales Confecciones Stefhan celebr\u00f3 los contratos de transporte terrestre entre Medell\u00edn y Cartagena y mar\u00edtimo entre esta ciudad y Panam\u00e1; asistirla en la entrega de la mercanc\u00eda a la transportadora terrestre; y contactar a quien realiz\u00f3 los tr\u00e1mites aduaneros en Cartagena y entreg\u00f3 la mercanc\u00eda a la naviera. <\/p>\n
<\/p>\n
b) La comunicaci\u00f3n dirigida por la demandada a NAVEMAR, solicitando la autorizaci\u00f3n de un contenedor para el transporte de la mercanc\u00eda; la autorizaci\u00f3n de \u00e9sta a ALMADELCO para la entrega del contenedor; la comunicaci\u00f3n que a esta \u00faltima le dirigi\u00f3 la demandante en el sentido de permitir a la sociedad TDM Transportes S. A. retirar el contenedor y firmar el respectivo contrato de comodato; y la orden de cargue n\u00famero 121592, mediante la cual TDM Transportes S. A. faculta a la accionante para entregar al conductor del veh\u00edculo de placas AEA 998 la mercanc\u00eda. Seg\u00fan el censor, estos, documentos ratifican las declaraciones antes relacionadas en lo tocante con el contrato de transporte terrestre celebrado entre TDM Transportes S.A. y la actora para el trayecto Medell\u00edn-Cartagena. <\/p>\n
c) Los documentos visibles a folios 51 a 60 del cuaderno 2, donde consta que los gastos ocasionados por el transporte de la mercanc\u00eda, as\u00ed como los causados por los tr\u00e1mites aduaneros, fueron facturados por los respectivos beneficiarios a la actora; que la demandada pag\u00f3 dichos gastos debido a la falta de disponibilidad econ\u00f3mica de aqu\u00e9lla y por petici\u00f3n de la misma; y que por los servicios que le prest\u00f3, la demandada le cobr\u00f3 a la demandante \u00fanicamente la \u00abcomisi\u00f3n aduana\u00bb que corresponde al 0.50% del valor de la mercanc\u00eda. <\/p>\n
d) El hecho 1\u00ba de la demanda, las respuestas dadas por el representante de la demandante y Luz Marina Moreno, as\u00ed como las remisiones y facturas que obran a folios 44 a 50 del cuaderno 2, en cuanto que de dichas pruebas se desprende que la actora no dio informaci\u00f3n acerca del lugar donde pudiera localizarse al destinatario de la mercanc\u00eda, puesto que se limit\u00f3 a indicar una direcci\u00f3n gen\u00e9rica, como qued\u00f3 registrado en el respectivo \u00abBill of Lading\u00bb. <\/p>\n
e) La comunicaci\u00f3n de 16 de junio de 1993, que obra a folio 65 del cuaderno 2, en la que la demandante le solicita a la demandada que por escrito le haga constar que \u00e9sta no actu\u00f3 como su representante en relaci\u00f3n con la susodicha exportaci\u00f3n, indicando claramente que era una simple intermediaria de carga; y la respuesta correspondiente, que obra a folio 91 del ese cuaderno, donde se se\u00f1ala: \u00abDe acuerdo a su solicitud y a lo expresado personalmente en varias oportunidades le ratificamos que nuestra organizaci\u00f3n est\u00e1 dedicada al servicio como agentes de carga internacional tanto de importaciones como de exportaciones desde y hacia Colombia, que simplemente actuamos como intermediarios ante las aerol\u00edneas navieras y todas las entidades gubernamentales como aduana e Incomex, que no somos transportistas ya que no tenemos ning\u00fan instrumento ni autorizaci\u00f3n para dicho fin. Con relaci\u00f3n a las instrucciones impartidas por ustedes para la exportaci\u00f3n en menci\u00f3n era que los documentos y la mercanc\u00eda fueran consignadas a la firma Kamally Import Export S.A. en el Muelle de Cocosolo en Panam\u00e1, lo cual se realiz\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Las que demuestran que la demandada no encarg\u00f3 a Circle Freight Internacional de Panam\u00e1 S. A. la ejecuci\u00f3n de las gestiones para entregar la mercanc\u00eda a la destinataria en el muelle Cocosolo de Col\u00f3n: <\/p>\n
a) El fax enviado por la demandada el 26 de enero de 1993 a Circle Panam\u00e1 (fl.17, cd.2), mediante el cual le solicita ayuda para el embarque e informaci\u00f3n de si estaban en capacidad de nacionalizar mercanc\u00eda en puerto y entregarla al cliente en Col\u00f3n y los gastos que ocasionar\u00eda la gesti\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
b) El fax enviado por Circle Panam\u00e1 a la actora el mismo d\u00eda presentando la cotizaci\u00f3n (fl.66, cd.2) y el que remiti\u00f3 la demandada a Circle Panam\u00e1 el 18 de febrero de 1993 (fl.67, cd.2) pidi\u00e9ndole contactar cliente para nacionalizar mercanc\u00eda. Sostiene el impugnador que estos documentos acreditan que la demandada contact\u00f3 a Circle Panam\u00e1 a solicitud de la demandante, que los servicios que ped\u00edan era la nacionalizaci\u00f3n de la mercanc\u00eda y su entrega al destinatario en Col\u00f3n, lo cual ratifican el representante de la demandada y la se\u00f1ora Luz Marina Moreno al absolver preguntas. <\/p>\n
c) Los documentos obrantes a los folios 79, 80, 81, 82 y 84 del cuaderno 1, que acreditan que la mercanc\u00eda ingres\u00f3 a la zona libre de Col\u00f3n y sali\u00f3 de ella con destino a ser reexportada a Colombia en el buque Samboy, es decir, que nunca fue nacionalizada en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, hecho que ratifica con la respuesta dada por Lilybeth Elvira Gordon Real, funcionaria de Circle Panam\u00e1 al contestar una pregunta que le formul\u00f3 el juzgado. <\/p>\n
d) El documento que obra a folio 25 del cuaderno 2, reconocido por la parte demandante, y la respuesta dada por Lilybeth Elvira Gordon Real, que acredita que aqu\u00e9lla no instruy\u00f3 a Circle Panam\u00e1 para el manejo que se le dio a la carga en dicha ciudad, as\u00ed como el que corre a folio 80 del mismo cuaderno, y respuesta de esa declarante, donde consta que la demandada tampoco imparti\u00f3 dichas instrucciones. <\/p>\n
e) Los documentos de folios 79, 80, 81, 82 y 84 del cuaderno 1 y 68, 77, 82 y 83 del cuaderno 2, as\u00ed como las declaraciones del representante de la demandada, de Lilybeth Elvira Gordon Real y de Carlos Manuel Eleta L\u00f3pez, los que establecen que si la mercanc\u00eda no se nacionaliz\u00f3 en Panam\u00e1 fue porque as\u00ed lo decidi\u00f3 la \u00fanica persona que se present\u00f3 como representante de la destinataria, quien contrat\u00f3 los servicios de Circle Panam\u00e1 y la instruy\u00f3 para que procediera a su reempaque, tramitara su salida de Zona Libre y la transportara a las bodegas de Ferca International S. A. para su reexportaci\u00f3n a Colombia. <\/p>\n
f) Los documentos que obran a folios 28 y 30 del cuaderno 2, las respuestas dadas por Gordon Real y Carlos Manuel Eleta L\u00f3pez, que demuestran, de una parte, que quien se present\u00f3 a reclamar la mercanc\u00eda como representante de la destinataria y dio las instrucciones respectivas a Circle Panam\u00e1 le pag\u00f3 por sus servicios la suma de 802 Balboas y, de otra, que por concepto de dichos servicios nada le pag\u00f3 la demandada a Circle Panam\u00e1, ni esta \u00faltima le reconoci\u00f3 comisi\u00f3n alguna a la primera. <\/p>\n
g) La comunicaci\u00f3n de 31 de marzo de 1993 que le envi\u00f3 la demandante a la demandada (fl.26, cd.2), donde expresa que el representante de Kamally Import Export S.A., Jos\u00e9 F. Cheaitelly s\u00ed recibi\u00f3 la documentaci\u00f3n necesaria para reclamar la mercanc\u00eda en las bodegas de Ferca International S. A., as\u00ed como la declaraci\u00f3n jurada rendida ante notario por el citado representante, en la que manifiesta que recibi\u00f3 unos documentos para que se presentara a la Almacenadora Ferca de Col\u00f3n. <\/p>\n
h) El documento del folio 19 del cuaderno 3 que acredita la existencia de la sociedad Kamally Import Export S.A. y su representaci\u00f3n en cabeza de Jos\u00e9 Fadlallah Cheaitelly. <\/p>\n
2. En la secci\u00f3n segunda se refiere a las pruebas indebidamente apreciadas, de la siguiente manera: <\/p>\n
Comienza precisando que la sentencia recurrida \u00abla fundament\u00f3 el Tribunal en la afirmaci\u00f3n de que entre la demandante y la demandada se celebr\u00f3 un contrato de comisi\u00f3n de transporte en virtud del cual esta \u00faltima se oblig\u00f3 a contratar y hacer ejecutar el transporte de una mercanc\u00eda desde Medell\u00edn hasta Panam\u00e1, nacionalizarla en este \u00faltimo pa\u00eds y entreg\u00e1rsela a su destinatario en el Muelle de Cocosolo, Col\u00f3n, delegando la ejecuci\u00f3n de los tr\u00e1mites que deb\u00edan adelantarse en Panam\u00e1 en la Sociedad Circle Freight Intenational (sic) Panam\u00e1 S.A.\u00bb. <\/p>\n
Afirma que para sustentar lo anterior el ad-quem se apoya en los documentos de folios 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79 y 82 del cuaderno 1. De los documentos que obran a folios 70 y 71 parece que dedujo que la demandada adquiri\u00f3 la obligaci\u00f3n de llevar la mercanc\u00eda hasta el muelle de Cocosolo y que para el efecto encarg\u00f3 a la Circle Panam\u00e1, siendo que la verdad es que esa comunicaci\u00f3n fue suscrita el 25 de marzo de 1993, cuando la demandada ya hab\u00eda sido informada por la sociedad paname\u00f1a del rumbo que hab\u00eda tomado la mercanc\u00eda por las instrucciones de CHEAITELLY, por lo que en este contexto es claro que la demandada est\u00e1 informando que el traslado de la mercanc\u00eda lo hizo ese tercero porque as\u00ed lo requiri\u00f3 el consignatario. <\/p>\n
Lo anterior significa que la gesti\u00f3n en Panam\u00e1 la realiz\u00f3 la mencionada compa\u00f1\u00eda por encargo de la destinataria de la mercanc\u00eda y no de la demandada, como err\u00f3neamente parece haberlo deducido el fallador. Del documento visible a los folios 74 y 75 del cuaderno 1, tambi\u00e9n dedujo err\u00f3neamente el supuesto compromiso de la demandada de entregar la mercanc\u00eda en el Muelle de Cocosolo y la delegaci\u00f3n en Circle Panam\u00e1, cuando de su texto se concluye que esta \u00faltima actu\u00f3 en cumplimiento de las instrucciones de CHEAITELLY. La prueba del folio 76 del mismo cuaderno, lo interpret\u00f3 el ad-quem como el cobro de la demandada por sus servicios como comisionista de transporte, cuando de lo que se trata es de la factura por concepto del reembolso de unos gastos a cargo de la demandante por los respectivos beneficiarios y de la remuneraci\u00f3n que como agente de aduana cobr\u00f3 la demandada. <\/p>\n
El escrito del folio 78 del cuaderno 1, conocido como \u00abBill of Lading\u00bb o conocimiento de embarque, que de acuerdo con las normas que regulan la materia es prueba del negocio de transporte y sus condiciones, lo tuvo el juez de segundo grado como fundamento de la afirmaci\u00f3n de que la demandada celebr\u00f3 contrato para su traslado v\u00eda mar\u00edtima al Puerto de Crist\u00f3bal, desconociendo que quien all\u00ed ostenta la calidad de remitente de la mercanc\u00eda es la actora y no la demandada. <\/p>\n
Los documentos que obran a folios 79 y 82 del se\u00f1alado cuaderno el juzgador los apreci\u00f3 como prueba de la llegada de la mercanc\u00eda a Panam\u00e1 y su nacionalizaci\u00f3n, cuando la verdad es que \u00e9stos, y el del folio 80, lo que acreditan es que aunque la mercanc\u00eda lleg\u00f3 a Panam\u00e1 nunca fue nacionalizada. <\/p>\n
3. En la secci\u00f3n tercera del apartado de este cargo, el recurrente precisa que el yerro en que incurri\u00f3 el sentenciador consisti\u00f3 en ignorar las pruebas que menciona en la secci\u00f3n primera y apreciar indebidamente las que detalla en la segunda, que evidencian que no se dieron los requisitos necesarios para configurar el contrato de comisi\u00f3n de transporte, ni la obligaci\u00f3n de entregar las mercanc\u00edas a su destinatario en cabeza de la demandada y, finalmente, que quien contrat\u00f3 los servicios de Circle Panam\u00e1 no fue la demandada sino quien se present\u00f3 en ese pa\u00eds como el destinatario de la mercanc\u00eda. <\/p>\n
Arguye que tanto las pruebas que no se tuvieron en cuenta, como las que se apreciaron indebidamente, demuestran que la demandada se limit\u00f3 a poner en contacto a la demandante con TDM Transportes S. A., Navemar Limitada, Traslados Internacionales Limitada y Circle Freight International Panam\u00e1; que la mercanc\u00eda no fue entregada a la accionada; que los contratos de transporte interno y externo no fueron celebrados por la \u00e9sta sino por la actora, y que la accionante no suministr\u00f3 una direcci\u00f3n precisa y espec\u00edfica del destinatario de la mercanc\u00eda y por ello, a fin de dar cumplimiento al art\u00edculo 1010 del C\u00f3digo de Comercio, la consign\u00f3 a nombre de Circle Freight Panam\u00e1. <\/p>\n
En cuanto a la decisi\u00f3n del tribunal en el sentido de que la demandada encarg\u00f3 a Circle Panam\u00e1 de entregar al destinatario las mercanc\u00edas en el Muelle Cocosolo, argumenta que esas pruebas evidencian que aquella sociedad no ten\u00eda forma alguna de contactar al destinatario de la mercanc\u00eda en ese territorio, pues nunca se le suministr\u00f3 su direcci\u00f3n o tel\u00e9fono; que la mercanc\u00eda no se nacionaliz\u00f3 en el pa\u00eds vecino; que fue entregada en las bodegas de Ferca International S. A., sitio este que nunca hab\u00eda sido mencionado por la demandante o la demandada; que la \u00fanica persona que se present\u00f3 a reclamar la mercanc\u00eda fue la que dijo llamarse Jos\u00e9 F. Cheaitelly como representante de Kamally Import Export S. A., quien dispuso que la misma fuera reempacada y trasladada a las bodegas de Ferca International S. A. para su reexportaci\u00f3n a Colombia, labores que realiz\u00f3 Circle Freight International Panam\u00e1; que los anteriores servicios fueron pagados por esa persona; y que ni la demandante ni la demandada cancelaron suma alguna a la nombrada sociedad paname\u00f1a por las gestiones que \u00e9sta adelant\u00f3, ni le dieron instrucciones para que la mercanc\u00eda no fuera nacionalizada, reempacada, trasladada a las bodegas de Ferca International S. A. y reexportada a Colombia. <\/p>\n
Asevera el acusador que si el ad-quem hubiera ponderado las pruebas mencionadas no habr\u00eda llegado a la err\u00f3nea conclusi\u00f3n de que las partes celebraron un contrato de comisi\u00f3n de transporte que obligaba a la demandada a entregar las mercanc\u00edas a su destinatario por intermedio de un mandatario (Circle Panam\u00e1). Hace ver que es de la esencia que el comisionista contrate el respectivo transporte en nombre propio pero por cuenta de otro, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 1312 del C\u00f3digo de Comercio, requisito que no se cumpli\u00f3 en este caso, pues quien celebr\u00f3 los dos contratos de transporte fue la demandante. <\/p>\n
4. Concluye que no existi\u00f3 entonces comisi\u00f3n de transporte como tampoco se present\u00f3 encargo por parte de la demandada a Circle Panam\u00e1 para que entregara las mercanc\u00edas a la destinataria, y que es irrelevante determinar si la persona que dio las instrucciones a esta sociedad era realmente CHEAITELLY, pues lo que interesa es aclarar si dicha sociedad estaba actuando como mandataria o delegada de la demandada. Bas\u00e1ndose en una obligaci\u00f3n que la demandada nunca adquiri\u00f3 y en el incumplimiento de la misma por su supuesta delegada Circle Panam\u00e1, el fallador la conden\u00f3 a indemnizar los perjuicios, por lo cual es clara la incidencia del error de hecho en la condena impuesta. El camino para su correcci\u00f3n lleva forzosamente a la absoluci\u00f3n, asegura. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Por manifiesto error de hecho en la falta de apreciaci\u00f3n de algunas de las pruebas, sostiene el censor que la sentencia recurrida viol\u00f3 los art\u00edculos 754, numeral 4\u00ba, 1625 y 1627 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, y 1610, 1613, 1614, 1615, 1729, 1730, 1731 y 1738 del mismo estatuto, por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
Expresa que el juez de segundo grado dej\u00f3 de apreciar las siguientes pruebas: <\/p>\n
1. El documento del folio 25 del cuaderno 2, la respuesta dada por el representante de la demandante a la pregunta 7\u00aa, lo respondido por Lilybeth Elvira Gordon Real a la 1\u00aa pregunta, que acreditan que la actora no dio instrucciones a Circle Panam\u00e1 para el manejo de la carga, as\u00ed como el escrito visible a folio 80 del mismo cuaderno y la contestaci\u00f3n de la se\u00f1ora Gordon Real a una pregunta donde consta que la sociedad demandada tampoco imparti\u00f3 dichas instrucciones. <\/p>\n
2. Los documentos que aparecen a los folios 79, 80, 81, 82 y 84 del cuaderno 1 y 68, 77, 82 y 83 del cuaderno 2, as\u00ed como las declaraciones del representante de la demandada al contestar algunas preguntas, las declaraciones de Lilibeth Elvira Gordon Real y Carlos Manuel Eleta L\u00f3pez, gerente de Circle Panam\u00e1, los que demuestran que si la mercanc\u00eda no se nacionaliz\u00f3 en Panam\u00e1 fue porque as\u00ed lo decidi\u00f3 la \u00fanica persona que se present\u00f3 como representante de la destinataria. <\/p>\n
3. Los documentos que obran a folios 28 y 30 del cuaderno 2, las respuestas que dio Gordon Real a unas preguntas y las que ofreci\u00f3 Eleta L\u00f3pez a otras, que corroboran que quien se present\u00f3 a reclamar la mercanc\u00eda como representante de la destinataria dio las instrucciones respectivas a Circle Panam\u00e1, la remuner\u00f3 por sus servicios, por los cuales nada pag\u00f3 la demandada, ni la sociedad extranjera le reconoci\u00f3 comisi\u00f3n alguna. <\/p>\n
4. La comunicaci\u00f3n que el 31 de marzo de 1993 le envi\u00f3 la demandante a la demandada (fl.26, cd.2), donde manifiesta que el representante de Kamally Import Export S.A., Jos\u00e9 F. Cheaitelly, recibi\u00f3 la documentaci\u00f3n necesaria para reclamar la mercanc\u00eda en las bodegas de Ferca International S. A., as\u00ed como la declaraci\u00f3n jurada rendida ante notario por CHEAITELLY donde manifest\u00f3 que recibi\u00f3 unos documentos para que presentara a la Almacenadora Ferca de Col\u00f3n. <\/p>\n
5. El documento que obra a folio 19 del cuaderno 3 que acredita la existencia de la sociedad Kamally Import Export S.A. y su representaci\u00f3n en cabeza de Jos\u00e9 Fadlallah Cheaitelly. <\/p>\n
6. Plantea as\u00ed que el error en que incurri\u00f3 el juzgador consisti\u00f3 en ignorar la existencia de las pruebas antes mencionadas, que en su conjunto acreditan que quien se present\u00f3 y dio las instrucciones a Circle Panam\u00e1 s\u00ed fue Jos\u00e9 F. Cheaitelly, representante legal de la sociedad Kamally Import Export S.A., destinataria de la mercanc\u00eda. <\/p>\n
7. En cuanto a la incidencia del error, dice que \u201cel Tribunal ignor\u00f3 la existencia de unas pruebas que acreditan la entrega de las mercanc\u00edas a su destinatario y la condena impuesta en la sentencia recurrida se fundament\u00f3 precisamente en la falta de dicha entrega y, por lo tanto, la prosperidad de este cargo deber\u00e1 llevar a que se case totalmente la sentencia del Tribunal y se rechacen las pretensiones de la demandante\u201d. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
En \u00e9ste se acusa al fallo de violar los art\u00edculos 1268, 1269, 1270 y 1308 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, y 1610, 1613, 1614 y 1615 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, por manifiesto error de hecho en la falta de apreciaci\u00f3n de las siguientes pruebas: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las comunicaciones de 25 y 31 de marzo, 5 de abril y 16 de junio, todas de 1993 (fls. 69 y 72, cd.1 y 26 y 65, cd.2), mediante las cuales la demandante solicit\u00f3 informaci\u00f3n a la demandada sobre sus gestiones, y las que el 25 de marzo, 5 de abril y 23 de junio del mismo a\u00f1o (fls. 25 y 27, cd.1 y 91, cd.2) le dirigi\u00f3 la demandada en respuesta a las primeras, donde consta que \u00e9sta inform\u00f3 a aqu\u00e9lla sobre la marcha del encargo en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 1268 y 1269 del C\u00f3digo de Comercio, en la \u00faltima de las cuales Circle Colombia manifiesta que entreg\u00f3 los documentos y que la mercanc\u00eda fue consignada a Kamally Import Export S. A. en el Muelle Cocosolo en Panam\u00e1, que implica la informaci\u00f3n por parte de la mandataria a la mandante de la ejecuci\u00f3n completa del mandato (art. 1269 C. Co.). Agrega que la demandante guard\u00f3 silencio frente a tal comunicaci\u00f3n, hasta cuando instaur\u00f3 la demanda. <\/p>\n
2. El error de hecho, anota el casacionista, consisti\u00f3 en ignorar tales pruebas, demostrativas de la conducta que asumi\u00f3 la demandada -mandataria- frente a la actora -mandante- relacionada con el deber de informar sobre el desarrollo y ejecuci\u00f3n del encargo encomendado, lo que le impidi\u00f3 ver que la mantuvo informada del desarrollo del encargo y que el silencio de la demandante frente a la comunicaci\u00f3n de 23 de junio de 1993 conlleva su aprobaci\u00f3n t\u00e1cita a la forma como ejecut\u00f3 y cumpli\u00f3 la gesti\u00f3n, seg\u00fan lo se\u00f1ala el art\u00edculo 1270 del C\u00f3digo de Comercio. Si hubiera apreciado dichas pruebas se habr\u00eda abstenido de hacer condena por el incumplimiento de una obligaci\u00f3n nacida de dicho encargo o comisi\u00f3n. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Por manifiesto error de hecho en la falta de apreciaci\u00f3n de algunas de las pruebas, la providencia censurada infringe los art\u00edculos 1697 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, y 1610, 1613, 1614, 1615, 1729, 1730 y 1731 de esa codificaci\u00f3n, por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
1. Afirma el recurrente que se dejaron de apreciar las facturas cambiarias de compraventa y los documentos obrantes a folios 48 a 60 del cuaderno 2, el dictamen visible a folios 101 y siguientes del cuaderno 1 y las respuestas dadas por el representante legal de la actora a varias preguntas, que acreditan que sobre la mercanc\u00eda que ha dado origen al proceso se celebr\u00f3 un contrato de compraventa entre la demandante y la destinataria, en relaci\u00f3n con el cual las partes acordaron que el precio inclu\u00eda el valor de los seguros y fletes. <\/p>\n
2. El yerro consisti\u00f3 en ignorar la existencia de esas pruebas, indicativas del cumplimiento de los requisitos que configuran la existencia de una venta \u201cC.I.F.\u201d en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1697 del C\u00f3digo de Comercio, el que, a su vez, le impidi\u00f3 al tribunal tener en cuenta uno de sus efectos principales, cual es el de trasladar los riesgos de las cosas vendidas al comprador a partir del momento en que las mismas se embarcan (art. 1697-3, C. Co.). Si hubiera apreciado dichas pruebas, en armon\u00eda con la conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 en el sentido de que las mercanc\u00edas llegaron a Panam\u00e1, no habr\u00eda condenado al pago de la indemnizaci\u00f3n porque la accionante no experiment\u00f3 perjuicio alguno, en virtud de que cualquier p\u00e9rdida ocurrida con posterioridad a su embarque en Cartagena afectar\u00eda el patrimonio de la destinataria compradora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Establece el inciso 2\u00ba, numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que la violaci\u00f3n de una norma de derecho sustancial tambi\u00e9n puede ocurrir como consecuencia de un error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de determinada prueba, y el art\u00edculo 374 ib\u00eddem exige para tal evento que el recurrente lo demuestre, en orden a lo cual ha de verse que el yerro de ese talante tiene lugar cuando el sentenciador da por establecido un hecho sin que exista prueba del mismo -suposici\u00f3n-, o no lo da por evidenciado no obstante obrar en el proceso prueba id\u00f3nea de \u00e9l -preterici\u00f3n-, comprendiendo el primer evento los casos de adici\u00f3n, o sea cuando se le hacen agregados al contenido material de la prueba, y el segundo, el cercenamiento, las mutilaciones de su contenido objetivo. Como en forma reiterada lo ha precisado la Corte, el error de facto tiene como punto de referencia la objetividad del medio de prueba, por lo que desde la perspectiva t\u00e9cnica el cargo planteado debe poner de presente, \u201cpor un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y, por otro, el texto concreto del medio, y, establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entrambos y que esa disparidad es evidente\u201d(casaci\u00f3n de 13 de octubre de 1995, no publicada a\u00fan oficialmente), toda vez que, como ya se precis\u00f3, esta especie de error debe ser manifiesto, es decir, protuberante, de forma tal que aparezca a simple vista, para cuya determinaci\u00f3n no resulte menester realizar complicados esfuerzos anal\u00edticos, y adem\u00e1s debe ser trascendente, esto es, determinante de la decisi\u00f3n ilegal. <\/p>\n
2. De acuerdo con los antecedentes que se dejan extractados, puede verse que la raz\u00f3n que llev\u00f3 al tribunal a confirmar el fallo de instancia, obedeci\u00f3 fundamentalmente a que hall\u00f3 que la demandada \u201cen desarrollo de su objeto social recibi\u00f3 de la demandante una mercanc\u00eda para transportar hasta Panam\u00e1, llegada la misma a Cartagena v\u00eda terrestre, celebr\u00f3 contrato para su traslado v\u00eda mar\u00edtima al puerto de Crist\u00f3bal (Panam\u00e1), donde la recibir\u00eda Circle Freight International Panam\u00e1 S. A., encargada de transportarla a la zona libre de Col\u00f3n, muelle de Cocoloso Norte, bodega de Ferca International S. A., adonde efectivamente lleg\u00f3\u201d, negocio jur\u00eddico que aqu\u00e9lla desatendi\u00f3 en cuanto no cumpli\u00f3 \u201csu encargo de entregar la carga al destinatario Kamally Import Export o al se\u00f1or Jos\u00e9 Fadlallah Cheaitelly\u201d, puesto que la misma le fue dada al que se present\u00f3 como \u00e9ste \u201ca quien no se exigi\u00f3 identificarse, tampoco entrega de la copia del conocimiento de embarque expedido por la naviera\u201d(fls.45vto.,46 y 46vto). <\/p>\n
<\/p>\n
Esa conclusi\u00f3n f\u00e1ctica la deriv\u00f3 el sentenciador de segundo grado del conjunto probatorio, en esencia, de un lado, de los documentos visibles a folios 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79 y 82 del cuaderno 1, y, de otro, de los testimonios de Lilibeth Elvira Gordon Real y Carlos Manuel Eleta L\u00f3pez, servidores de la compa\u00f1\u00eda paname\u00f1a, as\u00ed como del interrogatorio de parte de la representante legal de la demandada, de cuyas versiones dijo, en s\u00edntesis, que declararon que la mercanc\u00eda se entreg\u00f3 al que se present\u00f3 como Jos\u00e9 Cheaitelly a quien no se le exigi\u00f3 identificaci\u00f3n alguna ni el conocimiento de embarque expedido por la naviera, en el caso de los primeros, y que de ese conocimiento a dicha representante le fue entregada copia en Bogot\u00e1, en el de la segunda. <\/p>\n
3. Frente al planteamiento del ad-quem, el recurrente esgrime varios argumentos, en aras de desquiciar los soportes del fallo. <\/p>\n
En uno, le endilga yerro porque, a contrario de lo que se\u00f1ala el fallo, lo cierto es que la demandada no recibi\u00f3 de la accionante las mercader\u00edas ni contrat\u00f3 en nombre propio y por cuenta de \u00e9sta su transporte desde Medell\u00edn hasta Panam\u00e1. <\/p>\n
En otro, que como la demandada nunca encarg\u00f3 a Circle Panam\u00e1 la ejecuci\u00f3n de las gestiones necesarias para entregar la mercanc\u00eda a la destinataria, desatin\u00f3 el fallador al dar por establecido lo contrario. <\/p>\n
En el tercero, que quien se present\u00f3 a reclamar las mercanc\u00edas y dio instrucciones alrededor de las mismas s\u00ed fue el destinatario o representante legal de \u00e9ste, por lo que el juez de segundo grado err\u00f3 al afirmar que los bienes no se entregaron a su destinatario. <\/p>\n
En el cuarto, que si hubiera visto las pruebas que el cargo tercero cita como dejadas de apreciar, se habr\u00eda percatado que la conducta de la demandada demuestra que ella asumi\u00f3 cabalmente frente a la demandante el deber de informar sobre el desarrollo y ejecuci\u00f3n del encargo encomendado y ejecuci\u00f3n completa del mandato, hecho que unido al silencio que guard\u00f3 implica aprobaci\u00f3n t\u00e1cita. <\/p>\n
En el \u00faltimo, seg\u00fan sostiene en el cargo cuarto, que como dej\u00f3 de ver los documentos de folios 44 a 50 del cuaderno 2, no observ\u00f3 que al haberse celebrado el contrato de compraventa entre la demandante y destinataria relativo a las mercanc\u00edas transportadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1697 del C\u00f3digo de Comercio, aqu\u00e9lla no sufri\u00f3 ning\u00fan perjuicio pues a voces de ese precepto legal en esos casos los da\u00f1os los asume el comprador y no el vendedor, por lo que cometi\u00f3 yerro al condenarla a pagar perjuicios. <\/p>\n
4. En s\u00edntesis, en v\u00eda de fundamentar esas afirmaciones, el inconforme edifica sus acusaciones en que, como se dej\u00f3 extractado, el juzgador ignor\u00f3 algunas pruebas, particularmente documentales, y apreci\u00f3 mal las que tom\u00f3 en consideraci\u00f3n, sobre lo que observa la Corte que, en verdad, los yerros que aqu\u00e9l le atribuye a \u00e9ste no alcanzan a desquiciar las razones con base en las cuales el sentenciador desat\u00f3 el pleito, pues es claro que las motivaciones del fallo, as\u00ed se pueda tener un criterio diferente, no rayan en lo absurdo para predicar, como en efecto lo hizo, la existencia del contrato ajustado ente las partes y el subsiguiente incumplimiento en su ejecuci\u00f3n por la demandada, pues esa conclusi\u00f3n, que fue a la que a la postre lleg\u00f3 el tribunal, proviene del an\u00e1lisis objetivo y razonado, con apego a los principios de la sana cr\u00edtica, sobre el haz probatorio que en la sentencia claramente determin\u00f3. <\/p>\n
No sin antes recordar que, como lo tiene suficientemente esclarecido la doctrina de la Corte, \u201cno se presume el desconocimiento de una prueba por el sentenciador, cuando sus conclusiones no pugnan\u201d(G. J., t. CXLVIII, p\u00e1g.54), ha de recordarse c\u00f3mo, por el s\u00f3lo hecho de no estudiar algunas pruebas o no citarlas, esta preterici\u00f3n per se no viene a constituir error manifiesto de hecho, salvo, por supuesto, cuando de haberla visto su percepci\u00f3n condujera a una determinaci\u00f3n final que fuera diferente a la tomada por el fallador; contrario sensu, si pese a esa pretermisi\u00f3n la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia contin\u00faa siendo la misma, no hay lugar a predicar falencia determinante del fallo. En este preciso sentido ha pregonado la Corte que \u201cla mera circunstancia de que en un fallo no se cite determinada prueba o parte del contenido de la misma no implica error manifiesto de hecho, a menos que de haber apreciado tal medio la conclusi\u00f3n del pronunciamiento hubiera tenido que ser evidentemente distinta de la adoptada por el sentenciador. En fin, es igualmente sabido que un fallo solamente puede ser infirmado por la causal primera de casaci\u00f3n cuando el ataque contra el mismo destruye totalmente sus bases, mas no as\u00ed cuando alguna de estas que sea por s\u00ed sola suficiente para mantener en su integridad el fallo queda en pie, bien sea porque la impugnaci\u00f3n no la cobije, o bien porque la misma resulte inane para destruirla.\u201d(G. J., t. CXXIV, pag.448). <\/p>\n
Asimismo, ha precisado la Corte c\u00f3mo la aproximaci\u00f3n que el sentenciador haga acerca de los hechos sometidos a su estudio deviene del ejercicio de la funci\u00f3n soberana que le compete, de modo que, en principio, no puede ser motivo de enjuiciamiento en la senda extraordinaria, a menos, claro est\u00e1, en el evento en que su raciocinio sea contraevidente, cosa que, como se anticip\u00f3, aqu\u00ed no ocurre. De este modo, es palmar entonces que por valederos que sean los argumentos expuestos en casaci\u00f3n, esa sola situaci\u00f3n no viene a significar que la posici\u00f3n asumida por el ad-quem adolezca de l\u00f3gica o de una adecuada motivaci\u00f3n, habida cuenta que si la sentencia se mantiene dentro de los l\u00edmites de lo sensato y razonable, como ciertamente aqu\u00ed acontece, ha de respetarse la autonom\u00eda probatoria, de suerte que aqu\u00e9lla seguir\u00e1 arropada por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que llega a la Corte. <\/p>\n
5. Adicionalmente, v\u00e9ase que el recurrente, en punto a las pruebas que aduce como indebidamente consideradas, al margen de transcribir apartes de su contenido, se limita a exponer su propia versi\u00f3n alrededor de ellas, lo cual resulta inane en orden a argumentar correctamente el reproche, como que, tal cual lo ha reiterado la Corte, no puede ser fundamento del cargo edificado en violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por manifiesto error de hecho, \u201cla valoraci\u00f3n que de las pruebas efect\u00fae el recurrente sino la certeza de que su planteamiento es la \u00fanica alternativa de entendimiento posible.\u201d(sentencia n\u00famero 39 de 28 de marzo de 2003, exp.#6709, no publicada a\u00fan oficialmente), aserci\u00f3n esta \u00faltima que, frente al conjunto probatorio identificado como mal considerado, evidentemente no tiene cabida en tanto que, objetiva y razonadamente, en fiel uso de la regla de la sana cr\u00edtica, casualmente de ese haz de probanzas el sentenciador extrajo el entendimiento que le permiti\u00f3 concluir en la existencia de aquel acuerdo de voluntades y del incumplimiento de la demandada en cuanto no entreg\u00f3 las cosas transportadas al destinatario determinado. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Auncuando las consideraciones precedentes por s\u00ed solas son suficientes para desestimar las acusaciones, es claro que si fuera dable, con independencia de los razonamientos que se dejan expuestos, examinar detalladamente las pruebas que en los cargos efectivamente fueron fustigadas, no se llegar\u00eda a conclusi\u00f3n diferente, pues de la labor que frente a ellas realiz\u00f3 el juez de segundo grado no emerge la comisi\u00f3n de yerros de hecho, como pasa a verse. <\/p>\n
<\/p>\n
7. As\u00ed, en cuanto tiene que ver con las pruebas que la primera parte del primer cargo dice que se dejaron de apreciar (fl.27), determinadas todas ellas para pretender demostrar que la demandada no recibi\u00f3 de la accionante las mercanc\u00edas ni contrat\u00f3 en nombre propio y por cuenta de \u00e9sta su transporte desde Medell\u00edn hasta Panam\u00e1, observa la Corte que ellas no son demostrativas de esa conducta negativa. <\/p>\n
En efecto, como dejadas de apreciar se adujeron las declaraciones de Carlos Alberto Franco Botero y Luz Marina Moreno L\u00f3pez \u2013s\u00f3lo en los apartes citados por el censor-, los documentos visibles a folios 13, 14, 44 a 60, 65, 70 y 71 y 91 del cuaderno 2, y el hecho primero de la demanda, mas ellos para nada aluden a que la demandada no hubiere recibido de la actora la mercanc\u00edas. Es evidente que la circunstancia de que algunos de \u00e9stos hubieren sido otorgados por la actora o que en ellos figure su nombre, per se no desdice la entrega afirmada por el sentenciador, siendo que en concreto se contraen a hechos diferentes: el primero, a una supuesta autorizaci\u00f3n de TDM Transportes S. A. a Confecciones Stefhan Limitada para que le entregara a un chofer unos cargamentos, pero sin especificar cu\u00e1les ni a qu\u00e9 t\u00edtulo; el segundo, en el que \u00e9sta le comunica a ALMADELCO que autoriza a aquella transportadora para retirar un \u201ccontainer\u201d y firmar un contrato de comodato; los siguientes (fls. 44 a 50), son las facturas con las cuales la actora, como su propietaria, le remiti\u00f3 las mercader\u00edas a la destinataria; el posterior (fl.60), a aquel por el cual la demandada le factura a la accionante el precio de sus servicios; el del folios 65, a una rogativa de \u00e9sta a aqu\u00e9lla relativa a la calidad en que actu\u00f3 alrededor la susodicha exportaci\u00f3n; el pen\u00faltimo (fl. 71), a una autorizaci\u00f3n de NAVEMAR a ALMADELCO para que le entregara a Circle Freight International\/Confeciones Stephans Ltda. un \u201ccontainer\u201d; y el \u00faltimo (fl.91), a una misiva dirigida a la accionante, en la que su contraparte, antes que desmentir el hecho de que recibi\u00f3 los bienes, lo que hace es ratificarlo en cuanto que en uno de sus apartes expresamente dijo: \u201cCon relaci\u00f3n a las instrucciones impartidas por ustedes para la exportaci\u00f3n en menci\u00f3n era que los documentos y las mercanc\u00edas fueran consignadas a la firma KAMALLY SEPORT S. A. en el muelle de Cocosolo en Panam\u00e1, lo cual se realiz\u00f3.\u201d. Ahora, el aparte que esta secci\u00f3n del cargo refiere de las declaraciones de Franco Botero y Moreno L\u00f3pez est\u00e1 orientado a hacer ver la ratificaci\u00f3n que ellos hicieron del contenido de tales documentos. <\/p>\n
Los documentos de folios 51 a 60 del cuaderno 2, antes que demostrar lo que sostiene el casacionista lo que hacen es ratificar el hecho de que fue la demandada quien contrat\u00f3 el servicio de transporte hasta Panam\u00e1, al punto que pag\u00f3 los fletes correspondientes, como as\u00ed lo refiere esa misma documental. Concordante con la idea que se trae, es lo cierto que en el literal d) del apartado que se viene analizando (fl.29) el censor se limit\u00f3 a citar el hecho primero de la demanda y unas determinadas respuestas de la representante legal de la actora y Moreno L\u00f3pez, sin cumplir la carga de efectuar el correspondiente parang\u00f3n de esas pruebas frente a lo que al respecto sostuvo el juzgador. <\/p>\n
Independientemente de los razonamientos que preceden, lo cierto es que, en cuanto toca con el punto que se viene tratando, el Tribunal enfatiz\u00f3 que la demandada, en desarrollo de su objeto social, \u201crecibi\u00f3 de la demandante una mercanc\u00eda para transportar hasta Panam\u00e1, llegada la misma a Cartagena por v\u00eda terrestre, celebr\u00f3 contrato para su traslado v\u00eda mar\u00edtima al puerto de Crist\u00f3bal (Panam\u00e1), donde la recibir\u00eda Circle Freight International Panam\u00e1 S.A.\u201d; lo que dio por probado con base en los documentos obrantes a folios 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79 y 82 cuaderno 1 (fl.45vto, y 46), es decir, que la conclusi\u00f3n de que aqu\u00e9lla s\u00ed recibi\u00f3 de \u00e9sta las mercader\u00edas la sac\u00f3 el ad-quem, entre otras, de la prueba que corre a folios 74 y 75 citados, en la que aquella sociedad paname\u00f1a le comunica a Jos\u00e9 Manuel Rivera como jefe de \u201cDITA\u201d, que \u00abNuestra oficina de Medell\u00edn-Colombia, recibi\u00f3 de la C\u00eda. Confecciones Stephan Ltda., 182 Ctnes como consta en el Bill of Lading No. 0023835 del 15 de feb. De 1993\u2026\u00bb; luego as\u00ed fuera que los medios que el censor indica como dejados de apreciar por el fallador hicieran referencia a la falta de entrega que pregona, la verdad es que, como se ve, este otro elemento probatorio s\u00ed permite llegar la conclusi\u00f3n que sac\u00f3 el juez de segunda instancia. <\/p>\n
8. Referente a las pruebas que el numeral 2\u00ba del primer cargo dice no se estimaron, con el prop\u00f3sito de demostrar que la demandada nunca encarg\u00f3 a Circle Freight International de Panam\u00e1 S. A. la ejecuci\u00f3n de las gestiones necesarias para entregar la mercanc\u00eda a la destinataria (fl.30), debe decirse que ellas no conducen a generar ese aserto, como tendr\u00eda que ser en orden a edificar el \u00e9xito de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
A este prop\u00f3sito el censor se vale de los documentos visibles a folios 79, 80, 81, 82, 84 y 86 del cuaderno 1 y 17, 25, 26, 28, 30, 66, 67, 68, 77, 80, 82 y 83 del cuaderno 2, del interrogatorio de parte absuelto por los representantes legales de la demandada y la demandante, en las respuestas que all\u00ed particulariza, y en las declaraciones de Lilybeth Elvira Gordon Real y Carlos Manuel Eleta L\u00f3pez, pero ocurre que ellos, ni por semejas, evidencian lo que as\u00ed sostiene el casacionista. <\/p>\n
Los primeros de aquellos papeles en tanto que apenas apuntan a establecer algunas de las gestiones que Circle Panam\u00e1 desarroll\u00f3 en el vecino pa\u00eds alrededor del traslado dado a los productos encargados, tales como unas declaraciones de movimiento comercial, la orden dada por la sociedad extranjera al conductor Modesto Herrera para que entregara los bienes all\u00ed relacionados a la sociedad Ferca Internacional S. A. en Cocosolo, el manifiesto de hacienda y tesoro relacionado con el transporte anterior, un conocimiento de embarque en el que figura que quien entreg\u00f3 las mercanc\u00edas all\u00ed aludidas fue Circle Panam\u00e1 y una declaraci\u00f3n extraproceso rendida por Jos\u00e9 Fadlallah Cheaitelly en la que expone no haberle dado ninguna instrucci\u00f3n a esa compa\u00f1\u00eda paname\u00f1a relativa al manejo y disposici\u00f3n de esos bienes. <\/p>\n
Los segundos, a la ayuda que la demandada le pidi\u00f3 a Circle Panam\u00e1 en el embarque all\u00ed citado; a unos documentos que la actora le solicit\u00f3 a aqu\u00e9lla para tramitar la reclamaci\u00f3n del seguro; a una carta enviada por la actora a Circle Colombia en la que le pone de presente que \u00e9sta acept\u00f3 las condiciones en que fue acordado el env\u00edo de las cosas; a lo cobrado por aquella compa\u00f1\u00eda paname\u00f1a por la legalizaci\u00f3n de los bienes all\u00ed relacionados; a un recibo generado por esta misma; a un fax que ella le envi\u00f3 a la demandada; a la solicitud que \u00e9sta le hace a aqu\u00e9lla para contactar al cliente para nacionalizar los art\u00edculos; al registro de entrada y salida de mercanc\u00eda generado por FERCA INT. S. A. en el que se se\u00f1ala a Circle Colombia como embarcador; al telefax que \u00e9sta le remiti\u00f3 a Circle Panam\u00e1 pidi\u00e9ndole explicaciones del porqu\u00e9 fue devuelta la mercanc\u00eda a Colombia; a la respuesta a la exigencia anterior; y a unas explicaciones dadas por la representante legal de la demandada. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que esas probanzas ni por asomo desvirt\u00faan el hecho que dio por probado el juzgador relativo a que la demandada s\u00ed encarg\u00f3 a la nombrada organizaci\u00f3n paname\u00f1a la ejecuci\u00f3n de las gestiones necesarias para entregarle al destinatario en ese pa\u00eds las especies exportadas por la actora, pues todas a una, al igual que las declaraciones de los representantes legales de las partes, con las cuales el censor aduce la ratificaci\u00f3n del contenido de algunos de esos documentos, simplemente describen ciertas actividades desarrolladas desde cuando se supone llegaron las mercanc\u00edas al territorio del vecino pa\u00eds. <\/p>\n
V\u00e9ase que el sentenciador efectivamente concluy\u00f3 que aquella carga, una vez llegara al Puerto de Crist\u00f3bal, \u201cla recibir\u00eda Circle Freight International Panam\u00e1 S.A., encargada de transportarla a la zona libre de col\u00f3n, muelle de Cocoloso Norte, bodega de Ferca internacional S.A., adonde efectivamente lleg\u00f3 en marzo 19\u201d, para admitir como evidente que esa sociedad s\u00ed \u201cintervino como dependiente de la demandada en Panam\u00e1, a quien se recomend\u00f3 la nacionalizaci\u00f3n de las mercanc\u00edas y hacerse cargo de ellas hasta su entrega al destinatario\u201d(fl.46vto.), lo que as\u00ed asever\u00f3 con apoyo, entre otros, en los documentos de los folios 70, 71, 74 y 75 y en los testimonios de Lilibeth Gordon Real y Carlos Manuel Eleta L\u00f3pez. En el caso particular de estos documentos, se aprecia de su contenido que la demandada le inform\u00f3 a la actora las comunicaciones sostenidas con Circle Panam\u00e1 a trav\u00e9s de las cuales \u00e9sta le manifest\u00f3 que la \u201cmercanc\u00eda se encuentra en La Almacenadora cerca al Muelle de Cocosolo desde el 15 de marzo\/93\u201d, y que esa compa\u00f1\u00eda extranjera le expres\u00f3 a Jos\u00e9 Manuel Rivera, como jefe de \u201cDITA\u201d que \u201cnuestra oficina de Medell\u00edn-Colombia, recibi\u00f3 de la C\u00eda Confecciones Stefhan Ltda., 182 Ctnes como consta en el bill of Lading No. 0021825\u201d. Y en el de los testimonios, en los que se observa que el segundo de los nombrados declar\u00f3: \u201cCircle Freigth Colombia estaba actuando en Medell\u00edn Colombia bajo instrucciones de su cliente y nos envi\u00f3 a nosotros Circle Freingth Panam\u00e1 para que ofreci\u00e9ramos nuestros servicios\u201d. No est\u00e1 de m\u00e1s observar que siendo cierto que el tribunal valor\u00f3 como pruebas aquellas declaraciones, se equivoca el casacionista en se\u00f1alarlas como dejadas de apreciar. <\/p>\n
Entonces, as\u00ed fuera que los medios que el censor indica como no valorados de modo expreso hicieran referencia a la ausencia de ese encargo, lo cierto es que, como se dej\u00f3 indicado, estas otras probanzas permiten la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el ad-quem al respecto. <\/p>\n
9. En torno de las pruebas indebidamente apreciadas, dice el censor que el fallo se fundament\u00f3 en \u201cla afirmaci\u00f3n de que entre el demandante y la demandada se celebr\u00f3 un contrato de comisi\u00f3n de transporte en virtud del cual esta \u00faltima se oblig\u00f3 a contratar y hacer ejecutar el transporte de una mercanc\u00eda desde Medell\u00edn hasta Panam\u00e1, nacionalizarla en este \u00faltimo pa\u00eds y entreg\u00e1rsela a su destinatario en el Muelle de Cocosolo, Col\u00f3n, delegando la ejecuci\u00f3n de los tr\u00e1mites que deb\u00edan adelantarse en Panam\u00e1 en la Sociedad Circle Freigth International Panam\u00e1 S. A.\u201d(fl.33), apoy\u00e1ndose en los documentos de folios 70, 71, 74, 75, 76, 78, 79 y 82 del cuaderno 1. <\/p>\n
Como qued\u00f3 visto de las pertinentes consideraciones que incorporan los numerales inmediatamente anteriores, es cierto que el fallador se bas\u00f3 en esas pruebas para argumentar aquello que la censura le atribuye, pero tambi\u00e9n es verdad que se apoy\u00f3 en las declaraciones de Lilibeth Gordon Real y Carlos Manuel Eleta L\u00f3pez, empleados de la sociedad extranjera. Como se dej\u00f3 analizado, todas estas pruebas objetivamente permiten extraer la inferencia tenida en cuenta por el juez de segundo grado, de donde surge indudable que no incurri\u00f3 en yerro evidente en la valoraci\u00f3n de las que como indebidamente apreciadas cita el casacionista, pues ellas, ponderadas en conjunto, como lo hizo, permiten sostener el convenio ajustado entre las partes en virtud del cual Circle Colombia se oblig\u00f3 a ejecutar el transporte de las cosas desde Medell\u00edn hasta Panam\u00e1, nacionalizarla en este \u00faltimo pa\u00eds y entreg\u00e1rsela a su destinatario en el Muelle de Cocosolo, Col\u00f3n, delegando la ejecuci\u00f3n de los tr\u00e1mites que deb\u00edan adelantarse en aquel territorio en la nombrada sociedad extranjera. La circunstancia de que \u00e9ste le de a esos medios una interpretaci\u00f3n diferente de la del juzgador, por s\u00ed misma no entra\u00f1a yerro en esa tarea evaluadora de las pruebas, pues, valga reiterarlo, como lo ha pregonado la Corte, la \u201dpresencia de un criterio de ponderaci\u00f3n probatoria en el censor, diverso del expuesto por el tribunal, no se erige en causa suficiente para pregonar el yerro f\u00e1ctico \u00b4mientras \u00e9ste no degenere ostensiblemente en arbitrariedad\u00b4, (\u2026), en la medida que no es la disparidad de opiniones en torno de la interpretaci\u00f3n de la prueba, sino la franca desconexi\u00f3n con lo que ella muestra, lo que comporta el error se\u00f1alado.\u201d(sentencia de 28 de octubre de 2003, exp.#7007, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
10. Con relaci\u00f3n a las pruebas que el cargo segundo dice que no fueron analizadas, para se\u00f1alar que el conjunto de ellas acreditan que quien se present\u00f3 a reclamar las mercanc\u00edas y dio instrucciones alrededor de las mismas fue Jos\u00e9 F. Cheaitelly en su condici\u00f3n de representante legal de Kamally Import Export S. A., ha de anotarse que la aserci\u00f3n del sentenciador de que la demandada incumpli\u00f3 el contrato en cuanto su gestora en aquel pa\u00eds, esto es, la sociedad Circle Freigth International de Panam\u00e1, no le entreg\u00f3 al destinatario las mercanc\u00edas, la fundament\u00f3 en los testimonios de Lilibeth Gordon Real y Carlos Manuel Eleta L\u00f3pez, quienes para esa \u00e9poca estaban al servicio de \u00e9sta, los que en sus versiones ciertamente fueron enf\u00e1ticos en declarar que nunca identificaron a quien se present\u00f3 a exigir la entrega de la carga, pues simplemente se atuvieron a que cuando se hizo presente en sus instalaciones, dijo ser Jos\u00e9 F. Cheaitelly, la persona que en ocasi\u00f3n anterior hab\u00eda llamado por tel\u00e9fono para averiguar sobre el arribo de la misma. <\/p>\n
Es palmario entonces, que si el soporte de esta argumentaci\u00f3n probatoriamente est\u00e1 dado por dichos elementos de convicci\u00f3n, los que evidentemente apuntan a la omisi\u00f3n con base en la cual el sentenciador acab\u00f3 por aseverar el incumplimiento de la demandada por no haber entregado las cosas a su destinatario, no puede sostenerse, en consecuencia, que de esas mismas pruebas no fueron estimadas. Y en torno de los documentos aludidos, ha de decirse simplemente que ninguno de los referidos en el cargo es demostrativo de que la persona a quien le fue entregada la mercanc\u00eda era o lo hizo en nombre y representaci\u00f3n de aquella destinataria, luego si el tribunal los dej\u00f3 de apreciar, esa falta de consideraci\u00f3n en orden a establecer el aserto del que se viene hablando resulta intrascendente. Cosa diferente hubiera sido si cuando menos una de tales probanzas objetivamente permitiera establecer que a quien las cosas le fueron entregadas era aquella persona, pues en tal supuesto podr\u00eda pensarse que esa omisi\u00f3n era grave y decisoria en cuanto pod\u00eda trascender en el resultado del fallo, lo que no ocurre. <\/p>\n
11. Referente al cargo tercero, en el que se enlistan unas determinadas pruebas que seg\u00fan el recurrente el ad-quem dej\u00f3 de ver, para sostener que si las hubiera examinado se habr\u00eda percatado que ellas \u201cdemuestran la conducta que asumi\u00f3 la demandada (mandataria) frente a la demandante (mandante) en relaci\u00f3n con el deber de informar sobre el desarrollo y ejecuci\u00f3n del encargo encomendado\u201d, y que con la comunicaci\u00f3n de 23 de junio de 1993 le inform\u00f3 \u201cla ejecuci\u00f3n completa del mandato, hecho que, unido al silencio que guard\u00f3 la demandante durante m\u00e1s de un a\u00f1o, implica su aprobaci\u00f3n t\u00e1cita a la forma como la demandada ejecut\u00f3 y cumpli\u00f3 su encargo\u201d, citando al efecto el art\u00edculo 1270 del C\u00f3digo de Comercio, es decir que con su conducta aqu\u00e9lla aprob\u00f3 esa gesti\u00f3n (fl.45), basta precisar que el tema planteado, relativo al cumplimiento o no del deber de informar el desarrollo del encargo, no fue precisamente el argumento toral del fallo, sino el incumplimiento de esa persona jur\u00eddica con las obligaciones contra\u00eddas en el contrato, en la medida en que no entreg\u00f3 las cosas a su destinatario en el lugar y tiempo convenidos, por lo que, ha de repetirse, no fue alrededor de aqu\u00e9lla situaci\u00f3n sino de \u00e9sta que el juzgador sent\u00f3 los fundamentos que lo llevaron a adoptar las decisiones contenidas en la providencia censurada, de lo cual resulta que el ataque as\u00ed planteado es desorientado, en la medida en que se circunscribe a una circunstancia del todo ajena a las consideraciones que sirvieron de apoyatura a las resoluciones adoptadas. <\/p>\n
Sabido es que, como con insistencia lo viene pregonando la doctrina jurisprudencial de la Corporaci\u00f3n, la cr\u00edtica que formule el casacionista a la sentencia debe guardar una adecuada \u201cconsonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente.\u201d(G.J., t. CCLVIII, pag.294; reiterada en sentencia de 7 de noviembre de 2002, exp.#7587, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
12. En el defecto t\u00e9cnico anterior incurre el cargo cuarto, pues es palmar, seg\u00fan ya qued\u00f3 analizado, que la causa de este proceso no gir\u00f3 en punto al contrato de compraventa que pudo ajustarse entre la demandante, como vendedora de las mercanc\u00edas transportadas, con la destinataria como compradora de ellas, sino del negocio jur\u00eddico alcanzado entre las partes en el que la demandada contrajo la obligaci\u00f3n de hacer transportar las cosas desde Medell\u00edn hasta la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, el cual incumpli\u00f3 al no haber procurado la entrega, por lo que lo inherente a la forma, condiciones y consecuencias de aquel acto dispositivo se encuentra por fuera de los l\u00edmites de la casaci\u00f3n, desde luego que por lo mismo no fue objeto de estimaci\u00f3n en la sentencia recurrida. <\/p>\n
13. No prosperan los cargos analizados. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
La sentencia recurrida infringi\u00f3 de manera directa, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1608 y 1615 del C\u00f3digo Civil y 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
1. Argumenta que seg\u00fan las normas mencionadas para que haya lugar a la indemnizaci\u00f3n es indispensable la mora del deudor y que, con apoyo en ellas, la Corte ha venido sosteniendo que la correcci\u00f3n monetaria es un perjuicio que encaja dentro del da\u00f1o emergente, de suerte que su indemnizaci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 sujeta a la mora del deudor. <\/p>\n
2. El Tribunal conden\u00f3 a la demandada al pago de la correcci\u00f3n monetaria por un periodo de cuatro a\u00f1os, sin tener en cuenta las disposiciones invocadas, ya que con anterioridad al 29 de agosto de 1994, fecha de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a la sociedad demandada, \u00e9sta no se encontraba en mora. De haber aplicado esos preceptos legales, habr\u00eda impuesto las condenas por correcci\u00f3n monetaria a partir de la fecha \u00faltima citada y no del 2 de octubre de 1993, como lo hizo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Sobre el punto relativo a la correcci\u00f3n monetaria, su relaci\u00f3n con el concepto de indemnizaci\u00f3n y la necesidad de constituir en mora al deudor para efectos de su reconocimiento y pago la Corte ha dicho: <\/p>\n
\u201cIncurre, pues, en desacierto la censura, en cuanto en t\u00e9rminos absolutos asevera que el pago de obligaciones dinerarias corregidas monetariamente obedece a la necesidad de resarcir un perjuicio y que, subsecuentemente, mientras el deudor no sea constituido en mora no hay lugar a tal reconocimiento, porque \u00e9sta \u2013la mora-, es el presupuesto ineludible de toda indemnizaci\u00f3n. El desatino que al recurrente se le atribuye radica en que, como viene de exponerse, el fundamento de la correcci\u00f3n monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un da\u00f1o emergente, sino en obedecimiento, ins\u00edstese, a principios m\u00e1s elevados como el de la inequidad, el de la plenitud del pago o el de la preservaci\u00f3n de la reciprocidad en los contratos bilaterales. De ninguna manera, en fin, es dable inferir que en asuntos como el de esta especie, el reajuste de la condena en proporci\u00f3n a la depreciaci\u00f3n del signo monetario constituya un perjuicio m\u00e1s que deba ser reparado, puesto que, reiterase aun a riesgo de fatigar, la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intr\u00ednseca del da\u00f1o, sino su cuant\u00eda, de modo que la correcci\u00f3n tiene por finalidad la reparaci\u00f3n integral, no la de indemnizar un perjuicio m\u00e1s; am\u00e9n que, en ese mismo orden de ideas, tampoco puede verse en ello una sanci\u00f3n por un acto contrario al ordenamiento legal.\u201d(sentencia n\u00famero 042 de 9 de septiembre de 1999, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
<\/p>\n
2. De suerte que si la actualizaci\u00f3n monetaria per se no entra\u00f1a ni est\u00e1 dentro del concepto de \u201cindemnizaci\u00f3n\u201d, como se acaba de dejar sentado, evidente resulta concluir que el juez de segundo grado no quebrant\u00f3 las normas que en esta acusaci\u00f3n se le achacan como infringidas, no solo porque bajo el entendido expuesto no ten\u00eda que aplicarlas sino porque, en el caso particular del art\u00edculo 1615 del C\u00f3digo Civil, se regula un evento relativo a la indemnizaci\u00f3n, siendo que las dos restantes, en la idea expuesta por el censor, fueron citadas apenas como indicadoras de la necesidad de constituir en mora para el pago de perjuicios. <\/p>\n
3. Por tanto, el cargo fracasa. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
Por manifiesto error de hecho en la apreciaci\u00f3n de algunas pruebas, la sentencia quebrant\u00f3, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
1. Plantea que se dejaron de apreciar la complementaci\u00f3n al dictamen pericial que obra a folios 152 a 157 del cuaderno 1, en cuanto dichos expertos determinaron que de los $204’532.720 en que valoraron la mercanc\u00eda, $132’946.268 corresponden a su costo y los $71’586.452 restantes a la utilidad por su venta, \u00e9sta equivalente al 35% de aquella. <\/p>\n
2. El error en que incurri\u00f3 el ad-quem, asegura, consisti\u00f3 en ignorar las pruebas citadas que demuestran que la suma de $204’532.720 no corresponde en su totalidad al costo de la mercanc\u00eda que, de no haberlo cometido, habr\u00eda concluido que el valor de la mercanc\u00eda era apenas de $132’946.268; igualmente que la ganancia que dej\u00f3 de percibir la demandante por lucro cesante ascend\u00eda a $33’236.507, y no el monto establecido en la sentencia. Es claro que ese error llev\u00f3 al fallador a liquidar el lucro cesante sobre una cifra que ya lo conten\u00eda, haciendo m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de la demandada; a\u00f1ade que de haber lugar a imponer condenas, ser\u00eda apenas en las sumas de $132’946.268, por da\u00f1o emergente, y $33’236.507, por lucro cesante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. De entrada se advierte que la acusaci\u00f3n es incompleta pues, como se acaba de dejar visto, el error a que se contrae la misma se limit\u00f3 a que se dej\u00f3 de apreciar la complementaci\u00f3n del dictamen pericial, de modo que si no se hubiera cometido ese yerro las condenas no habr\u00edan sido las impuestas sino las memoradas por el censor, pero sucede que las pruebas que en el punto guiaron al sentenciador, a m\u00e1s del dictamen pericial, en su integridad, fundamentalmente fueron las remesas de carga y la contabilidad de la misma demandada, de suerte que, para romper la presunci\u00f3n de acierto con la que llega a la Corte el fallo el impugnador estaba en el deber de atacar tambi\u00e9n esos otros medios de convicci\u00f3n a cuyo amparo el juzgador opt\u00f3 por la decisi\u00f3n objeto de inconformidad, lo que no hizo, situaci\u00f3n que comporta inane el cargo, toda vez que, como con insistencia la Corporaci\u00f3n lo viene expresando, el \u201cquiebre de un fallo en casaci\u00f3n exige, merced a lo excepcional del recurso y al principio dispositivo que lo inspira el rompimiento de la presunci\u00f3n de verdad y acierto que arropa a la sentencia enjuiciada, as\u00ed como, en trat\u00e1ndose de acusaci\u00f3n consistente en violaci\u00f3n de ley sustancial por el sendero indirecto, la demostraci\u00f3n palmar de una equivocaci\u00f3n evidente y trascendente cometida por el fallador en la apreciaci\u00f3n de las pruebas obrantes en el expediente, cual lo ha reiterado la Corte en m\u00faltiples ocasiones, pues `\u2026por v\u00eda de la causal primera de casaci\u00f3n no cualquier cargo puede recibirse ni puede tener eficacia legal, sino tan s\u00f3lo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia por las resoluciones adoptadas en \u00e9sta; de all\u00ed que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma le presta apoyo suficiente al fallo imputado, \u00e9ste debe quedar en pie haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura`(sentencia de 27 de julio de 1999, exp.#5189, no publicada oficialmente), criterio \u00e9ste que la Sala ha reiterado insistentemente\u201d(sentencia de 12 de abril de 2004, exp.7077, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
2. N\u00f3tese que para cuantificar la indemnizaci\u00f3n el sentenciador expres\u00f3 lo siguiente: \u00ab\u2026como ya no es posible el cumplimiento tal cual se estipul\u00f3, se impone por equivalencia, cambio de la prestaci\u00f3n por el pago del valor de los bienes y conforme a los datos contenidos en los documentos de remesa, porque al recibirlos no hizo constar diferencias certificadas por contador p\u00fablico o, en su defecto, por dos comerciante (art. 1293 ib.)\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abPapeles dom\u00e9sticos que describen por sus caracter\u00edsticas individualizantes, uno a uno, los art\u00edculos; documentos privados impl\u00edcitamente reconocidos por la parte demandada cuyo representante aport\u00f3 copia de los mismos, por tanto, son aut\u00e9nticos, as\u00ed, prueban su fecha y declaraciones que insertan (arts. 252 apte. 4\u00b0, 276, 279, 264 C\u00f3digo Procesal Civil); lo que aparece en los libros de contabilidad de la demandada, por valor de $204.532.720; llevados con sujeci\u00f3n a las normas rectoras, como lo dictaminan peritos en la materia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. De los apartes transcritos se establece que el sentenciador, para concluir en esas cifras, se apoy\u00f3 en lo consignado en aquellas pruebas documentales, es decir, las remesas y los libros de contabilidad, las que, como ya se dijo, el casacionista pasa del todo por alto, dando lugar, con ese particular comportamiento, a que el fallo atacado contin\u00fae con el sello de presunci\u00f3n de acierto de que goza. <\/p>\n
<\/p>\n
4. No prospera, pues, este cargo. <\/p>\n
B. DE LA PARTE DEMANDANTE <\/p>\n
<\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con base en la causal primera, se acusa el fallo de violar, de manera directa, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1613, 1614, 1615, 1617, 1626, 1731 y 1738 del C\u00f3digo Civil, y 992, 1024, 1030, 1031, 1292, 1293, 1312, 1313, 1314 y 1315 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Para desarrollar el concepto de la violaci\u00f3n, observa el impugnador c\u00f3mo en relaci\u00f3n con el c\u00e1lculo de la correcci\u00f3n monetaria e intereses sobre el valor de la mercanc\u00eda el tribunal acept\u00f3 que la demandante ten\u00eda derecho a un capital de $94’532.270 y a la actualizaci\u00f3n y r\u00e9ditos a una tasa del 36,36% anual durante cuatro a\u00f1os, pero que al hacer la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica concluy\u00f3 que la suma total de los tres conceptos ascend\u00eda a $137’488.387, siendo que esta cifra correspond\u00eda s\u00f3lo a los dos \u00faltimos y que a ella deb\u00eda de sumarle la del capital que sirvi\u00f3 de base para el c\u00e1lculo, lo que arrojaba un gran total de $232’021.107. <\/p>\n
<\/p>\n
Con ello, el ad-quem, en la pr\u00e1ctica, no acept\u00f3 una porci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n que en la parte motiva dijo conceder y puede pensarse o que dej\u00f3 de reconocer la totalidad del capital o bien que hizo tal reconocimiento, pero dej\u00f3 de estimar una buena porci\u00f3n de la correcci\u00f3n e intereses. <\/p>\n
2. Asimismo, hay error en la actualizaci\u00f3n y la utilidad del lucro cesante, porque el fallador admiti\u00f3 que el actor ten\u00eda derecho por este concepto a $51’133.180, sobre el que deb\u00eda hacerse la \u201crevaluaci\u00f3n monetaria\u201d a la tasa ya indicada y durante el tiempo transcurrido hasta la fecha de la decisi\u00f3n complementaria. Empero, al efectuar la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica concluy\u00f3 que el valor de ese lucro m\u00e1s su correcci\u00f3n y r\u00e9ditos era de $88’312.155. El error consisti\u00f3 en que esta \u00faltima cifra correspond\u00eda exclusivamente a la actualizaci\u00f3n e intereses, y a ella deb\u00eda sumarse el valor del capital que sirvi\u00f3 de base para el c\u00e1lculo, lo que conduc\u00eda a un gran total de $139’445.335. <\/p>\n
3. De modo que el juez de segunda instancia en la pr\u00e1ctica no acogi\u00f3 el total de la indemnizaci\u00f3n que en la parte motiva dijo conceder y puede pensarse que dej\u00f3 de reconocer la totalidad del capital o que acept\u00f3 el capital pero dej\u00f3 de convenir una buena porci\u00f3n de la correcci\u00f3n y los intereses, por lo que la parte resolutiva del fallo no otorg\u00f3 las indemnizaciones a que el demandante ten\u00eda derecho; de esta manera dej\u00f3 de aplicar las normas citadas en el cargo, que seguidamente entr\u00f3 a explicar. <\/p>\n
<\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
<\/p>\n
Se formula con base en la causal segunda, por no estar el fallo en consonancia con las pretensiones del libelo, asegurando que aunque en este escrito se solicit\u00f3 el pago de la mercanc\u00eda, del lucro cesante, la correcci\u00f3n monetaria de ambos y los intereses de las sumas ya corregidas, la providencia dej\u00f3 de reconocer parte de la actualizaci\u00f3n y de los r\u00e9ditos sobre el valor de las mercader\u00edas y del lucro cesante. <\/p>\n
1. Explica que el juzgador reconoci\u00f3 el valor de la mercanc\u00eda por $94’532.720 y por correcci\u00f3n monetaria e intereses el 36,36% anual, mas despu\u00e9s de hacer la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica dijo que aquella suma, para la fecha de esa determinaci\u00f3n, ascend\u00eda a $137’488.387. No se percat\u00f3 as\u00ed que esta \u00faltima cantidad hace referencia \u00fanicamente al monto de la actualizaci\u00f3n y a la ganancia de aquel capital, y que la cuant\u00eda correcta de \u00e9ste es el resultado de la sumatoria de aquellas dos cifras, el cual asciende a $232’021.107. <\/p>\n
2. Asimismo, prosigue, la sentencia conden\u00f3 al pago del lucro cesante, y al calcularlo nuevamente en la resoluci\u00f3n complementaria acept\u00f3 que ascend\u00eda a $51’133.180. Aparte de ello el fallo adicional admiti\u00f3 conceder correcci\u00f3n monetaria y los rendimientos, pero el sentenciador finalmente no se percat\u00f3 que los $88’312.155 que all\u00ed mencion\u00f3 corresponden \u00fanicamente al valor de la actualizaci\u00f3n y no a ese concepto y al lucro cesante, puesto que por uno y otro el importe correcto es de $139\u00b4445.335. De tal suerte que aunque en la parte resolutiva dice reconocer el lucro y la actualizaci\u00f3n sobre el mismo, lo cierto es que no lo hizo, debido al error aritm\u00e9tico en que incurri\u00f3. <\/p>\n
3. Se\u00f1ala que debido a ese yerro, la sentencia cae en omisi\u00f3n que puede interpretarse de dos maneras: o que dej\u00f3 de reconocer el capital correspondiente al costo de la mercanc\u00eda y el relativo al lucro cesante y s\u00f3lo otorg\u00f3 la correcci\u00f3n monetaria e intereses, o que reconoci\u00f3 el capital pero dej\u00f3 de resolver parcialmente sobre esos otros conceptos, raz\u00f3n por la cual considera que el fallo omiti\u00f3 decidir parte de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Delanteramente ha de verse c\u00f3mo las acusaciones que se analizan carecen de la precisi\u00f3n que de ellas se exige, puesto que, tal cual se registr\u00f3 al hacer su compendio, a ciencia cierta no se sabe si lo que se propuso el censor fue enrostrarle al tribunal haber dejado de reconocer parte del capital o, por el contrario, criticarlo por no aceptar en su integridad la correcci\u00f3n monetaria, situaci\u00f3n que, por ese mismo car\u00e1cter, no le permite a la Corte tener la suficiente certeza acerca de cu\u00e1l es en realidad la verdadera inconformidad del recurrente frente a las determinaciones adoptadas en el fallo, esto es, si lo uno o lo otro; desde luego que para que una censura en casaci\u00f3n cumpla con la exigencia formal de ser precisa, clara y concreta, el impugnador ha de exponer, de manera indubitable, el punto exacto que lo aleja del fallador, que ha de constituir el eje central de su cr\u00edtica. <\/p>\n
De modo que cuando dice que la sentencia puede interpretarse en el sentido de que dej\u00f3 de reconocer el capital correspondiente al costo de la mercanc\u00eda y el relativo al lucro cesante y s\u00f3lo otorg\u00f3 la correcci\u00f3n monetaria e intereses o que reconoci\u00f3 el capital pero dej\u00f3 de resolver parcialmente sobre esos otros conceptos, sin tomar partido por ninguna de esas dos alternativas, el casacionista se aparta del postulado que se comenta, como que esa ambivalencia contrasta ostensiblemente con la precisi\u00f3n exigida. <\/p>\n
2. Desde otra perspectiva, ha de observarse c\u00f3mo el acusador desarrolla la cr\u00edtica afirmando que en relaci\u00f3n con el c\u00e1lculo de la correcci\u00f3n monetaria y los intereses sobre el valor de la mercanc\u00eda y el lucro cesante el tribunal acept\u00f3 que la demandante ten\u00eda derecho a las sumas de $94’532.270, en el primer caso, y $51’133.180, en el segundo, y a la actualizaci\u00f3n y r\u00e9ditos sobre cada una de ellas a la tasa del 36,36% anual durante el tiempo all\u00ed indicado, pero que al hacer la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica concluy\u00f3 que la cantidad total por los tres conceptos ascend\u00eda a $137’488.387 y a $88’312.155, respectivamente, siendo que estas cifras correspond\u00edan s\u00f3lo a la indexaci\u00f3n e intereses; esto es que el casacionista le atribuye al ad-quem haber descompuesto los tres rubros, vale decir, el capital, la actualizaci\u00f3n monetaria y los r\u00e9ditos, tanto en lo tocante con el valor de las mercader\u00edas como con el lucro cesante, por lo que considera que al resultado que gener\u00f3 cada una de las reglas matem\u00e1ticas aplicadas deb\u00eda agregarse la cifra que como base tom\u00f3 para cada una de ellas. <\/p>\n
Pero acontece que en lo inherente al valor de las mercanc\u00edas, al manifestar su respaldo a la providencia apelada, el fallador sostuvo que la confirmar\u00eda \u201cen cuanto estim\u00f3 la pretensi\u00f3n de la demandante, cuya cuant\u00eda queda, entonces, reducida a $94.532.720, valor de la mercanc\u00eda desaparecida, cifra que actualmente asciende a $137.488.387, computando sobre aquella un inter\u00e9s del 36.36% anual y durante cuatro a\u00f1os\u201d (fl.48), aspecto sobre el que, en la decisi\u00f3n complementaria, reiter\u00f3 que para alcanzar esa cifra \u201cacudi\u00f3 a la f\u00f3rmula de calcular los intereses vigentes para cr\u00e9ditos ordinarios a la tasa del 36.36% anual, que comprenden la correcci\u00f3n monetaria e intereses; por eso, en estricto sentido y como la tasa mencionada no corresponde \u00fanicamente al \u00faltimo concepto, no se puede adicionar a la cifra adeudada la resultante de calcularla sobre la misma\u201d(fl.60). <\/p>\n
Y sobre el lucro cesante consider\u00f3 que equival\u00eda \u201ca la ganancia que dej\u00f3 de percibir la demandante por no haber efectuado la venta, que en el concepto de expertos guarda proporci\u00f3n con el 35%, del que se reclama solamente el 25%, igual a $23.133.180\u201d(fl.48vto.), para seguidamente se\u00f1alar, en la determinaci\u00f3n complementaria, luego de admitir que la cifra correcta es de $23.633.180 y de reconocer a favor de la aseguradora por ese concepto $27.500.00, que el mismo, sumando aquel valor reconocido al actor y \u00e9ste a la interviniente, ya actualizada, \u201cahora asciende a $88.312.155\u201d(fl.60vto.). <\/p>\n
Efectuada la comparaci\u00f3n entre lo que el juez de segundo grado ciertamente expres\u00f3 y resolvi\u00f3 sobre la particularizada tem\u00e1tica con aquello que el censor le atribuye haber argumentado y decidido, surge palmario el desacople en que incurre la censura, por cuanto el error que se pretende evidenciar parte de achacarle al juzgador haber descompuesto los conceptos de capital, actualizaci\u00f3n monetaria e intereses para generar el resultado frente al cual la acusadora sostiene que la cuant\u00eda es mayor, cuando la verdad es que el sentenciador consider\u00f3 que en la cifra que hall\u00f3, como consecuencia de las operaciones matem\u00e1ticas que verific\u00f3, se encontraban involucrados todos los conceptos, sin hacer la distinci\u00f3n que en esta senda extraordinaria se le imputa; al malinterpretar as\u00ed la providencia atacada, el impugnador puso al tribunal a decir lo que ciertamente no argument\u00f3 ni resolvi\u00f3, desde luego que \u00e9ste jam\u00e1s tuvo en mente sumar intereses m\u00e1s capital, como que se limit\u00f3 a adoptar unas determinadas reglas aritm\u00e9ticas con el \u00fanico prop\u00f3sito de encontrar el valor al que ascender\u00edan las condenas a la fecha de la resoluci\u00f3n combatida, tomando como cifras base, por un lado, el valor de las mercanc\u00edas, una vez dedujo la cantidad que dijo reconocerle a la aseguradora interviniente y, por otro, el monto que estim\u00f3 como lucro cesante, aplicando en cada caso el 36.36%. Expresado con otras palabras, pese a que el ad-quem se limit\u00f3 a la aplicaci\u00f3n de este porcentaje, pues entendi\u00f3 que bajo esa f\u00f3rmula se abarcaban todos los conceptos, el recurrente erradamente entiende que para hallar aquellas cantidades, aqu\u00e9l descompuso dichos tres conceptos, para argumentar, bajo esa desacertada comprensi\u00f3n, que el resultado que finalmente generaban las mentadas operaciones era el indicado en los cargos y no el reconocido en la sentencia; as\u00ed termin\u00f3 enjuici\u00e1ndole al fallador un discurso que, it\u00e9rase a riesgo de fatigar, en la decisi\u00f3n criticada brilla por su ausencia. <\/p>\n
3. Ahora, de hacer la Corte abstracci\u00f3n de las deficiencias t\u00e9cnicas acabadas de evidenciar, de entenderse que lo que se cuestiona es que el fallador de segundo grado, al resolver sobre la correcci\u00f3n y los rendimientos del valor de las mercader\u00edas y del lucro cesante, no impuso la condena por la cuant\u00eda que indica el impugnador, siendo que \u00e9ste parte de la idea de que al efecto debieron sumarse las cifras que sirvieron de base para las operaciones aritm\u00e9ticas a los resultados obtenidos, es decir, que de considerarse que los cargos arremeten concretamente contra el producto hallado por el sentenciador al hacer aplicaci\u00f3n de las reglas matem\u00e1ticas, pues dicen que debi\u00f3 ser, por ejemplo, en lo que toca con da\u00f1o emergente, $232\u2019021.107.00, en lugar de $137\u2019488.387, la negativa a reconocerle m\u00e9rito a las acusaciones se impone, como pasa a verse. <\/p>\n
4. En lo relativo al cargo primero, debe observarse que a la v\u00eda directa de la causal primera de casaci\u00f3n, prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acude cuando es necesario formularle al juzgador reproches por caer en yerros puramente jur\u00eddicos, esto es, cuando la violaci\u00f3n de la ley sustancial tiene lugar con abstracci\u00f3n de los fundamentos de hecho del asunto, es decir, que \u201cen la demostraci\u00f3n de un cargo por violaci\u00f3n directa, el recurrente no puede separarse de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el tribunal. En tal evento, la actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u201d(G.J., t. CXLVI, pag.50). <\/p>\n
La cr\u00edtica que el actor formula en la acusaci\u00f3n se\u00f1alada se concreta al hecho de que, al efectuar las operaciones aritm\u00e9ticas, con miras a establecer la actualizaci\u00f3n monetaria de las condenas que concedi\u00f3, el sentenciador encontr\u00f3 unos resultados diferentes de los que por esta senda casacional se pretende, pues al paso que aqu\u00e9l indic\u00f3 que dentro de los mismos se hallaban incorporadas las sumas que tom\u00f3 como base para hacer el c\u00e1lculo, \u00e9ste, por su lado, pregona que no, por lo que las cifras adoptadas como soporte deb\u00edan ser adicionadas. En esto, pues, radica el error que, desde la perspectiva jur\u00eddica, como viene montada esta arremetida, el censor le endilga al tribunal. <\/p>\n
De lo anterior de advierte, entonces, que el acusador no plantea un desacuerdo en el an\u00e1lisis jur\u00eddico con base en el cual el ad-quem resolvi\u00f3 lo atinente al monto de las indemnizaciones, al punto que ni siquiera lo critica por el m\u00e9todo utilizado para hallar la susodicha actualizaci\u00f3n monetaria; es decir, que el planteamiento ciertamente no radica, como ten\u00eda que ser, en un problema sobre la inteligencia con base en la cual el juzgador hubiera interpretado y aplicado las normas, a trav\u00e9s del cual se hiciera un planteamiento sobre un error eminentemente jur\u00eddico, sino de uno apenas aritm\u00e9tico, al estimar la censura, como ya se dijo, que el resultado de la operaci\u00f3n elaborada por el fallador no era el que \u00e9ste a la postre reconoci\u00f3 sino el sugerido por el recurrente. <\/p>\n
No existe, pues, un discurso argumentativo que explique la violaci\u00f3n de una norma de derecho sustancial, el cual, por lo dem\u00e1s, no lo pod\u00eda haber si se toma en consideraci\u00f3n que lo mentados resultados, surgidos como consecuencia de las reglas aritm\u00e9ticas aplicadas por el fallador, no est\u00e1n previstos en la ley, tampoco la forma ni la f\u00f3rmula como los mismos pod\u00edan obtenerse, raz\u00f3n por la cual la sola circunstancia de que el sentenciador, en la aplicaci\u00f3n y desarrollo de las operaciones num\u00e9ricas respectivas, no hubiere concluido en las cifras alegadas por el impugnador, as\u00ed las sumas obtenidas por aqu\u00e9l fueran diferentes de las que sugirieran la l\u00f3gica de las matem\u00e1ticas, no constituir\u00eda un error que pudiera ser atacable por v\u00eda directa, pues falencia de esa naturaleza muy lejos se halla, it\u00e9rase, de quebrantar, por esta v\u00eda, una norma de derecho sustancial por no comprender ello un razonamiento de estirpe jur\u00eddico. Es palmario que el yerro que alrededor de la generaci\u00f3n de los susodichos resultados dice el recurrente cometi\u00f3 el juzgador per se no podr\u00eda entra\u00f1ar error juris in judicando, desde luego que se trata de una probable equivocaci\u00f3n surgida en el desarrollo de unos c\u00e1lculos aritm\u00e9ticos, para cuya correcci\u00f3n el ordenamiento procesal se\u00f1ala una soluci\u00f3n que, en todo caso, no es la v\u00eda de este recurso extraordinario, como as\u00ed lo establece del art\u00edculo 310 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil al prever que \u201ctoda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritm\u00e9tico, es corregible por el juez que la dict\u00f3, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que proced\u00edan contra ella, salvo los de casaci\u00f3n y revisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
5. La consideraci\u00f3n inmediatamente precedente de paso conduce a sostener que la incongruencia alegada en el cargo segundo tampoco tuvo lugar. <\/p>\n
No obstante lo anterior, de por s\u00ed suficiente para negarle todo m\u00e9rito a la aludida cr\u00edtica, es de notarse que para argumentar con \u00e9xito el motivo segundo casacional el recurrente debe evidenciar que el sentenciador resolvi\u00f3 m\u00e1s de lo pedido (ultra petita), o que decidi\u00f3 sobre asuntos no sometidos a la correspondiente composici\u00f3n judicial (extra petita), o, en \u00faltimas, que dej\u00f3 de pronunciarse sobre alguna de las pretensiones del accionante o sobre las excepciones del demandado (citra petita), o acerca de algunas que debi\u00f3 reconocer oficiosamente. En trat\u00e1ndose de este \u00faltimo evento, vale decir, cuando el pronunciamiento es criticado por m\u00ednima petita, ha dicho la Corte, el fallo es inconsonante habida consideraci\u00f3n a que de ese modo no se habr\u00eda dirimido en su totalidad el litigio planteado a la jurisdicci\u00f3n del Estado, continuando as\u00ed trabada la relaci\u00f3n procesal en lo no resuelto. Se trata entonces de que sobre alguna de las pretensiones o excepciones propuestas el juez no hubiere emitido la correspondiente decisi\u00f3n, hip\u00f3tesis bajo la cual el fallo, en cuanto toca con ese particular aspecto, es disonante. <\/p>\n
<\/p>\n
Tal cual se dej\u00f3 registrado al hacer el compendio de la providencia atacada, en el caso presente el sentenciador s\u00ed se pronunci\u00f3 sobre las pretensiones de la demanda relativas a la actualizaci\u00f3n de la moneda y a los intereses, tanto en lo concerniente al valor de los bienes distra\u00eddos como al lucro cesante, de donde se desprende que formalmente la sentencia no es disonante por m\u00ednima petita, en cuanto no dej\u00f3 de resolver sobre tan particularizados aspectos, s\u00f3lo que lo hizo por suma diferente a la socorrida por el censor; esto es, que el tribunal s\u00ed apreci\u00f3 las pretensiones de la demanda al despachar la condena por los conceptos de capital, intereses y correcci\u00f3n monetaria aunque en expresiones num\u00e9ricas diferentes a las insinuadas por el impugnador. <\/p>\n
Por supuesto que en su entendimiento el juzgador incluy\u00f3 todo, tanto as\u00ed que en la providencia complementaria se\u00f1al\u00f3: \u201cEn la sentencia se precis\u00f3 que, el valor de los bienes desaparecidos ascend\u00eda a (\u2026) $94.532.720 (\u2026), los que revaluados alcanzaban a $137.488.387; para lo que se acudi\u00f3 a la f\u00f3rmula de calcular los intereses vigentes para cr\u00e9ditos ordinarios a la tasa del 36.36% anual, que comprenden la correcci\u00f3n monetaria e intereses; por eso, en estricto sentido y como la tasa mencionada no corresponde \u00fanicamente al \u00faltimo concepto, no se puede adicionar a la cifra adeudada la resultante de calcularla sobre la misma\u201d. All\u00ed mismo, en relaci\u00f3n con el lucro cesante, luego de precisar que le reconoc\u00eda a la aseguradora interviniente $27.500.000, para un total de $51\u00b4133.180 por ese concepto, sumando as\u00ed los $23\u00b4633.180 que en la providencia inicial concedi\u00f3 a favor del actor, fall\u00f3 que sobre el mismo \u201camerita sentencia complementaria; al igual que para la revaluaci\u00f3n monetaria, siendo que la expresada cifra ($51\u00b4133.180) corresponde ahora a $88\u00b4312.155; tambi\u00e9n, para imponer el pago de las cifras deducidas por capital y lucro cesante, con su correcci\u00f3n monetaria entre la fecha de la sentencia y de esta complementaria\u201d(fls.59vto. y 60). <\/p>\n
Por consiguiente, si alg\u00fan error se present\u00f3, ser\u00eda apenas de c\u00e1lculo, el cual, en todo caso, no entra\u00f1a dejar de resolver sobre lo pedido, como quiera que al proceder de la manera indicada el ad-quem entendi\u00f3 que en el resultado que finalmente admiti\u00f3 estaban incluidos todos los conceptos impetrados en la demanda, raz\u00f3n por la cual la predicada incongruencia no se gest\u00f3. <\/p>\n
6. No prosperan los cargos. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N: <\/p>\n
<\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 2 de octubre de 1997, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n, por no haber prosperado ninguno de los recursos. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-033-2005 [7095] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de febrero de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 7095. Decide la Corte los recursos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82883","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82883","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82883"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82883\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82883"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82883"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82883"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}