SC-035-2005 [18037-02]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 18037-02 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes respecto de la sentencia de 28 de julio de 2000 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario promovido por Luis Antonio Rangel Rinc\u00f3n y Alirio Quintero Rueda contra la Cooperativa de Transportadores del Magdalena Medio Limitada \u201cCootransmagdalena Ltda.\u201d y Olinto Mantilla Arenas. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Piden los demandantes que con fundamento en la responsabilidad, contractual de Cootransmagdalena Ltda. y extracontractual de Olinto Mantilla Arenas, se les condene solidariamente a reconocerles y pagarles los perjuicios materiales, da\u00f1o emergente y lucro cesante, que se establezcan mediante dictamen pericial con su correspondiente indexaci\u00f3n y los morales determinados de acuerdo con la jurisprudencia; la primera por \u201chaber paralizado desde el 12 de enero de 1991 el automotor de placas TP-8845 a que se hace referencia en los hechos de esta demanda; no realizar las reparaciones necesarias para que el bus continuara prestando los servicios de transporte de pasajeros que hasta esa fecha estaba ejecutando en virtud de contrato de afiliaci\u00f3n que Olinto Mantilla Arenas hab\u00eda celebrado con la Cooperativa, y haber abandonado el automotor con su correspondiente deterioro que a hoy lo hace completamente inservible\u201d; y el segundo, \u201ccomo consecuencia de no haber adelantado con eficacia las acciones contra (sic) y demandado la responsabilidad de Cootransmagdalena Ltda. por la paralizaci\u00f3n del automotor de placas TP-8845 a que se hace referencia en los hechos de la demanda; no intervenir para la realizaci\u00f3n de las reparaciones necesarias para que el bus continuara prestando los servicios de transporte de pasajeros que hasta esa fecha estaba ejecutando en virtud del contrato de afiliaci\u00f3n que \u00e9l hab\u00eda celebrado con Cootransmagdalena Ltda.; no haber apoyado a los demandantes en las peticiones que se elevaron ante Cootransmagdalena Ltda. para solucionar el conflicto suscitado, y no haber tomado providencia alguna para evitar la inutilidad del automotor ante el abandono que este mismo y la Cooperativa demandada han hecho del automotor\u201d. <\/p>\n
2. La causa petendi puede compendiarse, as\u00ed: <\/p>\n
a) Luis Antonio Rangel Rinc\u00f3n y Alirio Quintero Rueda son propietarios del bus de servicio p\u00fablico de placas TP-8845, en com\u00fan y proindiviso, afiliado a Cootransmagalena Ltda., pero sin que figuren como tales ante las autoridades de tr\u00e1nsito donde aparece con dicha condici\u00f3n Olinto Mantilla Arenas, quien es socio de la Cooperativa y no les formaliz\u00f3 el traspaso para evitar perder la afiliaci\u00f3n que estaba condicionada a que la persona que tuviera tal calidad fuera a su vez propietaria de <\/p>\n
un bus. <\/p>\n
b) Quintero Rueda, de manera escrita, y Rangel Rinc\u00f3n, de forma verbal, celebraron con el propietario inscrito del bus contrato de mandato por medio del cual \u00e9ste seguir\u00eda siendo \u201cel tenedor del veh\u00edculo ante la empresa Cootransmagdalena Ltda., a fin que el automotor pudiera seguir prestando sus servicios en ella, pues siendo Mantilla Arenas el socio, no hab\u00eda otra forma de obtenerlo\u201d. Los mandantes percibir\u00edan cada uno el cincuenta por ciento de los beneficios y asumir\u00edan la responsabilidad por los da\u00f1os que se llegaren a causar y el mandatario recibir\u00eda como remuneraci\u00f3n el dos por ciento \u201csobre las planillas de producido del bus que es la contribuci\u00f3n a los Fondos de Garant\u00edas y Ahorro en beneficio de los socios y al mismo tiempo mantendr\u00eda su regularidad como socio de la empresa, porque al durar seis meses sin ning\u00fan veh\u00edculo al servicio de la misma se desvinculaba de la Cooperativa\u201d; id\u00e9ntico acuerdo se hizo con las personas que les vendieron a aqu\u00e9llos sus cuotas partes. <\/p>\n
d) A comienzos de 1990 y bajo la administraci\u00f3n de la Cooperativa, el mencionado bus fue destinado a trabajar en las rutas entre Barrancabermeja, Bucaramanga, Puerto Wilches y Zapatoca, y a partir del 23 de mayo de esa anualidad fue trasladado a cumplir y ejecutar el \u201ccontrato de transporte terrestre colectivo de personal entre las localidades de Barrancabermeja, El Centro y las zonas de influencia del Distrito de Producci\u00f3n\u201d, celebrado con Ecopetrol. <\/p>\n
d) El d\u00eda 12 de enero de 1991, en momentos en que el bus cumpl\u00eda una de las rutas del contrato \u201csufri\u00f3 un desperfecto en su caja de velocidades y, desde entonces, la Cooperativa demandada lo retuvo, situ\u00f3 y abandon\u00f3 sin ning\u00fan cuidado y vigilancia en un lote anexo a sus instalaciones, y desde entonces se encuentra inactivo y hoy es inservible, incumpliendo ella con el contrato de afiliaci\u00f3n celebrado con el se\u00f1or Olinto Mantilla, (sic) contrario a sus deberes y obligaciones ha dejado el automotor a su suerte y que la Cooperativa act\u00fae a su capricho\u201d y no le ha exigido a \u00e9sta que cumpla con el contrato \u201cpara que el bus opere, y con su comportamiento omisivo frente a la par\u00e1lisis del automotor y su abandono, ha incumplido lo pactado entre \u00e9l y los demandantes\u201d. <\/p>\n
e) Los perjuicios materiales sufridos por los actores derivados del reprochable comportamiento de los demandados son: da\u00f1o emergente de $25.000.000 y lucro cesante $1.050.000 mensuales, $525.000 para cada uno, correspondientes al producido l\u00edquido del bus desde el 12 de enero de 1991 \u201cy hasta el d\u00eda de la sentencia\u201d, y los morales en la cuant\u00eda que se fije de acuerdo con la jurisprudencia consistentes \u201cen la aflicci\u00f3n que la situaci\u00f3n ha producido en los demandantes, quienes ten\u00edan su fuente de sustento y de trabajo en el veh\u00edculo\u201d. <\/p>\n
f) Luis Antonio y Alirio desde el 13 de enero de 1991 requirieron, primero verbalmente y despu\u00e9s por medio de comunicaciones de 15 y 25 de esos mismos mes y a\u00f1o a la Cootransmagdalena Ltda. y a Olinto Mantilla Arenas para que cumplieran con el contrato de afiliaci\u00f3n \u201cy se efectuara la reparaci\u00f3n del automotor para que entrara en servicio\u201d, pero ellos no dieron respuesta de ninguna clase, aunque aquella manifest\u00f3 que s\u00ed contest\u00f3 oralmente por intermedio de su Jefe de Personal H\u00e9ctor Monta\u00f1o Le\u00f3n a Olinto Mantilla. <\/p>\n
g) La Cooperativa era conocedora de la relaci\u00f3n existente entre su socio Olinto Mantilla y los dos demandantes hasta el punto de que los present\u00f3 como los conductores del bus. <\/p>\n
h) \u201cOlinto Mantilla Arenas ha incumplido el negocio de mandato celebrado con los demandantes, gener\u00e1ndose en su contra una responsabilidad contractual. Cootransmagdalena Ltda. con su comportamiento ha infringido un da\u00f1o extracontractual\u201d, por lo que est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de indemnizar los perjuicios reclamados \u201cen forma solidaria a los demandantes\u201d. <\/p>\n
3. Cootransmagdalena, se opuso a las pretensiones argumentando que no celebr\u00f3 ninguna clase de contrato con los demandantes y que a \u00e9stos les correspond\u00eda la obligaci\u00f3n de reparar el automotor; por su parte el curador ad litem de Olinto Mantilla Arenas, manifest\u00f3 que se atendr\u00eda a lo que se probara en el curso de la instrucci\u00f3n. <\/p>\n
4. La primera instancia fue finiquitada con sentencia desestimatoria, la que fue confirmada en todas sus partes por el tribunal en respuesta al recurso de apelaci\u00f3n de la parte demandante. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Ellos admiten el siguiente resumen: <\/p>\n
a) La obligaci\u00f3n de indemnizar el perjuicio causado por una persona al patrimonio de otra \u201cse aplica tanto en el \u00e1mbito contractual como en el extracontractual. Tal principio est\u00e1, sin embargo, montado sobre la regla general de la conducta culposa, de tal suerte que son cuatro los elementos que concurren a estructurar la responsabilidad civil extracontractual: un hecho da\u00f1oso, el da\u00f1o, el nexo de causalidad entre \u00e9ste y aquel y la culpa. Los mismos cuatro elementos son los de la responsabilidad civil contractual pero, a ellos se suma un quinto: la existencia de un contrato\u201d. <\/p>\n
b) No es posible deducirles a los contradictores ninguna de tales responsabilidades, pues, \u201csi desde la demanda misma se reconoce que los demandantes actuaban como conductores del veh\u00edculo en cuesti\u00f3n, pero que su condici\u00f3n era en realidad la de due\u00f1os del mismo, no entiende la Sala c\u00f3mo tomaron la decisi\u00f3n de dejarlo abandonado, as\u00ed fuese en las instalaciones de la demandada, a riesgo de graves deterioros que a la postre ocurrieron\u201d; adem\u00e1s, el control material del veh\u00edculo lo ten\u00edan ellos. <\/p>\n
c) La reparaci\u00f3n del veh\u00edculo debi\u00f3 ser realizada por los promotores del proceso, puesto que no es l\u00f3gico ni entendible que los due\u00f1os de un bien, mucho m\u00e1s si es de capital como un bus que produce ingresos importantes, lo deje abandonado por el hecho de que un tercero, supuestamente obligado a hacerlo, no le preste o suministre el dinero necesario con tal fin. Lo normal es que hagan directamente los arreglos \u201cy luego, si fuere del caso, repitan contra quien consideran responsables\u201d. <\/p>\n
d) Resulta inveros\u00edmil que los propietarios no tuvieran con qu\u00e9 mandar a arreglar el automotor porque \u201cel valor de las reparaciones era relativamente bajo\u201d, y aunque \u201cel pretendido mandatario se hallaba en mora de cubrir sumas de dinero anteriores, facilitadas a los demandantes para el mantenimiento del bus y que \u00e9stos no reembolsaron a la Cooperativa demandada, es clara la ausencia de culpa tanto en la entidad como en el titular del bus, quien solo era un prestanombre, pues ni administraba el veh\u00edculo, no ejerc\u00eda control efectivo alguno sobre el mismo\u201d. <\/p>\n
e) La Cooperativa no estaba en la obligaci\u00f3n de hacerle a los actores ninguna clase de pr\u00e9stamo de dinero para que procedieran a arreglar el citado bus, pues ni siquiera el socio hab\u00eda solicitado dicho cr\u00e9dito y, aunque s\u00ed ten\u00eda conocimiento de la situaci\u00f3n de da\u00f1o e inmovilizaci\u00f3n del veh\u00edculo, es razonable entender que no efectuara ning\u00fan desembolso de dinero, teniendo en cuenta que en relaci\u00f3n con dicho bien \u201cse le adeudaba una suma considerable y no se hab\u00eda pactado un cupo, ni nada parecido. De todas maneras no hay certeza de que la Cooperativa hubiese aceptado mantener afiliado un bus a sabiendas de que no era propiedad del socio, quien ante ella aparec\u00eda como \u00fanico responsable\u201d. Fuera de lo anterior, no puede pasarse por alto que \u201cel contrato por medio del cual se admite la afiliaci\u00f3n puede considerarse intuito personae, en tanto que la empresa de transporte que admite alg\u00fan afiliado ha de tener certeza acerca de las condiciones personales del contratante, en la medida en que sus actos puedan comprometerla, grave e ilimitadamente, en su patrimonio\u201d. <\/p>\n
g) El declarante Luis Jes\u00fas Jaimes expresa que la Cooperativa estuvo dispuesta a otorgar el cr\u00e9dito requerido para efectuar las reparaciones, el cual oscilaba entre cien mil y trescientos mil pesos, pero fue Mantilla Arenas quien se neg\u00f3 por la cuantiosa deuda que \u00e9l ten\u00eda con la empresa por concepto del mencionado veh\u00edculo \u201cy que no hab\u00eda sido solucionada por los demandados\u201d, conducta que se explica porque, tal como se afirm\u00f3 en la demanda \u201cera Olinto Mantilla Arenas quien aparec\u00eda ante Cootransmagdalena como socio y due\u00f1o del automotor, lo mismo que ante las autoridades de tr\u00e1nsito, por lo tanto era \u00e9l quien aparec\u00eda como titular pasivo de todas las obligaciones relacionadas con \u00e9l veh\u00edculo tanto ante la afiliadora como ante el Estado. En estas condiciones, es comprensible y justificable su negativa, sin que de tal decisi\u00f3n pueda deducirse responsabilidad civil, pues la culpa, si es que la hay, es atribuible a los demandantes. Aun si se considera que, solo para efectos de gestionar los asuntos de los demandantes ante la Cooperativa, con Olinto ten\u00edan los actores celebrado un contrato de mandato no representativo, no se le puede achacar un incumplimiento del mismo, como para deducir responsabilidad\u201d. <\/p>\n
Cuatro cargos formula el recurrente contra la sentencia <\/p>\n
impugnada con sustento en la causal primera de casaci\u00f3n, los dos primeros por la v\u00eda indirecta y los dos \u00faltimos por la directa, los que en esencia no son sino dos, debido a que cada uno de ellos est\u00e1 duplicado con exactitud diferenci\u00e1ndose \u00fanicamente en la relaci\u00f3n de las normas sustanciales denunciadas como violadas, pues, a pesar de citarse unos mismos preceptos, simplemente se hace una leve modificaci\u00f3n en el orden de presentaci\u00f3n. Por lo tanto, se despachar\u00e1n conjuntamente dada la conexidad existente entre ellos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Por la ocurrencia de errores de hecho, el censor aduce que el tribunal quebrant\u00f3, por v\u00eda indirecta y por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 1494, 1495, 1500, 1502, 1517, 1527, 1542, 1602, 2142, 2341, 2342 y 2343 del C\u00f3digo Civil; 10, 20, 864 y 1262 del C\u00f3digo de Comercio; por falta de aplicaci\u00f3n los art\u00edculos 18, 26, 27, 28, 29, 30, 63, 762, 769, 775, 1603, inciso primero y tercero del 1604, 1608, 1613, 1614, 1615, 1616, 1618, 1622, 1625, 1626, 1627, 1648, 1730, 1731, 1738, 2143, 2145, 2149, 2150, 2152, 2155, 2156, 2157, 218, 2159, 2160, 2176, 2181, 2183, 2357, 2360 del C\u00f3digo Civil; 822, 823, 824, 870, 871, 983, 991, 1263, 1267, 1268, 1273, 1286 del C\u00f3digo de Comercio; 8\u00b0 de la ley 153 de 1887; art. 3\u00b0, e inciso 2\u00b0 del art. 9\u00b0 del Decreto 01 de 1990; 8, 9, 10, literal h del 18, 19 y 62 del Decreto 1787 de 1990 y el art. 3\u00b0 del Decreto 1228 de 1991. <\/p>\n
2. Despu\u00e9s de hacer una relaci\u00f3n detallada de cu\u00e1les son las pruebas que fueron erradamente apreciadas (cuaderno de la Corte, folios 17 a 19), el recurrente denuncia la ocurrencia de los siguientes errores manifiestos de hecho imputables al sentenciador: <\/p>\n
a) No entendi\u00f3 las relaciones jur\u00eddicas existentes entre las partes, por consiguiente hizo una \u201camalgama jur\u00eddica\u201d entre el contrato de afiliaci\u00f3n, el de mandato y la relaci\u00f3n laboral, para deformar los hechos y concluir que los demandantes conduc\u00edan el bus por ser due\u00f1os de \u00e9l y no por ser asalariados de la Cooperativa para relevar a \u00e9sta de sus obligaciones y transferirlas a los actores, de quienes dedujo que eran los \u00fanicos que ten\u00edan el control material del automotor, cuando era aqu\u00e9lla quien lo ejerc\u00eda como secuela del contrato de afiliaci\u00f3n. <\/p>\n
b) No tuvo en cuenta que la Cooperativa al contestar la demanda ni admiti\u00f3 ni neg\u00f3 los hechos limit\u00e1ndose a expresar que se aten\u00eda a lo que resultare probado, \u201clo que al tenor del art. 95 del mismo estatuto, equivale a una falta de pronunciamiento expreso que se aprecia como indicio grave en contra del demandado\u201d. <\/p>\n
c) Analiz\u00f3 la prueba testimonial en forma aislada del resto del material probatorio, por ello dio a la relaci\u00f3n existente entre los demandantes y la Cooperativa demandada \u201cuna implicaci\u00f3n diferente a la que correspond\u00eda, pues en desarrollo de ella y no por raz\u00f3n de ser propietarios o poseedores materiales del bus, ellos, en momentos diferentes y discontinuos, ejercieron la conducci\u00f3n o manejo f\u00edsico del automotor\u201d. <\/p>\n
d) No vio el contrato de afiliaci\u00f3n y por eso dio fe a los testimonios para concluir que eran los demandantes los que ten\u00edan el control material del bus, cuando en realidad era la Cooperativa la que incluso designaba al conductor del referido automotor. <\/p>\n
e) Por la apreciaci\u00f3n aislada de los testimonios los hizo prevalecer en detrimento de la prueba documental, motivo por el cual concluy\u00f3 equivocadamente que la obligaci\u00f3n a cargo de la Cooperativa consist\u00eda en prestar dinero para la reparaci\u00f3n del bus, sin tener en cuenta que la realidad era diferente, pues el citado contrato de afiliaci\u00f3n le impon\u00eda como obligaci\u00f3n, adem\u00e1s de suministrar el combustible indispensable para su funcionamiento, tambi\u00e9n los \u201celementos necesarios para mantener en servicio regular y continuo el veh\u00edculo\u201d y efectuar \u201ccon la intervenci\u00f3n del propietario\u201d, las reparaciones y mejoras del mismo. <\/p>\n
f) La existencia de unas deudas de los diferentes propietarios del bus con la Cooperativa no le permit\u00eda a \u00e9sta excluir la obligaci\u00f3n de hacer el arreglo y las reparaciones del mismo, porque la prueba testimonial y documental sirve para demostrar que la presencia de un saldo a cargo de los promotores del proceso, no solo ven\u00eda siendo consentida por la persona acreedora sino que \u00e9sta, por su propia voluntad, no hab\u00eda acudido a su cobro, que era una posibilidad prevista en el ya referido contrato de afiliaci\u00f3n, junto con la autorizaci\u00f3n tambi\u00e9n concedida para pagarse de manera directa con el producido del automotor. <\/p>\n
g) Estim\u00f3 la prueba testimonial en lo desfavorable a los demandantes pero se abstuvo de apreciar los diversos motivos de sospecha que en relaci\u00f3n con ellos se presentaba, como por ejemplo, recordar con extra\u00f1a exactitud hechos y circunstancias sucedidos mucho tiempo atr\u00e1s. <\/p>\n
h) La afirmaci\u00f3n efectuada por el testigo Luis Jes\u00fas Jaime Rojas en el sentido de que los actores se negaron y no quisieron hacer la reparaci\u00f3n se halla contradicha con las restantes declaraciones, e inclusive con el proceder de la Cooperativa que se abstuvo de alegar en su defensa dicha exculpaci\u00f3n. <\/p>\n
i) El veh\u00edculo no fue \u201cabandonado\u201d a su suerte por los demandantes, pues, lo cierto es que fue dejado en las instalaciones de la empresa de transportes, tal como se acredita con las versiones de Santiago Jaimes y Alvaro Pico G\u00f3mez, que no fueron consideradas en ese sentido. <\/p>\n
j) Desconoci\u00f3 el contrato de mandato al referirse \u201ca Mantilla como el pretendido mandatario\u201d, con lo cual no vio el documento contentivo del contrato referido, ni la contestaci\u00f3n de la demanda por parte \u00e9ste, quien por conducto de curador acept\u00f3 la existencia de dicho contrato, sin que posteriormente, en la audiencia de conciliaci\u00f3n a la cual concurri\u00f3 o en el interrogatorio de parte lo hubiese negado. <\/p>\n
k) Examin\u00f3 de forma separada e independiente los contratos de mandato y de afiliaci\u00f3n, no obstante que ambos acuerdos de voluntad integran un todo que se complementa, puesto que \u201cla afiliaci\u00f3n es consecuencia de la ejecuci\u00f3n del mandato\u201d. <\/p>\n
l) Se equivoc\u00f3 cuando encontr\u00f3 estructurada la mora de los demandantes en relaci\u00f3n con las obligaciones dinerarias a su cargo respecto de la Cooperativa, toda vez que no hab\u00edan sido requeridos para el pago, lo que les hubiera permitido aducir la excepci\u00f3n de contrato no cumplido. <\/p>\n
m) Yerra cuando concluye que el contrato de afiliaci\u00f3n es intuito personae por la calidad de socio, lo que lo llev\u00f3 a confundir \u201cuna condici\u00f3n con la calidad especial del sujeto para derivar de ello una mayor responsabilidad para la Cooperativa\u201d. <\/p>\n
n) Se abstuvo de tener por ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n por la no asistencia del representante legal de la Cooperativa a la audiencia de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En suma, de no haber cometido el tribunal los errores descritos habr\u00eda tenido que concluir que entre los demandantes y la Cooperativa demandada exist\u00eda una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n y dependencia \u201ccondici\u00f3n que no hac\u00eda radicar en ellos el control material del mismo\u201d, ya que \u00e9ste lo ten\u00eda la \u00faltima por ser administradora del automotor. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Tambi\u00e9n con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta a consecuencia de los mismos errores de hecho que se dejaron descritos en el cargo anterior, a los cuales por tanto se remite la Corte, el censor aduce que la sentencia quebrant\u00f3, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 18, 26, 27, 28, 29, 30, 63, 762, 769, 775, 1603, 1604 incisos 1\u00b0 y 3\u00b0, 1608, 1613, 1614, 1615, 1616, 1618, 1622, 1625, 1626, 1627, 1648, 1730, 1731, 1738, 2143, 2145, 2149, 2150, 2152, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2176, 2181, 2183, 2357, 2360 del C\u00f3digo Civil; 822, 823, 824, 870, 871, 983, 991, 1263, 1267, 1268, 1273, 1286 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como el art. 8\u00b0 de la ley 153 de 1887; arts. 3 y 9 inc. 2\u00b0 del Decreto 01 de 1990; 8, 9, 10, literal h del 18, 19 y 62; art. 3 Decreto 1228 de 1991, lo que \u201ccomo contrapartida\u201d gener\u00f3 la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1494, 1495, 1500, 1502, 1517, 1542, 1527, 1602, 2142, 2341, 2342, 2343 del C\u00f3digo Civil y 10, 20, 864 y 1262 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
La sustentaci\u00f3n del segundo cargo es id\u00e9ntica a la que fue compendiada respecto del primero. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
El cargo se desarrolla de la manera que pasa a compendiarse: <\/p>\n
a) El sentenciador desconoci\u00f3 la forma consensual de celebrar negocios jur\u00eddicos y, adem\u00e1s, exigi\u00f3, sin raz\u00f3n, que en el contrato quedaran definidos la totalidad de los elementos, raz\u00f3n por la cual omiti\u00f3 tener en cuenta que \u00e9ste obliga a las partes aun en lo no manifestando expresamente pero que s\u00ed emane de su propia naturaleza, conducta con la que desconoci\u00f3 la existencia del acuerdo de voluntades de mandato pactado entre Olinto Mantilla y los actores, as\u00ed como tambi\u00e9n la obligaciones que dimanan del mismo. <\/p>\n
b) Dej\u00f3 de apreciar, entonces, que Olinto Mantilla en su condici\u00f3n de mandatario estaba obligado \u201ca contratar las reparaciones de las cosas que administra y debe tomar las providencias conservativas que las circunstancias exijan\u201d, y que, en caso de no hacerlo, tal como ac\u00e1 ocurri\u00f3, deb\u00eda asumir la responsabilidad correspondiente hasta la culpa leve. <\/p>\n
c) El contrato de afiliaci\u00f3n es tambi\u00e9n un mandato y como el tribunal no dej\u00f3 fluir los efectos de su incumplimiento por el mandatario en pro de los mandantes, aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1602 del C. C., por lo cual omiti\u00f3 tener en cuenta el hecho da\u00f1oso que serv\u00eda de soporte a la responsabilidad extracontractual demandada, \u201cpues al rompe se ve que no acept\u00f3 que un negocio celebrado entre dos personas, pudiera beneficiar o perjudicar a terceros\u201d. <\/p>\n
d) Desconoci\u00f3 el sentenciador de segundo grado, adem\u00e1s, las normas relacionadas con la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico con veh\u00edculos que no son de propiedad de la respectiva empresa, las que reglamentan que se debe celebrar un contrato de afiliaci\u00f3n o vinculaci\u00f3n en virtud del cual la empresa adquiere \u201cel control efectivo del veh\u00edculo cuando lo administra con la facultad de utilizarlo y designar el personal que lo opera, directamente y sin intervenci\u00f3n del propietario\u201d, corriendo, en consecuencia, a su cargo la reparaci\u00f3n y mantenimiento efectivo de los automotores a su servicio. <\/p>\n
e) En el fallo no se aplic\u00f3 el art\u00edculo 63 del C\u00f3digo Civil, y si lo hubiera sido habr\u00eda arribado a una conclusi\u00f3n diferente a la plasmada all\u00ed en el sentido de que \u201cCootransmagdalena s\u00ed incurri\u00f3 en culpa frente a los demandantes, y de ella a los otros elementos, el hecho da\u00f1oso, el da\u00f1o y el nexo causal entre ellos, surge, el incumplimiento\u201d. <\/p>\n
f) \u201cComo esa culpa proviene del incumplimiento de una obligaci\u00f3n contractual, conveniente es ver c\u00f3mo se traslada hacia la responsabilidad extracontractual. Por eso se pregunta: c\u00f3mo transferir los efectos derivados de una responsabilidad contractual, el da\u00f1o, y la obligaci\u00f3n de indemnizarlo a los que antes de la realizaci\u00f3n del da\u00f1o eran extra\u00f1os, no ten\u00edan relaci\u00f3n o negocio jur\u00eddico que los vinculara?. La obligaci\u00f3n de reparar es de resultado, y la no obtenci\u00f3n de resultado depende de una culpa del deudor. La presunci\u00f3n de culpa del deudor, derivada del simple incumplimiento de la obligaci\u00f3n debida debe ser destruida para que la obligaci\u00f3n de reparar no surja. Si no se desvirt\u00faa la presunci\u00f3n, surge la responsabilidad y por tanto la obligaci\u00f3n de indemnizar. Debe tenerse en cuenta que no toda responsabilidad que surge del incumplimiento de un contrato es contractual. La v\u00edctima de ese incumplimiento puede ubicarse y echar mano de la responsabilidad extracontractual cuando no hay un v\u00ednculo jur\u00eddico negocial que la una al autor del da\u00f1o y llamado a reparar. Para que la responsabilidad sea contractual se requiere que el negocio haya sido concluido entre el responsable y su v\u00edctima. Si dos personas celebran un contrato y una de ellas, con ocasi\u00f3n del contrato compromete su responsabilidad frente a un tercero, esa responsabilidad no puede ser, evidentemente, sino delictual, porque no hay negocio entre el autor del da\u00f1o y su v\u00edctima. La acci\u00f3n del tercero no va en contra de la regla \u00b4res inter alios acta\u00b4\u201d. <\/p>\n
g) La responsabilidad de Cootransmagdalena qued\u00f3 establecida con el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de reparar, motivo por el cual no hay excusa que lo justifique \u201cfundada en el no pago de los saldos rojos por parte de Mantilla, o de Rangel y Quintero, pues se trata de una obligaci\u00f3n pura y simple que no ha sido constituida en mora y para cuyo pago se acord\u00f3 que el acreedor manejar\u00eda las cuentas del contrato de administraci\u00f3n, con la facultad de deducir en primer t\u00e9rmino el valor de las acreencias, de lo cual no hizo uso debido\u201d. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Tambi\u00e9n con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, por v\u00eda directa, y con los mismos argumentos en los que se sustenta el cargo antes resumido, al cual, en consecuencia, se remite la Corte, la censura aduce que la sentencia impugnada vulner\u00f3, por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 1494, 1495, 1500, 1502, 1517, 1542, 1527, 1602, 2142, 2341, 2342, 2343 del C\u00f3digo Civil; 10, 20, 864 y 1262 del C\u00f3digo de Comercio, lo que condujo a dejar de aplicar los art\u00edculos 18, 26, 27, 28, 29, 30, 63, 762, 769, 775, 1603, 1604 inc. 1\u00b0 y 3\u00b0, 1608, 1613, 1614, 1615, 1616, 1618, 1622, 1625, 1626, 1627, 1648, 1730, 1731, 1738, 2143, 2145, 2149, 2150, 2152, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2176, 2181, 2183, 2357, 2360 del C\u00f3digo Civil, y los art\u00edculos 822, 823, 824, 870, 871, 983, 991, 1263, 1267, 1268, 1273, 1286 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como 8\u00b0 de la ley 153 de 1887; 3 e inc. 2\u00b0 del Decreto 01 de 1990; 8, 9, 10, 18 literal h, 19 y 62 del Decreto 1787 de 1990 y art. 3\u00b0 del Decreto 1228 de 1991. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Compendiados como se hallan los fundamentos del fallo impugnado y de la acusaci\u00f3n, deben precisarse los siguientes hechos que se encuentran debidamente acreditados en los autos y que servir\u00e1n de respaldo para despachar los dos primeros cargos: <\/p>\n
a) Que Olinto Mantilla Arenas es el propietario inscrito ante las autoridades de tr\u00e1nsito del veh\u00edculo de placas TP-8845 y, en su condici\u00f3n de tal es socio de Cootransmagdalena Ltda., con la que tiene celebrado contrato de afiliaci\u00f3n de dicho automotor desde el 14 de septiembre de 1989. <\/p>\n
b) Que de acuerdo con los estatutos de la Cooperativa s\u00f3lo puede tener la calidad de socio y afiliar un veh\u00edculo a la empresa la persona que sea due\u00f1a regular del veh\u00edculo afiliado, calidad que se pierde por el hecho de dejar de ser propietario del mismo. <\/p>\n
c) Que Luis Antonio Rangel Rinc\u00f3n y Alirio Quintero Rivera, adquirieron en com\u00fan y proindiviso la propiedad del citado automotor, pero no figuran as\u00ed en el registro de las autoridades de tr\u00e1nsito, ni en la Cooperativa. <\/p>\n
d) Que para poder permitir que el bus pudiera seguir vinculado a la Cooperativa y continuara vigente la afiliaci\u00f3n, Luis Antonio y Alirio convinieron con el socio Olinto que \u00e9ste permanecer\u00eda ostentando la condici\u00f3n de titular del derecho de dominio en tr\u00e1nsito y ante la propia Cooperativa, para lo cual celebraron sendos contratos, escrito y verbal, regulando sus relaciones internas. <\/p>\n
f) Que la cl\u00e1usula tercera del contrato de afiliaci\u00f3n dice: \u201cLa Cooperativa se compromete a suministrar el combustible y dem\u00e1s elementos necesarios para mantener en servicio regular y continuo el veh\u00edculo de que trata el presente contrato, salvo por fuerza mayor o caso fortuito, as\u00ed como efectuar con la intervenci\u00f3n del propietario, las reparaciones, acondicionamientos y mejoras indispensables para el mismo objeto y crear la reserva de depreciaci\u00f3n del veh\u00edculo, de conformidad con lo que dispone al respecto el Instituto Nacional del Transporte\u201d (resaltado fuera de texto). <\/p>\n
g) Que el veh\u00edculo trabaj\u00f3 normalmente en las rutas que le asign\u00f3 la Cooperativa hasta el d\u00eda 12 de enero de 1991, fecha en la cual sufri\u00f3 una aver\u00eda o da\u00f1o en la caja de cambios, cuyo arregl\u00f3 costaba en esa \u00e9poca entre cien y trescientos mil pesos. <\/p>\n
h) Que al 12 de enero de 1991 la deuda que ten\u00eda el bus era cercana a los $2.400.000, pero que Luis Antonio Rangel Rinc\u00f3n y Alirio Quintero Rivera, en escrito dirigido a la Cooperativa en esos d\u00edas, la reconocieron en cuant\u00eda superior en los siguientes t\u00e9rminos \u201cEn la actualidad a fecha nov.30 de 1990 el saldo que le adeuda a la Cooperativa nuestro automotor es la suma aproximada de $3.500.000,oo sin liquidar intereses al 4% mensuales que se esta cobra\u201d. <\/p>\n
i) Que los demandantes, aduciendo su calidad de propietarios, en el escrito mencionado, manifestaron respecto del bus que \u201cse encuentra a nombre del socio Sr. Olinto Mantilla y \u00e9ste a su vez se lo entreg\u00f3 a la Cooperativa en prenda industrial sin ser su verdadero propietario, quien es, seg\u00fan la Cooperativa, la persona que dispone del producido de dicho automotor y quien autoriza los respectivos pr\u00e9stamos <\/p>\n
para arreglos t\u00e9cnicos necesarios\u201d. <\/p>\n
k) Que tambi\u00e9n en dicho documento los actores, con fundamento en que Olinto Mantilla Arenas les comunic\u00f3 que el Consejo de Administraci\u00f3n no les iba hacer el pr\u00e9stamo requerido para arreglar el da\u00f1o de la caja de cambios del bus, le expresaron a la Cooperativa que han decidido: \u201c1\u00b0) Si no se accede a nuestra petici\u00f3n que es justa y de buena fe, dejar a su disposici\u00f3n el veh\u00edculo en menci\u00f3n, mientras respectivas autoridades deciden controversia (…) 2\u00b0.) Y\/o si la Cooperativa se encuentra en capacidad de adquirir dicho automotor, se lo entregamos y nos regrese el excedente al capital que c\/u aportamos, por carecer de recursos para repararlo\u201d. <\/p>\n
l) Que los demandantes dejaron el bus en las instalaciones de la Cootransmagdalena, sin que haya constancia de que \u00e9sta lo haya recibido en ese momento o con posterioridad, lo que produjo que el veh\u00edculo quedara a la intemperie y abandonado tanto que se deterior\u00f3 totalmente y fue objeto de desvalijamiento por personas desconocidas. <\/p>\n
m) Que Olinto Mantilla, en su calidad de socio de la Cooperativa y propietario inscrito del automotor, no consinti\u00f3 ni autoriz\u00f3 que la empresa le hiciera el pr\u00e9stamo ni a \u00e9l ni a los actores para arreglar el cargo dando como explicaci\u00f3n el monto de lo adeudado. <\/p>\n
n) Que el socio de la Cooperativa Luis Jes\u00fas Jaimes Rojas le ofreci\u00f3 a Olinto y a los demandantes que \u00e9l les har\u00eda arreglar la aver\u00eda del bus en su taller de confianza pero el primero no acept\u00f3 y los segundos solo quer\u00edan que les entregara el dinero para hacerlo. <\/p>\n
\u00f1) Que no hay prueba de que la Cooperativa haya aceptado a los demandantes, en su condici\u00f3n de adquirentes por iguales partes del veh\u00edculo, como socios ni como propietarios, pues, por el contrario, siempre le otorg\u00f3 esas calidades a Olinto Mantilla Arenas. <\/p>\n
4. El despacho del cargo debe hacerse, teniendo en cuenta la manera en que fue planteada la demanda y se pronunci\u00f3 el sentenciador de segundo grado, analizando por separado lo relativo, de un lado, a la responsabilidad civil extracontractual reclamada frente a Cootransmagdalena Ltda. y, de otro, la responsabilidad civil surgida del contrato de mandato respecto de Olinto Mantilla Arenas. <\/p>\n
5. La responsabilidad civil extracontractual de la Cooperativa se hace surgir del hecho de que, como secuela del contrato de afiliaci\u00f3n celebrado entre ella y el supuesto mandatario de los demandantes, el socio Olinto Mantilla Arenas estaba en la obligaci\u00f3n de hacer directamente los arreglos que se requirieran en todo momento para que el automotor pudiera prestar el servicio p\u00fablico al que estaba adscrito y en las rutas que la empresa le se\u00f1alara. <\/p>\n
Es indudable, entonces, que entre la Cooperativa y los demandantes no se celebr\u00f3 ninguna clase de contrato o convenci\u00f3n. Estatutariamente la calidad de socio la ostentaba el propietario inscrito del veh\u00edculo, hasta el punto de que si por cualquier circunstancia se dejaba de tener dicha calidad se extingu\u00eda la condici\u00f3n de asociado, conforme al art\u00edculo 13, literal n) que dispone: \u201cno podr\u00e1 permanecer un socio, sin veh\u00edculo a su nombre durante un tiempo superior a 12 meses\u201d. Este hecho lo aceptan los propios actores y lo ratifica de manera uniforme la prueba testimonial recaudada. <\/p>\n
Los demandantes, desde el mismo momento en que presentaron la demanda, reconocen que ante la Cooperativa el due\u00f1o del automotor era Olinto Mantilla Arenas y no ellos, circunstancia que no se modific\u00f3 con posterioridad a las fechas en que ellos adquirieron las cuotas partes del mismo. Por consiguiente aqu\u00e9lla no ten\u00eda ninguna clase de compromiso con ellos, salvo el relativo a las relaciones de \u00edndole laboral que exist\u00edan por ser los conductores del bus, designaci\u00f3n que les hizo apoyada en la autorizaci\u00f3n contenida en el contrato de afiliaci\u00f3n y en la aquiescencia, por lo menos t\u00e1cita, del socio. Ni siquiera bajo el entendido de que los demandantes ten\u00edan el control del bus, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el tribunal y que puede ser discutible dado que en relaci\u00f3n con ella eran sus trabajadores por ser los conductores del mismo, hay lugar a predicar yerro del sentenciador cuando desestim\u00f3 la obligaci\u00f3n extracontractual de la Cooperativa de responderle a \u00e9stos por los perjuicios que se les causaron. <\/p>\n
De la cl\u00e1usula tercera del contrato de afiliaci\u00f3n pronto se deduce que cualquier reparaci\u00f3n o arreglo que requiriera el bus ten\u00eda que hacerse con la intervenci\u00f3n del propietario inscrito y socio, intervenci\u00f3n que en este caso no se dio porque as\u00ed lo quiso Olinto Mantilla Arenas, pues, no le solicit\u00f3 a la Cooperativa el pr\u00e9stamo necesario para hacer el arreglo de la caja de cambios que se le hab\u00eda averiado al automotor e imped\u00eda su movilizaci\u00f3n y, por ende, el trabajo en la ruta que se le hab\u00eda asignado; ni siquiera quiso aceptar que un tercero, el socio Luis Jes\u00fas Jaimes Rojas, mandara a hacer la reparaci\u00f3n a su taller de confianza, como igual lo rechazaron los demandados. <\/p>\n
Pero a\u00fan en el supuesto de que se pudiera predicar que la obligaci\u00f3n de persona jur\u00eddica demandada era mandar a hacer directamente el arreglo del veh\u00edculo, debe tenerse en cuenta que exist\u00eda en su favor el derecho a no hacerlo ante el elevado saldo de la deuda que por concepto del bus ten\u00eda el socio y propietario ante ella, el cual ascend\u00eda, tal como lo aceptan expresamente los propios reclamantes, a una suma superior a $2.400.000. An\u00e1lisis del tribunal en el que no se aprecia ninguna clase de exageraci\u00f3n o ex abrupto, pues, si bien se puede tomar distancia del mismo y discrepar de \u00e9l, no reviste caracter\u00edsticas suficientes para hacerlo devenir contraevidente. <\/p>\n
No decae la conclusi\u00f3n anterior por la circunstancia derivada del contrato de afiliaci\u00f3n consistente en que la Cooperativa pod\u00eda retener el producido del veh\u00edculo para obtener el pago de dicho saldo (cl\u00e1usula s\u00e9ptima), o ejercer las acciones judiciales de cobro, previa constituci\u00f3n en mora al deudor, porque el empleo de tales opciones era discrecional de su parte y pod\u00eda incluso, como lo valid\u00f3 el tribunal, abstenerse de otorgar el pr\u00e9stamo requerido para la reparaci\u00f3n del veh\u00edculo por estar pendiente ese pago a cargo de quien figuraba ante ella como socio y propietario, Olinto Mantilla Arenas. Tampoco se demerita el argumento del sentenciador por el hecho de que haya consentido la existencia y aumento de la deuda hasta llegar a la cantidad mencionada, porque es razonable que configur\u00e1ndose la mora en cualquier momento diera por finalizado, tal como lo hizo, el estado de tolerancia que hasta ese instante hab\u00eda tenido para con su deudor. <\/p>\n
6. De otro lado, fueron los demandantes quienes dejaron el bus en predios de la Cooperativa, sin mediar la aceptaci\u00f3n de \u00e9sta; de all\u00ed que el tribunal tampoco se equivoc\u00f3 cuando calific\u00f3 de imperdonable ese proceder que resulta lesivo para aquellos por su propia incuria, pues bien pudieron evitar el deterioro patrimonial si hubieran puesto el veh\u00edculo en lugar seguro y lejos del alcance de quienes finalmente lo desvalijaron. <\/p>\n
No se detecta ning\u00fan error en la valoraci\u00f3n de la prueba testimonial recaudada, la que es coincidente en que la obligaci\u00f3n de la Cooperativa consist\u00eda en prestar el dinero para hacer el arreglo del bus y no mandarlo reparar directamente, y mucho menos le era obligatorio efectuar el desembolso porque, frente al alto pasivo existente, el pr\u00e9stamo depend\u00eda tanto de la solicitud que hiciera el socio y propietario inscrito, como de la voluntad de la acreedora para aumentar la deuda. Las declaraciones no est\u00e1n, como lo insin\u00faa la censura, en contradicci\u00f3n con el contenido del contrato de afiliaci\u00f3n. Las deducciones que sobre el punto hizo el sentenciador de segundo grado est\u00e1n m\u00e1s que respaldadas en el examen cr\u00edtico de cada prueba. <\/p>\n
No alcanza tampoco la relevancia que le da el censor a la forma en que la Cooperativa le dio respuesta a la demanda, como para deducir en su contra el indicio de que trata el art\u00edculo 95 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues al haber respondido los hechos en el sentido de que deb\u00edan probarse est\u00e1 a su vez afirmando que no le constaban. <\/p>\n
Igualmente carece de significaci\u00f3n el yerro que se le apunta al sentenciador relativo a que no hab\u00eda deducido en contra de la Cooperativa las consecuencias previstas en el art\u00edculo 101 ib\u00eddem, por no haber asistido a la audiencia su representante legal, pues el an\u00e1lisis del haz probatorio efectuado por el tribunal indica, as\u00ed no se haya dicho expl\u00edcitamente, que las mismas quedaron infirmadas o desvanecidas. <\/p>\n
En fin, tampoco se incurri\u00f3 en error en el fallo cuando en \u00e9l se <\/p>\n
asevera que el contrato de afiliaci\u00f3n del bus a Cootransmagdalena es intuito personae, puesto que, ciertamente, como lo estableci\u00f3 el tribunal y lo respalda la prueba documental, los estatutos de la Cooperativa y el contrato de afiliaci\u00f3n, solamente puede afiliarse un bus a petici\u00f3n de quien sea socio y, adem\u00e1s, propietario inscrito del mismo; punto este enteramente pac\u00edfico por cuanto fue aceptado por los propios demandantes, am\u00e9n de haber sido corroborado por la mayor\u00eda de los testigos que rindieron su versi\u00f3n. <\/p>\n
7. En lo que ata\u00f1e a la responsabilidad contractual frente a Olinto Mantilla Arenas emanada de la celebraci\u00f3n de mandato entre \u00e9ste y los demandantes para que a nombre de \u00e9stos siguiera fungiendo como propietario, en su condici\u00f3n de socio, y para no perder el derecho a seguir trabajando el automotor, se tiene: <\/p>\n
a) El tribunal no incurri\u00f3 en ning\u00fan error por no haber tenido por demostrado el contrato de mandato entre las mencionadas personas con la supuesta confesi\u00f3n o aceptaci\u00f3n que del mismo hizo el curador ad litem de Olinto Mantilla Arenas al contestar la demanda, en atenci\u00f3n a que dicho auxiliar de la justicia no puede confesar ni disponer del derecho de la persona que representa, cuestiones que est\u00e1n reservadas a la parte misma, en t\u00e9rminos del art\u00edculo 46 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
b) Tal como qued\u00f3 analizado, el bus fue dejado en las instalaciones de la Cooperativa sin la aquiescencia de \u00e9sta ni tampoco hay constancia de que se le hubiera informado de ese hecho al propietario y socio, propietario registrado, lo que avala la exclusi\u00f3n de la responsabilidad a cargo de \u00e9ste; como se dijo, fueron los demandantes quienes con su conducta positiva dejaron abandonado el automotor, radicando en ello la causa determinante de los perjuicios que dicen haber padecido; de ese modo propiciaron que el bus cesara de prestar el servicio p\u00fablico en la ruta para la cual estaba destinado y que, en \u00faltimas, se deteriora hasta el punto de haber quedado inservible. <\/p>\n
c) Tampoco refulge yerro del sentenciador cuando atribuy\u00f3 responsabilidad exclusiva en los perjuicios padecidos por los promotores del proceso a su propia desidia y terquedad por no haber aceptado la propuesta que les hizo el tercero y socio Luis Jes\u00fas Jaimes Rojas de mandar arreglar el da\u00f1o de la caja de cambios en el taller de su confianza, lo que pone en evidencia que el menoscabo patrimonial que padecieron los tiene a ellos como responsables directos. <\/p>\n
d) Igualmente, no se ve error evidente por haberse encontrado irrelevante que el demandado Olinto Mantilla Arenas no hubiera gestionado un pr\u00e9stamo ante la Cooperativa, dado que esta de todos modos ante la existencia de una deuda anterior estaba facultada para abstenerse de otorgarlo. <\/p>\n
Consecuentemente, los dos primeros cargos enderezados por la v\u00eda indirecta no est\u00e1n llamados a tener \u00e9xito. <\/p>\n
8. Ahora bien el fracaso de los cargos 3\u00b0 y 4\u00b0 enfilados id\u00e9nticamente, tambi\u00e9n se impone por dos razones fundamentales: <\/p>\n
En primer lugar, porque el recurrente no expone una fundamentaci\u00f3n clara y precisa destinada a sustentar los errores puramente jur\u00eddicos que intenta denunciar y, en segundo t\u00e9rmino, porque cuando se acusa la violaci\u00f3n directa de normas sustanciales, no es admisible que el recurrente discrepe de las apreciaciones de orden f\u00e1ctico y probatorio efectuadas por el sentenciador. <\/p>\n
As\u00ed, observa la Corte en la sustentaci\u00f3n de ambos cargos que se le imputan al sentenciador varios errores jur\u00eddicos bajo el argumento de que no dio por demostrada la existencia del contrato de mandato entre los demandantes y Olinto Mantilla Arenas; en ese sentido, el censor manifiesta que la responsabilidad de Cootransmagdalena qued\u00f3 establecida con el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de reparar, motivo por el cual no hay excusa que lo justifique \u201cfundada en el no pago de los saldos rojos por parte de Mantilla, o de Rangel y Quintero, pues se trata de una obligaci\u00f3n pura y simple que no ha sido constituida en mora y para cuyo pago se acord\u00f3 que el acreedor manejar\u00eda las cuentas del contrato de administraci\u00f3n, con la facultad de deducir en primer t\u00e9rmino el valor de las acreencias, de lo cual no hizo uso debido\u201d. <\/p>\n
En lugar de circunscribirse a determinar y especificar los errores puramente jur\u00eddicos que denuncia se empe\u00f1a en opugnar la estimativa probatoria que le otorg\u00f3 al hecho de estar retrasados en el pago oportuno de deudas anteriores; a la falta de constituci\u00f3n en mora para poder hacer exigible las obligaciones que no eran puras y simples; no haber tenido en cuenta que para el pago de las acreencias se convino que la beneficiaria y acreedora manejar\u00eda las cuentas del contrato de afiliaci\u00f3n; no haber apreciado que tambi\u00e9n \u00e9sta ten\u00eda la facultad de hacer directamente del producido del bus las deducciones del monto de lo adeudado y que no lo hizo. <\/p>\n
Es claro, entonces, que el recurrente equivoc\u00f3 la fundamentaci\u00f3n del ataque de la sentencia porque, contrario a como corresponde cuando se acude a la v\u00eda directa, no circunscribi\u00f3 su actividad a confrontar la decisi\u00f3n contenida en el fallo con la ley para poner de relieve los errores de car\u00e1cter netamente jur\u00eddico en que incurri\u00f3 el tribunal, sino que, pretermitiendo dicha carga, se dedic\u00f3 a desvirtuar el an\u00e1lisis probatorio. <\/p>\n
9. Por consiguiente, tampoco estos dos cargos tienen vocaci\u00f3n de triunfo. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 28 de julio de 2000 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario promovido por Luis Antonio Rangel Rinc\u00f3n y Alirio Quintero Rueda contra la Cooperativa de Transportadores del Magdalena Medio Limitada \u201cCootransmagdalena Ltda.\u201d y Olinto Mantilla Arenas. <\/p>\n
Condenase en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte recurrente, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y Devu\u00e9lvase. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-035-2005 [18037-02] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 18037-02 Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes respecto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82885","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82885","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82885"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82885\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82885"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82885"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82885"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}