SC-038-2005 [7856]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1 Distrito Capital, veinticinco (25) de febrero de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes MARIA NUBIA FRANCO FRANCO, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, LUZ HELENA RODRIGUEZ FRANCO, MARIA HELENA FRANCO DE FRANCO y LUIS JAVIER RODRIGUEZ FRANCO, contra la sentencia del 9 de febrero de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 dentro de los procesos acumulados adelantados por SEGUNDO FLORENTINO PARADA y otros, contra la SOCIEDAD TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S.A., y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 aprehendi\u00f3 conocimiento de la demanda en virtud de la cual FERNANDO y MARIELA QUIROGA BETANCOURT y DEICY y LUZ AMPARO MOSQUERA BETANCOURT, reclamaron frente a la sociedad TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S. A., la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios morales y materiales que sufrieran por causa del fallecimiento de su progenitora ROSARIO BETANCOURT DE QUIROGA. <\/p>\n
2. En el mismo Juzgado ven\u00eda tramit\u00e1ndose con antelaci\u00f3n, el proceso ordinario adelantado contra la mencionada empresa y los se\u00f1ores JOSE HUMBERTO SOLANO GONZ\u00c1LEZ, en calidad de conductor del automotor accidentado y HUMBERTO TRIANA PALACIOS, de quien se dijo era su propietario, por SEGUNDO FLORENTINO PARADA, EDGAR ENRIQUE, OSCAR y JACQUELINE PARADA BEJARANO y JOSE LUIS LASPRILLA RAMIREZ, quienes, a su vez, buscaban el resarcimiento de los perjuicios que el fallecimiento de sus familiares MARIA DEL CARMEN BEJARANO, ADRIANA GARCIA, NUBIA ESPERANZA PARADA y PAOLA ANDREA LASPRILLA les ocasionaron. <\/p>\n
3. Cursaba, igualmente, en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa misma ciudad un proceso de similar temperamento adelantado contra la sociedad transportadora y el prenombrado conductor por MARIA NUBIA FRANCO FRANCO, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, LUZ HELENA RODRIGUEZ FRANCO y MARIA HELENA FRANCO DE FRANCO, cuya demanda fue oportunamente reformada para darle cabida al demandante LUIS JAVIER RODRIGUEZ FRANCO. <\/p>\n
3.1. Impetraron estos demandantes, ahora recurrentes en casaci\u00f3n, una vez reformada la demanda, que se declarase a los demandados civilmente responsables por los perjuicios materiales y morales que sufrieron por causa de la muerte de NUBIA YANETH y YEIME CATERINE RODRIGUEZ FRANCO, LEIDY ZORANYI MARROQUIN RODRIGUEZ y ANDRES ENRIQUE RODRIGUEZ y, subsecuentemente, que se les condenase a pagar a su favor la suma de $98.000.000,oo, \u00f3 lo que se estableciese en el proceso como indemnizaci\u00f3n de los perjuicios padecidos por ellos. Del mismo modo, reclamaron que se ordenara a los demandados pagar los intereses de la suma fijada como indemnizaci\u00f3n, desde la fecha del da\u00f1o hasta el momento del pago. <\/p>\n
3.2. Apuntalaron estos pedimentos en los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
VICTOR MANUEL RODRIGUEZ y MARIA NUBIA FRANCO FRANCO, son los padres de los extintos NUBIA YANETH y YEIMY CATERINE RODRIGUEZ FRANCO y abuelos de LEYDI ZORANYI MARROQUIN RODRIGUEZ Y ANDRES ENRIQUE RODRIGUEZ FRANCO. De igual modo, LUZ HELENA RODRIGUEZ FRANCO, es hermana de aquellos y madre de estos \u00faltimos. Finalmente, MARIA HELENA FRANCO DE FRANCO, es la abuela de los fallecidos NUBIA JANETH y YEIMY CATERINE RODRIGUEZ FRANCO. Todos ellos habitaban bajo un mismo techo. <\/p>\n
El d\u00eda 15 de agosto de 1992 el bus de placas SA-7695, conducido por JOSE HUMBERTO SOLANO GONZALEZ y afiliado a TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S.A., transitaba con sobrecupo por la ruta Bogot\u00e1 – Palo Cabildo (Tolima); y al llegar a la poblaci\u00f3n de Falan, por fallas mec\u00e1nicas y descuido del conductor, se present\u00f3 un incendio que ocasion\u00f3 la muerte de 28 pasajeros, entre ellos los arriba mencionados parientes de los demandantes. <\/p>\n
Agregaron que NUBIA YANETH contaba a la fecha de su muerte 28 a\u00f1os de edad, era soltera, conviv\u00eda con sus padres, a quienes auxiliaba econ\u00f3micamente, ya que trabajaba en la empresa de flores TUCHANY S.A., con una asignaci\u00f3n mensual de $72.033.oo. <\/p>\n
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3.3. Enterada la empresa transportadora de tales pedimentos se opuso a ellos, neg\u00f3 conocer algunos de los hechos que los apuntalan y dijo desconocer los dem\u00e1s, am\u00e9n que propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u201ccaso fortuito\u201d y \u201cpago parcial\u201d, los cuales sustent\u00f3, de un lado, en que la conflagraci\u00f3n se produjo por un hecho imprevisible e imposible de resistir como lo fue el aflojamiento de \u201ctuercas y racores\u201d causado por el mal estado de la v\u00eda y que desemboc\u00f3 en el derramamiento de la gasolina que combustion\u00f3 con las chispas emanadas de la ignici\u00f3n del motor. De otro lado, asever\u00f3 que como el automotor \u201cse encontraba amparado\u201d por una p\u00f3liza de seguro, los demandantes hab\u00edan recibido o pod\u00edan hacerlo, una indemnizaci\u00f3n equivalente a 600 salarios m\u00ednimos. <\/p>\n
El otro demandado, a su vez, acept\u00f3 la mayor\u00eda de los hechos de la demanda y aprob\u00f3 que se declarase a la transportadora como civilmente responsable, exoner\u00e1ndosele a \u00e9l de tal pretensi\u00f3n. <\/p>\n
4. Por petici\u00f3n de la empresa transportadora, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 orden\u00f3, previa tramitaci\u00f3n del incidente pertinente, la acumulaci\u00f3n de todos esos procesos, habiendo proferido sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones involucradas en cada uno, providencia que fue recurrida en apelaci\u00f3n por la empresa demandada y por dos grupos de demandantes: los aqu\u00ed recurrentes y los encabezados por SEGUNDO FLORENTINO PARADA. <\/p>\n
5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 desat\u00f3 la alzada mediante providencia de 9 de febrero de 1998 en la que reform\u00f3 algunos aspectos de la decisi\u00f3n recurrida en el sentido de condenar a la parte demandada al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales: \u201cPrimero: en favor de MARIA NUBIA FRANCO y VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, la suma de $4\u2019000.000, de pesos, para cada uno, por la muerte de sus hijas NUBIA YANETH y YEIME CATERINE RODRIGUEZ FRANCO. Segundo: En favor de LUZ ELENA RODRIGUEZ FRANCO, la suma de $4\u2019000.000, de pesos, por la muerte de sus hijos LEIDY MARROQUIN RODRIGUEZ y ANDRES E. RODRIGUEZ. Tercero: En favor de MARIA ELENA FRANCO DE FRANCO, la suma de $2\u2019000.000, de pesos, por la muerte de sus nietas NUBIA YANETH y YEIME CATERINE RODRIGUEZ FRANCO. Cuarto: En favor de JAVIER RODRIGUEZ FRANCO, LA SUMA DE $2\u2019000.000, de pesos, por la muerte de sus hermanas mencionadas anteriormente. Quinto: En favor de SEGUNDO FLORENTINO EMILIANO PARADA, la suma de $6\u2019000.000, de pesos, por la muerte de su esposa MARIA DEL CARMEN BEJARANO DE PARADA. Sexto: En favor de EDGAR ENRIQUE, OSCAR y YAKELINE (sic.) PARADA BEJARANO, la suma de $4\u2019000.000, de pesos, para cada uno, por la muerte de su se\u00f1ora madre MARIA DEL CARMEN BEJARANO DE PARADA. S\u00e9ptimo: En favor de JOSE LUIS LASPRILLA, la suma de $7\u2019000.000, de pesos, por la muerte de su esposa LILIA ESPERANZA PARADA BEJARANO y de su hija PAULA ANDREA LASPRILLA BEJARANO. En lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 la sentencia recurrida que hab\u00eda impuesto una condena de $2,871.256 \u201ccomo perjuicio material emergente\u201d relacionado con el costo de los funerales de algunas de las v\u00edctimas. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Agotada la habitual rese\u00f1a de los antecedentes del litigio, acot\u00f3 el sentenciador, en su lac\u00f3nica motivaci\u00f3n, que conforme a la doctrina de esta Corporaci\u00f3n la conducci\u00f3n de automotores implica el ejercicio de una actividad peligrosa, motivo por el cual la culpa del autor se presume, bast\u00e1ndole al demandante demostrar \u201cqui\u00e9n fue el autor del da\u00f1o y el nexo causal entre \u00e9ste y el titular de la actividad peligrosa as\u00ed como el perjuicio sufrido\u201d. Puntualiz\u00f3 seguidamente que s\u00f3lo es posible la exoneraci\u00f3n del demandado cuando acredite culpa exclusiva de la v\u00edctima, fuerza mayor, caso fortuito o intervenci\u00f3n de un elemento extra\u00f1o, am\u00e9n que \u201cen esta clase de responsabilidad\u201d se puede demandar al due\u00f1o, al conductor y al empresario, o sea a quienes se lucran de la actividad peligrosa. <\/p>\n
Por consiguiente, apunt\u00f3 que deb\u00eda llegarse a la misma conclusi\u00f3n del juez a quo en cuanto encontr\u00f3 probada la responsabilidad de la parte demandada, apreciaci\u00f3n que se ve reforzada por el fallo condenatorio de car\u00e1cter penal proferido en contra del conductor y propietario del veh\u00edculo, que \u201cconstituye cosa juzgada respecto a todos intervinientes, o no dentro del respectivo proceso y que descarta las causales de exoneraci\u00f3n\u201d aducidas por la transportadora. <\/p>\n
Luego de rese\u00f1ar una jurisprudencia de la Corte, puntualiz\u00f3 que si bien era cierto que se hab\u00eda demostrado que Mar\u00eda del Carmen Bejarano de Parada y Esperanza Parada de Lasprilla devengaban un sueldo de $164.160.oo y $86.000.oo respectivamente e, igualmente, que se hab\u00eda acreditado la relaci\u00f3n jur\u00eddica que los un\u00eda con sus c\u00f3nyuges, no acreditaron \u00e9stos, debiendo haberlo hecho, su dependencia econ\u00f3mica respecto de aquellas, motivo por el cual deb\u00eda denegarse como lo hizo el sentenciador de primer grado, la condena por tal aspecto. La misma situaci\u00f3n debe predicarse respecto de los perjuicios materiales solicitados por los padres de Nubia Yaneth Rodr\u00edguez Franco, quienes tampoco acreditaron la dependencia econ\u00f3mica con relaci\u00f3n a ella. Tampoco hay lugar a condena por perjuicios materiales derivados de la muerte de los menores de edad que no ten\u00edan actividad productiva, ello conforme a jurisprudencia de la Corte. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a los perjuicios morales se\u00f1al\u00f3 que la muerte de una persona provoca un vivo y prolongado sufrimiento a sus parientes m\u00e1s allegados y su valoraci\u00f3n est\u00e1 sometida al arbitrio judicial, motivo por el cual entr\u00f3 a justipreciarlos en la forma arriba anotada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
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Cuatro cargos enfila el impugnante contra el fallo recurrido, los cuales ser\u00e1n despachados por la Corte en el siguiente orden: primeramente el cuarto que denuncia yerros de actividad del fallador; seguidamente los cargos primero y tercero que se decidir\u00e1n conjuntamente por las razones que oportunamente se indicaran. Por \u00faltimo se examinar\u00e1 el segundo cargo. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, se acusa en \u00e9l la sentencia recurrida de ser incongruente por haber proferido el juzgador un fallo \u201cm\u00ednima petita\u201d. <\/p>\n
Sostiene el impugnante que por mandato del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, am\u00e9n que el art\u00edculo 304 del mismo estatuto, al referirse al contenido de la sentencia expresa que \u00e9sta en su parte resolutiva deber\u00e1 contener decisi\u00f3n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Del examen del libelo incoativo del proceso y de su posterior reforma, a\u00f1ade, se establece plenamente que en la segunda pretensi\u00f3n se pidi\u00f3 condenar a la sociedad demandada al pago de la indemnizaci\u00f3n por los perjuicios materiales ocasionados a los demandantes, y as\u00ed mismo, en la tercera pretensi\u00f3n se solicit\u00f3 el pago de los intereses sobre las sumas indemnizatorias. En la parte motiva de su providencia estableci\u00f3 el juzgador el ad-quem que deb\u00eda reconocerse en favor de V\u00edctor Manuel Rodr\u00edguez la suma de $350.000.oo, junto con la correcci\u00f3n monetaria por concepto de los gastos f\u00fanebres de Nubia Janeth Rodr\u00edguez Franco, Yeimy Catherine Rodr\u00edguez Franco, Leidy Zoranyi Marroqu\u00edn Rodr\u00edguez y Andr\u00e9s Enrique Rodr\u00edguez Franco; \u201cpero al reformar la demanda\u201d (sic.) dej\u00f3 de incluir en la parte resolutiva la precitada condena, como tambi\u00e9n dej\u00f3 sin soluci\u00f3n alguna la tercera pretensi\u00f3n referida al pago de intereses, contrariando de ese modo lo prescrito en el art\u00edculo 1649 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
\u201cLa inconsonancia por error de actividad procesal surge as\u00ed con toda claridad, pues al cotejar lo pedido en la litis con lo resuelto en el fallo acusado, salta a la vista que \u00e9ste se profiri\u00f3 en defecto (incongruencia negativa), toda vez que si bien es cierto en la parte motiva se estim\u00f3 y orden\u00f3 reconocer el da\u00f1o emergente, lo cierto es que no se incluy\u00f3 en la parte resolutiva, donde tampoco hubo proveimiento sobre los intereses deprecados, con lo cual se concedi\u00f3 menos de lo probado: fallo citra petita\u201d. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1. Sin excluir cualquier otra finalidad que en \u00e9l pueda advertirse, d\u00e9bese admitir que por medio del proceso judicial lo que se busca es la resoluci\u00f3n de una controversia someti\u00e9ndola a un juicio de autoridad y cuya decisi\u00f3n apareja la actuaci\u00f3n del derecho sustantivo a los hechos que en la causa respectiva resulten definitivamente fijados. <\/p>\n
As\u00ed, pues, con el proceso se persigue la obtenci\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial que ponga fin al conflicto, declarando la voluntad del Estado con relaci\u00f3n a un caso concreto; y salvo los casos de terminaci\u00f3n anormal del proceso o cualquier otra vicisitud asimilable a estos, esa decisi\u00f3n se encuentra en la sentencia. Para asegurarse del cumplimiento de tan trascendental objetivo dispuso el legislador, en el art\u00edculo 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que \u00e9sta debe comprender \u201cuna s\u00edntesis de la demanda y su contestaci\u00f3n\u201d, la motivaci\u00f3n, que deber\u00e1 \u201climitarse al examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones…\u201d; y la parte resolutiva, que debe contener \u201cuna decisi\u00f3n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y dem\u00e1s asuntos que corresponda decidir…\u201d <\/p>\n
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Sin embargo, no obstante ser di\u00e1fana en la ley esa segmentaci\u00f3n de la sentencia, ella no puede verse de manera desarticulada, pues seg\u00fan lo ha puntualizado la Corte, la sentencia conforma una \u201cunidad de motivaci\u00f3n y resoluci\u00f3n, de manera que su fuerza tiene que buscarse en su integridad, de modo que en la motivaci\u00f3n est\u00e1 el sustento jur\u00eddico de la decisi\u00f3n y no por dejar de reproducir en esta lo que indiscutiblemente se expuso en aquella, puede decirse que se dej\u00f3 de proveer sobre un extremo de la litis…\u201d (Sentencias del 18 de marzo de 1988 y 12 de junio de 1992). <\/p>\n
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Esto es, que si bien no puede negarse que el vigor imperativo de la sentencia debe buscarse en el apartado dedicado a contener las resoluciones del juzgador, \u201cello no significa que, para analizar el alcance de la parte resolutiva, haya de tenerse en cuenta solamente la forma de esta, como un postulado aut\u00f3nomo, sino que su sentido y alcance han de entenderse en armon\u00eda con los fundamentos aducidos en la motivaci\u00f3n, en cuanto constituyan los supuestos necesarios o determinantes del pronunciamiento. Y es m\u00e1s: como el objetivo de la funci\u00f3n del juez en el proceso de conocimiento es el acto de decisi\u00f3n, en el que se concreta la voluntad de la ley, debe entenderse que ese acto decisorio se recoge, no solamente en el sector del fallo formalmente destinado a servir de sede de la sentencia, sino all\u00ed en dondequiera que por \u00e9sta se decida alg\u00fan punto de la controversia, con esa espec\u00edfica significativa y, por lo tanto, con destino a producir fuerza de cosa juzgada sustancial.\u201d (G.J. CXIII, p\u00e1g. 82). <\/p>\n
Es por esto que resulta atinado inferir que la parte resolutiva de una sentencia comprende \u201cno el pasaje del fallo colocado en determinado lugar, sino lo que ha sido objeto de la decisi\u00f3n judicial, cualquiera que sea la forma que revista y el puesto que ocupe en la sentencia. De ah\u00ed que la fuerza de la cosa juzgada abarque lo mismo lo que ha sido fallado expresamente como lo que se ha decidido impl\u00edcitamente. S\u00f3lo que esta decisi\u00f3n impl\u00edcita debe ser de tal naturaleza que ella necesariamente est\u00e1 comprendida por lo que fue objeto de resoluci\u00f3n expresa\u201d (G.J. XLIV P\u00e1g. 461). <\/p>\n
2. Lo anteriormente recapitulado tiene particular connotaci\u00f3n en el asunto de esta especie pues es patente que el Tribunal, no obstante que en la parte motiva de su sentencia precis\u00f3 que deb\u00eda modificarse el fallo apelado \u201cpara reconocer en favor del se\u00f1or VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, la suma de $350.000,00, pesos (sic.), m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria, por los gastos de entierro de ….\u201d, a pesar de esa elucidaci\u00f3n, se dec\u00eda, tal condena no se reprodujo en el ac\u00e1pite relativo a la parte resolutiva de la sentencia. Sin embargo, debe entenderse, a la luz de los rese\u00f1ados criterios, que dicha omisi\u00f3n no puede concebirse como ausencia de decisi\u00f3n sobre el punto, habida cuenta que con indisputable claridad el sentenciador hizo saber cual era, a su juicio, la voluntad concreta de la ley en ese punto del litigio, prescribiendo que la misma deb\u00eda condensarse en una condena de $350.000,00, junto con la correcci\u00f3n monetaria pertinente. <\/p>\n
En ese orden de ideas, no es posible calificar el fallo recurrido de inconconsante, toda vez que, reit\u00e9rase, muy a pesar que la decisi\u00f3n echada de menos por el recurrente se encuentra en la parte motiva de la sentencia, no por ello puede aseverarse que la misma no existi\u00f3 o que carece de vigor vinculante, pues es innegable que en ella se advierte una resoluci\u00f3n n\u00edtida e incontestable sobre ese aspecto del litigio, que re\u00fane todas las caracter\u00edsticas de una decisi\u00f3n judicial con fuerza obligatoria. <\/p>\n
3. Es evidente, en cambio, que el fallador dej\u00f3 de ocuparse de la pretensi\u00f3n relativa al pago de \u201clos intereses de la suma que se fije como indemnizaci\u00f3n desde la fecha del da\u00f1o hasta el momento real y efectivo del pago\u201d, incurriendo, por ende, en el fallo diminuto por el que se le acusa. Por consiguiente, la sentencia recurrida habr\u00e1 de casarse para adicionarla en tal sentido. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Tambi\u00e9n con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia impugnada de ser violatoria, en forma directa y por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil; equivocada inteligencia que condujo al juzgador a dejar de aplicar los art\u00edculos 1494, 1613, 1614, 2341 y 2356 del mismo C\u00f3digo. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea por la que se queja puntualiz\u00f3 el inconforme que el Tribunal, al desestimar la pretensi\u00f3n resarcitoria por lucro cesante en relaci\u00f3n con la muerte de Nubia Janeth Rodr\u00edguez Franco, con fundamento en que no se demostr\u00f3 la dependencia econ\u00f3mica de sus padres respecto de la v\u00edctima, dijo atenerse a la jurisprudencia asentada por la Corte Suprema de Justicia, pero lo hizo con un sentido distinto a la norma y al fin perseguido por la jurisprudencia rese\u00f1ada. <\/p>\n
Transcribe, a continuaci\u00f3n, el impugnante algunas decisiones, proferidas, tanto por esta Corporaci\u00f3n, como por el Consejo de Estado, para sostener que de ellas fluye que el Tribunal no estuvo acertado al interpretar el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, \u201cpues ciertamente la jurisprudencia nacional presume en los alimentarios el perjuicio material reclamado\u201d, motivo por el cual los padres de Nubia Janeth Rodr\u00edguez Franco est\u00e1n legitimados para pedir la indemnizaci\u00f3n por lucro cesante, en raz\u00f3n del perjuicio econ\u00f3mico sufrido por la muerte de la hija, quien les brindaba ayuda, quedando este punto suficientemente establecido con la demostraci\u00f3n del v\u00ednculo jur\u00eddico que la un\u00eda a ellos con la causante y con la capacidad de sostenimiento de ella, todo lo cual est\u00e1 ac\u00e1 probado, aunque, precisa, la discrepancia con el fallo recurrido no es de car\u00e1cter f\u00e1ctico, sino \u201cen el \u00e1mbito de la inteligencia de la norma (error in judicando), y no en cuanto a los presupuestos de hecho, ya que en este terreno hay total identidad con la decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Lo que se evidencia es el yerro hermen\u00e9utico del sentenciador en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, pues resulta claro que a esta norma se le dio un sentido y alcance que no tiene, lo que, a su vez, condujo a la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1494, 1613, 1614, 2341 y 2356 del C\u00f3digo Civil, porque cuando declar\u00f3 la responsabilidad civil \u201caquiliana\u201d, lo hizo en cuanto entendi\u00f3 que se reun\u00edan sus elementos estructurales, como son el da\u00f1o, la culpa y la relaci\u00f3n de causa a efecto entre ambos, debi\u00f3, igualmente, aplicar tales reglas legales, para as\u00ed dispensar la tutela jur\u00eddica incoada por los padres de Nubia Janeth Rodr\u00edguez Franco, haciendo imperativo el resarcimiento integral de los perjuicios sufridos por ellos a ra\u00edz del tr\u00e1gico deceso de su hija. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, se denuncia en \u00e9l la infracci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil y como \u201cviolaci\u00f3n medio\u201d la del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. La indebida aplicaci\u00f3n de aqu\u00e9l precepto se origin\u00f3, seg\u00fan el censor, en el error de derecho en que incurri\u00f3 el Tribunal al apreciar las pruebas, equivocaci\u00f3n que, a su vez, lo condujo a dejar de aplicar los art\u00edculos 1494, 1613, 1614, 2341 y 2356 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, se\u00f1al\u00f3 el recurrente que el Juzgador al confirmar la apelada neg\u00f3 la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios materiales reclamados por los padres de Nubia Janeth Rodr\u00edguez Franco, \u201cpor no haberse demostrado la dependencia econ\u00f3mica respecto de la v\u00edctima\u201d. No obstante, aunque el Juzgador dijo basar su providencia en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, hizo caso omiso de ella, pues seg\u00fan \u00e9sta corresponde a quien desconoce la legitimaci\u00f3n del demandante demostrar no s\u00f3lo el hecho del incumplimiento de los alimentos, sino tambi\u00e9n la extinci\u00f3n futura de dicho derecho o la imposibilidad absoluta de su satisfacci\u00f3n. <\/p>\n
Agrega el censor, no sin antes citar alguna sentencia de esta Corporaci\u00f3n, que el perjuicio econ\u00f3mico ocasionado a los padres de Nubia Janeth por la muerte de su hija que les brindaba apoyo queda demostrado \u201ccon el v\u00ednculo jur\u00eddico de la relaci\u00f3n familiar existente entre la causante y ellos\u201d, el cual est\u00e1 acreditado en el proceso y no fue echado de menos por el juzgador ad-quem, motivo por el cual sobre el punto no hay controversia con la sentencia impugnada. El error de derecho \u201cmanifiesto\u201d en que incurri\u00f3 el Tribunal surgi\u00f3 al apreciar el acervo probatorio, \u201ctoda vez que para la prueba de los perjuicios por lucro cesante exige la demostraci\u00f3n de la dependencia econ\u00f3mica, prueba \u00e9sta que legalmente no se requiere, en tanto que deja de apreciar la prueba que la ley considera suficiente, como es el caso de los registros civiles que acreditan el parentesco y defunci\u00f3n de la causante, lo mismo que la certificaci\u00f3n sobre la productividad de Nubia Janeth, con lo que se hace patente la violaci\u00f3n medio del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que ordena apreciar las pruebas en conjunto, y consecuentemente dicho quebranto conduce a la violaci\u00f3n indirecta del canon 411 del C\u00f3digo Civil por aplicaci\u00f3n indebida, en cuanto esta norma presume los perjuicios en los alimentarios, m\u00e1xime cuando el fallo acusado constituye su \u00fanico fundamento en la exigencia de la prueba de la dependencia de subsistencia\u201d. <\/p>\n
El aludido error de derecho condujo a la violaci\u00f3n, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 1494, 1613, 1614, 2341 y 2356 del C\u00f3digo Civil, preceptos estos que constituyen los fundamentos \u201caxiol\u00f3gicos\u201d de la responsabilidad civil extracontractual y cuya aplicaci\u00f3n se hace imperativa a fin de conceder el amparo jur\u00eddico solicitado por los padres de Nubia Janeth, \u201clo cual s\u00f3lo se logra mediante el resarcimiento integral de los perjuicios irrogados a los demandantes con el fallecimiento de su hija; esto es, la condena por da\u00f1o moral y material de los demandados, conforme lo ordenan los se\u00f1alados art\u00edculos, especialmente los art\u00edculos 2341 y 2356 que se violan indirectamente por falta de aplicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1. Como es patente en la sinopsis que de ambos cargos se hiciera, en ellos subyace como argumento medular que el Tribunal malinterpret\u00f3 el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, por no inferir de tal regla jur\u00eddica que la ley presume los perjuicios materiales sufridos por los padres, originados en la muerte de sus hijos, s\u00f3lo que dicha acusaci\u00f3n, que en el primer cargo es frontal, en el tercero, no obstante ser notorias las deficiencias de \u00edndole t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n del cargo, se encuentra encubierta detr\u00e1s de hipot\u00e9ticos yerros de apreciaci\u00f3n probatoria; empero, siendo innegable la se\u00f1alada coincidencia la Corte despachar\u00e1 conjuntamente tales imputaciones. <\/p>\n
2. No cabe duda alguna que en nuestro ordenamiento el da\u00f1o es uno de los elementos medulares de la responsabilidad civil, al punto que todo esfuerzo por establecerla se torna vano si no existi\u00f3 un perjuicio, o si \u00e9ste no se pudo probar o determinar; de ah\u00ed que deba concluirse sin titubeo alguno que no puede existir responsabilidad civil sin da\u00f1o; por supuesto que la obligaci\u00f3n de reparar un perjuicio no entra\u00f1a cosa distinta que la necesidad de trasladar a otro los efectos nocivos del detrimento sufrido por la v\u00edctima a ra\u00edz de un determinado acontecimiento, todo ello dentro de un contorno de equidad, equilibrio y solidaridad. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, no basta con alegar y demostrar cualquier menoscabo, pues el compromiso asumido por el actor es el de acreditar la existencia de un perjuicio cierto, o sea aqu\u00e9l que comporta la lesi\u00f3n de un inter\u00e9s real y verdaderamente existente, con tal grado de certidumbre que pueda establecerse que por raz\u00f3n del hecho de cuyo acontecimiento el demandante se duele, su situaci\u00f3n sufri\u00f3 un deterioro; circunstancia que, desde luego, excluye las simples conjeturas o el detrimento meramente hipot\u00e9tico o eventual. <\/p>\n
De modo que si se trata de reclamar el da\u00f1o material sufrido por la muerte de un hijo, no le es suficiente a los padres demostrar el v\u00ednculo de parentesco que los une con el fallecido, sino que, adem\u00e1s, deben acreditar que al momento de su deceso, su subsistencia depend\u00eda total o parcialmente de \u00e9l, puesto que de no ser as\u00ed, esto es, si no derivaban de \u00e9l su sustento o no recib\u00edan de \u00e9ste contribuci\u00f3n alguna para su manutenci\u00f3n, no puede decirse que su fallecimiento les hubiese ocasionado un detrimento patrimonial, desde luego que si ninguna ayuda econ\u00f3mica les brindaba el hijo, con su muerte nada dejan de percibir. Podr\u00eda replicarse que los padres perdieron la posibilidad de reclamar de su descendiente su asistencia, en caso de hacerse ella necesaria, mas se tratar\u00eda, en ese evento, de un da\u00f1o hipot\u00e9tico, ya que se fincar\u00eda en meras conjeturas como, por ejemplo, que los padres llegaren a verdaderamente necesitar alg\u00fan d\u00eda la ayuda econ\u00f3mica del hijo, o que \u00e9ste estuviese en posibilidad, para esa \u00e9poca, de conced\u00e9rsela. <\/p>\n
Por consiguiente, quien reclame la existencia de un perjuicio derivado de la p\u00e9rdida de un auxilio econ\u00f3mico debe acreditar que lo recib\u00eda, pues no existe precepto legal alguno que exonere, en la hip\u00f3tesis de que se ha venido hablando, a los padres de probar la existencia del da\u00f1o que reclaman, mucho menos el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, de cuyo contenido no se vislumbra, ni por asomo, una inferencia de ese talante. <\/p>\n
Mas, como arriba se ha puntualizado, dichas deducciones obedecen a razonamientos de \u00edndole probatoria del juzgador y que, en cuanto tales, tienen como punto de partida un hecho o una situaci\u00f3n debidamente probada en el proceso. En consecuencia, como no se trata de una presunci\u00f3n prevista en la ley, su omisi\u00f3n no apareja una violaci\u00f3n directa de \u00e9sta. <\/p>\n
Resulta palmario, entonces, que si a juicio del censor el Tribunal debi\u00f3 arribar a una inferencia de esa \u00edndole, su eventual omisi\u00f3n no puede denunciarse como una infracci\u00f3n directa de la ley, pues ya est\u00e1 visto que no existe norma alguna que consagra una presunci\u00f3n de ese linaje, sino que, por el contrario, debi\u00f3 denunciar el desconocimiento de las pruebas que en su entender eran demostrativas de los hechos que le habr\u00edan permitido al sentenciador alcanzar la anotada deducci\u00f3n. Por tal raz\u00f3n el cargo primero de la demanda no puede abrirse paso. <\/p>\n
3. Tampoco prospera el cargo tercero porque, si bien se anunci\u00f3 como la imputaci\u00f3n de la infracci\u00f3n indirecta de la ley, los argumentos que lo soportan son los mismos que estructuran el cargo que acaba de denegarse. Y aunque se advierte en \u00e9l que el recurrente denunci\u00f3 la violaci\u00f3n del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aduciendo que el sentenciador no valor\u00f3 las pruebas en conjunto, lo cierto es que se abstuvo de precisar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro denunciado, tarea que, como es sabido, \u201centra\u00f1a poner en evidencia que la labor valorativa del juez fue ajena al an\u00e1lisis de conjunto requerido por el precepto en comento, es decir, poniendo de manifiesto que la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba fue una tarea aislada en la cual no se buscaron sus conexidades y coincidencias\u201d (Casaci\u00f3n del 13 de octubre de 1995), nada de lo cual ocup\u00f3 la atenci\u00f3n del recurrente. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, es patente que los reproches no se abren paso. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Igualmente apuntalado en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa en \u00e9l la sentencia impugnada de ser directamente violatoria del art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por haberse dejado de aplicar dicho \u201cprecepto sustancial\u201d. <\/p>\n
Asever\u00f3 al respecto el censor que el aludido art\u00edculo 307, modificado por el Decreto 2282\/89, art\u00edculo 1\u00b0 numeral 137, en tono imperativo le ordena al superior extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia. En este caso el fallador ignor\u00f3 tal precepto en relaci\u00f3n con el mandato de indexar la condena por da\u00f1o moral relativa a las muertes de Nubia Janeth y Yeimy Catherine Rodr\u00edguez Franco, Leidy Marroqu\u00edn Rodr\u00edguez y Andr\u00e9s Enrique Rodr\u00edguez, pues aunque encontr\u00f3 fundado el \u201cpretium doloris\u201d en los demandantes y acogi\u00f3 esta pretensi\u00f3n, no actualiz\u00f3 la condena conforme lo ordena la precitada norma. <\/p>\n
<\/p>\n
El art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, a\u00f1ade, complementa el art\u00edculo 307 del estatuto adjetivo civil al disponer que \u201c\u2026 \u2018la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u2019\u201d. En consecuencia, al proferirse el fallo de segunda instancia en la forma indicada, se conculc\u00f3 directamente el citado art\u00edculo 307 y con ello se produjo al respecto una condena en cuant\u00eda inferior a la realmente debida por la demandada, dado que la jurisprudencia ha dicho que toda la obligaci\u00f3n que se soluciona mucho tiempo despu\u00e9s de su exigencia, debe llevar impl\u00edcita la correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
Para concluir acota que el reparo formulado es por el error jur\u00eddico cometido, luego se trata de \u201cuna controversia de puro derecho que no involucra confrontaci\u00f3n sobre conclusiones f\u00e1cticas del ad-quem, am\u00e9n de que no hay lugar a invocar otro concepto diferente de violaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1. Como es di\u00e1fano en la s\u00edntesis que del cargo se ha hecho, el impugnante se duele de la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, asumiendo para tal efecto que dicho precepto es de \u00edndole sustancial. <\/p>\n
Empero, es patente, que la Corte, cuando en pret\u00e9ritas ocasiones sostuvo que la norma en comento alcanzaba la citada calidad se atuvo a la estructura y funci\u00f3n que ella ten\u00eda antes de la reforma que le introdujo el Decreto 2282 de 1989, infiriendo el rango sustancial de la misma en que no se conformaba con se\u00f1alarle al juez un determi\u00adnado comportamiento al proferir la sentencia condenatoria, sino que, adem\u00e1s, consagraba en favor de los litigantes el derecho a que la condena fuese en concreto o en abstracto, dependiendo de que del acervo probatorio existente en el proceso permitieran o no conocer con precisi\u00f3n el monto o cuant\u00eda de la prestaci\u00f3n reconocida. <\/p>\n
Empero, como oportunamente puntualizara la Corte, \u201c…Con ocasi\u00f3n de la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989 al C. de P.C., el art\u00edculo 307 fue materia de una profunda y radical transformaci\u00f3n. Su expresi\u00f3n actual, en los apartes que interesan para el despacho del presente cargo, es la siguiente: \u2018La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otra cosa semejante, se har\u00e1 en la sentencia por cantidad y valor determinados. Cuando el juez considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretar\u00e1 de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin…. De la misma manera deber\u00e1 proceder el superior para hacer la condena en concreto omitida total o parcialmente por el inferior, o para extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instan\u00adcia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado. El incumplimiento de lo dispuesto en este art\u00edculo, constituye falta sancionable conforme al r\u00e9gimen disciplinario…\u2019. <\/p>\n
\u201cEs, pues, indisputable que la posibilidad jur\u00eddica de emitir una condena in-genere ha desaparecido. La norma es categ\u00f3rica cuando determina que la condena, por los aspectos antes citados, debe hacerse por cantidad y valor determinados. <\/p>\n
\u201cAhora bien, tampoco se puede negar, pues ello brota con toda nitidez de la innovaci\u00f3n legislativa, que la norma, en su nueva formulaci\u00f3n, contiene una pauta para el juez, como que le se\u00f1ala el camino a seguir a fin de que la condena, cuando haya lugar a proferirla, lo sea de manera concreta. Y si alguna duda pudiere subsistir en torno a la condici\u00f3n de regla de conducta para el juez que se le adscribe, ella se disipa observando que el inciso \u00faltimamente transcrito dice que el juez incurre en falta reprimible disciplinariamente cuando se abstiene de proceder seg\u00fan se le indica en la regla legal\u201d. <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante destac\u00f3 que sin con anterioridad a la reforma se sostuvo tal cosa, \u201choy ya no es posible por la sencilla raz\u00f3n consisten\u00adte en que el supuesto sobre el cual se levantaba el derecho deducido por la jurisprudencia ha desaparecido. Con mayor aproximaci\u00f3n, si antes se planteaba una alternativa entre que la condena pudiera ser en concreto o en abstracto, extremos de los que se hac\u00eda depender la condena cuando se juzgaba pertinente su proferimiento, hoy ya las cosas no pueden asumir ese cariz, como que la cantidad y el valor determinados, de los que habla el precepto, han dejado de ser aspectos postergables del derecho, para convertirse en elementos cuya definici\u00f3n tiene que marchar a la par con el de la presencia misma del concepto respectivo, o sea, para el caso, con la del perjuicio\u201d (Sentencia del 29 de noviembre de 1993). <\/p>\n
2. Resulta axiom\u00e1tico, en consecuencia, que habiendo fincado el censor la acusaci\u00f3n sobre la violaci\u00f3n del aludido art\u00edculo 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cargo deviene en defectuoso por no haberse dolido en \u00e9l del quebrantamiento de una norma de rango sustancial; desde luego que, como ha quedado dicho, la citada disposici\u00f3n legal carece actualmente de tal calidad, debi\u00e9ndose subrayar, por el contrario, como all\u00ed se hizo, su car\u00e1cter instrumental, esto es, de regla orientadora de la actividad procesal del juez, motivo por el cual su transgresi\u00f3n no puede alegarse por ninguna de las causales previstas por el legislador para denunciar errores de juicio del juzgador, como aqu\u00ed ha sucedido. <\/p>\n
Subsecuentemente, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Como quiera que prosper\u00f3 el cuarto cargo de la demanda de casaci\u00f3n, en el que el recurrente se quej\u00f3 porque el sentenciador se abstuvo de pronunciarse sobre los intereses reclamados y siendo que a ellos hay lugar por ser tal la ganancia que el demandante VICTOR MANUEL RODRIGUEZ dej\u00f3 de percibir por el dinero que dispuso para los funerales de sus parientes, se impone adicionar el fallo recurrido en tal aspecto. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Sin lugar a costas en el recurso de casaci\u00f3n <\/p>\n
C\u00f3piese y Notif\u00edquese <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDOTREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-038-2005 [7856] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: DR. PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1 Distrito Capital, veinticinco (25) de febrero de dos mil cinco (2005). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes MARIA […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82888","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82888","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82888"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82888\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}