SC-041-2005 [7300131100042001-00198-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de marzo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref: Exp. 73001-3110-004-2001-00198-01 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante JUAN JOS\u00c9 BARRAG\u00c1N CRUZ contra la sentencia de 5 de febrero de 2003, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad extramatrimonial adelantado frente a la menor PAULA ANDREA BARRAG\u00c1N MORENO, representada por su madre MARTHA BEATRIZ MORENO ROJAS. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante demanda presentada el 15 de marzo de 2001, Juan Jos\u00e9 Barrag\u00e1n Cruz convoc\u00f3 a la menor Paula Andrea Barrag\u00e1n Moreno, a trav\u00e9s de Martha Beatriz Moreno Rojas, para que se declarara que ella no es su hija extramatrimonial y, consecuencialmente, se comunicara lo pertinente al funcionario competente del registro civil. <\/p>\n
2. Como sustento de las s\u00faplicas se describieron los hechos que pasan a compendiarse. <\/p>\n
a. El actor conoci\u00f3 a Martha Beatriz en Ibagu\u00e9, y desde 1990, cuando \u00e9sta se traslad\u00f3 a Bogot\u00e1, \u00e9l la visitaba quincenal o mensualmente, a la vez que sosten\u00edan \u201crelaciones sexuales espor\u00e1dicas\u201d. <\/p>\n
b. Cuando el demandante se enter\u00f3 del embarazo de Martha Beatriz, y que el hijo esperado era suyo, colabor\u00f3 con ella y su familia para que se reinstalaran en Ibagu\u00e9. <\/p>\n
c. El 15 de febrero de 1991 naci\u00f3 Paula Andrea, y Juan Jos\u00e9 la reconoci\u00f3 como hija extramatrimonial. <\/p>\n
d. En diciembre de 2000, por v\u00eda telef\u00f3nica, alguien no identificado le manifest\u00f3 al actor \u201cque se encontraba manteniendo a la hija de otra persona, de un excompa\u00f1ero de estudios de la se\u00f1ora MARTHA BEATRIZ MORENO ROJAS por cuanto PAULA ANDREA no era su hija\u201d. <\/p>\n
e. Como producto de las indagaciones realizadas por el demandante, en febrero de 2001, con base en aseveraciones de Martha Beatriz, pudo corroborar que la menor no era su hija, por lo que suspendi\u00f3 la ayuda econ\u00f3mica que le brindaba e inici\u00f3 este pleito. <\/p>\n
3. Por conducto de mandatario judicial, la madre de la menor respondi\u00f3 la demanda, oponi\u00e9ndose a sus pretensiones; asimismo, admiti\u00f3 algunos hechos, neg\u00f3 otros y exigi\u00f3 la prueba de los restantes, al paso que formul\u00f3 infructuosamente la excepci\u00f3n previa de \u201ccaducidad de la acci\u00f3n\u201d, y la de m\u00e9rito de \u201cprescripci\u00f3n, por no accionar en t\u00e9rmino legal\u201d, fundada en los art\u00edculos 2512 y 2535 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Sobre esta \u00faltima anot\u00f3, entre otras cosas, que Juan Jos\u00e9 \u201ctuvo conocimiento de que la menor que hab\u00eda reconocido no era hija suya, desde hace muchos a\u00f1os, pero debido a la demanda de alimentos interpuesta … \u00e9ste procedi\u00f3 a iniciar la impugnaci\u00f3n con el fin de evadir su responsabilidad.\u201d <\/p>\n
4. El Juez Cuarto de Familia de Ibagu\u00e9 puso fin a la primera instancia, con fallo de 14 de mayo de 2002, donde accedi\u00f3 a las aspiraciones contenidas en el libelo, decisi\u00f3n que, al ser apelada por la demandada, result\u00f3 revocada por el Tribunal, que, en sentencia de 5 de febrero de 2003, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n y neg\u00f3 las pretensiones, acogiendo de este modo el concepto emitido por el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Tras rese\u00f1ar la actuaci\u00f3n procesal, el ad quem precis\u00f3 que la acci\u00f3n intentada es la de impugnaci\u00f3n del reconocimiento de hija extramatrimonial, prevista por el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 75 de 1968, en consonancia con los art\u00edculos 248 y 335 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Seguidamente reprodujo apartes de un precedente jurisprudencial, y afirm\u00f3 que estaba acreditada la primera causal del art\u00edculo 248 in fine, esto es, \u201cque el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante\u201d, como consecuencia del resultado de incompatibilidad y exclusi\u00f3n arrojado por la prueba gen\u00e9tica, evidencia esta sobre la que, agreg\u00f3, \u201c … no ha habido controversia alguna …\u201d. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n emprendi\u00f3 el estudio acerca de la oportunidad en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n, es decir, si ella fue adelantada \u201cdentro de los trescientos d\u00edas subsiguientes a la fecha en que el reconocedor tuvo inter\u00e9s actual y pudo hacer valer su derecho\u201d, como lo ordena el inciso final del mentado art\u00edculo 248. <\/p>\n
Relacion\u00f3 las probanzas recaudadas, espec\u00edficamente, el registro civil de la menor; la demanda de alimentos instaurada frente a Juan Jos\u00e9 Barrag\u00e1n Cruz; el oficio de 17 de febrero de 1992 dirigido por la Comisar\u00eda de Familia de Ibagu\u00e9 a la Defensor\u00eda correspondiente, por el cual remit\u00eda a esa dependencia a Martha Beatriz Moreno Rojas, quien estaba interesada en la \u201cimpugnaci\u00f3n al apellido de su hija … en raz\u00f3n a que el padre gen\u00e9tico en este momento desea darle su apellido\u201d y, adicionalmente, indicaba que \u201cseg\u00fan lo mencionaba dicha se\u00f1ora, el apellido BARRAG\u00c1N lo aport\u00f3 voluntariamente un amigo suyo\u201d; los testimonios de Luz Stella Garz\u00f3n Roa, Martha Cecilia Rojas de Moreno, Myriam Cristina y Lola Mar\u00eda Moreno Rojas, as\u00ed como el interrogatorio absuelto por el demandante. <\/p>\n
Entonces, a partir de la apreciaci\u00f3n de estas piezas de convicci\u00f3n, el fallador conform\u00f3 dos grupos, el primero integrado por el dicho de Luz Stella Garz\u00f3n Roa, y el segundo por las versiones de la madre y hermanas de Martha Beatriz Moreno Rojas, para concluir que \u201c…confrontadas las dos posiciones, y luego de analizar con detenimiento las pruebas,… el actor no prob\u00f3 suficientemente estar dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil para promover la presente acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de paternidad. En efecto, los hechos sexto y s\u00e9ptimo expuestos en la demanda, que se refieren al momento a partir del cual nac\u00eda para \u00e9l el inter\u00e9s a impugnar la paternidad de la ni\u00f1a PAULA ANDREA, carecen de soportes probatorios convincentes, pues el testimonio de LUZ STELLA GARZON ROA que aisladamente tuvo en cuenta la se\u00f1ora Juez Cuarto de Familia de la ciudad para despachar favorablemente las s\u00faplicas de la demanda, no tiene la solidez necesaria para acreditar el dicho del actor en el sentido de haber tenido conocimiento por primera vez el 18 de febrero de 2001 que PAULA ANDREA no era su hija. Al respecto obs\u00e9rvese que la declarante no precis\u00f3 el a\u00f1o, ni modalidades de tiempo ni lugar, cuando supuestamente le coment\u00f3 al demandante de la verdad que hab\u00eda prometido guardar a su amiga MARTHA BEATRIZ MORENO ROJAS acerca de la verdadera paternidad de la hija de \u00e9sta. \u2026 Con relaci\u00f3n a lo alegado en la contestaci\u00f3n de la demanda, referente a que el actor tuvo conocimiento de no ser el padre de la ni\u00f1a PAULA ANDREA reci\u00e9n la reconoci\u00f3, declararon la madre de MARTHA BEATRIZ MORENO ROJAS, se\u00f1ora MARTHA CECILIA ROJAS DE MORENO, y sus hermanas MYRIAM CRISTINA \u2026 y LOLA MAR\u00cdA MORENO ROJAS, quienes coincidieron en afirmar que JUAN JOS\u00c9 BARRAG\u00c1N CRUZ sab\u00eda de anta\u00f1o que no era el padre biol\u00f3gico de la ni\u00f1a PAULA ANDREA … ya que de esta realidad se enter\u00f3 meses despu\u00e9s de haberla reconocido como su hija y sin embargo la sigui\u00f3 tratando como tal. Estas declaraciones, aunque provienen de familiares de MARTHA BEATRIZ y de la propia ni\u00f1a PAULA ANDREA, las acoge la Sala dada su espontaneidad y claridad. Sobre el particular recu\u00e9rdese que si bien los parientes y las personas allegadas a una de las partes pueden tener inclinaci\u00f3n a favorecerla con su testimonio, no por eso deben rechazarse en estos procesos en donde se debate el estado civil, donde los hechos determinantes apenas si son conocidos por las personas vinculadas estrechamente a la familia, convirti\u00e9ndose pr\u00e1cticamente en testigos exclusivos de importancia incuestionable\u201d. <\/p>\n
Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que la copia del oficio de 17 de febrero de 1992, aportada en tiempo por la demandada, \u201cafianza m\u00e1s las declaraciones de las familiares de MARTHA BEATRIZ MORENO ROJAS, pues todo hace indicar que \u00e9sta hizo p\u00fablico ante la Comisar\u00eda Permanente de Familia de Ibagu\u00e9 … su deseo de adelantar las diligencias encaminadas a impugnar el reconocimiento voluntario efectuado por JUAN JOSE BARRAGAN CRUZ respecto de su hija PAULA ANDREA, \u2018en raz\u00f3n a que el padre gen\u00e9tico en este momento desea darle su apellido\u2019\u201d. <\/p>\n
III. EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En el \u00fanico cargo formulado frente a la resoluci\u00f3n del Tribunal, se denuncia la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 9\u00b0 de la ley 45 de 1936, 5\u00b0 de la ley 75 de 1968, 248 y 335 del C\u00f3digo Civil, y 251 a 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, \u201ccomo consecuencia de los manifiestos y graves errores de hecho\u201d en la apreciaci\u00f3n de las declaraciones de Luz Stella Garz\u00f3n Roa, Martha Cecilia Rojas de Moreno, Myriam Cristina y Lola Mar\u00eda Moreno Rojas, al igual que del interrogatorio al recurrente y del oficio expedido por la Comisar\u00eda de Familia de Ibagu\u00e9 el 17 de febrero de 1992. <\/p>\n
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Primeramente el impugnador critica la tergiversaci\u00f3n de la exposici\u00f3n de Luz Stella Garz\u00f3n Roa, a la que se dio un valor exiguo, cuando la deponente \u201cde manera fehaciente, espont\u00e1nea y sincera, manifiesta en forma clara y precisa, no solamente la indagaci\u00f3n que le hiciera Juan Jos\u00e9 Barrag\u00e1n sobre la verdadera paternidad de su menor hija Paula Andrea; sino que tambi\u00e9n, de contera y por la \u00edntima relaci\u00f3n de amistad, que la denotaba como a su confidente con la madre de la menor, de la circunstancia c\u00f3mo ella le inform\u00f3 que sab\u00eda, a ciencia cierta, que Juan Jos\u00e9 Barrag\u00e1n no era el padre de la menor, e inform\u00e1ndole sobre el conocimiento de quien era el verdadero padre \u2026\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n agrega que \u201cla falta de an\u00e1lisis cr\u00edtico de este testimonio por parte del juzgador, fue lo que lo llev\u00f3 a desvirtuar a la testigo, casi que a desecharla, para desconocerla y llegar a la conclusi\u00f3n, errada por cierto, que la misma no era precisa sobre el a\u00f1o, ni modo, ni tiempo, ni lugar de su dicho, y as\u00ed llegar a declarar la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n \u2026\u201d, y, posteriormente, acota que se pretiri\u00f3 esta probanza, en la que de manera vehemente, sincera y sin \u00e1nimo proclive hacia las partes, se hab\u00eda expresado que \u201cfue en su casa, que fue un domingo, por la ma\u00f1ana, que ella sal\u00eda con la ni\u00f1a y su esposo, para que hablaran, en el a\u00f1o 2001 (se colige, por la fecha de la declaraci\u00f3n), en que le dijo que si, pues Paola no es hija suya, pero que ya qu\u00e9 se iba a hacer\u201d. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, censura la indebida ponderaci\u00f3n de los testimonios de la abuela y t\u00edas maternas de Paula Andrea, por asignarles un peso demostrativo que no tienen, versiones que califica de vagas, infundadas, imprecisas y contradictorias, entre otras, en cuanto hace a la forma y momento en que el actor fue informado del hecho de no ser el padre de su demandada. En el punto, sostiene que \u201cel Tribunal al no someter a la criba del cedazo los testigos, para decantar y encontrar la verdad, es por lo que considero, que hizo caso omiso a la cr\u00edtica del testimonio y no les dio la verdadera dimensi\u00f3n de lo que fueron sus dichos ya que el testigo sospechoso hay que recibirlo con reserva y no en plena raz\u00f3n como lo hizo …\u201d. <\/p>\n
Prosigue el acusador con la denuncia en torno al desconocimiento del interrogatorio de parte que \u00e9l respondi\u00f3, que en lo atinente a la \u201cfecha exacta c\u00f3mo lleg\u00f3 a su informaci\u00f3n la circunstancia de no ser el padre biol\u00f3gico de su menor hija\u201d, fue responsivo, vertical, conciso y concordante, por lo que achaca al Tribunal un error \u201cal desde\u00f1ar esta prueba, por mala interpretaci\u00f3n\u201d. Tambi\u00e9n puntualiza que \u201cno hay que dejar de soslayo, que Juan Jos\u00e9 jam\u00e1s dud\u00f3 que fuera su hija biol\u00f3gica, pues los dem\u00e1s argumentos son gratuitos, balad\u00edes, inanes, me refiero a los de la familia de la menor, pues a\u00fan estando en el exterior prove\u00eda por el sustento de su hija, cosa que dej\u00f3 de hacer una vez apercibido del conocimiento cierto de su verdadera relaci\u00f3n con su hija, que le cort\u00f3 los alimentos en forma abrupta. Aqu\u00ed es bueno resaltar que no es cierto lo dicho al contestar la demanda y excepciones la actora, en el sentido de que la impugnaci\u00f3n fue una retaliaci\u00f3n por la demanda de alimentos, cuando lo que ocurri\u00f3 fue todo lo contrario. \u2026 Primero fue la impugnaci\u00f3n (15 de marzo de 2001) y posteriormente s\u00ed fue la de alimentos (23 de marzo de 2001) \u2026 Entonces, al perderse la ilaci\u00f3n o coherencia del silogismo jur\u00eddico, el yerro fue protuberante al no haberle dado ning\u00fan valor a esta prueba. Pues de haberla acogido, como era lo debido, se lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n errada del juicio, siendo que la apodicticia (sic) del proceso, era que el actor s\u00ed prob\u00f3 estar dentro del tiempo para impugnar la paternidad conforme a las pruebas aportadas\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, enfoca el ataque hacia la evaluaci\u00f3n del oficio de 17 de febrero de 1992, para aseverar que no es un documento p\u00fablico ni privado, y, respecto de \u00e9l, atribuir al sentenciador la comisi\u00f3n de un \u201cerror de derecho\u201d, por violaci\u00f3n de los art\u00edculos 251 a 253 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues se trataba de una copia simple, sin autenticar, que no pod\u00eda ser apreciada. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. El lugar de partida de este an\u00e1lisis est\u00e1 en la confesi\u00f3n de la paternidad que, en las condiciones previstas por el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 75 de 1968, apareja el reconocimiento voluntario de un hijo, actitud esta con la cual, en principio, quien la hace, acepta la existencia y ejecuci\u00f3n de actos propios encaminados a la procreaci\u00f3n del afectado con tal decisi\u00f3n, y no conlleva simplemente el establecimiento de un estado civil en su favor, lo que explica cabalmente que, admitida la paternidad, esa determinaci\u00f3n se vuelva irrevocable para su autor, impidi\u00e9ndose as\u00ed que por la misma v\u00eda se pueda, motu proprio, despojar al reconocido de su estado civil, dado que este tema, \u00edntimamente vinculado a la personalidad jur\u00eddica, ha de ser regulado privativamente por la ley, como categ\u00f3ricamente lo dispone el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 1260 de 1970, refrendado por el mandato del inciso final del art\u00edculo 42 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Empero, el hecho de que est\u00e9 tajantemente vedado a los particulares el despliegue de cualquier acto tendiente a disponer sobre el estado civil, como si se tratara de una retractaci\u00f3n, no significa que la irrevocabilidad haya de ser entendida como una inimpugnabilidad del reconocimiento, pues \u00e9ste puede ser atacado siempre que el interesado cumpla con los rigurosos requisitos contemplados por la misma ley, que, para estos prop\u00f3sitos, exige que el impugnador haga desaparecer los efectos de la confesi\u00f3n que condujo al reconocimiento, con la plena demostraci\u00f3n de que el reconocido no ha podido tener por padre a quien figura como tal, hip\u00f3tesis aludida por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, al que, a su turno, remite el art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 75 de 1968. <\/p>\n
Este \u00faltimo precepto ense\u00f1a que \u201cel reconocimiento solo podr\u00e1 ser impugnado por las personas, en los t\u00e9rminos y por las causas indicadas en los art\u00edculos 248 y 335 del C\u00f3digo Civil\u201d, y, por su parte, el mencionado art\u00edculo 248 reza que \u201cen los dem\u00e1s casos podr\u00e1 impugnarse la legitimaci\u00f3n, probando … 1. Que el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante\u201d, as\u00ed como que \u201cno ser\u00e1n o\u00eddos contra la legitimaci\u00f3n sino los que prueben un inter\u00e9s actual en ello, y los ascendientes leg\u00edtimos del padre o madre legitimantes; \u00e9stos en sesenta d\u00edas, contados desde que tuvieron conocimiento de la legitimaci\u00f3n; aquellos en los trescientos d\u00edas subsiguientes a la fecha en que tuvieron inter\u00e9s actual y pudieron hacer valer su derecho\u201d, plazo este \u00faltimo que la sentencia de constitucionalidad C – 310 de 2004 igual\u00f3 al precedente – sesenta d\u00edas – . <\/p>\n
2. En lo que toca con la caducidad a que se encuentra sujeta la facultad para impugnar el reconocimiento, ha de verse, siguiendo la doctrina jurisprudencial, que ella \u201centra\u00f1a el concepto de plazo extintivo perentorio e improrrogable que impide el ejercicio de un derecho cuando la inactividad de la parte ha permitido que transcurra el t\u00e9rmino previsto por la ley para activarlo, y esto refleja que su presencia viene a pender en forma exclusiva del hecho objetivo de su falta de ejercicio dentro del tiempo preestablecido, sin atender razones de \u00edndole subjetiva o que provengan en forma \u00fanica de la voluntad o capricho del interesado. Su efecto es autom\u00e1tico en la medida que no depende ni de la actividad del juez ni de las partes, pues la regla est\u00e1 delimitada de antemano, conoci\u00e9ndose su principio y su fin. Es la ley la que fija sus extremos sin que est\u00e9 dentro de la capacidad de los afectados alterar su contenido\u201d (sentencia de 11 de abril de 2003, exp. 6657, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
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Asimismo, recientemente esta Corporaci\u00f3n ha puesto de \u201crelieve que hist\u00f3ricamente el legislador ha regulado el tema del estado civil y de la familia con precisi\u00f3n y cuidado sumos a fin de proteger la propia intimidad que rodea su constituci\u00f3n y de atender a las realidades que en punto de los hijos genera su entorno y su propio desarrollo, tanto como para no haber permitido, a trav\u00e9s de las \u00e9pocas, que cualquier persona puede acudir a los estrados judiciales para cuestionar una paternidad o maternidad propiciada en ese \u00e1mbito. Incluso ha establecido prohibiciones espec\u00edficas para que, consumados ciertos hechos o vencidos determinados plazos, la situaci\u00f3n jur\u00eddica se torne inexpugnable, y por consiguiente definitiva; rigor que en general antes que disminuir se ha reafirmado en los \u00faltimos tiempos, de lo cual es elocuente ejemplo, la sentencia del orden constitucional (C-310-2004) mediante la cual se declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u201ctrescientos d\u00edas\u201d que aparec\u00eda en el art\u00edculo 248, inciso 2\u00b0, numeral 2\u00b0, relativa al t\u00e9rmino de caducidad otorgado a personas distintas a los ascendientes para impugnar la legitimaci\u00f3n de los hijos extramatrimoniales, el cual qued\u00f3 reducido tambi\u00e9n a los sesenta d\u00edas fijados para las otras personas autorizadas legalmente para hacerlo. … Empero, siempre ha preferido el legislador aceptar los hechos por los cuales se producen situaciones jur\u00eddicas que surgen de la vivencia de las relaciones intrafamiliares, en lugar de dejar un determinado estado civil en entredicho o sujeto a una incertidumbre permanente, motivo por el cual ha impedido, en l\u00ednea de principio, que cualquier persona llegue a cuestionar un estado civil que viene consolidado de atr\u00e1s, ni que pueda intentarlo cuando se le ocurra y en todo tiempo, por muy altruista que parezca o pueda ser el motivo aducido para desvirtuar una situaci\u00f3n familiar en cuya construcci\u00f3n afectivamente se han afirmado lazos s\u00f3lidos y definitivos\u201d (sentencia de 9 de noviembre de 2004, exp. 00115-01, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
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3. Ahora bien, descendiendo al presente asunto, se advierte que el t\u00e9rmino de caducidad relativo al ejercicio por Juan Jos\u00e9 Barrag\u00e1n Cruz de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n del reconocimiento que hizo de Paula Andrea era, en la \u00e9poca en que ocurrieron los hechos, de trescientos d\u00edas siguientes a la fecha en que surgi\u00f3 un inter\u00e9s actual y pudo hacer valer su derecho. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n del momento en que el recurrente adquiri\u00f3 la convicci\u00f3n de que la menor no era su hija es el aspecto que ha generado su inconformidad, toda vez que, como lo expuso en la demanda y proclam\u00f3 durante el litigio, tal conocimiento lo obtuvo solamente el 18 de febrero de 2001, cuando, por un lado, la madre de la menor y, por otro, Luz Stella Garz\u00f3n Roa, amiga \u00edntima de ella y de la familia de \u00e9sta, le confirmaron el hecho. En direcci\u00f3n diversa, el Tribunal consider\u00f3 que el enteramiento de esa circunstancia se produjo \u201cmeses despu\u00e9s de haberla reconocido como su hija\u201d, aserto que dedujo de las declaraciones rendidas por Martha Cecilia Rojas de Moreno, Myriam Cristina y Lola Mar\u00eda Moreno Rojas, en su orden, abuela y t\u00edas maternas de la menor, que acogi\u00f3, a pesar de provenir de familiares de la demandada, \u201cdada su espontaneidad y claridad\u201d, y en cuyo refuerzo encontr\u00f3 el oficio de 17 de febrero de 1992, originado por la Comisar\u00eda de Familia de Ibagu\u00e9, resumido enantes (C. 1, fl. 9), raciocinio este que, de paso, llev\u00f3 al juzgador a descartar la versi\u00f3n de Luz Stella Garz\u00f3n Roa, dado que \u201cno tiene la solidez necesaria para acreditar el dicho del actor\u201d, por cuanto \u201cla declarante no precis\u00f3 el a\u00f1o, ni modalidades de tiempo ni lugar, cuando supuestamente le coment\u00f3 al demandante de la verdad que hab\u00eda prometido guardar a su amiga MARTHA BEATRIZ MORENO ROJAS acerca de la verdadera paternidad de la hija de \u00e9sta\u201d. <\/p>\n
4. Para los fines del recurso extraordinario, el censor combate la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica del ad quem, y acusa la sentencia de violar indirectamente m\u00faltiples normas de derecho material, por raz\u00f3n de los errores de hecho y derecho en que habr\u00eda incurrido al ponderar las pruebas, en los t\u00e9rminos compendiados con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
De cara a los reproches que se formulan sobre la base de un supuesto error de hecho, no est\u00e1 de m\u00e1s recordar que semejante yerro debe aflorar en forma protuberante, es decir, ha de ser tan n\u00edtido y contundente que ninguno pueda ignorarlo, o lo que es lo mismo, el atropello a la l\u00f3gica o raz\u00f3n debe ser de una entidad may\u00fascula, que implique, definitivamente, que a nadie le sea posible sustraerse a tal desatino; desde luego, esto habr\u00e1 de acompa\u00f1arse de la influencia decisoria del error, caracter\u00edstica que no quiere decir cosa distinta que, de no haberse cometido, otro habr\u00eda sido inexorablemente el sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, si se examinan en conjunto las pruebas, como lo pregona el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, puede extraerse razonablemente de las declaraciones de Martha Cecilia Rojas de Moreno, Myriam Cristina y Lola Mar\u00eda Moreno Rojas, que el conocimiento efectivo del demandante acerca de no ser el padre del hijo que esperaba Martha Beatriz se remontaba a la \u00e9poca misma del embarazo, cuesti\u00f3n que resultar\u00eda corroborada por diferentes episodios, como un altercado familiar acaecido cuando la ni\u00f1a ten\u00eda m\u00e1s o menos diez meses de edad, del que se desprend\u00eda que Juan Jos\u00e9 era consciente de la situaci\u00f3n, as\u00ed como por las conversaciones que \u00e9ste sosten\u00eda con Myriam Cristina, en las que le ped\u00eda que lo \u201cayudara para que mi hermana [se refiere a Martha Beatriz] volviera con \u00e9l, que \u00e9l iba a cuidar la ni\u00f1a, que la iba a criar como si fuera propia, que \u00e9l siempre utiliz\u00f3 la ni\u00f1a para llegar a mi hermana\u201d (C. 2, fls. 17 – 20 vto). <\/p>\n
Por tanto, el hecho de que el Tribunal haya dejado de lado el testimonio de Luz Stella Garz\u00f3n Roa, enderezado a demostrar que la realidad s\u00f3lo fue revelada a Juan Jos\u00e9 hasta el 18 de febrero de 2001 (C. 2, fls. 12 – 13), no viene necesariamente a configurar el yerro f\u00e1ctico que se le endilga al sentenciador, o por lo menos ninguno de los perfiles que la ley exige para que sea relevante en casaci\u00f3n, pues, en todo caso, las piezas que fueron apreciadas como fundamento de la decisi\u00f3n fustigada, aunque pudieran no estar totalmente exentas de cr\u00edticas, muestran sensata y l\u00f3gicamente que el actor estaba al corriente de los acontecimientos, de manera que para el 15 de marzo de 2001, cuando radic\u00f3 la demanda, hab\u00eda transcurrido ampliamente el t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n previsto por el inciso final del art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Dicho con otras palabras: claramente se ve que el fallador no hizo m\u00e1s que inclinarse por uno de los escenarios probatorios que se le presentaban – y as\u00ed lo dijo – , sin que ello hubiera significado el desconocimiento de la otra opci\u00f3n con que contaba, decisi\u00f3n esta que, por s\u00ed misma, no resulta cuestionable, sino que, por el contrario, aparece como una natural proyecci\u00f3n del ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional. En esta materia se ha precisado que si el juzgador toma en consideraci\u00f3n una o unas determinadas pruebas, ello obedece a la \u201c … labor cr\u00edtica propia que integra el trabajo de discernimiento mediante el cual puede, en definitiva, colegir el acogimiento de aquellas que le ofrecen mayor convicci\u00f3n y credibilidad y deso\u00edr las que se les oponen, discurrir dial\u00e9ctico que no es constitutivo de yerro de facto, salvo en cuanto la conclusi\u00f3n a que arribe se ofrezca arbitraria, absurda o ri\u00f1a abiertamente con la l\u00f3gica\u201d (sentencia de 28 de marzo de 2003, exp. 6709, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no obstante que lo anterior bastar\u00eda para concluir que respecto de las pruebas testimoniales no se cometi\u00f3 el error denunciado, llama la atenci\u00f3n de la Corte el hecho de que la censura, entre sus diversas quejas, haya manifestado reservas sobre las declaraciones de los parientes de Martha Beatriz Moreno Rojas, justamente por tener tal calidad, cuando extra\u00f1amente dicho v\u00ednculo no le despert\u00f3 preocupaci\u00f3n en las instancias. Sin embargo, pese al silencio que guard\u00f3 el demandante, lo \u00fanico cierto es que, como qued\u00f3 visto en la rese\u00f1a de la sentencia atacada, tal circunstancia – el parentesco – no pas\u00f3 inadvertida para el Tribunal, pues la tuvo presente, s\u00f3lo que estim\u00f3 que ella no supon\u00eda forzosamente la descalificaci\u00f3n de lo dicho por los deponentes. Adicionalmente, ha de decirse que no bastaba afirmar simplemente que los testigos eran sospechosos, sino que era menester demostrar cabalmente la manera como se hab\u00eda afectado la imparcialidad o credibilidad de su dicho. <\/p>\n
Este criterio de ponderaci\u00f3n, por lo dem\u00e1s, compasa con el indicado por la jurisprudencia en asuntos similares, pues sobre el tema ha se\u00f1alado que \u201cel recelo o la severidad con que el fallador debe examinar estos testimonios, no lo habilita para desconocer, a priori, su valor intr\u00ednseco, debido a que \u2018la sospecha no descalifica de antemano \u2013pues ahora se escucha al sospechoso-, sino que simplemente se mira con cierta aprensi\u00f3n a la hora de auscultar qu\u00e9 tanto cr\u00e9dito merece\u2019 (sent. de septiembre 19 de 2001, exp. 6624)\u201d (sentencia de 29 de abril de 2002, exp. 6807, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
5. S\u00edguese que al mantenerse en pie el principal pilar f\u00e1ctico de la sentencia del ad quem, no otro que las comentadas exposiciones, ninguna trascendencia tendr\u00edan los dem\u00e1s yerros que se le imputan, pues la conclusi\u00f3n sobre el momento en que el actor tuvo certeza de no ser el padre de la demandada no se afectar\u00eda en el evento en que se excluyera el argumento meramente confirmatorio que el Tribunal invoc\u00f3 con apoyo en el documento militante a folio 9 del cuaderno principal, como tampoco podr\u00eda verse alterada sobre la base del interrogatorio de parte que el mismo absolvi\u00f3, toda vez que \u201ccomo lo ense\u00f1an elementales nociones de derecho probatorio, jam\u00e1s las expresiones notoriamente interesadas de la misma parte pueden favorecerla, pues, en esencia, este medio de prueba \u00fanicamente ha de ponderarse por el fallador en cuanto contenga una verdadera confesi\u00f3n, o sea, s\u00f3lo cuando aparezcan manifestaciones que lleguen a producir consecuencias desfavorables a quien las hace, – contra se -, de la manera pregonada por el art\u00edculo 195 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d (sentencia de 28 de marzo de 2003, exp. 6709, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
6. En todo caso, aunque podr\u00eda obviarse, no puede la Corte dejar de se\u00f1alar que el reparo esgrimido frente al oficio de 17 de febrero de 1992 emanado de la Comisar\u00eda de Familia de Ibagu\u00e9 (C. 1, fl. 9), consistente en que \u201ces una copia simple, que no reviste la calidad de documento p\u00fablico, y que no ha sido autenticado, como ha debido serlo para haber sufrido la ritualidad de ser refutado; como tampoco es documento privado porque no proviene del actor en el proceso, por no estar autorizado por el mismo, ni tampoco aparece la firma impresa de dicho sujeto … \u201d, de donde el acusador colige la comisi\u00f3n de un \u201cerror de derecho por apreciaci\u00f3n err\u00f3nea\u201d (C. Corte, fls. 11, 15, 16 y 17), emerge como un tema novedoso y sorpresivo en casaci\u00f3n, pues no se aludi\u00f3 a \u00e9l con anticipaci\u00f3n, por lo que no puede sacarse a relucir a estas alturas, de modo m\u00e1s que extempor\u00e1neo. <\/p>\n
Ciertamente, nada dijo el censor cuando el documento cuestionado se aport\u00f3 junto con el escrito de formulaci\u00f3n de la excepci\u00f3n previa (C. 2, fls. 1 – 3), as\u00ed como tambi\u00e9n call\u00f3 de cara a los autos de 14 de junio de 2001 y 30 de enero de 2002, por los cuales el juez del conocimiento decidi\u00f3 tener tal elemento como prueba (C. 1, fls. 21 y 22; C. 2, fls. 7 y 8), actitud pasiva esta que, adem\u00e1s, observ\u00f3 en las restantes ocasiones que tuvo a disposici\u00f3n, en las que, como se dijo, no expuso ninguna objeci\u00f3n formal acerca del medio. <\/p>\n
En el punto, insistentemente se ha precisado que \u201ctoda alegaci\u00f3n conducente a demostrar que el sentenciador de segundo grado incurri\u00f3 en err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de alguna prueba por razones de hecho o de derecho que no fueron planteadas ni discutidas en las instancias, constituye medio nuevo, no invocable en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.\u201d (G.J. t. CXXXIX, pag. 84). <\/p>\n
7. Por ende, el cargo no tiene \u00e9xito. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de las consideraciones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida en este asunto el 5 de febrero de 2002 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n son de cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en su momento devu\u00e9lvase el expediente el Tribunal de origen. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-041-2005 [7300131100042001-00198-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de marzo de dos mil cinco (2005). Ref: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82891","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82891"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82891\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}