SC-043-2005 [3422]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de marzo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 3422 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la heredera Nery Segura de Maio contra la sentencia de 18 de febrero de 2000, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso de sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Edisson Segura P\u00e9rez, en el que act\u00faan como otros herederos reconocidos Flor Mar\u00eda Segura de Echeverri, quien como la recurrente es hermana del causante, y Augusto Guillermo, Jos\u00e9 Rafael, Martha Berenice y Aura Gloria Judith Segura Barrera, al igual que Amelia Segura de S\u00e1enz, Carmen Leonor Segura de P\u00e9rez, Georgina y Diana Sof\u00eda Segura Arango, todos estos en representaci\u00f3n de Magno Alfonso Segura P\u00e9rez hermano del causante. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Se trata de la objeci\u00f3n al trabajo de partici\u00f3n que en la sucesi\u00f3n del referido causante present\u00f3 la ahora recurrente a folio 337 del cuaderno principal, la cual se neg\u00f3 en primera instancia mediante sentencia que habiendo sido apelada fue confirmada por el tribunal. <\/p>\n
2. La objeci\u00f3n se hizo consistir en que el partidor no solicit\u00f3 instrucciones a los herederos para efectuar el trabajo; no hizo divisi\u00f3n material de los bienes adjudicados; asign\u00f3 a la objetante una cuota irrisoria; adjudic\u00f3 en exceso la cuota a los herederos por representaci\u00f3n de Magno Alfonso Segura; incluy\u00f3 en ella unas mejoras que no pod\u00edan ser reconocidas; y no subast\u00f3 los bienes no susceptibles de partici\u00f3n para distribuir el producto. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Los criterios centrales y el an\u00e1lisis determinante de la sentencia dictada por el tribunal, admiten la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
a) Estando en firme los inventarios y aval\u00faos en el proceso sucesorio debe procederse por el partidor a elaborar el correspondiente trabajo, sin que se admitan disquisiciones distintas sobre aspectos que debieron dilucidarse previamente; as\u00ed, el inventario debidamente aprobado es la base real que debe tenerse presente en la elaboraci\u00f3n de la partici\u00f3n. De all\u00ed que esta etapa \u201cno es la oportunidad para discutir sobre el valor dado a los bienes inventariados\u201d y, por ende, el partidor debe atenerse a los asignados en los inventarios en firme. <\/p>\n
b) Seg\u00fan el tribunal, respecto del contrato de arrendamiento y en relaci\u00f3n con el trabajo partitivo aprobado en la primera instancia, \u201cse conoce que las hijuelas no contienen adjudicaci\u00f3n alguna por este concepto, lo que indica que en ning\u00fan momento se reconoci\u00f3 valor alguno por mejoras en esta sucesi\u00f3n al heredero Augusto Guillermo Segura\u2026\u201d, todo para concluir que no se hac\u00eda preciso para el a quo efectuar un an\u00e1lisis del referido contrato. <\/p>\n
c) En lo que toca con el valor del usufructo que ha tenido Guillermo Segura sobre los predios Casa Blanca y La Albania, indica que el mismo no fue tema de objeci\u00f3n, ni lo fue del inventario; por tanto, no puede ser materia de partici\u00f3n. <\/p>\n
d) Por consiguiente, la partici\u00f3n y su sentencia aprobatoria \u201cest\u00e1n ajustadas a derecho porque sigui\u00f3 los lineamientos indicados en los art\u00edculos 610 del C. de P. Civil y 1394 del C. Civil al adjudicar los bienes en com\u00fan y proindiviso, de la misma especie y naturaleza, en igualdad y distribuy\u00e9ndolos equitativamente a cada heredero\u2026\u201d, \u201c\u2026luego, la sentencia no adolece de contradicci\u00f3n o aplicaci\u00f3n indebida de normas sino que por el contrario, est\u00e1 conforme a derecho y se comparte en su integridad por esta Corporaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cargo \u00danico: <\/p>\n
1. Por la v\u00eda indirecta, por causa de errores de hecho, se acusa la sentencia de quebrantar los art\u00edculos 1394, ordinales 5, 6, 7 y 8, 1398, inc. 2\u00b0 del 1405, 1947 y 1948 del C\u00f3digo Civil, y como violaci\u00f3n medio los art\u00edculos 610 inc. 1\u00b0 y 611 modificados por el Decreto 2282 de 1989; 1\u00b0 num. 327, inc. 5\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y los art\u00edculos 1, 2, 4, 13, 58, 83, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Los errores de hecho que se denuncian son los siguientes: <\/p>\n
a) No haber apreciado que dentro del trabajo de partici\u00f3n el <\/p>\n
valor asignado en la hijuela 3 a los herederos en representaci\u00f3n de Magno Alfonso Segura P\u00e9rez al efectuarse por una suma de $13.611.276 se realiz\u00f3 de manera igual a las hijuelas 1 y 2, pero estas \u00faltimas apenas por la suma de $4.952.977.50 cada una. <\/p>\n
b) Tener por demostrado, sin estarlo, que el partidor al efectuar el trabajo a \u00e9l encomendado separ\u00f3 del inmueble de la calle 20 Nro. 11 A-99 Sur del Barrio Ricaurte de Ibagu\u00e9, los valores correspondientes a los derechos de usufructo para adjudicarlos a cada una de las tres partes de la sucesi\u00f3n por cuenta de sus asignaciones. <\/p>\n
c) No tener por demostrado, est\u00e1ndolo, que el valor de las mejoras existentes en el inmueble de la calle 20 Nro. 11 A- 99 Sur de Ibagu\u00e9 ya citado, ten\u00eda que asignarse de manera igual frente a cada una de las tres parte de la sucesi\u00f3n, toda vez que el arrendatario renunci\u00f3 expresamente en el contrato a ellas. <\/p>\n
d) Haber apreciado de manera errada que el valor asignado a la venta de una franja de terreno del inmueble antes relacionado por la suma de $21.574.896, se hizo por ese monto y no se actualiz\u00f3 en la misma proporci\u00f3n de su valorizaci\u00f3n, por lo que desmejor\u00f3 en m\u00e1s de la mitad la hijuela de la recurrente. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE: <\/p>\n
<\/p>\n
I. 1. Para desatar el presente recurso es necesario confrontar lo decidido por el ad quem al resolver las objeciones a la partici\u00f3n con las censuras que se erigen en contra de la sentencia que la aprob\u00f3. En primer t\u00e9rmino, vale la pena resaltar que frente al argumento relativo al marco jur\u00eddico dentro del cual se edifica el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes, o sea teniendo como base \u00fanica la diligencia de inventario y aval\u00faos, que constituye uno de los pilares fundamentales de la decisi\u00f3n impugnada, el censor guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Ciertamente es un hecho incontrovertible que, de conformidad a lo dispuesto por el art\u00edculo 608 del C. de P. Civil, una vez aprobado el inventario y los aval\u00faos, el juez decreta la partici\u00f3n y nombra o aprueba el partidor designado, seg\u00fan sea el caso; y tambi\u00e9n lo es, conforme a jurisprudencia reiterada de esta Corporaci\u00f3n, que el inventario que ha sido debidamente aprobado es la insustituible premisa que debe observar el partidor para elaborar el trabajo que se le encomienda; a ellos, pues, tal como fueron conformados, debe estarse el partidor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Alejada entonces la censura del anterior an\u00e1lisis centr\u00f3 toda su atenci\u00f3n en los que consider\u00f3 errores evidentes de hecho y se aprest\u00f3 a demostrar que estos provinieron de la falta o indebida apreciaci\u00f3n del sentenciador de las pruebas que, en su criterio, afectaron la parte resolutiva del fallo, todos referidos a la presencia misma del trabajo de partici\u00f3n y no a pruebas que contradigan los datos y referencias que sirvieron de base para estructurarlo; tales yerros los circunscribi\u00f3 a los alegados en el recurso de casaci\u00f3n (fl. 25 del Cuaderno de la Corte). <\/p>\n
3. As\u00ed, argument\u00f3 que el tribunal no apreci\u00f3 que dentro de dicho trabajo el valor asignado en la hijuela 3 a los herederos en representaci\u00f3n de Magno Alfonso Segura P\u00e9rez al efectuarse por una suma de $13.611.276.oo se realiz\u00f3 de manera desigual a las hijuelas 1 y 2, estas \u00faltimas por la suma de $4\u2019952.977.50 cada una; sin embargo, el error que supone existi\u00f3 se queda en el enunciado, cuanto que el censor no aporta ninguna demostraci\u00f3n tendiente a verificar que no se justifica tal disparidad; o dicho de otra manera, no logra acreditar que se hubieran vulnerado los principios de equidad y equivalencia en la partici\u00f3n, aquellos que por el contrario encontr\u00f3 ajustados a derecho el tribunal porque, en su sentir, se distribuyeron en partes iguales de un 33.33% a cada heredero y un porcentaje id\u00e9ntico a los herederos por representaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Del mismo modo pasa por alto el censor que en materia del derecho de usufructo relacionado con los predios Casa Blanca y La Albania, el juzgador advirti\u00f3 que el mismo no fue materia de inventario, y nada se apunta en el cargo para desvirtuar tal aserto; obvio que fue esa la raz\u00f3n para haber se\u00f1alado el sentenciador que el partidor obr\u00f3 correctamente al hacer la desagregaci\u00f3n por ese concepto, cuanto que tal usufructo no estaba dentro de las bases a que aqu\u00e9l deb\u00eda atenerse. <\/p>\n
5. El tema de las mejoras no fue pac\u00edfico dentro de la etapa procesal pero s\u00ed unificado por todos los herederos quienes finalmente reconocieron su existencia y aceptaron el valor final que se dio a las mismas; frente a la decisi\u00f3n judicial de repartir dicha suma entre todos los herederos por partes exactas, mandato que cumpli\u00f3 al pie de la letra el partidor, estos guardaron silencio y por tanto lo dispuesto sobre ese punto adquiri\u00f3 firmeza. Pero sobre todo afirm\u00f3 el tribunal que las hijuelas no contienen adjudicaci\u00f3n de mejoras, sino la suma de $4.000.000 consignada por la Alcald\u00eda de Ibagu\u00e9, que fue la denunciada como tal en la sucesi\u00f3n, de modo que no hab\u00eda lugar a estudiar ning\u00fan contrato de arrendamiento a efecto de determinar si exist\u00eda derecho o no a reclamar mejoras, posici\u00f3n sobre la cual calla el censor quedando vac\u00eda por lo tanto la acusaci\u00f3n a ese respecto. <\/p>\n
6. Finalmente, la objeci\u00f3n que alude a la presunta lesi\u00f3n patrimonial padecida por la heredera Nery Segura de Maio por haberle sido adjudicada una franja de terreno de un bien perteneciente a la sucesi\u00f3n que asignaron a los herederos por un valor muy abajo del real, cabe afirmar que no tiene fundamento ninguno, porque adem\u00e1s de ser un tema que debi\u00f3 ser debatido en el momento procesal apropiado, esto es, en el tr\u00e1mite de la diligencia de inventarios y aval\u00faos, resulta absolutamente inoperante en la pr\u00e1ctica, porque como bien lo anunci\u00f3 el tribunal, es indiferente, trat\u00e1ndose de una adjudicaci\u00f3n porcentual de unos determinados bienes, que \u00e9stos en ese acto jur\u00eddico tengan un valor distinto del comercial, puesto que una vez se ajusten al valor real, el porcentaje habr\u00e1 de corresponder, necesariamente, a ese mayor valor, sin que nadie en \u00faltimas resulte perjudicado. <\/p>\n
7. Con todo, y como se se\u00f1al\u00f3 desde un comienzo, el recurrente no atac\u00f3 \u00edntegramente las bases sobre las cuales se construy\u00f3 la sentencia impugnada, defecto t\u00e9cnico en el que incurri\u00f3 cuando evadi\u00f3 la cr\u00edtica alusiva al an\u00e1lisis legal y jurisprudencial efectuado por el ad quem frente a la estrecha relaci\u00f3n entre la confecci\u00f3n de los inventarios y la elaboraci\u00f3n de la partici\u00f3n, as\u00ed como sobre las conclusiones del tribunal derivadas de dicho nexo causal para encontrar que \u201cla sentencia no adolece de contradicci\u00f3n o aplicaci\u00f3n indebida de normas sino que por el contrario, est\u00e1 conforme a derecho y se comparte en su integridad por esta Corporaci\u00f3n\u201d; se omiti\u00f3 de esa forma atacar uno de los soportes o pilares fundamentales en los que descans\u00f3 la decisi\u00f3n del fallador, circunstancia que conduce, per se, al fracaso del cargo. <\/p>\n
Igualmente no sobra reiterar la glosa advertida para el cargo \u00fanico propuesto, en cuanto que orientado \u00e9ste por la v\u00eda indirecta, que fue la elegida por el recurrente, el casacionista ten\u00eda la carga de individualizar las pruebas en que soportaba la acusaci\u00f3n, y no lo hizo, pues se restringi\u00f3 a los datos que ofrece el mismo trabajo de partici\u00f3n que fue objeto de aprobaci\u00f3n, sin contrastarlo con ninguna otra evidencia que permitiera deducir las inconsistencias que denuncia el censor contra la sentencia. <\/p>\n
8. Como corolario de todo lo anterior fracasa la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 18 de febrero de 2000, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso de la referencia. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte recurrente, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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