SC-044-2005 [1100131030301998-0681-02]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente C 1100131030301998-0681-02 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la sociedad ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LIMITADA, respecto de la sentencia de 22 de noviembre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil de Descongesti\u00f3n, en el proceso ordinario de ROBINSON TRUJILLO LOZANO contra la recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El demandante convoc\u00f3 a la sociedad demandada a un proceso ordinario para que se declare que \u00e9sta es responsable del pago del siniestro, hurto del automotor BMW 3281, modelo 1996, placa BHT-075, acaecido el 20 de octubre de 1997, seg\u00fan la p\u00f3liza de seguros de 17 de julio del mismo a\u00f1o, con vigencia hasta el 17 de julio de 1998, y que como consecuencia se le condene a cancelar a su favor el valor asegurado de $65.000.000.oo, junto con los intereses al doble de la tasa certificada por la Superintendencia Bancaria. <\/p>\n
2.- En lo pertinente, como sustento de las pretensiones, el demandante afirma que con base en el contrato de seguro citado, en su calidad de tomador, asegurado y beneficiario, am\u00e9n de propietario del veh\u00edculo hurtado, solicit\u00f3 el pago del siniestro, pero la aseguradora, luego de exigir el traspaso del aludido bien, objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n, argumentando que el 27 de agosto de 1997 hab\u00eda \u201coperado la transferencia del inter\u00e9s que ten\u00eda sobre el citado bien\u201d, sin que esa circunstancia hubiere sido oportunamente informada. <\/p>\n
Agrega que si bien en la mentada fecha suscribi\u00f3 el contrato de compraventa del veh\u00edculo asegurado con JOSE NORBEY GUTIERREZ GUEVARA, el agente de seguros que conoci\u00f3 el hecho no inform\u00f3, como se le hizo saber, que el referido contrato no es real, sino que simplemente se celebr\u00f3 para distraer el bien de la sociedad conyugal que ten\u00eda con su esposa, debido a los conflictos que hab\u00edan surgido con \u00e9sta. <\/p>\n
3.- La sociedad demandada se opuso a las pretensiones, en lo esencial, porque para la \u00e9poca del siniestro el demandante carec\u00eda de las calidades que alega respecto del automotor asegurado, para lo cual formul\u00f3 las excepciones de falta de legitimaci\u00f3n en la causa, ausencia de inter\u00e9s asegurable, inexistencia de la obligaci\u00f3n, inoponibidad del contrato de compraventa, nadie puede alegar su propia culpa y disminuci\u00f3n del deducible pactado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- Refiri\u00e9ndose al inter\u00e9s asegurable, el Tribunal encontr\u00f3 que inclusive frente al mencionado contrato de compraventa del automotor del caso, para la fecha del siniestro el demandante no s\u00f3lo \u201cpermaneci\u00f3 como propietario titular\u201d y poseedor material, sino que ten\u00eda a su cargo la obligaci\u00f3n, \u201creal o ficticia, de hacer la transferencia de la propiedad\u201d. <\/p>\n
Con fundamento en el art\u00edculo 1107 del C\u00f3digo de Comercio, consider\u00f3 que no cualquier acto jur\u00eddico entre vivos ten\u00eda la virtud de extinguir el contrato de seguro, sino que se requer\u00eda de uno que produjera la \u201ctransferencia del inter\u00e9s asegurado o la enajenaci\u00f3n del veh\u00edculo\u201d hurtado, como es, adem\u00e1s del referido contrato de compraventa, la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo en el competente registro terrestre automotor, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 53 de 1989, y esto no tuvo ocurrencia. <\/p>\n
Por lo tanto, el documento \u201cen que la defensa y el a-quo encuentran estribo para el argumento conforme al cual el actor hab\u00eda transferido el objeto asegurable, ri\u00f1e no solamente con el hecho de que cuando ocurri\u00f3 el siniestro legalmente el due\u00f1o del automotor lo era el demandante, sino con la circunstancia verificada en la primera instancia y bien tra\u00edda a colaci\u00f3n en el fallo impugnado, seg\u00fan el cual en el momento del hurto \u00e9l mismo era quien detectaba la posesi\u00f3n del bien y ante terceros era el due\u00f1o del veh\u00edculo asegurado\u201d. <\/p>\n
2.- Con relaci\u00f3n a las excepciones propuestas, el Tribunal, salvo la de disminuci\u00f3n del deducible pactado, las encontr\u00f3 infundadas. <\/p>\n
2.1.- Las que declar\u00f3 probadas el juzgado, porque el \u201cinter\u00e9s asegurable siempre permaneci\u00f3 en la \u00f3rbita del actor\u201d, dado que se demostr\u00f3, con los testimonios de los empleados del demandante y lo declarado por el comprador, que \u00e9ste carec\u00eda de los medios econ\u00f3micos para adquirir un veh\u00edculo como el de las caracter\u00edsticas que informa el proceso. <\/p>\n
Con todo, el pago de parte del precio, seg\u00fan reza el contrato de compraventa, no conllevaba la transferencia del citado inter\u00e9s, menos la enajenaci\u00f3n del veh\u00edculo, porque el demandante no se relev\u00f3 de la obligaci\u00f3n de conservar el bien hasta la tradici\u00f3n, se\u00f1alada entre otras cosas para despu\u00e9s de cuando ocurri\u00f3 el siniestro, y porque esa tradici\u00f3n nunca se llev\u00f3 a cabo. <\/p>\n
2.2.- Es clara la inoponibilidad del contrato de compraventa del automotor a la sociedad demandada, inclusive su \u201crescisi\u00f3n\u201d posterior a la ocurrencia del siniestro por los mismos contratantes, pero como la simulaci\u00f3n del aludido contrato no era el objeto del proceso y como ambos negocios carec\u00edan de \u201centidad suficiente para aniquilar el inter\u00e9s asegurado que ha acompa\u00f1ado al actor\u201d, dadas la posesi\u00f3n material y la titularidad del veh\u00edculo en cabeza del demandante durante la vigencia del contrato de seguro, \u201cinocuo resulta un pronunciamiento al respecto\u201d. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, conocido el \u201csiniestro con las copias que reposan en el cuaderno 2, as\u00ed como con los documentos tendientes a demostrar la reclamaci\u00f3n y su objeci\u00f3n por parte de la demandada\u201d, con el mismo valor probatorio de sus \u201coriginales\u201d, pues fueron compulsadas en la inspecci\u00f3n judicial \u201csobre los documentos que se encuentran en poder de la convocada\u201d, y visto que la objeci\u00f3n contra la reclamaci\u00f3n no se prob\u00f3, el Tribunal infirm\u00f3, en los t\u00e9rminos dichos, la sentencia del juzgado. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
Los tres cargos propuestos, con apoyo en el art\u00edculo 368, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la Corte los resolver\u00e1 en el mismo orden, por ser el que l\u00f3gicamente les corresponde. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1077 del C\u00f3digo de Comercio y 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de la comisi\u00f3n de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
2.- Afirma la recurrente que el Tribunal tuvo por demostrada la ocurrencia del siniestro con las copias que obran en el cuaderno 2, en su entender adosadas en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, lo cual no es cierto, porque tales documentos fueron aportados \u201cen copia simple\u201d por la sociedad demandada. El hecho, en consecuencia, no se encuentra acreditado, en consideraci\u00f3n a que dicha prueba no re\u00fane los requisitos del art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para ser apreciada. <\/p>\n
Lo \u00fanico que en tales documentos obra sobre la ocurrencia del siniestro, es la copia de la denuncia penal del hurto del veh\u00edculo, pero dicho medio no tiene ninguna eficacia probatoria dado que no fue compulsado de su \u201coriginal o de la copia autenticada\u201d en el curso de la inspecci\u00f3n judicial. Como la denuncia debe reposar en las dependencias de la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1, la copia de la misma \u201csolamente podr\u00eda (sic.) ser aportada al proceso\u2026debidamente autorizada por la autoridad competente de polic\u00eda\u201d. <\/p>\n
3.- En ese orden, la recurrente concluye que han debido negarse las pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Perfilado el ataque a demostrar que el riesgo asegurado, el hurto del automotor, no fue acreditado, pertinente resulta se\u00f1alar que si bien las copias a que se alude no se compulsaron en el curso de la inspecci\u00f3n judicial, sino que fueron aportadas en \u201ccopia simple\u201d por la sociedad demandada, para el estudio del cargo es indiferente la oportunidad procesal en que se adosaron, porque am\u00e9n de que pertenecen al mundo del proceso, lo que se discute es su eficacia probatoria. <\/p>\n
As\u00ed mismo, que desde el comienzo del proceso, inclusive en la sentencia del juzgado, no se puso en tela del juicio el acaecimiento del mentado hecho, sino que se tuvo como superado, al punto que ese mismo suceso constituye la base de las objeciones y excepciones de m\u00e9rito de la aseguradora, que son actuaciones que preceden a la aportaci\u00f3n de las aludidas copias. <\/p>\n
2.- Distinto es que, a \u00faltima hora, la sociedad demandada, en el marco del recurso de casaci\u00f3n, le reste eficacia probatoria a los documentos que en \u201ccopia simple\u201d aport\u00f3, incluida la denuncia penal del hurto del automotor. Esto porque aparte de no haber impugnado tales documentos al momento en que, en cumplimiento del auto de pruebas, los ados\u00f3, en ning\u00fan otro acto procesal, ni siquiera en los alegatos de instancia, manifest\u00f3 que por tratarse de \u201ccopias\u201d que se encontraban desprovistas de autenticidad, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, los hechos a los que se refer\u00edan no pod\u00edan tenerse por acreditados. <\/p>\n
En ese orden, las circunstancias que se alegan en el cargo no pueden admitirse en casaci\u00f3n por constituir un medio nuevo, ajeno del todo a lo que en realidad fue objeto de discusi\u00f3n en el proceso. La Corte tiene explicado que \u201clo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u201d (LXXXIII-57), como ser\u00eda, por ejemplo, pretender infirmar una sentencia \u201ccon base en defectos legales que se le imputan a la aducci\u00f3n de la prueba\u201d, porque al ser planteamientos tard\u00edos resultar\u00edan violatorios del derecho de defensa y re\u00f1idos con la \u00edndole y esencia del recurso extraordinario (Cfr. sentencias de 10 de marzo de 2000 y de 24 de marzo de 2004). <\/p>\n
3.- El cargo, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1.- Acusa la violaci\u00f3n directa, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, del art\u00edculo 1107 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2.- Manifiesta la recurrente que, para el Tribunal, mientras el contrato de compraventa del veh\u00edculo involucrado no se haya inscrito en el registro automotor, no puede haber tradici\u00f3n del dominio y tampoco transferencia de la cosa a la que est\u00e1 vinculada el seguro. <\/p>\n
Interpretaci\u00f3n de la cual discrepa, porque como el contrato de seguro \u201cse celebra en consideraci\u00f3n a la persona del asegurado, y precisamente producto de ello es el art\u00edculo 1107 del C\u00f3digo de Comercio\u201d, lo relevante de la citada norma no es la condici\u00f3n jur\u00eddica del bien asegurado en punto de su transferencia a una tercera persona para que opere la extinci\u00f3n autom\u00e1tica de dicho contrato, sino que lo fundamental es que haya existido una transferencia de la cosa, as\u00ed el modo de la tradici\u00f3n de los bienes sujetos a registro, como los automotores terrestres, no se hubiere realizado. <\/p>\n
Al asegurador, por tanto, lo que le interesa saber es qui\u00e9n es el adquirente del bien asegurado, por ser \u00e9sta una de las primordiales causas para contratar. \u201cEl hecho de que est\u00e9 pendiente un acto diferente y consecuencial como la tradici\u00f3n no significa que no exista una relaci\u00f3n econ\u00f3mica entre el comprador y el bien, que precisamente constituye el inter\u00e9s asegurable que tiene la nueva persona con quien el asegurador no desea contratar\u201d. <\/p>\n
Como la compraventa de automotores es un contrato consensual, es claro que la relaci\u00f3n econ\u00f3mica entre el comprador y el bien que ha adquirido se genera a partir del contrato a efectos de radicar en \u00e9l la existencia de inter\u00e9s asegurable, que no de la tradici\u00f3n. <\/p>\n
3.- Por lo anterior, la recurrente concluye que el Tribunal interpret\u00f3 err\u00f3neamente el alcance del anotado precepto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La controversia se reduce a elucidar si para la extinci\u00f3n autom\u00e1tica del contrato de seguro, ante la \u201ctransferencia por acto entre vivos del inter\u00e9s asegurado o de la cosa a que est\u00e9 vinculado el seguro\u201d, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 1107 del C\u00f3digo de Comercio, es necesario sumarle un ingrediente subjetivo. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior, porque en la base de la tesis de la sociedad recurrente, el \u201ccar\u00e1cter intuitu personae del contrato de seguro\u201d es lo \u201cfundamental\u201d a tener en cuenta \u201cpara desentra\u00f1ar el verdadero alcance de la norma en cita\u201d, dado que el citado contrato se celebra es \u201cen consideraci\u00f3n a la persona del asegurado, y precisamente producto de ello es el art\u00edculo 1107 del C\u00f3digo de Comercio\u201d. <\/p>\n
2.- El asegurador, es cierto, no asume los riesgos con un criterio netamente objetivo, sino que los selecciona, entre otras circunstancias, conforme a los atributos subjetivos del asegurado, bien desde el punto de vista de la relaci\u00f3n jur\u00eddica o econ\u00f3mica en que se halla con respecto a la cosa o persona sobre la cual ha de versar el seguro, ya desde el \u00e1mbito de su moralidad. Rec\u00edprocamente, ante un eventual riesgo que puede ser objeto de seguro, el tomador de la p\u00f3liza, en la generalidad de las veces tambi\u00e9n asegurado, le asiste la libertad de contratar la cobertura con el asegurador que le ofrezca la suficiente solvencia moral, t\u00e9cnica y financiera. <\/p>\n
En concordancia, desde el Proyecto de reforma del C\u00f3digo de Comercio de 1958, Exposici\u00f3n de Motivos, Ministerio de Justicia, p\u00e1g. 262, que es el antecedente inmediato del art\u00edculo 1107 del C\u00f3digo de Comercio, en cuyo tenor se establece el car\u00e1cter subjetivo o intuitu personae del contrato de seguro, la Comisi\u00f3n Revisora se\u00f1al\u00f3 que \u201cSi algo debe tener en mira el asegurador es el riesgo moral que est\u00e1 estrechamente vinculado a la persona del asegurado, a su solvencia moral, a su prudencia, a su idoneidad y a todo el conjunto de sus atributos espirituales\u201d. <\/p>\n
El anterior criterio, empero, no es absoluto, porque si bien el art\u00edculo 654 del derogado C\u00f3digo de Comercio Terrestre, conserv\u00f3, como regla de principio, el car\u00e1cter objetivo o intuitu rei del contrato de seguro, seg\u00fan el cual transmitida a t\u00edtulo universal o singular la propiedad de la cosa asegurada, el seguro corr\u00eda en provecho del adquirente, sin necesidad de cesi\u00f3n, tambi\u00e9n es cierto que actualmente ese principio es de aplicaci\u00f3n estricta. <\/p>\n
S\u00edguese, entonces, que s\u00f3lo excepcionalmente la \u201ctransferencia por acto entre vivos del inter\u00e9s asegurado o de la cosa a que est\u00e9 vinculado el seguro\u201d, no produce la extinci\u00f3n autom\u00e1tica del contrato de seguro. Ocurre lo propio, verbi gratia, en los casos de estipulaci\u00f3n contractual (art\u00edculo 1107, inciso 3\u00ba del C\u00f3digo de Comercio), en las p\u00f3lizas a la orden (art\u00edculo 1051), y al portador en los seguros de transportes (art\u00edculos 1117 y 1125), entre otros, eventos en los que el seguro sigue a la cosa asegurada y no a la persona del asegurado. <\/p>\n
Lo significativo es que para que la \u201ctransferencia por acto entre vivos del inter\u00e9s asegurado o de la cosa a que est\u00e9 vinculado el seguro\u201d, produzca \u201cautom\u00e1ticamente la extinci\u00f3n del contrato\u201d, en los seguros intuitu personae, o su subsistencia, en los seguros intuitu rei, como el del caso, es la concurrencia del t\u00edtulo y el modo. <\/p>\n
En la Exposici\u00f3n de Motivos del Proyecto de Reforma del C\u00f3digo de Comercio de 1958, se dijo que \u201cLa sola celebraci\u00f3n del contrato de compraventa, verbigracia, no origina la extinci\u00f3n del seguro. Es menester que se efect\u00fae la tradici\u00f3n de la cosa vendida. Porque, como es bien sabido, la compraventa por s\u00ed sola no transmite el dominio, y el vendedor corre los riesgos mientras la cosa est\u00e1 en su poder\u201d (ob. cit. p\u00e1g. 263). <\/p>\n
Del mismo parecer es la doctrina especializada al decir que para tales prop\u00f3sitos \u201cbastan el t\u00edtulo (la compraventa, la donaci\u00f3n, la permuta, etc.), y la tradici\u00f3n, que es el modo como se adquiere el dominio\u201d (OSSA G. J. Efr\u00e9n: Teor\u00eda General del Seguro. El Contrato. Editorial T\u00e9mis. 1991, pp. 294, 295 y 513). <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a la extinci\u00f3n autom\u00e1tica del contrato de seguro, la Corte tiene explicado que el \u201cpresupuesto f\u00e1ctico del art\u00edculo 1107 en estudio es puramente objetivo, como se desprende de su lectura, y consiste, sencillamente, en la extinci\u00f3n del contrato de seguro como consecuencia de la traslaci\u00f3n jur\u00eddica por acto entre vivos del inter\u00e9s asegurable o de la cosa sobre la cual recae el seguro; y esta disposici\u00f3n ha de entenderse en \u00edntima relaci\u00f3n con el art\u00edculo 1086 del C\u00f3digo de Comercio, que en la parte pertinente dispone: \u2018El inter\u00e9s (asegurable) deber\u00e1 existir en todo momento, desde la fecha en que el asegurador asuma el riesgo. La desaparici\u00f3n del inter\u00e9s llevar\u00e1 consigo la cesaci\u00f3n o extinci\u00f3n del seguro\u2019\u201d (Sentencia No. 064 de 24 de mayo de 2000). <\/p>\n
3.- En ese orden, como en sentir del recurrente para la extinci\u00f3n autom\u00e1tica del contrato de seguro en virtud de la transferencia por acto entre vivos del inter\u00e9s asegurado o de la cosa a que est\u00e9 vinculado el seguro, es suficiente el t\u00edtulo y no el modo de la tradici\u00f3n del dominio, claramente se advierte que el Tribunal no pudo interpretar err\u00f3neamente el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, porque como qued\u00f3 explicado, para tales prop\u00f3sitos, aunado al t\u00edtulo, es necesaria la tradici\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, con independencia de considerar c\u00f3mo se realiza la tradici\u00f3n del dominio de los automotores terrestres, tanto en materia comercial como en derecho civil, pues es un punto que no aparece planteado en el cargo, pese a que el Tribunal consider\u00f3 que trat\u00e1ndose de \u201ccompraventa de veh\u00edculos automotores entre particulares\u201d, la \u201ctradici\u00f3n se realiza con la inscripci\u00f3n del negocio en el registro terrestre automotor\u201d, lo cierto es que como lo explic\u00f3 la Corte en sentencia No. 074 de 20 de junio de 2000, transcrita en lo pertinente por el sentenciador, el contrato de compraventa simplemente es fuente de obligaciones, y que por lo tanto, no tiene la virtud, per se, de transferir el derecho real de dominio, como s\u00ed la tradici\u00f3n, pero en el caso, seg\u00fan se concluy\u00f3, ni la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo ni la entrega material de la cosa se verific\u00f3. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1.- Enrostra la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 83 de la Ley 45 de 1990 y del par\u00e1grafo del art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999, \u201cen punto a la condena al pago de intereses de mora\u201d. <\/p>\n
2.- Expresa la recurrente que el Tribunal dispuso pagar intereses al doble del bancario corriente que certifique la autoridad competente, olvidando que la primera disposici\u00f3n citada, que as\u00ed lo autorizaba, fue derogada por la segunda, a partir del 4 de agosto de 1999, para en su lugar ordenar cancelar \u201cun inter\u00e9s moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad\u201d. <\/p>\n
3.- Solicita, en consecuencia, que se modifique la decisi\u00f3n en el \u201csentido de que el art\u00edculo 83 de la Ley 45 de 1990 debe aplicarse hasta el 3 de agosto de 1999 y a partir de la fecha anotada debe aplicarse el par\u00e1grafo del art\u00edculo 111 de la Ley de 510 de 1999\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La condena que se impuso a la sociedad demandada de pagar, a \u201ct\u00edtulo de intereses moratorios\u201d, calculados sobre el valor de la indemnizaci\u00f3n, a partir del 22 de noviembre de 1997, el \u201cequivalente a la tasa m\u00e1xima legal vigente que certifique la Superintendencia Bancaria\u201d, obedece, seguramente, a que as\u00ed fueron solicitados. <\/p>\n
2.- Si bien los aludidos r\u00e9ditos estaban autorizados para la \u00e9poca en que deb\u00eda cumplirse por la aseguradora el pago el siniestro, inclusive para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 83 de la Ley 45 de 1990, el Tribunal no percat\u00f3 que en la \u00e9poca de la sentencia, la aludida disposici\u00f3n hab\u00eda sido derogada por el par\u00e1grafo del art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999. <\/p>\n
Con tal proceder, es indudable que el Tribunal aplic\u00f3 como absoluto el principio sobre que \u201cEn todo contrato se entender\u00e1n incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebraci\u00f3n\u201d, contenido en el art\u00edculo 38 de la Ley 153 de 1887, desconociendo que existen excepciones, como la prevista en el numeral 2\u00ba, ib\u00eddem, aplicable al caso, porque siendo los intereses moratorios una sanci\u00f3n por el incumplimiento de lo estipulado en el contrato, esa infracci\u00f3n corresponde castigarse \u201ccon arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido\u201d. <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado suficientemente la Corte en sentencias Nos. 051 de 2000 y 078 de 2002, entre otras, aclarando que si el aludido incumplimiento, como es el caso, \u201cse inicia antes del tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n y se prolonga durante la vigencia de la nueva ley, la pena (el pago de intereses moratorios) deber\u00e1 imponerse consultando una u otra ley, es decir, computando por separado los que se se\u00f1alan en cada una de ellas para el per\u00edodo de su vigencia, e ilegal ser\u00eda imponer la sanci\u00f3n en comento por todo el periodo de infracci\u00f3n con fundamento en una sola de ellas\u201d. <\/p>\n
3.- El cargo en consecuencia resulta fundado, raz\u00f3n por la cual en el punto el fallo del Tribunal debe ser casado. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1.- Como la decisi\u00f3n a proferir se proyecta \u00fanicamente en lo relativo a la condena al pago de intereses moratorios, contenida en el numeral cuarto de la parte dispositiva de dicho fallo, la Corte, como juzgador de instancia, debe limitarse a corregir el yerro advertido, reproduciendo las dem\u00e1s determinaciones, las cuales salieron airosas del ataque, lo mismo que la fecha en que deb\u00eda pagarse el valor del siniestro, \u00e9sta por no haber sido objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- M\u00e1s, sucedidas las infracciones en el tr\u00e1nsito de legislaciones, la aseguradora debe reconocer y pagar al demandante por concepto de inter\u00e9s moratorio, durante la vigencia del art\u00edculo 83 de la Ley 45 de 1990, la tasa m\u00e1xima permitida, y a partir de la entrada en rigor del par\u00e1grafo del art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999, uno igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria, aumentado en la mitad, hasta cuando se verifique el pago de la obligaci\u00f3n, respet\u00e1ndose s\u00ed las fluctuaciones sucedidas en cada per\u00edodo y sin que en ninguno de ambos casos se pueda exceder el l\u00edmite de la usura (Cfr. Sentencia de 30 de mayo de 1996, CCXL-704). <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CASA parcialmente la sentencia de 22 de noviembre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil de Descongesti\u00f3n, en el proceso ordinario de ROBINSON TRUJILLO LOZANO contra la sociedad ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LIMITADA, y actuando en sede de instancia decide \u201cREVOCAR la providencia objeto de censura\u201d, y como consecuencia; <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
a) \u201cPRIMERO: Decl\u00e1ranse no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, salvo la denominada AL LIMITE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA SE LE DISMINUYE EL DEDUCIBLE PACTADO. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO: Decl\u00e1rase contractualmente responsable a la COMPA\u00d1\u00cdA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA por la ocurrencia del siniestro del veh\u00edculo detallado en la p\u00f3liza de seguros N\u00b0. 97180001553 de 970717. <\/p>\n
\u201cTERCERO: Cond\u00e9nase a la COMPA\u00d1\u00cdA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a pagar el valor de la indemnizaci\u00f3n, menos el deducible pactado, es decir, la suma de $58.500.000.oo. <\/p>\n
\u201cQUINTO: Cond\u00e9nase en costas de la primera instancia a la sociedad demandada en un 90%. T\u00e1sense. <\/p>\n
\u201cSEXTO: Sin costas en esta instancia\u201d. <\/p>\n
b) Sin costas en casaci\u00f3n frente a la prosperidad del recurso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-044-2005 [1100131030301998-0681-02] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente C 1100131030301998-0681-02 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la sociedad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82894","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82894","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82894"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82894\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82894"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82894"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82894"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}