SC-045-2005 [00225-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 00225-01. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia de 3 de diciembre de 2002, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido por Amalia Cecilia Ucr\u00f3s de Garc\u00eda frente a la Aseguradora Colseguros S. A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante convoc\u00f3 a juicio ordinario a la demandada para que se la declarara responsable de los da\u00f1os que le caus\u00f3 como consecuencia de la denuncia penal temeraria que en su contra propuso y condenarla a resarcirle los perjuicios respectivos. <\/p>\n
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2. Fundamenta sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
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a) La actora adquiri\u00f3 de Geomar Ospino Pe\u00f1alver una camioneta Blazer 4×4, modelo 1993, en torno de la cual Laureano Guillermo Garc\u00eda Tinoco contrat\u00f3 con la accionada, entre otros riesgos, el amparo de p\u00e9rdida total por hurto, en el que aqu\u00e9lla figur\u00f3 como asegurada. <\/p>\n
c) Fue as\u00ed como Aseguradora Colseguros S. A., el 16 de enero de 1996, formul\u00f3 denuncia penal por falsedad documental y fraude procesal en contra de Ospino Pe\u00f1alver y Amalia Cecilia, en la que afirm\u00f3 que la factura supuestamente expedida por \u201cMotofalca\u201d era espuria puesto que, conforme con la certificaci\u00f3n que expidi\u00f3, \u00e9sta no exportaba veh\u00edculos marca Chevrolet sino Toyota, lo que indicaba que la camioneta entr\u00f3 ilegalmente al pa\u00eds, y que para lograrlo se falsificaron la declaraci\u00f3n de aduana, el registro de importaci\u00f3n y el certificado de origen; y pese a que posteriormente se demostr\u00f3 que la situaci\u00f3n denunciada hab\u00eda obedecido a un yerro que luego fue corregido, la compa\u00f1\u00eda de seguros insisti\u00f3 en su postura. <\/p>\n
d) El 12 de febrero de 1996 la Unidad Sexta de Delitos contra el Patrimonio y la Fe P\u00fablica de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n asumi\u00f3 el conocimiento de la correspondiente investigaci\u00f3n, donde la denunciante se constituy\u00f3 en parte civil y en la que la asegurada fue emplazada, raz\u00f3n por la cual no sab\u00eda de ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
e) Pese a que la Fiscal\u00eda 156, Unidad Sexta de Patrimonio Econ\u00f3mico y Delitos contra la Fe P\u00fablica, mediante auto de 30 de octubre de 1999, se abstuvo de proferir medida de aseguramiento en contra de la accionante, la orden de captura all\u00ed librada se hizo efectiva el 14 de noviembre de 1999, en momentos en que ella intentaba viajar a Estados Unidos; una vez rindi\u00f3 indagatoria, por resoluci\u00f3n de 24 de marzo de 2000 se le resolvi\u00f3 su situaci\u00f3n jur\u00eddica disponi\u00e9ndose la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
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f) Esa denuncia temeraria le caus\u00f3 a la demandante graves lesiones, profundo desequilibrio familiar, le impidi\u00f3 la salida del pa\u00eds, le ocasion\u00f3 gastos para la defensa y dio lugar a que su hermana Mar\u00eda del Carmen Ucr\u00f3s de Dom\u00ednguez fuera secuestrada cuando se dirig\u00eda de Barranquilla a Sincelejo a visitarla en los calabozos del D.A.S., en los que se hallaba. <\/p>\n
g) Por otra parte, ante el hurto del se\u00f1alado automotor, Ucr\u00f3s de Garc\u00eda accion\u00f3 contra la aseguradora para que se la condenara a pagarle la indemnizaci\u00f3n amparada, lo que efectivamente obtuvo en cuant\u00eda de $22\u00b4000.000 con intereses moratorios, tras los fallos de primera y segunda instancia. <\/p>\n
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3. Admitido el libelo, la demandada lo contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones, al tiempo que propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u201cinexistencia de denuncia temeraria\u201d, apoyada en que \u201cexist\u00edan suficientes documentos que configuraban los delitos de falsedad documental y tentativa de estafa\u201d, y \u201causencia de culpa\u201d, fundada en que el 30 de octubre de 1999 la Fiscal\u00eda resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la denunciada, quien hab\u00eda sido emplazada y declarada persona ausente, con abstenci\u00f3n de emitir medida de aseguramiento, de modo que cuando se la detuvo el 14 de noviembre siguiente la orden de captura se hallaba levantada, aunque no fue comunicada al Departamento Administrativo de Seguridad \u201cDAS\u201d, situaci\u00f3n en la que ninguna responsabilidad le cabe. <\/p>\n
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4. Por sentencia de 1\u00b0 de marzo de 2002 el Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de Barranquilla culmin\u00f3 la primera instancia, en la que declar\u00f3 no probadas las excepciones y accedi\u00f3 a las pretensiones, aunque deneg\u00f3 la condena a la satisfacci\u00f3n de algunos de los da\u00f1os. <\/p>\n
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5. Al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por las partes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo de 3 de diciembre de 2002, revoc\u00f3 el de primera y, en su lugar, neg\u00f3 las s\u00faplicas. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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1. Una vez constat\u00f3 la presencia de los presupuestos procesales, descart\u00f3 la concurrencia de vicio que invalidara la actuaci\u00f3n, precis\u00f3 que la acci\u00f3n ejercida es la de responsabilidad extracontractual, indic\u00f3 que una de sus especies es la derivada del abuso del derecho y enunci\u00f3 que el sujeto activo, la culpa o dolo cometido por \u00e9l, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad entre los dos \u00faltimos eran los elementos estructurales de aqu\u00e9lla, pas\u00f3 el tribunal a transcribir algunos apartes de la sentencia n\u00famero 079 de 17 de septiembre de 1998 de esta Corporaci\u00f3n referente a la responsabilidad civil que puede comportar la denuncia penal que una persona presente en contra de otra. <\/p>\n
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2. De la mano de esa providencia, acot\u00f3 que la incursi\u00f3n en tal abuso en eventos similares exige la intenci\u00f3n da\u00f1osa o la falta del debido cuidado en el comportamiento del denunciante, con cimiento en lo cual agreg\u00f3 que si, como ocurri\u00f3, \u201cMotofalca\u201d le certific\u00f3 a la Aseguradora Colseguros S. A. que no exportaba veh\u00edculos marca Chevrolet sino Toyota y que, por tanto, la factura de venta de la camioneta hurtada era falsa, los actos de denuncia \u201cno constituyen abuso del derecho, ya que no existi\u00f3 negligencia o imprudencia de su parte, por cuanto, el hecho denunciado existi\u00f3, en el sentido de que efectivamente la Concesionaria le certific\u00f3 a la demandada que la factura por la cual se le indag\u00f3 era falsa\u201d(fl.32). <\/p>\n
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3. A\u00f1adi\u00f3 el ad-quem que si bien era cierto que la denuncia se present\u00f3 en Bogot\u00e1, no lo era menos que ello no constitu\u00eda motivo de protesta en frente de la contraparte, pues, anot\u00f3, al Fiscal le correspond\u00eda en la investigaci\u00f3n determinar si la adelantaba o remit\u00eda a otra ciudad, aparte de lo cual deb\u00eda tenerse en cuenta que el Fiscal General de la Naci\u00f3n y sus Delegados ostentaban competencia en todo el territorio, aunque para la etapa del juicio s\u00ed era preciso se\u00f1alar un espec\u00edfico juez territorialmente llamado a juzgar. <\/p>\n
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4. En torno de la captura y la responsabilidad que por ella pudiera caberle a la convocada, apunt\u00f3 que las decisiones que se toman en una investigaci\u00f3n penal no dependen del denunciante sino exclusivamente del ente instructor, de donde encontr\u00f3 que tambi\u00e9n la comunicaci\u00f3n a las autoridades acerca del levantamiento de la orden de captura es responsabilidad del Estado y nunca de la aseguradora, tanto m\u00e1s si no se perd\u00eda de vista que la entonces sindicada ten\u00eda defensor en el proceso. <\/p>\n
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5. Con fundamento en lo expresado el fallador estim\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos para acceder a la pretensi\u00f3n indemnizatoria, raz\u00f3n por la cual opt\u00f3 por la determinaci\u00f3n de revocar la sentencia del a-quo y disponer la absoluci\u00f3n de la accionada. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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Con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la recurrente plantea tres cargos, los que la Corte despachar\u00e1 en el mismo orden propuesto, aunque los dos \u00faltimos en forma conjunta, por las razones que ulteriormente se dir\u00e1n. <\/p>\n
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CARGO PRIMERO <\/p>\n
En \u00e9ste acusa la sentencia de quebrantar directamente, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1494, 1604, inciso 3\u00ba, y 2341 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
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1. Empieza por rese\u00f1ar la acusadora el contenido de las normas que cita y, luego de transcribir algunos apartes, argumenta que ante el reconocimiento expreso que hizo el juez de segundo grado de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica debatida, era menester entrar a \u201cestudiar los supuestos de hecho de las normas acusadas en el presente cargo, para efectos de examinar de manera objetiva\u201d y acorde con su esp\u00edritu, si \u00e9stas deb\u00edan ser aplicables y si la sentencia, de haberse hecho actuar correctamente esas disposiciones, deb\u00eda acceder a las pretensiones, puesto que el tribunal \u201cde manera limitada\u2026 concluy\u00f3 que las normas referidas\u201d no eran de aplicaci\u00f3n, al estimar que como el hecho denunciado existi\u00f3, \u201cno incurri\u00f3 la demandada en abuso\u201d(fl.13). <\/p>\n
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2. Asevera la casacionista que si el juzgador acept\u00f3 como cierto que la Fiscal\u00eda libr\u00f3 orden de captura en contra de la accionante, que se hizo efectiva el 14 de noviembre de 1999 y que en su favor, el 24 de marzo de 2000, precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n, del mismo modo debi\u00f3 estudiar \u201cla conducta de la aseguradora denunciante, para efectos de establecer si hubo o no Abuso del Derecho por parte de \u00e9sta\u201d(fl.13), pues no bastaba decir que el hecho denunciado hab\u00eda existido, esto es, que era cierta la aparente falsedad, para concluir que no hubo dicho abuso, en la medida que era necesario \u201cexaminarse con detenimiento la conducta del denunciante\u201d(fl.14), porque en verdad Aseguradora Colseguros S. A. hizo uso malintencionado e imprudente de esa acci\u00f3n ante la Fiscal\u00eda. Comenta as\u00ed que si el sentenciador hubiera aplicado los textos anunciados, habr\u00eda accedido a las pretensiones. <\/p>\n
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3. Dice despu\u00e9s la censora que la conducta de la demandada fue omisiva, imprudente y negligente o malintencionada porque la captura de la promotora de este proceso sucedi\u00f3 debido a que, pese a saberlo, en la denuncia omiti\u00f3 decir la direcci\u00f3n en que se hallaba aqu\u00e9lla, lo cual oblig\u00f3 a la Fiscal\u00eda a ordenar la detenci\u00f3n y evit\u00f3 que la sindicada conociera la existencia del proceso y pudiera defenderse, al paso que tambi\u00e9n incurri\u00f3 en culpa cuando, al constituirse en parte civil, se abstuvo de informar al ente investigador que ya exist\u00eda sentencia condenatoria en firme en su contra en el proceso ordinario iniciado por la recurrente, responsabilidad en la que reincidi\u00f3 cuando, siendo parte activa en la instrucci\u00f3n penal, no evit\u00f3 \u201clas consecuencias producidas por la no cancelaci\u00f3n de dicha orden de captura\u201d(fl.16), pues, de haber actuado conforme a derecho, dentro del proceso habr\u00eda logrado impedir la detenci\u00f3n que luego se produjo. <\/p>\n
Expone la impugnadora que la contraparte no tach\u00f3 de falsos los escritos que se aportaron con la demanda en el proceso que se tramit\u00f3 en el juzgado 10 Civil del Circuito de Barranquilla, en el cual result\u00f3 vencida, que ella conoc\u00eda que \u00e9stos hab\u00edan adquirido autenticidad y que Ucr\u00f3s de Garc\u00eda no hab\u00eda intervenido en la importaci\u00f3n del automotor objeto del contrato de seguro, tr\u00e1mite dentro del cual se hab\u00eda presentado, al parecer, la falsedad del documento cuestionado, pues siempre manifest\u00f3, y lo demostr\u00f3, que tan solo actu\u00f3 como compradora de buena fe. Adem\u00e1s, que mediante las sentencias proferidas en contra de la accionada, \u00e9sta sab\u00eda que esa aparente falsedad obedeci\u00f3 a un error de buena fe, el que luego fue corregido, pero que en una actitud culposa o malintencionada guard\u00f3 silencio al respecto ante la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
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1. De conformidad con el numeral primero del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a la violaci\u00f3n de la ley sustancial puede llegarse bien por la v\u00eda indirecta ora por la directa; y alrededor de \u00e9sta ha de verse que, cual lo ha reiterado la Corte, ella se circunscribe a la confrontaci\u00f3n entre el fallo y la norma que se afirma violada, lo que significa que la censura tiene que partir obligadamente de expresar su conformidad con la valoraci\u00f3n que de los hechos y las pruebas haya efectuado el juzgador, puesto que al impugnador no le es permitido, en ning\u00fan momento, apartarse de esas conclusiones para enfrentarlas a las suyas, como que siendo su deber dirigir la acusaci\u00f3n tendiente a mostrar que la sentencia cay\u00f3 en error de juicio bastante para quebrarla, el instrumento que permite decidir el punto es la comparaci\u00f3n entre ella y las normas sustanciales que se dicen vulneradas y no el an\u00e1lisis de las pruebas. Desde luego que si las conclusiones probatorias del fallo son compartidas por el recurrente, como deben serlo para que el ataque en v\u00eda recta no pugne con la t\u00e9cnica del recurso, no se remite a duda, entonces, que \u201cla actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u201d(G.J., t. CXLVI, pag.60). <\/p>\n
2. Adicionalmente, como el planteamiento de los cargos en casaci\u00f3n ha de hacerse en forma precisa y clara, como as\u00ed lo prescribe el art\u00edculo 374 de la misma codificaci\u00f3n, deviene palmario que, en trat\u00e1ndose de ataque por v\u00eda directa, la discusi\u00f3n debe girar exclusivamente en torno de los preceptos normativos que se dicen no aplicados, interpretados err\u00f3neamente o indebidamente aplicados, en orden a lo cual el inconforme tendr\u00e1 que demostrar c\u00f3mo fue que se gest\u00f3 el juicio del tribunal al amparo de cualquiera de esas tres alternativas, seg\u00fan corresponda, pero, valga repetirlo, con absoluta independencia de la valoraci\u00f3n probatoria cuyas conclusiones, se insiste, se dan por acertadas. Ello indica que si se acusa la providencia judicial de quebrantar la ley sustancial, verbi gratia, por falta de aplicaci\u00f3n, como aqu\u00ed acontece, privativamente le compete al recurrente, al desarrollar la arremetida, entregarle a la Corte la explicaci\u00f3n clara y precisa con la que se establezca d\u00f3nde o en qu\u00e9 consisti\u00f3 esa omisi\u00f3n, a m\u00e1s de aquella tras la que se evidencie que de haberse hecho actuar otro muy distinto hubiere sido el resultado, pues s\u00f3lo de esa manera podr\u00eda desvirtuar la presunci\u00f3n de acierto con que llegan las sentencias a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
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3. Al trasladar las nociones anteriores a este asunto, encuentra la Sala que ellas no fueron satisfechas en el planteamiento que recoge el cargo primero, tanto porque no obstante haberse invocado por la causal primera de casaci\u00f3n, por quebranto directo de la ley sustancial, la casacionista lo que hace es controvertir la valoraci\u00f3n que en el terreno de lo f\u00e1ctico hizo el sentenciador sin discutirle sus consideraciones jur\u00eddicas, como porque omiti\u00f3 suministrar la explicaci\u00f3n sobre la falta de aplicaci\u00f3n aducida. <\/p>\n
En efecto, en lo tocante con la primera de las mentadas irregularidades, n\u00f3tese c\u00f3mo, luego de transcribir el contenido de cada una de las normas que se dicen transgredidas y de sostener que no discute el fundamento f\u00e1ctico adoptado por el ad-quem, la recurrente empero entra al terreno de los hechos cuando expone que ese fallador debi\u00f3 estudiar \u201cla conducta de la aseguradora denunciante para efectos de establecer si hubo o no Abuso del Derecho por parte de \u00e9sta\u201d(fl.13) y examinar \u201ccon detenimiento la conducta del denunciante en relaci\u00f3n con la persona que sindic\u00f3 como autora del delito\u201d(fl.14), aseveraciones esas de evidente sabor f\u00e1ctico, en la medida en que con ellas se hace no otra cosa m\u00e1s que cuestionar al juez de segundo grado por no haber visto que con las pruebas recaudadas estaba demostrada la culpa, ya que la demandada, manifiesta la censura, \u201chizo uso anormal, malintencionado o imprudente de esa acci\u00f3n ante la Fiscal\u00eda\u201d(fl.14). <\/p>\n
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En cuanto hace con la segunda, ha de observarse que la censora en su discurso omiti\u00f3 la debida explicaci\u00f3n, con matiz estrictamente jur\u00eddico, acerca de c\u00f3mo fue que pudo ocurrir la falta de aplicaci\u00f3n de aquellos preceptos normativos que en su sentir no se aplicaron, es decir, eludi\u00f3 indicar de qu\u00e9 manera se dej\u00f3 de hacer actuar cada uno de aquellos preceptos legales, as\u00ed como porqu\u00e9 deb\u00edan serlo, toda vez que, aparte de los citados reparos que le hizo al juzgador acerca de la valoraci\u00f3n sobre los hechos, la acusadora se limit\u00f3 simplemente a cuestionar, no el razonamiento eminentemente jur\u00eddico del sentenciador, como ten\u00eda que ser, sino el comportamiento de la demandada, como cuando sostuvo que ella hizo uso anormal de la acci\u00f3n ante la Fiscal\u00eda, que su conducta fue imprudente y negligente, pues la captura de la actora sucedi\u00f3 por haber omitido decir la direcci\u00f3n en que \u00e9sta se hallaba, que incurri\u00f3 en culpa al abstenerse de informarle al investigador fiscal la existencia de la sentencia condenatoria dictada en su contra en el otro proceso ordinario, responsabilidad en la que reincidi\u00f3 cuando dej\u00f3 de evitar \u201clas consecuencias producidas por la no cancelaci\u00f3n de dicha orden de captura\u201d(fl.16), entre otros. <\/p>\n
4. Al ser evidente que lo indicado en la censura como equivocado es no haberse advertido por el tribunal la culpa o el dolo, elemento que se apreciaba en la prueba documental particularizada en el cargo, este razonamiento, definitivamente enfilado por el aspecto de la ponderaci\u00f3n probatoria, resulta inapropiado, porque al invocarlo se aleja de las conclusiones f\u00e1cticas a que lleg\u00f3 el sentenciador. Por ende, la acusaci\u00f3n as\u00ed formulada resulta abiertamente alejada de la t\u00e9cnica. <\/p>\n
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5. Por tanto, el cargo fracasa. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En \u00e9ste se acusa la sentencia de quebrantar indirectamente, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1494, 1604, inciso 3\u00ba, y 2341 del C\u00f3digo Civil, 9\u00ba y 105 del C\u00f3digo Penal y 55 y 153 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, como consecuencia de no haber aplicado los art\u00edculos 174, 185, 252 y 253 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debido a errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
1. Luego de transcribir el aparte en el que, seg\u00fan la recurrente, el sentenciador dijo no estar configurado el abuso del derecho porque la concesionaria certific\u00f3 que no enajenaba veh\u00edculos de marca Chevrolet sino Toyota, manifiesta la acusadora que el tribunal incurri\u00f3 en error de derecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas que incorpora el asunto penal adelantado contra la actora, como de las copias aut\u00e9nticas del proceso que \u00e9sta inici\u00f3 contra Aseguradora Colseguros S. A. en el juzgado 10 Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
2. En torno del aludido asunto penal, tras mencionar que la Fiscal\u00eda Seccional 156 precluy\u00f3 la respectiva investigaci\u00f3n, precisa que el ad-quem incurri\u00f3 en error en su valoraci\u00f3n, porque no tuvo en cuenta que se reunieron los requisitos para tenerlo como prueba trasladada de acuerdo al art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y omiti\u00f3 percatarse que estaba en presencia de una providencia revestida de las caracter\u00edsticas de cosa juzgada, siendo que, por lo dem\u00e1s, se trata de documentos aut\u00e9nticos que dan fe de las decisiones tomadas por aquella autoridad y de los hechos que le sirvieron de fundamento, de los cuales la casacionista dice destacar la actuaci\u00f3n de la aseguradora que constituy\u00f3 abuso del derecho, particularmente donde se establece que conoc\u00eda la residencia de Amalia Cecilia y no lo inform\u00f3 para que el investigador, en lugar de ordenar la captura, hubiera dispuesto la citaci\u00f3n de la inculpada; que sab\u00eda que la asegurada, alrededor de la negociaci\u00f3n del veh\u00edculo, no intervino en los tr\u00e1mites de importaci\u00f3n pues actu\u00f3 apenas como compradora y, pese a ello, al constituirse en parte civil, le imput\u00f3 la comisi\u00f3n de unos delitos; y que omiti\u00f3 poner en conocimiento de ese funcionario la existencia del fallo dictado en el aludido proceso civil, pues, si lo hubiera manifestado habr\u00eda impedido la susodicha captura. <\/p>\n
Puntualiza, asimismo, que la demandada no tach\u00f3 de falsos los documentos que como prueba se aportaron en el referido pleito civil. <\/p>\n
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3. Remat\u00f3 se\u00f1alando que si el fallador hubiese valorado esas pruebas habr\u00eda encontrado demostrado tal abuso, sin llegar a concluir, como lo hizo, \u201cque por virtud de que el hecho de la falsedad se configur\u00f3, lo que tampoco apareci\u00f3 demostrado, no se incurri\u00f3 en esa figura cuasidelictual\u201d(fl.18). <\/p>\n
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CARGO TERCERO <\/p>\n
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Se ataca la sentencia por quebrantar, indirectamente, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1494, 1604, inciso 3\u00b0, y 2341 del C\u00f3digo Civil, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas al \u201cno haber aplicado los art\u00edculos 4\u00ba, 6\u00ba, 174, 175, 177, 185, 187, 251, 254 y 268 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d(fl.18). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Tras citar algunos pasajes de la providencia combatida, sostiene la censura que como en el fallo se pretiri\u00f3 la prueba documental relacionada con la denuncia penal y el respectivo proceso, adelantado por la Fiscal\u00eda Seccional 156, cuyas copias corren a folios 23 a 96 del cuaderno 1, el tribunal cometi\u00f3 los siguientes yerros de hecho: <\/p>\n
a) Dej\u00f3 de ver que la demandada formul\u00f3 aquella denuncia sin indicar la direcci\u00f3n de la inculpada, no obstante que la conoc\u00eda desde antes de proponerla, como as\u00ed se establece de la objeci\u00f3n que hizo a la reclamaci\u00f3n del pago del siniestro y de la circunstancia de que entre las partes se tramitaron dos procesos civiles, siendo \u00e9ste uno de ellos, informaci\u00f3n que tampoco suministr\u00f3 cuando, despu\u00e9s de elevar esa queja, se notific\u00f3 del proceso ordinario que le promovi\u00f3 la aqu\u00ed demandante, pues all\u00ed obtuvo conocimiento de ese lugar; b) inobserv\u00f3 que no obstante ser cierto que la constituci\u00f3n de parte civil es un derecho legitimo, no lo es menos que la denunciante le imput\u00f3 a la accionante ser la autora o coautora de los delitos all\u00ed referidos; c) no tuvo en cuenta que la contraparte no inform\u00f3 al investigador penal la decisi\u00f3n de segunda instancia adoptada en el pleito de responsabilidad civil contractual, en el que se la conden\u00f3 a pagar la indemnizaci\u00f3n asegurada, pese a que esa petici\u00f3n de parte civil se promovi\u00f3 despu\u00e9s de producida aquella determinaci\u00f3n, siendo ello un deber de lealtad procesal; d) ignor\u00f3 que a ra\u00edz de las maniobras desplegadas por la accionada, quien promovi\u00f3 este proceso no conoc\u00eda la existencia de la investigaci\u00f3n penal ni la orden de captura y que la demandada, de haber sido diligente, habr\u00eda podido evitar la captura al suministrar esa direcci\u00f3n cuando la Fiscal\u00eda se abstuvo de proferir medida de aseguramiento (auto de 30 octubre de 1999), y sin embargo no lo hizo; y e) no repar\u00f3 que Aseguradora Colseguros S. A. no tach\u00f3 de falsos los documentos que se aportaron en el aludido asunto civil, que Ucr\u00f3s de Garc\u00eda no intervino en la importaci\u00f3n del automotor, donde al parecer se present\u00f3 la referida falsedad, y que la Compa\u00f1\u00eda sab\u00eda que esa aparente falsedad obedeci\u00f3 a un error de persona diferente a la accionante cometido de buena fe, a lo cual en actitud culposa guard\u00f3 silencio ante la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
2. De haber observado el juez de segundo grado esos medios de certeza y que la demandada no prob\u00f3 que procedi\u00f3 con diligencia en la formulaci\u00f3n de la denuncia y en la constituci\u00f3n de parte civil, habr\u00eda encontrado demostrado el abuso del derecho con el que aqu\u00e9lla procedi\u00f3 y, por lo mismo, accedido a las pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
<\/p>\n
1. Advierte la Corporaci\u00f3n que el ataque, unido como qued\u00f3, no puede alcanzar \u00e9xito, puesto que los anunciados yerros de jure y de facto ciertamente no existieron, seg\u00fan pasa a verse. <\/p>\n
2. Ciertamente, n\u00f3tese c\u00f3mo el tribunal, luego de adelantar raciocinios de car\u00e1cter jur\u00eddico en torno al abuso del derecho y acerca de los requisitos necesarios para su existencia, pas\u00f3 a indicar los hechos que encontr\u00f3 demostrados, refiri\u00e9ndose con claridad a los expresados en el expediente con relaci\u00f3n al cual dice el censor que aqu\u00e9l no tuvo en cuenta; con otras palabras, tanto apreci\u00f3 los medios que se se\u00f1alan de inadvertidos que precisamente en ellos fund\u00f3 su conclusi\u00f3n, reconociendo, aunque impl\u00edcitamente, su autenticidad y eficacia demostrativa, de donde se desprende que no ignor\u00f3 el m\u00e9rito de las determinaciones adoptadas en la resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n y tampoco omiti\u00f3 tener en cuenta que tal haz documental reun\u00eda los requisitos de prueba trasladada, solo que de su valoraci\u00f3n dedujo unas consecuencias adversas a las pretensiones invocadas por la actora. <\/p>\n
Justamente por lo anterior aquellos reproches tocantes con la ocultaci\u00f3n de la direcci\u00f3n y la ausencia de informaci\u00f3n acerca del resultado de la sentencia civil, quedan comprendidos dentro del argumento toral del ad-quem en cuanto asever\u00f3 que, en \u00faltimas, en la expedici\u00f3n de las \u00f3rdenes de captura ninguna injerencia pudo tener la compa\u00f1\u00eda de seguros, pues eran \u201cdecisiones del resorte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y que no pueden tomar los particulares por mucho inter\u00e9s que tengan en obtener esas \u00f3rdenes\u201d(fl.33). <\/p>\n
Y es precisamente por lo expuesto que no acompasa con la realidad la aducida preterici\u00f3n de la prueba documental tanto del asunto penal como del civil por responsabilidad contractual, dado que, como ya se dej\u00f3 sentado, el ad-quem s\u00ed la tuvo en cuenta y la ponder\u00f3, aunque no lleg\u00f3 a las mismas conclusiones a que arrib\u00f3 aqu\u00e9l. En este puntual aspecto ha de verse c\u00f3mo el fallador goza de discreta autonom\u00eda tanto para apreciar el acervo probatorio como para formarse alrededor de ese conjunto y de los medios que lo componen su propia convicci\u00f3n, y que \u201cante esta facultad de apreciaci\u00f3n, no corresponde a la Corte pronunciar nuevas o distintas conclusiones sino cuando la estimaci\u00f3n del sentenciador de instancia resulta evidentemente contraria a la naturaleza y realidad misma de los hechos que las pruebas demuestran\u201d(G. J. t, CXLVII, pag.102), todo bajo el reconocimiento de que la presencia de un criterio de interpretaci\u00f3n probatoria en el censor, diverso del expuesto por el juez de segundo grado no se erige en causa suficiente para pregonar el yerro f\u00e1ctico \u201cmientras \u00e9ste no degenere ostensiblemente en arbitrariedad\u201d, como tambi\u00e9n lo indic\u00f3 la Corporaci\u00f3n en la misma sentencia, en la medida que no es la disparidad de opiniones en torno de la interpretaci\u00f3n de la prueba sino la franca desconexi\u00f3n con lo que ella muestra, lo que comporta el error se\u00f1alado. <\/p>\n
3. Al margen de las consideraciones precedentes ha de verse c\u00f3mo las falencias que se plantean en los cargos, de existir, no alcanzar\u00edan a derruir los fundamentos del fallo atacado, puesto que ninguna de ellas pone en evidencia un yerro trascendente y evidente, como ten\u00eda que ser, de forma tal que diera al traste con la ponderaci\u00f3n efectuada por el sentenciador, por cuanto de las pruebas aludidas, tal y como lo estim\u00f3 el sentenciador, no surge forzosamente dolo o culpa a cargo de la demandada en la participaci\u00f3n que tuvo en ese asunto criminal, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, la circunstancia de que la aseguradora hubiere formulado la queja penal sin indicar la direcci\u00f3n de la inculpada, no obstante que la conociera desde antes de proponerla, no traduce abuso en el ejercicio del deber de denunciar, puesto que dicho comportamiento, por s\u00ed solo, no implica que ese proceder hubiere sido temerario o de mala fe; situaci\u00f3n que del mismo modo se predica de la aseveraci\u00f3n de la impugnadora relativa a que la denunciante le imput\u00f3 a la accionante ser la autora o coautora de los delitos all\u00ed referidos, m\u00e1s cuando en este espec\u00edfico punto no hubo una afirmaci\u00f3n expresa y categ\u00f3rica de aqu\u00e9lla, como que en el escrito respectivo se limit\u00f3 a indicarle a la autoridad que esa denuncia tambi\u00e9n ser\u00eda contra \u201cAMALIA CECILIA UCR\u00d3S GARC\u00cdA si de la investigaci\u00f3n se desprende que existe m\u00e9rito para vincularla\u201d(fl.25, cd.1), precisi\u00f3n esta que desdice, inobjetablemente, de todo prop\u00f3sito malintencionado de la misma, pues al proceder de la particularizada manera no hizo m\u00e1s que dejar que fuera el propio Fiscal quien determinara a qu\u00e9 personas involucraba en ese procedimiento criminal. <\/p>\n
Es palmario que la cautela observada por la aseguradora en la determinaci\u00f3n de los posiblemente responsables del presunto il\u00edcito echa a pique toda imputaci\u00f3n dolosa o culposa que alrededor de esa espec\u00edfica actuaci\u00f3n se le pretenda endilgar. <\/p>\n
Adicionalmente, no ve la Corte c\u00f3mo la omisi\u00f3n en informar a la Fiscal\u00eda la existencia de la decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia en el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual pudiera conllevar, por lo menos impl\u00edcitamente, una posici\u00f3n deliberada de la accionada de perjudicar a la actora, como que de un comportamiento tal no emana, necesariamente, una conducta dirigida \u00fanicamente a propiciar la captura de Ucr\u00f3s de Garc\u00eda, que es el hecho del que en el fondo se duele la actora. <\/p>\n
Lo expuesto sirve para sostener, a manera de conclusi\u00f3n, que las omisiones de que tanto se queja la censura no pueden ser catalogadas como maniobras de la accionada con el exclusivo fin de causarle da\u00f1o a la accionante o, cuando menos, de hacer que se produjera la aprehensi\u00f3n de \u00e9sta, m\u00e1xime si se advierte, como lo puntualiz\u00f3 el tribunal, que a la Fiscal\u00eda, en su fundamental papel de investigador, le compet\u00eda allanar todos los caminos tendientes a salvaguardar los naturales derechos de los inculpados y a hallar la verdad sobre los hechos que le fueron puestos a su conocimiento. <\/p>\n
Finalmente, lo atinente al mantenimiento de la orden de captura, pese a que por auto de 30 de octubre de 1999 la Fiscal\u00eda se abstuvo de proferir medida de aseguramiento, es una situaci\u00f3n cuyas consecuencias no se le pueden atribuir a la demandada en su condici\u00f3n de denunciante de los hechos, pues, como as\u00ed lo consider\u00f3 el ad-quem, el mantener vigente y levantar esa orden no dependi\u00f3 de la compa\u00f1\u00eda de seguros y en cambio s\u00ed del organismo investigador, por albergar la justicia penal el principio inquisitivo. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no debe perderse de vista que la raz\u00f3n fundamental que tuvo Aseguradora Colseguros S. A. para formular la socorrida denuncia penal estrib\u00f3 en el hecho de que Motofalca le certific\u00f3 no comercializar con automotores de la marca del comprometido en el contrato de seguro, es decir, que atendida esa raz\u00f3n fundamental, a ciencia cierta no puede decirse que en ese proceder obr\u00f3 con carencia de la debida diligencia, como para que se pudiera arg\u00fcir que la demandada comprometi\u00f3 su responsabilidad, pues, como desde antiguo lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, si \u201cpara deducir responsabilidad civil a quien ha denunciado a otro como autor de un delito que a la postre resulta procesalmente inexistente, no es suficiente la copia del auto de sobreseimiento del denunciado o la sentencia en que se lo absuelve, sino que es indispensable investigar si hubo por parte de aqu\u00e9l un error de conducta al formular la denuncia, el cual puede inferirse de los hechos pertinentes, de las circunstancias y peculiaridades que cada caso presente, debe y tiene que seguirse que tal inferencia es una cuesti\u00f3n de hecho, cuyo establecimiento o no establecimiento por el Tribunal no puede infirmarse en casaci\u00f3n mientras no se demuestre que es contraevidente a lo que las pruebas indiquen\u201d(G.J., t. CLV, 1\u00aa parte, pag.294). <\/p>\n
4. No prosperan los cargos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N: <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 3 de diciembre de 2002, pronunciada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario instaurado por Amalia Cecilia Ucr\u00f3s de Garc\u00eda frente a la Aseguradora Colseguros S. A. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-045-2005 [00225-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 00225-01. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82895","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82895\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}