SC-047-2005 [12997-02]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref: Exp. 12997-02 <\/p>\n
Pasa a decidirse el recurso de casaci\u00f3n formulado por la demandante contra la sentencia de 27 de marzo de 2000, proferida por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1 en este proceso ordinario de International Colombia Resources Corporation \u201cIntercor\u201d contra Constructora Arauca Ltda. y Seguros del Estado S.A. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
Pidi\u00f3se declarar que la demandada incumpli\u00f3 el contrato celebrado con base en la oferta mercantil 5-MR-076-Sa presentada el 22 de septiembre de 1989, y en consecuencia, condenarla a pagar el anticipo no amortizado, la cl\u00e1usula penal, $691.898,10 debidos a cuenta de una multa por incumplimiento, y $83’600.000 a t\u00edtulo de perjuicios por ese motivo, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria o indexaci\u00f3n y los intereses causados sobre dichas sumas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la aseguradora, solicit\u00f3 condenarla a pagar, como garante de la otra demandada, $94’274.538, juntamente con la indexaci\u00f3n e intereses pedidos sobre las otras cifras mencionadas. <\/p>\n
Como sustento de sus pretensiones adujo, en s\u00edntesis, que con fundamento en una oferta mercantil presentada por la demandada, contrat\u00f3 con \u00e9sta el mantenimiento de las v\u00edas Mina-Puerto Bol\u00edvar – internas y secundarias, durante el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os, previo el cumplimiento de algunas condiciones en cuanto al sistema de desembolso del anticipo, el cual fue debidamente entregado. <\/p>\n
La aseguradora demandada garantiz\u00f3 el cumplimiento del contrato con la p\u00f3liza de seguro de cumplimiento CU-919144, pact\u00e1ndose como condici\u00f3n especial, \u201cque quedaban incluidos dentro del amparo todos los documentos que determinan, regulan, complementan o adicionan el contrato inicial\u201d. <\/p>\n
Aunque las obras iniciaron efectivamente entre abril y junio de 1991, tras distintos contratiempos, que a su turno dieron lugar a requerimientos y a multas, la constructora suspendi\u00f3 actividades sin justificaci\u00f3n el 31 de octubre de 1991, lo que dio lugar a que la actora terminara unilateralmente el contrato, raz\u00f3n por la que tuvo que contratar otra firma, Gayco S.A. Ingenieros Constructores, para que las realizara, con un sobrecosto de $71’200.000. <\/p>\n
La terminaci\u00f3n gener\u00f3 para la demandante perjuicios por $83’600.000, cifra que, adem\u00e1s de incluir los sobre-costos mencionados, comprende los gastos de interventor\u00eda por $6’900.000, el costo del nuevo proceso de contrataci\u00f3n de la obra por $500.000 y el tiempo de personal \u00abstaff\u00bb de la demandante por un total de $5’000.000. <\/p>\n
Las demandadas se opusieron; la constructora neg\u00f3 la entidad de los incumplimientos -como para dar lugar a la terminaci\u00f3n unilateral por la actora- y en cuanto a los perjuicios dijo atenerse a lo probado, precisando que si en la nueva contrataci\u00f3n surgieron sobre-costos, la raz\u00f3n de ello es asunto que concierne a la actora. <\/p>\n
La aseguradora, por su lado, hizo ver c\u00f3mo adem\u00e1s de que las modificaciones de la oferta, los requerimientos realizados ni las multas impuestas le fueron reportadas, la p\u00f3liza se refiri\u00f3 s\u00f3lo a la oferta presentada el 22 de septiembre de 1989 y no a las sucesivas, \u201cen las que se hizo m\u00e1s gravosa\u201d la situaci\u00f3n contractual para la constructora; en punto de los perjuicios se atuvo a lo probado, y formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 nulidad del contrato de seguro \u201cpor reticencia en la informaci\u00f3n\u201d, terminaci\u00f3n \u201cpor violaci\u00f3n de la garant\u00eda\u201d y \u201cpor agravaci\u00f3n del riesgo\u201d, al igual que las de prescripci\u00f3n, reducci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n, ausencia de prueba de la existencia de perjuicios y de su cuant\u00eda\u201d y \u201causencia de prueba del incumplimiento\u201d. <\/p>\n
El fallo desestimatorio de primera instancia fue revocado por el tribunal, que en su lugar declar\u00f3 incumplida a la constructora, y la conden\u00f3 al pago de \u201clos perjuicios que en el rubro de cl\u00e1usula penal pactaron las partes y cuyo saldo asciende a la suma de $117\u00b4295.169\u201d suma tomada de los cr\u00e9ditos que a la fecha de terminaci\u00f3n quedaron a favor Intercor y est\u00e1 comprendida por el valor del anticipo no amortizado, la multa notificada DSA.MIM.308.91 y por la pena por incumplir la cl\u00e1usula 9\u00aa. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Empez\u00f3 descartando lo de la invalidez de la oferta avistada por el a-quo; en fin de cuentas, am\u00e9n de que a su perfeccionamiento no ven\u00eda formalidad ninguna, la confesi\u00f3n ficta del representante de la constructora, quien no concurri\u00f3 a absolver el interrogatorio para el cual fue citado, as\u00ed permite deducirlo. <\/p>\n
As\u00ed, a vuelta de analizar la cl\u00e1usula octava del convenio y otras pruebas documentales, concluy\u00f3 que la actora dio por terminado con justa causa el contrato, raz\u00f3n por la que, viendo que la demanda hab\u00eda de salir avante, salt\u00f3 a examinar lo atinente a los perjuicios. <\/p>\n
Y, en orden a determinarlos, anot\u00f3 que habi\u00e9ndose previsto un mecanismo para deducirla de los saldos a favor de la constructora o del dep\u00f3sito en garant\u00eda, al cual se acogi\u00f3 la actora, a dicho procedimiento deb\u00edan sujetarse \u201cen la liquidaci\u00f3n que las partes deben realizar\u201d; no obstante, advirtiendo que del valor de la cl\u00e1usula penal acordada qued\u00f3 un remanente de $117’295.169, conden\u00f3 a la contratista a su pago. <\/p>\n
En cuanto a los $83’600.000, discriminados entre gastos de interventor\u00eda, costo del nuevo proceso de contrataci\u00f3n de la obra, tiempo del personal \u2018staff\u2019 de Intercor y sobre-costo del nuevo contrato, estim\u00f3 que como ninguna prueba demuestra el da\u00f1o, no cabe su reconocimiento; tanto menos si parte de la prueba documental muestra que para cuando la actora invit\u00f3 a Constructora Gayco S.A. a que continuara con la obra, a\u00fan no hab\u00eda terminado unilateralmente el contrato con la demandada. Al margen, no vio prueba de que \u201ctales sumas se hayan cancelado como all\u00ed se expresa o que tengan relaci\u00f3n de causalidad con el incumplimiento (…) ni pidi\u00f3 prueba con tal fin\u201d, colof\u00f3n que reforz\u00f3 con algunas precisiones en torno a la naturaleza del perjuicio resarcible. <\/p>\n
En el remate, se\u00f1ala que la aseguradora debe ser absuelta, en tanto que las comunicaciones cruzadas entre Intercor y la contratista indican que el beneficiario del amparo incumpli\u00f3 con las obligaciones a su cargo, particularmente por haber introducido modificaciones al contrato sin el consentimiento del asegurador, lo que desencaden\u00f3 su terminaci\u00f3n autom\u00e1tica, y por no haber dado aviso oportuno de la ocurrencia del siniestro. Con el agregado de que la demandante no acredit\u00f3 que hubo convenio expreso para que las cl\u00e1usulas generales del amparo no le fueran aplicables. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
El \u00fanico cargo, formulado al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1494, 1495, 1527, 1592, 1602, 1603, 1608-1, 1610-3, 1613, 1614, 1615, 1617, 1625, 1973, 2053 (incisos 3, 4 y 5) y 2056 del c\u00f3digo civil; los art\u00edculos 2\u00b0, 822, 824, 864, 870, 871, 884, 885, 886, 1045, 1053, 1068, 1075, 1077 y 1080 del c\u00f3digo de comercio; los art\u00edculos 5\u00b0 y 8\u00b0 de la ley 153 de 1887; los art\u00edculos 2, 4 y 7 de la ley 225 de 1938 y el art\u00edculo 83 de la ley 45 de 1990, a consecuencia de error de hecho del tribunal al pasar por alto la prueba de confesi\u00f3n de las demandadas existente dentro del proceso, al igual que otras pruebas recaudadas. <\/p>\n
En el desarrollo, aduce que si bien el tribunal vio la confesi\u00f3n ficta del representante de la constructora, que no asisti\u00f3 al interrogatorio de parte para el que fuera citado, al dar por probado el contrato, olvid\u00f3 extra\u00f1amente que dicha confesi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 210 del c\u00f3digo de procedimiento civil, hac\u00eda presumir ciertos tambi\u00e9n los otros hechos de la demanda susceptibles de prueba mediante confesi\u00f3n, en particular aquellos que ata\u00f1en al espec\u00edfico tema de \u201cotros perjuicios\u201d, a los cuales se refiri\u00f3 el hecho 18 bis de la demanda, en cuant\u00eda de $83’600.000, aduciendo err\u00f3neamente que ninguna prueba fue pedida ni arrimada al litigio, que tuviese como prop\u00f3sito demostrar el monto del da\u00f1o. <\/p>\n
As\u00ed que, al margen de que no tuvo en cuenta la sobredicha presunci\u00f3n, no reparar en que el dictamen pericial -que no fue objetado por ninguna de las partes- rendido por peritos contadores, muestra que \u201cel mayor costo que implic\u00f3 la contrataci\u00f3n de Gayco S.A. para continuar la ejecuci\u00f3n de las obras fue de $83’655.916, es decir, una cifra superior a la se\u00f1alada en la demanda\u201d. <\/p>\n
La misma tacha hace frente a la absoluci\u00f3n de la aseguradora; ech\u00f3 al olvido el tribunal que as\u00ed como acaeci\u00f3 con la constructora, el representante de \u00e9sta no concurri\u00f3 al interrogatorio de parte para el cual fue citado; pero, de no haber omitido esto, habr\u00eda concluido a voces del art\u00edculo 210 citado, que los hechos 20 a 26 de la demanda se hallan probados, especialmente el 25, donde se afirm\u00f3 que la aseguradora no pag\u00f3 el seguro, que el siniestro ocurri\u00f3 y que a la reclamaci\u00f3n se adjuntaron las pruebas del mismo y de la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con estos hechos, no observ\u00f3 que la aseguradora tampoco compareci\u00f3 a la exhibici\u00f3n de documentos ordenada por el juez, a espaldas del art\u00edculo 285 del c\u00f3digo de procedimiento civil, disposici\u00f3n a cuyo tenor debi\u00f3 tener por ciertos los hechos que se propon\u00eda probar, es decir, el otorgamiento de la p\u00f3liza, la condici\u00f3n especial pactada con arreglo a la cual quedaban dentro del amparo los documentos que determinan, regulan, complementan o adicionan el contrato inicial, la oportuna notificaci\u00f3n del siniestro a la aseguradora, y la presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n formal por $94’274.538, acreditando la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, no obstante lo cual la aseguradora injustamente objet\u00f3 el reclamo. <\/p>\n
Omiti\u00f3 adem\u00e1s el documento visto a folio 152 del cuaderno 1, contentivo del anexo de la p\u00f3liza, con vista en el cual \u201cse entienden incorporadas a la presente p\u00f3liza de seguro, todas las estipulaciones del contrato garantizado e igualmente todos los documentos que lo determinan, regulan, complementan \u00f3 adicionan\u201d, documento que si el juzgador hubiera apreciado, l\u00f3gica y f\u00e1cilmente lo habr\u00eda conducido a concluir que por \u00e9l quedaron modificados esos aspectos de \u201clas condiciones generales\u201d del amparo. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Es patente que el tribunal, cual lo dice la censura, al examinar lo tocante a los \u201cotros perjuicios\u201d y a las condiciones del amparo concedido por la aseguradora, no hizo ninguna referencia al influjo que el comportamiento procesal de las demandadas ten\u00eda en la demostraci\u00f3n de una y otra cosa; omisi\u00f3n esta que, sin embargo, no autoriza el quiebre de la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Y, a la verdad, esto es as\u00ed porque los \u00abotros perjuicios\u00bb reclamados, fueron desestimados por el tribunal no s\u00f3lo por la carencia de prueba sobre ellos, sino porque, adem\u00e1s, elementos hab\u00edan para pensar que \u00e9stos no pudieron llegar a causarse, apreciaci\u00f3n que, hay que subrayarlo por su influjo en las resultas del recurso, nunca confront\u00f3 el censor tornando en ese sentido notoriamente incompleta la acusaci\u00f3n; y, en tanto que, en lo relativo a los t\u00e9rminos en que la cobertura se otorg\u00f3, la protesta impugnaticia se revela infundada, como adelante habr\u00e1 de puntualizarse, pues esa tem\u00e1tica fue asunto que el juzgador solt\u00f3 exclusivamente con estribo en las condiciones generales de la p\u00f3liza y no en m\u00e1s medios probatorios, labor donde, por lo dem\u00e1s, no despunta un yerro de las dimensiones que abren paso a la casaci\u00f3n. <\/p>\n
El tribunal, mem\u00f3rase, tras elucidar con relativa amplitud sobre la falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios en disputa, no fue ajeno al hecho de que con prescindencia de ello, Intercor inici\u00f3 contactos con Gayco para que culminase las obras encomendadas a la constructora antes de la terminaci\u00f3n del contrato con la demandada, asunto que sin embargo no dej\u00f3 ah\u00ed, pues, despu\u00e9s de teorizar acerca de las caracter\u00edsticas del perjuicio resarcible, puso en duda que aquellos mostraran rasgos de esa naturaleza. <\/p>\n
Estos argumentos no aparecen rebatidos en casaci\u00f3n. Y a buen seguro que por la importancia con que el tribunal los destac\u00f3, acabaron movi\u00e9ndolo t\u00e1citamente hacia el desvanecimiento de una eventual confesi\u00f3n, precisamente por aquello de que toda confesi\u00f3n, seg\u00fan lo proclama el art. 200 del c\u00f3digo de procedimiento civil, es infirmable. De ah\u00ed que forzoso resultaba para el recurrente combatirlos, pues mientras en pie se mantengan dejan maltrecha la confesi\u00f3n en que se apuntala la censura, la cual, desde la perspectiva anotada, carece del inmenso poder de sobreponerse sin m\u00e1s en una confrontaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Ahora, respecto de la aseguradora, ya se anot\u00f3, el punto de partida tomado por el juzgador para exonerarla gravit\u00f3 b\u00e1sicamente en que las condiciones generales de la p\u00f3liza proscriben cualquier posibilidad de que el contrato materia de cobertura fuese objeto de modificaciones futuras sin previa informaci\u00f3n al asegurador, en que no se acredit\u00f3 la existencia de un convenio expreso en virtud del cual \u00e9stas no ser\u00edan aplicables, y en que si el beneficiario incumpli\u00f3 con las obligaciones a su cargo, pues \u201cse introdujeron modificaciones al contrato afianzado, sin el consentimiento expreso de la asegurador (sic), cuyo incumplimiento fue previsto como causal de terminaci\u00f3n autom\u00e1tica del contrato, [y] no inform\u00f3 oportunamente la ocurrencia del siniestro\u201d. Desde luego, dijo, \u201cel rigor financiero debe ser cumplido tanto por las aseguradoras que otorgan una p\u00f3liza como por el asegurado o beneficiario que acepta el afianzamiento del contrato de obra\u201d. <\/p>\n
Estas consideraciones del tribunal permiten ver que aunque, ciertamente, ning\u00fan comentario le vali\u00f3 el contenido de la eventual confesi\u00f3n al abordar el tema de las modificaciones efectuadas al contrato afianzado, ello fue as\u00ed porque en el fondo anduvo ateni\u00e9ndose al tenor de las condiciones generales de la p\u00f3liza, en las que abrev\u00f3 para tantear cu\u00e1les fueron las consecuencias que dimanaron de las sobredichas modificaciones, dejando de lado, por ende, todo aquello que no estuviese contenido en la p\u00f3liza y sus anexos. <\/p>\n
Mirada cuidadosamente esa espec\u00edfica conclusi\u00f3n, de inmediato viene la idea de que al exteriorizar su pensamiento el juzgador lo hizo imbuido por el criterio formalista que por la \u00e9poca de la suscripci\u00f3n de la p\u00f3liza, esto es 1989, imperaba en todo cuanto tuviese relaci\u00f3n con la existencia del seguro; a prop\u00f3sito, recu\u00e9rdase que seg\u00fan la tesis forjada por esta Corporaci\u00f3n con apoyo en el texto del entonces vigente art\u00edculo 1046 del c\u00f3digo de comercio y las dem\u00e1s disposiciones concordantes -tesis hoy atenuada completamente por la reciente ley 397 de 1997-, los alcances de dicha solemnidad no eran \u201cuna simple formalidad ad probationem, (…) la existencia de la p\u00f3liza es un requisito ad substantiam actus, cuya omisi\u00f3n irremisiblemente trae como consecuencia que el contrato aludido no nace a la vida jur\u00eddica, ni tampoco puede demostrarse por ning\u00fan otro medio probatorio\u201d (CCXLVI, p\u00e1gina 355, sentencia 4 de abril de 1997) (subl\u00edneas ajenas al texto). <\/p>\n
Por supuesto que tal formalismo, atendiendo a las caracter\u00edsticas propias del contrato de seguro, entre las que se destaca el ser de ejecuci\u00f3n sucesiva, no acababa all\u00ed; trascend\u00eda a otros campos, incluy\u00e9ndose el de sus modificaciones, las cuales deb\u00edan avenirse a su evidente car\u00e1cter solemne, aspecto en punto del cual se precis\u00f3 igualmente por la jurisprudencia que, \u201cdentro de la precitada solemnidad de la p\u00f3liza, debido a la funci\u00f3n formal que tiene esta \u00faltima en la contrataci\u00f3n del seguro, deben entenderse incluidos todos aquellos elementos que la componen, tal como ocurre con la solicitud de seguro formulada por el tomador los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar y revocar la p\u00f3liza\u201d (sentencia citada) [subl\u00edneas ajenas al texto]. <\/p>\n
Y resulta todav\u00eda m\u00e1s razonable la apreciaci\u00f3n que frente al punto expres\u00f3 el tribunal, cuando se advierte que la jurisprudencia s\u00f3lo admiti\u00f3 modificaciones no formales a este tipo de contratos de manera excepcional; al efecto mem\u00f3rase c\u00f3mo, tal como lo indica el fallo citado, \u00fanicamente se aceptaron estas variaciones al contrato en trat\u00e1ndose del seguro de transporte, en la medida en que \u201cpor las circunstancias materiales (vgr. de clima o de medio de transporte), econ\u00f3micas (vgr. volumen de carga), financieras (vgr. aplazamiento o limitaciones crediticias) o de cualquier \u00edndole, las partes contratantes puedan modificar algunos aspectos relativos a sus elementos esenciales, como ser\u00edan los referentes a las modificaciones de los nombres del remitente o destinatario, o de la fecha, los medios o el trayecto de transporte, etc. sin que ello altere la esencia jur\u00eddica y econ\u00f3mica de dicho contrato\u201d (casaci\u00f3n citada), planteamiento que indudablemente acompasa con la naturaleza variable del riesgo. <\/p>\n
De manera que si al interpretar la cl\u00e1usula, asunto que bien se sabe, pertenece a la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia, el sentenciador dio por descontado que de todas maneras correspond\u00eda al actor demostrar por los medios probatorios conducentes, que las modificaciones al contrato objeto de cobertura fueron aceptadas expresamente por la compa\u00f1\u00eda, pues as\u00ed se pact\u00f3 y por fuerza de la formalidad que en el punto establec\u00eda la ley a ello hab\u00edan de atenerse las partes, es entonces evidente que no puede tild\u00e1rselo de contra-evidente, ni mucho menos de arbitrario, en tanto que ello no pod\u00eda probarse en este caso de modo diverso a como lo exigi\u00f3, ni a\u00fan en la confesi\u00f3n. <\/p>\n
Ya por \u00faltimo, el anexo del folio 152 consagr\u00f3 ciertamente que se entienden incorporados todos los documentos que determinan, regulan, complementan o adicionan el seguro. Sin duda que ello modifica el convenio, pero, eso si, de ning\u00fan modo podr\u00e1 achacarse al tribunal que cometi\u00f3 yerro monstruoso al interpretar que en todo caso el deber de informar a la aseguradora no se extingui\u00f3, pues tal exoneraci\u00f3n no aparece en el anexo supradicho. <\/p>\n
No prospera, pues, el cargo. <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
Costa en casaci\u00f3n a cargo de la recurrente <\/p>\n
Notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase al expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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