SC-050-2005 [7535]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., treinta de marzo de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Exp. No. 7535 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 27 de octubre de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, como ep\u00edlogo del proceso ordinario promovido por Nora Mar\u00eda y Marcela Sabas Cifuentes, herederas de Santiago Sabas Arias, contra Roberto L\u00f3pez Guerra, Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez y la Sociedad L\u00f3pez Guerra y C\u00eda. S.C.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Nora Mar\u00eda y Marcela Sabas Cifuentes demandaron a Roberto L\u00f3pez Guerra, Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez y la Sociedad L\u00f3pez Guerra y C\u00eda. S.C.S., con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones: <\/p>\n
1.1. Que Roberto L\u00f3pez Guerra es responsable civil y extracontractualmente por los perjuicios materiales causados a la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas Arias -estimados en $90\u2019000.000.oo \u00f3 lo que resultare probado en el proceso-, por haber dispuesto el 8 de febrero de 1984 de 125 reses de propiedad del causante, que pac\u00edan en la finca \u201cLa Tebaida\u201d ubicada en el municipio de Ciudad Bol\u00edvar. <\/p>\n
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1.2. En subsidio, que Roberto L\u00f3pez Guerra sea declarado civil y contractualmente responsable por los perjuicios materiales causados a la nombrada sucesi\u00f3n -estimados en $90\u2019000.000.oo-, por haber dispuesto de las 125 reses de propiedad del causante. <\/p>\n
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1.3. Como pretensi\u00f3n segunda principal, que se declare a la sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S. responsable extracontractualmente por los perjuicios materiales irrogados a la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas Arias -estimados en $300\u2019000.000.oo- por haber enajenado a t\u00edtulo de venta a Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez, la mitad de la finca \u201cLa Tebaida\u201d del municipio de Ciudad Bol\u00edvar. <\/p>\n
1.4. En subsidio de lo anterior, que la sociedad citada es responsable, por la conducta observada en la etapa precontractual, de los perjuicios materiales causados a la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas Arias -estimados en $300\u2019000.000.oo.-, por incumplimiento de las obligaciones asumidas en la etapa de formaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
1.5. Como tercera pretensi\u00f3n principal, que se declare que Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez es responsable civil y extracontractualmente por los perjuicios materiales causados a la citada sucesi\u00f3n -estimados en la suma de $820\u2019000.000.oo.-, por los actos jur\u00eddicos celebrados con Alberto Sabas Arias sobre la cuota de mitad proindiviso en la finca \u201cLa Tebaida\u201d y que constan en la escritura p\u00fablica 187 de 7 de abril de 1984 de la Notar\u00eda \u00danica de Ciudad Bol\u00edvar, y con la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S. sobre la mitad de la misma finca, que consta en la escritura p\u00fablica 259 de 27 de mayo de 1984 de la Notar\u00eda \u00danica de Ciudad Bol\u00edvar. <\/p>\n
2. Las pretensiones se soportaron en los hechos resumidos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. Santiago Sabas Arias, padre de las demandantes, a trav\u00e9s de su hermano Alberto Sabas Arias, quien actu\u00f3 en calidad de mandatario oculto, compr\u00f3 a la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S la mitad de la finca \u201cLa Tebaida\u201d, seg\u00fan reza en la escritura p\u00fablica 1654 de 29 de abril de 1983. <\/p>\n
2.2. Roberto L\u00f3pez Guerra, obrando en representaci\u00f3n de la sociedad demandada, vendi\u00f3 \u201cverbalmente\u201d a Santiago Sabas Arias, la otra mitad de la finca \u201cLa Tebaida\u201d. <\/p>\n
2.3. Santiago Sabas Arias y Roberto L\u00f3pez Guerra formaron una sociedad de hecho para la explotaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de ganado, la que fue liquidada antes de la muerte del primero, ocurrida el 8 de febrero de 1984; en virtud de esta liquidaci\u00f3n, Santiago Sabas Arias compr\u00f3 a Roberto L\u00f3pez Guerra el 50% del ganado que \u00e9ste hab\u00eda aportado; no obstante haber vendido su cuota y que nada le quedaba, L\u00f3pez Guerra dispuso de las 125 reses que la conformaban. <\/p>\n
2.4. Aunque Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez conoci\u00f3 de los negocios realizados por Santiago Sabas Arias, dijo comprar a Alberto Sabas Arias y a la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda., S.C.S. las dos mitades de la finca \u201cLa Tebaida\u201d, por escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 187 y 259 de 7 de abril y 27 de mayo de 1984, con lo cual se aprovech\u00f3 del dolo de los vendedores, quedando como poseedor inscrito y propietario de todo el predio. <\/p>\n
3. Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez se opuso a las pretensiones, aleg\u00f3 ser due\u00f1o de la totalidad de la finca \u201cLa Tebaida\u201d por adquirirla de sus leg\u00edtimos due\u00f1os, record\u00f3 que ese asunto ya fue decidido judicialmente, sostuvo que no supo de los negocios de Santiago Sabas Arias respecto de la finca y del ganado, pues ni siquiera lo conoci\u00f3, y formul\u00f3 las excepciones de cosa juzgada, transacci\u00f3n, mala fe de las demandantes y de su apoderada, buena fe y falta de dolo en los demandados. <\/p>\n
Roberto L\u00f3pez Guerra y la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S. fueron emplazados y el curador ad litem que los represent\u00f3 manifest\u00f3 no conocer la mayor\u00eda de los hechos y de los dem\u00e1s reclam\u00f3 su prueba. <\/p>\n
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4. El a quo neg\u00f3 las s\u00faplicas principales y subsidiarias, declar\u00f3 de oficio la nulidad absoluta de la compraventa verbal celebrada entre Santiago Sabas Arias y Roberto L\u00f3pez Guerra sobre la mitad de la finca \u201cLa Tebaida\u201d, como consecuencia de esta declaraci\u00f3n orden\u00f3 a Roberto L\u00f3pez Guerra restituir en beneficio de la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas Arias la cantidad de $1\u2019000.000.oo que recibi\u00f3, reajustada desde abril de 1983 y hasta la fecha del pago seg\u00fan certificaci\u00f3n que expida al efecto el Dane o el Banco de la Rep\u00fablica; conden\u00f3 en costas a Roberto L\u00f3pez Guerra en un 60%, y a las demandantes a favor de Pedro Restrepo P\u00e9rez y la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S. Adicionalmente orden\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
5. Apelado el fallo por las demandantes, fue modificado por el Tribunal Superior de Medell\u00edn \u00fanicamente en lo que respecta al reajuste de la condena impuesta a Roberto L\u00f3pez Guerra, frente a la cual orden\u00f3 tener en cuenta para la actualizaci\u00f3n de la condena la certificaci\u00f3n expedida por el Dane y no por el Banco de la Rep\u00fablica; en lo dem\u00e1s confirm\u00f3 la sentencia de primer grado. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
1. El Tribunal, al examinar las excepciones que fueron alegadas por Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez, se\u00f1al\u00f3 que si bien el 9 de agosto de 1985 se celebr\u00f3 una transacci\u00f3n sobre este mismo asunto entre dicho demandado y la se\u00f1ora Nora Cifuentes Rico en representaci\u00f3n de sus hijas Nora Mar\u00eda y Marcela Sabas Cifuentes, aqu\u00ed demandantes, tal contrato fue declarado inoponible a estas \u00faltimas mediante sentencia de 28 de enero de 1989, por lo que ellas pod\u00edan adelantar las acciones pertinentes para recuperar los derechos que le correspond\u00edan a la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
Record\u00f3 el Tribunal que las demandantes iniciaron otro proceso en el Juzgado 10\u00ba Civil del Circuito de Medell\u00edn que culmin\u00f3 con sentencia de 12 de abril de 1989, donde se declar\u00f3 que el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica 1654 de 29 de abril de 1983, relativo a la mitad de la finca \u201cLa Tebaida\u201d, fue celebrado por Alberto Sabas Arias como mandatario oculto de Santiago Sabas Arias, pese a lo cual se absolvi\u00f3 a Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez, hoy demandado, de las pretensiones contra \u00e9l formuladas. <\/p>\n
Seg\u00fan dijo el Tribunal, las peticiones de ese proceso fueron distintas a las que aqu\u00ed se debaten, porque mientras que all\u00e1 se pretendi\u00f3 que Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez restituyera el derecho de dominio sobre la finca \u201cLa Tebaida\u201d o su equivalente en dinero, en este asunto la demanda est\u00e1 encaminada a que se declare la responsabilidad civil extracontractual en cabeza del demandado Restrepo P\u00e9rez. <\/p>\n
Por ende, concluy\u00f3 que las excepciones de transacci\u00f3n y cosa juzgada eran impr\u00f3speras. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n, el sentenciador de segunda instancia descart\u00f3 la responsabilidad atribuida a Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez por haber adquirido de Alberto Sabas Arias y de la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S., el derecho de dominio sobre la finca \u201cLa Tebaida\u201d en proporci\u00f3n del 50% a cada uno, a pesar de conocer -seg\u00fan se dijo en la demanda- que el primero era un mandatario oculto de Santiago Sabas Arias y que el segundo hab\u00eda vendido verbalmente, tambi\u00e9n a \u00e9ste, su propiedad. <\/p>\n
2.1. Al respecto, dijo el Tribunal que as\u00ed Pedro Jos\u00e9 Restrepo hubiera conocido que Alberto Sabas Arias no era el verdadero propietario de la cuota que adquiri\u00f3, no por ello incurri\u00f3 en culpa, por cuanto es v\u00e1lida la venta de cosa ajena, como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 1871 del C.C., al paso que los art\u00edculos 1874 y 1875 ib\u00eddem contemplan su ratificaci\u00f3n, a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que la presunci\u00f3n de buena fe que ampara al comprador no fue desvirtuada por ninguna de las pruebas allegadas. En particular, sostuvo que las declaraciones de Rodrigo Gonz\u00e1lez Rico y Ramiro V\u00e9lez Toro, no acreditan que Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez conoc\u00eda que su vendedor era un testaferro o mandatario oculto de Santiago Sabas Arias, ni tampoco corroboran que el comprador conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer del fraude que se le atribuye a Alberto Sabas Arias, consistente en que realiz\u00f3 la venta con el fin de que los causahabientes de Santiago Sabas Arias no pudieran recuperar el derecho de cuota que hab\u00eda enajenado. Por ende, concluy\u00f3, la adquisici\u00f3n por parte de este demandado no implic\u00f3 responsabilidad de su parte. <\/p>\n
2.2. Sobre la venta verbal que Roberto L\u00f3pez Guerra hizo a Santiago Sabas Arias, asegur\u00f3 el Tribunal que a falta de escritura p\u00fablica que solemnizara tal acto, \u00e9ste era inexistente de conformidad con el art\u00edculo 265 del C. de P. C., y en consecuencia no perturbaba la legalidad de la negociaci\u00f3n realizada con Pedro Jos\u00e9 Restrepo, ni comportaba conducta negligente o culposa del comprador. <\/p>\n
3. Aclar\u00f3 el Tribunal que el a quo aplic\u00f3 acertadamente el art\u00edculo 1741 del C.C., al declarar la nulidad absoluta de la venta realizada verbalmente a Santiago Sabas Arias sobre el 50% de la finca \u201cLa Tebaida\u201d y conden\u00f3 al vendedor a devolver a la sucesi\u00f3n del extinto comprador la suma de $1\u2019000.000.oo. que hab\u00eda recibido en virtud de dicha negociaci\u00f3n. No obstante, precis\u00f3 que esa suma deb\u00eda ser incrementada seg\u00fan la certificaci\u00f3n expedida por el Dane, pues sus informes se relacionan con el costo de la vida a nivel nacional y el poder adquisitivo del peso. <\/p>\n
4. Continu\u00f3 el Tribunal con el an\u00e1lisis de las pretensiones aducidas en contra de la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S. <\/p>\n
4.1. Sobre la primera, en la que se endilg\u00f3 a esa demandada una responsabilidad extracontractual por enajenar a Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez la mitad de la finca \u201cLa Tebaida\u201d, que antes hab\u00eda vendido verbalmente a Santiago Sabas Arias, dedujo el Tribunal que as\u00ed se admitiera que dicha sociedad procedi\u00f3 con culpa, no se acreditaron los \u201cperjuicios\u201d y la \u201crelaci\u00f3n de causalidad\u201d, a m\u00e1s de que en la demanda no se identificaron adecuadamente los da\u00f1os irrogados, por lo que no pod\u00eda prosperar la pretensi\u00f3n elevada en ese sentido. <\/p>\n
4.2. En torno a la responsabilidad precontractual atribuida a Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S., el ad quem estim\u00f3 que la parte actora no identific\u00f3 las \u201ctratativas\u201d convenidas por las partes, de las cuales pudiera derivarse su deber de proceder con buena fe exenta de culpa cual exige el art\u00edculo 863 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En cuanto a una eventual responsabilidad de la demandada por violaci\u00f3n del periodo de la oferta, sostuvo el Tribunal que cuando se requiere la escritura p\u00fablica para el perfeccionamiento del acto, la sola aceptaci\u00f3n de la oferta no forma el contrato por falta de esta solemnidad, a lo que agreg\u00f3 que si alguno de los precontratantes se retracta y ese arrepentimiento origina da\u00f1o al otro, se presenta la responsabilidad aquiliana, dado que el da\u00f1o resulta de una situaci\u00f3n que est\u00e1 fuera del convenio, pero que en el presente caso, si bien las demandantes acumularon acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual contra la sociedad demandada, \u00e9sta fracasa porque, como se dijo, no se acreditaron los \u201cperjuicios\u201d y la \u201crelaci\u00f3n de causalidad\u201d, adem\u00e1s de que en la demanda ni siquiera se concretaron los primeros. <\/p>\n
5. Respecto de las pretensiones contra Roberto L\u00f3pez Guerra, relativas a su responsabilidad contractual y extracontractual por haber dispuesto de 125 reses que pastaban en la finca \u201cLa Tebaida\u201d y que pertenec\u00edan al causante Santiago Sabas Arias, precis\u00f3 el Tribunal que en el expediente se acredit\u00f3, inclusive con las declaraciones del citado demandado, que la sociedad de hecho por ellos formada est\u00e1 pendiente de liquidaci\u00f3n, sin que se hubiera ejercido la pretensi\u00f3n liquidatoria. <\/p>\n
6. Finalmente, el Ad quem puso de presente que las demandantes reclaman de Roberto L\u00f3pez Guerra el pago de perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato t\u00edpico de sociedad de hecho, pretensi\u00f3n rechazada por el juzgado de primera instancia por no estar subordinada a una de las alternativas que ofrece el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil. Sobre ese punto, el Tribunal consider\u00f3 que carec\u00edan de raz\u00f3n las demandantes y el juzgado, por cuanto en este caso no son aplicables los art\u00edculos 1610 y 1546 de la obra citada, dado que en los contratos plurilaterales, como lo es de sociedad, lo que el incumplimiento de alguno de los contratantes concede a los dem\u00e1s socios es la facultad de solicitar la disoluci\u00f3n de la sociedad para su posterior liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La recurrente, con apoyo en las causales 1\u00aa y 4\u00aa del art\u00edculo 368 del C. de P. C., formul\u00f3 dos cargos contra la sentencia del Tribunal, por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial y por haberse infringido el principio de la no reformatio in pejus. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de segunda instancia que absolvi\u00f3 al demandado Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez, por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial debido a falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 15, 16, 32, 63, 66, 741 \u00faltimo inciso, 742, 743, 744, 745 inciso 2\u00ba, 748, 749, 762, 766 numeral 2\u00ba, 767, 964 inciso 3\u00ba, 1368 inciso 2\u00ba, 1501, 1505, 1515 inciso 2\u00ba, 1594, 1602, 1604 inciso 3\u00ba, 1609, 1613, 1614, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1633 inciso 1\u00ba, 1647 numeral 1\u00ba, 1873, 1874, 1880, 2177, 2186 inciso 2\u00ba, 2341, 2344 y 2356 del C\u00f3digo Civil y por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 15, 16, 741 incisos 2\u00ba y 4\u00ba, 743, 744, 748, 766, 767, 1505, 1507, 1515, 1602, 1614, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1647, 1741, 1871, 1874 y 1875 del C.C., y los art\u00edculos 265, 304 y 308 del C. de P. C.. <\/p>\n
Para fundamentar el cargo, la recurrente comenz\u00f3 por indicar que el Tribunal declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado verbalmente entre Sabas Arias y la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S. o Roberto L\u00f3pez Guerra, con lo cual confundi\u00f3 a estas dos personas y, adem\u00e1s, troc\u00f3 los conceptos de inexistencia del acto jur\u00eddico y nulidad absoluta del mismo. Despu\u00e9s de referirse a las diferencias entre nulidad y simulaci\u00f3n, as\u00ed como a la posesi\u00f3n regular y a la venta de cosa ajena, se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal fue inconsistente porque decret\u00f3 la nulidad absoluta del acto mediante el cual la sociedad demandada vendi\u00f3 a Santiago Sabas Arias la cuota de la mitad de la finca \u201cLa Tebaida\u201d, pero se abstuvo de decretar esa misma nulidad respecto de la compraventa hecha por tal sociedad a Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los testimonios de Ramiro V\u00e9lez, Rodrigo Gonz\u00e1lez, Francisco Toro, Fabio Rivera y el interrogatorio del demandado Roberto L\u00f3pez Guerra, dan cuenta de que Santiago Sabas Arias recibi\u00f3 \u201cjugosos\u201d honorarios profesionales por la intervenci\u00f3n como mandatario judicial en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal existente entre Roberto L\u00f3pez Guerra y su esposa Alba Agudelo, y que adem\u00e1s sobre el particular existe un dictamen pericial que se encuentra en firme. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la ley impone a los contratantes una conducta irreprochable en el cumplimiento de sus obligaciones y el deber de obrar con buena fe exenta de culpa, normas imperativas que fueron ignoradas por el Tribunal, con lo cual incurri\u00f3 en errores de hecho y de derecho evidentes en los autos, dado que la soberan\u00eda en la apreciaci\u00f3n de los hechos y la interpretaci\u00f3n de los contratos por parte del juzgador est\u00e1 restringida por los art\u00edculos 1602, 1618 al 1624 del C.C. y 822 al 831 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Precis\u00f3 la recurrente que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto con arreglo al art\u00edculo 187 del C. de P. C., por lo que no pod\u00eda tomarse el interrogatorio de parte del demandado Roberto L\u00f3pez Guerra rendido en un proceso al que fueron ajenas las demandantes, aisl\u00e1ndolo del resto del haz probatorio, y haci\u00e9ndole producir efectos contrarios a los que son deducibles del conjunto de las pruebas. Como el Tribunal efectu\u00f3 una arbitraria interpretaci\u00f3n de la voluntad de los contratantes, incurri\u00f3 en evidente error de hecho. <\/p>\n
Despu\u00e9s de explicar en qu\u00e9 consiste la buena fe, agreg\u00f3 la casacionista que en el presente caso los perjuicios irreparables a los herederos de Santiago Sabas Arias fueron causados con el comportamiento malicioso, negligente, imprudente, culposo y hasta doloso de Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez, Roberto L\u00f3pez Guerra y la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S., en las negociaciones referidas en los hechos de la demanda, las cuales han impedido que al haber sucesoral se puedan integrar los bienes que el causante pose\u00eda en el municipio de Ciudad Bol\u00edvar, por lo que no se explica c\u00f3mo puede afirmar el Tribunal que los perjuicios no est\u00e1n determinados y que no existe relaci\u00f3n de causalidad entre el resultado y la culpa, dolo, fraude y falta de prudencia de las personas demandadas. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que no bastaba para exonerarse de la culpa consultar los folios de matr\u00edcula inmobiliaria de la finca \u201cLa Tebaida\u201d, pues en el municipio de Ciudad Bol\u00edvar era vox populi que Santiago Sabas Arias era due\u00f1o y poseedor material de ese predio y de la totalidad del ganado, por haberlos adquirido de la Sociedad L\u00f3pez Guerra S.C.S. y de Roberto L\u00f3pez Guerra. Afirm\u00f3 as\u00ed mismo que Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez coment\u00f3 privadamente que con la compra de la finca hab\u00eda hecho el negocio de su vida, lo que quiere decir que incurri\u00f3 en culpa por comisi\u00f3n y tambi\u00e9n por omisi\u00f3n. <\/p>\n
Asever\u00f3 la recurrente que la convenci\u00f3n efectuada entre Santiago Sabas Arias y la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S. se ejecut\u00f3 conservando la simetr\u00eda contractual, y que la muerte intempestiva de aquel dio paso a que los demandados ejecutaran las maniobras dolosas que son fuente de la responsabilidad extracontractual alegada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, dijo, el Tribunal no observ\u00f3 que la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien ha debido emplearla, ni hall\u00f3 demostrado el perjuicio sufrido por las demandantes por falta de valoraci\u00f3n de las pruebas, cuando lo cierto es que lo da\u00f1os ocasionados a la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas Arias est\u00e1n debidamente probados con la mediaci\u00f3n de auxiliares de la justicia, cuyo dictamen no fue objetado. <\/p>\n
La recurrente descalific\u00f3 tajantemente los testigos citados por Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez, de quienes dijo que nada aportaron al proceso, debido a que sus versiones son irrelevantes e intrascendentes. Por el contrario, a\u00f1adi\u00f3, existe en el proceso la prueba trasladada del expediente contentivo del proceso adelantado ante el Juzgado 10\u00ba Civil del Circuito de Medell\u00edn, que comprueba de manera di\u00e1fana y n\u00edtida que Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez estaba debidamente enterado de las negociaciones que exist\u00edan entre Santiago Sabas Arias y Roberto L\u00f3pez Guerra, como persona natural y como representante de la sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S., cuando aconteci\u00f3 la muerte de aqu\u00e9l; sin embargo, esa prueba trasladada fue ignorada totalmente por el Tribunal en este caso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 la recurrente que en lo concerniente a la pretensi\u00f3n contra la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S., el Tribunal, equivocadamente la contempl\u00f3 como una oferta, cuando era una negociaci\u00f3n concertada y cumplida, con lo cual se equivoc\u00f3 en el se\u00f1alamiento de las normas jur\u00eddicas que le sirvieron de fundamento para dirimir el litigio; aunado a ello, dicha sociedad nunca excepcion\u00f3 el incumplimiento del contrato por parte de Santiago Sabas Arias, pues ambas partes cumplieron con sus obligaciones, y solamente la muerte imprevista de este \u00faltimo, \u201canim\u00f3\u201d la voluntad de Roberto L\u00f3pez Guerra para despojar a los herederos de unos derechos que ya hab\u00eda adquirido su causahabiente. <\/p>\n
De otro lado, la casacionista asegur\u00f3 que la pretensi\u00f3n incoada contra Roberto L\u00f3pez Guerra, dirigida a obtener la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual por haberse apropiado il\u00edcitamente de 125 reses de la finca \u201cLa Tebaida\u201d el 8 de febrero de 1984, d\u00eda en que falleci\u00f3 Santiago Sabas Arias, fue resuelta por el Tribunal de manera err\u00f3nea, ideando, en contraposici\u00f3n de lo afirmado en los hechos de la demanda y de las pruebas aportadas, que la sociedad de hecho constituida entre Santiago Sabas Arias y Roberto L\u00f3pez Guerra estaba pendiente de liquidar, y que la pretensi\u00f3n liquidatoria no hab\u00eda sido planteada, cuando todo el haz probatorio, incluyendo la declaraci\u00f3n del mismo Roberto L\u00f3pez, deja ver que s\u00ed estaba liquidada, pues al negociar Santiago Sabas Arias con la Sociedad L\u00f3pez Guerra S.C.S. el derecho cuotativo de mitad sobre el predio \u201cLa Tebaida\u201d, aglutin\u00f3 all\u00ed mismo la compra de la mitad del ganado que pertenec\u00eda a Roberto L\u00f3pez, habiendo cumplido ambas partes sus obligaciones. Otra cosa es que vali\u00e9ndose del s\u00fabito fallecimiento de Santiago Sabas Arias, Roberto L\u00f3pez, inescrupulosamente, usurp\u00f3 los bienes que el causante pose\u00eda dentro de la heredad. <\/p>\n
En criterio de la recurrente, el Tribunal pec\u00f3 por omisi\u00f3n al desconocer las normas sustanciales en que se funda la pretensi\u00f3n deducida contra Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez, con lo cual incurri\u00f3 en error de derecho por falta de aplicaci\u00f3n de los preceptos enunciados en el cargo. <\/p>\n
Indic\u00f3 tambi\u00e9n que el ad quem incurri\u00f3 en error in judicando al equivocarse en la existencia de varias normas jur\u00eddicas, lo mismo que al apreciar su significado, am\u00e9n de que ninguna de las invocadas en la demanda como fundamento de derecho fueron estimadas por el ad quem, y a las que se refiri\u00f3, resultaron completamente ajenas al enfrentamiento jur\u00eddico puesto a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la causa fundamental de la responsabilidad civil extracontractual fue el provecho que los negocios celebrados le reportaron a Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez, y el proceder culposo y hasta doloso de Alberto Sabas Arias y de la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S., justa aspiraci\u00f3n que fue negada por el Tribunal, lesionando de este modo los intereses patrimoniales de la sucesi\u00f3n de Santiago Sabas. <\/p>\n
Otra desviaci\u00f3n en que incurri\u00f3 el ad quem, en concepto de la recurrente, se produjo al modificar la sentencia y disponer que se aplicara la certificaci\u00f3n del Dane -y no la del Banco de la Rep\u00fablica- con el fin de calcular el incremento que sufre la suma que Roberto L\u00f3pez Guerra debe reintegrar a la sucesi\u00f3n, pues las certificaciones expedidas por este \u00faltimo tienen relaci\u00f3n con la depreciaci\u00f3n del peso colombiano respecto de divisas extranjeras, mientras que las del Dane se conectan con el costo de vida a nivel nacional, de donde se observa una profunda confusi\u00f3n, en tanto no se sabe si el incremento se produce por la p\u00e9rdida de poder adquisitivo o por la desvalorizaci\u00f3n del peso colombiano. <\/p>\n
Para la recurrente, el Tribunal divag\u00f3 de manera err\u00f3nea y confusa en torno a la responsabilidad civil extracontractual impetrada contra la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S., pues aunque acept\u00f3 la culpa de esta \u00faltima por haber vendido antes el mismo bien a Santiago Sabas Arias, dijo que no estaban acreditados los perjuicios ni la relaci\u00f3n de causalidad. Agreg\u00f3 que se desconoci\u00f3 el contenido de la causa petendi, cuando el Tribunal pregon\u00f3 que en la demanda no se identificaron las \u201ctratativas\u201d convenidas que hubieren impuesto a los contratantes el deber de proceder con buena fe exenta de culpa dentro del per\u00edodo precontractual. <\/p>\n
Asever\u00f3 que si la condena impuesta a Roberto L\u00f3pez Guerra tuvo como m\u00f3vil el dinero que Santiago Sabas Arias entreg\u00f3 a la Sociedad L\u00f3pez Guerra S.C.S. a cuenta de la negociaci\u00f3n sobre la segunda mitad de la finca, fue porque el sentenciador encontr\u00f3 la realizaci\u00f3n de dicha operaci\u00f3n y s\u00f3lo para absolver a Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez adujo que la oferta no fue aceptada por Santiago Sabas Arias, protuberante error fruto de la carencia total de estudio de la problem\u00e1tica planteada. <\/p>\n
Consider\u00f3 el censor que por hechos inequ\u00edvocos, reconocidos por el Tribunal, Santiago Sabas Arias hab\u00eda aceptado la oferta y la sociedad oferente estaba enterada de esta aceptaci\u00f3n, porque como lo indican los testigos, entre ellos Francisco Toro V\u00e9lez, Rodrigo Gonz\u00e1lez Rico y Ramiro V\u00e9lez Toro; Santiago Sabas Arias hab\u00eda asumido la posesi\u00f3n material de toda la finca \u201cLa Tebaida\u201d, junto con el ganado, en raz\u00f3n de lo cual era reconocido en el municipio como due\u00f1o y poseedor absoluto del bien, sin reconocer derecho alguno a otra persona, ni a su hermano Alberto Sabas Arias, quien \u00fanicamente acudi\u00f3 al municipio de Ciudad Bol\u00edvar despu\u00e9s de la muerte de Santiago, para apoderarse, junto con Roberto L\u00f3pez Guerra, del patrimonio del causante, elementos de convicci\u00f3n que fueron totalmente ignorados por el Tribunal. <\/p>\n
Dijo la recurrente que el Tribunal reconoci\u00f3 que Pedro Jos\u00e9 Restrepo sab\u00eda que Alberto Sabas Arias era un mandatario oculto de Santiago Sabas Arias, punto que dirimi\u00f3 en el fallo concluyendo que no por ello Pedro Jos\u00e9 Restrepo incurr\u00eda necesariamente en culpa debido a que es v\u00e1lida la venta de cosa ajena, frente a lo cual argument\u00f3 la casacionista que la ratificaci\u00f3n de esta clase de ventas \u00fanicamente puede hacerse por el verdadero due\u00f1o, por lo tanto ante el fallecimiento de Santiago Sabas Arias, la posibilidad de ratificaci\u00f3n se traslad\u00f3 ipso jure a sus herederos, dado que el causante no otorg\u00f3 testamento. <\/p>\n
Censur\u00f3 la demandante al Tribunal porque concluy\u00f3 que Pedro Jos\u00e9 Restrepo obr\u00f3 de buena fe, pues no puede haber tal estado en quien compra a sabiendas de que su vendedor no es el verdadero due\u00f1o, y aunque la buena fe se presume, ni siquiera fueron le\u00eddas las pruebas que la desvirt\u00faan, con lo cual se infringieron los art\u00edculos 187 y 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Adem\u00e1s, el Tribunal olvid\u00f3 que la diligencia y cuidado deben probarse por quien ha debido emplearlos; para exonerarse de responsabilidad, a\u00f1adi\u00f3, no basta afirmar que se consultaron por conducto de abogado los libros de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Ciudad Bol\u00edvar. <\/p>\n
Se refiri\u00f3 luego la recurrente a la responsabilidad civil extracontractual de Roberto L\u00f3pez Guerra por sustraer las 125 reses que pac\u00edan en la finca \u201cLa Tebaida\u201d; sobre este reclamo record\u00f3 que el Tribunal dijo que en el expediente aparece acreditado que la sociedad de hecho constituida entre este demandado y Santiago Sabas Arias est\u00e1 pendiente de liquidar, conclusi\u00f3n errada a la que lleg\u00f3, asever\u00f3 el recurrente, por no haber apreciado el conjunto de las pruebas, en especial la trasladada, pues el interrogatorio de parte rendido por Roberto L\u00f3pez Guerra en otro proceso, sobre el que se bas\u00f3 el Tribunal para concluir que la sociedad de hecho no est\u00e1 liquidada, fue rendido en un juicio en el que las demandantes no fueron parte, pero en cambio no vio o ignor\u00f3 los otros interrogatorios de parte, uno extraprocesal y el procesal, rendido ante el Juzgado 10\u00ba Civil del Circuito de Medell\u00edn en el que Roberto L\u00f3pez Guerra admiti\u00f3 que dentro de esa sociedad de hecho hab\u00eda vendido su parte del ganado a Santiago Sabas Arias, con lo cual no aplic\u00f3 las normas relativas a la indivisibilidad de la confesi\u00f3n, y por no haber analizado las pruebas en conjunto transgredi\u00f3 el derecho al debido proceso. <\/p>\n
Consider\u00f3 la recurrente que el Tribunal no s\u00f3lo dej\u00f3 de aplicar unas normas y aplic\u00f3 indebidamente otras, sino que pas\u00f3 por alto los documentos privados aut\u00e9nticos aportados al expediente, las copias de las sentencias y los elementos de convicci\u00f3n que como prueba trasladada fueron incorporados legalmente al proceso, viendo \u00fanicamente las pretensiones subsidiarias aducidas contra la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S. y contra Roberto L\u00f3pez Guerra, con lo cual olvid\u00f3 que solamente cuando la pretensi\u00f3n principal es descartada, se aborda el estudio de las subsidiarias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
De cara a fines tan importantes, la ley de procedimiento civil ha establecido precisas hip\u00f3tesis que encierran los eventuales errores de juicio (in judicando) y de procedimiento (in procedendo) ante los cuales se autoriza el ejercicio de dicho medio de impugnaci\u00f3n, para cuyo sustento, ab\u00f3nase, es menester la presentaci\u00f3n de una demanda en la cual han de plantearse con sujeci\u00f3n a las reglas formales del caso y de manera clara y precisa (art. 374 del C. de P. C.), todos los fundamentos que por su contundencia sirven de pilar para dar al traste con la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que acompa\u00f1a las sentencias cuando llegan a la Corte. <\/p>\n
Supone ello, desde luego, que la demanda de casaci\u00f3n no puede ser asimilada a un simple alegato de instancia, pues el ejercicio argumentativo del recurrente debe enderezarse a combatir con aptitud e idoneidad todos los soportes del fallo acusado, en aras de derruirlos con \u00e9xito para que la Corte, de ser el caso, profiera un nuevo fallo ajustado a derecho. En suma, bueno es memorar que \u00abel ordinal 3\u00ba. del art. 374 del C. de P. Civil, establece como requisito formal de la demanda que sustenta el recurso extraordinario mencionado, la formulaci\u00f3n ‘de los cargos contra la sentencia recurrida\u2026 en forma clara y precisa’, es decir, de una manera exacta y cabal, o en otras palabras, con estricto ce\u00f1imiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque l\u00f3gica y jur\u00eddicamente debe existir coherencia o congruencia entre la demanda de casaci\u00f3n y la sentencia del ad – quem o del juzgado en el caso de la casaci\u00f3n per saltum, pues no de otra manera puede llegarse a desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que llega amparada la sentencia recurrida. El recurso en menci\u00f3n -ha dicho la Corte- ‘ha de ser en \u00faltimas y ante la sentencia impugnada, una cr\u00edtica sim\u00e9trica de consistencia tal que, por m\u00e9rito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuici\u00f3n oficiosa de la Corte, forzoso sea en t\u00e9rminos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya\u2026’ (Cas. Civ. de 10 de septiembre de 1991)\u2026 La simetr\u00eda de la acusaci\u00f3n referida por la Corte en el aparte anterior, debe entenderse no s\u00f3lo como armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que fundamentan la resoluci\u00f3n, sino como coherencia l\u00f3gica y jur\u00eddica, seg\u00fan se dej\u00f3 visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el \u00e9xito del recurso hacer planteamientos que se dice impugnativos, si ellos son aparente y realmente extra\u00f1os al discurso argumentativo de la sentencia\u00bb (G.J. t, CCLV, pag.116). <\/p>\n
Ahora que, cuando la alegada es la primera de las causales de casaci\u00f3n que consagra el art\u00edculo 368 del C. de P. C., corresponde al recurrente precisar si su ataque se encamina por la v\u00eda directa o por la indirecta. As\u00ed, en el primer caso -en el de la v\u00eda directa-, la acusaci\u00f3n habr\u00e1 de versar sobre la posici\u00f3n puramente jur\u00eddica contenida en el fallo, con total prescindencia del labor\u00edo probatorio desplegado a lo largo del juicio, mientras que en el segundo -en el de la v\u00eda indirecta-, la censura deber\u00e1 guardar necesaria relaci\u00f3n con el acervo demostrativo. <\/p>\n
En este \u00faltimo escenario, o sea, bajo la \u00e9gida de la v\u00eda indirecta, incumbe al recurrente enunciar si el yerro cometido es de hecho -por suposici\u00f3n, preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de los medios probatorios-, o si por el contrario es de derecho -por quebrantar las normas que regentan la aceptaci\u00f3n, producci\u00f3n, incorporaci\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
De suyo, las reglas de t\u00e9cnica as\u00ed concebidas no dan pie para que en un mismo cargo se amalgamen, a manera de batiburrillo, diferentes v\u00edas y errores, porque proceder semejante ir\u00eda en perjuicio de la precisi\u00f3n y claridad necesarias para decidir el recurso. Justamente, la Corte ha sentado al respecto que \u201c\u2026con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n se puede denunciar la violaci\u00f3n de las normas sustanciales de una de dos maneras, por esencia inconfundibles a la par que incompatibles: por v\u00eda directa, caso en el cual el quebranto implica por parte del fallador la comisi\u00f3n de un yerro estrictamente jur\u00eddico, o sea con absoluta prescindencia de la cuesti\u00f3n de los hechos y de su prueba tal y como fueron apreciados en el fallo acusado, a cuyo respecto existe plena conformidad del impugnante; o por v\u00eda indirecta, que es la que se debe escoger cuando el vicio de juicio del sentenciador proviene de la apreciaci\u00f3n equivocada o de la falta de apreciaci\u00f3n de las pruebas que sustentan la cuesti\u00f3n litigiosa; ello se traduce en la comisi\u00f3n de dos especies de error: 1o. de hecho, que ata\u00f1e a la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba y ocurre, por suposici\u00f3n, cuando el fallador da por demostrado un hecho sin existir su demostraci\u00f3n o por haber adicionado el contenido de las pruebas que obran en el proceso; o, por preterici\u00f3n, cuando no lo da por acreditado a pesar de estarlo o por haber restringido o mermado el alcance de los medios de convicci\u00f3n; 2o. error de derecho, el que se presenta cuando el fallador aprecia las pruebas aducidas en el proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su aceptaci\u00f3n, producci\u00f3n y apreciaci\u00f3n; aqu\u00ed la falla recae, entonces, sobre la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba y supone el quebranto de normas de disciplina probatoria\u201d (resaltado fuera de texto, sent. cas. civ. de 12 de noviembre de 1997, Exp. No. 4900). <\/p>\n
Desde la perspectiva anterior, faltar a esa t\u00e9cnica es cuesti\u00f3n que compromete en un todo la prosperidad del recurso, pues bien sabido es que por el categ\u00f3rico car\u00e1cter dispositivo de la casaci\u00f3n, est\u00e1 vedado a la Corte corregir o ignorar los yerros del casacionista para luego acometer el estudio de acusaciones mal formuladas, en desmedro de la parte no recurrente. <\/p>\n
2. Ahora bien, es suficiente ver el contenido de la demanda de casaci\u00f3n, para advertir al rompe su vocaci\u00f3n al fracaso. En los pasajes m\u00e1s relevantes de la demanda la recurrente acus\u00f3 la sentencia de ser \u201cviolatorias (sic) de las siguientes normas de derecho sustancial, incurriendo en error JURIS IN JUDICANDO\u2026\u201d <\/p>\n
Y luego a\u00f1adi\u00f3: \u201c\u2026present\u00e1ndose en estos eventos el error juris in judicando, o error puramente jur\u00eddico por violaci\u00f3n directa\u2026 se produjo la violaci\u00f3n directa de la ley, o error juris\u2026 Por ende en la conclusi\u00f3n se cometi\u00f3 por ad-quem (sic) error in judicando relacionado con este extremo del silogismo\u2026 Tambi\u00e9n es error producido en la premisa menor la indebidas (sic) calificaci\u00f3n o definici\u00f3n jur\u00eddica del caso particular, el que genera violaci\u00f3n directa\u2026\u201d. <\/p>\n
\u201cOtra falencia, del juzgador de segu\u00eda (sic) instancia vislumbrada, es la violaci\u00f3n del principio conocido LA REFORMATIO IN PEJUS\u2026\u201d <\/p>\n
\u201cLa violaci\u00f3n de las normas sustanciales, se dieron debido al error de derecho en que incurri\u00f3 el AD QUEM, por violaci\u00f3n de normas probatorias\u2026\u201d <\/p>\n
\u201cEl quebranto de dicha norma -art. 304 del C. de P. C.- por el ad quem, o constituyese, causal de incongruencia, pues lo que podr\u00eda configurar la disonancia por m\u00ednima petita, no ser\u00eda el hecho de que una determinada decisi\u00f3n no fuera incluida en la parte resolutiva del fallo, sino la circunstancia de que efectivamente la sentencia hubiera dejado de resolver un extremo de la controversia\u201d <\/p>\n
\u201cLa violaci\u00f3n de las normas sustanciales, contenido en el error manifiesto de la apreciaci\u00f3n de la demanda. Falsa apreciaci\u00f3n de los hechos, o infracci\u00f3n de medio \u2018error facti in judicando\u2019\u2026\u201d. <\/p>\n
\u201cLa violaci\u00f3n de la ley sustancial se present\u00f3 tambi\u00e9n por error manifiesto den (sic) las pruebas\u201d <\/p>\n
\u201cPara combatir los errores in judicando consignados en la sentencia\u2026\u201d <\/p>\n
\u201c\u2026recurrimos en aras de subsanar, corregir y remediar los errores de derecho y de hecho cometidos por el de segunda instancia\u201d (sic) <\/p>\n
\u201cDe ah\u00ed la desestimaci\u00f3n a la hecha por el Tribunal de segunda Instancia, dado el evidente error de hecho que ha puesto de manifiesto, incuestionablemente una arbitraria interpretaci\u00f3n judicial de la voluntad de los contratantes\u201d. <\/p>\n
\u201cLos \u2018razonamientos\u2019 del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en la sentencia impugnada con el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, son ERRADAS, EQUIVOCADAS, se apart\u00f3 completamente de los extremos de la litis pendentia: de la CAUSA PETENDI y del PETITUM\u201d. <\/p>\n
\u201cEn el suban\u00e1lisis, el fallador de segunda instancia, incurri\u00f3 en error in judicando\u201d. <\/p>\n
\u201cNo ley\u00f3 el AD QUEM el expediente, por consiguiente no estuvo en condiciones de apreciar el haz probatorio\u201d. <\/p>\n
\u201cEl AD QUEM, cometi\u00f3 errores IN JUDICANDO y en errores IN PROCEDENDO\u201d. <\/p>\n
Entonces, basta apreciar las manifestaciones de la anterior rese\u00f1a para concluir, sin m\u00e1s, que pasadas por alto fueron las exigencias propias del recurso, y en especial, las relativas a la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P. C., pues de manera desafortunada la censura verti\u00f3 en un mismo cargo, por cierto sumamente intrincado, argumentos relacionados con las v\u00edas directa e indirecta, sin contar con que adem\u00e1s de la incompatibilidad manifiesta que ello encierra, denunci\u00f3 al desgaire la existencia de errores de hecho y de derecho que a la postre apenas se quedaron en una enunciaci\u00f3n extensa pero carente de precisi\u00f3n y claridad. <\/p>\n
Conjugado con ello, la casacionista tambi\u00e9n puso de relieve en el mismo ataque -res\u00e1ltase lo anterior- la violaci\u00f3n del principio de la reformatio in pejus y una supuesta incongruencia, con lo que subi\u00f3 de tono la carencia de t\u00e9cnica del recurso, pues de esa forma, sobre la base de un mismo cargo qued\u00f3 armado un conjunto de acusaciones que por su naturaleza y autonom\u00eda, han debido merecer un tratamiento separado. <\/p>\n
En consecuencia, este cargo no se abre paso. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En \u00e9ste, se acus\u00f3 la sentencia de ser la sentencia violatoria del principio de la reformatio in pejus contemplado en el art\u00edculo 357 del C. de P. C., en concordancia con el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 368 ib\u00eddem. Para la fundamentaci\u00f3n del cargo, la recurrente se limit\u00f3 a indicar que con la decisi\u00f3n de acoger la certificaci\u00f3n expedida por el Dane para la actualizaci\u00f3n de la condena en contra de Roberto L\u00f3pez Guerra, el Tribunal quebrant\u00f3 este principio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
En cuanto respecta a este cargo, hu\u00e9rfano de sustentaci\u00f3n, en el cual se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n del principio de la reformatio in pejus, es suficiente con precisar la recurrente no demostr\u00f3 en qu\u00e9 medida afect\u00f3 a la parte actora la decisi\u00f3n del ad quem que dispuso la actualizaci\u00f3n de la condena impuesta a Roberto L\u00f3pez Guerra con sujeci\u00f3n a la certificaci\u00f3n expedida por el Dane y no la que emite el Banco de la Rep\u00fablica, como lo hab\u00eda dispuesto el a quo. Ning\u00fan agravio en concreto puede inferirse de las precarias manifestaciones realizadas para formular el cargo, de suerte que bajo esa \u00f3ptica, la sentencia fue ajena al defecto de la reforma en perjuicio. <\/p>\n
Teniendo en cuenta las precedentes consideraciones, no prospera el cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de octubre de 1998 pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso promovido por Nora Mar\u00eda y Marcela Sabas Cifuentes, en su condici\u00f3n de herederas de Santiago Sabas Arias, contra Roberto L\u00f3pez Guerra, Pedro Jos\u00e9 Restrepo P\u00e9rez y la Sociedad L\u00f3pez Guerra & C\u00eda. S.C.S. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a la parte recurrente. Liqu\u00eddense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(En permiso) <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Exp. No. 7535 <\/p>\n
\u201cLAS RESES DE SABAS\u201d <\/p>\n
Sinopsis: <\/p>\n
En vida, Santiago Sabas compr\u00f3 por intermedio de su hermano Alberto Sabas el 50% de la finca la Tebaida; luego compr\u00f3 verbalmente a la Sociedad L\u00f3pez Guera S.C.S., representada por Roberto L\u00f3pez Guerra, el restante 50% de ese mismo bien. En la finca, Santiago Sabas y Roberto L\u00f3pez Guerra manten\u00edan ganado. Despu\u00e9s de fallecer Santiago Sabas, Alberto Sabas y el representante de la sociedad Lopez Guerra S.C.S. -como titulares del derecho de dominio- vendieron la finca \u201cLa Tebaida\u201d a Pedro Jos\u00e9 Restrepo. Por su parte, Alberto L\u00f3pez Guerra vendi\u00f3 el ganado que hab\u00eda en la finca al matarife del pueblo; las demandantes, como herederas de Santiago Sabas, reclaman indemnizaci\u00f3n por responsabilidad de: a) la Sociedad L\u00f3pez Guerra S.C.S. por disponer del 50% de la finca \u201cLa Tebaida\u201d que antes hab\u00eda vendido verbalmente; b) de Alberto L\u00f3pez Guerra por vender las 125 reses de propiedad del causante; y c) de Pedro Jos\u00e9 Restrepo por comprar 50% \u201cLa Tebaida\u201d a sabiendas de que el causante la hab\u00eda comprado verbalmente <\/p>\n
2\u00aa Instancia: Confirm\u00f3 sentencia del a quo, con la salvedad de que orden\u00f3 reajustar la suma a restituir conforme a la certificaci\u00f3n expedida por el Banco de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Demanda de Casaci\u00f3n: <\/p>\n
Cargo 1: Causal 1\u00aa, errores juris in judicando, juris in procedendo, violaci\u00f3n del derecho al debido proceso, reforma en perjuicio, incongruencia\u2026 <\/p>\n
Decisi\u00f3n: <\/p>\n
No CASA la sentencia, como quiera que la demanda de casaci\u00f3n presenta significativos errores de t\u00e9cnica. <\/p>\n
Cargo 2: Causal 3\u00aa, reformatio in pejus, porque el Tribunal decidi\u00f3 acoger certificaci\u00f3n del Banco de la Rep\u00fablica para actualizar las sumas que debe restituir Roberto L\u00f3pez Guerra, y no la del Dane ordenada por el a quo. <\/p>\n
Decisi\u00f3n: <\/p>\n
No CASA la sentencia, en vista de que las demandantes no fueron apelantes \u00fanicas, pues el Tribunal tambi\u00e9n resolvi\u00f3 la consulta del fallo de primer grado. Adem\u00e1s, no se demostr\u00f3 el agravio que sufri\u00f3 la parte demandante con el fallo de segundo grado. <\/p>\n
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SC-050-2005 [7535] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente Bogot\u00e1 D. C., treinta de marzo de dos mil cinco Ref. Exp. No. 7535 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 27 de octubre de 1998, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82900","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82900"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82900\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}