SC-052-2005 [0346-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de abril de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 0346-01 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 3 de mayo de 2000, proferida por la Sala-Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dentro del proceso ordinario promovido por la comunidad integrada por Jos\u00e9 Antonio, Fermina Dolores, Mar\u00eda Luisa, Elisa Elena, Rafael Alberto y Teresa de Jes\u00fas Diazgranados contra la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, en atenci\u00f3n a que la demanda frente a la Naci\u00f3n, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Minas fue desistida. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Pretenden los promotores del proceso que la demandada \u00fanica, como poseedora, le restituya a la comunidad integrada por ellos y otros familiares la parte del inmueble que es de su propiedad, cuyas caracter\u00edsticas y linderos tanto generales como especiales se relacionan en la demanda. <\/p>\n
2. La causa para pedir admite el siguiente resumen: <\/p>\n
a) Mediante escritura p\u00fablica de 16 de diciembre de 1842 otorgada en la que hoy corresponde a la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Santa Marta, Jos\u00e9 De La Cruz Diazgranados compr\u00f3 el predio denominado \u201cLos Cerritos\u201d a las menores Mar\u00eda Josefa y Mariana Romay, quienes fueron representadas por Manuel Romay; el adquirente contrajo matrimonio con Mar\u00eda Antonio Oligos Diazgranados, de cuya uni\u00f3n nacieron Mar\u00eda del Rosario Dominga de los Dolores, Jos\u00e9 de Jes\u00fas Eustaquio Antonio de los Dolores y Ana Teresa de Jes\u00fas Diazgranados Oligos; fallecido el propietario, la mitad del inmueble pas\u00f3 a su c\u00f3nyuge; una cuarta parte para Jos\u00e9 de Jes\u00fas; una octava parte para Mar\u00eda del Rosario y otra octava parte para Ana Teresa. <\/p>\n
c) Fallecido Jos\u00e9 de Jes\u00fas Diazgranados Oligos fue heredado por sus hijos extramatrimoniales en concurrencia con sus hermanos leg\u00edtimos, \u201cseg\u00fan el r\u00e9gimen legal aplicable en ese momento\u201d; luego, Jos\u00e9 Antonio Diazgranados Hincapi\u00e9 adquiri\u00f3 los derechos herenciales que ten\u00edan sus hermanos y primos sobre el predio \u201cLos Cerritos\u201d y conservando \u201cen su cabeza la \u00bc parte de la totalidad del bien\u201d, as\u00ed: por escritura No. 289 de 4 de diciembre de 1905 a sus primos hermanos C\u00e9sar, M\u00e1ximo y Manuela Campo Diazgranados; por escritura 288 de la misma fecha a su prima hermana Antonio Berm\u00fadez de Fl\u00f3rez; por escritura 168 de 3 de septiembre de 1906 a sus hermanos Lorenzo y Jos\u00e9 de Jes\u00fas Diazgranados Hincapi\u00e9, todas de la Notar\u00eda Unica de Santa Marta. <\/p>\n
d) Alberto de Jes\u00fas Diazgranados Barreneche recibi\u00f3 como legado de su padre Jos\u00e9 Antonio Diazgranados una cuarta parte del citado inmueble, proceso de sucesi\u00f3n \u201cdebidamente registrado y protocolizado\u201d; fallecido aqu\u00e9l fue sucedido por su c\u00f3nyuge Mar\u00eda viuda de Diazgranados y sus hijos Jos\u00e9 Antonio, Fermina, Rafael Alberto, Elisa Elena (hoy de Angulo), Mar\u00eda Luisa (hoy de Campo) y Teresa de Jes\u00fas Diazgranados Diazgranados, cuya partici\u00f3n fue registrada el 16 de julio de 1960 en el libro 1\u00b0, tomo 3\u00b0, folio 001, partida 1\u00aa de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santa Marta. <\/p>\n
e) El predio objeto de reivindicaci\u00f3n hace parte de otro de mayor extensi\u00f3n, el que la Naci\u00f3n aprovechando que gozaba de la explotaci\u00f3n del mismo como mina de sal y sin tratarse de bald\u00edo lo vendi\u00f3 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por escritura No. 0717 de 26 de febrero de 1971 de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, inscrita en el folio inmobiliario No. 080002251; comprador que a su turno lo enajen\u00f3 a la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, seg\u00fan escritura No. 3.539 de 29 de septiembre de 1978 de la Notar\u00eda Cuarta de esta ciudad e inscrita en el mismo folio el 20 de febrero de 1979. <\/p>\n
3. La demandada contest\u00f3 la demanda y se opuso a las pretensiones argumentando que mediante las escrituras p\u00fablicas 288 y 289 de 4 de diciembre de 1905 y 168 de 3 de septiembre de 1906 se adquirieron derechos herenciales sin vinculaci\u00f3n espec\u00edfica a determinado bien y que el predio \u201cLos Cerritos\u201d no es posible identificarlo \u201cespecialmente los linderos norte, este y oeste\u201d; y, adem\u00e1s, formul\u00f3 las excepciones de prescripci\u00f3n ordinaria y extraordinaria. <\/p>\n
4. Cumplido el tr\u00e1mite del proceso, el Juzgado \u00danico de Plato, Magdalena, actuando en v\u00eda de descongesti\u00f3n, dict\u00f3 sentencia de primera instancia en la que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda; fallo que recurrido en apelaci\u00f3n fue confirmado, por mayor\u00eda, en todas sus partes, habi\u00e9ndose aceptado la intervenci\u00f3n de la Naci\u00f3n-Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico ante la liquidaci\u00f3n de la demandada. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Ellos admiten el siguiente resumen: <\/p>\n
1. Jurisprudencia y doctrina al un\u00edsono consagran como elementos estructurales de la acci\u00f3n reivindicatoria el derecho de dominio en el demandante; la posesi\u00f3n en el demandado; cosa singular reivindicable o cuota de cosa singular e identidad entre lo pretendido y lo pose\u00eddo. <\/p>\n
2. Los demandantes, quienes reivindican para la comunidad que tienen con otros integrantes de su familia, demuestran con la cadena de t\u00edtulos allegados que datan desde 1905 la titularidad del dominio, los que prevalecen frente al aportado por la parte contradictora y consistente en la escritura No. 3539 de 29 de septiembre de 1978 de la Notar\u00eda Cuarta de Bogot\u00e1 en el que consta la venta que le hizo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; inmueble que hab\u00eda recibido el vendedor por escritura No. 0717 de 26 de febrero de 1971 otorgada en la Notar\u00eda Segunda de esta ciudad de manos de la Naci\u00f3n, representada por el Ministerio de Obras P\u00fablicas, en cuya cl\u00e1usula segunda se lee que el predio \u201ces de propiedad del Gobierno Nacional, en raz\u00f3n de lo dispuesto en la ley ciento diez (110) de mil novecientos doce (1912) (C\u00f3digo Fiscal) T\u00edtulo IV, art\u00edculo ciento diecis\u00e9is (116) y en la ley treinta y cuatro (34) de mil novecientos treinta y seis (1936), art\u00edculo sexto (6\u00b0) y \u00e9ste ha ejercido actos de dominio sobre dicho inmueble como los contenidos en la escritura p\u00fablica n\u00famero mil doscientos cuarenta y ocho (1248) de mil novecientos cuarenta y uno (1941) de la Notar\u00eda Segunda (2\u00aa) de Bogot\u00e1\u201d, \u00faltimo instrumento en el que aparece que \u201cel Gobierno Nacional concede al Banco de la Rep\u00fablica la explotaci\u00f3n de las salinas mar\u00edtimas nacionales que actualmente se benefician (sic) y de las dem\u00e1s que se establezcan\u201d, por una duraci\u00f3n de treinta a\u00f1os. <\/p>\n
3. Es aplicable al caso, por involucrar el que es motivo de controversia un predio rural, la ley 200 de 1936, art\u00edculo 1\u00b0, en cuanto parte de la presunci\u00f3n de que un determinado inmueble no es bald\u00edo por haber sido explotado econ\u00f3micamente, presunci\u00f3n que por ser legal admite prueba en contrario y, \u201cen consecuencia, teniendo en cuenta que cuando empez\u00f3 a regir la ley 200 de 1936, que redujo de treinta (30) a veinte (20) a\u00f1os el per\u00edodo para que opere el mencionado modo de adquirir, es l\u00f3gico concluir que en este caso los actores est\u00e1n demostrando su derecho de dominio sobre 1\/4 parte del predio \u201clos Cerritos\u201d a que hacen referencia los t\u00edtulos inscritos que allegaron, pues superan el t\u00e9rmino indicado, quedando de esta manera acreditada la legitimaci\u00f3n por activa para la procedencia de la acci\u00f3n en estudio\u201d. <\/p>\n
4. El Estado, con fundamento en el art\u00edculo 116 de la ley 110 de 1912 o C\u00f3digo Fiscal, tiene derecho sobre el predio denominado \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d a la explotaci\u00f3n o la extracci\u00f3n de sal, mas no al inmueble propiamente dicho, pues, este sigue siendo de propiedad particular, \u201cde tal manera que en el hipot\u00e9tico caso de que se llegara a demostrar que el predio reclamado forma parte del de mayor extensi\u00f3n, prevalecer\u00edan los t\u00edtulos de \u00e9ste\u201d. <\/p>\n
5. No se encuentra debidamente determinado el inmueble de mayor extensi\u00f3n del que supuestamente hace parte el de menor motivo de reivindicaci\u00f3n. Examinadas las distintas pruebas practicadas, inspecci\u00f3n judicial con dictamen pericial, experticia de la Universidad Nacional, otro dictamen pericial y concepto \u201ct\u00e9cnico testimonial\u201d de la Academia de Historia del Magdalena, se aprecia que no fue posible determinar los linderos norte y sur, con excepci\u00f3n del rendido en segunda instancia, en el que los peritos \u201cse\u00f1alaron que tanto el predio de mayor como el de menor extensi\u00f3n est\u00e1n plenamente identificados y que \u00e9ste est\u00e1 contenido en el primero\u201d, conclusi\u00f3n que se sustent\u00f3 en las escrituras p\u00fablicas obrantes en el expediente, especialmente \u201clas Nos. 92 de 7 de julio de 1896 otorgada en la Notar\u00eda Primera de esta ciudad, mediante la cual se protocolizan las diligencias relativas a los naturales de Gaira y 38 de 16 de febrero de 1946 de la misma Notar\u00eda, por medio de la cual la Naci\u00f3n cede al municipio de Santa Marta los terrenos que pertenecieron al resguardo ind\u00edgena de San Jacinto de Gaira; as\u00ed como otras relacionadas en su mayor\u00eda con la venta de porciones de tierra que formaban parte del inmueble Los <\/p>\n
Cerritos, y de predios colindantes\u201d. <\/p>\n
6. Empero, en la apreciaci\u00f3n de la mencionada experticia lo primero que se detecta es la contradicci\u00f3n con las restantes pruebas practicadas, pues, el juez de conocimiento dej\u00f3 constancia durante la inspecci\u00f3n judicial que \u201crealmente la forma general como est\u00e1 determinado este lindero es dif\u00edcil para el despacho determinarlo\u201d, lo que corroboraron los peritos que acompa\u00f1aron al juzgado en dictamen que si bien fue objetado, la objeci\u00f3n \u201cno debe prosperar, adem\u00e1s de lo dicho, porque sus conclusiones coinciden con los informes rendidos por la Universidad Nacional, en primera instancia, y el Presidente de la Academia de Historia del Magdalena en segunda\u201d. <\/p>\n
7. Fuera de lo anterior, \u201cdada la generalidad con que se describe en los t\u00edtulos el predio \u201cLos Cerritos\u201d, resulta pr\u00e1cticamente imposible individualizarlo ante la precariedad de los datos all\u00ed consignados para dicho fin, singularizaci\u00f3n que supone el se\u00f1alamiento con precisi\u00f3n que el caso requiere, de su ubicaci\u00f3n y la expresi\u00f3n de cada lindero ojal\u00e1 con la indicaci\u00f3n de su extensi\u00f3n, pues solo de tales manifestaciones puede surgir la posibilidad de distinguir sin equivocaciones un inmueble determinado, y establecerse su \u00e1mbito y \u00e1rea, evento que reviste primer\u00edsima importancia en asuntos como el bajo estudio, en el cual se persigue la restituci\u00f3n de un predio que supuestamente constituye parte integrante de otro de mayor extensi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Un solo cargo formula el recurrente con fundamento en la <\/p>\n
causal primera, por violar los art\u00edculos 669, 673, 946, 950, 952, 1008, 1011, 1012 y 1041 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, a causa de error de derecho en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial practicado en el curso de la segunda instancia y el art\u00edculo 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En sustento del cargo se hacen las manifestaciones que pasan a compendiarse: <\/p>\n
a) Si bien es cierto que es dif\u00edcil establecer la alinderaci\u00f3n del predio objeto de reinvindicaci\u00f3n teniendo en cuenta la antig\u00fcedad de su titulaci\u00f3n que data de 1842, ello no es imposible porque \u201crecurriendo a los datos hist\u00f3ricos que se poseen, entre otros medios de conocimiento que por esta \u00e9poca est\u00e1n al servicio de la mente humana, se pueden eliminar las dudas que afectaron a los juzgadores de instancia\u201d. <\/p>\n
b) El dictamen pericial decretado de oficio y practicado en el curso del tr\u00e1mite de la segunda instancia, contrario a lo sostenido en la sentencia, despej\u00f3 con claridad las dudas relativas a la no identificaci\u00f3n del predio de mayor extensi\u00f3n porque \u201csi para establecer unos linderos actuales, se necesitara encontrar la Parroquia de Gaira, tal como existi\u00f3 en 1842, se exigir\u00eda LO IMPOSIBLE, dado que los linderos indicados por Manuel Romay en la escritura del mes de diciembre de 1842, en la actualidad no existen como corr\u00eda por esos tiempos\u201d, pero si hay rastros que permiten reconstruirlos, como lo indica en el concepto t\u00e9cnico testimonial el presidente de la Academia de Historia del Magdalena cuando dice que \u201clos l\u00edmites norte y sur son dif\u00edciles de precisar hoy en d\u00eda porque no sabemos d\u00f3nde terminaba una parroquia y comenzaba la otra, con hitos demarcados. Y por el lado de Papare, habr\u00e1 que revisar las primitivas escrituras de la hacienda Santa Cruz de Papare para ver si las \u00b4tierras de Toribi\u00f3\u00b4 estaban dentro de esa posesi\u00f3n o se extend\u00edan hace territorios dursinos\u201d, folio 18, cuaderno de la Corte. <\/p>\n
c) La prueba que permite precisar los linderos norte y sur la suministra la experticia rendida en la segunda instancia en el que bajo el ep\u00edgrafe aclaraci\u00f3n se lee que \u201clocalizado el predio de mayor extensi\u00f3n, con sus linderos, medidas y \u00e1reas, establecido de antemano el l\u00edmite nor (sic) y se\u00f1alado en la plancha de restituci\u00f3n; podemos observar que el l\u00edmite norte, del predio de menor extensi\u00f3n, se encuentra a 900 Mts hacia el sur del l\u00edmite Norte, por lo tanto toda \u00e1rea, que se encuentra dentro del per\u00edmetro del globo mayor, se sobreentiende que pertenece o que perteneci\u00f3 al mismo lote, en el plano de restituci\u00f3n se puede observar claramente los distintos t\u00edtulos y datos de registros, de los desenglobes realizados, del globo mayor\u201d; agregando respecto del lindero norte que \u201ces El Dulcino el que demarca el lindero NORTE del predio LOS CERRITOS o CERRO BLANCO, ubicado en el extremo NOROCCIDENTAL, prolongando el lindero NORTE desde ese punto hasta la monta\u00f1a o Sierra Nevada en sus estribaciones, pues la escritura de 16 de diciembre de 1842 nos dice que la latitud y longitud del predio son las mismas, teniendo por igual, el lindero ESTE, Cerritos Bald\u00edos \u2026y por el OESTE: con el Mar\u201d y respecto del lindero sur \u201cde estos documentos colegimos que el lindero SUR, denominado como \u00b4Tierras de Toribi\u00f3\u00b4, en el documento m\u00e1s antiguo, y Quebrada de El Doctor, en medio, con la Hacienda Papare en los otros nos lleva a concluir que las llamadas Tierras de Torib\u00edo y Hacienda Papare, son una y la misma \u201cCerro Blanco\u201d, en la llamada Quebrada de El Doctor\u201d. <\/p>\n
d) No se trata en el proceso de establecer los l\u00edmites que separan a los municipios de Ci\u00e9naga y Santa Marta, ni tampoco de determinar los linderos de una parroquia que existi\u00f3 en 1842 ni donde comienza la otra, puesto que \u201cla menci\u00f3n de la Parroquia La Gaira y de las Tierras de Torib\u00edo, de que tratan los t\u00edtulos escriturarios, tan solo constituyen puntos de referencia, con base en los cuales en la \u00e9poca actual, debe determinarse si el predio de menor extensi\u00f3n, pose\u00eddo ahora por la parte demandada, est\u00e1 comprendido dentro del de mayor extensi\u00f3n, que tiene como propietarios a varios integrantes de la familia Diazgranados\u201d. <\/p>\n
e) El segundo dictamen pericial comprueba satisfactoriamente los dos linderos norte y sur que no encontr\u00f3 demostrados el tribunal, de donde \u201cse sigue que incurri\u00f3 en el error de derecho que le atribuyo, proveniente de la falta de aceptaci\u00f3n de esta plena prueba del hecho controvertido, y este error de derecho lo llev\u00f3 a desconocer normas de derecho sustancial que amparan a los demandantes\u201d. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como es sabido, cuando se acusa la violaci\u00f3n de una norma de derecho sustancial por la v\u00eda indirecta, esto es, por haber incurrido el sentenciador en error de apreciaci\u00f3n probatoria, debe denunciarlo ya como de hecho en orden a verificar que determinadas pruebas fueron omitidas, adicionadas o cercenadas en su contenido, lo que se traduce en una distorsi\u00f3n de la misma en el plano material; o ya como de derecho, que supone la fidelidad con el contenido objetivo de la prueba, pero se reclama su indebida estimaci\u00f3n por mediar la violaci\u00f3n de normas de disciplina probatoria que ata\u00f1en con la aportaci\u00f3n, admisi\u00f3n, producci\u00f3n o estimaci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
Unos y otros, sin embargo, no se pueden confundir ni entremezclar, toda vez que, en principio, por su naturaleza son excluyentes respecto de los mismos medios de prueba; de all\u00ed que no resulta id\u00f3neo invocar el de hecho, pero sustentarlo como si fuese de derecho, ni viceversa, pues se entiende que si el cargo se desv\u00eda de ese modo, la acusaci\u00f3n deviene imprecisa y carente de claridad, am\u00e9n de que en el fondo adolece de una real sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El juzgador al valorar un dictamen pericial puede incurrir bien en error de derecho ora en error de hecho, de acuerdo con las caracter\u00edsticas propias y aut\u00f3nomas de cada uno de ellos. <\/p>\n
Sobre esta posibilidad se pronunci\u00f3 la Sala en sentencia No. 184 de 24 de septiembre de 2001, expediente 5876 manifestando que \u201ctiene precisado la jurisprudencia de la Corte, que en la actividad desplegada por el fallador en la apreciaci\u00f3n de un dictamen pericial, se puede incurrir tanto en error de derecho como de hecho. Tambi\u00e9n ha dicho la misma fuente, que se incurre en la primera clase de error cuando se aprecia una experticia que fue allegada al proceso con pretermisi\u00f3n de las formalidades legales, o cuando se desecha por considerarse, de manera equivocada, que la misma no fue incorporada al expediente en legal forma, y por supuesto cuando con ocasi\u00f3n de su evaluaci\u00f3n se atenta contra el r\u00e9gimen jur\u00eddico que gobierna el mencionado medio. Se cae en la segunda clase de yerro, cuando se pretermite el estudio del legalmente aducido, o se supone el que no existe, o se reduce o adiciona el contenido objetivo de la experticia, o se desacierta al calificar la precisi\u00f3n, fundamentaci\u00f3n o concordancia de dicho medio probatorio, pues pese a ser una norma de derecho probatorio la que fija las pautas para que el fallador cumpla esta \u00faltima labor (art\u00edculo 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), lo que finalmente se estar\u00eda alterando con tal equivocaci\u00f3n ser\u00eda el contenido objetivo de la prueba\u201d. <\/p>\n
3. El tribunal para desestimar la pretensi\u00f3n reivindicatoria concluy\u00f3 que con las pruebas obrantes en el expediente no se lograba identificar ni determinar el predio de mayor extensi\u00f3n del cual supuestamente hac\u00eda parte el de menor objeto concreto del litigio; ni siquiera con el dictamen pericial decretado de oficio y practicado en el curso de la segunda instancia, pues, a pesar de precisar los controvertidos linderos norte y sur; la experticia est\u00e1 en contradicci\u00f3n con las restantes pruebas, tales como la inspecci\u00f3n judicial y el concepto que rindieron los peritos que acompa\u00f1aron al juez de conocimiento durante su pr\u00e1ctica, el que acogi\u00f3 no obstante la objeci\u00f3n formulada respecto de \u00e9l porque sus conclusiones coinciden con los informes rendidos por la Universidad Nacional y la Academia de Historia del Magdalena. <\/p>\n
El recurrente adujo que el mencionado segundo dictamen pericial s\u00ed es id\u00f3neo para establecer la identificaci\u00f3n y la determinaci\u00f3n del lote de mayor extensi\u00f3n y que constituye plena prueba en dicho sentido, por lo que el tribunal al no haberlo apreciado as\u00ed incurri\u00f3 en error de derecho. <\/p>\n
4. Se observa en este caso, que el cargo se enuncia bajo la perspectiva de la imputaci\u00f3n de error de derecho en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial decretado en el curso de la segunda instancia, espec\u00edficamente y s\u00f3lo por no haberlo tenido como plena prueba para demostrar la identidad del predio de mayor extensi\u00f3n, pero a continuaci\u00f3n se sustenta como si fuese de hecho, en la medida en que se remite al contenido material de la misma, para oponer la fuerza que en el sentir del censor deriva de ella para deducir el hecho controvertido de los alinderamientos norte y sur; y por si fuera poco, am\u00e9n de insistir en que se trata de un error de derecho, ni una palabra dedica a expresar en qu\u00e9 consisti\u00f3 entonces la infracci\u00f3n de las normas de disciplina probatoria que apenas enuncia en el cargo. <\/p>\n
Fluye de lo anterior, entonces, que el recurrente incurri\u00f3 en la deficiencia t\u00e9cnica de denunciar la comisi\u00f3n de un error de derecho sin ofrecer sustentaci\u00f3n alguna encaminada a demostrar su presencia, y cayendo de paso en una cr\u00edtica al desconocimiento de las conclusiones de los peritos, de modo aislado y por tanto sin consideraci\u00f3n al contexto en el que fueron apreciados, se\u00f1alando incorrectamente aspectos materiales de dicha prueba que ser\u00edan propios de la comisi\u00f3n de un error de hecho. <\/p>\n
5. Ahora bien, en el supuesto de que pudiera enderezarse la acusaci\u00f3n para entenderla como destinada a delatar la comisi\u00f3n de un error de hecho, necesariamente habr\u00eda que afirmarse que la acusaci\u00f3n en todo caso devendr\u00eda incompleta por no involucrar todas las conclusiones deducidas por el sentenciador al desechar el aludido dictamen pericial bajo la categ\u00f3rica manifestaci\u00f3n de estar en contradicci\u00f3n con otras pruebas que al efecto discrimina y analiza ampliamente, razonamientos sobre los cuales el censor pas\u00f3 de largo. <\/p>\n
En efecto, el tribunal no acogi\u00f3 el concepto contenido en la experticia porque lo encontr\u00f3 opuesto y contradictorio con lo establecido en la inspecci\u00f3n judicial, lo expresado por los peritos que intervinieron en la misma y los informes rendidos por la Universidad Nacional y la Academia de Historia del Magdalena, por conducto de su Presidente, medios de convicci\u00f3n que fueron dejados por fuera del ataque, salvo el \u00faltimo, y que son pilares fundamentales del fallo que le sirven de sustent\u00e1culo e impiden por lo tanto la casaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
El recurrente se aplica a aseverar con vehemencia, pero a su modo, que el segundo dictamen, por determinar e individualizar los linderos norte y sur, es plena prueba para identificar el lote de menor extensi\u00f3n, que fue lo que ech\u00f3 de menos el sentenciador, pero omite por completo hacer la cr\u00edtica indispensable a los restantes medios de convicci\u00f3n analizados en la sentencia en opini\u00f3n del tribunal y que le sirvieron a \u00e9ste para concluir que, a pesar de lo conceptuado por tales expertos, la determinaci\u00f3n del predio objeto de la reivindicaci\u00f3n no se hab\u00eda demostrado. <\/p>\n
6. S\u00edguese en consecuencia que dada la precariedad del cargo propuesto, no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 3 de mayo de 2000, proferida por la Sala-Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dentro del proceso ordinario promovido por la comunidad integrada por Jos\u00e9 Antonio, Fermina Dolores, Mar\u00eda Luisa, Elisa Elena, Rafael Alberto y Teresa de Jes\u00fas Diazgranados contra la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte recurrente, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-052-2005 [0346-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de abril de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 0346-01 Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82902","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82902","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82902"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82902\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}