SC-057-2005 [1998-0056-02]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de abril de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: expediente 1998-0056-02 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia de 5 de julio de 2000, proferida por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario de Carmenza Cornejo de Bautista contra la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros S.A. y la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros de Vida S.A. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
En el libelo incoativo pidi\u00f3se declarar la existencia del contrato de seguro de vida, la ocurrencia del siniestro y el subsiguiente incumplimiento, condenando a las demandadas a pagar $50.000.000 junto con los intereses a la tasa del doble del inter\u00e9s bancario, y las cuotas hipotecarias abonadas por la actora durante el tiempo transcurrido entre el fallecimiento del asegurado y la presentaci\u00f3n de la demanda, junto con intereses e indexaci\u00f3n. <\/p>\n
Como hechos fueron narrados los siguientes: <\/p>\n
Mediante la p\u00f3liza de seguro de vida 77085 la compa\u00f1\u00eda de seguros de vida se oblig\u00f3 con Mart\u00edn Bautista G\u00f3mez por el \u201criesgo de vida, en el cr\u00e9dito que por adquisici\u00f3n de vivienda le concedi\u00f3 la corporaci\u00f3n CONAVI\u201d; el amparo se otorg\u00f3 previo diligenciamiento del formato de solicitud correspondiente, en el que el asegurado contest\u00f3 en forma veraz las preguntas sobre su estado de salud, quedando relevado de realizarse el examen m\u00e9dico reglamentario. <\/p>\n
Las demandadas se opusieron y en total propusieron las excepciones que as\u00ed dieron en denominar: falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y pasiva, inexistencia de la obligaci\u00f3n de indemnizar, inexistencia del contrato de seguro, cobro de lo no debido, nulidad relativa y prescripci\u00f3n. <\/p>\n
La sentencia desestimatoria de primer grado fue confirmada por el tribunal. Ahora la de \u00e9ste, como se dijo, est\u00e1 recurrida en casaci\u00f3n por el actor. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Encontr\u00f3 de entrada que el principio de la reformatio in peius imped\u00eda declarar la prescripci\u00f3n que aqu\u00ed hab\u00eda operado. <\/p>\n
As\u00ed que pas\u00f3 a analizar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa a partir del documento en el que, seg\u00fan su decir, se \u201clogr\u00f3 verter en autos el texto de las condiciones generales de la \u2018p\u00f3liza de vida grupo deudores 77085\u2019\u201d, escrito donde halla asidero razonable la mencionada excepci\u00f3n, porque al ser un seguro que protege la vida del deudor, es la acreedora la beneficiaria de la indemnizaci\u00f3n derivada del siniestro \u201chasta por el saldo de la deuda\u201d y no la demandante, y del pagar\u00e9 6012-320005586 como de la escritura 2598 de 10 de junio de 1995 se evidencia que el acreedor del cr\u00e9dito es la corporaci\u00f3n, a favor de la cual el deudor hipotecario se comprometi\u00f3 a tomar un seguro de vida. <\/p>\n
Para concluir considera en \u201ccuanto hace a que la primera instancia opt\u00f3 por colocar en cabeza de la aseguradora el \u2018anatema\u2019 de una equivocada objeci\u00f3n\u201d que el asunto no debe analizarse con ligereza, por cuanto la enfermedad que aquej\u00f3 a Bautista G\u00f3mez no fue asintom\u00e1tica pues \u00e9ste perdi\u00f3 8 kilos de peso dentro de los dos meses en que fue adquirida la p\u00f3liza, por lo que \u201cen gracia de discusi\u00f3n\u201d podr\u00eda cuestionarse aquello de que estuviera en perfectas condiciones, por las \u201cserias dubitaciones que podr\u00edan estructurarse positivamente en materia de reticencia y nulidad relativa\u201d. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
El \u00fanico cargo formulado al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, acusa violaci\u00f3n de los art\u00edculos 870, 871, 1053, 1080, 1141, 1142, 1144, 1147 y 1148 del c\u00f3digo de comercio, y 79, 80 y 83 de la ley 45 de 1990, como consecuencia de errores f\u00e1cticos y de derecho. <\/p>\n
Lo desenvuelve diciendo que la \u00fanica prueba con que pod\u00eda acogerse la excepci\u00f3n triunfante era la p\u00f3liza, la cual no pudo arrimarse finalmente al litigio, no obstante que el tribunal oficiosamente dispuso su incorporaci\u00f3n; orden que la compa\u00f1\u00eda demandada cumpli\u00f3 anexando un documento distinto, cosa que no vio el sentenciador. <\/p>\n
El error de derecho est\u00e1 en la actitud omisiva del juzgador al incumplir sus obligaciones, facultades y poderes que en materia probatoria le otorga la ley, dado que tras la orden oficiosa a la demandada, que luego reiter\u00f3, nada hizo ante el env\u00edo de un documento distinto del solicitado; por supuesto, en tales condiciones debi\u00f3 decretar, tambi\u00e9n de oficio, la exhibici\u00f3n del documento o bien imponerle una multa, seg\u00fan lo consagra el precepto 39 ib\u00eddem. <\/p>\n
El error de hecho surge de la apreciaci\u00f3n del formato en blanco de las condiciones generales de la p\u00f3liza, a partir del cual tuvo \u201cpor demostrado -sin estarlo- las condiciones generales de la p\u00f3liza\u201d, del pagar\u00e9 que corresponde al contrato de mutuo entre Conavi y Mart\u00edn Bautista, del que deriv\u00f3 la condici\u00f3n de acreedora de la corporaci\u00f3n, y de las escrituras 9614 y 2598, donde hall\u00f3 el compromiso del deudor a contratar un seguro de vida a favor de Conavi, medios de los que infiri\u00f3 la calidad de tomador y beneficiario de la corporaci\u00f3n, documentos que, de ning\u00fan modo muestran lo que el sentenciador deduce. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
En breve, estima el impugnador que el error de derecho advino al no haberse perseverado en la prueba oficiosa que decret\u00f3 el tribunal para traer al proceso la p\u00f3liza, incluso acudiendo a su exhibici\u00f3n por parte de la aseguradora, y los de hecho, al haber visto en los documentos en que se hizo figurar el cr\u00e9dito que el beneficiario del amparo era Conavi, cosa que jam\u00e1s pudo deducir de all\u00ed. <\/p>\n
El punto, empero, es que am\u00e9n de que la omisi\u00f3n del juzgador no pudo nunca engendrar un yerro de iure, cual plant\u00e9ase en la censura, por cuanto este tipo de errores reclaman de modo insoslayable la presencia f\u00edsica de la prueba en los autos, cosa que en el caso se echa de menos, lo cierto es que ya en lo tocante con el f\u00e1ctico, aun de aparecer demostrado aquello de que Conavi no era realmente beneficiaria del amparo, nunca esa circunstancia autorizar\u00eda por s\u00ed sola la casaci\u00f3n del fallo. <\/p>\n
Cuanto a lo primero, relativamente al yerro de derecho, es muy de notar que desde el instante mismo en que se concibi\u00f3 que el recurso extraordinario, cediendo un tanto en su severo r\u00e9gimen de la casaci\u00f3n pura, permitiese el ingreso, eso s\u00ed excepcional, de la pol\u00e9mica en torno a las pruebas y los hechos litigiosos, lo que hizo de ella una impugnaci\u00f3n ecl\u00e9ctica, ha sido cuidadoso el estudio de los eventuales yerros probatorios que indirectamente causan quebranto de la ley sustancial. A objeto de perfilar el de derecho, para no hablar sino del que hace al caso, bien convenido se tiene que \u00e9l dice relaci\u00f3n con la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas, precisamente para resaltar que en ese \u00e1mbito queda excluida toda controversia de tipo f\u00edsico o material, pues \u00e9l s\u00f3lo podr\u00eda estructurarse en un escenario que le es muy propio: el de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba. El reproche que cabe hacerle al juzgador, ya no es el de que vea mucho o poco, que invente o mutile pruebas; en fin, el problema ya no es de desarreglos visuales, porque el desacierto se ubica es en el pensamiento probatorio del juzgador; ya porque no muestra el debido respeto al apreciad\u00edsimo postulado del contradictorio (aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n al proceso de elementos de juicio), ora porque entra a re\u00f1ir con el legislador acerca del m\u00e9rito de las probanzas. Bien podr\u00eda decirse metaf\u00f3ricamente que aqu\u00ed el problema no es de \u201cpupila\u201d sino de discernimiento. <\/p>\n
Repetid\u00edsimo tiene la Corte, por cierto, que en el error de derecho puede incurrir el fallador \u201ccuando aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u201d (CXLVII, p\u00e1gina 61). <\/p>\n
Pues bien. Aceptado que el error de derecho es cuesti\u00f3n de diagnosis jur\u00eddica, por razones de simple coherencia d\u00e9bese admitir tambi\u00e9n, tal como con pertinacia lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, que \u00e9l supone que el juzgador ha contemplado materialmente la prueba y que en esa fase objetiva no hay reconvenci\u00f3n por hacerle; a la verdad, hase dicho sin ambages que los yerros probatorios denunciables en casaci\u00f3n se diferencian, entre otras cosas, en que \u201cal paso que el de hecho ata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe (\u2026), el error de derecho parte de la presencia indiscutible de la probanza en autos\u201d (LXXVIII, p\u00e1g. 313). Que sin la presencia material de la prueba no es posible hablar de error de derecho, es doctrina persistente de la Corte, como puede verse en providencias de 19 de octubre de 2000 (expediente 5442), 5 de febrero de 2001 (exp. 6554), 5 de abril de 2001 (exp. 5630), 8 de agosto de 2001 (exp. 5905) y 24 de agosto de 2004 (exp. 7934). <\/p>\n
Mas, comoquiera que en algunas ocasiones se ha concebido la idea de un error de derecho por falta de decretar pruebas de oficio (sentencias 107 de 14 de julio de 2000, 211 de 7 de noviembre de 2000, 022 de 22 de febrero de 2002 y 107 de 19 de junio de 2002), inmejorable se presenta el caso de ahora para precisar y puntualizar el criterio de la Corte en el punto, seg\u00fan las l\u00edneas que siguen. <\/p>\n
Admitir que faltar al deber de decretar pruebas de oficio podr\u00eda implicar un error de derecho, no constando a\u00fan, it\u00e9rase, el requisito de la existencia y la trascendencia de las mismas, no cuadra del todo con la filosof\u00eda del recurso de casaci\u00f3n, pues el examen de la Corte no se har\u00eda ya propiamente de cara a la sentencia cuestionada -como con insistencia suele decirse-, con no m\u00e1s elementos de prueba que los que trae el expediente, sino que la Corte, cual fallador de instancia, se entregar\u00eda indebidamente a acopiar otras que por lo pronto no est\u00e1n, renovando el aspecto probatorio del proceso. Mem\u00f3rese que la Corte puede s\u00ed decretar pruebas de oficio, pero no como tribunal de casaci\u00f3n sino como juzgador de instancia, cuando funge de fallador para dictar la sentencia que ha de reemplazar la que result\u00f3 quebrada. Principio que sale maltrecho cuando primero se casa para luego averiguar por la trascendencia de las pruebas. <\/p>\n
Con arreglo a lo dicho, pues, dif\u00edcilmente puede darse en tales eventos un error de derecho. Necesitar\u00edase que las especiales circunstancias del pleito permitieran evadir los escollos preanotados, como cuando el respectivo medio de prueba obra de hecho en el expediente, pero el sentenciador pretexta que no es el caso considerado por razones que ata\u00f1en, por ejemplo, a la aducci\u00f3n o incorporaci\u00f3n de pruebas. Evento este que posibilitar\u00eda al fallador, precisamente porque la prueba est\u00e1 ante sus ojos, medir la trascendencia de ella en la resoluci\u00f3n del juicio; y por ah\u00ed derecho podr\u00eda achac\u00e1rsele la falta de acuciosidad en el deber de decretar pruebas oficiosas. Ser\u00eda, en verdad, una hip\u00f3tesis excepcional, tal como lo advirti\u00f3 la Corte en un caso espec\u00edfico (Cas. Civ. 12 de septiembre de 1994, expediente 4293). <\/p>\n
Queda, por tanto, en los anteriores t\u00e9rminos, rectificada la doctrina de la Corte en el tema. <\/p>\n
As\u00ed que la denuncia del censor en este caso no constituye error de derecho, y ello determina que esa parte de la acusaci\u00f3n no florezca. <\/p>\n
Para terminar, ha de verse, en lo atinente al yerro f\u00e1ctico, que si de todas maneras alcanzara a demostrar el recurrente que el juzgador no pudo extraer de las \u201ccondiciones generales\u201d [car\u00e1cter que les disputa] ni del pagar\u00e9 ni de las escrituras [documentos en que finalmente vino a materializarse la operaci\u00f3n crediticia], eso de que la corporaci\u00f3n no era la beneficiaria de la cobertura, esto no traducir\u00eda por s\u00ed que, entonces, es la demandante la que ostenta esa condici\u00f3n. <\/p>\n
El cargo, es palmar, no lo dice; apenas da en se\u00f1alar que sin la p\u00f3liza no era posible definir esa zona de la controversia, lo cual, visto en el terreno propio de la casaci\u00f3n impide desde todo punto de vista el quiebre del fallo, pues trat\u00e1ndose de un puntal basilar del mismo que se mantiene en pie, por supuesto que as\u00ed debe tenerse lo de que la actora no es beneficiaria del amparo, mal podr\u00eda arribarse a una conclusi\u00f3n diferente. Porque ins\u00edstese, siguiendo en esto al propio recurrente, la alegada ausencia de la p\u00f3liza no permitir\u00eda establecer qui\u00e9n es a la postre el beneficiario y por ah\u00ed derecho no s\u00f3lo cabr\u00eda descartar como tal al banco sino tambi\u00e9n al mismo demandante. Alegar as\u00ed, pues, no alcanza en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, no prospera el cargo. <\/p>\n
En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que en este proceso profiri\u00f3 el tribunal superior del distrito judicial de Bucaramanga en el proceso ordinario de Carmenza Cornejo de Bautista contra Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros S. A. y Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros de Vida S.A. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la demandante. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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