SC-058-2005 [0582-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Ref: Expediente No. 0582-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Claudia Isabel S\u00e1nchez Perdomo contra la sentencia de 26 de diciembre de 2000, proferida por la sala civil de descongesti\u00f3n del tribunal superior de Bogot\u00e1 en este proceso ordinario de Julio C\u00e9sar Rojas, Rodrigo S\u00e1nchez, Alvaro S\u00e1nchez y Raquel S\u00e1nchez viuda de Le\u00f3n contra Gerardo S\u00e1nchez Medina, Martha Cecilia Vergara de Espinosa y la recurrente. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
La demanda pidi\u00f3 declarar simuladas las escrituras p\u00fablicas 274 de 24 de enero de 1980, 4802 de 21 de julio de 1980 y 5580 de 2 de septiembre de 1980, todas ellas otorgadas en la notar\u00eda 4\u00aa de esta ciudad; asimismo, que la escritura 3013 de 31 de julio de 1962 corrida en la notar\u00eda 3\u00aa de esta ciudad permanece v\u00e1lida, y, en consecuencia, oficiar al notario y al registrador de instrumentos p\u00fablicos a fin de que anulen y cancelen las dichas escrituras y su correspondiente registro. <\/p>\n
Los hechos de la demanda se pueden compendiar como sigue: <\/p>\n
Mediante escritura p\u00fablica 3013 de 31 de julio de 1962 otorgada en la notar\u00eda 3\u00aa de esta ciudad, Heliodoro S\u00e1nchez Orjuela adquiri\u00f3 de Cecilia Guti\u00e9rrez de P\u00e1ez el inmueble ubicado en la carrera 15 No. 18 – 17\/23\/27\/35 de la ciudad de Girardot (Cundinamarca). <\/p>\n
Por instrumento p\u00fablico 274 de 24 de enero de 1980 corrido en la notar\u00eda 4\u00aa de esta ciudad, Heliodoro vendi\u00f3 dicho bien a Gerardo S\u00e1nchez, su hijo, por la suma de $550.000.oo, suma que, seg\u00fan el primero, fue recibida en su totalidad; a su turno, \u00e9ste lo vendi\u00f3 por el mismo precio a su compa\u00f1era Martha Cecilia Vergara de Espinosa por escritura 4802 de 21 de julio de 1980, quien escasamente dos meses despu\u00e9s lo transfiri\u00f3 a Claudia Isabel S\u00e1nchez Perdomo por id\u00e9ntico valor. <\/p>\n
A pesar de todas las compraventas realizadas, Heliodoro S\u00e1nchez Orjuela tuvo hasta el d\u00eda de su muerte, ocurrida en 1993, la posesi\u00f3n material del bien. <\/p>\n
Como indicios de la simulaci\u00f3n de los contratos se tienen el parentesco entre Gerardo, Claudia y Heliodoro S\u00e1nchez, siendo los dos primeros hijos del segundo, la relaci\u00f3n de convivencia entre Gerardo y Martha Cecilia, la venta de unas mejoras que sobre un inmueble ubicado en Girardot hizo Heliodoro a Claudia Isabel en la misma fecha en que se llev\u00f3 a cabo la primera de las compraventas, -la que fue aclarada mediante escritura p\u00fablica 1454 de 18 de marzo de 1980 en la notar\u00eda 4\u00aa de esta ciudad- y la venta que de los enseres de una gallera hizo Heliodoro a Claudia, el hecho de que seg\u00fan el testamento otorgado por Heliodoro S\u00e1nchez el 16 de enero de 1975, la cuarta de libre disposici\u00f3n le fue dejada a Claudia Isabel S\u00e1nchez, as\u00ed como la tercera parte de la cuarta de mejoras, hechos que aunados indican la especial ternura que \u00e9ste ten\u00eda para con su hija, la que lo llev\u00f3 a querer dejar el inmueble objeto de las compraventas en sus manos y en desmedro de los derechos su dem\u00e1s hijos. <\/p>\n
Al paso que Gerardo S\u00e1nchez y Martha Cecilia Vergara de Espinosa se allanaron a las pretensiones, Claudia Isabel S\u00e1nchez se opuso, negando los atinentes a la simulaci\u00f3n y proponiendo las excepciones que denomin\u00f3 \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en causa de los demandantes\u201d respecto a ella y \u201causencia total de inter\u00e9s sustancial para una sentencia de fondo\u201d. <\/p>\n
La primera instancia fue ultimada con fallo que declar\u00f3 la simulaci\u00f3n de las negociaciones, excepto la \u00faltima de ellas, con arreglo a la cual Claudia Isabel S\u00e1nchez adquiri\u00f3 el bien. El tribunal, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por los demandantes, revoc\u00f3 dicha negativa y cobij\u00f3 tambi\u00e9n la mencionada venta con la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Sin m\u00e1s pre\u00e1mbulos que los relativos a la debida conformaci\u00f3n de la relaci\u00f3n procesal, anot\u00f3 de entrada que \u201cse encuentran suficientes indicios que por su concordancia y convergencia llevan al convencimiento de que\u201d tambi\u00e9n la compraventa celebrada entre Martha Cecilia Vergara de Espinosa y Claudia Isabel S\u00e1nchez \u201cfue simulada\u201d. <\/p>\n
Dicho esto, se aprest\u00f3 a analizar esos indicios del siguiente modo: <\/p>\n
Inici\u00f3 por el relativo al parentesco y los lazos afectivos que unieron a quienes hicieron parte en los diferentes negocios atacados, \u201cpues el primero de ellos se celebr\u00f3 entre padre e hijo, Heliodoro S\u00e1nchez y Gerardo S\u00e1nchez, el segundo entre \u00e9ste y su compa\u00f1era, Martha Cecilia Vergara de Espinosa, y el tercero entre \u00e9sta y Claudia Isabel S\u00e1nchez Perdomo, hija del primero\u201d. <\/p>\n
En seguida se ocup\u00f3 del \u201cparticular cari\u00f1o que el causante Heliodoro S\u00e1nchez ten\u00eda para con su hija Claudia Isabel S\u00e1nchez Perdomo, el que est\u00e1 demostrado con el hecho de haberle dejado, seg\u00fan la copia del testamento vertida a folio 4 y ss., la cuarta de libre disposici\u00f3n y la tercera parte de la cuarta de mejoras, y que es corroborado con el contrato de compraventa de bienes muebles y enseres militante a folio 2 y ss., y la venta que de las mejoras hizo el causante a la misma, construidas por \u00e9l sobre un bien de propiedad de su \u2018madre\u2019, en la misma fecha de la primera de las compraventas celebradas\u201d. <\/p>\n
Como tercer indicador incluy\u00f3 \u201cla cercan\u00eda de las negociaciones atacadas, las cuales ocurrieron en menos de un a\u00f1o, lo que es extra\u00f1o, puesto que en el plenario no se encuentra elemento demostrativo alguno que se\u00f1ale la onerosidad de las transacciones, y si bien existe respecto a la primera de la compraventas y la venta de las mejoras copia de un acto administrativo tendiente a desvirtuar la presunci\u00f3n de donaci\u00f3n que empa\u00f1a la veracidad de las negociaciones hechas entre padres e hijos, no lo es menos que dichas actuaciones bien pudieron tener la intenci\u00f3n, y de hecho es as\u00ed como se concluye del an\u00e1lisis concatenado de los indicios, que \u00e9stas hicieron parte justamente de las maniobras efectuadas por las partes para encubrir los actos simulatorios atacados\u201d. <\/p>\n
Reflexi\u00f3n en la que hizo pie para descalificar la defensa esgrimida por la demandada, \u201cen virtud de la cual \u00e9sta trajo a colaci\u00f3n el poder general otorgado a su padre, los contratos de arrendamiento y las declaraciones de los impuestos predial y de renta y complementarios, que sin duda respaldan el hecho que la demandada se ha cuidado de revestir sus actos con la apariencia de ser se\u00f1ora y due\u00f1a del inmueble, lo que puede ser cierto, pero que a ultranza no desvirt\u00faa, sino que m\u00e1s bien corrobora, que la verdadera intenci\u00f3n de Heliodoro S\u00e1nchez y la suya era la de sacar el inmueble del patrimonio del primero para as\u00ed favorecerla frente a los dem\u00e1s hijos, de los que vale se\u00f1alar no son pocos, y colocarla en una posici\u00f3n econ\u00f3micamente privilegiada respecto a ellos\u201d. <\/p>\n
Y elucid\u00f3 a rengl\u00f3n seguido: <\/p>\n
\u201cLa demandada Martha Cecilia Vergara de Espinosa, afirm\u00f3 desde la contestaci\u00f3n de la demanda y en el interrogatorio que no recibi\u00f3 dinero alguno por la compraventa del bien de manos de la Claudia Isabel S\u00e1nchez, lo que fue controvertido por la misma cuando asever\u00f3 haber conseguido el dinero con un pr\u00e9stamo hecho por su madre y su primo, lo que no se demostr\u00f3 en ning\u00fan momento, ya que el \u00fanico medio probatorio con el que se pretendi\u00f3 respaldar tal afirmaci\u00f3n fue con el testimonio del segundo, F\u00e9lix Perdomo, el que debe ser apreciado como sospechoso dado su parentesco y cercan\u00eda. <\/p>\n
\u201cLo anterior, tiene sost\u00e9n igualmente en el precio del bien que fue de $550.000.oo para el a\u00f1o de 1980, una suma nada despreciable. Para esa misma fecha la demandada, con vista en el registro civil visible a folio 236, contaba con 19 a\u00f1os de edad, luego es inevitable preguntarse, c\u00f3mo una persona de esa edad puede tener acceso a la suma que dice haber pagado en efectivo, cuando tanto demandante y demandados, familiares todos, aseguran que para dicha \u00e9poca ella solo estudiaba y su padre, el causante, la manten\u00eda tanto a ella como a su madre? Adem\u00e1s c\u00f3mo se explica que a escasos 3 a\u00f1os, es decir, cuando ella ten\u00eda 22 a\u00f1os, otorgara un poder general a favor de su padre para adelantar procesos, administrar bienes, exigir cuentas, cobrar cr\u00e9ditos, etc., cuando en realidad no demostr\u00f3 una actividad econ\u00f3mica para ese momento que justificara la existencia de una patrimonio tan sustancioso que acreditara la toma de tales cuidados, las que, analizadas con especial cuidado, solo encuentran raz\u00f3n de ser en la medida que aquellos actos se encaminaron a rodear de apariencia de real existencia a la compraventa, para as\u00ed salvaguardar el inmueble de la partici\u00f3n inevitable que a la muerte de su padre sobrevendr\u00eda\u201d. <\/p>\n
Finalmente, apuntalado en doctrina sentada por esta Corporaci\u00f3n, expres\u00f3 lo que sigue: <\/p>\n
\u201cDadas las anteriores circunstancias (…) salta a la vista que la demandada no s\u00f3lo conoci\u00f3 de las transacciones adelantadas por su padre para radicar bienes en su cabeza, sino que tambi\u00e9n hizo parte de ellas, ya que si bien ciertamente esgrimi\u00f3 una defensa acuciosa y meticulosa, se abstuvo de concatenar los hechos que antecedieron a la compraventa en cuesti\u00f3n y que supuestamente dieron origen a los que prob\u00f3 en el proceso, existiendo un vac\u00edo ostensible en lo que aconteci\u00f3 con anterioridad, configur\u00e1ndose as\u00ed una simulaci\u00f3n por interpuesta persona\u201d. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
El \u00fanico cargo, al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, acusa la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 187, 196, 217, 218, 249, 250, 258 y 264 del c\u00f3digo de procedimiento civil, 1502, 1618, 1849 y 1933 del c\u00f3digo civil, 28, 73 y 74 del c\u00f3digo contencioso administrativo, y 261 a 264 del decreto 624 de 1989, a cuenta de errores de hecho y de derecho en la contemplaci\u00f3n de pruebas. <\/p>\n
En su desarrollo, alude la censura a los yerros f\u00e1cticos en que incurri\u00f3 el sentenciador al preterir las pruebas que enseguida se refieren: <\/p>\n
a) La conducta procesal del demandado; as\u00ed la confesi\u00f3n contenida en la contestaci\u00f3n de la demanda de Gerardo S\u00e1nchez, donde acept\u00f3 haber relatado los hechos de la demanda, lo que indica un posible fraude o colusi\u00f3n de los hermanos y la compa\u00f1era del confesante de cara a los intereses de la demandada recurrente, como el hecho de que tambi\u00e9n confes\u00f3 (fol. 167 vto.) que ten\u00eda diferencias hogare\u00f1as con su primera esposa, dejando ver as\u00ed la raz\u00f3n que tuvo para transferir el bien a su compa\u00f1era, y no por presiones ejercidas por su difunto padre. <\/p>\n
Esto sumado a que el interrogatorio que \u00e9ste absolvi\u00f3, que le formul\u00f3 justamente el apoderado de los actores, vers\u00f3 fue sobre hechos de la demanda que \u00e9l mismo redact\u00f3, siendo as\u00ed que el ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n de la recurrente \u201cse redujo a la tacha de falsedad\u201d que plante\u00f3, \u201catendiendo a la prueba documental contenida en la escritura 0274 de enero 24 de 1990 y espec\u00edficamente a la Resoluci\u00f3n 9 del 17 de enero de 1980, expedida por el Ministerio de Hacienda a trav\u00e9s de la cual se dedujo: \u2018… la onerosidad de la transacci\u00f3n\u2019 entre Heliodoro S\u00e1nchez Orjuela y Gerardo S\u00e1nchez Medina\u201d, cosa indicadora de mala fe, que permite establecer una duda entre el contenido del acto administrativo, del que se presume su veracidad, y las manifestaciones hechas por Gerardo S\u00e1nchez Medina. <\/p>\n
b) Las declaraciones de Rodrigo S\u00e1nchez Lara y Raquel y \u00c1lvaro S\u00e1nchez Medina; el primero, al margen de afirmar que su hermano Gerardo fue el hijo de confianza de su padre, advirti\u00f3 que no tuvo conocimiento directo de las ventas sino hasta la muerte de su padre y por informaci\u00f3n de Gerardo, explicando que tras analizar con sus hermanos lo de las ventas, concluyeron que era injusto que se los ignorara \u201cen la repartici\u00f3n equitativa de los bienes de la sucesi\u00f3n\u201d, situaci\u00f3n que indica que no tuvo conocimiento de la realizaci\u00f3n de ninguno de los negocios impugnados, pero s\u00ed de las reales maniobras adelantadas por Gerardo. <\/p>\n
Raquel describi\u00f3 las relaciones entre su padre y Gerardo como \u201cun encargo testamentario, que no cumpli\u00f3 pero que ha utilizado para alegar su propia culpa\u201d, mientras que el otro dijo que tuvieron que demandar a Claudia para que la gallera hiciera parte de la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
c) El testimonio de Efra\u00edn Barrag\u00e1n, persona que relat\u00f3 c\u00f3mo el causante le cont\u00f3 que tuvo que vender la casa de la gallera porque necesitaba una platica, que posteriormente la hab\u00eda comprado Claudia, quien a su turno le pidi\u00f3 un pr\u00e9stamo por intermedio de Heliodoro al que dio poder para hacer la hipoteca; ella le ven\u00eda pagando intereses cuando muri\u00f3 el padre, lo que deja claro que el inmueble s\u00ed fue vendido en forma real por Heliodoro y que Claudia ejerci\u00f3 su calidad de propietaria. <\/p>\n
d) La escritura en que se constituy\u00f3 la hipoteca, la cual no deja duda que el bien s\u00ed fue vendido, y la cancelaci\u00f3n de dicho gravamen, lo que se hizo el 11 de noviembre de 1994, tras la muerte de Heliodoro, en la que no hubo concurso de los hermanos. <\/p>\n
e) Los testimonios de Leonilde Parra Oliveros, Guillermina Torres y Omar Barrios Pati\u00f1o. Leonilde, quien fue inquilina de Claudia y cuando \u00e9sta no se hallaba le pagaba a Heliodoro, lo que quiere decir que aquella ejerci\u00f3 como propietaria aun dentro de los doce a\u00f1os seguidos de la vida de su padre; la segunda conoci\u00f3 a Heliodoro como due\u00f1o hasta cuando le pasaron una carta inform\u00e1ndole que la nueva due\u00f1a era Claudia, y Omar, quien se presentaba como arrendatario de \u00e9sta incluso doce a\u00f1os antes de fallecer Heliodoro. <\/p>\n
f) Lo afirmado en la contestaci\u00f3n de la demanda de Claudia, seg\u00fan lo cual \u00e9sta declaraba renta desde 1980; ten\u00eda renta presuntiva y su patrimonio fue increment\u00e1ndose, como lo demuestran las declaraciones mismas, las que a pesar de dar cuenta de actos de disposici\u00f3n realizados por la recurrente aun en vida de su padre, desech\u00f3 el tribunal diciendo que, por el contrario, respaldan eso de que aquella \u201cse ha cuidado de revestir sus actos con la apariencia de ser se\u00f1ora y due\u00f1a del inmueble\u201d. <\/p>\n
g) La afirmaci\u00f3n contenida en la contestaci\u00f3n de la demanda de Claudia, donde se dice que no obstante haber pasado doce a\u00f1os desde la venta, ninguna acci\u00f3n intentaron los codemandados, ni aun la del art\u00edculo 1933 del C.C. contra la compa\u00f1era de Gerardo; en cambio s\u00ed acept\u00f3 el juzgador la posici\u00f3n de \u00e9stos para perjudicar a la recurrente, tal como qued\u00f3 demostrado con \u201clos propios documentos, las declaraciones de los propios hermanos y con la fecha de defunci\u00f3n del causante\u201d, con lo que incurri\u00f3 en error al apreciar la demanda y dichas pruebas. <\/p>\n
Cuanto a los errores de derecho, argumenta que al descartar la prueba de la \u201conerosidad de las transacciones\u201d, incluso por encima de la resoluci\u00f3n del Ministerio de Hacienda, documento tendiente a desvirtuar que la venta de las mejoras fuera una donaci\u00f3n, quebrant\u00f3 los art\u00edculos 73, 74 y 28 del c\u00f3digo contencioso administrativo, normas que prodigan a los actos administrativos de car\u00e1cter particular un trato tal que impide su revocatoria sin el consentimiento expreso de su titular, lo mismo que el 187 del c\u00f3digo de procedimiento civil, en cuanto priv\u00f3 de valor probatorio al acto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las declaraciones de impuestos predial y de renta y complementarios, quebrant\u00f3 los art\u00edculos 261 a 264 del estatuto tributario (decreto 624 de 1989) en tanto que establecen una presunci\u00f3n de aprovechamiento econ\u00f3mico en cabeza de quien figura como propietario o usufructuario de un bien; as\u00ed que si la declaraci\u00f3n de renta tiene valor probatorio frente a terceros, y en el caso en particular da cuenta de la situaci\u00f3n patrimonial de Claudia, el tribunal quebrant\u00f3 las dichas normas al negarles m\u00e9rito demostrativo a las mismas. <\/p>\n
Por lo que refiere a los contratos de arrendamiento, el juzgador viol\u00f3 los art\u00edculos 187 del c\u00f3digo de procedimiento civil, y 1502, 1618, 1849 y 1933 del c\u00f3digo civil, pues constituyen prueba por excelencia de los actos de administraci\u00f3n y de autonom\u00eda de Claudia sobre el bien, aun en vida de su padre; el tribunal los estim\u00f3 sospechosos, haciendo deducciones de hechos que no est\u00e1n acreditados en el proceso, dejando de relacionarlos con otros indicios. <\/p>\n
Y, por \u00faltimo, el sentenciador infringi\u00f3 los art\u00edculos 187 y 218 del c\u00f3digo de procedimiento civil al descartar por sospecha la versi\u00f3n del testigo F\u00e9lix Perdomo; este declarante, quien relat\u00f3 su intervenci\u00f3n en la negociaci\u00f3n, no fue apreciado debidamente, pues trabado el litigio entre hermanos, gracias a su cercan\u00eda con el n\u00facleo familiar hab\u00eda de atend\u00e9rselo, tanto m\u00e1s si se repara en el hecho de que, seg\u00fan el criterio del tribunal, todos los hermanos son sospechosos. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
S\u00e1bese que para desembocar en que tambi\u00e9n la venta realizada a favor de la recurrente fue simulada, el tribunal se afinc\u00f3 en tres indicios b\u00e1sicos que extrajo de las pruebas del litigio, como en efecto lo fueron el parentesco que un\u00eda a todos los que participaron en la cadena de negociaciones, la cercan\u00eda en el tiempo de ellas y, especialmente, el particular cari\u00f1o que Heliodoro guardaba por Claudia, corolario que termin\u00f3 corroborando despu\u00e9s de hacer ver que lo de la capacidad econ\u00f3mica de \u00e9sta, as\u00ed como su posesi\u00f3n sobre el bien, resultaron ser cosas igualmente artificiales. <\/p>\n
Por su lado el impugnador, en el intento de remontar esas razones probatorias del sentenciador, aunque sin rebatir de ning\u00fan modo la existencia de esos indicios, viene a casaci\u00f3n protestando el hecho de que el juzgador no midi\u00f3 el influjo que la conducta procesal de los codemandados pudo tener en las resultas del proceso, sobre todo cuando, seg\u00fan su particular punto de vista, motivos hab\u00eda para considerar que s\u00ed ten\u00eda la extra\u00f1ada capacidad econ\u00f3mica y que s\u00ed mantuvo la posesi\u00f3n del bien, incluso en vida de Heliodoro. <\/p>\n
As\u00ed, cuanto a la conducta procesal, simplemente plantea su preterici\u00f3n, mientras que frente a lo otro reprocha al tribunal por haber privado de m\u00e9rito demostrativo las probanzas con que pretendi\u00f3 acreditar la seriedad del negocio, como lo fueron la resoluci\u00f3n del Ministerio de Hacienda aportada para desvirtuar una posible donaci\u00f3n de las mejoras, las declaraciones de renta donde vienen datos sobre su capacidad econ\u00f3mica al momento de la negociaci\u00f3n, los contratos de arrendamiento y las versiones de los inquilinos, que comprueban que ostent\u00f3 la posesi\u00f3n del bien desde antes de la muerte del causante, y el testimonio de F\u00e9lix Perdomo, quien le prest\u00f3 dinero para realizar la compra. <\/p>\n
El caso, sin embargo, es que un ataque formulado en esos t\u00e9rminos es a todas luces exiguo; y es as\u00ed porque a pesar de que expone la existencia de unos hechos de los que podr\u00eda -conforme a su alegato- inferirse un posible \u00e1nimo de los hermanos por menoscabar sus derechos, como vendr\u00edan a serlo la supuesta intervenci\u00f3n del Gerardo S\u00e1nchez en la confecci\u00f3n de la demanda y aquello de que tuvo la posesi\u00f3n y mando del bien desde la \u00e9poca de la negociaci\u00f3n, lo cierto es que apenas si deja la alegaci\u00f3n en ese estadio; acab\u00f3 creyendo que con esa sola presentaci\u00f3n le bastaba para los efectos del recurso de casaci\u00f3n, as\u00ed que no se entreg\u00f3 a la tarea, caracter\u00edstica como ninguna otra en trat\u00e1ndose de este medio impugnativo, de mostrar porqu\u00e9 la conclusi\u00f3n extra\u00edda por el juzgador repugna la l\u00f3gica elemental y el sentido com\u00fan, y que, justamente por lo mismo, la \u00fanica conclusi\u00f3n posible es la que viene proponiendo, pues s\u00f3lo as\u00ed allanar\u00eda el camino de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Y tanto m\u00e1s eran de esperarse esas razones pot\u00edsimas echadas de menos, si, como lo ha dicho en inn\u00fameras ocasiones la Corte, cuando de la prueba por indicios se trata, donde el juzgador, por el hecho conocido, pasa a descubrir el hecho que se controvierte, \u201cpor regla general el debate sobre su m\u00e9rito queda cerrado definitivamente en las instancias\u201d; la cr\u00edtica en casaci\u00f3n, por ende, \u201cse reduce a determinar si por error evidente de hecho o de derecho estuvieron admitidos como probados o como no probados los hechos indicativos; si todas las conjeturas dependen exclusivamente de un indicio no necesario; y si la prueba por indicios es o no de recibo en el asunto debatido. Pero en lo que ata\u00f1e a la gravedad, precisi\u00f3n, concordancia y nexo de los indicios con el hecho que se averigua, el sentenciador est\u00e1 llamado por la ley a formar su \u00edntima convicci\u00f3n, que prevalece mientras no se demuestre en el recurso que contrar\u00eda los dictados del sentido com\u00fan o desconoce el cumplimiento de elementales leyes de la naturaleza\u201d. (subl\u00edneas ajenas al texto) (LXXXVIII, 176; CXLIII, 72). <\/p>\n
La calificaci\u00f3n que les conceda el juzgador relativa a la gravedad, precisi\u00f3n, conexidad, pluralidad y relaci\u00f3n con otras pruebas, representa una labor cumplida en el \u00e1mbito de la ponderada autonom\u00eda del sentenciador de instancia, cuyo criterio se mantiene intocable en casaci\u00f3n mientras a trav\u00e9s del ataque pertinente no se demuestre ni se intente demostrar contraevidencia, como extraer deducciones de hechos no probados, o preterir los acreditados que son suficientes por s\u00ed mismos para imponer determinaciones contrarias a las tomadas en el fallo impugnado. Por tanto, si en la actividad intelectual desarrollada por el juzgador de instancia, su raciocinio no resulta arbitrario o en notoria pugna con lo que la prueba indiciaria exterioriza, debe prevalecer la conclusi\u00f3n que extrajo el fallador de los elementos de convicci\u00f3n tenidos en cuenta para tal efecto, toda vez que aunque sobre el elenco indiciario se pudiese ensayar por el impugnante un an\u00e1lisis diverso al verificado por el sentenciador, para deducir consecuencias contrarias a las inferidas por \u00e9ste, ti\u00e9nese que en esa contraposici\u00f3n de razonamientos forzosamente ha de prevalecer el del tribunal, cuyas decisiones est\u00e1n revestidas de presunci\u00f3n de acierto. <\/p>\n
Esto, desde luego, sin contar con que, si en obsequio cupiese el examen del evocado indicio apoyado en comportamiento procesal o las otras conclusiones reprobadas en el cargo, por ning\u00fan lado se ve c\u00f3mo podr\u00eda \u00e9ste medrar, si en \u00faltimas el planteamiento del recurso no apunta m\u00e1s que a demostrar que bien pudieron los hermanos de la impugnadora tener el prop\u00f3sito de lesionar sus derechos, dejando de lado el resto de apreciaciones que al fin y al cabo expuso el tribunal para fulminar la simulaci\u00f3n. Y, claro, sin echar al olvido que si el sentenciador descart\u00f3 los documentos y el testimonio tra\u00eddos para probar cosas como su capacidad econ\u00f3mica y la posesi\u00f3n, lo hizo fue porque consider\u00f3 que as\u00ed como los otros negocios fueron artificiales, tambi\u00e9n los actos preparativos para la \u00faltima enajenaci\u00f3n resultaron fingidos. <\/p>\n
De no ser as\u00ed, \u00bfqu\u00e9 pensar entonces, a manera de ejemplo, de la resoluci\u00f3n que igualmente expidi\u00f3 el Ministerio de Hacienda para desvirtuar la presunci\u00f3n de donaci\u00f3n que obraba en la primera venta, la de Heliodoro a Gerardo, resoluci\u00f3n en la cual pos\u00f3 su atenci\u00f3n tambi\u00e9n el tribunal? <\/p>\n
Ante un panorama como el analizado, no hay la menor duda de que las conclusiones probatorias del tribunal no se ofrecen arbitrarias, en tanto que caben como posibilidades de verificaci\u00f3n que podr\u00edan considerarse al evaluar a qu\u00e9 punto la \u00faltima de las negociaciones de esa cadena de contratos result\u00f3 fruto de la simulaci\u00f3n, y por ello mismo, debe respet\u00e1rsele, si se parte de la base de que la autonom\u00eda que le asiste como juzgador de instancia en la apreciaci\u00f3n probatoria hace que los fallos que adopte arriben a la Corte amparados de la presunci\u00f3n de acierto; asunto sobre el que bien vale reiterar, como de continuo lo ha expresado la doctrina de la Corte, que en esa precisa labor el juzgador \u00abgoza de autonom\u00eda para evaluar y ponderar los diversos medios de prueba que integran el acopio demostrativo del expediente. Sucede, entonces, que por regla general las conclusiones razonables a que arribe en el punto quedan a salvo de reproche, y se mostrar\u00e1n as\u00ed impermeables al ataque en casaci\u00f3n\u00bb (sentencia de 11 de julio de 1990 y 24 de enero de 1992). <\/p>\n
Y se\u00f1aladamente en punto de la labor investigadora de la simulaci\u00f3n, ha puesto de presente c\u00f3mo pueden surgir hechos de todas las especies, unos que refuerzan la apariencia demandada y otros que la develan, de tal forma que si el fallador, tras sopesar todas esas eventualidades, en uso de la autonom\u00eda que le asiste opta por alguna de las soluciones que se le ofrecen, no es extra\u00f1o que \u00abuna vez tomada la decisi\u00f3n, queden entonces, por lo general, algunos cabos sueltos, algunas circunstancias que se contraponen a lo decidido, pero sin que tales aspectos puedan constituir por s\u00ed mismos motivo bastante para quebrantar la conclusi\u00f3n del juzgador, el cual, precisamente, elaborando un juicio l\u00f3gico-cr\u00edtico desprecia las se\u00f1ales que le env\u00edan algunos hechos, para rendirse ante la evidencia que en su criterio arroja la contundencia de los dem\u00e1s\u00bb (Cas. Civ. 26 de febrero de 2001 -exp. 6048-). <\/p>\n
En fin, por todo el cargo es frustr\u00e1neo. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de procedencia y fecha anotadas. <\/p>\n
Costas del recurso de casaci\u00f3n, a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y oportunamente, devu\u00e9lvase el expediente al de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-058-2005 [0582-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Ref: Expediente No. 0582-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Claudia Isabel S\u00e1nchez Perdomo contra la sentencia de 26 de diciembre de 2000, proferida por la sala civil de descongesti\u00f3n del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82908","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82908","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82908"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82908\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82908"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}