SC-060-2005 [1282]<\/p>\n
<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Ref: Expediente No. 1282 <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 8 de septiembre de 1999 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por A y G ASESORES E INVERSORES LTDA. contra QUANTUM S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda que dio lugar a este proceso, pretendi\u00f3 el aludido demandante la satisfacci\u00f3n de las siguientes pretensiones: <\/p>\n
A. Declarar que entre las partes se realizaron \u201ctransacciones burs\u00e1tiles\u201d, en virtud de las cuales Quantum S.A. \u201cse oblig\u00f3 a readquirir por compra los diferentes t\u00edtulos\u201d, la cual incumpli\u00f3 causando perjuicios a la sociedad demandante en cuant\u00eda de $103\u2019410.649,oo, valor \u201cque corresponde a la suma de los dineros pagados por A y G Asesor\u00edas e Inversiones Ltda., por la diferencia entre la compra de los t\u00edtulos y la venta de estos en el mercado burs\u00e1til al no haber cumplido Quantum S.A. Comisionista de Bolsa, con su obligaci\u00f3n de recomprar dentro de los t\u00e9rminos convenidos con la demandante\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
B. Declarar que la sociedad demandante adquiri\u00f3 a la sociedad demandada cinco t\u00edtulos por un valor total de $500\u2019971.861,oo, de los cuales no fue entregado el CDT emitido por Transleasing por $50\u2019000.000,oo, adquirido por $39\u2019451.192 y con vencimiento el 28 de marzo de 1997. <\/p>\n
C. Condenar a la sociedad Quantum S.A. Comisionista de Bolsa a pagar a A y G Asesor\u00edas e Inversiones Ltda., la suma de $103\u2019410.649,oo, junto con \u201cel valor de los intereses m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria\u201d desde mayo 19 de 1995 y hasta cuando el pago se efect\u00fae\u201d, as\u00ed como a entregar el t\u00edtulo antes mencionado. <\/p>\n
D. Condenar a la demandada al pago de las costas del proceso. <\/p>\n
2. Los hechos invocados como soporte de las pretensiones, se sintetizan as\u00ed: <\/p>\n
A. Entre las sociedades demandante y demandada, se realizaron transacciones burs\u00e1tiles en virtud de las cuales la primera adquiri\u00f3 unos t\u00edtulos, con el compromiso formal de la segunda de recomprarlos en las siguientes condiciones y t\u00e9rminos: <\/p>\n
CLASE EMISOR FECHA FECHA VALOR VALOR <\/p>\n
TITULO COMPRA RECOMPRA COMPRA RECOMPRA <\/p>\n
CDT Colmena 95-04-19 95-05-19 145\u2019559.980 149\u2019963.873 <\/p>\n
TER FEN 95-04-19 95-05-19 63\u2019530.510 65\u2019494.686 <\/p>\n
CDT Multifinanciera 95-05-11 95-06-21 152\u2019934.629 158\u2019185.160 <\/p>\n
<\/p>\n
B. Como Quantum S.A. no cumpli\u00f3 con su compromiso de recomprar los t\u00edtulos en las fechas indicadas, A y G Asesor\u00edas e Inversiones Ltda. se vio obligada a vender el CDT de Colmena por $111\u2019873.000,oo; el TER de la FEN por $56\u2019811.262,oo y el CDT de Multifinanciera por $141\u2019000.000,oo, operaciones \u00e9stas de las que result\u00f3 una diferencia frente al precio acordado para la recompra, de $33\u2019686.980,oo $6\u2019719.248,oo y $11\u2019934.629,oo, respectivamente, perjuicios a los que debe agregarse el valor de la \u201crentabilidad dejada de percibir sobre valor de compra a la fecha de la venta en 30 d\u00edas\u201d. (fls. 45 y 46, cdno. 1). <\/p>\n
C. De otro lado, con fecha 26 de abril de 1995, A y G Asesor\u00edas e Inversiones realiz\u00f3 transacciones burs\u00e1tiles con Quantum S.A., en virtud de las cuales adquiri\u00f3 de esta cinco CDTs del Banco Andino, Crecer, Delta Bol\u00edvar, la Fes y Transleasing, por un valor total de $500\u2019971.861,oo, de los cuales no le fue entregado el emitido por la \u00faltima de las sociedades referidas, cuyo valor nominal es de $50\u2019000.000,oo, habiendo sido su precio de compra $39\u2019451.192,oo. <\/p>\n
D. La sociedad demandada fue intervenida por la Superintendencia de Valores, quien decret\u00f3 su liquidaci\u00f3n mediante resoluci\u00f3n No. 385 de mayo 19 de 1995, sin que a la fecha de la demanda hubiere culminado el proceso liquidatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
E. Quantum S.A. estaba obligada a registrar todas sus operaciones ante la Bolsa, lo que no cumpli\u00f3 en las negociaciones burs\u00e1tiles que adelant\u00f3 con la sociedad demandante, motivo por el cual \u00e9sta \u201cno pudo hacerse parte en el proceso de liquidaci\u00f3n\u201d (fl. 46, cdno. 1). <\/p>\n
F. La sociedad demandada obr\u00f3 de mala fe con A y G Asesor\u00edas e Inversiones Ltda., pues se comprometi\u00f3 a recomprar los t\u00edtulos objeto de las negociaciones dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la fecha de las mismas, \u201ca sabiendas que la Superintendencia de Valores est\u00e1 (sic) realizando visita en sus oficinas que culmin\u00f3 con la intervenci\u00f3n y consiguiente liquidaci\u00f3n de la empresa\u201d (fl. 47, cdno. 1). <\/p>\n
G. Quantum S.A. no inform\u00f3 a la Bolsa de Bogot\u00e1 que hab\u00eda recibido para adquirir el CDT emitido por Multifinanciera, \u201cadem\u00e1s de la suma de $123\u2019026.000, registrados en la Bolsa, la suma de $29\u2019907.629, que no fue registrada en la operaci\u00f3n\u201d, lo cual se devel\u00f3 porque la Bolsa le solicit\u00f3 a la entidad emisora, que registrara un endoso del t\u00edtulo en cuesti\u00f3n a favor de Cicolac S.A., para quien la sociedad demandante lo hab\u00eda adquirido, precisando que \u201cel valor secundario del t\u00edtulo es la suma de $123\u2019026.000,oo\u201d, no obstante que para comprarlo, A y G Asesor\u00edas e Inversiones Ltda. hab\u00eda girado dos cheques del Banco Uni\u00f3n Colombiano, uno por este valor a favor de la sociedad demandada y otro por la suma de $29\u2019907.629,oo, a favor de Javier D\u2019Achardi Narvaez, \u201cquien en ese momento era el poseedor del t\u00edtulo en menci\u00f3n y cliente de la firma Quantum S.A.\u201d (fl. 50, cdno. 1). <\/p>\n
H. La sociedad demandante, \u201cpara responder por la operaci\u00f3n burs\u00e1til relacionada con el t\u00edtulo antes indicado, pag\u00f3 a Cicolac la suma de $17\u2019085.175\u201d (sic), seg\u00fan consta en el acta No. 142 de la Junta Directiva de esta, monto que corresponde a la diferencia entre el valor pactado para la recompra ($158\u2019185.160,oo) y el valor de redenci\u00f3n del CDT de Multifinanciera (141\u2019000.000,oo) (fls. 50 y 51, cdno. 1). <\/p>\n
3. La demanda fue admitida por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de la ciudad, mediante auto de 14 de junio de 1996, providencia que se notific\u00f3 a la sociedad demandada, quien concurri\u00f3 al proceso para expresar que se opon\u00eda a las pretensiones, formulando la excepci\u00f3n de fondo que denomin\u00f3 \u201cAusencia de legitimatio ad causam por pasiva\u201d. <\/p>\n
4. La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia de 25 de noviembre de 1998, en la cual se declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n propuesta y se absolvi\u00f3 a la parte demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Apelada esta decisi\u00f3n por la sociedad demandante, el Tribunal desat\u00f3 la impugnaci\u00f3n mediante fallo proferido el 8 de septiembre de 1999, en el cual confirm\u00f3 el del a quo, sentencia contra la que se interpuso por la misma parte el recurso de casaci\u00f3n, que la Corte se ocupa ahora de resolver. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Las consideraciones del sentenciador de segundo grado se concretaron exclusivamente a se\u00f1alar que, \u201canalizado el caudal probatorio, se observa que el mismo es deficiente, no contundente, pues aunque en el libelo introductorio se describieron una serie de t\u00edtulos, no se demostr\u00f3 su existencia\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el ad quem que \u201cno hay en el proceso ninguna insinuaci\u00f3n del da\u00f1o padecido ni de su valor\u201d, sin que esa deficiencia se pueda suplir con pruebas de oficio, toda vez que \u201ces ostensible la carencia de fundamento en la reclamaci\u00f3n\u201d (fl. 25, cdno. 3). <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Un solo cargo se formul\u00f3 contra la sentencia del Tribunal, invocando la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO UNICO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de violar los art\u00edculos 1613 a 1617 y 1649 del C\u00f3digo Civil, todos por aplicaci\u00f3n indebida, reprochando al juzgador de haber incurrido en errores de hecho \u201cpor preterici\u00f3n, por cuanto el sentenciador no vio lo que obraba en el proceso con respecto a la prueba testimonial y a la prueba documental\u201d (fl. 26, cdno. 4). <\/p>\n
Al explicar el cargo, se\u00f1al\u00f3 el recurrente que el ad quem cercen\u00f3 las pruebas mencionadas \u201ccomo lo establece (sic) los art\u00edculos 174, 220 y 253 del C.P.C.\u201d, agregando que \u201cDe (sic) folio 6 a folio 39 del expediente se encuentran individualizadas las pruebas documentales que fueron solicitadas en el ac\u00e1pite de prueba documental de la demanda con el fin de demostrar la veracidad de las transacciones que se realizaron\u201d entre las partes (fl. 26, cdno. 4), procediendo a relacionar uno a uno los anexos del libelo introductorio. <\/p>\n
Manifest\u00f3 luego el impugnante que el Tribunal err\u00f3 al no haber considerado que la sociedad demandada, en su contestaci\u00f3n, hab\u00eda aceptado el hecho segundo de la demanda, lo cual \u201ccorrobora las declaraciones de los testigos\u201d (fl. 27, cdno. 4). <\/p>\n
Pas\u00f3 luego a exponer \u201ccada uno de los hechos\u201d de la demanda, \u201cdestacando las pruebas principales aportadas, decretadas y practicadas\u201d, con el prop\u00f3sito de establecer que tales hechos \u201cse demostraron cabalmente\u201d (fl. 27, cdno. 4). De aqu\u00ed en adelante, la demandante en casaci\u00f3n reprodujo literalmente el alegato de conclusi\u00f3n presentado en el tr\u00e1mite de la segunda instancia y que obra a folios 4 a 19 del cuaderno 3 (fls. 28 a 41, ib.), para concluir que \u201cacert\u00f3 con la carga probatoria al demostrar los hechos y las pretensiones de la demanda\u201d, pues \u201clas condiciones de la compra eran simplemente el compromiso de recomprar los t\u00edtulos de acuerdo a la costumbre mercantil y la forma como ejecutaban las transacciones la demandada y mi representada, lo cual se demostr\u00f3 no solamente con documentos sino con la prueba testimonial que afirman que ese era el modo de realizar estas operaciones por las partes\u201d. Consider\u00f3 tambi\u00e9n que se hab\u00eda acreditado la falta de entrega del CDT de Transleasing por valor de $50\u2019000.000,oo, hecho que \u201cla demandada no desconoci\u00f3\u2026ni se pronunci\u00f3 al respecto\u201d, motivo por el cual \u201cla afirmaci\u00f3n expresada por mi representada debe tenerse como cierta\u201d (fl. 41, ib.). <\/p>\n
Por \u00faltimo, precis\u00f3 que la demandada no hab\u00eda asistido a la \u201caudiencia de conciliaci\u00f3n\u201d, como tampoco a la audiencia en que deb\u00eda formul\u00e1rsele un interrogatorio de parte, \u201clo cual conlleva las repercusiones establecidas por la ley para estos casos\u201d (fl. 42, cdno. 4). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Se sabe que los juzgadores de instancia, en el cumplimiento de la funci\u00f3n de administrar justicia, esto es, de decir el derecho, pueden incurrir en violaci\u00f3n de la ley sustancial, bien porque se abstienen de aplicar la norma que es pertinente, ora porque se equivocan en la interpretaci\u00f3n que a ella rectamente corresponde, o porque aplican una que es ajena al litigio. Y tambi\u00e9n es conocido que este tipo de infracciones puede ser el resultado del inapropiado entendimiento del derecho positivo, no obstante haberse acertado en la comprensi\u00f3n de los hechos, o ser el producto de errores cometidos en la contemplaci\u00f3n objetiva o jur\u00eddica de las pruebas, los cuales, a su vez, provocan el quebranto de la norma sustancial. <\/p>\n
En este segundo evento, esto es, cuando la equivocada decisi\u00f3n del juzgador tiene su manantial en yerros de valoraci\u00f3n probatoria, o en la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de la demanda o de su contestaci\u00f3n, el recurrente tiene la carga de demostrarle a la Corte el error del Tribunal (inc. 2\u00ba nral. 3 art. 374 C.P.C.), tarea \u00e9sta de suyo exigente por la naturaleza propia del recurso de casaci\u00f3n, que por no ser una instancia m\u00e1s para la definici\u00f3n del litigio, sino un juicio de validez normativa de la sentencia, descarta la posibilidad de estructurar censuras a manera de alegatos o de conclusiones finales, es decir, de argumentaciones construidas a partir de la visi\u00f3n personal \u2013siempre respetable- que tenga la parte interesada sobre el derecho discutido o las pruebas recaudas, por lo que resultan \u201cimpertinentes para el efecto las alegaciones del censor tendientes a lograr una revisi\u00f3n general de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del sub lite o del acervo probatorio, o que pretendan variar el criterio empleado por el sentenciador en la apreciaci\u00f3n de \u00e9ste\u201d (CCXLIX, p\u00e1g. 1581), no obstante lo juiciosas y ponderadas que sean, ya que si, de una parte, las sentencias se encuentran prevalidas de la presunci\u00f3n de legalidad y de acierto (CCLII, p\u00e1g. 855), y de la otra, los Jueces gozan de una discreta autonom\u00eda en la funci\u00f3n valorativa de las pruebas (CCLII, p\u00e1g. 1487), no puede entonces la Corte, como Tribunal de casaci\u00f3n que es, examinar una vez m\u00e1s el litigio para establecer cu\u00e1l es la soluci\u00f3n que le corresponde, circunscribi\u00e9ndose su misi\u00f3n a verificar si la sentencia, en el caso concreto, es fiel trasunto del derecho objetivo (art. 365 ib.). Al fin y al cabo, como se esboz\u00f3 tangencialmente, lo que se enjuicia en casaci\u00f3n no es el litigio, sino s\u00f3lo la sentencia del juzgador de segundo grado, como thema decissum. <\/p>\n
Bajo este entendimiento, cumple recordar que para demostrar un error de hecho en la apreciaci\u00f3n de una determinada prueba, no basta su mera enunciaci\u00f3n, pues es menester acreditar \u201cen qu\u00e9 forma ese medio probatorio supuestamente olvidado s\u00ed acredita el hecho cuya presencia en autos se reclama\u201d (cas. civ. de 14 de mayo de 2001; exp.: 6752), desde luego que ese labor\u00edo reclama \u201cponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u201d (Sent. de 15 de septiembre de 1993, reiterada en sentencia de 28 de junio de 2000; exp.: 5430). A ello se agrega que, trat\u00e1ndose de dicha clase de yerros, los \u00fanicos \u201cque pueden tener el vigor para quebrar la sentencia atacada, son, seg\u00fan el criterio de esta Corporaci\u00f3n, \u2019los que al conjuro de su sola enunciaci\u00f3n se presentan al entendimiento con todo claridad, sin que para descubrirlos sea menester transitar el camino m\u00e1s o menos largo y m\u00e1s o menos complicado de un proceso dial\u00e9ctico\u2019 (cas. civ. de 21 de noviembre de 1971; 4 de septiembre de 1975 y 14 de diciembre de 1977)\u201d (Sentencia de 21 de mayo de 2001: exp.: 5924). Por tanto, \u201cno por existir, pues, la posibilidad de que una de las partes traiga del acervo probatorio conclusiones diversas a la del sentenciador, esta \u00faltima deviene sin m\u00e1s en contraevidente, y de ah\u00ed que… sea necesario que la labor del recurrente se encamine a demostrar el error visiblemente grave del juzgador (Sent. de 24 de septiembre de 1998)\u201d (Sent. de 14 de febrero de 2001; exp.: 6347). En suma, la demostraci\u00f3n de un cargo por la v\u00eda indirecta, \u201cexcluye toda argumentaci\u00f3n que se funde en probabilidades y no en la certidumbre\u2026\u201d (CCLII, p\u00e1gs. 1485 y 1486). <\/p>\n
2. Descendiendo al caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que el cargo no est\u00e1 llamado a prosperar, toda vez que el recurrente deline\u00f3 la censura a manera de alegato de instancia, al punto que, con el prop\u00f3sito de acreditar su acusaci\u00f3n, impropiamente transcribi\u00f3 \u2013en forma textual- la casi totalidad de argumentos que expuso ante el Tribunal para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n que promovi\u00f3 contra la sentencia de primer grado, pasando por alto que si aquellos, en este caso en particular, cumplieron el prop\u00f3sito fallido de exponer las razones para que esa Corporaci\u00f3n revocara la decisi\u00f3n de juzgado, mal pueden ahora, per se, servir como argumentos de demostraci\u00f3n del error de hecho en que, seg\u00fan \u00e9l, habr\u00eda incurrido el juzgador en la sentencia que profiri\u00f3 para pronunciarse sobre ellos y definir la segunda instancia, en la medida en que, se repite, en casaci\u00f3n es necesario establecer, de manera puntual, en qu\u00e9 se equivoc\u00f3 ulteriormente el juzgador a la hora de apreciar las pruebas y no simplemente insistir en el criterio que, ex ante, a manera de conclusiones finales, se someti\u00f3 a su consideraci\u00f3n y escrutinio para definir con posterioridad el litigio. <\/p>\n
En efecto, basta comparar los textos de los folios 28 a 41 del cuaderno que contiene la actuaci\u00f3n ante la Corte, con los folios 5 a 17 del cuaderno que recoge la actuaci\u00f3n ante el Tribunal, para establecer que la censura se limit\u00f3 a reproducir uno a uno los argumentos que le expuso al Tribunal para convencerlo de que el Juez de la primera instancia se hab\u00eda equivocado en la soluci\u00f3n del conflicto. Su labor, en este espec\u00edfico caso, no fue otra que exponerle al juzgador de segundo grado, desde su particular perspectiva del contencioso, de que manera se hab\u00edan probado los supuestos f\u00e1cticos de la demanda, para lo cual hizo referencia a \u201ccada uno de los hechos\u2026destacando las pruebas principales aportadas\u2026\u201d (fls. 27, cdno. 4 y 5 cdno. 3), todo con el prop\u00f3sito de convencerlo de que la sentencia del a quo deb\u00eda ser revocada. De ah\u00ed que las mismas razones, por regla, no puedan ser \u00fatiles para demostrar la existencia de un error y, menos a\u00fan, para provocar que la sentencia sea invalidada, toda vez que, en rigor, el impugnante no se\u00f1al\u00f3, con vista en cada uno de los medios de prueba supuestamente preteridos, qu\u00e9 es lo que ellos dicen que el Tribunal omiti\u00f3, como tampoco su relevancia para en el sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En suma, no es de recibo, por lo menos en l\u00ednea de principio rector, que para demostrar un cargo en casaci\u00f3n, medularmente se reiteren \u2013mejor a\u00fan, trasunten- argumentos propios de las instancias, expuestos \u2013claro est\u00e1- con anterioridad al fallo censurado, si es incontestable que es \u00e9ste y no el litigio como tal, el objeto de la acusaci\u00f3n, aspecto de cardinal val\u00eda, que no puede ser soslayado en la esfera casacional. De ah\u00ed que \u00e9sta no deba circunscribirse a enunciar las pruebas recaudadas, obviando hacer \u201cel contraste entre la realidad objetiva que ostenta cada uno de los medios de persuaci\u00f3n cuya apreciaci\u00f3n se critica y lo que el fallo dice o deduce de ellos\u201d (Se subraya, auto de 9 de noviembre de 1999). <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, por improcedente, no es menester analizar si el sentenciador aplic\u00f3 correctamente el derecho sustancial, pues tal suerte de presentaci\u00f3n de una censura, es inid\u00f3nea para exponer una protuberante equivocaci\u00f3n del Tribunal en la valoraci\u00f3n de las pruebas, menos a\u00fan para infirmar la arraigada presunci\u00f3n de acierto que ampara a la sentencia. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n a lo anterior, importa destacar que, en cualquier caso, el cargo planteado no atin\u00f3 a la m\u00e9dula de los argumentos de la sentencia cuestionada, la que fue cimentada en tres razonamientos principales, a saber: a) que \u201cno se demostr\u00f3 la existencia\u201d de los t\u00edtulos-valores que habr\u00edan sido objeto del \u201cconvenio de readquisici\u00f3n\u201d a que se refiere la demanda; b) que \u201cno hay en el proceso ninguna insinuaci\u00f3n del da\u00f1o padecido ni de su valor\u201d, y c) que la reclamaci\u00f3n carece de fundamento (fl. 25, cdno. 3). <\/p>\n
Y repasada la censura propuesta, es claro que el recurrente centr\u00f3 su ataque en tratar de convencer a la Corte de la veracidad de las operaciones burs\u00e1tiles realizadas, principalmente en lo tocante con la compra de los t\u00edtulos, su forma de pago, los antecedentes de la operaci\u00f3n, las irregularidades que se presentaron, entre otros aspectos, sin que se hubiere detenido, con el rigor que le correspond\u00eda, en la tarea de derruir los mencionados pilares de la decisi\u00f3n, principalmente la falta de prueba de la existencia de los t\u00edtulos-valores \u2013t\u00f3pico \u00e9ste cardinal en lo que ata\u00f1e a la pretensi\u00f3n de entrega del CDT por valor de $50\u2019000.000,oo-, lo mismo que de los perjuicios reclamados, soportes que, por quedar situados al margen de la acusaci\u00f3n, le brindan suficiente soporte al fallo impugnado. Al fin y al cabo, \u201csi blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u201d (Sent. 06 de 26 de marzo de 1999). <\/p>\n
<\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, el 8 de septiembre de 1999, en el proceso ordinario de la referencia. <\/p>\n
Costas del recurso de casaci\u00f3n a cargo del recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y, oportunamente, devu\u00e9lvase. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-060-2005 [1282] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil cinco (2005) Ref: Expediente No. 1282 Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82910","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82910","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82910"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82910\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82910"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82910"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82910"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}