SC-061-2005 [8909]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Ref: Expediente No. 8909 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la parte demandada respecto de la sentencia proferida el 29 de junio de 2000 por el Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario de RAFAEL CABRERA TRUJILLO contra la CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S. A. <\/p>\n
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1. En la demanda que le dio origen a este proceso, el se\u00f1or Cabrera solicit\u00f3 declarar que la sociedad demandada es civilmente responsable de los perjuicios que le ocasion\u00f3 \u201cla destrucci\u00f3n total del cultivo de sorgo equivalente a 40 Has., y los da\u00f1os graves a sus elementos agr\u00edcolas\u201d y, como consecuencia, condenarla a pagar por ese concepto la suma de $4\u2019958.000.oo, junto con la desvalorizaci\u00f3n monetaria, los intereses legales a la tasa del 6% anual y, en caso de no pago, los r\u00e9ditos \u00abcomerciales y de mora vigentes\u00bb, desde el d\u00eda de ejecutoria de la condena hasta que ella se haga real y efectiva (fls. 58 y 59, cdno. 1). <\/p>\n
2. Las anteriores pretensiones se fundamentaron en los hechos que se resumen de la siguiente manera: <\/p>\n
a. En febrero de 1985, el demandante plant\u00f3 un cultivo de ma\u00edz sorgo en un \u00e1rea aproximada de 40 hect\u00e1reas de un predio rural que hab\u00eda tomado en arriendo en el municipio de Yaguar\u00e1, el cual se desarroll\u00f3 normalmente, hasta cuando las aguas del r\u00edo Magdalena se desbordaron anegando el terreno, hecho este que se present\u00f3 en los meses de mayo y de junio de dicho a\u00f1o, por causa de la obstrucci\u00f3n \u201cde las compuertas que origin\u00f3 el represamiento de la corriente normal del r\u00edo, por la construcci\u00f3n de la denominada Central Hidroel\u00e9ctrica de Betania\u201d, lo que caus\u00f3 da\u00f1os graves a unas fumigadoras y al equipo de bombeo, as\u00ed como la destrucci\u00f3n total del cultivo, que \u201cten\u00eda una edad aproximada de 80 d\u00edas y presentaba un estado fitosanitario normal, \u201ccon excepci\u00f3n de la parte rala de 13 hect\u00e1reas en la zona del lote de textura arenosa\u201d (fls. 54 y 55, cdno. 1). <\/p>\n
b. El costo total de la reparaci\u00f3n de los equipos ascendi\u00f3 a $1\u2019755.000.oo, mientras que la inversi\u00f3n que hab\u00eda efectuado para el cultivo, alcanz\u00f3 la cifra de $1\u2019896.575.oo. <\/p>\n
c. En cuanto a las ganancias que no pudo obtener con motivo de la inundaci\u00f3n, precis\u00f3 que para el a\u00f1o de 1985 la tonelada de sorgo alcanzaba un precio de $28.500.oo; que por las 27 hect\u00e1reas que denomin\u00f3 como de \u201cdesarrollo normal\u201d, esperaba obtener $2\u2019462.4000.oo, a raz\u00f3n de 3.2 toneladas por hect\u00e1rea, mientras que el \u201c\u00e1rea rala\u201d de las restantes 13 hect\u00e1reas pod\u00edan producir $741.000.oo, esto es, 2 toneladas por hect\u00e1rea, lo cual arrojaba la suma de $3\u2019203.400.oo como valor total de la cosecha perdida. <\/p>\n
3. Notificada de la demanda, la Central Hidroel\u00e9ctrica se opuso a las pretensiones, acept\u00f3 unos hechos, repudi\u00f3 los dem\u00e1s y propuso la excepci\u00f3n perentoria que denomin\u00f3 \u201cexoneraci\u00f3n de responsabilidad\u201d. <\/p>\n
4. Surtida la tramitaci\u00f3n de rigor, el a quo dict\u00f3 su sentencia el 27 de enero de 1999, desestimando la referida excepci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual dispuso: 1) declarar civilmente responsable a la demandada por los perjuicios sufridos por su contraparte; 2) condenar a la primera al pago de $4\u2019333.425.oo, indexados desde junio 11 de 1985 hasta el d\u00eda de su pago final, y 3) condenar en costas a la parte vencida. Ese fallo fue adicionado el 8 de marzo de 1999, para reconocer, como inter\u00e9s legal, el 6% anual sobre la cifra capital atr\u00e1s destacada, \u201dcon su indexaci\u00f3n\u201d a partir de la ejecutoria de la resumida decisi\u00f3n. <\/p>\n
5. Contra esa sentencia, ambas partes apelaron y el ad quem, en su decisi\u00f3n de junio 29 de 2000, resolvi\u00f3: 1) confirmar el fallo apelado, en cuanto a sus numerales 1\u00ba y 3\u00ba, as\u00ed como la sentencia complementaria de marzo 8 de 1999; 2) confirmar el numeral 2\u00ba de la misma decisi\u00f3n, pero \u201cmodificando la cuant\u00eda de los perjuicios reclamados por el actor para fijarlos en $4\u2019999.000.oo, y 3) adicionar \u201cla sentencia multicitada, para imponer a cargo de la demandada el pago de intereses moratorios, fijados por la Superintendencia Bancaria si dentro del t\u00e9rmino legal no se cancelan las cantidades apreciadas\u201d (fl. 46, cdno. 5). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Con soporte en las pruebas documentales y en los testimonios rendidos por Carlos Arturo Terragrosa Castro y Paulino Galindo Yustres, concluy\u00f3 el ad quem que fueron acreditados los elementos que estructuran la suplicada responsabilidad civil, por lo que deb\u00eda brindarse respaldo al fallo de primer grado, con algunas modificaciones seg\u00fan se precisar\u00e1 seguidamente, atendiendo, en especial, los t\u00f3picos que interesan al recurso de casaci\u00f3n que mediante esta providencia se desata y que conciernen, principalmente, a la tasaci\u00f3n de los aducidos perjuicios: <\/p>\n
A ese respecto, el juzgador de segunda instancia asever\u00f3 que como \u201cde las 40 hect\u00e1reas sembradas\u201d el demandante estim\u00f3 en 38 las \u201cinundadas\u201d, las \u201cque dejaron de producir 121.6 toneladas, seg\u00fan datos suministrados por el Director Regional del Idema en Neiva, tanto en costos de producci\u00f3n, promedios y precios de sustentaci\u00f3n para la tonelada de sorgo, determinados por la Resoluci\u00f3n No. 012255 de agosto \/85\u201d (fl. 43, cdno. 5), la p\u00e9rdida total fue de $3\u2019465.600.oo ($28.500.oo por cada una de las aludidas 38 hect\u00e1reas). <\/p>\n
Sin embargo, a\u00f1adi\u00f3 que como el demandante restringi\u00f3 \u201cel perjuicio sufrido por la inundaci\u00f3n del cultivo a $3\u2019249.000.oo, a esa cantidad se limita el valor a cancelar\u00bb (fl. 43, cdno. 5), suma a la que deb\u00eda a\u00f1adirse el costo de la \u201creparaci\u00f3n del motor y de las fumigadoras\u201d, es decir, $1\u2019750.000.oo, para un gran total de $4\u2019999.000.oo, que deb\u00eda pagarse indexado y con sus intereses comerciales de mora, seg\u00fan certifique la Superintendencia Bancaria, si, ejecutoriado este fallo, el demandado no paga el monto de la indemnizaci\u00f3n \u201cdentro del t\u00e9rmino legal\u201d (fl. 45, ib). <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
CARGO UNICO <\/p>\n
Un s\u00f3lo cargo se formul\u00f3 contra la sentencia, con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n. En \u00e9l, se acus\u00f3 el referido fallo de haber violado, de manera indirecta y por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 2341, 2342, 2343 y 2356 del C\u00f3digo Civil, sirviendo de \u201cmedio\u201d para esta infracci\u00f3n, la indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 175, 177, 187, 217, 233, 234, 237, 241, 244, 246 y 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, 16 de la Ley 446 de 1998 y 6\u00ba de la Ley 153 de 1887, como consecuencia de manifiestos errores de hecho cometidos por el Tribunal al apreciar \u201clas fotocopias autenticadas\u00bb de las \u00abactas contentivas de las diligencias de las declaraciones extrajudiciales\u00bb rendidas por los se\u00f1ores Mois\u00e9s Z\u00fa\u00f1iga Perdomo, Alfonso Jos\u00e9 Blanco y Ramiro Ort\u00edz Ort\u00edz; las actas \u00abde diligencia de declaraci\u00f3n\u00bb de los se\u00f1ores Isabel Cabrera de Escobar, Ramiro Ortiz Ortiz, Felix Mar\u00eda Rivas y Luis Eduardo Paredes; los certificados expedidos por el Director Regional del Idema en Neiva (fl. 26, cdno.1), del Director Regional de la Federaci\u00f3n Nacional de Cultivadores de Cereales- Fenalce, Huila (fl. 27, ib), as\u00ed como los siguientes documentos privados: uno de 26 de junio de 1985, signado por Ramiro Ort\u00edz Ortiz; otro de 20 de agosto de 1985, \u00abque contiene relaci\u00f3n de gastos por reparaci\u00f3n de motobomba\u201d; otro de septiembre 3 del mismo a\u00f1o que \u00abcontiene\u00bb los gastos por reparaci\u00f3n de cinco (5) fumigadoras a motor (fl 38, ib), y uno final, de 12 de marzo de 1992, en el que el demandante admite que en 13 de las 38 hect\u00e1reas, \u201cno exist\u00eda cultivo de sorgo de condiciones normales\u201d (fl. 17, cdno. 6). <\/p>\n
Al precisar el alcance de su impugnaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 el recurrente que limitaba su acusaci\u00f3n al numeral 2\u00ba de la parte resolutiva de la sentencia, en cuanto dispuso modificar la cuant\u00eda de los perjuicios, para que, la Corte, en sede de instancia, los redujera a $4\u2019212.400, \u201co la menor que de acuerdo con el expediente y la presente impugnaci\u00f3n resulte probada\u201d (fl. 9, cdno. 6). <\/p>\n
Acot\u00f3 el censor que como consecuencia de la indebida apreciaci\u00f3n de las se\u00f1aladas probanzas, el ad quem se equivoc\u00f3 flagrantemente porque: 1) Tuvo por demostrado, sin estarlo, \u201cque el \u00e1rea de cultivo de sorgo, de propiedad del demandante, afectado con la inundaci\u00f3n, fue de 38 hect\u00e1reas, y que la producci\u00f3n promedio por cada una de esas hect\u00e1reas era de 3.2 toneladas\u201d; 2) No tuvo por demostrado, est\u00e1ndolo, que de las 38 hect\u00e1reas, 13 \u201ccorrespond\u00edan a tierra \u2018rala\u2019 en donde no exist\u00eda cultivo de sorgo con un \u2018estado fitosanitario normal\u2019\u201d, y 3) Tuvo por demostrado, sin estarlo, que en esas 13 hect\u00e1reas de \u2018tierra rala\u2019 \u201cexist\u00eda cultivo de sorgo con un \u2018estado fitosanitario normal\u2019 con una capacidad de 3.2 toneladas por hect\u00e1rea\u201d (fl. 11, cdno. 6). <\/p>\n
En la labor de demostraci\u00f3n de su \u00fanico cargo, destac\u00f3 el casacionista que la carga de la prueba del perjuicio y de su cuant\u00eda incumb\u00eda a la parte actora, y expuso su apreciaci\u00f3n en torno al deber judicial de efectuar -cuando a ello hubiera lugar- la liquidaci\u00f3n en concreto de este tipo de condenas, cotejando lo dispuesto en torno al punto por la legislaci\u00f3n procesal civil antes de entrar en vigencia el Decreto 2282 de 1989 con la versi\u00f3n actual del art\u00edculo 307 del estatuto procedimental que rige en esa materia. <\/p>\n
Posteriormente, el inconforme hizo cita parcial de las pruebas que consider\u00f3 mal apreciadas por el Tribunal, para insistir en que, sin duda, en por lo menos \u201c13 de las 38 hect\u00e1reas, no exist\u00eda cultivo de sorgo en condiciones normales\u201d, por lo que de no haber incurrido el ad quem en ese yerro, habr\u00eda concluido que \u201cse perdieron 86 toneladas y no 121.6 toneladas, lo que arrojar\u00eda una p\u00e9rdida en dinero de $2\u2019351.000 y no de $3\u2019465.600\u201d (fls.17 y 18, cdno. 6). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u201ccomo consideraciones adicionales de instancia\u201d, se deb\u00eda tener en cuenta que seg\u00fan las declaraciones extrajudiciales de Mois\u00e9s Z\u00fa\u00f1iga Perdomo y de Luis Eduardo Paredes, \u201cquien prepar\u00f3 el terreno para el cultivo de sorgo fue el se\u00f1or Mois\u00e9s Z\u00fa\u00f1iga y no el se\u00f1or Ramiro Ortiz Ortiz\u201d (fl 18 ya citado), de donde dedujo \u201cque no existe prueba id\u00f3nea de los presuntos costos incurridos por el demandante para la adecuaci\u00f3n del terreno (…), toda vez que por no haber sido el se\u00f1or Ramiro Ortiz Ortiz quien prepar\u00f3 el terreno, la copia simple de su comunicaci\u00f3n de fecha 26 de junio de 1985, junto con su declaraci\u00f3n (…), no tiene fuerza ejecutoria por no carecer (sic) de \u2018raz\u00f3n de la ciencia del dicho\u2019\u00bb (fl. 18, cdno. 6). <\/p>\n
Por lo anterior pidi\u00f3 el censor, sin invocar otras argumentaciones, que la sentencia atacada \u201csea casada\u201d (fl. 19, ej). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como se puede apreciar, el recurrente dividi\u00f3 su acusaci\u00f3n en dos apartes principales, a saber: uno para refutar la apreciaci\u00f3n del Tribunal en punto tocante con la existencia de la \u00abprueba id\u00f3nea\u00bb de que el demandante coste\u00f3 los gastos requeridos \u00abpara la adecuaci\u00f3n del terreno\u00bb, y el otro, dirigido a enrostrarle errores en la cuantificaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n por lo dejado de percibir en raz\u00f3n de los hechos que, acorde con la demanda y los sentenciadores de instancia, dieron lugar a la reclamada declaraci\u00f3n de responsabilidad civil y la correspondiente condena. <\/p>\n
a. El primero de estos reproches no recibir\u00e1 acogida, toda vez que los t\u00e9rminos en que fue sustentado, en puridad, constituyen una simple exposici\u00f3n de alegaciones propias de las instancias, habida cuenta que el censor se limit\u00f3 a aseverar que \u201cno existe prueba id\u00f3nea de los presuntos costos\u201d, porque no fue \u201cRamiro Ortiz quien prepar\u00f3 el terreno\u201d, motivo por el cual su declaraci\u00f3n \u201cno tiene fuerza ejecutoria (sic) por no carecer de \u2018raz\u00f3n de la ciencia del dicho\u2019 (sic)\u201d (fl. 18, cdno. 6). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que el impugnante no se detuvo a ilustrar a la Corte sobre la forma en que el ad quem pudo haberse equivocado en la apreciaci\u00f3n de las declaraciones ofrecidas por Mois\u00e9s Z\u00fa\u00f1iga Perdomo y Luis Eduardo Paredes, es decir, si supuso, ignor\u00f3 o alter\u00f3 el contenido material de esas versiones testimoniales y, menos a\u00fan, confront\u00f3 sus dichos con la plataforma f\u00e1ctica que expuso el Tribunal en su fallo, en orden a evidenciar la equivocaci\u00f3n y destacar luego su trascendencia, siendo claro que la demostraci\u00f3n de un error de hecho exige \u201cponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u201d (cas. civ. de 15 de septiembre de 1993, reiterada en cas. civ. de 28 de junio de 2000; Exp.: 5430). Tal omisi\u00f3n en la esfera casacional, de suyo divergente al escenario judicial ordinario, impone, de por s\u00ed, el resultado advertido. <\/p>\n
En cualquier caso, no encuentra la Sala que el testimonio de Luis Eduardo Paredes resulte de utilidad para controvertir, siquiera a manera de simple alegaci\u00f3n de instancia, la comentada conclusi\u00f3n del Tribunal, porque, como inclusive se refiri\u00f3 en la misma demanda de casaci\u00f3n, dicho testigo afirm\u00f3 -expresa y contundentemente- que el cultivo \u00abera de Rafael\u00bb; que era \u00e9l, el demandante, \u00abel que manejaba el cultivo (\u2026) el que prepar\u00f3 la tierra fue Mois\u00e9s Z\u00fa\u00f1iga por cuenta de Rafael\u00bb, quien \u00abpagaba los trabajadores (\u2026) y compraba la semilla y los abonos y yo lo vi actuando como se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb (fl. 353, cdno. 2). Por tanto, aunque el Tribunal no se refiri\u00f3 a la declaraci\u00f3n de dicho declarante, su versi\u00f3n respalda la conclusi\u00f3n a la que se arrib\u00f3 en la sentencia, en punto tocante con el derecho del se\u00f1or Cabrera a ser indemnizado por los perjuicios causados por la sociedad demandada, lo que de suyo descarta la comisi\u00f3n de un yerro f\u00e1ctico. <\/p>\n
Ante la situaci\u00f3n descrita y sin que se requiera pronunciamiento adicional, claramente se descarta la demostraci\u00f3n del denunciado error de hecho en la apreciaci\u00f3n de tales pruebas, como inexorablemente era menester. <\/p>\n
b. No ocurre lo mismo en cuanto ata\u00f1e al otro aspecto de la acusaci\u00f3n, pues sin mayor esfuerzo se observa que el Tribunal no repar\u00f3 en que, seg\u00fan la comunicaci\u00f3n de fecha 12 de marzo de 1992, dirigida por el demandante \u2013a trav\u00e9s de su entonces apoderado- a la sociedad demandada, para formular reclamaci\u00f3n de pago de los da\u00f1os materiales que le fueron causados como consecuencia de las inundaciones, 13 de las 40 hect\u00e1reas cultivadas en el predio Los Naranjos, correspond\u00edan a \u00abtierra rala\u00bb, raz\u00f3n por la cual, su producci\u00f3n era un tanto inferior a la que pod\u00eda esperarse del \u00e1rea de terreno que tuvo un desarrollo normal. <\/p>\n
En efecto, no advirti\u00f3 el sentenciador que en ese documento, la parte demandante reconoci\u00f3 que \u201cel cultivo, desde su plantaci\u00f3n, present\u00f3 un estado fito-sanitario normal y un desarrollo as\u00ed mismo normal, con excepci\u00f3n de una parte rala de aproximadamente 13 hect\u00e1reas de extensi\u00f3n localizada en la zona del lote de textura arenosa\u201d (nums. 4 y 10; fls. 87 y 88, cdno. 1), por lo que el \u201c\u00e1rea de desarrollo normal\u201d, a su juicio, ten\u00eda una capacidad de producci\u00f3n de \u201c3 toneladas 200 Kilos\u201d por hect\u00e1rea, mientras que el \u201c\u00e1rea rala\u201d, se itera, de \u201c13 hect\u00e1reas\u201d, pod\u00eda producir \u201c2 toneladas\u201d por hect\u00e1rea\u201d (se resalta; num. 11, ib.). <\/p>\n
Por tanto, es evidente el error del Tribunal en la apreciaci\u00f3n de dicha prueba, pues al momento de cuantificar el monto de la indemnizaci\u00f3n, no par\u00f3 mientes en que el predio cultivado presentaba dos \u00e1reas de terreno con productividad distintas: una que ten\u00eda condiciones normales y otra \u2013de 13 hect\u00e1reas- calificada como \u201crala\u201d. <\/p>\n
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Encu\u00e9ntrase, entonces, suficientemente demostrado el mencionado yerro de apreciaci\u00f3n probatoria, circunstancia que le abre paso al cargo formulado, aunque no en su integridad, porque si bien se demostr\u00f3 el se\u00f1alado error y su incidencia en la decisi\u00f3n impugnada, no cabr\u00eda por ello inferir que si el ad quem hubiera reparado en el citado documento, habr\u00eda tenido que concluir que esa porci\u00f3n de 13 hect\u00e1reas no fue cultivada por el actor, pues acorde con la misma prueba, apreciada en conjunto con la recaudada en el proceso, el referido predio -para la \u00e9poca de las inundaciones que originaron los da\u00f1os materia de la reclamada indemnizaci\u00f3n- s\u00ed fue sembrado en su totalidad, s\u00f3lo que con la particularidad varias veces destacada, por lo que ha de concluirse que a\u00fan las 13 hect\u00e1reas de cultivo \u00abralo\u00bb, estaban llamadas a ofrecer sus frutos, s\u00f3lo que en una proporci\u00f3n menor a la otra parte del terreno, seg\u00fan se explicar\u00e1 a rengl\u00f3n seguido, al motivar la decisi\u00f3n por la que la Sala, como juzgador de instancia, reemplazar\u00e1 parcialmente el fallo del a quo. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Advierte la Corte que el fallo de reemplazo estar\u00e1 circunscrito \u00fanica y exclusivamente a la cuantificaci\u00f3n de la suma principal que se debe reconocer por concepto de da\u00f1o emergente, pues las dem\u00e1s condenas impuestas, o no fueron cuestionadas por el casacionista, o \u00e9ste no demostr\u00f3 que el ad quem hubiera incurrido en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas mediante las cuales hall\u00f3 acreditado el supuesto f\u00e1ctico que las motiv\u00f3. <\/p>\n
Bajo este entendimiento, es preciso acotar que seg\u00fan los testimonios recaudados, concordantes y responsivos en los aspectos fundamentales del litigo, la inundaci\u00f3n atribuida a la Central Hidroel\u00e9ctrica abarc\u00f3 la totalidad del terreno cultivado por el demandante. As\u00ed lo afirm\u00f3 la se\u00f1ora Isabel Cabrera de Escobar, colindante del predio \u201cLos Naranjos\u201d (fls. 6 y 7, cdno. 2), si bien su apreciaci\u00f3n acerca del \u00e1rea del predio no coincide exactamente con la anunciada por otros testigos y por la parte actora; tambi\u00e9n lo asever\u00f3 el se\u00f1or El\u00ed Cabrera Rojas, testigo de la inundaci\u00f3n, quien fue m\u00e1s expl\u00edcito al indicar que \u00abel sorgo era de Rafael. 40 hect\u00e1reas que hab\u00eda sembrado (\u2026) Todas las 40 hect\u00e1reas se inundaron\u00bb (fl. 8, ib); de igual forma, el declarante Alfonso Jos\u00e9 Blanco Cucal\u00f3n, quien vio \u201cel lote completamente inundado\u201d, precis\u00f3 que \u00abel cultivo era de sorgo, me consta personalmente, el \u00e1rea aprox, eran 40 hect\u00e1reas (sic), vereda Vil\u00fa, predio Los Naranjos\u00bb (fls. 12 y 13, ib); el se\u00f1or F\u00e9lix Mar\u00eda Rivas, conocedor del cultivo de sorgo que ten\u00eda el demandante, estim\u00f3 en \u00abaproximadamente 35 hect\u00e1reas\u00bb el terreno cultivado, agregando que en \u00abese cultivo tuvo que haber p\u00e9rdida total porque qued\u00f3 como cuatro d\u00edas debajo de agua (fl. 349, ib); en sentido similar, el se\u00f1or Gerardo Cabrera Rojas, vecino de la finca afectada, estim\u00f3 que el cultivo de sorgo se extend\u00eda sobre el mismo terreno, que calcul\u00f3 en m\u00e1s o menos 40 hect\u00e1reas, y puntualiz\u00f3 que \u00e9ste se perdi\u00f3 con la inundaci\u00f3n (fl. 350 vlto., ib.), testimonio que fue corroborado por Luis Eduardo Paredes Cerquera y Jos\u00e9 Lincol Ram\u00edrez, conocedores directos de la situaci\u00f3n preexistente a la inundaci\u00f3n, quienes precisaron que el \u00abcultivo era del se\u00f1or Rafael Cabrera, constaba aproximadamente de 40 hect\u00e1reas\u00bb, \u201cten\u00eda unos 80 o 90 d\u00edas de sembrado ya estaba panojiado, es decir ya estaba botando espiga\u201d, y que como se \u00absubi\u00f3 el nivel del agua\u00bb, se \u00abinund\u00f3 el cultivo, se ve\u00edan unas espiguitas por ah\u00ed nadando, fue lo \u00fanico que se ve\u00eda\u201d (fls. 352 y 365 vlto., ib). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, conviene resaltar que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se practic\u00f3 un dictamen pericial que no fue objetado por los interesados, en el que los expertos, con respaldo en las dem\u00e1s pruebas recaudadas y sobre la base de que cada una de las 13 hect\u00e1reas de \u00ab\u00e1rea rala\u00bb estaba en capacidad de producir dos toneladas, a $28.500.oo unidad, estimaron en $741.000.oo la p\u00e9rdida que por ese concepto sufri\u00f3 el demandante con ocasi\u00f3n de las rese\u00f1adas inundaciones, cifra que, inclusive, corresponde a la demandada desde un inicio por el se\u00f1or Cabrera Trujillo (fls. 55 y 58, cdno. 1). <\/p>\n
En adici\u00f3n, cumple se\u00f1alar que el valor de la tonelada de ma\u00edz sorgo para el a\u00f1o de 1985, seg\u00fan certificado expedido por el Director Regional del Idema con sede en Neiva, ascend\u00eda a $28.500.oo, monto que coincide con el que fue calculado por los peritos (fl. 3, cdno. 4), sin que estas apreciaciones hubieran sido oportunamente refutadas por los interesados. <\/p>\n
Ded\u00facese, de esta manera, que el Tribunal, quien concluy\u00f3 que el n\u00famero de hect\u00e1reas inundadas fue de 38 -punto que no fue atacado en casaci\u00f3n-, en orden a determinar la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios (para el a\u00f1o de 1985), debi\u00f3 sumar -a los ya referidos $741.000.oo- la cantidad de $2’280.000.oo que, acorde con el aludido dictamen pericial y la certificaci\u00f3n expedida por el Idema, pudieron producir las otras 25 hect\u00e1reas, a raz\u00f3n de 3.2 toneladas, cuyo precio por unidad ascend\u00eda, seg\u00fan las mismas probanzas, a $28.500.oo. <\/p>\n
Ti\u00e9nese, entonces, que el valor de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios -con ocasi\u00f3n de los cultivos echados a perder y cuantificados al a\u00f1o de 1985-, asciende a la suma de $3’021.000.oo, que adicionada con el costo de la reparaci\u00f3n de los equipos afectados ($1’755.000.oo), arroja un total de $4’771.000.oo. <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y atendiendo las anteriores argumentaciones, habr\u00e1 de reformarse la sentencia de primera instancia, en cuanto ata\u00f1e solamente a su segundo numeral, para cifrar en $4’771.000.oo el monto del capital a indemnizar. En lo dem\u00e1s, se mantendr\u00e1 la referida providencia. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 29 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil-Familia, dentro del proceso ordinario de Rafael Cabrera Trujillo contra la Central Hidroel\u00e9ctrica de Betania S. A. <\/p>\n
En consecuencia, la Sala, como Tribunal de instancia, reforma la sentencia dictada dentro de esta actuaci\u00f3n por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva el 17 de enero de 1999, \u00fanicamente en cuanto concierne a la determinaci\u00f3n de la cifra de capital se\u00f1alada en su numeral 2\u00ba, la cual queda en $4’771.000.oo. <\/p>\n
Se confirman las dem\u00e1s decisiones contenidas en el fallo apelado, adicionado seg\u00fan dispusiera el a quo el 8 de marzo de 1999, sin que tampoco sufra alteraci\u00f3n la adici\u00f3n que decret\u00f3 el ad quem en el numeral 3\u00ba del fallo de 29 de junio de 2000. <\/p>\n
Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-061-2005 [8909] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil cinco (2005) Ref: Expediente No. 8909 Dec\u00eddese […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82911","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82911","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82911"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82911\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82911"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82911"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82911"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}