SC-062-2005 [7562]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 7562 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 29 de septiembre de 1998, pronunciada por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en el proceso ordinario adelantado por MAR\u00cdA ANTONIA CAMARGO frente a HERN\u00c1N, ROSALBA y ANA MOLANO CAMARGO y personas indeterminadas. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mar\u00eda Antonia Camargo demand\u00f3 a Hern\u00e1n, Rosalba y Ana Molano Camargo, as\u00ed como a las personas indeterminadas, para que se declarara que es propietaria del inmueble ubicado en la carrera 4\u00aa n\u00famero 7 – 40 (actualmente 7 – 52) del municipio de Paipa (Boyac\u00e1), identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 074 – 0031621 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Duitama, por haberlo adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria, y para que, consecuencialmente, se dispusiera la inscripci\u00f3n en el registro correspondiente. <\/p>\n
2. Como sustento de las s\u00faplicas se invocaron los hechos que seguidamente se compendian. <\/p>\n
a. Desde 1967 la demandante tiene la posesi\u00f3n p\u00fablica y continua del bien, en nombre propio, con \u00e1nimo de se\u00f1ora o due\u00f1a, sin reconocer dominio ajeno y nadie ha pretendido o reclamado derechos sobre el mismo, pues en el vecindario es considerada como due\u00f1a absoluta. <\/p>\n
b. Con sus recursos ha mejorado el predio y realizado actos positivos, tales como limpieza, cerramientos, siembra de \u00e1rboles frutales y pastos, construcci\u00f3n de desag\u00fces y alcantarillado, cr\u00eda y pastoreo de ganado, instalaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos, lo que muestra una explotaci\u00f3n econ\u00f3mica efectuada sin el consentimiento de ninguno y como propietaria, en forma pac\u00edfica, p\u00fablica e inequ\u00edvoca. <\/p>\n
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c. La actora es favorecida por la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria, toda vez que posee el predio desde hace veintis\u00e9is a\u00f1os. <\/p>\n
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3. Admitida la demanda se orden\u00f3 su notificaci\u00f3n a los demandados y el emplazamiento de las personas que creyeran tener derechos sobre el respectivo bien. <\/p>\n
Al responder el libelo, Rosalba y Ana Molano Camargo se opusieron a las pretensiones y negaron los hechos que las sustentaban; Hern\u00e1n Molano Camargo lo hizo en igual sentido, a la vez que propuso como excepci\u00f3n perentoria la que denomin\u00f3 \u201cfalta de los presupuestos para la prescripci\u00f3n adquisitiva\u201d, basada en la carencia de la calidad de poseedora de la demandante. <\/p>\n
Este \u00faltimo tambi\u00e9n formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, en la que solicit\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble, junto con sus frutos civiles y naturales producidos a partir del 2 de abril de 1986, fundamentada de la siguiente manera: <\/p>\n
a. Hern\u00e1n, Ana y Rosalba Molano Camargo, en representaci\u00f3n de su madre Mar\u00eda Bel\u00e9n Camargo de Molano, adquirieron el inmueble por adjudicaci\u00f3n que se les hizo en el proceso de sucesi\u00f3n de Celestina Ochoa Vda. de Camargo. <\/p>\n
c. Eusebia Camargo Ochoa, en su condici\u00f3n de arrendataria, manifest\u00f3 en 1970 a los propietarios del inmueble la conveniencia de que alguien cuidara la casa, pues se estaban causando da\u00f1os, solicitud que \u00e9stos autorizaron, por lo que la arrendataria consigui\u00f3 a Mar\u00eda Antonia Camargo. <\/p>\n
d. Fallecida Eusebia, los propietarios entraron en conversaciones con Mar\u00eda Antonia Camargo y con sus hijos Jaime Gustavo y Luis Antonio Camargo, para comunicarles la decisi\u00f3n de urbanizar el lote para su venta, por raz\u00f3n de los altos impuestos. Para estos efectos, determinaron colocar un aviso de venta y se les inform\u00f3 el desinter\u00e9s en refaccionar la casa, pidi\u00e9ndoles que \u201cfueran buscando otra parte donde vivir\u201d. <\/p>\n
e. Posteriormente, se convino entre los due\u00f1os Hern\u00e1n, Ana y Rosalba Molano Camargo, y los inquilinos Mar\u00eda Antonia, Jaime Gustavo y Luis Antonio Camargo, suscribir un contrato de arrendamiento por el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, prorrogable a voluntad de las partes, documento que fue aceptado por todos el 1\u00ba de octubre de 1987, menos por Mar\u00eda Antonia, por no saber firmar. <\/p>\n
f. Los arrendatarios pagaron el canon mensual durante tres a\u00f1os, unas veces en la casa de habitaci\u00f3n de las arrendadoras Rosalba y Ana Molano Camargo, y otras en el mismo inmueble, pero en 1990 dejaron de cancelarlo, pese a los reiterados cobros. <\/p>\n
g. Con manifiesta mala fe, por medio de apoderado, seguramente mal informado o enga\u00f1ado, se instaur\u00f3 por aqu\u00e9llos una acci\u00f3n posesoria contra los propietarios, con el prop\u00f3sito de apoderarse del bien. <\/p>\n
h. Mar\u00eda Antonia Camargo y sus hijos, detentan una posesi\u00f3n de mala fe sobre el predio \u201cSanta Elena\u201d, cuyos titulares son Hern\u00e1n, Rosalba y Ana Molano Camargo. <\/p>\n
La demanda de reconvenci\u00f3n fue respondida por la actora, quien se opuso a su prosperidad. Luego, el juzgado de conocimiento orden\u00f3 integrar el litisconsorcio activo en la demanda de reconvenci\u00f3n, citando a Rosalba y Ana Molano, quienes, a su vez, intentaron reconvenir por fuera de t\u00e9rmino. <\/p>\n
En representaci\u00f3n de las personas indeterminadas el curador ad litem se notific\u00f3 de la admisi\u00f3n de la demanda y la respondi\u00f3 sin sustentar oposici\u00f3n alguna. <\/p>\n
4. La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia de 23 de abril de 1998, en la que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama neg\u00f3 las pretensiones de la demanda inicial y accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n pretendida por los demandados, sin lugar a frutos, mejoras, expensas ni deterioros. Una vez interpuesto por la actora el recurso de apelaci\u00f3n, el Tribunal confirm\u00f3 \u00edntegramente la sentencia impugnada. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Tras corroborar los presupuestos procesales, el ad quem record\u00f3 los principios de unidad y comunidad de la prueba, as\u00ed como la imparcialidad en su valoraci\u00f3n, conforme a las directrices de la sana cr\u00edtica, para adentrarse, seguidamente, en el examen de los elementos de convicci\u00f3n acopiados en el proceso. <\/p>\n
En tal direcci\u00f3n, encar\u00f3 las pruebas solicitadas por la demandante, espec\u00edficamente, las declaraciones de Liliana Ochoa Puerto, Ana Silvia Monroy de S\u00e1nchez, Santos Miguel S\u00e1nchez Coy, \u00c1lvaro de Jes\u00fas Ochoa Puerto y Jos\u00e9 Roso Ochoa Brijaldo, que consider\u00f3 coincidentes en cuanto a la permanencia de Mar\u00eda Antonia Camargo en el predio, por m\u00e1s de veinte a\u00f1os, y las actividades econ\u00f3micas desplegadas, por lo que suponen es de su propiedad. A\u00f1adi\u00f3 que en la inspecci\u00f3n judicial fue constatada la existencia del predio y su destinaci\u00f3n, y que con el estudio grafol\u00f3gico se estableci\u00f3 que el contrato de arrendamiento donde figura como arrendataria Mar\u00eda Antonia Camargo, entre otros, no sufri\u00f3 alteraciones o modificaciones. <\/p>\n
Pas\u00f3 el sentenciador al escrutinio de las pruebas pedidas por los demandados, para destacar, primeramente, las declaraciones de Jaime Gustavo y Luis Antonio Camargo, hijos de la demandante, quienes afirmaron haber vivido en el lote con su madre por algunos a\u00f1os, a lo que a\u00f1adieron que su t\u00eda Eusebia la trajo all\u00ed hace veintis\u00e9is a\u00f1os, para que cuidara la casa y le ayudara a vender ganado, \u00e9poca desde la cual comenz\u00f3 a \u201cpicar\u201d el lote, orde\u00f1ar, cercar y sembrar hortalizas, permaneciendo a\u00fan all\u00ed. Alrededor de los deponentes Jos\u00e9 Rodr\u00edguez, Isabel Rojas Paipilla, Aura Luz Garc\u00eda, Edgar Jos\u00e9 Alvarado, Isa\u00edas Hurtado Ni\u00f1o, Nicol\u00e1s Camargo Ben\u00edtez, Ligia Camargo Vargas, Mar\u00eda Adela Salcedo y Ana Rosa Camargo Sanabria, el fallador encontr\u00f3 que dan cuenta de la detentaci\u00f3n del predio por parte de Eusebia hasta su muerte, con cultivos y animales, as\u00ed como que ella mandaba, dispon\u00eda y pagaba a Mar\u00eda Antonia y sus hijos por la ayuda que prestaban; agregaron que con la leche Eusebia elaboraba almoj\u00e1banas para la venta, que no viv\u00eda en la misma casa sino al frente y que algunas mejoras fueron hechas \u00faltimamente por los hijos de Mar\u00eda Antonia, quienes pagaban arriendo a Rosalba Molano, desde 1984 a 1988; tambi\u00e9n subrayaron que desde hace doce o quince a\u00f1os han visto a Mar\u00eda Antonia en el inmueble y, seg\u00fan los \u00faltimos testigos, los herederos autorizaron a Eusebia Camargo para que mandara en el predio desde 1967 hasta su fallecimiento, cuando \u201cseg\u00fan dicen\u201d, le arrendaron a Mar\u00eda Antonia Camargo, sin que les conste. <\/p>\n
Adicionalmente, mencion\u00f3 la escritura p\u00fablica de protocolizaci\u00f3n del juicio sucesorio de Celestina Ochoa Vda. de Camargo, el registro de defunci\u00f3n de Eusebia Camargo Ochoa y el contrato de arrendamiento suscrito el 1\u00b0 de octubre de 1987 entre Jaime Gustavo y Luis Antonio Camargo, como arrendatarios, y Hern\u00e1n, Rosalba y Ana Molano Camargo, como arrendadores. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, inici\u00f3 la ponderaci\u00f3n conjunta del acervo probatorio, no sin antes advertir que los relatos de Isabel Rosas Paipilla, Ana Rosa Camargo Sanabria, Ligia Camargo Vargas y Nicol\u00e1s Camargo Ben\u00edtez, se apreciar\u00edan con mayor rigor, por raz\u00f3n de la tacha originada en el parentesco y la dependencia laboral. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el Tribunal, entonces, que Mar\u00eda Antonia, Jaime Gustavo y Luis Antonio eran trabajadores de Eusebia, quien no habitaba el lote, pero mandaba, recib\u00eda la leche para las almoj\u00e1banas y ejerc\u00eda diversas actividades hasta el d\u00eda de su deceso; a partir de all\u00ed se ha visto a Mar\u00eda Antonia y, desde hace diez a\u00f1os, ha mejorado el predio con construcciones, cerramientos, etc. Por tanto, hasta 1986, mientras vivi\u00f3 Eusebia, Mar\u00eda Antonia se dedic\u00f3 al cuidado de los animales, sin que pueda aceptarse una posesi\u00f3n conjunta. <\/p>\n
No interesa la calidad en que permaneci\u00f3 all\u00ed Eusebia, continu\u00f3, pues basta saber que Mar\u00eda Antonia depend\u00eda de ella, como tampoco importa el hecho de que la primera no habitara el predio, dado que tal circunstancia no evidencia la posesi\u00f3n de la segunda; contrario sensu, la misma demandante y sus hijos admiten que Eusebia los llev\u00f3 al inmueble para que lo cuidaran y atendieran los animales; incluso, el levantamiento de mejoras, despu\u00e9s del \u00f3bito de Eusebia, ratifica que previamente la demandante no pod\u00eda disponer sobre el lote. <\/p>\n
Concluy\u00f3 el Tribunal que la posesi\u00f3n de Mar\u00eda Antonia se remontaba al 2 de abril de 1986, fecha de la muerte de Eusebia, sin que pudiera admitirse que fuera simplemente tenedora, pues no suscribi\u00f3 el documento de arrendamiento, que, adem\u00e1s, no fue reconocido por sus hijos, es decir, carece de autenticidad legal; empero, emerge que falta un presupuesto axiol\u00f3gico de la pertenencia, cual es, la posesi\u00f3n veintenaria exigida por la ley. <\/p>\n
Y, acerca de la reivindicaci\u00f3n, encontr\u00f3 reunidos sus requisitos, que el t\u00edtulo de dominio preced\u00eda la posesi\u00f3n de la reconvenida y precis\u00f3 que, evidentemente, el poseedor sin t\u00edtulo no puede ser de buena fe, salvo cuando invoca la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria. <\/p>\n
III. EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera, dos cargos se proponen contra la sentencia del Tribunal, en los que se denuncia la comisi\u00f3n de errores de hecho. Los reproches se despachar\u00e1n conjuntamente, dado que adolecen de los mismos defectos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
En \u00e9ste se aduce la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 673, 762, 764, 768, 946, 947, 948, 949, 950, 981, 2512, 2513, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2532 del C\u00f3digo Civil, 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 1\u00b0 de la ley 50 de 1936, a causa de yerros f\u00e1cticos en la estimaci\u00f3n de las pruebas <\/p>\n
1. Para empezar, la recurrente reproduce apartes de los testimonios de Lilia Ochoa Puerto, Ana Silvia Monroy de S\u00e1nchez, Santos Miguel S\u00e1nchez Coy, \u00c1lvaro de Jes\u00fas Ochoa Puerto y Jos\u00e9 Roso Ochoa Grijaldo, encaminados a destacar su permanencia en el predio y las actividades propias del se\u00f1or\u00edo, durante m\u00e1s de veinte a\u00f1os. <\/p>\n
Seguidamente, indica que el ad quem desatin\u00f3 al ponderar la declaraci\u00f3n de parte de Mar\u00eda Antonia Camargo, que \u201cno integra una confesi\u00f3n\u201d y fue desfigurada, al considerar que de ella se desprend\u00eda que los demandados eran propietarios del bien; asimismo, comenta que la demandante s\u00f3lo dijo que all\u00ed la hab\u00eda llevado su t\u00eda Eusebia y que el sentenciador no se percat\u00f3 de que \u00e9sta no tuvo ning\u00fan derecho de propiedad. De otro lado, se\u00f1ala que esta prueba se solicit\u00f3 en una demanda de reconvenci\u00f3n extempor\u00e1nea, por lo que su pr\u00e1ctica fue \u201cclaramente ilegal\u201d. <\/p>\n
De igual modo, identifica otro error cuando el Tribunal ignor\u00f3 que las copias de la partici\u00f3n elaborada dentro de la sucesi\u00f3n de Celestina Ochoa Vda. de Camargo, carec\u00edan de la firma de su autor y de autenticaci\u00f3n, por lo que no eran id\u00f3neas para acreditar que los demandados adquirieron el bien. Critica tambi\u00e9n que los sellos de la Oficina de Registro de Duitama aparecen dentro de una providencia donde el juez se abstuvo de resolver las objeciones a la partici\u00f3n y concedi\u00f3 un recurso de apelaci\u00f3n, de modo que \u201c … no se llev\u00f3 a los autos la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2. Por otra parte, la impugnadora asevera que el fallador desconoci\u00f3 totalmente los medios de prueba que ella aport\u00f3, \u201cque apreciados en su conjunto con un criterio objetivo y de acuerdo con … las reglas de la sana cr\u00edtica impuestas por el Art. 187 del C. de P. C., demuestran plenamente que la demandante adquiri\u00f3 el bien materia de la declaraci\u00f3n de pertenencia por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria, de acuerdo con el Art. 2031 del C.C., en concordancia con el Art. 1\u00ba de la ley 50 de 1936.\u201d En este aspecto, expresa que los testimonios evidencian objetivamente la posesi\u00f3n p\u00fablica, quieta, pac\u00edfica, continua y aut\u00f3noma, al paso que son responsivos, exactos y completos para comprobar una posesi\u00f3n por m\u00e1s de veinte a\u00f1os, seg\u00fan el art\u00edculo 981 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, manifiesta que se aplicaron indebidamente los art\u00edculos 946, 947, 948, 950 del C\u00f3digo Civil y \u201cdem\u00e1s normas concordantes\u201d, con atropello de sus derechos, pues al no probarse la propiedad, como primer requisito de la acci\u00f3n de dominio, tampoco se destruy\u00f3 la presunci\u00f3n del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil. Ciertamente, a\u00f1ade, los documentos allegados no son aut\u00e9nticos y, por lo mismo, al no aportarse una prueba igual o superior, sigue en pie la mentada presunci\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, estima que fue absurda la petici\u00f3n de la contraparte para que se integrara el contradictorio, pues no exist\u00eda un litisconsorcio necesario, y afirma que este error procesal fue aprovechado para formular la demanda de mutua petici\u00f3n, a la que no se le hizo presentaci\u00f3n personal, ni fue admitida y notificada, pero sirvi\u00f3 para decretar m\u00faltiples pruebas. Como consecuencia de esta equivocaci\u00f3n, prosigue, se recaudaron nuevos medios, en particular, el interrogatorio de parte de la demandante inicial, de donde resulta que se aplic\u00f3 inadecuadamente el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y que \u201ctodas las pruebas practicadas en funci\u00f3n de lo ordenado por el auto de 10 de mayo de 1996 … son absolutamente ilegales, pues el Juzgado carec\u00eda de competencia para ello\u201d y \u201c\u00fanicamente la ten\u00eda para dictar la sentencia\u201d. <\/p>\n
Anota, igualmente, que el a quo viol\u00f3 el principio de preclusi\u00f3n y aplic\u00f3 incorrectamente el art\u00edculo 83 en menci\u00f3n, de suerte que, repite, \u201c … el procedimiento que se sigui\u00f3 fue absolutamente ilegal … y el Juzgado carec\u00eda de competencia para ordenar … la pr\u00e1ctica de nuevas pruebas\u201d. As\u00ed, resulta que el interrogatorio de parte de la actora, basado en la demanda de reconvenci\u00f3n, \u201c … es absolutamente nulo … \u201d, no tiene alcance de confesi\u00f3n, no tuvo tal prop\u00f3sito, pues ella s\u00f3lo dijo que hab\u00eda entrado leg\u00edtimamente al predio junto con su t\u00eda, para realizar actos propios del dominio. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1ala que seg\u00fan el art\u00edculo 249 del Estatuto Procesal la conducta es un medio de prueba, que el Tribunal pretiri\u00f3 en cuanto a la parte demandada cuando pretend\u00eda establecer la condici\u00f3n de arrendataria de Mar\u00eda Antonia, con \u201c … un documento privado sin firma … \u201d y sin fecha cierta que \u201c … carec\u00eda de valor demostrativo \u201d, e insiste en que la hijuela aportada para acreditar la adquisici\u00f3n del predio, \u201c … carece en absoluto de eficacia probatoria pues no est\u00e1 firmada por el autor del trabajo de partici\u00f3n ni por ning\u00fan notario … \u201d, pese a lo cual fue tenida en cuenta, \u201c … en un evidente y manifiesto error de hecho … SIN PERCATARSE de que no tiene la categor\u00eda de documento aut\u00e9ntico ni mucho menos de documento p\u00fablico\u201d, de modo que no eliminaba la presunci\u00f3n del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil en favor de Mar\u00eda Antonia Camargo. <\/p>\n
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CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se esgrime la vulneraci\u00f3n de los mismos preceptos invocados en el cargo precedente, a causa de \u201costensibles errores de hecho\u201d. <\/p>\n
1. Tras acotar que el debido proceso impera en todo tipo de actuaciones, as\u00ed como que es nula cualquier prueba que lo infrinja, indica el recurrente que el a quo, despu\u00e9s de correr traslado para alegar de conclusi\u00f3n, \u201c… desconoci\u00f3 el principio de la preclusi\u00f3n y consider\u00f3 que exist\u00eda un litisconsorcio necesario, en una manifiesta desviaci\u00f3n del derecho y quebrantando el Art. 6 del C. de P.C., de acuerdo con el cual las normas procesales son de orden p\u00fablico … \u201d, por lo que emerge que \u201c … las pruebas practicadas en detrimento de dicho mandato constitucional son nulas de pleno derecho\u201d y \u201ccarecen de eficacia probatoria\u201d. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, sostiene que las decisiones de instancia se apoyaron en tales testimonios nulos, que, adem\u00e1s, no son exactos ni responsivos, con lo que se incurri\u00f3 en \u201cun evidente y manifiesto error de hecho … por adici\u00f3n de prueba\u201d, afirmaci\u00f3n esta que acompa\u00f1a de transcripciones parciales de las versiones de Aura Luz Garc\u00eda Rodr\u00edguez, Edgar Jos\u00e9 Alvarado, Isa\u00edas Hurtado Ni\u00f1o, Nicol\u00e1s Camargo Ben\u00edtez, Ligia Camargo Vargas, Mar\u00eda Adela Salcedo de Sierra, Ana Rosa Camargo Sanabria, Isabel Rojas Paipilla y Jos\u00e9 Rodr\u00edguez, especialmente, cuando aluden a la permanencia de Mar\u00eda Antonia Camargo en el predio. En concreto, del primer declarante dice que \u201cde su extenso testimonio no se desprende un hecho concreto, no da circunstancias de tiempo, modo y lugar\u201d, y con respecto al \u00faltimo, anota que \u201clas respuestas son vagas, fallan las circunstancias de modo, tiempo y lugar\u201d. <\/p>\n
2. Encuentra tambi\u00e9n que se cometi\u00f3 error de hecho cuando el Tribunal olvid\u00f3 que las fotocopias del trabajo de partici\u00f3n verificado dentro de la sucesi\u00f3n de Celestina Ochoa Vda. de Camargo no estaban firmadas por su autor ni por el notario que las expidi\u00f3, de manera que no se trataba de un documento aut\u00e9ntico, como tampoco de uno p\u00fablico, \u201ccarece en absoluto de valor probatorio\u201d, y no acredita la adquisici\u00f3n del bien por los hermanos Molano Camargo. <\/p>\n
3. Seguidamente, insiste en que con la formulaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n y la integraci\u00f3n del litisconsorcio se violaron los art\u00edculos 29 de la Carta Pol\u00edtica, 6 y 83 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; por consiguiente, dice, \u201ctodas las actuaciones … dando tr\u00e1mite al litisconsorcio necesario son absolutamente ilegales y contrarias al principio del debido proceso\u201d, lo que lleva a que las pruebas practicadas sean \u201cnulas de pleno derecho y … no puedan servir como fuente de una decisi\u00f3n judicial\u201d. Agrega, entonces, que la alteraci\u00f3n artificial de las etapas procesales quebrant\u00f3 el principio de la preclusi\u00f3n, por lo que \u201ctodo lo actuado con posterioridad … est\u00e1 afectado de nulidad\u201d por falta de competencia. <\/p>\n
4. De otro lado, comenta que del examen conjunto de los testimonios aflora que no son responsivos ni completos, no dan raz\u00f3n de la ciencia de su dicho, como tampoco de las circunstancias de modo tiempo y lugar; no obstante, ellos fueron adicionados por la sentencia, para darles eficacia probatoria contraria a las reglas de la sana cr\u00edtica, lo que constituye un error de hecho evidente y manifiesto. <\/p>\n
5. En cuanto a la prueba del dominio de los demandados, puntualiza que \u201ccarece en absoluto de eficacia probatoria\u201d por falta de firma de la hijuela, no es un documento p\u00fablico ni aut\u00e9ntico, configur\u00e1ndose un error de hecho que salta a la vista. A su turno, en torno a la posesi\u00f3n de mala fe de la demandante originada en la falta de t\u00edtulo, aduce que se trata de una doctrina revaluada, m\u00e1xime cuando \u201cla misma contraparte admite … que dicha se\u00f1ora entr\u00f3 al predio porque fue llevada por la se\u00f1ora EUSEBIA para que cultivara el fundo\u201d, por lo que, repite, no se desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n del art\u00edculo 768 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
6. Finalmente, la impugnadora atribuye al Tribunal la violaci\u00f3n del art\u00edculo 970 ib\u00eddem, en la medida en que no reconoci\u00f3 las mejoras ni el derecho de retenci\u00f3n, permitiendo as\u00ed un enriquecimiento injustificado, que impone la restauraci\u00f3n del derecho conforme al art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, mandato que, itera, tambi\u00e9n se infringi\u00f3 al desconocer la prueba de la posesi\u00f3n y al tener por establecida una propiedad que no estaba acreditada. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La presunci\u00f3n de acierto y legalidad que ampara la sentencia exige a quien pretende su quiebre, cuando se apoya en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que demuestre cabalmente la infracci\u00f3n trascendente de una norma de derecho sustancial. <\/p>\n
Es sabido que tal infracci\u00f3n puede generarse de modos distintos, esto es, en forma directa o indirecta. En la \u00faltima hip\u00f3tesis, que es la que el recurrente ha invocado aqu\u00ed, la vulneraci\u00f3n del derecho material proviene de un desacierto vinculado a los medios de convicci\u00f3n, bien sea por un error de hecho o uno de derecho. Estas modalidades de yerro poseen, a su turno, una naturaleza y un contenido diversos, dado que el primero se nutre de la prueba como elemento material y objetivo del proceso, mientras que el segundo ata\u00f1e a la equivocaci\u00f3n judicial en torno a las normas de disciplina probatoria que regulan la admisibilidad, aducci\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica, eficacia o valoraci\u00f3n de las piezas demostrativas, entre otros aspectos rituales. <\/p>\n
2. Ahora, es tambi\u00e9n conocido que el art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con las modificaciones introducidas por el decreto 2651 de 1991, prev\u00e9 los requisitos a los que ha de ajustarse la demanda de casaci\u00f3n, dentro de los que cabe subrayar el ineludible deber de explicar \u201clos fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara y precisa\u201d, exigencia que, cuando se trata de censuras enfocadas por la v\u00eda indirecta de la causal primera, y, particularmente, de un error de hecho, impone al interesado la observancia de diversos lineamientos, a saber: a). la indicaci\u00f3n de la norma sustancial infringida, b). la exposici\u00f3n de la forma como se infringi\u00f3 el precepto, c). la menci\u00f3n de la prueba o pruebas sobre las que recay\u00f3 el error, junto con la debida e inequ\u00edvoca explicaci\u00f3n del desatino en la contemplaci\u00f3n objetiva del medio, bien sea por su preterici\u00f3n, adici\u00f3n, suposici\u00f3n, cercenamiento, distorsi\u00f3n, etc., y d). la demostraci\u00f3n de la incidencia que el yerro tiene en el sentido de la decisi\u00f3n combatida. <\/p>\n
Precisamente, todo esto explica que los errores de hecho y de derecho, pese a que conllevan uniformemente a la violaci\u00f3n indirecta de la ley, no puedan entremezclarse ni confundirse o alegarse simult\u00e1neamente en un cargo respecto de los mismos elementos probatorios, pues sus caracter\u00edsticas espec\u00edficas los hacen excluyentes; por lo mismo, si en este caso la sentencia ha sido atacada por la presunta comisi\u00f3n de errores de hecho, las razones que se esgriman para sustentarlos deben corresponder fielmente a aquellas que son propias de esta especie, mas no a las que pertenecen al error de derecho, y, mucho menos, aparecer como una mixtura de reproches de una y otra \u00edndole, toda vez que con ello la censura quedar\u00eda desprovista de los fundamentos – claros y precisos – que reclama la ley. Desde luego, el talante dispositivo del recurso de casaci\u00f3n impide a la Corte escoger, a su arbitrio, entre uno y otro yerro, para entrar a examinar la acusaci\u00f3n propuesta, pues ello equivaldr\u00eda a recrear la impugnaci\u00f3n o a darle un rumbo que no ha sido genuinamente trazado por el recurrente. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, ha de decir la Sala, como se anticip\u00f3, que ambos cargos presentan protuberantes e irremediables defectos de argumentaci\u00f3n, de los que forzosamente se desprende el fracaso del recurso, como se explicar\u00e1. <\/p>\n
a. En primer t\u00e9rmino, a pesar de que los cargos fueron orientados por la v\u00eda indirecta, por haberse incurrido supuestamente en errores de hecho, es palmario que su desarrollo jam\u00e1s guard\u00f3 completa armon\u00eda con dicho planteamiento, habida cuenta que correspondi\u00f3, en su mayor parte, a quejas propias y exclusivas del error de derecho, referidas a la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las probanzas, a las que paralelamente se acompa\u00f1aron cr\u00edticas superficiales sobre algunos temas relativos a yerros f\u00e1cticos, con lo que se gener\u00f3 una amalgama tal, que hace francamente imposible desentra\u00f1ar el verdadero prop\u00f3sito de la censura. <\/p>\n
V\u00e9ase c\u00f3mo el recurrente, a manera de ejemplo, en el primer cargo, tras relacionar los preceptos que se habr\u00edan vulnerado, afirma que el Tribunal cay\u00f3 en errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, que pasa a sustentar con raciocinios que ninguna relaci\u00f3n tienen con sus caracter\u00edsticas, como los que se transcriben a continuaci\u00f3n, entre otros: a). \u201cNo quiso percatarse el Tribunal … ni se percat\u00f3 tampoco de que ese interrogatorio de parte fue pedido en una llamada demanda de reconvenci\u00f3n, presentada despu\u00e9s de haber precluido todas las etapas procesales para ello … Tampoco se percat\u00f3 el Tribunal de que el mencionado interrogatorio de parte no se pudo recibir el 3 de noviembre de 1994 por cuanto no concurri\u00f3 a la audiencia el apoderado que deb\u00eda formular las preguntas ni dej\u00f3 cuestionario escrito …, y en cambio s\u00ed se practic\u00f3 la prueba el 6 de junio de 1997 … en este segundo per\u00edodo probatorio, claramente ilegal\u201d; b). \u201cErr\u00f3 igualmente de hecho el Tribunal al no percatarse de que las copias de la partici\u00f3n realizada en el proceso de sucesi\u00f3n de CELESTINA OCHOA VIUDA DE CAMARGO … carecen de la firma de quien habr\u00eda realizado dicho trabajo, as\u00ed como de autenticaci\u00f3n de cualquier naturaleza. De ello se sigue que no son documentos id\u00f3neos para acreditar que las demandadas adquirieron el bien por el modo de sucesi\u00f3n por causa de muerte, pues los aludidos documentos carecen en absoluto de autenticidad.\u201d; c). \u201cConforme se anot\u00f3 anteriormente, los documentos con los que los se\u00f1ores MOLANO CAMARGO pretendieron acreditar la calidad de due\u00f1os no son aut\u00e9nticos.\u201d; d). \u201cPalmario resulta que todas las pruebas practicadas en funci\u00f3n de lo ordenado por auto de 10 de mayo de 1996 ya citado, son absolutamente ilegales, pues el juzgado carec\u00eda de competencia para ello. \u00danicamente la ten\u00eda para dictar sentencia …\u201d; e). \u201c … el a quo viol\u00f3 por aplicaci\u00f3n indebida el Art. 83 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, haci\u00e9ndolo actuar en una situaci\u00f3n jur\u00eddica no gobernada por \u00e9l. Luego, el procedimiento que se sigui\u00f3 fue absolutamente ilegal y el Juzgado carec\u00eda de competencia para ordenar con fundamento en tal norma procesal la pr\u00e1ctica de nuevas pruebas, por carecer en absoluto de competencia …\u201d; f). \u201cTeniendo en cuenta los enunciados anteriores, se concluye sin dificultad que el interrogatorio de parte que le fue formulado a la se\u00f1ora MARIA ANTONIA CAMARGO con base en la pretendida demanda ya citada … es absolutamente nulo. Y por consiguiente no puede tener la categor\u00eda de confesi\u00f3n que le dio el Tribunal … \u201d. (C. Corte, fls. 21 – 26 , subrayado textual) <\/p>\n
Y, para agravar las deficiencias del ataque, en adici\u00f3n a los comentarios anteriores se alude en algunos pasajes, de manera gen\u00e9rica e indiscriminada, a presuntas irregularidades tocantes, ahora, con la apreciaci\u00f3n material de las pruebas, como cuando se afirma que \u201cel Tribunal … desconoci\u00f3 totalmente los medios de prueba aportados por la parte demandante, que … demuestran plenamente que … adquiri\u00f3 el bien materia de la declaraci\u00f3n de pertenencia … \u201d, pues \u201c los testimonios son exactos, responsivos y completos, dan raz\u00f3n de su dicho y acreditan que la demandante ha ejercido sobre el predio actos a que solo da derecho el dominio … \u201d, o cuando concluye que \u201c … no existe elemento probatorio alguno presentado por los demandados y contrademandantes, que destruya la PRESUNCI\u00d3N DE DUE\u00d1O contemplada en el Art. 762 del C\u00f3digo Civil. Presunci\u00f3n a favor de MAR\u00cdA ANTONIA. No existe una prueba prevalente que destruya los elementos de certeza aportados por la parte demandante.\u201d <\/p>\n
Por otro lado, con el segundo cargo no ocurre cosa distinta, pues, tras la enunciaci\u00f3n de yerros f\u00e1cticos, el recurrente presenta una confusa mezcla de argumentos de diversa naturaleza, que, por razones obvias, restan sentido y claridad a la acusaci\u00f3n. En compendio, para iniciar aduce la vulneraci\u00f3n del principio de la preclusi\u00f3n, la cual, en su opini\u00f3n, origin\u00f3 una nulidad constitucional en el decreto y pr\u00e1ctica de varios testimonios, aseverando, simult\u00e1neamente, que \u00e9stos \u201cno son exactos, ni responsivos ni completos, no dan la raz\u00f3n de la ciencia de su dicho y las respuestas no tienen explicaci\u00f3n de ninguna naturaleza\u201d, en una incomprensible fusi\u00f3n de reparos de disciplina probatoria, por una parte, y de contemplaci\u00f3n objetiva, por la otra; posteriormente, reitera que el Tribunal cometi\u00f3 un \u201cerror de hecho\u201d cuando apreci\u00f3 las copias del trabajo de partici\u00f3n de la sucesi\u00f3n Celestina Ochoa Vda. de Camargo, por cuanto no estaban firmadas ni autenticadas y carec\u00edan de valor probatorio; y, finalmente, critica la presentaci\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n, al igual que la integraci\u00f3n del litisconsorcio, para concluir que se gener\u00f3 la ilegalidad de dichas actuaciones, as\u00ed como la nulidad de las pruebas que consecuentemente se practicaron. <\/p>\n
En suma, es de verse que el desarrollo de las acusaciones no acompas\u00f3 con los errores de hecho anunciados, sino que mostr\u00f3 una sistem\u00e1tica e inextricable mezcla de reparos, que torna frustr\u00e1nea la censura, lleg\u00e1ndose, incluso, al extremo de alegar situaciones que eventualmente podr\u00edan tipificarse dentro de otras causales de casaci\u00f3n, como cuando denunci\u00f3 la existencia de nulidades por falta de competencia o por tr\u00e1mites inadecuados, en contrav\u00eda de la independencia que debe reinar entre los motivos que dan acceso al recurso extraordinario. <\/p>\n
b. Aunque lo expuesto ser\u00eda suficiente para descartar el estudio de fondo de los cargos, no est\u00e1 de m\u00e1s se\u00f1alar que algunos de los reproches planteados desbordan el marco f\u00e1ctico trazado en las instancias, por lo que constituyen medios nuevos, inaceptables en casaci\u00f3n. En efecto, n\u00f3tese c\u00f3mo el recurrente trat\u00f3 repetidamente de derrumbar los pilares de la acci\u00f3n reivindicatoria propuesta en la demanda de reconvenci\u00f3n, mediante la alegaci\u00f3n consistente en que \u201c… las copias de la partici\u00f3n realizada en el proceso de sucesi\u00f3n de CELESTINA OCHOA VIUDA DE CAMARGO … carecen de la firma de quien habr\u00eda realizado dicho trabajo, as\u00ed como de autenticaci\u00f3n de cualquier naturaleza \u201d, de modo que \u201c … no son documentos id\u00f3neos para acreditar que las demandadas adquirieron el bien por el modo de sucesi\u00f3n por causa de muerte, pues … carecen en absoluto de autenticidad \u201d (subrayado textual), argumento este, que resulta novedoso y sorpresivo, toda vez que no se esgrimi\u00f3 cuando el mencionado documento – escritura p\u00fablica 172 de 16 de agosto de 1968 de la Notar\u00eda \u00danica de Paipa – se adjunt\u00f3 a las contestaciones del libelo presentadas por los hermanos Molano Camargo o a la demanda de reconvenci\u00f3n de Hern\u00e1n, como tampoco cuando por auto de 15 de julio de 1994 se dispuso tenerlo como prueba y, en general, en ninguna oportunidad procesal. <\/p>\n
En esta materia, ha dicho la doctrina jurisprudencial que el recurso de casaci\u00f3n debe estar referido a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica debatida en el proceso, que es la que las partes conocieron y la que el juzgador consider\u00f3 para emitir la decisi\u00f3n controvertida, de suerte que cualquier argumento que traspase dicho marco no puede ser apreciado, porque se violar\u00eda \u201c … el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano … de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio\u201d (G.J. t. LXXXIII, pag. 76). <\/p>\n
c. Finalmente, ha de verse que por fuera de las enormes irregularidades que se han identificado, los cargos se contraen simplemente a comentarios aislados e inconexos que, en todo caso, no cumplen con el perfil que debe tener una acusaci\u00f3n extraordinaria para ser examinada por la Corte de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es as\u00ed c\u00f3mo al hacer un reconocimiento general de lo planteado en la demanda, se nota, adem\u00e1s, que el casacionista, pese a haber denunciado errores f\u00e1cticos, no intent\u00f3 siquiera confrontar o cotejar detalladamente el contenido material de las pruebas y la sentencia, en orden a establecer si el razonamiento vertido en \u00e9sta armonizaba con la realidad, pues se limit\u00f3 a hacer extensas transcripciones, seguidas de escuetos comentarios donde s\u00f3lo plasm\u00f3 su propio punto de vista, con lo que desatendi\u00f3 abiertamente una de las pautas elementales e ineludibles de este tipo de cuestionamiento. <\/p>\n
4. Por lo visto, no prosperan los cargos. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 29 de septiembre de 1998, pronunciada por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo en el proceso ordinario adelantado por MAR\u00cdA ANTONIA CAMARGO frente a HERN\u00c1N, ROSALBA y ANA MOLANO CAMARGO, as\u00ed como contra las personas indeterminadas. <\/p>\n
Costas a cargo de la recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-062-2005 [7562] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 7562 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82912","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82912","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82912"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82912\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82912"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82912"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82912"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}