SC-065-2005 [14115]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. C-14115 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Teresa de Jes\u00fas Vanegas Jaramillo, respecto de la sentencia de 29 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso ordinario de Rafael Posada Londo\u00f1o contra la recurrente. <\/p>\n
1.- El mencionado demandante, por conducto de su curadora leg\u00edtima, present\u00f3 demanda contra la tambi\u00e9n citada demandada, para que previos los tr\u00e1mites pertinentes, se declare la simulaci\u00f3n, o en subsidio, la nulidad absoluta, de los contratos de compraventa contenidos en las escrituras p\u00fablicas Nos. 3539 y 3540 de la Notar\u00eda Tercera de Medell\u00edn, ambas de 10 de agosto de 1990, registradas en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos respectiva, relacionados con los derechos de cuota de dominio de dos inmuebles ubicados en el \u00e1rea urbana de dicha ciudad, y se imponga las cancelaciones y restituciones a que haya lugar. <\/p>\n
2.- Las pretensiones se fundamentan en los hechos que, en lo pertinente, se compendian: <\/p>\n
2.1.- En su condici\u00f3n de apoderado general del demandante, el se\u00f1or Juan Rafael Posada Vanegas, sobrino de aqu\u00e9l, mediante las escrituras p\u00fablicas citadas, transfiri\u00f3 a la demandada, su madre, el derecho de dominio de cuotas proindiviso que el mandante ten\u00eda en los referidos inmuebles. <\/p>\n
2.2.- Los contratos de compraventa son simulados, porque fueron celebrados entre madre e hijo, \u00e9ste con el fin de eludir responsabilidades como mandatario ante una eventual rendici\u00f3n de cuentas, y aqu\u00e9lla, en su condici\u00f3n de copropietaria, para de hecho finalizar la comunidad de bienes. <\/p>\n
2.3.- El precio de $11.000.000.oo de la cuota de dominio de uno de los inmuebles, es irrisorio, por cuanto en la \u00e9poca su valor econ\u00f3mico sobrepasaba cinco o seis veces esa cuant\u00eda. Lo mismo acontece con el se\u00f1alado para el derecho del otro predio, esto es $15.000.000.oo, porque corresponde a $6.000.000.ooo por debajo del aval\u00fao catastral y diez o doce veces menos de su valor comercial. <\/p>\n
2.4.- La fecha de los contratos coincide con la \u00e9poca en la que el demandante, aquejado de una trombosis, se encontraba recluido en la Cl\u00ednica El Rosario de Medell\u00edn, con diagn\u00f3stico de \u201cdemencia senil multiinfarto\u201d. <\/p>\n
2.5.- Pese a que el mandatario no estaba autorizado por el mandante para realizar las enajenaciones, los negocios se encuentran viciados de nulidad absoluta, por objeto il\u00edcito, en consideraci\u00f3n a que \u201cel demandado JUAN RAFAEL POSADA VANEGAS\u201d adquiri\u00f3 los bienes para s\u00ed, \u201cpor la interpuesta persona de su madre\u201d, como lo reconoce en declaraci\u00f3n rendida ante un juzgado de familia. <\/p>\n
3.- Tramitado el proceso, con oposici\u00f3n de la demandada, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn, mediante sentencia de 29 de octubre de 1999, desestim\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que el Tribunal revoc\u00f3 al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la parte demandante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- El Tribunal, luego de verificar la existencia de los negocios jur\u00eddicos impugnados, se\u00f1al\u00f3 que \u00e9stos hab\u00edan sido celebrados por el mandatario del demandante, seg\u00fan poder general vigente para esa fecha, sin limitaci\u00f3n alguna, por lo que dichos negocios gozaban de la \u201capariencia de validez y eficacia\u201d, pues, contrario a lo que se alega en la demanda, \u201cel mandatario\u201d no estaba \u201cadquiriendo para s\u00ed los derechos de su poderdante, por intermedio de su se\u00f1ora madre, (lo que de contera descarta la presencia de una simulaci\u00f3n relativa o de una nulidad absoluta\u2026)\u201d, \u201csino que transfiere directamente a ella esos derechos, circunstancia \u00e9sta que no se opone a las disposiciones legales del mandato\u201d. <\/p>\n
2.- A continuaci\u00f3n, centrado en el estudio de la simulaci\u00f3n absoluta, el sentenciador, fundado en la \u201cprueba testimonial ofrecida por ambas partes\u201d, se refiri\u00f3 a los antecedentes que rodearon la negociaci\u00f3n, resaltando que a la muerte de Jaime Posada Londo\u00f1o, ocurrida en 1986, su hijo Juan Rafael Posada Vanegas, continu\u00f3 manejando con el demandante, hermano de aqu\u00e9l, los negocios que ambos ten\u00edan, en tanto que con la ahora curadora leg\u00edtima, hermana de los Posada Londo\u00f1o, no tuvieron \u201cnegocios, ni tratos familiares, siendo notable el distanciamiento\u201d. <\/p>\n
Agrega que existiendo buenas relaciones entre la familia Posada Vanegas y el demandante, \u00e9ste confiri\u00f3 a su sobrino el poder general a que se hizo referencia, el 14 de septiembre de 1988, y pese a que los declarantes Pedro Posada Mar\u00edn y Juan Ra\u00fal Moreno expresaron que a la muerte de Jaime Posada Londo\u00f1o, el actor, su socio, quiso vender los bienes y liquidar las sociedades, lo cierto es que no hay prueba sobre que \u201chubiese impartido instrucciones al mandatario \u2013administrador- para que los transfiriera a la c\u00f3nyuge del ex-socio o a su familia\u201d, sin que tampoco exista constancia de la ejecuci\u00f3n del mandato desde su otorgamiento y el mes de julio de 1990, \u201c\u00e9poca en la que se enferm\u00f3 gravemente el poderdante\u201d y a partir de la cual el mandatario \u201cdispuso de todos sus bienes\u201d. <\/p>\n
De otra parte, en la historia m\u00e9dica del demandante aparece que fue internado en la Cl\u00ednica del Rosario de Medell\u00edn, el 10 de agosto de 1990, vale decir, en la misma fecha en que se celebraron los contratos de compraventa, con diagn\u00f3stico anterior de \u201cdemencia senil multiinfarto\u201d, y recluido luego, a partir del 15 de septiembre del mismo a\u00f1o, en el Centro de Atenci\u00f3n Humana para el Anciano, lugares a donde precisamente fue llevado por el mandatario y la madre de \u00e9ste. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en su estad\u00eda en el centro hospitalario, concretamente el 7 de septiembre de 1990, se solicit\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n de familia que se nombrara al apoderado general como el curador del demandante, previo decreto de interdicci\u00f3n, pero ante la discusi\u00f3n por el manejo y administraci\u00f3n de sus bienes, as\u00ed como por la representaci\u00f3n, la curadur\u00eda se defini\u00f3 a favor de Angela Mar\u00eda Olga Posada Londo\u00f1o, hermana del interdicto. <\/p>\n
3.- Acota el Tribunal que las anteriores circunstancias no fueron analizadas por el juzgado de instancia, \u201ccomo tampoco los elementos descriptivos de algunos de los indicios\u201d, a saber: <\/p>\n
3.1.- Las relaciones familiares, pues en las negociaciones actuaron, \u201ccomo vendedor\u201d, el sobrino del demandante, en \u201ccalidad de mandatario\u201d, y como compradora Teresa de Jes\u00fas Vanegas Jaramillo, cu\u00f1ada del mandante y madre del mandatario. As\u00ed mismo, las diferencias entre los dos grupos familiares, el de la curadora leg\u00edtima y el de la demandada, por la \u201cadministraci\u00f3n de los bienes del interdicto demandante, seg\u00fan la prueba trasladada del proceso de interdicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3.2.- La \u00e9poca sospechosa de los contratos, porque no hay constancia de la ejecuci\u00f3n del mandato cuando el demandante \u201cgozaba\u201d de sus \u201cfacultades mentales y legales\u201d, y porque la disposici\u00f3n de los bienes objeto del debate se realiz\u00f3 el \u201cd\u00eda cr\u00edtico de la enfermedad grave\u201d de aqu\u00e9l, \u201cante el inminente peligro de muerte\u201d. Adem\u00e1s, la disposici\u00f3n de la mayor parte de los bienes por el mandatario, entre el 10 de agosto de 1990 y la sentencia de interdicci\u00f3n, noviembre de 1995, se explica por evitar, en el eventual fallecimiento del mandante, una comunidad de bienes con su familia opositora, am\u00e9n de que si se le designaba curador al interdicto, \u201cya no pod\u00eda disponer de los bienes en beneficio de sus familiares\u201d. <\/p>\n
3.3.- La conducta de las partes en el proceso y el precio exiguo confesado y no entregado. <\/p>\n
Lo primero, al ser contradictorias las respuestas de la demandada, porque si el actor manifest\u00f3 la intenci\u00f3n de traspasar a \u00e9sta las propiedades, no se explica por qu\u00e9 no lo hizo, mucho menos cuando el testigo Pedro Posada Mar\u00edn, comisionado por aqu\u00e9l para venderlos, ni siquiera se los ofreci\u00f3. Adem\u00e1s, si como lo afirma, los contratos de compraventa los acordaron \u201cdirectamente entre los tres: el mandante, el mandatario y la compradora\u201d, pasa por alto que para esa fecha el vendedor propietario se encontraba en imposibilidad f\u00edsica y mental para emitir el consentimiento y trasladarse a una notar\u00eda. <\/p>\n
En cuanto al precio, porque pese a que la compradora manifest\u00f3 que lo pag\u00f3 en efectivo, no recuerda cu\u00e1l fue su valor. Igualmente, en los contratos no se especific\u00f3 la forma de pago de dicho precio ni a qui\u00e9n se entreg\u00f3; tampoco se acreditaron movimientos de cuentas bancarias, menos la inversi\u00f3n del precio de $26.000.000.oo por parte del mandatario, am\u00e9n de \u00ednfimo, en la \u00e9poca, seg\u00fan se aprecia en el dictamen pericial. <\/p>\n
3.4.- Los intentos de arreglos amistosos propuestos por la familia de la demandada a la familia de la curadora, como se observa en el borrador de un documento (folios 295-300, C-1), y lo declara Pedro Posada Mar\u00edn. <\/p>\n
4.- A partir de los anteriores \u201cgraves y convergentes indicios\u201d, el Tribunal encontr\u00f3 \u201cconfigurada la simulaci\u00f3n absoluta\u201d, por lo que, tras declarar infundadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas, la declar\u00f3, con las consecuentes restituciones y cancelaciones respectivas. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Como el cargo cuarto se rechaz\u00f3 a tr\u00e1mite, la Corte limitar\u00e1 el estudio a los tres primeros, empezando por el segundo y el tercero, en forma conjunta, porque as\u00ed en ambos se aluda a la falta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario, el \u00faltimo ser\u00eda una consecuencia obligada de la prosperidad del segundo. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1618 y 1766 del C\u00f3digo Civil, 51 y 83 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda, porque pese a que en sus hechos se consign\u00f3 que Juan Rafael Posada Vanegas, apoderado general del demandante, intervino en el \u201cconcierto simulatorio\u201d, conjuntamente con la demandada, sin embargo \u201cno s\u00f3lo no fue demandado, sino que no se integr\u00f3 con \u00e9l, el contradictorio, lo que imposibilitaba de pleno derecho pronunciar una sentencia de fondo\u201d. <\/p>\n
2.- En efecto, la \u201csupuesta concertaci\u00f3n simulatoria\u201d se reitera, pr\u00e1cticamente, en todos los hechos de la demanda, al punto que a la demandada, madre del citado apoderado general, \u201csolamente le atribuyen el papel pasivo de servir como prestanombre de aqu\u00e9l\u201d. <\/p>\n
Por lo tanto, con independencia de una pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta o relativa, necesariamente el mandatario debi\u00f3 ser llamado al proceso, \u201cbien como demandado inicial, o bien producto del llamamiento oficioso o a petici\u00f3n de parte\u201d, porque como se afirma en el hecho trece de la demanda, el mencionado apoderado general \u201cactu\u00f3 incluso en contra de los intereses de su poderdante o representado\u201d. <\/p>\n
3.- Ahora, no se diga que como los contratos los celebr\u00f3 el demandante por conducto de su mandatario, no se requer\u00eda la presencia de \u00e9ste en el proceso, dado que en la demanda directamente se le imputa el \u201csupuesto concierto simulatorio\u201d, y porque seg\u00fan se afirma, todo lo realiz\u00f3 en \u201cperjuicio del representado\u201d, \u201cdesbordando los fines y alcances del mandato o poder general en cuesti\u00f3n\u201d. Luego, mal resultar\u00eda juzgada su conducta y condenado en calidad de apoderado general, sin haber sido previamente o\u00eddo y vencido en juicio. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1.- Con apoyo en la causal quinta de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia por haberse incurrido en el motivo de nulidad procesal previsto en el art\u00edculo 140, numeral 9\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.- En la sustentaci\u00f3n, la recurrente deja sentada la existencia de un litisconsorcio necesario pasivo, \u201centre los supuestos autores del concierto simulatorio\u201d Juan Rafael Posada Vanegas, mandatario del demandante, y la demandada, madre de aqu\u00e9l, para lo cual dice hacer propias, para evitar repeticiones innecesarias, las consideraciones del cargo anterior. <\/p>\n
3.- Concluye que como el mandatario no fue demandado ni vinculado al proceso, se incurri\u00f3 en la causal de nulidad se\u00f1alada, la cual debe retrotraerse al inicio de la relaci\u00f3n procesal, para evitar as\u00ed una sentencia inhibitoria, seg\u00fan lo ha pregonado la jurisprudencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El segundo, que es el que interesa al caso, el cual propende por resguardar el derecho de defensa de todos aquellos interesados a quienes se extender\u00eda la autoridad de la cosa juzgada material, se determina por la relaci\u00f3n sustancial que se discute, ya sea \u201cpor su naturaleza\u201d, ora por \u201cdisposici\u00f3n legal\u201d. Por esto, si la cuesti\u00f3n ha de resolverse, como la propia ley lo declara, bajo el supuesto de la pluralidad subjetiva, de \u201cmanera uniforme para todos los litisconsortes\u201d (art\u00edculo 51), la sentencia, entonces, tambi\u00e9n ha de ser \u00fanica para todas las \u201cpersonas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos\u201d (art\u00edculo 83). <\/p>\n
En ese sentido la Corte tiene dicho que la figura del litisconsorcio surge cuando no es posible escindir la decisi\u00f3n en tantos \u201csujetos activos o pasivos individualmente considerados existan\u201d, sino que debe presentarse \u201ccomo \u00fanica e indivisible frente al conjunto de tales sujetos\u201d. En otros t\u00e9rminos, \u201cun pronunciamiento del juez con alcances referidos a la totalidad de la relaci\u00f3n no puede proceder con la intervenci\u00f3n \u00fanica de alguno o algunos de los ligados por aqu\u00e9lla, sino necesariamente con la de todos\u201d (sentencia de 4 de junio de 1970, CXXXIV-170). <\/p>\n
Desde luego que inadmisible resultar\u00eda pensar que dada la unicidad de una relaci\u00f3n, aniquilado el acuerdo de voluntades frente a unos contratantes, subsistiera, sin embargo, respecto de otros. Por tanto, si la decisi\u00f3n no puede ser escindida, la ineficacia extender\u00eda sus efectos tanto a los presentes como a los ausentes, hip\u00f3tesis en la que el derecho de \u00e9stos a ser o\u00eddos y vencidos en juicio, se ver\u00eda menoscabado. Por supuesto que para establecer si la cuesti\u00f3n litigiosa reclama o no una decisi\u00f3n \u201cuniforme\u201d, se impone en cada caso concreto, como se explic\u00f3 en la sentencia No. 068 de 6 de octubre de 1999, \u201chacer un cuidadoso examen de la demanda a fin de verificar exactamente, con vista en ella, cu\u00e1l es la naturaleza y el alcance personal de la relaci\u00f3n sustancial sometida a controversia, para deducir de all\u00ed si el litisconsorcio es o no necesario\u201d (subrayas extexto). <\/p>\n
2.- Frente a lo anterior, circunscrita la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n a los contratos de compraventa que como mandatario de Rafael Posada Londo\u00f1o celebr\u00f3 Juan Rafael Posada Vanegas, en ning\u00fan error de hecho pudo incurrir el Tribunal al constatar la existencia de un \u201clibelo introductor formalmente apto\u201d que permit\u00eda un \u201cpronunciamiento de m\u00e9rito\u201d, lo cual por s\u00ed implicaba descartar, as\u00ed fuere de manera impl\u00edcita, la necesidad de integrar un litisconsorcio pasivo, dado que trat\u00e1ndose de un mandato representativo, como el del caso, el mandatario no era parte del negocio gestado, porque en ese evento la relaci\u00f3n se traba es entre el tercero y el mandante, quienes en estricto sentido son las partes legalmente obligadas. <\/p>\n
Distinto es que el mandatario en ejercicio de su cargo haya contratado \u201ca su propio nombre\u201d, caso en el que no obligar\u00eda respecto de \u201cterceros al mandante\u201d, tal como lo prescribe el art\u00edculo 2177 del C\u00f3digo Civil. Esto, desde luego, no es lo que pone de presenta el proceso, porque aparte de que el referido apoderado general actu\u00f3 a nombre del mandante, como qued\u00f3 anotado, el propio comitente corrobora el hecho, precisamente porque al impugnar de simulados, por conducto de su curadora leg\u00edtima, los contratos que en su nombre celebr\u00f3 el mandatario, es apenas l\u00f3gico entender que los hizo suyos. <\/p>\n
Por lo tanto, as\u00ed sea cierto que en el libelo se afirm\u00f3 que el mandatario adquiri\u00f3 \u201cpara s\u00ed\u201d los bienes objeto de los controvertidos contratos de compraventa, por la \u201cinterpuesta persona de su madre\u201d, las circunstancias espec\u00edficas del caso ponen de presente que tales afirmaciones resultan intranscendentes o neutras, porque aunado a lo consignado en el p\u00e1rrafo precedente, la posici\u00f3n de parte demandante que asumi\u00f3 el comitente en el proceso tambi\u00e9n revela que reconoce y admite la simulaci\u00f3n que su mandatario concert\u00f3 con la demandada, su madre, de donde es dado concluir que como el citado apoderado simplemente obr\u00f3 como veh\u00edculo de la voluntad del actor, no era necesario citarlo como parte. <\/p>\n
De otra parte, ninguna pretensi\u00f3n se dirigi\u00f3 a que se declarara que el apoderado general, en el caso de haber sido autorizado por el mandatario, fue el verdadero comprador de los inmuebles, menos cuando la propia demandada, contrariamente a lo que afirma en el cargo, sostuvo en el interrogatorio que por conducto de su hijo, quien estaba cumpliendo la voluntad del demandante, \u201chizo una compra leg\u00edtima\u201d a \u00e9ste, y que el precio que se fij\u00f3 lo pag\u00f3 en efectivo. Adem\u00e1s, lo relativo a que se declarara que los bienes objeto de los controvertidos contratos de compraventa \u201cno han salido del patrimonio del demandante\u201d, es consecuente con una simulaci\u00f3n absoluta, que fue lo que sentenci\u00f3 el Tribunal, y no con una simulaci\u00f3n relativa por interpuesta persona. <\/p>\n
Lo mismo cabe predicarse de lo afirmado en el hecho cuarto de la demanda, seg\u00fan el cual \u201cel demandado Juan Rafael Posada Vanegas\u201d, es decir, el apoderado general del demandante, viol\u00f3, con relaci\u00f3n al contrato de mandato, el art\u00edculo 2170 del C\u00f3digo Civil. Esto porque con independencia de las imputaciones que se le hacen, si bien el mandatario no fue demandado, tambi\u00e9n es cierto que todo lo que rode\u00f3 la ejecuci\u00f3n del contrato de mandato result\u00f3 ajeno al objeto del proceso, al punto que ninguna declaraci\u00f3n o condena contra el citado mandatario derivada de esa ejecuci\u00f3n, inclusive por haber supuestamente actuado \u201cen contra de los intereses de su poderdante o representado\u201d, se solicit\u00f3 ni se profiri\u00f3. <\/p>\n
3.- En suma, como no era obligatorio demandar ni citar al proceso al mandatario del demandante, seg\u00fan qued\u00f3 explicado, ninguna consecuencia procesal, como la que se solicita en el cargo tercero, se abre paso, porque la solicitud de nulidad de lo actuado la recurrente la edifica sobre la base de un litisconsorcio necesario, el cual, como se vio, es inexistente. <\/p>\n
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4.- As\u00ed las cosas, ninguno de los cargos prospera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Con fundamento en el art\u00edculo 368, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, denuncia la sentencia por haberse incurrido en incongruencia f\u00e1ctica. <\/p>\n
2.- Referido el aspecto te\u00f3rico de la causal, la recurrente, una vez sintetiz\u00f3 los hechos que constituyen la causa petend\u00ed, resalta c\u00f3mo en la alegada \u201csimulaci\u00f3n\u201d, a la demandada se le coloca en condici\u00f3n de \u201cprestanombre\u201d del mandatario del demandante, quien \u201cdizque adquiri\u00f3 para s\u00ed\u201d los bienes objeto de los contratos de compraventa, con el fin de evadir \u201cuna presunta responsabilidad en frente de una rendici\u00f3n de cuentas\u201d. <\/p>\n
Causa que fue desechada expresamente por el Tribunal, para consagrar motu proprio otros motivos diferentes, como que \u201ccontrario a lo que se alega en la demanda, el mandatario no est\u00e1 adquiriendo para s\u00ed los derechos de su poderdante, por intermedio de su se\u00f1ora madre, (lo que de contera descarta la presencia de una simulaci\u00f3n relativa o de una nulidad absoluta)\u201d, \u201csino que transfiere directamente a ella esos derechos, circunstancia \u00e9sta que no se opone a las disposiciones legales del mandato\u201d. <\/p>\n
Afirma que mientras en la demanda se plantea que el apoderado general Juan Rafael Posada Vanegas, adquiri\u00f3 para s\u00ed los bienes de su poderdante Rafael Posada Londo\u00f1o, utilizando para el efecto el concierto simulatorio de su madre Teresa de Jes\u00fas Vanegas de Posada, el Tribunal, en cambio, var\u00eda esa causa y la sustituye por una \u201csupuesta simulaci\u00f3n\u2026de car\u00e1cter absoluto\u201d que hace derivar de unos indicios que no era el \u201ccaso precisar\u201d, porque \u201ctampoco fueron planteados\u201d como fundamento de la demanda. <\/p>\n
3.- Concluye que el vicio se presenta en la construcci\u00f3n de hechos propios, respecto de los cuales no se tuvo la oportunidad de contradicci\u00f3n, que no en la errada interpretaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El principio de congruencia de los fallos, consagrado en el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, delimita el \u00e1mbito dentro del cual el juzgador ejercita su poder decisorio. Conforme a \u00e9l, las resoluciones que se tomen en la sentencia deben guardar absoluta correspondencia \u201ccon los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que cuando el juzgador se desentiende de las directrices mencionadas, incurre en un error de actividad, porque vulnera una norma que lo compele a asumir determinado comportamiento al momento de definir el pleito, para cuya enmienda se instituy\u00f3 la causal segunda de casaci\u00f3n, la cual s\u00f3lo se estructura cuando las resoluciones de la sentencia no est\u00e1n \u201cen consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u201d (art\u00edculo 368, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/p>\n
En cuanto a la incongruencia f\u00e1ctica, que es la propuesta en el cargo, pertinente resulta se\u00f1alar que como a partir de la reforma introducida al art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por el decreto 2282 de 1989, una sentencia susceptible del recurso de casaci\u00f3n puede acusarse por \u201cerror de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda\u201d (causal primera), o por no estar \u201cen consonancia con los hechos de la demanda\u201d (causal segunda), suficientemente se encuentra decantado que ninguna dificultad pr\u00e1ctica se presentar\u00eda en pos de calificar el error como de juicio o de procedimiento. <\/p>\n
Como lo tiene explicado la Corte, en la primera hip\u00f3tesis se comprende que al fallarse el conflicto puesto a composici\u00f3n judicial el juzgador sujeta su comportamiento a la regla que le impone decidirlo con arreglo a los hechos invocados, s\u00f3lo que al fijarles su sentido y alcance, termina, sin embargo, alter\u00e1ndolos. En cambio, en la segunda, se entiende que el sentenciador se aparta de su contenido para tener en cuenta \u00fanicamente el que de acuerdo con su personal criterio resulta digno de ser valorado. \u201cSe trata, entonces, en el primer caso de un error de entendimiento del contenido de la demanda, mientras en el segundo, un yerro por invenci\u00f3n o imaginaci\u00f3n judicial, producto de la desatenci\u00f3n o prescindencia de los hechos de la demanda\u201d (Sentencia de 27 de noviembre de 2000, expediente No.5529). <\/p>\n
2.- Aunque el recurrente aclara que el error denunciado no proviene de la \u201cerrada interpretaci\u00f3n de la demanda\u201d, sino de la \u201cconstrucci\u00f3n\u201d de unos hechos \u201cpropios\u201d por parte del sentenciador, como consecuencia de haber desechado los \u201csupuestos f\u00e1cticos de la demanda\u201d, es incuestionable que frente a las directrices se\u00f1aladas, en ning\u00fan yerro de actividad procesal se incurri\u00f3, porque en el evento de haberse declarado la simulaci\u00f3n absoluta con fundamento en una causa petendi af\u00edn a la \u201csimulaci\u00f3n relativa\u201d, el error ser\u00eda de atribuci\u00f3n jur\u00eddica y no de invenci\u00f3n judicial, atacable por la causal primera. <\/p>\n
3.- Por lo dem\u00e1s, no es cierto que la decisi\u00f3n haya sido adoptada sobre la base de haberse afirmado en la demanda que el mandatario adquiri\u00f3 \u201cpara s\u00ed\u201d los bienes del mandante, por la \u201cinterpuesta persona de su madre\u201d, porque estos hechos el Tribunal los desech\u00f3 expresamente como causa de la simulaci\u00f3n absoluta, al decir que como los contratos de compraventa fueron celebrados en ejercicio del poder general conferido, no pod\u00eda sostenerse que dicho mandatario adquiri\u00f3 \u201cpara s\u00ed los derechos de su poderdante\u201d, sino que los transfiri\u00f3 \u201cdirectamente\u201d a la compradora, lo que por s\u00ed eliminaba la \u201cpresencia de una simulaci\u00f3n relativa\u201d. <\/p>\n
En todo caso, una interpretaci\u00f3n razonable de la demanda permite vislumbrar la presencia de circunstancias atinentes a la simulaci\u00f3n absoluta, porque ninguna pretensi\u00f3n se encamin\u00f3 a que se declarara que el apoderado general, en el evento de haber sido expresamente autorizado por el mandante, fue el verdadero comprador de los inmuebles. Adem\u00e1s, en los hechos sexto, s\u00e9ptimo y octavo, se enfatiz\u00f3 que los contratos impugnados se celebraron en \u201cdetrimento patrimonial del interdicto demandante\u201d, para despojarlo \u201cpatrimonialmente\u2026de cuantiosos bienes de su propiedad\u201d, todo mediante el \u201ctortuoso escenario de compraventas ficticias\u201d. <\/p>\n
De otra parte, no debe perderse de vista que al prosperar la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta, las dem\u00e1s s\u00faplicas consecuenciales se encaminaron a que se declarara que los bienes objeto de los contratos simulados \u201cno han salido del patrimonio del demandante\u201d, con la consiguiente cancelaci\u00f3n de las escrituras y registros respectivos, y a que se condenara a la demandada a restituirlos a favor de aqu\u00e9l, junto con los frutos percibidos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, si bien la recurrente afirma que se derivaron una serie de indicios que no era del \u201ccaso precisar\u201d, entre otras cosas, \u201ctampoco\u2026planteados en los hechos\u201d, esta aseveraci\u00f3n no pasa de ser marginal, adem\u00e1s de abstracta, porque el recurrente se sustrae a precisar los indicios que a pesar de haber sido tenidos en cuenta, no fueron expuestos en la demanda. Por supuesto que, dado el car\u00e1cter estricto y dispositivo del recurso, a la Corte le est\u00e1 vedado acometer de oficio semejante investigaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- El cargo, en consecuencia, no se abre paso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 29 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso ordinario de Rafael Posada Londo\u00f1o contra Teresa de Jes\u00fas Vanegas Jaramillo. <\/p>\n
Las costas del recurso corren a cargo de la demandada recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y vuelva el expediente al despacho para lo pertinente. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-065-2005 [14115] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. C-14115 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Teresa de Jes\u00fas Vanegas Jaramillo, respecto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82915","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82915","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82915"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82915\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82915"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82915"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82915"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}