SC-066-2005 [0192]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente Nro. 0192 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 14 de diciembre de 2000 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso ordinario promovido por Manufacturas Stop S. A. contra la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Reclama la demandante la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de un contrato, a fin de obtener la condena judicial de la sociedad demandada a pagar la suma de $232.424.247, debidamente indexados, por concepto de la indemnizaci\u00f3n correspondiente a la p\u00e9rdida de una mercanc\u00eda que fue hurtada cuando se encontraba bajo la vigilancia y control de la demandada. <\/p>\n
2. Los hechos en que se apoya la demanda admiten el siguiente resumen: <\/p>\n
a) La sociedad portuaria es la encargada de hacer cumplir <\/p>\n
las normas legales y reglamentarias de la actividad correspondiente en el puerto de Buenaventura, para lo cual toma p\u00f3lizas de seguros que garantizan el cumplimiento de sus obligaciones como lo exige la Superintendencia General de Puertos. <\/p>\n
b) La demandante es usuaria frecuente de los servicios portuarios y en ejercicio de su actividad mercantil import\u00f3 de Chile 30.000 metros de tela denim \u00edndigo, embalada en el contenedor No. MMCU 400834-5, transportada v\u00eda mar\u00edtima a bordo de una embarcaci\u00f3n que lleg\u00f3 a puerto el 6 de noviembre de 1997, momento en el que fue examinada por un funcionario de Aduanimex Ltda., sociedad de intermediaci\u00f3n aduanera encargada de tramitar la importaci\u00f3n. <\/p>\n
c) Una vez llegada a puerto la mercanc\u00eda, la sociedad demandada expidi\u00f3 la factura de venta 0496510 \u201cen la cual cobran por concepto de uso de la infraestructura de importaci\u00f3n del terminal mar\u00edtimo\u201d, lo que implica que dicha sociedad se convirti\u00f3 en depositaria de la mercanc\u00eda y por tanto responsable de su custodia y conservaci\u00f3n. <\/p>\n
d) La mercanc\u00eda en menci\u00f3n fue hurtada de las instalaciones de la sociedad demandada el 8 de noviembre de 1997, delito que se descubri\u00f3 el d\u00eda 10 siguiente y fue denunciado penalmente por la sociedad portuaria y por el intermediario aduanero, tras de informar que cuando ocurri\u00f3 la p\u00e9rdida de la mercanc\u00eda, \u00e9sta no se encontraba debidamente legalizada en el aspecto aduanero. <\/p>\n
e) La compa\u00f1\u00eda de seguros Colmena, que ampar\u00f3 el transporte mar\u00edtimo de la mercanc\u00eda en menci\u00f3n, objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n que le hizo la sociedad demandante, porque la mercanc\u00eda hab\u00eda llegado a su destino final y no exist\u00eda \u201cla cl\u00e1usula adicional de permanencia\u201d. <\/p>\n
f) A ra\u00edz de la negativa al pago del seguro la demandante le formul\u00f3 el reclamo correspondiente a la sociedad portuaria desde el 17 de junio de 1998 sin obtener ninguna respuesta, lo que le ha generado perjuicios en tanto que tuvo que asumir los gastos de importaci\u00f3n como si efectivamente hubiera sido nacionalizada. <\/p>\n
3. La sociedad demandada se opuso a las pretensiones y llam\u00f3 infructuosamente en garant\u00eda a la compa\u00f1\u00eda de seguros generales \u201cLa Interamericana\u201d, pues el juez rechaz\u00f3 tal llamamiento. <\/p>\n
4. La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia mediante la cual se conden\u00f3 a la sociedad demandada a pagar el valor de la mercanc\u00eda estimado en 93.000 d\u00f3lares, la que fue impugnada por ambas partes y que el tribunal confirm\u00f3 parcialmente, por cuanto la adicion\u00f3 para declarar contractualmente responsable a la sociedad demandada, y la modific\u00f3 para condenar a la demandada a pagar, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n, la suma de $198.462.000, m\u00e1s intereses legales en caso de incumplimiento. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Ellos son, en resumen, los siguientes: <\/p>\n
1\u00ba) La responsabilidad civil reclamada emana de un <\/p>\n
contrato de dep\u00f3sito mercantil, pues sin duda \u201ca la sociedad portuaria ingres\u00f3 un contenedor con mercanc\u00edas llegadas en calidad de importaci\u00f3n, que qued\u00f3 a cargo de aqu\u00e9lla empresa por medio del contrato a que se alude\u201d. Ese ingreso lo admiten ambas partes: la demandante cuando as\u00ed lo afirma en la demanda y la demandada cuando lo acepta, as\u00ed haya afirmado \u00e9sta que no hay prueba de haber recibido f\u00edsicamente la cantidad de tela se\u00f1alada, \u201ces decir que no supo si el contenedor tra\u00eda esa mercanc\u00eda y tal cantidad\u201d. <\/p>\n
2\u00ba) Sobre lo \u00faltimo encuentra el tribunal que \u201ccuando menos la sociedad portuaria tuvo informaci\u00f3n del contenido de la carga que se le iba entregar\u201d, as\u00ed no haya prueba destinada a demostrar que verific\u00f3 la cantidad de mercanc\u00eda recibida; que la parte demandante alleg\u00f3 un documento en el que hace constar que Aduanimex le inform\u00f3 que llegaba la carga de \u201cIndigo Denim\u201d en un contenedor cuyo n\u00famero se indica, perteneciente a la demandante, para recomendarle las medidas de protecci\u00f3n convenientes; as\u00ed, \u201ccomo m\u00ednimo la sociedad portuaria sab\u00eda de qu\u00e9 mercanc\u00eda se trataba. La prueba no fue objeto de controversia espec\u00edfica\u201d. <\/p>\n
Por consiguiente, \u201ces necesario admitir que a la sociedad portuaria no le era extra\u00f1o el cargamento. Y si lo acept\u00f3 como dep\u00f3sito, seg\u00fan consta en el documento que obra a folio 24 del cuaderno #1, viene a resultar que se hizo responsable por lo que en esa unidad de transporte estaba encerrado\u201d. <\/p>\n
4\u00ba) Adem\u00e1s la propia sociedad portuaria por conducto de su secretario general puso en movimiento los mecanismos de reclamaci\u00f3n por la p\u00e9rdida ante la agencia de seguros Intersa Ltda. (C.1, fl. 25), constituyendo tal actitud un elemento de juicio valioso para determinar que ten\u00eda conciencia de su compromiso. \u201cEs este un indicio revelador de que sabe de su responsabilidad aun bajo el supuesto de ignorar el contenido; o mejor, que tal desconocimiento aun siendo cierto, no puede excluir su responsabilidad como guardi\u00e1n de un objeto que se le confi\u00f3 y sobre el cual no hizo las averiguaciones a que estaba obligada\u201d. <\/p>\n
5\u00ba) Por esa reclamaci\u00f3n admiti\u00f3 indirectamente conocer lo que estaba dentro del contenedor, como resultado de esa iniciativa la aseguradora se dirigi\u00f3 a la demandante para hacerle saber que el monto a indemnizar era de $95.302.680, dando lugar a contrato de transacci\u00f3n; pero lo m\u00e1s importante del documento (C. 1, fl. 120), \u201ces el hecho que la aseguradora manifiesta que el contenedor, cuya numeraci\u00f3n cita, ten\u00eda la cantidad de 357 rollos de tela \u201cdenim indigo\u201d 100% algod\u00f3n y que se hab\u00eda perdido de las instalaciones portuarias\u201d; de all\u00ed que el ofrecimiento de pago realizado por la aseguradora \u201cse constituye en indicio de no poca entidad sobre el conocimiento que la sociedad portuaria ten\u00eda del contenido que elude, porque la empresa aseguradora se nutre de lo que a su vez le informa el asegurado, y ninguna entidad de seguros ofrece pago si no es porque tiene certeza de la p\u00e9rdida que genera el reclamo, p\u00e9rdida que viene a establecer a trav\u00e9s del tomador del seguro\u201d. <\/p>\n
6\u00ba) Sobre la especie de convenci\u00f3n celebrada entre las partes, afirma el sentenciador que se trata de un contrato de dep\u00f3sito, pues la mercanc\u00eda ingres\u00f3 en los muelles de la sociedad portuaria por ser producto de importaci\u00f3n que deb\u00eda permanecer en sitio adecuado mientras se produc\u00eda su nacionalizaci\u00f3n, que no era otro que las bodegas que la demandada tiene en el puerto, y no pod\u00eda estar all\u00ed si no era a trav\u00e9s del contrato de dep\u00f3sito; esta es la figura legal aplicable (art\u00edculo 1170 C. de Co.) porque se aviene a la naturaleza de la estancia del producto en tales bodegas, y fue llevado a cabo entre el agente de la aduana encargado de la nacionalizaci\u00f3n a nombre de la demandante y la sociedad portuaria; el referido contrato existe concretamente celebrado entre dos empresas, con car\u00e1cter remuneratorio para el depositario (C. 1, folio 24). <\/p>\n
Y siendo oneroso el contrato seg\u00fan el pacto suscrito, el depositario debe responder en su custodia y vigilancia hasta por la culpa leve, seg\u00fan el art\u00edculo 1171 del C. de Co., y, en cuanto solamente puede librarse de su responsabilidad probando causa extra\u00f1a, deriva de \u00e9l una obligaci\u00f3n de resultado; por consiguiente, \u201cno solamente era obligado que el depositario supiera lo que se le entregaba en dep\u00f3sito para poder determinar su responsabilidad, sino que la propia norma le exige responder en el evento hasta de la culpa leve; exigencia legal que tambi\u00e9n pon\u00eda al depositario en condiciones necesarias de averiguar la naturaleza y cantidad de la carga a fin de responder seg\u00fan la ley; la norma obliga a conocer bien el objeto de dep\u00f3sito. <\/p>\n
8\u00ba) Finalmente, \u201cel texto del art\u00edculo 1174 ibidem, impone la obligaci\u00f3n de devolver lo depositado al depositante cuando lo reclame, y esa es precisamente una de las obligaciones que dej\u00f3 de cumplir la empresa depositaria, circunstancia que la hace tambi\u00e9n, reo de condenaci\u00f3n en el campo indemnizatorio\u201d. <\/p>\n
9\u00ba) Para establecer el monto de la indemnizaci\u00f3n, el sentenciador tiene en cuenta la factura de compraventa del producto importado, en que consta que el precio ascendi\u00f3 a US $93.000, equivalente, seg\u00fan el precio de un d\u00f3lar ($2.134 a 2 de noviembre de 2000) a una suma total de $198.462.000, sin que haya lugar a indexaci\u00f3n dado que el precio de la mercanc\u00eda pactado en dicha moneda, \u00fanico da\u00f1o demostrado, la lleva impl\u00edcitamente. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En ella se elevan tres cargos contra el fallo acusado, todos con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n, los cuales se despachar\u00e1n en forma conjunta, puesto que reclaman similares y complementarias consideraciones. <\/p>\n
Cargo Primero <\/p>\n
1. En \u00e9l se denuncia la violaci\u00f3n directa, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 5, numeral 20 y 19 de la ley 1\u00aa de 1991; 1 y 2 de la Resoluci\u00f3n de Superpuertos 723 de 1993; 13, 16, 17, 22, 27 literal a), 29, 33 y 106 literal d) del Decreto 1909 de 1992; y 2, 822, 1170 y 1171 del C. de Co., por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
2. Los art\u00edculos 1170 y 1171 del C\u00f3digo de Comercio que llevaron al tribunal a dar por demostrado el contrato de dep\u00f3sito mercantil en este caso no eran aplicables, toda vez que es la ley 1\u00aa de 1991 la que le confiere a la sociedad demandada la posibilidad de prestar el uso de sus instalaciones para que desarrolle la actividad portuaria con las tarifas previamente fijadas que no constituyen por ning\u00fan motivo prueba de la existencia del contrato de dep\u00f3sito. <\/p>\n
Tampoco configura el referido contrato de dep\u00f3sito, el hecho de que a las instalaciones de la sociedad portuaria ingresen contenedores con mercanc\u00edas para ser importadas, motivo por el cual es errado afirmar que la sociedad estaba obligada a examinar cada cargamento para conocer su contenido, toda vez que olvid\u00f3 el tribunal que la sociedad demandada \u201cno tiene competencia, ni facultad, ni jurisdicci\u00f3n legal para verificar el contenido de ning\u00fan cargamento, salvo el caso de las irregularidades\u201d, las cuales consisten en la notoria aver\u00eda de la carga que debe ser reportada de inmediato a la aduana nacional, quien es la \u00fanica que tiene la funci\u00f3n de examinar el contenido de los diferentes embalajes. <\/p>\n
Cargo Segundo <\/p>\n
En desarrollo del cargo explica el censor: <\/p>\n
1) El sentenciador se equivoc\u00f3 cuando consider\u00f3 demostrada la existencia del contrato de dep\u00f3sito tomando como base la factura de venta n\u00famero 0496510 que obra a folio 24 del cuaderno uno, y acreditado el contenido de la carga por la comunicaci\u00f3n contentiva del aviso de llegada de mercanc\u00eda de riesgo de 4 de noviembre de 1997. <\/p>\n
2) Tampoco prueba el contrato de dep\u00f3sito y menos la cantidad de material existente en el contenedor, las comunicaciones que remiti\u00f3 la compa\u00f1\u00eda de seguros que ampara a la entidad portuaria ni la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n, porque \u00e9sta \u00faltima es una versi\u00f3n que emana \u00fanicamente de la sociedad demandante y a la que nunca adhiri\u00f3 la sociedad demandada. <\/p>\n
3) La \u00fanica entidad que pod\u00eda establecer con certeza la existencia de la mercanc\u00eda y la cantidad de la misma era la Aduana Nacional que para este caso en particular no expidi\u00f3 ese informe en legal forma. <\/p>\n
4) El tribunal, en consecuencia, \u201cde su propia inventiva y de manera simplista\u201d dio por probado el contrato de dep\u00f3sito mercantil, toda vez que en momento alguno se prob\u00f3 la naturaleza y cantidad de la mercanc\u00eda, como tampoco la existencia de v\u00ednculo contractual entre las partes. <\/p>\n
Cargo Tercero <\/p>\n
Tambi\u00e9n con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, se acusa al sentencia de quebrantar los art\u00edculos 1602, 1604, 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; 1170 y 1171 del C\u00f3digo de Comercio por aplicaci\u00f3n indebida; y los art\u00edculos 1757 del C\u00f3digo Civil y 174 y 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
1. Las pruebas indebidamente apreciadas son la factura cambiaria de compraventa 0496510; la comunicaci\u00f3n contentiva del aviso de llegada de mercanc\u00eda de 4 de noviembre de 1997; la carta que la sociedad demandada remiti\u00f3 a la agencia de seguros Intersa Ltda.; la carta que el jefe de reclamos de la aseguradora le remiti\u00f3 a la sociedad demandante; y la copia del formulario de declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n 978091090335. <\/p>\n
2. En virtud de la equivocada apreciaci\u00f3n de tales pruebas, dio por establecido que el contenedor guardaba 30.000 metros de tela \u00edndigo, sin que para el efecto se hiciera una inspecci\u00f3n aduanera, por la cual se \u201cconstatara la naturaleza de la mercanc\u00eda llegada y su conformidad con la documentaci\u00f3n oficial\u201d, \u00fanica prueba plena que permit\u00eda esclarecer lo relacionado con la existencia de la mercanc\u00eda. <\/p>\n
Confundi\u00f3 el sentenciador la mercanc\u00eda de importaci\u00f3n con el contenedor, cuando lo \u00fanico que mantiene temporalmente la empresa demandada son los empaques o embalajes, raz\u00f3n por la cual la empresa no puede enterarse de su naturaleza f\u00edsica, funci\u00f3n que \u00fanicamente compete a las autoridades aduaneras. <\/p>\n
3. Tampoco se acredit\u00f3 el da\u00f1o y la cuant\u00eda, toda vez que <\/p>\n
respecto a dicho punto s\u00f3lo obra la afirmaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda demandante, de manera que err\u00f3 el sentenciador cuando dio \u201cpor establecida una cifra que carece de respaldo probatorio en el expediente\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
2. M\u00e1s all\u00e1 de la defectuosa formulaci\u00f3n del cargo que brota de haberse denunciado la violaci\u00f3n directa de la ley, sin parar mientes en que \u00e9sta exige la plena conformidad del censor con las conclusiones probatorias del tribunal que en este caso dio por sentada la demostraci\u00f3n de un contrato de dep\u00f3sito mercantil, a partir de cuya existencia precisamente aplic\u00f3 las normas comerciales correspondientes, hecho base del cual discrepa abiertamente el casacionista, lo que ser\u00eda suficiente para despacharlo de modo adverso al recurrente, basta verificar que no le asiste la raz\u00f3n a quien impugna el fallo del tribunal. <\/p>\n
3. En efecto, existen normas positivas vigentes que regulan especialmente el servicio p\u00fablico que desarrollan dentro de su objeto social las sociedades portuarias, sean estas de car\u00e1cter p\u00fablico o privado; pero tales normas, ni por asomo, excluyen la aplicaci\u00f3n de otros preceptos en torno a las relaciones jur\u00eddicas espec\u00edficas que se generan en relaci\u00f3n con los usuarios, de las cuales ciertamente no se ocupa en particular la ley 01 de 1991 que consagra el estatuto de Puertos Mar\u00edtimos, ni el decreto 1909 de 1992 que modifica parcialmente la legislaci\u00f3n aduanera. <\/p>\n
Por el contrario, el art\u00edculo 5\u00ba, n. 20, de la ley 1\u00aa de 1991, se\u00f1ala que pueden constituirse sociedades an\u00f3nimas con capital privado, p\u00fablico o mixto, cuyo objeto social sea la inversi\u00f3n en construcci\u00f3n y mantenimiento de puertos y su administraci\u00f3n, las cuales \u201cpodr\u00e1n tambi\u00e9n prestar servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en puertos\u201d y otros servicios relacionados con dicha actividad. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n con referencia a las sociedades y a los operadores portuarios determina el art\u00edculo 31 su reg\u00edmen jur\u00eddico para disponer que \u201dLas sociedades portuarias se rigen por las normas del c\u00f3digo de comercio, por esta ley y por las disposiciones concordantes\u201d, e incluso a\u00f1ade, como para refrendar tal remisi\u00f3n, que \u201clos actos y contratos de las sociedades portuarias en donde existen aportes p\u00fablicos, se regir\u00e1n exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atenci\u00f3n al porcentaje que tales aportes representen dentro del capital, ni a la naturaleza del acto o contrato\u201d; de donde es dable deducir que para todas ellas se impone la aplicaci\u00f3n de las normas comerciales, cuanto m\u00e1s si se trata de la celebraci\u00f3n de actos o contratos celebrados con los usuarios <\/p>\n
4. Si lo anterior sucede en relaci\u00f3n con el r\u00e9gimen portuario, con mayor raz\u00f3n se observa en el r\u00e9gimen aduanero, toda vez que el Decreto 1909 de 1992 determina el procedimiento que debe agotar la mercanc\u00eda de procedencia extranjera para ser introducida en el territorio nacional y para el efecto establece que cuando la responsabilidad del transportador termina con el descargue de la mercanc\u00eda, a partir de ese momento \u00e9sta queda bajo la responsabilidad del puerto, operador portuario o importador, seg\u00fan el caso, hasta su entrega a un dep\u00f3sito habilitado (Art. 13). <\/p>\n
En cuanto al almacenamiento de la mercanc\u00eda de procedencia extranjera en proceso de nacionalizaci\u00f3n, la legislaci\u00f3n en menci\u00f3n prev\u00e9 que se utilizar\u00e1n dep\u00f3sitos habilitados para el efecto hasta cuando se realicen los tr\u00e1mites para obtener su levante, a menos que la mercanc\u00eda se entregue directamente al importador (Arts. 16 a 18 ib\u00eddem.). <\/p>\n
Igualmente se determina que el retiro de la mercanc\u00eda, o lo que usualmente se conoce como el levante, s\u00f3lo podr\u00e1 efectuarse con la debida autorizaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de Aduanas Nacionales para lo cual deber\u00e1 entregarse al dep\u00f3sito autorizado en el cual se encuentre la mercanc\u00eda, copia de la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n. <\/p>\n
El dep\u00f3sito de la mercanc\u00eda pendiente de ser nacionalizada se hace en los sitios que con tal fin habilita la Direcci\u00f3n de Aduanas Nacionales y por ello determina el art\u00edculo 102 del estatuto en menci\u00f3n, que \u201cla habilitaci\u00f3n conferida a un puerto de servicio p\u00fablico o privado, para efectuar operaciones de arribo, cargue, descargue y manejo de mercanc\u00edas de procedencia extranjera, comprender\u00e1 su habilitaci\u00f3n como dep\u00f3sito para el almacenamiento de tales <\/p>\n
mercanc\u00edas\u201d. <\/p>\n
En esas condiciones, las obligaciones que incumben a las personas habilitadas para efectuar el dep\u00f3sito de las mercanc\u00edas en proceso de importaci\u00f3n, las regula el art\u00edculo 106 de dicho Decreto 1909 de 1992, y entre ellas se establecen las de \u201crecibir, almacenar y custodiar las mercanc\u00edas que le sean entregadas por el transportador\u201d y \u201centregar, seg\u00fan el caso, la mercanc\u00eda al declarante \u00fanicamente cuando se haya autorizado su levante por la Direcci\u00f3n de Aduanas Nacionales\u201d. <\/p>\n
5. De all\u00ed que la protesta del impugnante por haberse aplicado la legislaci\u00f3n mercantil carezca de fundamento, motivo por el cual el cargo primero est\u00e1 llamado a fracasar, y por ese camino el de las dem\u00e1s acusaciones, pues en lo que respecta a la prueba del contrato de dep\u00f3sito y al monto de la indemnizaci\u00f3n pronto se advierten tambi\u00e9n como infundados los dem\u00e1s cargos, seg\u00fan pasa a verse enseguida: <\/p>\n
a) En este caso, el certificado expedido por la C\u00e1mara de Comercio para probar la existencia de la sociedad demandada, define que aqu\u00e9lla se cre\u00f3 para administrar el puerto de servicio p\u00fablico de Buenaventura mediante la ejecuci\u00f3n de todas las actividades que las normas atribuyen a las sociedades portuarias regionales. <\/p>\n
b) La empresa demandante aport\u00f3 la factura de exportaci\u00f3n de la mercanc\u00eda; la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n en que figura la mercanc\u00eda con las caracter\u00edsticas y el peso que se especificaron en el primer documento; la denuncia penal que Aduanimex Ltda. formul\u00f3 y en la que adujo que la vigilancia de la mercanc\u00eda al momento del hurto estaba a cargo de la sociedad portuaria; factura en la que consta el pago que la empresa demandante hizo a la demandada por el uso de la infraestructura, en la que, adem\u00e1s, aparece el contenedor con el peso registrado en los restantes documentos; carta de Aduanimex a la sociedad portuaria para informar el arribo de la mercanc\u00eda con la advertencia que por su naturaleza requer\u00eda especiales precauciones; reclamaci\u00f3n hecha por Aduanimex en representaci\u00f3n de la empresa demandante a la sociedad portuaria por la p\u00e9rdida de la mercanc\u00eda que sali\u00f3 de dichas instalaciones con orden de retiro falsa pero con todas las especificaciones t\u00e9cnicas; la orden de retiro en menci\u00f3n; y las ulteriores reclamaciones por la p\u00e9rdida. <\/p>\n
Documentos, los mencionados, que apreciados en conjunto le permitieron al tribunal constatar razonablemente la presencia de un contrato de dep\u00f3sito, no sin dejar de ver que en las circunstancias que este caso ofrece se impon\u00eda la celebraci\u00f3n de dicho v\u00ednculo con car\u00e1cter oneroso, apreciaci\u00f3n que no reluce en \u00faltimas contraevidente, cuanto m\u00e1s si en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la sociedad demandada, \u00e9ste afirm\u00f3 que se le prest\u00f3 servicio de almacenaje y uso de la infraestructura a la empresa demandante y que por consiguiente la obligaci\u00f3n de la sociedad portuaria \u201cdesde el momento en que le es entregada la carga y\/o mercanc\u00eda en custodia es protegerla, cuidarla hasta su entrega al embarcador representante de la C\u00eda. o directamente a \u00e9ste\u201d. <\/p>\n
c) Igualmente cuando la sociedad demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, adujo buena fe al momento de recibir en dep\u00f3sito la unidad de carga, lo que a las claras evidencia que el tribunal no se invent\u00f3 el contrato de dep\u00f3sito existente entre las partes, por el contrario, lo encontr\u00f3 probado con el estudio de m\u00faltiples piezas del expediente y la correcta evaluaci\u00f3n que hizo de las circunstancias f\u00e1cticas que rodearon el caso, sin que desde luego se requiriera para el efecto que las partes se expresaran de modo manifiesto y por su denominaci\u00f3n sobre el car\u00e1cter exacto del v\u00ednculo que se generaba entre ellas. <\/p>\n
d) No sobra a\u00f1adir que el sentenciador para deducir la responsabilidad de la demandada se bas\u00f3 inicialmente en la constancia de haber recibido el contenedor con la especificaci\u00f3n de las mercanc\u00eda recibida, en la falta de diligencia de ella para hacer las constataciones correspondientes, en que tampoco tuvo reparo para hacer la reclamaci\u00f3n a su aseguradora aludiendo tanto al contenedor como a la mercanc\u00eda guardada en \u00e9l, hechos de los cuales, aun prescindiendo de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica que se le otorg\u00f3 al bodegaje aceptado, resultaron ser tambi\u00e9n fundamento del fallo acusado respecto de los cuales la censura pas\u00f3 de largo. De all\u00ed que el cargo segundo, tampoco pueda alcanzar la prosperidad. <\/p>\n
3. Finalmente, y hacia donde apunta el cargo tercero, la operadora portuaria pretende eximirse de su responsabilidad con el argumento de no estar probada la existencia de la mercanc\u00eda y en cuanto a la indemnizaci\u00f3n, aduce que no se demostr\u00f3 el monto de la misma. <\/p>\n
Esas, sin embargo, son acusaciones que, como ocurri\u00f3 con las examinadas anteriormente, caen en el vac\u00edo porque no existe ninguna evidencia que desvirt\u00fae la prueba documental que acredita la naturaleza, cantidad, calidad, cuant\u00eda y dem\u00e1s caracter\u00edsticas de la mercanc\u00eda de propiedad de la empresa demandante, lo que por consiguiente no hace significativa la premisa expuesta por la sociedad demandada en el sentido de carecer de competencia para hacer un examen previo de la misma que fue puesta de todos modos a su disposici\u00f3n y apoyar as\u00ed su ausencia de responsabilidad. <\/p>\n
Constituye sin duda una muy d\u00e9bil defensa pretender que la custodia por parte de la sociedad demandada se refer\u00eda al simple contenedor y no a la mercanc\u00eda guardada dentro de \u00e9l, cuando no es solamente la realidad la que evidencia que no se trata de nacionalizar el empaque sino su contenido, sino que es la propia legislaci\u00f3n interna, la que tanto reclama en su favor la demandada, la que se refiere al dep\u00f3sito de la mercanc\u00eda pendiente de ser importada. <\/p>\n
4. Es extra\u00f1a, de otra parte, la acusaci\u00f3n que gira alrededor del tema de la cuant\u00eda en que se fij\u00f3 el monto de la indemnizaci\u00f3n, porque \u00e9ste se refiere al precio de compra de la mercanc\u00eda importada que sustrajeron las personas referidas en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n que obra en el expediente, cuya demostraci\u00f3n est\u00e1 dada por la factura de exportaci\u00f3n y las declaraciones en tal sentido dadas a las autoridades portuarias y aduaneras. <\/p>\n
5. A todo lo anterior se agrega el silencio guardado por el censor sobre los elementos de juicio que tuvo el tribunal para deducir que la sociedad demandada s\u00ed tuvo conocimiento de qu\u00e9 y de cu\u00e1nta mercanc\u00eda habr\u00eda de responder, tal como se se\u00f1al\u00f3 en el compendio del cargo, los cuales, aparte de la negligencia que se le imputa a la demandada por no haber verificado el contenido de la carga, <\/p>\n
no merecieron ning\u00fan comentario del impugnante. <\/p>\n
6. En suma, pues, ninguno de los cargos propuestos puede alcanzar \u00e9xito. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 14 de diciembre de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en el proceso de la referencia. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-066-2005 [0192] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de abril de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente Nro. 0192 Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82916","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82916","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82916"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82916\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82916"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}