SC-068-2005 [0037]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve de abril de dos mil cinco <\/p>\n
Ref.: Expediente No. 0037 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante Mar\u00eda Claudia Mart\u00ednez Berdugo contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, dentro del proceso ordinario por aquella promovido contra Real Seguros S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante pidi\u00f3 declarar judicialmente que en vigencia del contrato de seguro que consta en la p\u00f3liza n\u00famero 00326 expedida por Real Seguros S.A., de la cual es beneficiaria, ocurri\u00f3 la muerte accidental del asegurado Camilo Jos\u00e9 Aguirre San\u00edn y que como consecuencia de la anterior pretensi\u00f3n, se declare a la demandada obligada a pagar la indemnizaci\u00f3n correspondiente a esa muerte accidental, se la condene al pago de la suma de $50.000.000,oo junto con los intereses de mora a la m\u00e1xima tasa permitida, liquidados a partir del 17 de marzo de 1997, fecha en que venci\u00f3 el plazo que ten\u00eda la aseguradora para pagar. <\/p>\n
2. Las s\u00faplicas transcritas tuvieron como apoyo los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1. Camilo Jos\u00e9 Aguirre San\u00edn falleci\u00f3 el 28 de enero de 1997 a consecuencia de \u201cuna anoxia histot\u00f3xica por intoxicaci\u00f3n con mon\u00f3xido de carbono\u201d, por la inhalaci\u00f3n de los gases emanados de su veh\u00edculo, dentro del recinto cerrado en el cual se encontraba, seg\u00fan necropsia practicada por Medicina Legal. Aguirre San\u00edn hab\u00eda sido asegurado mediante la p\u00f3liza colectiva de seguro de vida No 00326 expedida por Real Seguros S.A., de la cual era tomadora la sociedad AGUISAN LTDA., en la que se pact\u00f3 que su c\u00f3nyuge, la demandante Mar\u00eda Claudia Mart\u00ednez Berdugo, era la beneficiaria. <\/p>\n
2.2. Ocurrida la muerte del asegurado, la demandante solicit\u00f3 a la demandada el pago de la indemnizaci\u00f3n a que ten\u00eda derecho, \u00e9sta solo reconoci\u00f3 el pago del \u201camparo b\u00e1sico\u201d, pero objet\u00f3 el pago de la doble indemnizaci\u00f3n por muerte accidental con fundamento en que al momento de la muerte del asegurado \u00e9ste se encontraba en estado de embriaguez, lo cual, conforme a la interpretaci\u00f3n que la Aseguradora hizo a las cl\u00e1usulas del contrato, constitu\u00eda una causal de exclusi\u00f3n del doble amparo, argumento que no es v\u00e1lido, a juicio del demandante, porque aunque es cierto que el asegurado presentaba estado de embriaguez y que en el clausulado de la p\u00f3liza aparece como casual de exclusi\u00f3n \u201cel estado de embriaguez o drogadicci\u00f3n\u201d, no existe sin embargo la mas m\u00ednima prueba o constancia de que esa circunstancia hubiera sido, de cualquier forma, la causante de la muerte, ya que \u00e9sta se debi\u00f3 a intoxicaci\u00f3n por inhalaci\u00f3n de mon\u00f3xido de carbono. <\/p>\n
3. Al contestar la demanda la sociedad demandada, tras aceptar como ciertos varios de los hechos, adujo que no se trata de interpretar arbitrariamente una cl\u00e1usula del contrato para negar el pago, sino que la exclusi\u00f3n es absolutamente clara sin que en ella se exija una condici\u00f3n adicional distinta de la embriaguez. Present\u00f3 como defensa el argumento de inexistencia del derecho en cabeza de la beneficiaria y falta de causa para pedir. <\/p>\n
4. La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia en la que el a quo desestim\u00f3 las excepciones propuestas y conden\u00f3 a la demandada a pagar la suma de $50.000.000.oo m\u00e1s los intereses moratorios seg\u00fan lo dispuesto por el art\u00edculo 1080 del C. de Co. computables a partir del 17 de marzo de 1997. <\/p>\n
5. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la demandada interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, al que adhiri\u00f3 luego la demandante, doble impugnaci\u00f3n que desat\u00f3 el Tribunal mediante sentencia en la que modific\u00f3 la de primer grado para fijar la condena en la suma de treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000,oo), todo porque reconoci\u00f3 que hubo concurrencia de culpa del asegurado en su propio deceso, la que calcul\u00f3 en un 30%; a consecuencia de lo cual tambi\u00e9n neg\u00f3 el pago de intereses, pues estim\u00f3 que el derecho tan solo obtuvo acreditaci\u00f3n en la sentencia misma y no antes. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Centr\u00f3 el Tribunal su an\u00e1lisis en dos argumentos espec\u00edficos, porque respecto a los dem\u00e1s, dijo, \u201cno existe cuestionamiento alguno\u201d, lo que redujo el debate al tema de la exclusi\u00f3n por embriaguez y a los intereses que se deben reconocer. <\/p>\n
En cuanto al primer aspecto, comenz\u00f3 por se\u00f1alar que a pesar de que los contratantes delimitaron el riesgo que asum\u00eda el asegurador, la l\u00f3gica pregona que debe identificarse la relaci\u00f3n causal entre el da\u00f1o y el riesgo, exigencia aplicable cuando se trata de definir si opera una exclusi\u00f3n. Tras se\u00f1alar que el tomador adhiere al clausulado y que s\u00f3lo sabe de \u00e9l luego de acordado el contrato, precis\u00f3 que la doctrina universal califica de vejatorias las cl\u00e1usulas dispuestas por una de las partes que rompan el equilibrio contractual \u201ca favor de quien las estatuye\u201d, las que en Colombia se interpretan en beneficio de la parte que adhiere. <\/p>\n
Pas\u00f3 luego al examen de las exclusiones, de las que dijo traen como efecto tornar ineficaz el contrato de seguro como fuente del derecho a la indemnizaci\u00f3n, pero conservando su eficacia como contrato general, hechos o circunstancias que aun siendo el origen del evento da\u00f1oso no obligan al asegurador. Por consiguiente, y ya situado el Tribunal en el caso, se\u00f1al\u00f3 que \u201cprobada la muerte accidental, corresponde al asegurador demostrar la causa espec\u00edfica de la misma para evidenciar que no proviene del riesgo\u201d, esto es, que el siniestro no hubiera ocurrido de no haber mediado la intervenci\u00f3n de la circunstancia excluyente, para el caso, la embriaguez del asegurado. <\/p>\n
Aludi\u00f3 por tanto al problema de la causalidad, que calific\u00f3 de intrincado, lo que dio p\u00e1bulo para decir que es el \u201carbitrium judicis a la postre el que va a definir, como corresponde a una cuesti\u00f3n de hecho, el porqu\u00e9 aconteci\u00f3 ese tr\u00e1nsito del estado de indemnidad al del da\u00f1o\u201d. <\/p>\n
Al punto record\u00f3 que la demandada adujo que la exclusi\u00f3n est\u00e1 concebida en el contrato como una situaci\u00f3n coet\u00e1nea a la ocurrencia del riesgo y no como su causa, y se\u00f1al\u00f3 que esa exclusi\u00f3n escuetamente escrita en las condiciones generales, \u201cno puede conducir a una interpretaci\u00f3n de su naturaleza que sea la m\u00e1s favorable al redactor de la cl\u00e1usula\u201d. Adem\u00e1s sostuvo que \u201cla carga de la prueba del asegurador para dar eficacia a la exclusi\u00f3n es la de demostrar que sin la embriaguez ese deceso no se hubiera producido\u201d. <\/p>\n
Precis\u00f3 el Tribunal que la concentraci\u00f3n de alcohol que se encontr\u00f3 en el cuerpo del asegurado era de 243 mg. y que la presencia de mon\u00f3xido de carbono tuvo un porcentaje de saturaci\u00f3n del 77.35%, tras lo cual agreg\u00f3 que de acuerdo con el dictamen pericial, 243 mg. de alcohol no producen estado de coma ni mucho menos la muerte, en cambio la saturaci\u00f3n del 77.35% de mon\u00f3xido de carbono s\u00ed produce la muerte sin concurrencia de otras circunstancias, a lo cual agreg\u00f3 que una persona, independientemente de su estado mental o an\u00edmico, no detecta en el ambiente la presencia del mon\u00f3xido de carbono. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces que la muerte se produjo por la intoxicaci\u00f3n y con la concomitancia causal de embriaguez, lo que le permite hacer operante al efecto el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, pues el da\u00f1o del asegurado se produjo bajo coadyuvancia de su estado de embriaguez, incidencia de la culpa del asegurado en su propio da\u00f1o que tas\u00f3 en un 30%. <\/p>\n
En cuanto a los intereses, el Tribunal sostuvo que como el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio manda al asegurador que pague el siniestro dentro del mes siguiente a la demostraci\u00f3n del derecho y en este caso \u201cese derecho tan s\u00f3lo obtiene acreditaci\u00f3n en esta sentencia\u201d, no era del caso acceder al pago de intereses. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cinco cargos se elevan contra la sentencia resumida, de los cuales la Corte estudiar\u00e1 el primero y el quinto que contienen ataques parciales pero complementarios, por lo que su estudio se har\u00e1 en forma integrada; la prosperidad de ellos hace innecesario el estudio de los dem\u00e1s. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
En este cargo se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal por la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil por indebida aplicaci\u00f3n y de los art\u00edculos 1036 a 1067, 1069 a 1070, 1072, 1073, 1075 a 1082, 1151 a 1162 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el recurrente que de acuerdo con el art\u00edculo 10\u00ba del C\u00f3digo Civil, la disposici\u00f3n relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga car\u00e1cter general. As\u00ed, como el seguro de vida est\u00e1 regulado en el C\u00f3digo de Comercio, este debe ser aplicado en forma preferencial, de lo cual se sigue que debi\u00f3 operar el art\u00edculo 1138 del C\u00f3digo de Comercio -en virtud del cual el monto de la \u201cindemnizaci\u00f3n\u201d en los seguros de vida es libremente pactado por las partes- y no el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, norma correspondiente a la responsabilidad com\u00fan por los delitos y las culpas, impertinente para el contrato de seguro, en el que no se aplica el principio indemnizatorio y en el que la magnitud de la obligaci\u00f3n del asegurador derivada del contrato no depende de alg\u00fan da\u00f1o ocurrido al asegurado o los beneficiarios, sino de un evento amparado por la p\u00f3liza y de la fijaci\u00f3n de una suma asegurada. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el censor que en un contrato de seguro de vida el derecho a la prestaci\u00f3n asegurada surge cuando se produce el evento amparado por la p\u00f3liza, como es el caso de la muerte accidental, salvo que opere una exclusi\u00f3n cuyo efecto sea la ausencia de cobertura pactada en el contrato, por lo cual el Tribunal, al reducir el monto de la indemnizaci\u00f3n, con fundamento en el art\u00edculo 2357 del C.C., aplic\u00f3 indebidamente esta norma, y omiti\u00f3 aplicar los art\u00edculos pertinentes del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
En este cargo el recurrente acus\u00f3 la sentencia del Tribunal por la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de ser violatoria, por v\u00eda indirecta, del art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el recurrente que el Tribunal en la sentencia no conden\u00f3 al pago de intereses, porque seg\u00fan \u00e9l, el derecho solamente se acredit\u00f3 con la sentencia, con lo cual alter\u00f3 la objetividad de las pruebas existentes en el proceso, entre otras la carta de 17 de marzo de 1997 por la cual la aseguradora objet\u00f3 el pago de la doble indemnizaci\u00f3n y el registro civil de defunci\u00f3n de Camilo Jos\u00e9 Aguirre San\u00edn; como tambi\u00e9n ignor\u00f3 la carta de 30 de enero de 1997 dirigida a Real Seguros S.A. comunic\u00e1ndole la ocurrencia del siniestro, la misiva del 7 de febrero del mismo a\u00f1o en la que se solicita un anticipo del pago del seguro, la respuesta de la aseguradora negando el anticipo, la comunicaci\u00f3n dirigida a Aguisan Ltda. en la que \u201cReal Seguros\u201d le solicita la documentaci\u00f3n necesaria para tramitar el pago del seguro, la carta de 19 de febrero de 1997 con la cual se le enviaba a la demandada la documentaci\u00f3n solicitada, as\u00ed como la misiva de 25 de febrero siguiente complementando la informaci\u00f3n anterior, y la copia aut\u00e9ntica de la certificaci\u00f3n sobre tasa de inter\u00e9s expedida por la Superintendencia Bancaria, con lo cual incurri\u00f3 en error manifiesto de hecho, pues basta con observar el contenido de cada uno de los documentos, para notar a simple vista y sin mayor esfuerzo, que desde el 17 de marzo de 1997, la aseguradora demandada ten\u00eda en su poder la documentaci\u00f3n suficiente y la beneficiaria del seguro hab\u00eda acreditado extrajudicialmente su derecho ante el asegurador. <\/p>\n
Reiter\u00f3 el casacionista que esas pruebas, no apreciadas debidamente por el Tribunal, evidencian que la demandada ten\u00eda la noticia, el conocimiento, y la documentaci\u00f3n suficiente que le demostraba la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado, pues desde la carta de 30 de enero de 1997 se le manifest\u00f3 que el asegurado Camilo Aguirre San\u00edn hab\u00eda fallecido accidentalmente el 29 de enero anterior. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El punto focal de la censura radica en que el Tribunal consider\u00f3 que el estado de embriaguez del asegurado hab\u00eda coadyuvado a su propio da\u00f1o, y que por lo tanto, la aseguradora \u00fanicamente deb\u00eda responder hasta el 70% del valor se\u00f1alado en la p\u00f3liza de seguro por muerte accidental, todo de conformidad con el art\u00edculo 2357 del C.C.; que tampoco proced\u00eda la condena al pago de intereses de mora, dado que el derecho solamente se adquiere desde la propia sentencia. <\/p>\n
A su vez el recurrente adujo en el primer cargo de la demanda de casaci\u00f3n, que en materia de seguros no es aplicable el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil por estar totalmente regida la situaci\u00f3n al amparo de las normas comerciales, que por ser especiales, tienen aplicaci\u00f3n preferente sobre las generales de la responsabilidad civil. En el cargo quinto se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, a consecuencia de lo cual, no conden\u00f3 a la demandada al pago de los intereses moratorios, como lo prescribe el art\u00edculo 1080 del C. de Co., a pesar de que la beneficiaria del seguro acredit\u00f3 extrajudicial y oportunamente su derecho. <\/p>\n
Sea lo primero advertir que el Tribunal dej\u00f3 sin fundamento alguno la exclusi\u00f3n alegada por la Aseguradora, decisi\u00f3n que no viene cuestionada en casaci\u00f3n y que por tanto resulta intangible para la Corte, pues revisar de nuevo la pertinencia de tal exclusi\u00f3n comportar\u00eda revivir un debate clausurado, en desmedro del demandante en casaci\u00f3n que viene favorecido con la declaraci\u00f3n judicial que reconoci\u00f3 improcedente la exclusi\u00f3n por embriaguez, ante lo cual la demandada fue impasible. Con otras palabras, lo que a la Corte corresponde definir es, si desechada definitivamente la exclusi\u00f3n por embriaguez, podr\u00eda reducirse l\u00edcitamente la responsabilidad de la Aseguradora bajo el pretexto de que el asegurado se expuso al riesgo y si cabe en este caso por tanto, la compensaci\u00f3n de culpas prevista en el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
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2. La ley comercial colombiana divide en dos grandes grupos los seguros individuales: de da\u00f1os y de personas. El primero, implica un da\u00f1o patrimonial, en el que el inter\u00e9s asegurable es susceptible de estimaci\u00f3n en dinero, siendo de su naturaleza el principio de la indemnizaci\u00f3n que excluye el enriquecimiento y tiene como consecuencia natural la correlatividad entre la obligaci\u00f3n que asume el asegurador y el valor del perjuicio sufrido por el asegurado. <\/p>\n
En el seguro de personas, que por supuesto comprende el de vida, por el contrario, se garantiza el pago de un capital previamente acordado entre las partes, que ser\u00e1 su l\u00edmite, cuando se produzca el hecho que afecta la supervivencia o salud del asegurado; el inter\u00e9s asegurable, seg\u00fan el art\u00edculo 1137 del C\u00f3digo de Comercio, lo tiene la persona en su propia vida, en la de las personas a quienes les pueda reclamar alimentos, y en la de aquellas por cuya muerte o incapacidad reciba un perjuicio econ\u00f3mico, aunque este perjuicio no sea factible de evaluar de manera cierta, es decir, el objeto de ese inter\u00e9s es la existencia f\u00edsica misma. En el seguro de vida, el riesgo que asume el asegurador es la muerte del asegurado, en el que, se reitera, a diferencia del de da\u00f1os, que tiene naturaleza indemnizatoria, las partes pueden libremente pactar la suma asegurada, que propiamente no responde al concepto de indemnizaci\u00f3n, sino al de prestaci\u00f3n a cargo del asegurador por la ocurrencia del hecho que seg\u00fan la p\u00f3liza da origen a la obligaci\u00f3n de pagar la cantidad estipulada. Por lo tanto, con la sola ocurrencia del siniestro, debidamente acreditada, por regla general nace la obligaci\u00f3n del asegurador de pagar el valor del seguro en la cantidad estipulada en el contrato. <\/p>\n
Ahora bien, el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil se circunscribe a los casos en que la incidencia causal colectiva se tiene en cuenta para determinar el grado de imputabilidad subjetiva de los autores del da\u00f1o, en particular la v\u00edctima, a efecto de que ella asuma una parte de la p\u00e9rdida. No obstante, el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil resulta notoriamente inaplicable a los seguros de vida, en primer lugar, por estar regidos ellos por normas especiales del estatuto mercantil, y en segundo, por no ser de car\u00e1cter indemnizatorio. <\/p>\n
De otro lado, la propia naturaleza de las cosas, denotada perfectamente por el lenguaje que las define, ense\u00f1a que las exclusiones no admiten estados intermedios, pues el antagonismo sem\u00e1ntico entre inclusi\u00f3n y exclusi\u00f3n impide tonalidades y zonas grises. Con otras palabras, la exclusi\u00f3n es o no es, por lo que, como sucedi\u00f3 en el presente caso, si la exclusi\u00f3n propuesta fue desestimada por el sentenciador, lo fue de manera total, con lo que oper\u00f3 plenamente la obligaci\u00f3n del asegurador de pagar la suma acordada por ambas partes en el contrato de seguro, sin que pudiera reducirse parcialmente bajo el criterio de que hubo un cierto grado de participaci\u00f3n del asegurado en la producci\u00f3n del resultado. <\/p>\n
3. Acontece entonces que ubicar la contienda en el campo de la culpa, supondr\u00eda erradamente que la indemnizaci\u00f3n a cargo del asegurador podr\u00eda tener como fuente alg\u00fan error de conducta de su parte, lo cual resulta ser absolutamente inapropiado si se toma en cuenta que la fuente de la obligaci\u00f3n en este caso es el contrato y no la responsabilidad civil extracontractual del asegurador. <\/p>\n
En consecuencia, al aplicar el Tribunal el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, y con fundamento en \u00e9l decidir que como la muerte se produjo por intoxicaci\u00f3n con mon\u00f3xido de carbono, en concomitancia con la embriaguez, la indemnizaci\u00f3n a cargo de la aseguradora deb\u00eda reducirse en un 30%, incurri\u00f3 en la violaci\u00f3n de la ley sustancial denunciada por el recurrente, pues hizo actuar en el litigio una norma absolutamente inaplicable, por lo cual la censura se abre paso. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con el cargo quinto, relativo a la negaci\u00f3n de reconocimiento de intereses, tiene dicho la Corte que \u201ca la luz de los principios generales relativos al retardo en el cumplimiento de las obligaciones, principios en los que claramente se sustenta el precepto contenido en el Art. 1080 del C de Co., desde el momento en que de acuerdo con este precepto ha de entenderse que comienza la mora del asegurador, es decir desde el d\u00eda en que la deuda a su cargo es l\u00edquida y exigible, o mejor, lo habr\u00eda sido racionalmente si no hubiere diferido sin motivo leg\u00edtimo la liquidaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n y el consiguiente pago, dicho asegurador, adem\u00e1s de realizar la prestaci\u00f3n asegurada, est\u00e1 obligado al resarcimiento de los da\u00f1os\u2026\u201d (sent. cas. civ. sustitutiva de 12 de agosto de 1998, Exp. No. 4894). <\/p>\n
La comprobaci\u00f3n acerca del advenimiento del riesgo asegurado, a cargo del beneficiario en el caso de los seguros de vida, puede verificarse aun extrajudicialmente, como expresamente lo autoriza el art\u00edculo 1080 del C. de Co., y una vez cumplida esta carga por parte del beneficiario, el asegurador dispone de un mes para ejecutar la prestaci\u00f3n prometida en el contrato, de modo que, si ese t\u00e9rmino transcurre sin que \u00e9ste la cumpla, queda de manera inmediata, constituido en mora y obligado a pagar, no solamente la prestaci\u00f3n asegurada, sino los intereses moratorios sobre esa suma, a la tasa legalmente fijada, o a la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados por la mora en el pago, a elecci\u00f3n del reclamante. <\/p>\n
En el caso de ahora, en el que se persigue el pago de la suma asegurada en caso de muerte accidental, el Tribunal neg\u00f3 la condena al pago de los intereses moratorios solicitados, porque consider\u00f3 que \u201cel derecho tan solo obtiene acreditaci\u00f3n en esta sentencia\u201d, conclusi\u00f3n que deriv\u00f3 \u201cde las peculiares cuestiones que rodearon la controversia\u201d. <\/p>\n
Analizado el expediente y las pruebas se\u00f1aladas por el recurrente en la sustentaci\u00f3n del cargo, en las cuales hace residir el yerro de valoraci\u00f3n probatoria, se observa que en la demanda, luego de rese\u00f1ar los aspectos relacionados con la celebraci\u00f3n del contrato de seguro, as\u00ed como la ocurrencia del siniestro amparado, esto es, la muerte del asegurado, se afirma que la demandada acept\u00f3 pagar el amparo b\u00e1sico pero, en la misma comunicaci\u00f3n, de fecha 17 de marzo de 1997, objet\u00f3 el pago de la doble indemnizaci\u00f3n por muerte accidental, con el argumento de que al momento de morir el asegurado se encontraba en estado de embriaguez, y \u00e9ste constitu\u00eda una causal de exclusi\u00f3n, seg\u00fan la interpretaci\u00f3n dada en ese momento por la compa\u00f1\u00eda aseguradora a las cl\u00e1usulas del contrato. <\/p>\n
Con la demanda se acompa\u00f1aron copias de la comunicaci\u00f3n enviada a la aseguradora demandada inform\u00e1ndole el fallecimiento accidental del asegurado Camilo Jos\u00e9 Aguirre San\u00edn y solicitando informaci\u00f3n acerca de los tr\u00e1mites a seguir para efectos de la correspondiente indemnizaci\u00f3n; del certificado de defunci\u00f3n del asegurado, de la carta enviada a Real Seguros S.A. adjuntando la documentaci\u00f3n necesaria para el tr\u00e1mite del pago de la indemnizaci\u00f3n y de la comunicaci\u00f3n de 17 de marzo de 1997 por la cual la demandada objet\u00f3 el pago de la doble indemnizaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se acompa\u00f1\u00f3 con el libelo copia de la carta de 25 de febrero de 1997, adjunta a la cual la parte demandante envi\u00f3 a la demandada el resultado de la necropsia en la que se concluy\u00f3 que la muerte del asegurado fue consecuencia natural y directa de la \u201canoxia histot\u00f3xica por intoxicaci\u00f3n por mon\u00f3xido de carbono\u201d, lesiones que seg\u00fan ese estudio, \u201ctienen una naturaleza simplemente mortal\u201d. <\/p>\n
De lo expuesto anteriormente se deduce que la beneficiaria del seguro cumpli\u00f3 extrajudicialmente la carga impuesta por el art\u00edculo 1077 del C. de Co., por cuanto, con el objeto de obtener el pago del siniestro, present\u00f3 a la aseguradora las pruebas que acreditaban su acaecimiento, esto es, la copia del registro civil de defunci\u00f3n del asegurado y los documentos que probaban el fallecimiento por intoxicaci\u00f3n con mon\u00f3xido de carbono, documentos expedidos por las autoridades competentes, el Notario 27\u00ba de Medell\u00edn y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Nor-Occidente de Medell\u00edn. <\/p>\n
La aseguradora no satisfizo la obligaci\u00f3n en ese momento, sino que objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n, pretextando una exclusi\u00f3n que el Tribunal descalific\u00f3 en su sentencia. <\/p>\n
Acontece entonces que el asegurador demandado no s\u00f3lo objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n, sino que adem\u00e1s opuso resistencia a las pretensiones bajo la contundente afirmaci\u00f3n de que la muerte no fue accidental. No obstante, el Tribunal desatendi\u00f3 el fundamento conceptual de la objeci\u00f3n, que es el mismo de la excepci\u00f3n, y concluy\u00f3 que la muerte s\u00ed fue accidental. Esa calificaci\u00f3n del Tribunal, que se infiere de que haya juzgado infundada la excepci\u00f3n de la demanda, no fue combatida en casaci\u00f3n, circunstancia que la hace intangible para la Corte. S\u00edguese de lo anterior que si el debate sobre el car\u00e1cter accidental de la muerte qued\u00f3 clausurado en el Tribunal, esa sola circunstancia apareja la improcedencia de la objeci\u00f3n hecha en su momento y como secuela que el asegurador deba pagar los intereses moratorios desde cuando debi\u00f3 atenderse el reclamo del beneficiario, y no desde la sentencia, pues no corresponde a la Corte revivir el debate sobre la naturaleza de la muerte, en tanto el Tribunal determin\u00f3 positivamente que esa muerte fue accidental y la aseguradora declin\u00f3 la resistencia que hasta ah\u00ed hab\u00eda mantenido al respecto. <\/p>\n
Dicho en breve, si la obligaci\u00f3n de pagar la suma asegurada viene de que el Tribunal desestim\u00f3 la objeci\u00f3n y si tal determinaci\u00f3n no fue recurrida en casaci\u00f3n, al tema de los intereses debe aplicarse id\u00e9ntico criterio, pues no podr\u00eda la Corte decidir que el asegurador debe pagar lo principal, porque la objeci\u00f3n fue infundada, pero que no debe pagar los intereses porque s\u00ed fue justa. El asegurador asinti\u00f3 en que la muerte fue accidental, porque no recurri\u00f3 la sentencia del Tribunal que as\u00ed lo decidi\u00f3, de manera que tal asentimiento se comunica al pago de los intereses moratorios, pues por una secuela de \u00edndole procesal, el silencio del asegurador, para todos los efectos debe tomarse como accidental la muerte, e infundada la objeci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que el demandado se resign\u00f3 en casaci\u00f3n, pues no combati\u00f3 esa conclusi\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
En consecuencia, considera la Corte que el Tribunal incurri\u00f3 en el yerro de apreciaci\u00f3n probatoria se\u00f1alado en la demanda cuando concluy\u00f3 que el derecho al pago de intereses consagrado en el art\u00edculo 1080 del C. de Co., \u201ctan solo obtiene acreditaci\u00f3n en esta sentencia\u201d, pues las pruebas se\u00f1aladas anteriormente demuestran que la beneficiaria del seguro de vida demostr\u00f3 extrajudicialmente ante la aseguradora la ocurrencia del siniestro, como lo impone el art\u00edculo 1077 ib., mientras que la demandada sin fundamento plausible – a juicio del ad quem, no protestado en casaci\u00f3n- decidi\u00f3 objetar la reclamaci\u00f3n. Por todo lo dicho, se juzga que desde all\u00e1 surgi\u00f3 el derecho del beneficiario a ser indemnizado por la tardanza, pues, rep\u00edtese, el Tribunal calific\u00f3 como infundada la objeci\u00f3n basada en el alegato de exclusi\u00f3n, ante lo cual la demandada ces\u00f3 en la protesta. <\/p>\n
El error del Tribunal no solamente es manifiesto, sino trascendente, porque al cometerlo se abstuvo de condenar a la aseguradora al pago de los intereses sobre la suma debida, con lo cual quebrant\u00f3 indirectamente el art\u00edculo 1080 del C. de Co., por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, el cargo resulta pr\u00f3spero y conduce a la casaci\u00f3n del fallo, circunstancia que impone a la Corte el deber de proferir la sentencia sustitutiva que ha de reemplazarlo. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Como se explic\u00f3 anteriormente, el Tribunal y el juzgado coincidieron en que la exclusi\u00f3n alegada por la parte demandada era improcedente y esta consinti\u00f3 lo decidido pues no recurri\u00f3 en casaci\u00f3n; de ello se sigue que la responsabilidad tolerada por la compa\u00f1\u00eda de seguros demandada limita la labor de la Corte a excluir aquella parte de la sentencia que causa el agravio al demandante en casaci\u00f3n, para as\u00ed lograr el restablecimiento del derecho. Ello supone entonces eliminar la reducci\u00f3n dispuesta por el Tribunal en cuanto disminuy\u00f3 en un 30% la prestaci\u00f3n a favor de la demandante, al amparo de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Con soporte en las consideraciones efectuadas al resolver favorablemente los cargos en casaci\u00f3n, a lo cual se suma que la aseguradora no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal que desech\u00f3 la exclusi\u00f3n, deber\u00e1n acogerse las pretensiones de manera integral y sin la reducci\u00f3n dispuesta por el Tribunal. <\/p>\n
De otro lado, como la firma Real Seguros S.A. no se avino al pago de la indemnizaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino concedido por el art\u00edculo 1080 del C. de Co., dicha aseguradora deber\u00e1 pagar a la beneficiaria del seguro, de una parte, el valor total pactado para el caso de muerte accidental del asegurado, esto es, la suma complementaria de $50\u2019000.000.oo, junto con los intereses punitivos a la tasa prevista en el precepto citado, desde el mes siguiente a aquel en que recibi\u00f3 la informaci\u00f3n y la documentaci\u00f3n requeridas para cumplir la obligaci\u00f3n, as\u00ed lo dispuso el a quo, y su decisi\u00f3n en el punto deber\u00e1 confirmarse. <\/p>\n
Para el c\u00f3mputo de la condena al pago de intereses moratorios, ha de tomarse en cuenta que en el per\u00edodo de causaci\u00f3n de ellos estuvieron vigentes las leyes 45 de 1990 (art. 83) y 510 de 1999 (art. 111), lo que significa, siguiendo precedentes de la Sala, que se aplicar\u00e1 cada una de ellas en el tracto que estuvieron vigentes, con las oscilaciones de la tasa de inter\u00e9s acaecidas en cada per\u00edodo. Lo anterior significa que, como lo ha dicho la Corte \u201cPara la liquidaci\u00f3n de la referida condena, hasta la fecha del pago, debe tenerse en cuenta que la tasa de inter\u00e9s moratorio fijada en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, fue modificada por el par\u00e1grafo del art\u00edculo 111 de la ley 510 de 1999, que entr\u00f3 a regir el 4 de agosto de 1999 y por tal raz\u00f3n, como el incumplimiento de la obligaci\u00f3n a cargo de la demandada se ha venido prolongando durante su vigencia, tal variaci\u00f3n debe tenerse en cuenta para el respectivo c\u00e1lculo, pues si bien es cierto el art\u00edculo 38 de la Ley 153 de 1887 prescribe que en todo contrato se entender\u00e1n incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebraci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que de tal previsi\u00f3n se except\u00faan, por mandato del mismo precepto -numeral 2\u00ba-, entre otras, las que leyes que \u2018\u2026se\u00f1alan penas para el caso de infracci\u00f3n de lo estipulado\u2019, por manera que, la violaci\u00f3n contractual perpetrada durante la vigencia de la normatividad \u00faltimamente mencionada, debe sancionarse con arreglo a lo dispuesto en ella, por resultar de aplicaci\u00f3n inmediata\u201d (sent. cas. civ. de 29 de noviembre de 2004, Exp. No. 9730-0351) <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, la aseguradora demandada deber\u00e1 satisfacer a la demandante, sobre el importe de la prestaci\u00f3n asegurada, las siguientes tasas de intereses moratorios: desde el 18 de abril de 1997, d\u00eda siguiente a aquel en que venci\u00f3 el mes de que dispon\u00eda la empresa demandada para pagar el valor de la totalidad de la indemnizaci\u00f3n, seg\u00fan la fecha en que neg\u00f3 el pago de \u00e9sta por muerte accidental, y hasta el 3 de agosto de 1999, que precede a la fecha en que empez\u00f3 a regir la Ley 511 de 1999 (4 de agosto), a la tasa m\u00e1xima vigente para ese per\u00edodo, respetando las variaciones en las tasas de inter\u00e9s que ocurrieron durante \u00e9l, seg\u00fan lo preceptuado en el art\u00edculo 83 de la Ley 45 de 1990; y desde el 4 de agosto de 1999 y hasta cuando se verifique el pago definitivo de la obligaci\u00f3n, de conformidad con lo ordenado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999, a la tasa del inter\u00e9s bancario corriente aumentado en la mitad, respetando igualmente las fluctuaciones que tuvieron lugar durante este \u00faltimo per\u00edodo. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el fallo apelado se confirmar\u00e1, adicion\u00e1ndolo con la anterior precisi\u00f3n sobre el monto de los intereses debidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 30 de noviembre de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Mar\u00eda Claudia Mart\u00ednez Berdugo contra Real Seguros S.A., y actuando en sede de instancia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Confirmar la sentencia apelada proferida por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Medell\u00edn el 23 de agosto de 1999. <\/p>\n
SEGUNDO: Adicionar dicha providencia en el sentido de ordenar que los intereses moratorios a cuyo pago fue condenada la aseguradora demandada sobre la suma de $50\u2019000.000.oo, se liquiden as\u00ed: desde el 18 de abril de 1997, d\u00eda siguiente a aquel en que venci\u00f3 el mes de que dispon\u00eda la empresa demandada para pagar el valor de la totalidad de la indemnizaci\u00f3n, seg\u00fan la fecha en que negaron el pago de la indemnizaci\u00f3n por muerte accidental, y hasta el 3 de agosto de 1999, que precede a la fecha en que empez\u00f3 a regir la Ley 510 de 1999 (4 de agosto), a la tasa m\u00e1xima vigente para ese per\u00edodo, respetando las fluctuaciones que tuvieron lugar durante \u00e9l, seg\u00fan lo preceptuado en el art\u00edculo 83 de la Ley 45 de 1990; y desde el 4 de agosto de 1999 y hasta cuando se verifique el pago definitivo de la obligaci\u00f3n de conformidad con lo ordenado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999, a la tasa del inter\u00e9s bancario corriente aumentado en la mitad, consultando igualmente las oscilaciones que hubo en este \u00faltimo per\u00edodo, evitando en todo caso que se excedan los l\u00edmites que imponen las normas de orden p\u00fablico. <\/p>\n
TERCERO: Cond\u00e9nase a la apelante al pago de las costas del recurso. <\/p>\n
CUARTO: Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n dada su prosperidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-068-2005 [0037] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D.C., veintinueve de abril de dos mil cinco Ref.: Expediente No. 0037 Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82918","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82918","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82918"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82918\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82918"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82918"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82918"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}