SC-072-2005 [5000131030011999-04421-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref.: Exp. No. 5000131030011999-04421-01 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n formulado por la sociedad SERVICIO A\u00c9REO DEL VAUP\u00c9S – SELVA LIMITADA – , contra la sentencia de 29 de marzo de 2001, dictada por la Sala Civil – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el proceso ordinario promovido por aqu\u00e9lla frente a la F\u00c1BRICA ESTATAL DE AVIACI\u00d3N DE KIEV – AVIANT – . <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, Servicio A\u00e9reo del Vaup\u00e9s – Selva Limitada -, demand\u00f3 a la F\u00e1brica Estatal de Aviaci\u00f3n de Kiev – Aviant -, para que, como entidad fabricante y propietaria del avi\u00f3n HK 4008X, se le declarara civilmente responsable por los perjuicios sufridos por aqu\u00e9lla con ocasi\u00f3n del accidente ocurrido el 21 de diciembre de 1996, y que, como consecuencia, fuera condenada al pago de la cantidad que resultara demostrada como \u201cindemnizaci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual\u201d, estimada en m\u00e1s de $3000\u2019000.000.00, junto con los intereses legales desde la fecha del suceso hasta la de pago. <\/p>\n
2. Como sustento de las s\u00faplicas se invocaron los siguientes hechos: <\/p>\n
a. El 21 de mayo de 1996 la demandante celebr\u00f3 con Meruc Aviation Leasing Corporation un contrato de arrendamiento sobre la aeronave AN-32-B, con matr\u00edcula HK 4008X y serie de fabricaci\u00f3n 3402, perteneciente a la demandada, que se accident\u00f3 el 21 de diciembre siguiente, cuando estaba dedicada al transporte de carga y cubr\u00eda el trayecto de Bogot\u00e1 a Rionegro. <\/p>\n
b. En el accidente fallecieron los cuatro ocupantes del avi\u00f3n, \u00e9ste qued\u00f3 totalmente destruido y, seg\u00fan el informe preliminar emitido por la Aeron\u00e1utica Civil, la posible causa de aqu\u00e9l fue la p\u00e9rdida del ala derecha por desprendimiento cuando se dispon\u00eda al aterrizaje, debido a defectos de fabricaci\u00f3n. <\/p>\n
c. La sociedad arrendadora fue liquidada despu\u00e9s del siniestro y cedi\u00f3 sus restantes contratos a otra compa\u00f1\u00eda, \u201csiendo esta la raz\u00f3n por la cual \u00fanicamente se demanda a la f\u00e1brica propietaria del avi\u00f3n accidentado\u201d. <\/p>\n
d. Las fallas en la fabricaci\u00f3n del avi\u00f3n que dieron lugar al accidente originaron perjuicios en las modalidades de da\u00f1o emergente por $150\u2019000.000.00, correspondientes a erogaciones para la b\u00fasqueda, rescate de v\u00edctimas, inhumaci\u00f3n de cad\u00e1veres, etc; lucro cesante por $1.300\u2019000.000.00, \u201cya que la empresa ha dejado de percibir ganancias desde el d\u00eda del accidente a la fecha, pues, se obten\u00eda una ganancia neta de $450.000 pesos por hora de vuelo, las cuales ascend\u00edan a 83 horas de vuelo al mes, las que a la fecha dar\u00edan un total de 2.324 horas, si se tiene en cuenta que han transcurrido aproximadamente 28 meses\u201d; y de orden moral por $1.500\u2019000.000.00, reflejados en el deterioro del \u201cgood will\u201d, credibilidad y confianza de la empresa; adem\u00e1s, se esperan demandas por parte de los herederos de las v\u00edctimas. <\/p>\n
3. La demandada se opuso a las pretensiones; en cuanto a los hechos, reconoci\u00f3 el arrendamiento de la nave de su propiedad y la ocurrencia del accidente en las circunstancias descritas en el libelo, al paso que dijo no constarle los otros; respecto de la causa del siniestro manifest\u00f3 que, seg\u00fan el informe rendido por el vice – director de dise\u00f1o de Antk Antonov, probablemente ocurri\u00f3 por la ejecuci\u00f3n de una maniobra imprudente y excesiva \u201cen S\u201d, por el piloto, para rectificar la desviaci\u00f3n lateral, hecho que gener\u00f3 una tensi\u00f3n imprevista de la \u201csemiala derecha\u201d, aunada a la existencia, antes del despegue, de una aparente fisura o deterioro mec\u00e1nico del ala derecha, que no fue controlado por el transportador. <\/p>\n
4. El juzgado de conocimiento le puso fin a la primera instancia con sentencia de 28 de junio de 2000 en la que desestim\u00f3 las pretensiones y absolvi\u00f3 a la demandada, providencia que al ser apelada por la actora result\u00f3 \u00edntegramente confirmada. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Para empezar, el ad quem estableci\u00f3 las diferencias entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual, a la vez que indic\u00f3, con apoyo en la doctrina jurisprudencial, que la acci\u00f3n invocada en la demanda tiene fuerza vinculante, por lo que no puede ser variada por el juzgador, \u201cpues caer\u00eda en incongruencia por desatenci\u00f3n de la causa petendi\u201d. <\/p>\n
Seguidamente, fij\u00f3 su atenci\u00f3n en las normas mencionadas en el libelo, relativas al contrato de arrendamiento, la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, el arrendamiento de transporte, las acciones populares y la fianza, as\u00ed como se detuvo en la segunda pretensi\u00f3n, para notar la prevalencia de la responsabilidad civil extracontractual aludida en \u00e9sta, toda vez que \u201cla citaci\u00f3n normativa hecha en la demanda, no vincula al Juez, pues as\u00ed sea equivocada, debe … aplicar la normatividad que corresponda al caso\u201d. <\/p>\n
Sobre la responsabilidad extracontractual, se\u00f1al\u00f3 sus elementos, insisti\u00f3 en la carga probatoria de la demandante y clasific\u00f3 la materia, por un lado, en directa o personal, y, por el otro, en indirecta o compleja. <\/p>\n
2. Descendi\u00f3 al caso, para situarlo dentro de la \u00faltima modalidad anotada, la cual, dijo, puede surgir por el hecho de las cosas bajo cuidado del agente, en particular, cuando es su propietario, pues \u201ctodo el que cause da\u00f1o con el uso y goce de la cosa de que es due\u00f1o, est\u00e1 obligado a indemnizar a la v\u00edctima\u201d, como tambi\u00e9n puede presentarse por el hecho de las cosas animadas o inanimadas, como sucede, verbigracia, con los edificios en ruina, los objetos que se arrojan de las alturas y los animales. <\/p>\n
Afirm\u00f3, entonces, que si la demandada fue citada como propietaria y fabricante de la aeronave, era menester demostrar los requisitos de la responsabilidad, dado que, por la teor\u00eda de la culpa, cuando se trata de perjuicios irrogados por el uso de las cosas que se tienen bajo guarda, conforme al art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil, la responsabilidad no proviene simplemente del dominio sino del goce que de \u00e9l se haga. <\/p>\n
En este asunto, prosigui\u00f3, \u201cno aparece que la entidad demandada sea culpable del da\u00f1o que afirma la actora\u201d, porque ella s\u00f3lo figura como propietaria del veh\u00edculo, mas \u201cno como guardiana … ni ejerciendo actividad alguna con la aeronave de su propiedad\u201d y, adem\u00e1s, por cuanto en el informe final del accidente elaborado por la Aeron\u00e1utica Civil se manifest\u00f3 que era \u201cimposible determinar qu\u00e9 factor indujo al rompimiento del plano derecho haciendo que se excediera la resistencia \u00faltima de la estructura ya que no hay evidencia que indique si fue por exceso de las cargas laterales impuestas por el piloto o por un factor externo tal como turbulencia del aire claro o de cualquier otra \u00edndole\u201d, a la vez que se mencion\u00f3 como causa probable del suceso \u201cla fractura en vuelo de una parte del ala derecha que indujo a la ruptura del estabilizador izquierdo excedi\u00e9ndose la resistencia \u00faltima de la estructura, por razones desconocidas\u201d. Dicho reporte, agreg\u00f3 el Tribunal, fue tambi\u00e9n remitido a la parte demandada, que sugiri\u00f3 como causa del evento una maniobra mal realizada por la tripulaci\u00f3n, aspecto que no fue acogido por la autoridad aeron\u00e1utica nacional. <\/p>\n
3. Por tanto, concluy\u00f3 que no exist\u00eda certeza sobre la causa del accidente, ni prueba de que la demandada debiera responder por el hecho de ser fabricante y propietaria del avi\u00f3n, habida cuenta que no se demostr\u00f3 su culpa, como tampoco la relaci\u00f3n existente entre el da\u00f1o y la mentada calidad, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que aqu\u00e9lla no se encontraba ejerciendo actividad alguna con el bien ni era su guardiana. <\/p>\n
III. EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Frente a la sentencia se formularon dos cargos donde se denuncia, en su orden, la violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial, los cuales ser\u00e1n despachados con base en las mismas consideraciones. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. El fallo es acusado de violar los art\u00edculos 2341 del C\u00f3digo Civil, 78 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 11, 23 y 29 del decreto 3466 de 1982, por falta de aplicaci\u00f3n, y 2347 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
2. Reprocha la impugnadora que el Tribunal haya considerado el art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil, relativo a la responsabilidad extracontractual por el hecho de las cosas, cuando, en su opini\u00f3n, dej\u00f3 de aplicar el decreto 3466 de 1982, conocido como Estatuto del Consumidor, que \u201cconsagra una especie de responsabilidad civil extracontractual contra los productores, importadores y fabricantes de bienes y servicios, en los casos en que \u00e9stos no sean de la calidad e idoneidad que se pregona en el mercado\u201d. <\/p>\n
El art\u00edculo 11 del decreto, contin\u00faa, establece la garant\u00eda m\u00ednima presunta respecto de la calidad de los bienes y servicios, que se entiende pactada en los contratos de compraventa y de prestaci\u00f3n de servicios, y que recae directamente sobre los proveedores o expendedores, \u201csin perjuicio de que \u00e9stos puedan, a su turno, exigir el cumplimiento de dicha garant\u00eda m\u00ednima a sus proveedores o expendedores, sean o no productores\u201d. Seg\u00fan dicho precepto, prosigue la censura, tal garant\u00eda puede hacerse efectiva conforme al art\u00edculo 29 ib\u00eddem, que, a su vez, permite solicitar, en todo caso, \u201cla indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios a que hubiere lugar\u201d, y prescribe que la decisi\u00f3n del asunto \u201cs\u00f3lo podr\u00e1 ser favorable al expendedor o proveedor si \u00e9ste demuestra que ha habido violaci\u00f3n de los t\u00e9rminos o condiciones de la garant\u00eda o garant\u00edas por parte del consumidor o que no ha podido dar cumplimiento a la garant\u00eda o garant\u00edas debido a fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando no haya podido satisfacerla por intermedio de un tercero\u201d. <\/p>\n
Agrega la recurrente que el art\u00edculo 78 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, posterior al referido decreto, asigna responsabilidad a \u201cquienes en la producci\u00f3n y en la comercializaci\u00f3n de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios\u201d, al paso que cita ampliamente la sentencia de constitucionalidad C – 1141 de 30 de agosto de 2000, por virtud de la cual la acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual procede contra importadores, productores y fabricantes de bienes, para exigir la efectividad de la garant\u00eda m\u00ednima presunta y obtener la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, cuando los bienes o servicios resultan defectuosos o de mala calidad, que es justamente lo que, a su modo de ver, el fallador ignor\u00f3. <\/p>\n
Por tanto, el Tribunal incurri\u00f3 en error iuris in iudicando, por haber entendido que la condici\u00f3n de propietaria y fabricante de la nave en que fue convocada la demandada no le generaba imputaci\u00f3n de responsabilidad y, consecuencialmente, dej\u00f3 de aplicar las aludidas normas constitucionales y legales, yerro que fue trascendente, pues, de no haberse ca\u00eddo en \u00e9l, las pretensiones habr\u00edan sido acogidas. <\/p>\n
3. Advierte tambi\u00e9n la casacionista que aunque se descart\u00f3 el nexo causal entre el da\u00f1o y la condici\u00f3n de propietaria y fabricante de la nave atribuida a la demandada, \u00e9ste fue un soporte probatorio de refuerzo, por lo que \u201cno hay duda de que desquiciado el argumento cardinal de la sentencia recurrida, la Corte debe casarla y, ubicada en sede de instancia, indagar sobre la concurrencia de los presupuestos requeridos por el tema propuesto\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, pese a no atacar la conclusi\u00f3n adicional del sentenciador, en sentir de la recurrente, por razones de t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, hace un repaso de los elementos de la responsabilidad, que, a su juicio, se encuentran demostrados con base en la confesi\u00f3n ficta o presunta, el indicio derivado de la conducta procesal de la demandada, el testimonio de Luis Eduardo Silva Quintero, el informe final del accidente y la experticia. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. En \u00e9ste se denuncia la inaplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2341 del C\u00f3digo Civil, 78 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 11, 23 y 29 del decreto 3466 de 1982, al igual que la aplicaci\u00f3n indebida del 2347 del C\u00f3digo Civil, a causa de errores de hecho. <\/p>\n
2. Manifiesta inicialmente la censora que el Tribunal ignor\u00f3 que el asunto no versaba sobre la responsabilidad por el hecho de las cosas prevista en el art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil, sino alrededor de la responsabilidad civil extracontractual a cargo de productores, fabricantes o importadores de bienes y servicios, consagrada en el decreto 3466 de 1982 o Estatuto del Consumidor, cuando quebrantan la garant\u00eda m\u00ednima de \u00e9stos y con su mala calidad afectan a los consumidores o usuarios. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, se\u00f1ala la preterici\u00f3n de la demanda y de los alegatos de ambas instancias, alusivos a las fallas del avi\u00f3n, que de haber sido estimados habr\u00edan permitido entender que la reclamaci\u00f3n descansaba \u201cen la imputaci\u00f3n del da\u00f1o sufrido … como consecuencia de la mala calidad o defectos de fabricaci\u00f3n de la aeronave … producida por la sociedad demandada\u201d, los que, antes de concluir el plazo de la garant\u00eda, originaron el accidente y los perjuicios, responsabilidad regulada por los preceptos que se dejaron de aplicar. <\/p>\n
Pasa entonces a comentar las normas presuntamente inaplicadas y anota que \u201cse trata de un sistema de protecci\u00f3n para el usuario o consumidor por la falta de idoneidad o mala calidad de bienes y servicios\u201d, en el que no s\u00f3lo se le dota de una acci\u00f3n com\u00fan de responsabilidad civil contractual frente a vendedores o expendedores inmediatos, sino de una extracontractual respecto de importadores, productores y fabricantes, para el cumplimiento de las garant\u00edas de calidad y el pago de los perjuicios derivados de productos o servicios defectuosos, materia en la que trae a colaci\u00f3n varios pasajes de la sentencia de constitucionalidad C – 1141 de 2000. <\/p>\n
3. Adicionalmente, en lo que toca con la incertidumbre sobre las causas del siniestro y la ausencia de v\u00ednculo entre la culpa atribuida a la propietaria y fabricante del avi\u00f3n y los da\u00f1os, asevera que el Tribunal cometi\u00f3 un yerro f\u00e1ctico al no haber visto la confesi\u00f3n ficta o presunta por inasistencia a la audiencia de conciliaci\u00f3n y al interrogatorio de parte, como tampoco estim\u00f3 la contestaci\u00f3n de la demanda, los contratos de arrendamiento, el auto de 4 de octubre de 1999, el indicio derivado de la pasiva conducta procesal de la demandada, el testimonio de Luis Eduardo Silva Quintero, el dictamen pericial sobre la cuant\u00eda de los perjuicios y las conclusiones emitidas por la Oficina de Control y Seguridad A\u00e9rea de la Aeron\u00e1utica Civil, as\u00ed como desatin\u00f3 en la interpretaci\u00f3n del informe final del accidente producido por esta \u00faltima entidad estatal. <\/p>\n
Puntualiza que si alguna duda cab\u00eda sobre la causa del accidente, le correspond\u00eda despejarla a la empresa convocada, pues el art\u00edculo 29 del Estatuto del Consumidor dispone que la sentencia s\u00f3lo podr\u00e1 favorecer al productor, fabricante o importador si demuestra que el consumidor viol\u00f3 los t\u00e9rminos de la garant\u00eda, o que no ha podido cumplirla por fuerza mayor o caso fortuito; igualmente, a\u00f1ade que \u201cbajo los presupuestos de la responsabilidad … por ejercicio de actividades peligrosas, la exoneraci\u00f3n … solo puede sobrevenir, si el demandado demuestra que el da\u00f1o se produjo, por fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la v\u00edctima\u201d, situaciones que no fueron alegadas ni probadas. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, recuerda otros apartes de la mencionada sentencia de exequibilidad, seg\u00fan los cuales \u201cla posici\u00f3n del consumidor no le permite conocer en detalle el proceso de producci\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan si \u00e9ste se desarrolla en condiciones t\u00e9cnicas que solamente son del dominio del empresario industrial\u201d, y que \u201ccorresponder\u00e1 al empresario demostrar los hechos y circunstancias que lo eximan de responsabilidad\u201d, entre otros, para rematar con la menci\u00f3n de la trascendencia de los errores, pues si el Tribunal no los hubiera cometido, \u201chabr\u00eda accedido – bajo el imperio de la normatividad contenida en el Decreto 3466 de 1982 – a todas y cada una de las pretensiones que para obtener la justa reparaci\u00f3n de los perjuicios …, por cuanto la culpa de la entidad demandada en la producci\u00f3n del da\u00f1o, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad entre el perjuicio y la culpa, se demuestran satisfactoriamente en el presente caso con las pruebas que, relacionadas en este cargo, fueron omitidas en su an\u00e1lisis por el tribunal\u201d. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como es sabido, el \u00e9xito de los ataques edificados sobre la causal primera de casaci\u00f3n depende de que el acusador cumpla cabalmente con la gesti\u00f3n de proponer y demostrar la vulneraci\u00f3n del derecho material. <\/p>\n
Ahora, tambi\u00e9n se sabe que el camino por el cual se arriba a una infracci\u00f3n de este g\u00e9nero puede variar, en la medida en que el desatino haya involucrado o no los aspectos probatorios del debate; cuando ello no ha ocurrido, se trata de la v\u00eda directa, que se contrae a materias puramente jur\u00eddicas y supone plena conformidad con los asuntos f\u00e1cticos; en cambio, cuando la violaci\u00f3n de la ley guarda relaci\u00f3n con los elementos de convicci\u00f3n, el recurrente debe comprobar la existencia de un error de hecho o de derecho, propios de la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
En suma, lo cierto es que el reproche extraordinario, encaminado por cualquiera de las v\u00edas, debe conducir al atropello del derecho sustancial, de modo que, en \u00faltimas, si no se establece este tipo de agresi\u00f3n, ning\u00fan cargo puede abrirse paso. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, los reparos presentados por la parte demandante se apoyan en una id\u00e9ntica premisa, consistente en que el asunto debi\u00f3 ser gobernado por las disposiciones del Estatuto del Consumidor, al punto que se le endilga al Tribunal la falta de actuaci\u00f3n de las mismas. <\/p>\n
En efecto, como se rese\u00f1\u00f3, el planteamiento contenido uniformemente en los cargos denuncia la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 2341 del C\u00f3digo Civil, 78 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y 11, 23 y 29 del decreto 3466 de 1982, conocido como Estatuto del Consumidor, por falta de aplicaci\u00f3n, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil. Aunque el primer cargo es formulado por la v\u00eda directa y el segundo por la indirecta, ha de notarse que no s\u00f3lo coinciden en su plataforma normativa, sino, adem\u00e1s, en que se encuentran enderezados principalmente, por una u otra senda, a criticar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil, por impertinente, y a reivindicar, correlativamente, la intervenci\u00f3n de las normas del decreto 3466 de 1982, \u00e9stas s\u00ed, a juicio de la recurrente, precisas y ajustadas a la controversia. <\/p>\n
Concretamente, v\u00e9ase como en la primera censura se dice que \u201clos presupuestos jur\u00eddicos sobre los que descansan las declaraciones y condenas impetradas en el libelo incoatorio del proceso, no son, bajo ning\u00fan respecto, los de la responsabilidad civil extracontractual que por el hecho de las cosas regula el C\u00f3digo Civil, como equivocadamente lo entendi\u00f3 el Tribunal, sino los consignados en el Decreto 3466 de 1982, conocido en el medio como \u2018Estatuto del Consumidor\u2019 que en t\u00e9rminos generales, consagra una especie de responsabilidad civil extracontractual contra los productores, importadores y fabricantes de bienes y servicios, en los casos que \u00e9stos no sean de la calidad e idoneidad que se pregona en el mercado\u201d. Y, en la segunda acusaci\u00f3n, n\u00f3tese c\u00f3mo se expone que \u201cel asunto sub j\u00fadice no versaba sobre la responsabilidad civil extracontractual por el hecho de las cosas regulada por el C\u00f3digo Civil, y particularmente sobre el hecho de las cosas contemplado en el art\u00edculo 2347 de la misma codificaci\u00f3n, sino sobre la responsabilidad civil extracontractual en que incurren los productores, fabricantes e importadores en la comercializaci\u00f3n de sus bienes o servicios cuando, con ocasi\u00f3n de la mala o defectuosa calidad de los bienes y servicios que ofrecen a la comunidad, causan da\u00f1os a los consumidores y usuarios de tales bienes y servicios, especie de responsabilidad consagrada y regulada en el Decreto 3466 de 1982, y en la cual la obligaci\u00f3n de resarcir el perjuicio no surge o nace del da\u00f1o que se cause en el uso y goce de la cosa o servicio con est\u00e1ndares m\u00ednimos de calidad, sino del da\u00f1o ocasionado al usuario y al consumidor por la mala o defectuosa calidad del bien o servicio que se ofrece, quebrantando la garant\u00eda m\u00ednima predicable de los bienes y servicios y, que no solamente hace sujeto pasivo de la obligaci\u00f3n de resarcir los perjuicios al inmediato proveedor o expendedor, sino tambi\u00e9n al mediato productor, fabricante o importador del bien o servicio defectuoso.\u201d (se subraya). <\/p>\n
3. En orden a desatar el recurso se advierte, en primer lugar, que no existe completa consonancia entre la postura que la sociedad demandante plasm\u00f3 en el libelo y asumi\u00f3 a lo largo de las instancias, y la que presenta ante la Corte de Casaci\u00f3n. <\/p>\n
Evidentemente, en la demanda se pidi\u00f3 que la F\u00e1brica Estatal de Aviaci\u00f3n de Kiev – Aviant – fuera declarada \u201c … civilmente responsable de todos los da\u00f1os y perjuicios sufridos por la parte demandante, como entidad fabricante y propietaria del avi\u00f3n … \u201d y que, como consecuencia, se le condenara al pago de la \u201c … cantidad que resulte demostrada como indemnizaci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual … \u201d. En los supuestos f\u00e1cticos, la actora mencion\u00f3 el contrato de arrendamiento de la aeronave, el accidente ocurrido el 21 de diciembre de 1996 y la supuesta causa de \u00e9ste, consistente, en su opini\u00f3n, en que el aeroplano \u201c … perdi\u00f3 su ala derecha por desprendimiento, debido a defectos de fabricaci\u00f3n cuando se dispon\u00eda a aterrizar, seg\u00fan se anota en el informe preliminar … emitido por la Aeron\u00e1utica Civil \u201d (C. 1, fls. 40 – 46). Durante el desarrollo del proceso, en especial, al presentar el alegato de conclusi\u00f3n (C. 1, fls. 210 – 215) y al sustentar la apelaci\u00f3n de la sentencia de primer grado (C. Tribunal, fls. 7 – 8), la demandante continu\u00f3 dentro de la misma l\u00ednea de argumentaci\u00f3n, enfocada esencialmente a evidenciar que la empresa demandada, como fabricante y propietaria de la aeronave, era responsable extracontractualmente como efecto de su \u201cnegligencia grave\u201d, reflejada en las \u201cfallas estructurales\u201d y \u201cdefectos de fabricaci\u00f3n\u201d del avi\u00f3n, as\u00ed como en algunos desperfectos de los equipos de navegaci\u00f3n, conclusiones a las que lleg\u00f3 despu\u00e9s de interpretar los informes t\u00e9cnicos rendidos por las autoridades aeron\u00e1uticas de Ucrania y Colombia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, emerge que la demandante no describi\u00f3 dentro de su causa petendi ninguna circunstancia espec\u00edfica – verbigracia, la calidad de las partes, la destinaci\u00f3n de los bienes o servicios, etc – que apuntara a demostrar que, de una u otra manera, se hab\u00eda visto involucrada en una \u201crelaci\u00f3n de consumo\u201d, que es la que determina la aplicaci\u00f3n de las normas especiales. V\u00e9ase c\u00f3mo Selva Limitada, en apretada s\u00edntesis, concret\u00f3 su pretensi\u00f3n a la determinaci\u00f3n de la responsabilidad extracontractual del fabricante y propietario del aeroplano, como secuela de un accidente presuntamente originado en los defectos de fabricaci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, si la calidad de consumidor depende, como se ver\u00e1, de determinadas condiciones predicables de una situaci\u00f3n concreta, las cuales no fueron aducidas por la demandante, aflora que no hicieron parte de la materia objeto de la controversia y, por tanto, no pudieron ser enfrentadas o cuestionadas por la parte demandada, pues, como queda examinado, s\u00f3lo en el recurso extraordinario vinieron a ser esgrimidas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora bien, aun si se dejaran de lado las consideraciones precedentes, debe se\u00f1alarse que el escrutinio de fondo del asunto, a la luz de las circunstancias que muestra el proceso, arroja que, en todo caso, los hechos que han originado el litigio no pueden encuadrarse dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del mentado cuerpo normativo – Estatuto del Consumidor – , como pasa a explicar la Corte, no sin antes hacer algunas anotaciones en torno a lo que se conoce como Derecho del Consumidor. <\/p>\n
a. El desarrollo y evoluci\u00f3n de la industria, la producci\u00f3n en serie, la masificaci\u00f3n de las relaciones jur\u00eddicas y econ\u00f3micas, el mercadeo y la distribuci\u00f3n comercial, entre otros factores, han sido determinantes para el surgimiento de una disciplina de orientaci\u00f3n tuitiva que se ha denominado Derecho del Consumidor o, para otros, del Consumo, esencialmente caracterizada por regular lo que concierne a los consumidores y a las relaciones de consumo. <\/p>\n
Se trata de una materia que traspasa las relaciones tradicionales propias del derecho privado, para extenderse a las que se ajustan entre el Estado y los diversos actores del mercado, en la medida en que tengan injerencia en los intereses de la colectividad; en efecto, reconocidos autores han sostenido que \u201cel derecho del consumo comprende no solamente las reglas aplicables a los actos de consumo, sino tambi\u00e9n aquellas que tienden a proteger a los consumidores, a\u00fan si \u00e9stas no se aplican directamente a ellos. As\u00ed, el derecho del consumidor puede situarse en relaci\u00f3n con los derechos comercial, econ\u00f3mico, de la competencia, de la distribuci\u00f3n y ambiental\u201d (Calais – Auloy Jean, Droit de la consommation, Paris, Dalloz, pag. 19, 1986; citado por P\u00e9rez Bustamante Laura, Derechos del Consumidor, Buenos Aires, Astrea, pag. 4, 2004). <\/p>\n
Por supuesto, uno de los aspectos complejos de esta tem\u00e1tica ha sido, precisamente, el de establecer una definici\u00f3n de \u201cconsumidor\u201d, materia en la que se han adoptado diversas nociones; por un lado, de manera abstracta o general, se habla del \u201cciudadano – consumidor\u201d, concepto que, seg\u00fan estiman algunos expositores, presenta un enfoque que lo hace apto \u201cno para atribuir derechos a cada consumidor, que pueda ejercerlos individualmente, sino m\u00e1s bien para expresar programas pol\u00edticos de actuaci\u00f3n o tambi\u00e9n para aludir a derechos tales como los que se otorgan a la \u2018educaci\u00f3n\u2019 o a la \u2018informaci\u00f3n\u2019\u201d. (Mosset Iturraspe Jorge y Lorenzetti Ricardo Luis, Defensa del Consumidor, Santafe, Rubinzal – Culzoni, pag. 58, 1993); por otro lado, se ha acudido a definiciones mucho m\u00e1s concretas, donde dicha calidad depende de criterios restringidos en mayor o menor grado, como se estudiar\u00e1, seg\u00fan la pol\u00edtica legislativa que se asuma sobre el particular. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, es fundamental fijar con exactitud este concepto, pues \u00e9l tambi\u00e9n permitir\u00e1 demarcar claramente el \u00e1mbito de acci\u00f3n de los preceptos llamados a tutelar los respectivos intereses. <\/p>\n
b. En la experiencia Colombiana, la m\u00e1xima expresi\u00f3n en la materia se ha reflejado en el reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores, al disponer el art\u00edculo 78 que la \u201cla ley regular\u00e1 el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, as\u00ed como la informaci\u00f3n que debe suministrarse al p\u00fablico en su comercializaci\u00f3n\u201d, y que \u201cser\u00e1n responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producci\u00f3n y en la comercializaci\u00f3n de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios\u201d. <\/p>\n
Previamente a la promulgaci\u00f3n de la Carta Fundamental de 1991, la ley de facultades extraordinarias 73 de 1981 autoriz\u00f3 la expedici\u00f3n del decreto 3466 de 1982 o Estatuto del Consumidor, que vino a constituirse en un cuerpo normativo que, por primera vez, fue destinado al tratamiento de ciertos aspectos vinculados a la regulaci\u00f3n y protecci\u00f3n de los consumidores. <\/p>\n
Dentro del estatuto se defini\u00f3 al consumidor como \u201ctoda persona, natural o jur\u00eddica, que contrate la adquisici\u00f3n, utilizaci\u00f3n o disfrute de un bien o la prestaci\u00f3n de un servicio determinado, para la satisfacci\u00f3n de una o m\u00e1s necesidades\u201d (art\u00edculo 1\u00b0, literal c.), noci\u00f3n que, a primera vista, abarca todos los tipos de personas – naturales o jur\u00eddicas – y de bienes – muebles o inmuebles – , sin distinci\u00f3n alguna, a la par que introduce un ingrediente asociado a la finalidad de la \u201cadquisici\u00f3n, utilizaci\u00f3n o disfrute\u201d del bien o servicio, esto es, que con ella se persiga, valga repetirlo, \u201cla satisfacci\u00f3n de una o m\u00e1s necesidades\u201d. <\/p>\n
Aunque en la definici\u00f3n no se emplea ning\u00fan par\u00e1metro relacionado, por ejemplo, con el hecho de que la persona deba ser consumidor o destinatario final del bien o servicio, o con la circunstancia de que el uso o consumo se enmarque o no dentro de una actividad profesional o empresarial, como ocurre en otros pa\u00edses, ello no puede conducir, por la simple imprecisi\u00f3n terminol\u00f3gica, a pensar que todos los sujetos que interact\u00faan en el tr\u00e1fico de bienes y servicios conforman tal categor\u00eda – consumidores – y que, por ende, a ellos indistintamente les sean aplicables las normas especiales, pues con semejante entendimiento se desnaturalizar\u00eda, por v\u00eda de la generalizaci\u00f3n, un estatuto excepcional destinado a proteger a determinados sujetos de las relaciones de intercambio. <\/p>\n
De ah\u00ed que se imponga la adopci\u00f3n de un criterio interpretativo de la noci\u00f3n de consumidor, que consulte racionalmente las finalidades espec\u00edficas del estatuto en el que se encuentra incorporada, y, en esa misma medida, delimite el marco de las disposiciones, tarea que seguidamente emprender\u00e1 la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Es de verse, primeramente, c\u00f3mo en la exposici\u00f3n de motivos de la ley 73 de 1981 se hizo alusi\u00f3n a la necesidad de orientar las pol\u00edticas de la administraci\u00f3n \u201chacia la contenci\u00f3n del fen\u00f3meno inflacionario, para evitar el encarecimiento del costo de la vida y garantizar a las masas trabajadoras un ingreso real, que permita el mejoramiento de sus condiciones de existencia\u201d, as\u00ed como se resalt\u00f3 que su aprobaci\u00f3n representar\u00eda \u201cun instrumento de indudable trascendencia para organizar y actualizar ese campo central de la intervenci\u00f3n econ\u00f3mica del Estado, que hace relaci\u00f3n directa con las metas de justicia social y de mejoramiento de las clases trabajadoras que deben presidir el desarrollo econ\u00f3mico.\u201d <\/p>\n
Y, en las ponencias presentadas ante las c\u00e1maras, tambi\u00e9n se manifest\u00f3, entre otras cosas: \u201c … Hay un vasto clamor ciudadano, de muchos a\u00f1os atr\u00e1s, pidiendo al Estado una legislaci\u00f3n fuerte que proteja a los consumidores de la indolente y creciente sed de riquezas de los due\u00f1os de bienes y servicios … Es evidente que el Estado no debe estar ausente en la regulaci\u00f3n de los precios del mercado, en su control y especialmente, en la defensa del consumidor, que es el extremo m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n, aunque sea el m\u00e1s numeroso … No hay duda, como se ha anotado, que la sociedad actual b\u00e1sicamente se divide entre expendedores y proveedores, por un lado y, por el otro, los consumidores que constituyen la inmensa mayor\u00eda de la Naci\u00f3n. El control de los primeros y la defensa de los segundos, debe ser uno de los objetivos fundamentales del Estado actual, si se quiere sinceramente conseguir una sociedad menos injusta, menos subyugante, en donde los abismos de desigualdad que la invaden comiencen a hallar frenos y remedios con una legislaci\u00f3n efectiva y vigorosa …\u201d (Historia de las Leyes, Tomo IV, Legislatura de 1981, pags. 228 – 251). <\/p>\n
As\u00ed, con independencia de que las motivaciones entonces expuestas sean plenamente compartidas por esta Corporaci\u00f3n o de que ellas conserven vigencia, emerge innegablemente de los antecedentes legislativos que una de las principales pretensiones del estatuto fue la de amparar los intereses de un sector de la comunidad que, por lo menos en t\u00e9rminos generales, se encuentra en condiciones de debilidad frente a los operadores comerciales profesionales – proveedores, expendedores, productores, etc -. Por tanto, la amplitud y vaguedad del concepto legal de consumidor no puede llevar a un entendimiento indiscriminado, pues con ello perder\u00eda toda raz\u00f3n la existencia de un r\u00e9gimen especial, como tampoco puede concebirse la asimilaci\u00f3n de dicha definici\u00f3n con otras, como las de \u201cProductor\u201d y \u201cProveedor o expendedor\u201d, que el mismo estatuto explica en t\u00e9rminos bien diversos, al se\u00f1alar que el primero ser\u00e1 \u201ctoda persona natural o jur\u00eddica, que elabore, procese, transforme o utilice uno o m\u00e1s bienes, con el prop\u00f3sito de obtener uno o m\u00e1s productos o servicios destinados al consumo p\u00fablico. … \u201d, y que por el segundo se entender\u00e1 \u201ctoda persona, natural o jur\u00eddica, que distribuya u ofrezca al p\u00fablico en general, o a una parte de \u00e9l, a cambio de un precio, uno o m\u00e1s bienes o servicios producidos por ella misma o por terceros, destinados a la satisfacci\u00f3n de una o m\u00e1s necesidades de ese p\u00fablico\u201d. (art\u00edculo 1\u00b0, literales a. y b.) <\/p>\n
En este orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con estrictez, siempre ser\u00e1 forzoso indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto – persona natural o jur\u00eddica – persigue con la adquisici\u00f3n, utilizaci\u00f3n o disfrute de un determinado bien o servicio, para reputarlo consumidor s\u00f3lo en aquellos eventos en que, contextualmente, aspire a la satisfacci\u00f3n de una necesidad propia, privada, familiar, dom\u00e9stica o empresarial – en tanto no est\u00e9 ligada intr\u00ednsecamente a su actividad econ\u00f3mica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada, de alg\u00fan modo, a su objeto social -, que es lo que constituye el rasgo caracter\u00edstico de una verdadera relaci\u00f3n de consumo. Este punto de vista, cabe resaltar, es el que puede identificarse en numerosos ordenamientos jur\u00eddicos que, como adelante se examinar\u00e1, catalogan \u00fanicamente como consumidor a quien sea destinatario final del bien o servicio, o, por otro lado, exigen que la adquisici\u00f3n o utilizaci\u00f3n est\u00e9 ubicada por fuera de la esfera de actividad profesional o empresarial de quien se dice consumidor; adicionalmente, no est\u00e1 de m\u00e1s anotar que una postura similar es la adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando, dentro de su competencia, ha conceptuado sobre el alcance del t\u00e9rmino que se viene estudiando. (conceptos 96027242 de 2 de septiembre de 1996, 96060904 de 28 de noviembre de 1996, 97023655 de 15 de julio de 1997, 99067274 de 4 de febrero de 2000, 02108233 de 17 de enero de 2003 y 03025237 de 9 de mayo de 2003; Cfr. Compendio de doctrina sobre protecci\u00f3n del consumidor 1992 – 1999, Ministerio de Desarrollo Econ\u00f3mico, Superintendencia de Industria y Comercio, 2000, pags. 152 – 160, y www.sic.gov.co). <\/p>\n
c. En el derecho comparado puede verse, como se anticip\u00f3, que aunque el tratamiento del tema no es uniforme, s\u00ed muestra algunos lineamientos peculiares. <\/p>\n
En la Rep\u00fablica Argentina, por ejemplo, la ley 24.240 de 1993 de \u201cDefensa del Consumidor\u201d tiene como consumidores o usuarios a \u201clas personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que contratan a t\u00edtulo oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social: a). la adquisici\u00f3n o locaci\u00f3n de cosas muebles, b). la prestaci\u00f3n de servicios, c). la adquisici\u00f3n de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea p\u00fablica y dirigida a personas indeterminadas\u201d (art\u00edculo 1\u00b0); asimismo, se excluye de esta categor\u00eda a \u201cquienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producci\u00f3n, transformaci\u00f3n, comercializaci\u00f3n o prestaci\u00f3n a terceros\u201d (art\u00edculo 2\u00b0, se subraya). <\/p>\n
Este concepto, circunscrito al llamado consumidor final, ha sido relacionado por la doctrina con el t\u00e9rmino destinatario final, tomado del \u00e1mbito del transporte, que \u201ctrata de manifestar gr\u00e1ficamente una idea b\u00e1sica para la noci\u00f3n, esto es, que adquiere los bienes o servicios para utilizarlos o consumirlos \u00e9l mismo, y que, en consecuencia, esos bienes o servicios quedan detenidos dentro de su \u00e1mbito personal, familiar o dom\u00e9stico, sin que vuelvan a salir al mercado\u201d (Mosset Iturraspe J. y Lorenzetti R., ob. cit., pags. 59 y 60); por tanto, siguiendo a los mismos autores, lo anterior quiere decir que por fuera de la protecci\u00f3n normativa quedan los \u201cconsumidores – empresarios\u201d, es decir, aquellos cuyos actos se dirigen a ser incorporados en procesos productivos o de naturaleza similar; empero, ha de precisarse, esto no significa que las personas jur\u00eddicas no puedan ser consumidores finales, pues aunque normalmente no desempe\u00f1an tal rol, en la medida en que \u201cno adquieren, al menos en lo general o com\u00fan, bienes para s\u00ed, para su consumo final o beneficio, y menos a\u00fan – por su propia \u00edndole – para el grupo familiar o social … ello no quita que, por excepci\u00f3n, frente a supuestos muy especiales – y no gen\u00e9ricos – se considere a las personas jur\u00eddicas como consumidoras de tales o cuales bienes o servicios. … Tengamos en cuenta que la ley, m\u00e1s adelante, en el art\u00edculo 2\u00ba, excluye de la condici\u00f3n de consumidores a quienes adquieran bienes o servicios paras \u2018integrarlos en procesos de producci\u00f3n …\u2019; habr\u00e1 que demostrar que la adquisici\u00f3n por la persona jur\u00eddica no tuvo esa finalidad.\u201d (ob. cit., pags. 59 y 60) <\/p>\n
De otro lado, definici\u00f3n semejante se utiliza, verbigracia, en el C\u00f3digo de Defensa del Consumidor de Brasil – ley 8.078 de 1990, modificada por la 9.298 de 1996 – que establece que \u201cconsumidor es toda persona f\u00edsica o jur\u00eddica que adquiere o utiliza un producto o servicio como destinatario final\u201d (art\u00edculo 2\u00b0), posici\u00f3n que, seg\u00fan algunos comentaristas, supone que \u201ccualquiera sea la naturaleza jur\u00eddica del consumidor econ\u00f3mico (persona natural o jur\u00eddica), \u00e9ste no alcanzar\u00e1 la cualidad jur\u00eddica de consumidor si la adquisici\u00f3n o propensi\u00f3n a la adquisici\u00f3n no se hubiere realizado en calidad de \u2018destinatario final\u2019\u201d (Antonio Herman V. Benjam\u00edn, El C\u00f3digo Brasile\u00f1o de Protecci\u00f3n del Consumidor, publicado en Pol\u00edtica y Derecho del Consumo, Biblioteca Millennio, El Navegante Editores, Bogot\u00e1, pag. 500, 1998). Adicionalmente, n\u00f3tase que lo propio ocurre con la ley Chilena 19.496 de 1997, modificada por la 19.659 de 1999, que tiene por consumidores a \u201clas personas naturales o jur\u00eddicas que, en virtud de cualquier acto jur\u00eddico oneroso, adquieran, utilicen o disfruten, como destinatarios finales, bienes o servicios\u201d. <\/p>\n
Ahora, en el marco de la Uni\u00f3n Europea, la Directiva 93\/13 CEE adoptada el 5 de abril de 1993 sobre \u201ccl\u00e1usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores\u201d, uno de los aspectos a los que se orienta la protecci\u00f3n de \u00e9stos, dispuso que como tal se tendr\u00eda cualquier persona f\u00edsica que, en los contratos regulados por la Directiva, act\u00fae con un prop\u00f3sito ajeno a su actividad profesional (art\u00edculo 2\u00b0, literal b, destacamos). <\/p>\n
Para implementar esta Directiva, en Italia, por ejemplo, se expidi\u00f3 la ley 52 de 6 de febrero de 1996 que, entre otras cosas, adicion\u00f3 el C\u00f3digo Civil de 1942 con el art\u00edculo 1469 bis, que, en lo pertinente, reza: \u201cEn el contrato concluido entre el consumidor y el profesional se consideran vejatorias las cl\u00e1usulas que, a pesar de la buena fe, determinan a cargo del consumidor un significativo desequilibrio de los derechos y las obligaciones derivadas del contrato. En relaci\u00f3n con los contratos a que se refiere el inciso primero, el consumidor es la persona f\u00edsica que act\u00faa por motivos extra\u00f1os a la actividad empresarial o profesional eventualmente desarrollada. El profesional es la persona f\u00edsica o jur\u00eddica, p\u00fablica o privada, que, en el marco de su actividad empresarial o profesional, utiliza el contrato a que se refiere el inciso anterior\u201d (se subraya). <\/p>\n
Sobre este precepto, autorizados expositores han manifestado que, para los efectos de la reglamentaci\u00f3n, consumidor ser\u00e1 \u00fanicamente la persona f\u00edsica no profesional y no empresario, o eventualmente, la persona f\u00edsica empresario o profesional que contrate con fines ajenos a su actividad, noci\u00f3n esta que, puntualizan, no necesariamente equivaldr\u00e1 a la de adherente o contratante d\u00e9bil, pues es mucho m\u00e1s restringida, habida cuenta que puede presentarse un adherente o una parte d\u00e9bil que no sea consumidor, as\u00ed como un consumidor que no puede ser catalogado como tales. (Astone Francesco, Ambito di applicazione soggettiva. La nozione di \u2018consumatore\u2019 e \u2018professionista\u2019, en \u201cIl Codice Civile, Comentario, Clausole vessatorie nei contratti del consumatore\u201d, a cura di Guido Alpa e Salvatore Patti, Giuffr\u00e9 editore, pag. 168, 2003). <\/p>\n
Por su parte, la ley Espa\u00f1ola 26 de 1984, modificada por la 22 de 1994, \u201cGeneral para la Defensa de los consumidores y usuarios\u201d, considera consumidores o usuarios a \u201clas personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que adquieren, utilizan o disfrutan, como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza p\u00fablica o privada, individual o colectiva, de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden\u201d (art\u00edculo 1\u00b0). Del mismo modo, con un texto similar al que posteriormente se adopt\u00f3 en Argentina, indica que \u201cno tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de consumidores o usuarios quienes, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producci\u00f3n, transformaci\u00f3n, comercializaci\u00f3n o prestaci\u00f3n a otros\u201d. (subraya la Sala) <\/p>\n
En compendio, este muestreo legislativo, que coincide con la constante que se observa en otros ordenamientos, permite identificar dos directrices b\u00e1sicas para la calificaci\u00f3n de consumidor: a). la posici\u00f3n de destinatario o consumidor final del bien o servicio; y b). la adquisici\u00f3n o utilizaci\u00f3n de bienes o servicios con una finalidad ubicada por fuera del \u00e1mbito profesional o empresarial. <\/p>\n
<\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, considerando los elementos de juicio que se han dejado rese\u00f1ados, es inevitable afirmar que la calidad de consumidor – y la consecuente aplicaci\u00f3n del estatuto – s\u00f3lo puede determinarse a partir del examen detallado de las circunstancias subjetivas y objetivas que rodean una relaci\u00f3n espec\u00edfica. <\/p>\n
Por ah\u00ed mismo, de cara a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida al estudio de la Corte, resulta forzoso arribar a las siguientes conclusiones: a). Servicio A\u00e9reo del Vaup\u00e9s – Selva Ltda. – se constituy\u00f3 como una sociedad mercantil, cuyo objeto es \u201cla explotaci\u00f3n del transporte a\u00e9reo de carga\u201d (C. 1, fl. 3); b). el contrato de arrendamiento de aeronave suscrito entre la mentada sociedad y Meruc Aviation Leasing Corporation tiene naturaleza mercantil y, por estipulaci\u00f3n de las partes, se someti\u00f3 a las leyes de la Rep\u00fablica de Colombia (C. 1, fls. 11 – 26); c). la finalidad que la aerol\u00ednea persegu\u00eda con la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento era procurarse un elemento operacional para el desarrollo directo de su objeto social, sin que pueda afirmarse que aspiraba a la satisfacci\u00f3n de una necesidad personal, pues, contrariamente, dicho veh\u00edculo era empleado por la empresa demandante para ofrecer a terceros sus servicios profesionales de transporte, constituy\u00e9ndose, como tal, en un proveedor o expendedor, conforme lo menciona el literal b del art\u00edculo 1\u00b0 del Estatuto del Consumidor, enantes trascrito; d). la aerol\u00ednea no obraba como destinatario final del bien utilizado, por cuanto el mismo era integrado o incorporado al giro ordinario de sus negocios; por este aspecto, no cabe duda que la sociedad se comportaba dentro de la esfera propia de su actividad profesional o empresarial t\u00edpica o propiamente dicha; e). la relaci\u00f3n jur\u00eddica y econ\u00f3mica tendida entre la sociedad demandante y la arrendadora – Meruc Aviation Leasing Corporation – , que no se revisa en este proceso, o entre aqu\u00e9lla y la propietaria – fabricante del avi\u00f3n, sociedad demandada en este proceso, – Fabrica Estatal de Aviaci\u00f3n de Kiev – , no puede ser considerada como una \u201crelaci\u00f3n de consumo\u201d, al no ajustarse a las pautas previstas por la legislaci\u00f3n vigente; f). el hecho de que la relaci\u00f3n entre las empresas demandante y demandada se haya presentado en el marco de su actividad profesional o empresarial, determina, en principio, que no haya lugar a presumir o entender que la sociedad actora se encontraba en una posici\u00f3n de debilidad econ\u00f3mica, informativa, t\u00e9cnica o de cualquier otro orden; en todo caso, aun si se presentara cualquier asimetr\u00eda o desequilibrio en una relaci\u00f3n entre profesionales – que suele ocurrir -, ello no convertir\u00eda per se a la parte d\u00e9bil en consumidor, ni habilitar\u00eda la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen propio de ellos, toda vez que cualquier situaci\u00f3n abusiva que pudiera darse o cualquier responsabilidad en la que pudiera incurrirse, como la derivada de productos defectuosos que aqu\u00ed se ha invocado, no quedar\u00eda desamparada, sino que simplemente estar\u00eda sometida a las normas generales, que no a aquellas destinadas a los consumidores. <\/p>\n
6. Al descartarse la eventual vulneraci\u00f3n de la ley sustancial, a la que, en \u00faltimas, deber\u00eda conducir la acusaci\u00f3n, bien por la v\u00eda directa o la indirecta, emerge que los cargos no pueden prosperar. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 29 de marzo de 2001 dictada en este asunto por la Sala Civil – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. <\/p>\n
Costas a cargo de la recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-072-2005 [5000131030011999-04421-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de mayo de dos mil cinco (2005). Ref.: Exp. No. 5000131030011999-04421-01 Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n formulado por la sociedad SERVICIO A\u00c9REO DEL VAUP\u00c9S – […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82922","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82922","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82922"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82922\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82922"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82922"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82922"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}